Miércoles, 25 Julio 2012 06:24

Las autonomías españolas, cerca del abismo

Las autonomías españolas, cerca del abismo
No sólo la banca afronta dificultades extraordinarias en la España en crisis. Los gobiernos regionales también han comenzado a acusar recibo de la falta de liquidez que agobia al Estado en su conjunto y tres Comunidades Autónomas –Valencia, Murcia y Cataluña– ya han pedido durante los últimos días la ayuda de Madrid para afrontar los vencimientos de su deuda pública. La situación es crítica y afecta al menos al 70 por ciento de las regiones. La catástrofe financiera pone en tela de juicio al mismísimo modelo de Estado asumido por España en la Constitución de 1978 que sirvió para resolver sus tensiones nacionalistas internas. El actual gobierno del Partido Popular, con una tradición política de escaso apego al llamado “modelo autonómico” de corte federalista, empeora las cosas haciendo gala de un autoritarismo inusual con los gobiernos regionales que amenaza en hacer saltar en pedazos acuerdos constitucionales fundamentales.


“Si no cumplen con los objetivos del déficit los vamos a intervenir”, amenazó en abril de este año el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a las autonomías regionales remisas a recortar el gasto público en el peor momento de la crisis económica y social que vive la península. El trascendido, que fue publicado inmediatamente por el diario El País de Madrid, despertó una ola de indignación sobre todo en las regiones que tienen identidad nacional propia –País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias–, que pusieron el grito en el cielo ante la mera posibilidad de que ocurra algo inédito en la historia democrática española reciente.


La tensión se hizo finalmente pública el pasado 12 de julio, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que coordina la política económica del gobierno central con los consejeros de Economía de las regiones. El gobierno del PP endureció el déficit fiscal máximo que autoriza a las regiones en base a su PBI del 1,1 por ciento al 0,7 para el año 2013, lo que en la práctica se traduce en mayores recortes en el gasto público de los gobiernos autonómicos. Madrid busca de ese modo compartir el desgaste político que implican estas medidas antipopulares con los gobiernos de cada región. Pero las amenazas de intervención causaron suspicacias importantes y ni siquiera la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico, un instrumento para garantizar que los gobiernos regionales puedan pagar sus vencimientos de deuda, ha servido para poner paños fríos suficientes.


Para comprender la magnitud de lo que está en juego, hay que remontarse a la reforma constitucional de 1978, que aprobó la figura de la Comunidad Autónoma para intentar zanjar de una manera pacífica la pugna entre el Estado centralista con eje en Madrid al que siempre aspiró la derecha más rancia y el Estado federal que pedían las regiones que reivindican una identidad lingüística y cultural diferente y que forman parte de territorios anexados al reino de España en los tiempos del Imperio. Durante todo el siglo XX, España padeció enormes tensiones internas a cuenta de este conflicto de larga data, que tuvieron su máxima expresión durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, cuando los gobiernos de estas comunidades históricas apoyaron en masa a la República que les había reconocido por primera vez un amplio margen de autonomía. La dictadura franquista acalló los reclamos nacionalistas internos a sangre y fuego y la Constitución del ’78 recuperó la figura de Comunidad Autonómica para evitar hablar de “federalismo”, una palabra que le pone los pelos de punta a la derecha más rancia.


Pero el Partido Popular, que expresa a gran parte de esta visión conservadora del Estado, no digirió ni asumió como propio el programa autonómico y siempre trató de ponerle palos en la rueda. Así quedó demostrado, por ejemplo, en 2006, cuando el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero promovió la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña. Sólo el primer artículo que afirmaba que “Cataluña es una nación” despertó ampollas y llevó el tema a los tribunales superiores de Justicia que finalmente devolvieron a Barcelona una versión lavada del nuevo estatuto que no convenció ni a tirios ni a troyanos. Sobre este material inflamable de alta peligrosidad dispara ahora chispas la crisis económica. Y a las tensiones políticas que se generan por la aplicación de medidas antipopulares y de corte neoliberal se les suman ahora las que provocan las ansias de intervención centralistas de Madrid con el objetivo de controlar las cuentas públicas.

Publicado enInternacional
Colombia: La economía hace agua y a Santos se le cae la estantería.
Al señor Juan Manuel Santos ya se le acabaron 2 años de luna de miel, en donde todo le sonreía y las encuestas lo favorecían, pues le tocó el ciclo expansivo de la economía (2010-2011), gracias al auge de las exportaciones de petróleo y minerales.


Hoy la economía hace agua por todos lados , está en plena desaceleración, con todos los indicadores colapsados, al tiempo han estallado varias crisis sociales y políticas entre las que sobresalen el derrumbe de la salud, la guerra del Cáuca, las rivalidades en el bloque de poder, la parálisis ministerial y las movilizaciones cívico/populares para expresar con paros, huelgas, marchas y protestas la inconformidad social que quiere cambios verdaderos, sin supeditarlos a fraudulentos  y lejanos procesos electoreros.

 
I. La crisis económica/2012.

 
En su momento el  actual Ministro de Hacienda repitió hasta el cansancio que Colombia estaba  blindada frente a la crisis financiera global desatada desde el 2008, a raíz de la caída del gigante financiero Lehman Brother. Recientemente cambió el discurso para pronosticas que vendrían 18 duros meses para la economía nacional y para el resto del país. El pobre crecimiento gringo, la espectacular crisis bancaria, fiscal y económica  europea y la caída del PIB Chino impactarían de manera inexorable nuestro mundo feliz de expansión productiva con espectaculares recaudos fiscales como el del 2011. La recesión en Estados Unidos y Europa se han extendido más de lo previsto, pues hay cifras muy graves como niveles de deuda, desempleo y consumo. Siendo estas las mayores economías su coletazo por el resto de la Esfera no se puede menospreciar alegremente. Es el "banal funcionamiento diario del orden económico burgués", diría Marx.

 
En este primer semestre la economía navega por aguas turbulentas.Los indicadores del primer semestre muestran una caída superior a la prevista.  Hay varios signos oscuros que conviene enumerar:

 
- El área total de las licencias de construcción son negativas en cerca del 20%

 
- El precio del petróleo continua a la baja, lo que produce un hueco protuberante en las finanzas públicas.

 
- Las exportaciones totales solo crecieron 1,2% en junio.En términos generales las exportaciones e importaciones están creciendo a niveles inferiores al 20%, mucho menos que el aumento del 40% el año pasado. En otros términos, el ritmo de crecimiento de las exportaciones ha pasado de ser superior al 50% el año pasado, a a crecer alrededor del 1,2% en la actualidad.

 
- Las ventas al por menor crecieron a la mitad  de hace un año, básicamente por el mayor ritmo de la venta de vehículos.
 

- La industria tiene unja caída de cuatro puntos porcentuales en el primer trimestre y marzo por primera vez en 26 meses muestra un crecimiento negativo.

 
- Hay señales de alerta sobre el endeudamiento de los hogares, lo que va a reducir los niveles claramente insostenibles de consumo observados en el 2011.

 
- Hay aumento en la cartera de consumo vencida y un relajamiento de algunas entidades financieras en el otorgamiento de cupos de crédito de consumo.
 

- El escenario cafetero es desolador en términos de producción y de precios.

 
- Las mediciones de confianza de productores y consumidores indican resultados adversos registrando caídas del 4,4 y 7,0%.

 
- La producción manufacturera ha caído el 0,9% y  se ha presentado el descenso de los ingresos tributarios a Mayo.

 
Así las cosas la cifra de crecimiento económico para 2012 ha sido modificada y se prevé que sea cercano al 4,5%, 1,4% menor que la del año pasado, con la aclaración que la cosa puede ser peor toda vez que lo que se ha crecido en los meses corridos es un efecto del buen PIB de los 12 meses del 2011. No sería una sorpresa que la cifra de crecimiento no supere el 4%. Es mejor no hacer cuentas alegres.

 
Frente a ese panorama un 70% de los ciudadanos manifiesta no tener ahorros, aspecto fundamental al momento de abordar la crisis, pues la inmensa mayoría de la población no tendría ninguna capacidad de reserva para enfrentar los eventuales reveses de la peligrosa situación económica.

 
Con este panorama, algunos analistas estan indicando que ya se registran en la economía colombiana síntomas de enfermedad holandesa que tendría unos efectos demoledores al ubicar la economía capitalista  nacional en el modelo nigeriano de abundancia de ingresos petrolíferos y distorsiones en las variables macroeconómicas.  Hay un boom minero-energético acompañado de un estancamiento o crisis en los sectores agropecuario, industrial y de la construcción.
 

Las prosperidades repentinas en precios de productos básicos arrojan impacto positivo en el crecimiento del PIB en el corto plazo. No obstante, en naciones que suman dos aspectos, malas instituciones gubernamentales y dos géneros productivos específicos, petróleo y minerales, el impacto en el crecimiento del PIB tiende a volverse significativamente menor en el largo plazo. Las experiencias con el precio del petróleo y otros recursos naturales muestran que el endeudamiento empieza a crecer en forma cómoda primero y exagerada después. Vienen los grandes megaproyectos de inversión, consolidación desordenada de infraestructura (como las represas, túneles y dobles calzadas sin licencias ambientales) y consumo público y privado desorbitado. Pero los precios del petróleo y los minerales ceden o caen estrepitosamente por la contracción de la demanda china, en la actual coyuntura, y llegan las crisis en la balanza de pagos y niveles insostenibles de deuda externa. Una vez el nivel de deuda externa toca el 60% del PIB anual, el crecimiento empieza a descender a razón de 2% en el mismo periodo. Es lo que esta en curso.

 
Es por tal razón que se está experimentando una desaceleración muy fuerte. La industria, la agricultura y la construcción -sobre todo la civil- presentan rezagos muy duros, en buena parte por la alta revaluación de la moneda nacional que afecta a los exportadores.

 
A lo que se debe sumar que el gasto público va a caer aceleradamente empeorando todo, sabiendo que en una crisis dicho gasto es un elemento importante cuando se dirige a la inversión.


Obviamente dicho proceso tiene sus efectos en toda la sociedad. Todos estos ruidos van a ir sacudiendo la estantería o superestructura social y política. Por lo menos ya están en camino graves crisis políticas y sociales.
 

II. La crisis política.

 
La guerra del Cáuca es la más notable toda vez que dicho departamento es uno de los epicentros de las violencias originadas por el hambre, la inequidad, el racismo y la guerra biopolítica de las clases dominantes contra las minorías étnicas para apropiarse de las riquezas mineras y aprovecharse de la inversión de las multinacionales en las zonas francas de Santander de Quilichao. Los indigenas y campesinos están en movimiento para exigir el fin de la violencia y la negociación de la paz con los grupos guerrilleros de la resistencia colombiana. Pero el Señor Santos hace oídos sordos al reclamo amerindio e incrementa los batallones, las guarniciones militares y las acciones de brutalidad con asesinatos, masacres, torturas, desapariciones y capturas masivas en infernales calabozos de centenares de inocentes ciudadanos cuyo único delito es reclamar sus derechos pisoteados por una clase política neocolonial corrupta con plenos poderes en Popayan y Bogotá.
 

Las otras manifestaciones de dicha crisis se encuentran en la deslegitimación absoluta del Poder legislativo que en el mayor cinismo aprobó una reforma a la justicia para favorecer con la impunidad a los congresistas comprometidos con la parapolítica y la corrupción en diversas instituciones públicas como la Dirección Nacional de Estupefacientes; también en las banales rivalidades en el bloque dominante del poder a raíz del descarado destape fascista de Uribe Velez y su comparsa que discrepa del bamboleo santista, el cual oscila entre los "falso positivos" y la Tercera Vía; igualmente en la ineficacia del equipo ministerial al borde del colapso por la mediocridad de sus integrantes expertos en anuncios y promesas pero sin resultados efectivos, como el de Agricultura, en materia de víctimas y restitución de tierras; de la misma manera los graves señalamientos contra el Ministro de Vivienda, German Vargas Lleras, quien es investigado por sus estrechos vínculos con Martín


 Llanos, un tenebroso jefe paramilitar del Casanare; agréguese la situación del Valle del Cáuca donde el 85% de la ciudadanía se negó a participar en la reciente elección del nuevo gobernador por considerar que la corrupción y la compra de votos habían determinado previamente el ganador, la ficha de la senadora Dilian Francisca Toro, una baronesa encartada con vínculos con los narcoparapolíticos por lo cual la investiga la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; por supuesto está la descomunal crisis de la salud que colapso este servicio público con graves consecuencias para millones de ciudadanos que ven como se afectan sus derechos por el cierre de hospitales públicos y el saqueo de las Empresas Prestadoras de Salud; no se puede dejar de mencionar el resurgimiento del neoparamilitarismo disfrazado de Bacrim, que de la mano del Ejército y la policía estatal sigue asesinando en mas de 250 municipios del territorio; y cerremos señalando que la guerra sigue su curso por que la incompetencia de Santos impidió consolidar una salida negociada al conflicto armado nacional.

 
Sin embargo la sociedad esta reaccionando. La élite política quiere encausar dichas crisis en el tema de la sucesión presidencial y por eso los facciones dominantes estan mostrando sus cartas con nombres y candidatos, pero el pueblo y las organizaciones de izquierda proyectan estrategias de movilización con paros, huelgas para pedir soluciones efectivas e inmediatas a los graves problemas del país.
 

III. La estrategia popular.
 

La coyuntura es propicia para profundizar una salida alternativa que descarte la oferta de los grupos dominantes. Si bien es cierto en el campo popular falta la cohesión y unidad que potencie la movilización ciudadana, hay tendencias y propuestas para encauzar la inconformidad.


Aunque la elección presidencial y parlamentaria, que debe ocurrir a la vuelta de 20 meses, es un escenario de proyección de  la izquierda democrática y revolucionaria para no desaprovechar la optima ocasión, por las exacerbadas  rivalidades en el campo de la derecha  que favorecen una convergencia progresista y avanzada, también es cierto que en nuestro caso, a diferencia de otros países un triunfo electoral capaz de modificar a fondo el sistema político solo es posible como consecuencia y subproducto de movilizaciones extrelectorales de masas, como las huelgas que derribaron a la dictadura brasilera, el 2001 argentino, las luchas del agua y del gas en Bolivia y las luchas venezolanas que permitieron a Chávez.

 
Hay que entender que las elecciones, no son, además, sólo una lucha que involucra a sectores de las clases dominantes y de sus maquinarias políticas con una participación indirecta o pasiva de los grupos subalternos. En las mismas pesa -¡y de que manera- la presencia de la dominación del imperialismo yanqui, la cual se realiza indirectamente  mediante sus marionetas en los partidos e instituciones oligárquicas, claramente asociadas a las redes financieras globales, y directamente mediante la embajada y todas las instituciones relacionadas con esta.

 
Hay que admitir que otras derrotas electorales en el pasado y las que puedan llegar por que se considera que la derecha es infalible e inderrotable se originan, sobre todo, en la búsqueda de la fementida utopía del cambio por la pura línea electoral y en la fe mística en una creencia particular: el del voto depositado en una urna que, los "impecables funcionarios" que nos gobiernan reconocerán en nombre de la transparencia democrática (como en la reciente votación electoral del Valle del Cáuca). En una sociedad donde es altisima la abstención, donde los mas miserables, para comer, venden su voto por cualquier monedad ya que no esperan nada de nadie ni de nada, donde hoy pulula la violencia entre los jóvenes para poder sobrevivir, es hegemonico el pensamiento conservador, lo más importante, en cambio, es  actuar para construir conciencia sociopolitica y organización que la exprese.

 
Tenemos que aceptar que el voto es un limitado reflejo de la temperatura sociopolítica de la nación. Su capacidad para cambiar las cosas es muy limitada (otra vez lo acaba de comprobar el Valle del Cáuca, donde todo sigue igual o peor) y lo que es más grave, no genera fuerza organizativa. Tal cosa no solo se logra solo con procesos eleccionarios sino haciéndolo desde las luchas concretas de los trabajadores de toda clase, por sus problemáticas reales, y de los niveles de conciencia de quienes intervienen en ellas, para lograr la unidad de los movimientos, para educar en la solidaridad, para demostrar cuales son las causas de fondo de la crisis, en el sistema capitalista, de los efectos del mismo contra los cuales las masas populares se levantan. La vida y las luchas, la gente real, deben ser el eje de los esfuerzos de pro del cambio social, no las urnas que otros controlan y manipulan a su amaño.

 
Es lo que le da trascendencia a los preparativos de una Paro Nacional, de una huelga política de masas que se planifica en la actualidad para que se atienda el Pliego de peticiones, el Memorial de agravios que organiza el movimiento popular colombiano.

 
No dejemos que se caiga la estantería del régimen oligárquico sin que proyectemos la alternativa revolucionaria que es real.

Publicado enColombia
Víctor Carranza
En su momento, al elegirlo como Personaje del Año por su labor, la extinta revista Cambio registró el éxito de este defensor de los Derechos Humanos, Iván Cepeda Castro, con la marcha que el 6 de marzo de 2008, sacó a millones de colombianos a las calles para protestar contra la violencia paramilitar y los crímenes cometidos por agentes del Estado:


“Iván Cepeda libró dos batallas y venció en las dos: derrotó el escepticismo de quienes creían que el modelo de movilización ciudadana contra la violencia se había agotado el 4 de febrero, cuando el país marchó contra las Farc y el secuestro. Y logró contrarrestar la arremetida del asesor presidencial José Obdulio Gaviria que quiso estigmatizar la marcha diciendo que era promovida por la guerrilla.”


Forjado por pruebas tan duras como el asesinato de su padre, el líder de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda, Iván se ha convertido en caracterizado defensor de los Derechos Humanos y su campo de acción ha sido la defensa de los derechos de las víctimas de la violencia paramilitar y de los agentes estatales. Como portavoz de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, ha denunciado la desaparición de más de 20.000 personas y se puso al frente de una cruzada que lo ha llevado a los más diversos escenarios: desde foros locales e internacionales sobre Derechos Humanos, hasta las puertas mismas de las Cortes de Justicia de Washington, para exigir que los jefes paramilitares extraditados confiesen la verdad y reparen a sus víctimas.


En esta entrevista, relativa, entre otros temas, al libro que acaba de publicar sobre uno de los hombres más controvertidos del país, Iván Cepeda hace revelaciones escalofriantes.


¿Qué lo llevó a escribir, junto con el padre Giraldo, el libro sobre el ‘Zar’ de las Esmeraldas, Víctor Carranza?
Javier Giraldo es un sacerdote jesuita, que ha acompañado desde hace muchos años a las comunidades en distintas partes del país, especialmente en el Meta. Es pionero en la documentación de los grandes bancos de datos estadísticos sobre violación de los derechos humanos en el país, y es quien conoce de la manera más profunda y detallada muchísimos de esos contextos de desapariciones, masacres, despojos, asesinatos, paramilitarismo, guerrilla.


¿Y usted, cómo llegó al tema?
Una de las primeras cosas que hice como representante a la Cámara, fue un debate sobre una situación que se presentó en la región de La Macarena, donde se descubrió que había enterradas unas 600 personas, como NN. No había una fosa ahí, pero sí una realidad muy concreta de cadáveres, supuestamente de guerrilleros muertos en combate, pero también de personas que no se sabe de dónde vienen. Podrían ser también falsos positivos o desapariciones forzadas. Después descubrimos cinco cementerios más. Estando allí, e investigando en profundidad, me di cuenta de que todos los caminos conducían a Carranza. Me metí también en el tema de tierras y empezaron a llegarme datos de que Carranza era dueño de un millón de hectáreas. Si 6 millones de hectáreas fueron arrebatadas en dos décadas, Carranza tendría, ni más ni menos, que el 20%.


Carranza ha querido siempre proyectar una imagen de “pacificador” de Boyacá...
Precisamente. Una de las cosas que más impactó mucho fue el desfase entre la imagen pública de este hombre y la historia de su vida y de su enorme poder. Con el padre Giraldo nos dimos cuenta de que allí había un vacío muy grande y decidimos escribir el libro a pesar de las muchas advertencias de los peligros que implicaba hacer estas pesquisas.


¿Cuál fue el hilo conductor?
Hay un capítulo llamado La Metamorfosis: es el contraste que hay entre la historia de Carranza, las guerras que él ha librado en Boyacá y en el Meta, cómo ha construido un verdadero imperio en Puerto López y Puerto Gaitán, territorio que es prácticamente suyo –y la cercanía que ha tenido por décadas a sectores muy poderosos del país. Carranza dice ser amigo de buena parte de presidentes y ex presidentes de Colombia, y de familias muy poderosas. Entonces salta la pregunta obvia: ¿cómo una persona que fue un fundadora del paramilitarismo en Colombia puede tener tal nivel de aceptación y aparente legitimidad en la sociedad?


Sobre eso se ha murmurado mucho, pero nadie le ha probado nada...
Yo creo que en cierta forma sobre él ha habido un velo mediático porque de otra manera no se entiende el desfase entre la imagen de un hombre que ha surgido de abajo, un empresario exitoso, y alguien ligado –por lo menos en algunos testimonios- al narcotráfico, y que ha ido monopolizando la minería de la esmeralda. Y como si esto fuera poco, en la más reciente investigación que presentamos, está el despojo de tierras, utilizando el robo de baldíos de la Nación y haciendo negocios muy lucrativos en términos de especulación con las tierras que tiene. El país no conoce la historia de Carranza como fundador del paramilitarismo, ni su rol en las guerras que hubo entre los clanes mafiosos con el cartel de Medellín y toda esa historia atroz. Se le presenta como el hombre que trajo la paz a Boyacá, y, a través de esa idea, como alguien que merece reverencia y que, inclusive se ha presentado como víctima.


¿Esto último qué quiere decir?
A él lo indemnizaron como parte de una sentencia de un proceso contencioso administrativo, como si fuera una víctima.


¿Es cierto que los jefes paras le dijeron a usted que Carranza es hoy el jefe de los paramilitares en Colombia?
Cuando yo estaba en Nueva York haciendo una de las visitas a los jefes paramilitares, les pregunté: ¿quién es hoy el jefe de los paramilitares en Colombia, vivo, y que no está extraditado? Ni siquiera se miraron y dijeron al unísono: “Don Víctor”, como si se tratara del hecho más evidente.


Debe ser difícil y peligrosa una investigación de este tipo.
Nuestro libro está construido básicamente sobre dos casos que son, a su turno, procesos que se han acumulado y que han terminado en grandes investigaciones. ¿Qué ha pasado con esto? Pues el saldo es que buena parte de los testigos están muertos, que hay alrededor mucha gente intimidada, y que, después de haber fallado, jueces y fiscales terminan enredados y con investigaciones, o en el exilio. Lo que se ve detrás es un gran manto de impunidad, y que allí ha operado una concienzuda estrategia para borrar todos los rastros. Uno de los paramilitares que hacen parte de esos grupos, que se llaman “Carranceros”, cuenta que en la organización de Carranza hay gente encargada de matar a quienes a su vez cometen los asesinatos y así se van “limpiando” y borrando hechos y rastros.


¿Qué descubrieron en torno al tema de la colosal concentración de tierras, de Carranza?
El testaferrato en muchos de sus negocios. Hicimos una investigación que hace pocos días llevó a la Notaria Cuarta de Villavicencio a investigar cómo opera el mecanismo a través del cual Carranza se ha hecho a esa enorme cantidad de tierras. Lo que se ha descubierto es que muchas personas son invasores de baldíos de la Nación y después terminan vendiéndole a testaferros de Carranza y de su clan, a precios irrisorios. Luego, cuando se engloban esos predios y parcelas se hacen los grandes negocios. Por ejemplo, La Fazenda, que es un proyecto gigantesco en la Altillanura. Cuando uno llega a Puerto López, a cien kilómetros de Villavicencio empieza a ver todas las fincas de Carranza, que se reconocen porque él les pone un distintivo: una rueda metálica en la entrada. Después de Puerto López, donde hay una guarnición militar al lado de la casa principal que ocupa Carranza, se llega a la Altillanura que es el sueño de la economía a escala a través de este proyecto agro industrial, y entonces todo el paisaje cambia y empiezan a aparecer pinos y tecas. Es prácticamente otro país, en una gran hacienda con tecnología muy sofisticada.


¿Y esa hacienda es de Carranza?
Por lo menos hemos identificado un predio que englobó Carranza a través del mecanismo que le he descrito. Un predio en el cual, además, la Fiscalía encontró fosas comunes. A ese proyecto que entre otras cosas es de un consorcio cuyo origen no está muy claro, porque hay capital del Brasil, pero también hay ciudadanos colombianos involucrados. La observación que hacemos es que todo esto ocurre en el vecindario inmediato del imperio de Carranza.


¿Cómo es posible que no se sepa cuáles son las cabezas visibles del proyecto de La Fazenda?
Ese tipo de conglomerados se van estructurando de tal forma que al final es muy difícil saber de dónde vienen los capitales y quiénes son los verdaderos dueños. El testaferrato en Colombia ha hecho que aquí sea muy difícil determinar la propiedad de la tierra. En el debate que le hicimos con el senador Jorge Enrique Robledo al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, yo partía del hecho de que en un proceso de restitución de tierras la pregunta básica es qué ciudadanos o empresas tienen más de veinte o treinta mil hectáreas de tierra en Colombia. Nosotros presentimos que en Colombia hay gente que tiene 500.000 y más hectáreas, es decir un territorio que correspondería a un país centroamericano. Si no resolvemos esa pregunta es muy difícil avanzar en un proyecto como el de Restitución, ya que Colombia tiene uno de los mayores índices de concentración de tierras en el mundo. Por lo menos deberíamos saber en manos de quién están esas tierras.


¿No es ese un palo en la rueda a la Ley de Tierras, y a los buenos propósitos del gobierno?
Sí, esa es una pregunta de fondo y yo creo que está bien que el gobierno esté comenzando hacer esfuerzos puntuales como en el caso de Las Pavas, por ejemplo, que es una de estas propiedades en litigio, pero no basta con los casos simbólicos. El fenómeno de la usurpación y desalojo de tierras en Colombia es de tal magnitud, que si no hay una base sólida, estadística e informática, será muy difícil avanzar en esos procesos. Otro cosa increíble es que el gobierno no tiene el dato, indispensable para este proceso, de cuántos son, ni dónde están, los baldíos de la Nación. Desde ese punto de vista yo quisiera saber cómo una política de restitución puede tener un alcance serio.


Volviendo a Carranza, si, como dicen, “pacificó” Boyacá, si se terminara esa concesión, ¿habría riesgo de volver a la violencia anterior?
El asunto es que es necesario desmontar muchos poderes enquistados en el país. La gran pregunta para el Gobierno es si está dispuesto a tocar esos intereses, esas estructuras de poder. No más una hacienda, Las Pavas, está generando semejante proceso de litigio y de intervención. Y no es necesario hacer un gran esfuerzo investigativo para darse cuenta del control que tienen cierta clase de personajes de la vida pública en regiones como la Costa Atlántica. Yo hice una petición a los siete gobernadores de esta región para que acaben con los contratos de los juegos de azar, que siempre se le adjudican a las empresas de la señora Enilce López, La Gata. En las licitaciones nunca hay competidores, y, si los hay, regularmente resultan muertos.


Hace un momento mencionó su visita a los jefes paramilitares extraditados en Nueva York, ¿qué hacía usted allá?
Yo en ese momento era vocero del movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Nos oponíamos a la extradición de los jefes paramilitares, que significaba una inmensa traba al desarrollo de los Procesos de Verdad y de Justicia y Reparación. Entre otras cosas, nunca ha sido claro porqué el gobierno extraditó a una parte de los jefes y no a todos. Los jefes que vimos en Nueva York nos dijeron que había un grupo que se disponía a hacer unos señalamientos en el momento preciso en que los extraditaron. Por su parte, Piedad Córdoba había hecho debates en el Congreso sobre esas extradiciones, y creó una comisión en el Senado para hacerles seguimiento. El objeto de nuestra visita a las cárceles era hablar sobre por qué se había producido la extradición y cuál era la información que ellos querían suministrar y no pudieron. Todo lo que ha ocurrido a partir de ahí, ha correspondido a nuestros temores: se detuvieron las investigaciones, hubo grandes dificultades para activar ese proceso y digamos que el costo de esta situación es que ha ido creciendo en el plano internacional y ha ido involucrando a los Estados Unidos cada vez más. Una muestra de esa situación es la extradición del General Santoyo, jefe de Seguridad de la Casa de Nariño, durante la presidencia de Álvaro Uribe. Precisamente lo que quería evitar el ex presidente: que esas cosas se hablaran en Justicia y Paz, ahora se están hablando en Estados Unidos.


¿Si los jefes estaban dispuestos a hablar, por qué no lo han hecho desde allá?
Sí lo han hecho, pero yo veo que aquí hay una especie de sordera voluntaria o, digamos que lo que dicen despierta tal asombro, que no se les cree. Tanto alias ‘Don Berna’ como el señor Mancuso han hablado clara y reiteradamente de cómo apoyaron la campaña de elección de Uribe, mencionando los dineros que pusieron, la manera cómo se presionó al electorado, e incluso han hablado de un pacto que hicieron, anterior al de Ralito conocido por la opinión pública, que fue un pacto que suscribieron dirigentes políticos muy cercanos al presidente Uribe con los paramilitares y que decía: “ustedes nos dan la impunidad y nosotros les ponemos los votos”. Ellos dicen que cumplieron y que los políticos no. Son cosas muy graves, pero en Colombia desde hace rato se vienen denunciando cosas gravísimas y fácilmente comprobables, pero no se quiere escuchar la verdad. Por ejemplo que el ex presidente Uribe tenga una cuñada y una sobrina narcotraficantes. Eso en cualquier país del mundo daría lugar a una investigación muy seria.


¿Pero qué culpa tiene el presidente Uribe de que una sobrina y una cuñada suya hayan traficado?
Él tiene responsabilidades políticas. Ese hecho no hay que verlo aislado del caso del General Santoyo. Si es cierto lo que se está investigando, el señor Santoyo sería el eslabón entre lo que se sabía en la llamada Oficina de Envigado y los carteles en los cuales estaban la cuñada y la sobrina del ex presidente Uribe.


El presidente Uribe dice que usted está empeñado en una campaña de desprestigio contra él y su familia...
Yo a lo que me he referido es a hechos puntuales, y cuando me refiero a casos que puedo documentar y sustentar, no hago simplemente acusaciones sino que inmediatamente los remito a las autoridades judiciales. Por otra parte, cuando creo que esos hechos ameritan una denuncia, he denunciado al ex presidente. Ahora, yo, por supuesto, estoy en total divergencia de su modelo de sociedad, de país, de su política de seguridad y de la forma como concibe el país. Pero si eso parara allí yo me limitaría a ser un contradictor político y a argumentar mis razones filosóficas y mis visiones diferentes. Pero es que el problema es que detrás de todo esto hay un rastro de sangre, unas estructuras criminales inmensas, un organigrama que, cuando el país descubra su verdadera dimensión, se va a quedar atónito. Lo único que le puedo decir es que, cada vez que uno investiga uno de esos rastros, indefectiblemente lo lleva al presidente Uribe, a su hermano, a su primo, a su entorno político, a su entorno familiar.


¿Eso que usted pinta tan terrible, se descubrirá algún día?
Yo creo que esa es una verdad que no va a poder ser acallada, ni seguir en la penumbra por mucho tiempo. No sé, aparte de lo que está pasando, qué más es necesario que suceda, pero el hecho es que ya en los Estados Unidos hay un funcionario de altísimo nivel, de gran responsabilidad y cercano no solamente desde el punto de vista de sus funciones como agente del estado, sino en la vida personal y familiar del presidente Uribe, investigado por narcotráfico. Detrás de la historia de Santoyo hay mucho más. Nosotros hemos investigado lo que pasó en Antioquia en la época de la gobernación Uribe y cuando fue asesinado el padre del ex presidente, que se le atribuye al Frente V de las Farc. En ese frente había dos personas al mando, uno de ellos, de apellido Úsuga. Después de que ocurrió el hecho fueron perseguidos y asesinados 16 miembros de esa familia. Santoyo aparece ligado a eso.


El presidente Uribe también lo tiene a usted demandado...
Sí, ante la Corte Suprema por abuso de poder, por manipular supuestamente testimonios y por calumnia. Yo sencillamente cumplo con mi deber.


http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/congresista-ivan-cepeda-dice-jefe-del-paramilitarismo-victor-carranza
Publicado enColombia
Nuevos ropajes para las derechas de siempre
Tras sufrir varios reveses electorales en América latina, las derechas tradicionales tuvieron que ceder terreno a una pluralidad de gobiernos “progresistas” en América latina. Sin embargo, no por ello perdieron sus principales fuentes de poder: recursos económicos y financieros, enlaces internacionales, peso sociocultural y, especialmente, sus bastiones mediáticos. Por supuesto, el control del gobierno también es una gran fuente de poder y cederlo fue una contrariedad, así que pasado el primer impacto, la prioridad fue reaprovechar esas otras ventajas para recuperarlo.


Cuando en el 2010 publiqué Quién es y qué busca la nueva derecha, daba por sentada la inminencia de una contraofensiva continental de las derechas basada en una renovación de los métodos, lenguajes y mitos requeridos para recapturar las mayorías electorales necesarias para recuperar los gobiernos perdidos y retener los que aún conservaban. Uno de los ejemplos fueron los de Panamá y Chile, donde sendos plutócratas ganaron la presidencia valiéndose del mito del millonario eficiente y supuestamente “apolítico” que venía a poner sus habilidades al servicio de la gestión pública. La mayoría de los electores de dos países decepcionados de unos sistemas políticos ya desacreditados compraron esa ilusión y enseguida resultaron defraudados: tanto el ávido y autocrático Ricardo Martinelli como el aristocrático Sebastián Piñera quedaron lejos de satisfacer las expectativas levantadas y han precipitado crecientes disgustos y protestas sociales.


A su vez, donde los gobiernos socialdemócratas o progresistas conservan mayor solidez y la derecha aún carece de líderes populistas de nuevo perfil, primó la acostumbrada modalidad de coordinar un pertinaz bombardeo mediático para que socave su credibilidad –que por ejemplo ponga en duda su honradez o capacidad de gobernar–, mientras que a la vez los instrumentos económicos, conspirativos y socioculturales de las derechas alientan las crisis sociales que a mediano plazo ofrezcan ocasión de golpear más a fondo. Así se ha procurado en Venezuela, Ecuador y Bolivia.


Una nueva variante consiste en “desmilitarizar” el procedimiento así “legitimado” por los grandes medios periodísticos. En Honduras, a través de un golpe “correctivo”, es decir, con la intervención abreviada de un ejército que acto seguido entregó el gobierno a la derecha civil. En Paraguay, valiéndose de un bloque parlamentario seducido por el anhelo de prerrogativas para los congresistas implicados en una interpretación torcida de la legalidad.


El propósito, en cualquier caso, es el mismo de antaño, encubierto con nuevos modos de enmascararlo y evadir las sanciones internacionales. Disfrazados, los viejos métodos siguen reinantes, con un aval estadounidense ahora maquillado de “neutralidad”. Pero aunque al golpe lo vistan de seda, el hecho es que quienes hoy gobiernan Paraguay ya no son aquellos por quienes el pueblo votó.


Esta última experiencia tiene mucho que enseñarnos. Por un lado, muestra que en ese aislado país todavía reina la primitiva cultura política legada por el stronismo, misma que ahora se resignó con que el golpe no fuera sangriento y que careció de la autonomía necesaria para defender los valores democráticos. Por otro, la hipocresía de los gobiernos más conservadores de la región, que se amparan en el pretexto de que el golpe supuestamente fue “legal”, pese a la flagrante ausencia de garantías de debido proceso para el acusado. Además, que apelan a la hojita de parra –acuñada cuando Honduras– de que las próximas elecciones sanearán esta crisis, a sabiendas de que los golpistas las manejarán según les convenga, para aplastar “legalmente” a quienes respaldaron a Lugo.


Para concluir resta preguntarse qué gobiernos son éstos que las derechas buscan derribar, de viejas o nuevas maneras. No son gobiernos revolucionarios. Cierta izquierda les reprocha no ir más allá de contrarrestar al neoliberalismo y humanizarle el rostro al capitalismo, sin plantarse metas que rebasen este horizonte. Obvian el hecho de que su papel es gobernar según el programa por el cual los ciudadanos les dieron el voto.


¿Qué sentido tiene pedirles un desborde que sus electores no estarían dispuestos a sustentar y defender? La respuesta está más en manos principalmente de los partidos. Para disponer de gobiernos más revolucionarios hay que formar fuerzas sociales más radicales, que los elijan, impulsen y sostengan. Como asimismo implica derrotar a las derechas y a su ofensiva no sólo en el campo político-electoral, sino también en el programático, cultural y organizativo. Sólo eso posibilitará pasar de un horizonte posneoliberal a uno poscapitalista.


Por Nils Castro, eEnsayista panameño, autor de Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear.

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Lunes, 23 Julio 2012 06:53

El foco sobre España

El foco sobre España
La crisis financiera en Europa está en una nueva fase centrada de lleno en España. Ni Irlanda, Portugal o Grecia representaron una situación tan frágil y determinante como es ahora la española. Aunque los efectos acumulativos de los otros, a los que se puede añadir Islandia, han definido las condiciones actuales en ese país, en el conjunto de la zona del euro y con alcance internacional.


El tamaño de la economía es un elemento significativo; el impacto de la crisis en el entorno europeo es mayor. Esto se vincula con el efecto provocado en el fuerte incremento de la deuda y el déficit públicos. Un elemento clave ha sido la intervención para cubrir el impacto adverso de la expansión del sector de la construcción, ligado con una alta especulación.


Esta es la causa reconocida que afectó a los bancos por vía de los créditos que no se pueden pagar. El sector bancario, incluyendo las cajas, requiere mucho dinero para sanearse. La debilidad es, no obstante, de índole estructural, enraizada en los principios de la organizacion de la Unión Europea y, sobre todo, de la unión monetaria.


Además está el problema de la gestión política interna y sus derivaciones económicas, que hoy se expresan en el desquiciamiento de las finanzas de las autonomías. Frente a los severos ajustes presupuestales impuestos por el gobierno y exigidos por la Unión Europea en Bruselas, están prácticamente quebradas. Los servicios públicos se reducen, los ingresos de los funcionarios caen y muchos pierden el empleo, a ello se suma la contracción del sector privado que es también muy fuerte.


No hay recursos que alcancen para tapar los agujeros del presupuesto, y así las dificultades para obtener créditos internacionales crecen hora con hora. Los inversionistas exigen altas tasas de interés pues advierten que no hay capacidad de pago y no hay expectativas de que vaya a crear.


Los esquemas propuestos por el eurogrupo, el Banco Central Europeo y el FMI no generan ninguna certidumbre. El gobierno español recorta a diestra y siniestra y eleva cuantos impuestos estén en la mira, pero al caer el nivel de la actividad económica no recauda para ir cerrando la brecha del presupuesto. La quiebra está a la vista.


Los acreedores no creen en las políticas de control de la crisis, al tiempo que las protestas sociales van en aumento. La llamada economía social de mercado en buena parte de Europa, siempre de esencia puramente capitalista, está colapsada, los esquemas de bienestar deshechos y abierta la confrontación entre los grupos sociales.


Esa es una manifestación crucial de la crisis: economía y sociedad son indisolubles. Ahí radica una de las limitaciones más grandes de los esquemas, teóricos, técnicos y políticos con los que se piensa y enfrenta la crisis. El enfoque convencional de la economía está en manos de expertos sin una visión global de la sociedad.


Esta cuestión no se resuelve en el marco de los mercados, la evidencia aumenta sin generar un cambio en las ideas. No se voltea la atención a otras fuentes de pensamiento más complejo e integrado pero, por eso mismo, más crítico y que pone al descubierto las contradicciones del sistema. Pero eludirlas ciertamente no las elimina, como tampoco lo hace solamente reconocerlas. Recetas no las hay, pero sí mucho trabajo por hacer.


Ante la necesidad de ajustar y sin contar con el instrumento de devaluar la moneda, se provoca una devaluación interna como la reducción de los salarios aunada a la reforma que flexibiliza el mercado de trabajo. Esta medida distribuye la carga de la crisis de manera desigual y será muy costosa, pero incapaz de reponer una condición de funcionalidad en el marco de la Unión Europea y, sobre todo, en la zona euro.


Todavía hay países en esa región cuyas economías crecen aunque a tasas bajas. Pero en el esquema de la unión monetaria no se puede mantener la dicotomía entre los que están en crisis aguda y los otros. Para hacerlo unos habrán de pagar parte cada vez mayor de las cuentas, cuestión que se hace cada vez más conflictiva. Una solución política como la integración fiscal o, incluso, mayor integración política, es más complicada en el escenario actual. En todo caso llevaría un tiempo largo alcanzar por ese medio una nueva etapa de estabilidad macroeconómica. La solidaridad europea se confronta con las raíces nacionalistas de largo aliento histórico.


Esto sucede en un entorno global con estrechas interconexiones y en las que cambian de modo rápido los mecanismos de transmisión entre las economías. En la última década las corrientes de capital se movieron a los mercados considerados emergentes. Aumentó el crecimiento en China, India y Brasil, pero ahora son menores las tasas de expansión que, con las distorsiones generadas por la crisis desde 2008, provocan nuevos desplazamientos de recursos para tratar de preservar la rentabilidad, aunque sea disminuida, de los capitales.

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“Fase pos-Bashar”: guerra de baja intensidad de EU contra Irán, Rusia y China
Antecedentes: El carnicero de Hama –entre 30 mil y 100 mil asesinatos en serie, dependiendo quien opere las estadísticas funerarias–, Rifaat Assad (tío de Bashar y peleados a muerte) vive como príncipe en París sin ser molestado por nadie en Occidente y, desde luego, menos por los defensores de los derechos humanos contrarios a los intereses propios”.


Pese a las atrocidades en Hama (bastión sunnita de los Hermanos Musulmanes), el oftalmólogo Bashar –hijo del sátrapa Hafez, patriarca de la dinastía alawita (minoría esotérica del Islam cercana al chiísmo: 10-15 por ciento de la población)– estudió en Londres sin ser perturbado, donde se casó con la ciudadana británica Asma (hija del cardiólogo sunnita Fawaz Akhras, también británico) en ese entonces alta funcionaria del banco de inversiones anglosajón JP Morgan. ¿Interesante, no?


Bashar no estaba destinado a asumir el liderazgo del nepotismo Assad que había ungido a Basel, su hermano, quien pereció en un extraño “accidente” (se presumen, como hipótesis, sus nexos con el también alawita de origen sirio Carlos Saul Menem, ex presidente argentino, lo que apuntaría a una operación vengativa del Mossad).


Ya en el poder sin preparación alguna, un 14 de julio, Bashar fue “invitado especial” de Nicolas Sarkozy y en diciembre 2010 con su esposa Asma fue recibido a desayunar por Sarkozy “cuando aún no era considerado un dictador sanguinario” por París (Le Point, 2/3/12).


Ergo, la pista de la farisea y poco creíble “ayuda humanitaria” que abogan EU-GB-OTAN-Israel –que se han caracterizado por su misantropía local y global– para intervenir en los asuntos sirios es insuficiente cuan deficiente para entender cuál fue el punto de ruptura entre la satrapía siria, en el poder desde hace 42 años –vestigio de la guerra fría– con los poderes occidentales que lo han maldecido hoy como desechable con el fin de avanzar la agenda de los Hermanos Musulmanes en Medio Oriente.


Hechos: En la esfera geopolítica, el cambio cualitativo de “Occidente” proviene del inicio del cerco a China con la intervención militar de la OTAN en Libia que concluye con la sodomización barbárica del dictador Muamar Khadafi –quien nunca fue demonio de mi devoción hasta el final: cuando, después de haberse entregado infantilmente a Occidente, se arrepiente para defender la soberanía libia– por agentes de EU (Putin dixit) y donde, a mi juicio, Moscú y Pekín cometen el imperdonable error de no haber usado su veto para una mejor salida diplomática.


Existen tres niveles de abordaje en la “fase pos-Bashar” –que ya había sido bendecida por el encuentro en Los Cabos entre Obama y Putin, como detecté (Bajo la Lupa, 20/6/12) cuando pregunté “Bye bye, Bashar?”– que resumo sucinta y metódicamente, dejando de lado subjetivismos hormonales: 1. local, 2. regional y 3. global.


Escala local: quienes hemos vivido y hemos sido educados en la región sabemos en teoría y práctica la hipercomplejidad de la sociedad siria, lo cual hay que manejar delicadamente con pinzas de microneurocirugía, así como las reverberaciones en sus seis incandescentes fronteras (Líbano, Turquía, Israel, Irak, Jordania y el virtual Kurdistán). Quedan como testimonio mis artículos sobre Siria que escribí el año pasado desde Líbano (22, 26 y 29/6/11). Aquí, como de costumbre, el pensamiento maniqueo occidentaloide, despojado de las sutilezas que definen al Medio Oriente antes de que haya existido el propio “Occidente” (whatever that means), clasifica y se arroga el derecho unilateral de juzgar a “buenos” y “malos” de acuerdo con sus intereses monetaristas.
Baste enunciar que Siria se encuentra en una guerra civil donde se rompió la alianza alawita-sunnita, con la familia militar y burguesa de los Tlass. Siria es ingobernable sin la anuencia de los sunnitas (85 por ciento de la población).


Recomiendo el reportaje de L’Orient Le Jour (14/7/12) que revela las prístinas señales de Firas (hermano de Manaf) desde un bastión de las petromonarquías en el golfo Pérsico, en el más depurado estilo árabe.


La “extraña” fuga del sunnita Manaf Tlass –íntimo de Bashar e hijo de Mustafá (ministro de Defensa de Hafez Assad y su compañero militar de toda la vida)– a París vía Turquía, me hace pensar en la probabilidad de la sustitución del alawita Bashar por el sunnita Manaf, digerible por todos los actores en juego. La fresca declaración del embajador de Rusia en París, sobre el deseo de dejar el poder por Bashar “en forma civilizada”, abona a mi hipótesis de su sustitución por Manaf, el otrora máximo militar sunnita de la pretoriana Guardia Republicana que precipitó la decapitación de Assaf Shawqat, intransigente cuñado de Bashar, mediante un bombazo espectacular cuan demoledor en el corazón militar del régimen en ascuas.


Las demás minorías son actores menores: cristianos, drusos, turcomenos, con la salvedad de los kurdos (que no son árabes) y quienes pueden aprovechar la oportunidad para crear su región autónoma en el norte (ídem Irak).


Los “cristianos” de Irak fueron desechables por los paganos seudo cristianos de EU/GB/OTAN y la peor suerte le espera a sus correligionarios en Siria, Egipto y Líbano (que me perdonen mi familia y mis paisanos) debido al triple ascenso irresistible de Hermanos Musulmanes, salafistas (integristas coránicos) y jihadistas de Al Qaeda empujados conspicuamente por EU y GB para incendiar las fronteras islámicas de Rusia (el Cáucaso) y China (Xinjiang) y, en un descuido, India, si no se portan bien, en sus fronteras musulmanas (Pakistán, Cachemira, Bangladesh) y su vigoroso Islam interno: 10 por ciento de su población. Asistimos en la región del Creciente Fértil, en Irak como en Siria –imágenes étnico-sectarias en espejo–, a la deslaicización del partido socialista Baas y a su reislamización.


2. Escala regional: La caída del alawita Bashar (quien con su carismática esposa Asma adoptaría el dorado exilio de Moscú) es un fuerte golpe al “Creciente chiíta” bajo dominio de Irán que va desde el occidente de Afganistán hasta el eje alawita (sirio)-Hezbolá-Hamas (Gaza) en el mar Mediterráneo y que el sionista mesiánico, el premier Netanyahu, en imitación de Baby Bush, fulmina como el “eje del mal”.


No es gratuito que en sincronía a la sustitución del régimen alawita en Siria, EU despliegue su poderío marítimo de cuatro portaviones en el golfo Pérsico en un clásico operativo de pinzas para impedir el rescate de Bashar por la teocracia jomeinista.


3. Escala global: Amén de la expulsión de Rusia de su último aliado en el mundo árabe y más allá de su posesión del puerto de Tartus en Siria (su único puerto en el Mediterráneo), así como del peligro del irredentismo jihadista en el Cáucaso, pende el ominoso riesgo de una tercera guerra mundial termonuclear (que manejan más los medios rusos y que ocultan los multimedia “occidentales”) entre Washington y Moscú en la fractura tectónica geopolítica de Irán. Desarrollaré luego los dos rubros regional y global con enfoque geopolítico.


Conclusión: En medio de la grave crisis financiera a los dos lados del Atlántico norte, EU-GB-OTAN-Israel profundizan su guerra de baja intensidad contra Rusia y China en los teatros de Siria e Irán.


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Viernes, 20 Julio 2012 16:32

¡Que se vayan todos!

¡Que se vayan todos!
Como viene una ola picada. Ganando tamaño, asustando. Así se fue conformando una opinión pública escandalizada ante el propósito real que pretendió el poder con la reforma a la justicia. Reacción dinámica, como hacía tiempo no se veía en Colombia. Un rechazo estimulado por los medios de comunicación, que por uno u otro motivo dejaron a un lado su consabido maridaje con el poder y actuaron con un sentido crítico.

Los motivos para que ganaran audiencia una y otra reacción pudo radicar en la denuncia internacional, sobre todo de Human Rights, que recordó una y otra vez, cómo detrás de toda la reforma estaba el truco y manto de la impunidad. Esta denuncia, y el temor a recibir el calificativo de Estado paria, tal vez fueron los motivos fundamentales para que descubierto, en último momento el Ejecutivo guardara distancia de la iniciativa. Para que simulara no saber nada de los manejos que estaban sucediendo. Con la cabeza de su ministro de Justicia -la segunda que pone en bandeja ante expresiones de resistencia social- limpió la suciedad del intento. Pero nada más falso.

Simple simulación. Todo el mundo sabe que en el Congreso no prospera ningún proyecto sin el consentimiento de la Casa de Nariño. Más aún cuando su ‘unidad nacional’ le permite el control total del Legislativo. Una vez más, ocultos en delitos, sospechosos e incursos congresistas, paramilitares, oficiales de alto rango, negociantes del poder y otros presos de alcurnia tendrán que esperar. Con seguridad, sus amigos en el poder no desfallecerán en su propósito de favorecer que no paguen causas, así sea en los batallones militares o en sus casas de familia.

En todo caso, la reacción social prosigue. Con distintas motivaciones y partiendo de la fallida reforma a la justicia, se lideran por todo el país múltiples referendos: unos para que la reforma no llegue a ser aprobada, parcial o totalmente, en la revisión que ahora hace de lo decidido en el Congreso la Corte Constitucional; otros para que el legislativo sea destituido en su totalidad. Algunos más discuten si poner en marcha otra iniciativa para que los destituidos sean unos -los que conciliaron el texto de reforma- y no todos los legisladores. En fin, hay de todo, como en botica, o como les resulte su iniciativa política y sus intereses inmediatos y mediatos.

Pero al mismo tiempo, como si tratara de una epidemia legalista, otros proyectos de referendo, como el de la salud, están a punto de tomar cuerpo. No faltan propuestas para echar a andar otras iniciativas como el aumento de penas para los violadores de niños y otras violencias mayores o menores. En un país donde la pena de muerte cobra víctimas a diario, se le pide consentimiento al legislador sobre el particular. ¡Qué paradoja!
Todas las iniciativas sociales y legales depositan en el Congreso su confianza para que decida en última instancia, en unos casos, por autoinmolarse, y, en otros, por romper con el modelo neoliberal. Vaya contradicción: está putrefacto pero se pretende que se mantenga por más tiempo, con sus malos olores, mareando a todo el país.

Es increíble, entonces, que, sobre todo para el tema de la revocatoria de su mandato como legisladores, se proponga un referendo sobre el cual, en última instancia, ellos mismos fallarán. Como se sabe, no hay en el país institución más desacreditada que el Congreso. Cualquiera opina que en el santuario de las leyes la moral es la luz que menos brilla, y que en el contenido y favor de sus decisiones domina el ‘partido’ del Congreso. El gremio de la clase política, como bien se indica en la infografía incluida en la página 13 de la presente edición.

Evidente y por supuesto, son ellos una parte del problema y de la indecencia. La otra descansa en el Ejecutivo y en el poder judicial, que, como lo indica con toda claridad Rafael Ballén en su artículo (pág. 10), estuvieron al tanto de la marcha y trapisondas de la reforma, que propiciaron y/o lo estimularon, haciéndose los desentendidos. No es conveniente dejarse enredar, por tanto, en el proceder con los referendos, a no ser que la mira sea la de ampliar la cuota de opinión pública.

Hay que avanzar con mayor iniciativa. Con lo sucedido con esta reforma, quedó demostrado una vez más que lo existente en Colombia es un Legislativo de bolsillo. Esta nueva prueba de que en el país se legisla, se juzga y se administra ad hoc desnuda que en la “democracia más antigua de América”, el llamado “Estado de derecho” no ha pelechado. Ya se trate del “articulito” que le permitió a Uribe gobernar cuatro años más, o de las leyes que privilegian a quienes las aprueban, como en el reciente caso, es claro que las normas se promulgan con miras a favorecer intereses particulares.

No hay que engañarnos. Ya se trate de reglas sobre comunicación, salud, educación o cualquier otro asunto, los intereses privados son fáciles de identificar detrás del espíritu de lo legislado. Y cuando, incluso así, una norma afecta a los privilegiados, aparece toda clase de leguleyadas que se traducen en “vencimiento de términos”, “casa por cárcel”, “permisos por buen comportamiento”, etcétera. El refrán popular que dice que “la ley es para los de ruana” es una muestra de que la norma entre nosotros nunca ha procurado, siquiera, el principio de la igualdad burguesa. Un Estado privatizado.

Lo que tiene el país ante sí es una mohosa maquinaria que por décadas ha servido a sus detentores -oligarquía-, así como a sus familias, relegando a la postración a las mayorías sociales; una oligarquía que no repara en valores sociales ni en ética ni en principios ni en sentido nacional y mucho menos en el sentido continental.

La fallida reforma puso ante los ojos de las mayorías nacionales, recordó con toda intensidad a todos/as, que estamos ante un gobierno de minorías, que no repara en procedimientos para mantener incólume los privilegios, con apariencia de ser como no es.

Esta es la realidad que nos lacera. Que atenta contra el bienestar de la nación desde hace décadas. Y si las cosas tienen ese tamaño, ¿por qué pretender que solo sean destituidos los legisladores? ¿Por qué no impulsar un inmenso esfuerzo social para que los destituidos también sean los representantes y todas las cohortes de los otros dos poderes?

¡Que se vayan todos! Así resumió su consigna la sociedad argentina en 2001 ante el robo de sus ahorros por parte del gobierno de entonces. Y aunque sus propósitos no se lograron a plenitud, sí obtuvieron un viraje parcial en su destino cargado de neoliberalismo.

¡Que se vayan todos!, ahora es el reto para la sociedad colombiana, hipnotizada por el legalismo, inmersa en ‘liderazgos’ y personalismos de pocas miras y atomizada, por tanto, en su acción social.

Entrevista en vídeo

Publicado enEdición 182
La lucha contra la pobreza necesita un origen popular del gobierno
Con un 21 por ciento de hogares bajo “Familias en Acción”, aún con la prevalencia de factores como seguridad, desempleo y pobreza, el Gobierno asume que Colombia es una economía emergente, atractiva para la inversión y el turismo, con expectativas de crecimiento en las próximas décadas. Además, yuxtapone que avance el proceso para su ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y pone el disco de “llegar a ser un país con prosperidad para todos” a partir de más seguridad, mayor empleo y menor pobreza, con la estrategia de “Familias en Acción”. Es ésta la lógica de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) con las cuales muchos países de América Latina buscan reducir el flagelo y el riesgo de los pobres.

Sin una cifra superior y permanente al 6 por ciento de crecimiento macroeconómico, más del 4,5 de los productos internos y de industrialización –guarismo de la economía capitalista, que no diferencia las cifras de desarrollo con bienestar general–, los países de América Latina, al servicio de los poderosos, no lograrán superar la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la contracción y sus estancamientos con sentido nacional. Este es un dato de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y su consultor, Claudio Loser. Con el hablar de la pobreza entre ceja y ceja, la elección del presidente Santos dejó el ambiente de ser favorecida por el voto de los beneficiarios de “Familias en Acción”, entre quienes corrió el rumor de que no continuaría el Programa si él no era elegido como el actual gobernante.

Al igual que todos los programas de TMC, “Familias en Acción” está inscrita en la lógica de subsidios a la demanda, con la cual el modelo económico, impuesto en América Latina desde mediados de los 80, atiende la política social. Luego de la crisis de deuda externa, los países de la región tuvieron que emprender grandes ajustes estructurales en la economía, con medidas como reducción de la demanda agregada, para controlar la inflación; apertura económica y comercial, flexibilización laboral, privatización y reformas fiscales. La reducción de la demanda agregada se tradujo en despidos masivos, inicialmente en el sector público, de donde trascendió a la empresa privada. Ello contribuyó grandemente al aumento del desempleo. El Programa “Familias en Acción”, en el país con el segundo lugar más desigual en el continente, con aplicación en los lugares que cumplen la selección del Sisben 1 de las familias de gran vulnerabilidad, según el Informe del Banco Mundial, tuvo un objetivo inicial que alcanzó las 400.000 familias.

Dado el aumento de las cifras de pobreza en el país, el Programa tuvo una expansión que en 2007 cubrió 1,5 millones de familias. A octubre 31 de 2002, “Familias en Acción” tuvo 407.076 unidades de éstas como elegibles y 362.403 (89 por ciento) como beneficiarias; para 2005 los beneficiarios fueron el 5 por ciento de la población total, y su atención representó un gasto del 0,09 del PIB, del cual el 90 por ciento fue financiado con crédito externo. Al cierre de 2010, según la página electrónica institucional, en su informe a la banca multilateral del segundo semestre de 2010, “Familias en Acción” estaba presente en 1.100 de los 1.102 municipios del país y registró 3.775.681 familias como elegibles, de las que beneficia a 2.327.689 (61,6 por ciento) en todos los departamentos del país.

Los programas de TMC, emprendidos por los Estados y que orienta y define el Banco Mundial, tienen como documentos orientadores básicos la Teoría del Manejo Social del Riesgo y el Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2000-2001 “Lucha Contra la Pobreza”, vistos en su Informe de 2009 como transferencias de dinero a familias pobres, “con la condición de que éstas [cumplan con contraprestaciones]”. Del mismo modo, apuntan al objetivo doble de reducir la pobreza en el corto plazo y prevenir su incidencia en el largo plazo. En América Latina, los primeros programas comenzaron a operar desde los años 90.

En efecto, fueron los primeros el de Brasil (1995) y el de México (1997). En Brasil, en principio hubo una descentralización por municipios y sectores de la política social, y desde 2003 el gobierno federal unificó los diversos dispositivos en el programa Bolsa Familia. En México, Progresa (actualmente Oportunidades) se creó en 1997, en un comienzo con cobertura a zonas rurales, aunque desde el primer momento con carácter centralizado. Estas dos iniciativas constituyen los programas modelo para reducir la pobreza, con expansión por la región: en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Brasil. Son programas que disminuyeron el ritmo para ejecutar las reformas, y flexibilizaron su aplicación en los casos de Colombia, Chile, Honduras, México, Panamá y Perú.

Estos programas, según una visión de capital humano, integran tres componentes: salud, nutrición y educación. Por ejemplo, el desembolso de un subsidio está sujeto al cumplimiento –casi siempre por la madre cabeza de familia– de los controles de talla y crecimiento de sus hijos. Así, transfieren dinero a sectores de población seleccionados por mecanismos de focalización. No superan ni pueden superar una concepción de política social, según la cual el Estado interviene en la población más pobre a través de subsidios en efectivo, tras identificar a la población que considera potencial beneficiaria para seleccionarla de acuerdo a criterios de elegibilidad preestablecidos –mecanismo de focalización–, en una perspectiva que evitan que el Programa llegue hasta la población que no cumple con los requerimientos y mucho menos alcance en forma efectiva a quienes igual o más debiera beneficiar. Estas reformas de ajuste precarizaron las condiciones laborales e incrementaron la pobreza.

El modelo con apertura económica indujo a la eliminación de aranceles, con lo cual los excedentes de producción de los países industrializados pudieron entrar libremente en estos mercados, a precios muy bajos. La industria nacional no estaba en condiciones de competir, y muchas pequeñas, medianas y hasta grandes empresas pasaron a liquidación, agudizándose el problema del empleo. La flexibilización laboral alentó la discrecionalidad de los empleadores para efectuar despidos y aumentar la productividad laboral. Implicó, además, el aumento de los períodos de prueba, la intermediación de la contratación, el trabajo a destajo, la eliminación del pago por horas extras, la privatización de la seguridad social, etcétera. La enajenación y la privatización de los activos estatales transcurren bajo el argumento de una mayor eficiencia de la administración privada, y con este recurso vienen más despidos y más desempleo.

Para 1980, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) reveló que el 40,5 por ciento de la población de la región está bajo la línea de pobreza. Dentro de este total, el 18,6 sobrevive en indigencia. Para 1990, la tasa de pobreza fue del 48,3 por ciento y la de indigencia del 22,5. Al comienzo del milenio, la situación no varió mucho: 42,5 y 18,1, respectivamente. Según el Plan Prosperidad para Todos, “actualmente el 46 por ciento de la población colombiana está en condición de pobreza y el 16 por ciento en condición de pobreza extrema”.

En Colombia: discurso con estrategia de bienestar y relegitimación del gobierno


El manejo de los programas desde la Presidencia, a fin de darles mayor transparencia, no ha tenido adecuada evaluación, por lo menos en Colombia, donde resulta muy conveniente para elegir gobiernos que garantizan continuidad en el modelo.

“Familias en Acción” busca promover y fomentar la acumulación del capital humano, sobre todo en municipios de menos de 100.000 habitantes y alta proporción de población rural. El componente de nutrición consiste en un subsidio monetario que entregan a las familias (núcleos familiares) beneficiarias con niños menores de 7 años de edad. En salud, contempla acciones que las familias beneficiarias deben realizar por obligación para participar en el Programa. En particular, las madres deben llevar sus hijos a controles de crecimiento y desarrollo, que incluyen vacunación y participación en algunos eventos sencillos de capacitación sobre prevención de salud. El componente más importante es el de educación.

Las transferencias monetarias llegan a las madres, conocidas como “mujeres cabeza de familia”, responsables de cumplir con las condiciones del Programa. Para educación, las transferencias tienen su ajuste a una asistencia escolar al menos de 80 por ciento y a que aprueben el año lectivo por dos veces consecutivas; en salud y nutrición, la familia debe garantizar la visita a los servicios de salud primaria para controles de crecimiento y vacunación.

Los ‘pañitos de agua tibia’ del Programa


En general, los Programas de TMC, expandidos a países de la región desde finales de los 90, materializan el concepto de políticas de lucha contra la pobreza, inherente al modelo económico neoliberal. Aunque su concepción comporta una lógica keynesiana de estímulo de la demanda; su aplicación es análoga a la de “corresponsabilidad” que orienta los subsidios al desempleo en Europa y Estados Unidos. La situación permite presumir una eficiente utilización de los recursos, en particular en el contexto del modelo.

No extraña que la evidente pauperización que conlleva el modelo haya alertado a diversos estamentos: Iglesia, académicos, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales, que invocaron la necesidad de hacer algo. En tal contexto, desde comienzos de los 90, las primeras medidas para reducir la pobreza mediante “redes de seguridad social”, financiadas mediante los denominados Fondos de Emergencia Social (FES), se manejaron en directo desde la Presidencia, a fin de evitar apetitos burocráticos y manejos clientelares.

Como fin estaba el de ubicar gente en situación de pobreza, para mitigar situaciones mediante subsidio monetario. Las redes resultaron insuficientes y muy criticadas por su carácter paliativo y residual, en especial del mecanismo de focalización. En el marco de la discusión resultó el origen de las TMC, en una visión de más largo aliento. Prima la creación de capital humano y desde una perspectiva del riesgo, y busca conjurar la reproducción generacional de la pobreza.

La acogida de los Programas de TMC coincide con la reducción constante de la pobreza en la región (cerca de 13 puntos en el lapso 2004-2010), aunque su incidencia no está claramente determinada. Incluso, organismos como la Cepal, PNUD y el Banco Mundial evitan afirmaciones precisas en tal sentido. Llama la atención que algunos países que pusieron en marcha estos Programas lo hicieron mediante flexibilización de sus políticas de ajuste macroeconómico. Tales los casos de Argentina, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Uruguay y Brasil, que coinciden con los de mayor reducción de la pobreza en 2010. En contraste, otros, en los cuales prevalecen políticas de ajuste menos eclécticas, como Honduras y México, registraron aumentos en sus tasas de pobreza, en tanto que Colombia registró una reducción por debajo del promedio regional (Cepal, Panorama Social 2011).

Hoy, “Familias en Acción” se articula en el recién creado Departamento Administrativo para la Prosperidad, pero prevalece su funcionamiento en el marco de subsidios condicionados que establece el modelo económico. Mientras, el Plan de Desarrollo propende por la reprimarización económica, en especial con el fortalecimiento de la actividad minero-energética, de la que cabe poco esperar en cuanto a empleo y desarrollo social, lo que lleva a pensar que quizá, como lo prevé el propio Plan, el progreso económico y la eliminación de la pobreza sea solamente un sueño de prosperidad.

*Economista, Magíster en Análisis de Problemas Económicos y Políticos Internacionales.


El proceso de selección para los beneficiados


El Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisben) que efectúa el proceso de selección de “Familias en Acción”, que atiende zonas rurales y urbanas, exige en estas áreas cumplir con criterios básicos de elegibilidad, como la presencia de un banco y la existencia de una oferta adecuada en educación y salud. El programa selecciona a familias de Sisben 1, de gran vulnerabilidad. No se apoya en salud y nutrición a las familias Sisben 1 cuyos hijos sean menores de 6 años de edad en Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar.

El ajuste fiscal con la reducción del gasto público produce la abolición de la oferta asistencial del Estado para pasar a un sistema de subsidios a la demanda. En este esquema, a las personas sin oportunidad para la satisfacción de sus necesidades básicas les otorgan un subsidio monetario para que las solvente mediante la adquisición del bien pertinente, ya que, de hecho, la existencia de tal población es considerada por el Banco Mundial mismo como un “fallo del mercado” y la transferencia cumple la función de incluir al individuo en su dinámica. Es en aras de la eficiencia del gasto y de la asignación de los recursos como estas personas son identificados mediante los ya descritos mecanismos de focalización.

Publicado enEdición 182
El realismo mágico-político de América Latina
En el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, el escritor colombiano Gabriel García Márquez nos cuenta que un compañero de viaje de Magallanes, el florentino Antonio Pigafetta, en su paso por las Américas, decía haber visto un animal “con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo”, en una narración que no tenía los más pequeños visos de pretenderse fantasiosa. Se trataba, en realidad, de una creencia firme del navegante.

El escritor, con esto, quiso apuntalar que el “realismo mágico” no es un invento de la literatura sino un aspecto constitutivo de nuestra realidad o, quizá, de la percepción enfebrecida que propios y extraños queremos tener de lo que sucede en los trópicos. Hoy, cuando Latinoamérica, y en forma más específica Suramérica, se ha vuelto a poner de moda, ya no por cuenta de los Carpentier, Cortázar o García Márquez sino por apellidos como Chávez, Morales o Correa, parece que nos nuevamente atacan visiones de engendros de todo tipo: para el imaginario de algunos, se trata de endriagos a punto de acabar con los valores occidentales, mientras que, para otros, de colosos hiperhéroes salvadores de las más diversas utopías.



Los gobiernos actuales de Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador y Argentina, entre otros, son objeto de todo tipo de especulaciones acerca de su verdadera dimensión, así como de sus perspectivas hacía el mañana. Estos procesos, así como quienes los encarnan, son vistos por la derecha más extrema como la puerta de entrada al “imperio del mal”, y desde la visión de la izquierda más radical como un experimento del capitalismo que ensaya con “gerentes rojos” conciliadores y mediáticos. No debemos olvidar, claro está, los argumentos de los más conspicuos defensores que ven en tales procesos el amanecer de un “nuevo mundo” y el irreversible viaje hacía los sueños más esperados.

En todas esas visiones tan diversas, sin embargo, hay un aspecto en común que bien vale la pena remarcar y es que, salvo las miradas más obtusas, el fenómeno tiene aspectos novedosos. Chávez no puede ser calificado de Castro ni de Perón (ni siquiera a los Kirchner, que se reclaman peronistas, se los compara con éste), como tampoco se encasilla a Correa o Evo con procesos del pasado, o el presente de otras latitudes. ¿Después de tantos siglos, hemos venido a descubrir que en nuestro continente sí existen realmente animales con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo?

El vaso medio lleno


No se puede considerar coincidencia ni asunto despreciable que políticos como el líder de la izquierda francesa Jean-Luc Melenchon dijera en su campaña que Chávez, Correa y Lula son los inspiradores de su programa político, o que intelectuales de indudable reputación como Noam Chomsky consideren que el futuro del altermundismo pasa por la consolidación de los actuales movimientos políticos progresistas de América Latina. El asunto obliga a preguntar por las razones de las simpatías tan diversas que, en el campo de lo alternativo, despiertan los procesos políticos no ortodoxos de esta parte del continente.

No cabe duda de que el reacomodamiento de los poderes internacionales es uno de los hechos políticos de mayor relevancia en las dos últimas décadas. El paso de la guerra fría al unilateralismo norteamericano –primero– y luego muy rápidamente al multilateralismo es propiciado por el ascenso chino, y altera no sólo los intereses sino también las urgencias geopolíticas. América Latina no ha sido ajena a ese remezón, pues, de ser en lo esencial un campo de disputa por su cercanía a los Estados Unidos (recuérdese la llamada “crisis de los mísiles”, por la intención de la URSS de instalar bases nucleares en Cuba, en 1962), y por tanto representar un cinturón de seguridad de la potencia del Norte, pasa a ser un territorio marginal primero y de reserva de recursos naturales en la actualidad. Sin que, claro está, desaparezca por completo el interés geoestratégico, que ahora cambia de sentido. Los golpes de Estado en Honduras y Paraguay son una prueba indiscutible de esto.




El multilateralismo posibilita la diversificación de los mercados, que, con el cambio de polaridad en la división internacional del trabajo, ha terminado por degradar de manera importante los lazos que tradicionalmente han atado al subcontinente con su poderoso vecino anglosajón. Ello hace indiscutible que, en términos materiales, se dé un relativo desenganche de Washington.

Brasil fue el primer país suramericano en el que las corrientes totales del comercio exterior con China superaron las realizadas con los Estados Unidos, hasta el punto de que, si hoy se suman las exportaciones y las importaciones sostenidas entre el gigante asiático y el suramericano, superan en 23 por ciento las realizadas entre las economías de Estados Unidos y Brasil. Caso especial parece ser el de Chile, que –junto con México y Colombia– pertenece al grupo de los más pronorteamericanos pero que, pese a ello, en sus relaciones de compra-venta con China muestra hoy un flujo superior en 57 por ciento a las que realiza con Estados Unidos.

Tan solo en los últimos 10 años, Latinoamérica y el Caribe han disminuido su flujo de exportaciones hacia los llamados países industrializados en 13 por ciento (descenso debido en lo esencial a las reducciones de las exportaciones a Estados Unidos), y las ha reorientado a otras “economías en desarrollo” (fundamentalmente China). El 55 por ciento del total de cobre importado por China entre 2007 y 2009 tuvo su origen en países de América Latina (el 30 por ciento, comprado a Chile). Igualmente, más del 95 por ciento del aceite de soja es de origen latinoamericano (73 por ciento argentino), lo que muestra que la base material de las relaciones internacionales se está alterando de forma sustantiva.

Y es a esa nueva situación a la que debemos remitirnos para entender que lo más visible –y quizá lo más importante de los procesos no ortodoxos del subcontinente– se refiere a las posiciones asumidas en la política internacional. De una sumisión absoluta a los dictados de Washington, se pasa a esgrimir un discurso más autónomo que incluso alcanza tonos desafiantes en algunos escenarios.

La renacionalización de los recursos naturales en algunos casos y la participación mayoritaria del Estado en la estructura accionaria de las otrora empresas estatales, como en el reciente caso de la expropiación de las acciones de Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que le dio mayoría al Estado argentino en la toma de decisiones de esa empresa, se deben enmarcar en las nuevas posibilidades que brinda el multilateralismo económico.

Que figuras históricas como Bolívar y Artigas se hayan desempolvado con tanta fuerza es entendible si recordamos que a los dos los angustiaba la perspectiva de que los nacientes Estados tuvieran que enfrentarse separadamente a las grandes potencias. Su fracaso terminó facilitando la imposición de un panamericanismo en el que la doctrina Monroe de “América para los americanos” (entendida como “para los norteamericanos, los estadounidenses”), se convirtió en una realidad. Hoy, retomar la meta de la integración parece posible, y de allí que organizaciones como Unasur y Celac, en una dimensión más general, o Mercosur y Alba en una más regional, puedan presentarse realmente como hechos rompedores con el pasado.

El peso creciente de las empresas estatales en el sector primario y de las privadas locales en las manufacturas (ver gráfico) puede señalarse, entonces, como uno de los giros más importantes de los últimos años y que invitan a reflexionar en forma diferente sobre nuestra realidad. La reducción de la extrema pobreza en países como Venezuela, de poco más del 40 por ciento en los 90 a poco menos del 10 en la actualidad; el crecimiento sostenido de la Argentina a tasas superiores al 7 por ciento desde 2003, acompañado de medidas como la renacionalización del sistema de pensiones en octubre de 2008, y el desvertebramiento de la autonomía del Banco Central en 2010, sin que se derrumbara el país –como lo auguraban los economistas neoliberales–, así como el ascenso de Brasil como sexta potencia mundial, son hechos que han ayudado a desmontar el pensamiento único y le han abierto campo a la heterodoxia. La región fue, con Chile, el ratón de laboratorio del primer experimento neoliberal, y la Venezuela de Chávez, que llegó al poder como efecto del caracazo, inauguró un discurso que desnuda el fracaso del modelo iniciado en Chile.

Sin embargo, la estructuración de una nueva división internacional del trabajo, impuesta con la aceleración de los procesos globalizadores, ha dejado una profunda herida en la estructura económica de buena parte de América Latina, que la ha conducido a un proceso de reprimarización de su economía y además ha regresado a la mayoría de sus países a la condición de monoexportadores.

El vaso medio vacío


Neoextractivismo es el término acuñado por algunos analistas para describir las actuales condiciones económicas de nuestros países. Lo nuevo surge de la condición jurídica que les da a los Estados la propiedad o la mayoría accionaria de algunas de las más importantes empresas que explotan los recursos del subsuelo, y que de alguna manera rompe con los prejuicios ortodoxos del “menor Estado posible”. Sin embargo, son múltiples los riesgos que se derivan de hacer depender la economía de la venta de recursos con muy bajo valor agregado. La volatilidad de los precios de este tipo de productos, así como las bajas tasas de empleo que generan, son quizá los más conocidos.

Pero, además de eso, los efectos sobre el entorno físico y cultural no son hechos menores, pues el continente en general, y los gobiernos no ortodoxos en particular, han optado por un tipo de minería de gran escala que amenaza los ecosistemas estratégicos. El proyecto Yasuni, en Ecuador, es quizás el ejemplo más icónico del conflicto entre ambiente y economía, pues el hallazgo de petróleo en la que se considera la región más biodiversa del mundo llevó a que se pactara que ese país no explotaba ese subsuelo pero la comunidad internacional pagaba el equivalente para que la explotación no tuviera lugar.

No es el único caso, y hoy por hoy se puede señalar que una de las causas más importantes de conflictividad social tiene que ver con la defensa, por parte de las comunidades, de ecosistemas que éstas consideran básicos para su supervivencia. El proyecto Conga, en Perú, frente al cual las comunidades resisten la explotación de oro –pues afecta sus fuentes hídricas–, y el del Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), zona de conservación que se pretende atravesar con una carretera, son en muchos aspectos los casos más representativos de esa disputa entre pachamamistas y neodesarrollistas que hoy amenaza con convertirse en la nueva gran división de la izquierda latinoamericana. La ‘sojización’ del sur y la explotación de grandes extensiones de cultivos transgénicos, dependientes en gran medida de multinacionales como Monsanto, es uno de los grandes interrogantes que despiertan administraciones como las de Brasil, Argentina y Uruguay.

Pero los problemas no paran ahí. Que el subcontinente dependa en forma creciente de las rentas del subsuelo, o de las derivadas de las grandes explotaciones agrícolas, hace de la política un ejercicio basado en el subsidio como medida central de la redistribución del ingreso, lo que conforma para los grupos subordinados una cultura de minusvalía que los marginaliza aún más como “mantenidos”. Programas como Bolsa Familia, que el gobierno de Lula da Silva estableció en Brasil en 2003; Juntos de Perú, que se inició en 2005; Puente en Chile (como parte integrante de Chile Solidario), iniciado en 2002, o Familias en Acción en Colombia, en el 2000, todos del tipo de subsidio directo a las familias más marginadas, son muestra que esta política no diferencia a gobiernos ‘progresistas’, de ‘centro’ o de derecha, sino que son consecuencia de una estructura rentística de la economía.

Se debe tener claro que la superación del panamericanismo monroísta es una política digna de ser apoyada por todos los matices alternativos, pero esta no puede ser una meta en sí misma, pues el logro de la emancipación política no puede ser distinto de la base de una real búsqueda de objetivos como la soberanía alimentaria, la autonomía cultural, la redistribución de la riqueza y en general todos los aspectos que reclama un “buen vivir”. Si la izquierda latinoamericana quiere realmente ser faro en el acontecer mundial, tiene una tarea titánica por delante: definir claramente y sin ambigüedades su utopía.
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Frustrante situación salarial en la fuerza pública
La lectura de crónicas en los distintos medios de comunicación, lo que se ventila a través de internet, el debate corriente persona a persona, lo que expresan en diferentes eventos los voceros de las organizaciones de la reserva activa, lo expuesto en audiencias públicas por miembros de los órganos legislativo y ejecutivo de la República, llevan a la conclusión de que no existe claridad ni deseos de resolver bien este crucial asunto.

La aseveración coincide con la actual distribución de la remuneración en la institución armada. El cuadro “Fuerza pública, estructura salarial año 2012” muestra un deprimente grado de inequidad, que no dudo en rechazar.

Este absurdo reparto del ingreso personal en la Fuerza Pública (FP) tuvo origen en errores entre los que se destacan: 1) La suspensión en 1986 de la nivelación salarial iniciada en 1981; 2) No dar a este proceso la continuidad ordenada en el artículo 13 de la Ley 4 de mayo 18 de 1992; 3) El desconocimiento de derechos adquiridos a la FP, cuando se modificó el punto de partida de la EGP por promulgar en forma correcta, al reducir la remuneración del general de ser “igual en todo tiempo y por todo concepto a la de los Congresistas”1, por otra inferior: “igual en todo tiempo a lo que devengue un Ministro del despacho ejecutivo como asignación básica y gastos de representación…”2; 4) No haber promulgado tal EGP antes de 1993, lo cual era indispensable a fin de cumplir el plan trazado en el Decreto 25 de 1993 para realizar la nivelación ordenada; 5) La decisión de incrementar 3,8 veces (equivalente a un 281%) los sueldos más elevados del Estado en el lapso enero 1992 a enero 1993, mientras el salario mínimo subió un 25% y los nuestros un modesto 35%; y 6) A los intereses creados y la negligencia estatal que conspiraron contra la anhelada nivelación salarial.


Ante el silencio estatal, presentamos al Gobierno un proyecto de nivelación considerado y conciliatorio en 1994, que es así:



No cabe duda. Este cuadro muestra una distribución de sueldos institucional justa, digna y equilibrada, sin ser la óptima. Tampoco corrige la discriminación de negarnos un reajuste salarial igual al 7,67%, que otorgó la Contraloría General de la República a los sueldos más elevados del Estado. A pesar de que es inferior a la EGP que se pagó en 1980, no es tan lesiva como la que se ve en el primer cuadro, donde los grados y empleados del segmento comprendido entre teniente coronel y adjunto quinto perciben una remuneración menor al 29,18% con relación a la del general.

* Capitán del Ejército en retiro. Economista, Universidad Externado de Colombia.
2 Decreto 335 de febrero 24 de 1992. Precepto aplicado entre enero 1° de 1981 y mayo 31 de 1992.
3 Decreto 921 de junio 2 de 1992.
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