Viernes, 20 Julio 2012 16:32

¡Que se vayan todos!

¡Que se vayan todos!
Como viene una ola picada. Ganando tamaño, asustando. Así se fue conformando una opinión pública escandalizada ante el propósito real que pretendió el poder con la reforma a la justicia. Reacción dinámica, como hacía tiempo no se veía en Colombia. Un rechazo estimulado por los medios de comunicación, que por uno u otro motivo dejaron a un lado su consabido maridaje con el poder y actuaron con un sentido crítico.

Los motivos para que ganaran audiencia una y otra reacción pudo radicar en la denuncia internacional, sobre todo de Human Rights, que recordó una y otra vez, cómo detrás de toda la reforma estaba el truco y manto de la impunidad. Esta denuncia, y el temor a recibir el calificativo de Estado paria, tal vez fueron los motivos fundamentales para que descubierto, en último momento el Ejecutivo guardara distancia de la iniciativa. Para que simulara no saber nada de los manejos que estaban sucediendo. Con la cabeza de su ministro de Justicia -la segunda que pone en bandeja ante expresiones de resistencia social- limpió la suciedad del intento. Pero nada más falso.

Simple simulación. Todo el mundo sabe que en el Congreso no prospera ningún proyecto sin el consentimiento de la Casa de Nariño. Más aún cuando su ‘unidad nacional’ le permite el control total del Legislativo. Una vez más, ocultos en delitos, sospechosos e incursos congresistas, paramilitares, oficiales de alto rango, negociantes del poder y otros presos de alcurnia tendrán que esperar. Con seguridad, sus amigos en el poder no desfallecerán en su propósito de favorecer que no paguen causas, así sea en los batallones militares o en sus casas de familia.

En todo caso, la reacción social prosigue. Con distintas motivaciones y partiendo de la fallida reforma a la justicia, se lideran por todo el país múltiples referendos: unos para que la reforma no llegue a ser aprobada, parcial o totalmente, en la revisión que ahora hace de lo decidido en el Congreso la Corte Constitucional; otros para que el legislativo sea destituido en su totalidad. Algunos más discuten si poner en marcha otra iniciativa para que los destituidos sean unos -los que conciliaron el texto de reforma- y no todos los legisladores. En fin, hay de todo, como en botica, o como les resulte su iniciativa política y sus intereses inmediatos y mediatos.

Pero al mismo tiempo, como si tratara de una epidemia legalista, otros proyectos de referendo, como el de la salud, están a punto de tomar cuerpo. No faltan propuestas para echar a andar otras iniciativas como el aumento de penas para los violadores de niños y otras violencias mayores o menores. En un país donde la pena de muerte cobra víctimas a diario, se le pide consentimiento al legislador sobre el particular. ¡Qué paradoja!
Todas las iniciativas sociales y legales depositan en el Congreso su confianza para que decida en última instancia, en unos casos, por autoinmolarse, y, en otros, por romper con el modelo neoliberal. Vaya contradicción: está putrefacto pero se pretende que se mantenga por más tiempo, con sus malos olores, mareando a todo el país.

Es increíble, entonces, que, sobre todo para el tema de la revocatoria de su mandato como legisladores, se proponga un referendo sobre el cual, en última instancia, ellos mismos fallarán. Como se sabe, no hay en el país institución más desacreditada que el Congreso. Cualquiera opina que en el santuario de las leyes la moral es la luz que menos brilla, y que en el contenido y favor de sus decisiones domina el ‘partido’ del Congreso. El gremio de la clase política, como bien se indica en la infografía incluida en la página 13 de la presente edición.

Evidente y por supuesto, son ellos una parte del problema y de la indecencia. La otra descansa en el Ejecutivo y en el poder judicial, que, como lo indica con toda claridad Rafael Ballén en su artículo (pág. 10), estuvieron al tanto de la marcha y trapisondas de la reforma, que propiciaron y/o lo estimularon, haciéndose los desentendidos. No es conveniente dejarse enredar, por tanto, en el proceder con los referendos, a no ser que la mira sea la de ampliar la cuota de opinión pública.

Hay que avanzar con mayor iniciativa. Con lo sucedido con esta reforma, quedó demostrado una vez más que lo existente en Colombia es un Legislativo de bolsillo. Esta nueva prueba de que en el país se legisla, se juzga y se administra ad hoc desnuda que en la “democracia más antigua de América”, el llamado “Estado de derecho” no ha pelechado. Ya se trate del “articulito” que le permitió a Uribe gobernar cuatro años más, o de las leyes que privilegian a quienes las aprueban, como en el reciente caso, es claro que las normas se promulgan con miras a favorecer intereses particulares.

No hay que engañarnos. Ya se trate de reglas sobre comunicación, salud, educación o cualquier otro asunto, los intereses privados son fáciles de identificar detrás del espíritu de lo legislado. Y cuando, incluso así, una norma afecta a los privilegiados, aparece toda clase de leguleyadas que se traducen en “vencimiento de términos”, “casa por cárcel”, “permisos por buen comportamiento”, etcétera. El refrán popular que dice que “la ley es para los de ruana” es una muestra de que la norma entre nosotros nunca ha procurado, siquiera, el principio de la igualdad burguesa. Un Estado privatizado.

Lo que tiene el país ante sí es una mohosa maquinaria que por décadas ha servido a sus detentores -oligarquía-, así como a sus familias, relegando a la postración a las mayorías sociales; una oligarquía que no repara en valores sociales ni en ética ni en principios ni en sentido nacional y mucho menos en el sentido continental.

La fallida reforma puso ante los ojos de las mayorías nacionales, recordó con toda intensidad a todos/as, que estamos ante un gobierno de minorías, que no repara en procedimientos para mantener incólume los privilegios, con apariencia de ser como no es.

Esta es la realidad que nos lacera. Que atenta contra el bienestar de la nación desde hace décadas. Y si las cosas tienen ese tamaño, ¿por qué pretender que solo sean destituidos los legisladores? ¿Por qué no impulsar un inmenso esfuerzo social para que los destituidos también sean los representantes y todas las cohortes de los otros dos poderes?

¡Que se vayan todos! Así resumió su consigna la sociedad argentina en 2001 ante el robo de sus ahorros por parte del gobierno de entonces. Y aunque sus propósitos no se lograron a plenitud, sí obtuvieron un viraje parcial en su destino cargado de neoliberalismo.

¡Que se vayan todos!, ahora es el reto para la sociedad colombiana, hipnotizada por el legalismo, inmersa en ‘liderazgos’ y personalismos de pocas miras y atomizada, por tanto, en su acción social.

Entrevista en vídeo

Publicado enEdición 182
La lucha contra la pobreza necesita un origen popular del gobierno
Con un 21 por ciento de hogares bajo “Familias en Acción”, aún con la prevalencia de factores como seguridad, desempleo y pobreza, el Gobierno asume que Colombia es una economía emergente, atractiva para la inversión y el turismo, con expectativas de crecimiento en las próximas décadas. Además, yuxtapone que avance el proceso para su ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y pone el disco de “llegar a ser un país con prosperidad para todos” a partir de más seguridad, mayor empleo y menor pobreza, con la estrategia de “Familias en Acción”. Es ésta la lógica de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) con las cuales muchos países de América Latina buscan reducir el flagelo y el riesgo de los pobres.

Sin una cifra superior y permanente al 6 por ciento de crecimiento macroeconómico, más del 4,5 de los productos internos y de industrialización –guarismo de la economía capitalista, que no diferencia las cifras de desarrollo con bienestar general–, los países de América Latina, al servicio de los poderosos, no lograrán superar la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la contracción y sus estancamientos con sentido nacional. Este es un dato de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y su consultor, Claudio Loser. Con el hablar de la pobreza entre ceja y ceja, la elección del presidente Santos dejó el ambiente de ser favorecida por el voto de los beneficiarios de “Familias en Acción”, entre quienes corrió el rumor de que no continuaría el Programa si él no era elegido como el actual gobernante.

Al igual que todos los programas de TMC, “Familias en Acción” está inscrita en la lógica de subsidios a la demanda, con la cual el modelo económico, impuesto en América Latina desde mediados de los 80, atiende la política social. Luego de la crisis de deuda externa, los países de la región tuvieron que emprender grandes ajustes estructurales en la economía, con medidas como reducción de la demanda agregada, para controlar la inflación; apertura económica y comercial, flexibilización laboral, privatización y reformas fiscales. La reducción de la demanda agregada se tradujo en despidos masivos, inicialmente en el sector público, de donde trascendió a la empresa privada. Ello contribuyó grandemente al aumento del desempleo. El Programa “Familias en Acción”, en el país con el segundo lugar más desigual en el continente, con aplicación en los lugares que cumplen la selección del Sisben 1 de las familias de gran vulnerabilidad, según el Informe del Banco Mundial, tuvo un objetivo inicial que alcanzó las 400.000 familias.

Dado el aumento de las cifras de pobreza en el país, el Programa tuvo una expansión que en 2007 cubrió 1,5 millones de familias. A octubre 31 de 2002, “Familias en Acción” tuvo 407.076 unidades de éstas como elegibles y 362.403 (89 por ciento) como beneficiarias; para 2005 los beneficiarios fueron el 5 por ciento de la población total, y su atención representó un gasto del 0,09 del PIB, del cual el 90 por ciento fue financiado con crédito externo. Al cierre de 2010, según la página electrónica institucional, en su informe a la banca multilateral del segundo semestre de 2010, “Familias en Acción” estaba presente en 1.100 de los 1.102 municipios del país y registró 3.775.681 familias como elegibles, de las que beneficia a 2.327.689 (61,6 por ciento) en todos los departamentos del país.

Los programas de TMC, emprendidos por los Estados y que orienta y define el Banco Mundial, tienen como documentos orientadores básicos la Teoría del Manejo Social del Riesgo y el Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2000-2001 “Lucha Contra la Pobreza”, vistos en su Informe de 2009 como transferencias de dinero a familias pobres, “con la condición de que éstas [cumplan con contraprestaciones]”. Del mismo modo, apuntan al objetivo doble de reducir la pobreza en el corto plazo y prevenir su incidencia en el largo plazo. En América Latina, los primeros programas comenzaron a operar desde los años 90.

En efecto, fueron los primeros el de Brasil (1995) y el de México (1997). En Brasil, en principio hubo una descentralización por municipios y sectores de la política social, y desde 2003 el gobierno federal unificó los diversos dispositivos en el programa Bolsa Familia. En México, Progresa (actualmente Oportunidades) se creó en 1997, en un comienzo con cobertura a zonas rurales, aunque desde el primer momento con carácter centralizado. Estas dos iniciativas constituyen los programas modelo para reducir la pobreza, con expansión por la región: en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Brasil. Son programas que disminuyeron el ritmo para ejecutar las reformas, y flexibilizaron su aplicación en los casos de Colombia, Chile, Honduras, México, Panamá y Perú.

Estos programas, según una visión de capital humano, integran tres componentes: salud, nutrición y educación. Por ejemplo, el desembolso de un subsidio está sujeto al cumplimiento –casi siempre por la madre cabeza de familia– de los controles de talla y crecimiento de sus hijos. Así, transfieren dinero a sectores de población seleccionados por mecanismos de focalización. No superan ni pueden superar una concepción de política social, según la cual el Estado interviene en la población más pobre a través de subsidios en efectivo, tras identificar a la población que considera potencial beneficiaria para seleccionarla de acuerdo a criterios de elegibilidad preestablecidos –mecanismo de focalización–, en una perspectiva que evitan que el Programa llegue hasta la población que no cumple con los requerimientos y mucho menos alcance en forma efectiva a quienes igual o más debiera beneficiar. Estas reformas de ajuste precarizaron las condiciones laborales e incrementaron la pobreza.

El modelo con apertura económica indujo a la eliminación de aranceles, con lo cual los excedentes de producción de los países industrializados pudieron entrar libremente en estos mercados, a precios muy bajos. La industria nacional no estaba en condiciones de competir, y muchas pequeñas, medianas y hasta grandes empresas pasaron a liquidación, agudizándose el problema del empleo. La flexibilización laboral alentó la discrecionalidad de los empleadores para efectuar despidos y aumentar la productividad laboral. Implicó, además, el aumento de los períodos de prueba, la intermediación de la contratación, el trabajo a destajo, la eliminación del pago por horas extras, la privatización de la seguridad social, etcétera. La enajenación y la privatización de los activos estatales transcurren bajo el argumento de una mayor eficiencia de la administración privada, y con este recurso vienen más despidos y más desempleo.

Para 1980, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) reveló que el 40,5 por ciento de la población de la región está bajo la línea de pobreza. Dentro de este total, el 18,6 sobrevive en indigencia. Para 1990, la tasa de pobreza fue del 48,3 por ciento y la de indigencia del 22,5. Al comienzo del milenio, la situación no varió mucho: 42,5 y 18,1, respectivamente. Según el Plan Prosperidad para Todos, “actualmente el 46 por ciento de la población colombiana está en condición de pobreza y el 16 por ciento en condición de pobreza extrema”.

En Colombia: discurso con estrategia de bienestar y relegitimación del gobierno


El manejo de los programas desde la Presidencia, a fin de darles mayor transparencia, no ha tenido adecuada evaluación, por lo menos en Colombia, donde resulta muy conveniente para elegir gobiernos que garantizan continuidad en el modelo.

“Familias en Acción” busca promover y fomentar la acumulación del capital humano, sobre todo en municipios de menos de 100.000 habitantes y alta proporción de población rural. El componente de nutrición consiste en un subsidio monetario que entregan a las familias (núcleos familiares) beneficiarias con niños menores de 7 años de edad. En salud, contempla acciones que las familias beneficiarias deben realizar por obligación para participar en el Programa. En particular, las madres deben llevar sus hijos a controles de crecimiento y desarrollo, que incluyen vacunación y participación en algunos eventos sencillos de capacitación sobre prevención de salud. El componente más importante es el de educación.

Las transferencias monetarias llegan a las madres, conocidas como “mujeres cabeza de familia”, responsables de cumplir con las condiciones del Programa. Para educación, las transferencias tienen su ajuste a una asistencia escolar al menos de 80 por ciento y a que aprueben el año lectivo por dos veces consecutivas; en salud y nutrición, la familia debe garantizar la visita a los servicios de salud primaria para controles de crecimiento y vacunación.

Los ‘pañitos de agua tibia’ del Programa


En general, los Programas de TMC, expandidos a países de la región desde finales de los 90, materializan el concepto de políticas de lucha contra la pobreza, inherente al modelo económico neoliberal. Aunque su concepción comporta una lógica keynesiana de estímulo de la demanda; su aplicación es análoga a la de “corresponsabilidad” que orienta los subsidios al desempleo en Europa y Estados Unidos. La situación permite presumir una eficiente utilización de los recursos, en particular en el contexto del modelo.

No extraña que la evidente pauperización que conlleva el modelo haya alertado a diversos estamentos: Iglesia, académicos, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales, que invocaron la necesidad de hacer algo. En tal contexto, desde comienzos de los 90, las primeras medidas para reducir la pobreza mediante “redes de seguridad social”, financiadas mediante los denominados Fondos de Emergencia Social (FES), se manejaron en directo desde la Presidencia, a fin de evitar apetitos burocráticos y manejos clientelares.

Como fin estaba el de ubicar gente en situación de pobreza, para mitigar situaciones mediante subsidio monetario. Las redes resultaron insuficientes y muy criticadas por su carácter paliativo y residual, en especial del mecanismo de focalización. En el marco de la discusión resultó el origen de las TMC, en una visión de más largo aliento. Prima la creación de capital humano y desde una perspectiva del riesgo, y busca conjurar la reproducción generacional de la pobreza.

La acogida de los Programas de TMC coincide con la reducción constante de la pobreza en la región (cerca de 13 puntos en el lapso 2004-2010), aunque su incidencia no está claramente determinada. Incluso, organismos como la Cepal, PNUD y el Banco Mundial evitan afirmaciones precisas en tal sentido. Llama la atención que algunos países que pusieron en marcha estos Programas lo hicieron mediante flexibilización de sus políticas de ajuste macroeconómico. Tales los casos de Argentina, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Uruguay y Brasil, que coinciden con los de mayor reducción de la pobreza en 2010. En contraste, otros, en los cuales prevalecen políticas de ajuste menos eclécticas, como Honduras y México, registraron aumentos en sus tasas de pobreza, en tanto que Colombia registró una reducción por debajo del promedio regional (Cepal, Panorama Social 2011).

Hoy, “Familias en Acción” se articula en el recién creado Departamento Administrativo para la Prosperidad, pero prevalece su funcionamiento en el marco de subsidios condicionados que establece el modelo económico. Mientras, el Plan de Desarrollo propende por la reprimarización económica, en especial con el fortalecimiento de la actividad minero-energética, de la que cabe poco esperar en cuanto a empleo y desarrollo social, lo que lleva a pensar que quizá, como lo prevé el propio Plan, el progreso económico y la eliminación de la pobreza sea solamente un sueño de prosperidad.

*Economista, Magíster en Análisis de Problemas Económicos y Políticos Internacionales.


El proceso de selección para los beneficiados


El Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisben) que efectúa el proceso de selección de “Familias en Acción”, que atiende zonas rurales y urbanas, exige en estas áreas cumplir con criterios básicos de elegibilidad, como la presencia de un banco y la existencia de una oferta adecuada en educación y salud. El programa selecciona a familias de Sisben 1, de gran vulnerabilidad. No se apoya en salud y nutrición a las familias Sisben 1 cuyos hijos sean menores de 6 años de edad en Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar.

El ajuste fiscal con la reducción del gasto público produce la abolición de la oferta asistencial del Estado para pasar a un sistema de subsidios a la demanda. En este esquema, a las personas sin oportunidad para la satisfacción de sus necesidades básicas les otorgan un subsidio monetario para que las solvente mediante la adquisición del bien pertinente, ya que, de hecho, la existencia de tal población es considerada por el Banco Mundial mismo como un “fallo del mercado” y la transferencia cumple la función de incluir al individuo en su dinámica. Es en aras de la eficiencia del gasto y de la asignación de los recursos como estas personas son identificados mediante los ya descritos mecanismos de focalización.

Publicado enEdición 182
El realismo mágico-político de América Latina
En el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, el escritor colombiano Gabriel García Márquez nos cuenta que un compañero de viaje de Magallanes, el florentino Antonio Pigafetta, en su paso por las Américas, decía haber visto un animal “con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo”, en una narración que no tenía los más pequeños visos de pretenderse fantasiosa. Se trataba, en realidad, de una creencia firme del navegante.

El escritor, con esto, quiso apuntalar que el “realismo mágico” no es un invento de la literatura sino un aspecto constitutivo de nuestra realidad o, quizá, de la percepción enfebrecida que propios y extraños queremos tener de lo que sucede en los trópicos. Hoy, cuando Latinoamérica, y en forma más específica Suramérica, se ha vuelto a poner de moda, ya no por cuenta de los Carpentier, Cortázar o García Márquez sino por apellidos como Chávez, Morales o Correa, parece que nos nuevamente atacan visiones de engendros de todo tipo: para el imaginario de algunos, se trata de endriagos a punto de acabar con los valores occidentales, mientras que, para otros, de colosos hiperhéroes salvadores de las más diversas utopías.



Los gobiernos actuales de Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador y Argentina, entre otros, son objeto de todo tipo de especulaciones acerca de su verdadera dimensión, así como de sus perspectivas hacía el mañana. Estos procesos, así como quienes los encarnan, son vistos por la derecha más extrema como la puerta de entrada al “imperio del mal”, y desde la visión de la izquierda más radical como un experimento del capitalismo que ensaya con “gerentes rojos” conciliadores y mediáticos. No debemos olvidar, claro está, los argumentos de los más conspicuos defensores que ven en tales procesos el amanecer de un “nuevo mundo” y el irreversible viaje hacía los sueños más esperados.

En todas esas visiones tan diversas, sin embargo, hay un aspecto en común que bien vale la pena remarcar y es que, salvo las miradas más obtusas, el fenómeno tiene aspectos novedosos. Chávez no puede ser calificado de Castro ni de Perón (ni siquiera a los Kirchner, que se reclaman peronistas, se los compara con éste), como tampoco se encasilla a Correa o Evo con procesos del pasado, o el presente de otras latitudes. ¿Después de tantos siglos, hemos venido a descubrir que en nuestro continente sí existen realmente animales con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo?

El vaso medio lleno


No se puede considerar coincidencia ni asunto despreciable que políticos como el líder de la izquierda francesa Jean-Luc Melenchon dijera en su campaña que Chávez, Correa y Lula son los inspiradores de su programa político, o que intelectuales de indudable reputación como Noam Chomsky consideren que el futuro del altermundismo pasa por la consolidación de los actuales movimientos políticos progresistas de América Latina. El asunto obliga a preguntar por las razones de las simpatías tan diversas que, en el campo de lo alternativo, despiertan los procesos políticos no ortodoxos de esta parte del continente.

No cabe duda de que el reacomodamiento de los poderes internacionales es uno de los hechos políticos de mayor relevancia en las dos últimas décadas. El paso de la guerra fría al unilateralismo norteamericano –primero– y luego muy rápidamente al multilateralismo es propiciado por el ascenso chino, y altera no sólo los intereses sino también las urgencias geopolíticas. América Latina no ha sido ajena a ese remezón, pues, de ser en lo esencial un campo de disputa por su cercanía a los Estados Unidos (recuérdese la llamada “crisis de los mísiles”, por la intención de la URSS de instalar bases nucleares en Cuba, en 1962), y por tanto representar un cinturón de seguridad de la potencia del Norte, pasa a ser un territorio marginal primero y de reserva de recursos naturales en la actualidad. Sin que, claro está, desaparezca por completo el interés geoestratégico, que ahora cambia de sentido. Los golpes de Estado en Honduras y Paraguay son una prueba indiscutible de esto.




El multilateralismo posibilita la diversificación de los mercados, que, con el cambio de polaridad en la división internacional del trabajo, ha terminado por degradar de manera importante los lazos que tradicionalmente han atado al subcontinente con su poderoso vecino anglosajón. Ello hace indiscutible que, en términos materiales, se dé un relativo desenganche de Washington.

Brasil fue el primer país suramericano en el que las corrientes totales del comercio exterior con China superaron las realizadas con los Estados Unidos, hasta el punto de que, si hoy se suman las exportaciones y las importaciones sostenidas entre el gigante asiático y el suramericano, superan en 23 por ciento las realizadas entre las economías de Estados Unidos y Brasil. Caso especial parece ser el de Chile, que –junto con México y Colombia– pertenece al grupo de los más pronorteamericanos pero que, pese a ello, en sus relaciones de compra-venta con China muestra hoy un flujo superior en 57 por ciento a las que realiza con Estados Unidos.

Tan solo en los últimos 10 años, Latinoamérica y el Caribe han disminuido su flujo de exportaciones hacia los llamados países industrializados en 13 por ciento (descenso debido en lo esencial a las reducciones de las exportaciones a Estados Unidos), y las ha reorientado a otras “economías en desarrollo” (fundamentalmente China). El 55 por ciento del total de cobre importado por China entre 2007 y 2009 tuvo su origen en países de América Latina (el 30 por ciento, comprado a Chile). Igualmente, más del 95 por ciento del aceite de soja es de origen latinoamericano (73 por ciento argentino), lo que muestra que la base material de las relaciones internacionales se está alterando de forma sustantiva.

Y es a esa nueva situación a la que debemos remitirnos para entender que lo más visible –y quizá lo más importante de los procesos no ortodoxos del subcontinente– se refiere a las posiciones asumidas en la política internacional. De una sumisión absoluta a los dictados de Washington, se pasa a esgrimir un discurso más autónomo que incluso alcanza tonos desafiantes en algunos escenarios.

La renacionalización de los recursos naturales en algunos casos y la participación mayoritaria del Estado en la estructura accionaria de las otrora empresas estatales, como en el reciente caso de la expropiación de las acciones de Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que le dio mayoría al Estado argentino en la toma de decisiones de esa empresa, se deben enmarcar en las nuevas posibilidades que brinda el multilateralismo económico.

Que figuras históricas como Bolívar y Artigas se hayan desempolvado con tanta fuerza es entendible si recordamos que a los dos los angustiaba la perspectiva de que los nacientes Estados tuvieran que enfrentarse separadamente a las grandes potencias. Su fracaso terminó facilitando la imposición de un panamericanismo en el que la doctrina Monroe de “América para los americanos” (entendida como “para los norteamericanos, los estadounidenses”), se convirtió en una realidad. Hoy, retomar la meta de la integración parece posible, y de allí que organizaciones como Unasur y Celac, en una dimensión más general, o Mercosur y Alba en una más regional, puedan presentarse realmente como hechos rompedores con el pasado.

El peso creciente de las empresas estatales en el sector primario y de las privadas locales en las manufacturas (ver gráfico) puede señalarse, entonces, como uno de los giros más importantes de los últimos años y que invitan a reflexionar en forma diferente sobre nuestra realidad. La reducción de la extrema pobreza en países como Venezuela, de poco más del 40 por ciento en los 90 a poco menos del 10 en la actualidad; el crecimiento sostenido de la Argentina a tasas superiores al 7 por ciento desde 2003, acompañado de medidas como la renacionalización del sistema de pensiones en octubre de 2008, y el desvertebramiento de la autonomía del Banco Central en 2010, sin que se derrumbara el país –como lo auguraban los economistas neoliberales–, así como el ascenso de Brasil como sexta potencia mundial, son hechos que han ayudado a desmontar el pensamiento único y le han abierto campo a la heterodoxia. La región fue, con Chile, el ratón de laboratorio del primer experimento neoliberal, y la Venezuela de Chávez, que llegó al poder como efecto del caracazo, inauguró un discurso que desnuda el fracaso del modelo iniciado en Chile.

Sin embargo, la estructuración de una nueva división internacional del trabajo, impuesta con la aceleración de los procesos globalizadores, ha dejado una profunda herida en la estructura económica de buena parte de América Latina, que la ha conducido a un proceso de reprimarización de su economía y además ha regresado a la mayoría de sus países a la condición de monoexportadores.

El vaso medio vacío


Neoextractivismo es el término acuñado por algunos analistas para describir las actuales condiciones económicas de nuestros países. Lo nuevo surge de la condición jurídica que les da a los Estados la propiedad o la mayoría accionaria de algunas de las más importantes empresas que explotan los recursos del subsuelo, y que de alguna manera rompe con los prejuicios ortodoxos del “menor Estado posible”. Sin embargo, son múltiples los riesgos que se derivan de hacer depender la economía de la venta de recursos con muy bajo valor agregado. La volatilidad de los precios de este tipo de productos, así como las bajas tasas de empleo que generan, son quizá los más conocidos.

Pero, además de eso, los efectos sobre el entorno físico y cultural no son hechos menores, pues el continente en general, y los gobiernos no ortodoxos en particular, han optado por un tipo de minería de gran escala que amenaza los ecosistemas estratégicos. El proyecto Yasuni, en Ecuador, es quizás el ejemplo más icónico del conflicto entre ambiente y economía, pues el hallazgo de petróleo en la que se considera la región más biodiversa del mundo llevó a que se pactara que ese país no explotaba ese subsuelo pero la comunidad internacional pagaba el equivalente para que la explotación no tuviera lugar.

No es el único caso, y hoy por hoy se puede señalar que una de las causas más importantes de conflictividad social tiene que ver con la defensa, por parte de las comunidades, de ecosistemas que éstas consideran básicos para su supervivencia. El proyecto Conga, en Perú, frente al cual las comunidades resisten la explotación de oro –pues afecta sus fuentes hídricas–, y el del Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), zona de conservación que se pretende atravesar con una carretera, son en muchos aspectos los casos más representativos de esa disputa entre pachamamistas y neodesarrollistas que hoy amenaza con convertirse en la nueva gran división de la izquierda latinoamericana. La ‘sojización’ del sur y la explotación de grandes extensiones de cultivos transgénicos, dependientes en gran medida de multinacionales como Monsanto, es uno de los grandes interrogantes que despiertan administraciones como las de Brasil, Argentina y Uruguay.

Pero los problemas no paran ahí. Que el subcontinente dependa en forma creciente de las rentas del subsuelo, o de las derivadas de las grandes explotaciones agrícolas, hace de la política un ejercicio basado en el subsidio como medida central de la redistribución del ingreso, lo que conforma para los grupos subordinados una cultura de minusvalía que los marginaliza aún más como “mantenidos”. Programas como Bolsa Familia, que el gobierno de Lula da Silva estableció en Brasil en 2003; Juntos de Perú, que se inició en 2005; Puente en Chile (como parte integrante de Chile Solidario), iniciado en 2002, o Familias en Acción en Colombia, en el 2000, todos del tipo de subsidio directo a las familias más marginadas, son muestra que esta política no diferencia a gobiernos ‘progresistas’, de ‘centro’ o de derecha, sino que son consecuencia de una estructura rentística de la economía.

Se debe tener claro que la superación del panamericanismo monroísta es una política digna de ser apoyada por todos los matices alternativos, pero esta no puede ser una meta en sí misma, pues el logro de la emancipación política no puede ser distinto de la base de una real búsqueda de objetivos como la soberanía alimentaria, la autonomía cultural, la redistribución de la riqueza y en general todos los aspectos que reclama un “buen vivir”. Si la izquierda latinoamericana quiere realmente ser faro en el acontecer mundial, tiene una tarea titánica por delante: definir claramente y sin ambigüedades su utopía.
Publicado enEdición 182
Frustrante situación salarial en la fuerza pública
La lectura de crónicas en los distintos medios de comunicación, lo que se ventila a través de internet, el debate corriente persona a persona, lo que expresan en diferentes eventos los voceros de las organizaciones de la reserva activa, lo expuesto en audiencias públicas por miembros de los órganos legislativo y ejecutivo de la República, llevan a la conclusión de que no existe claridad ni deseos de resolver bien este crucial asunto.

La aseveración coincide con la actual distribución de la remuneración en la institución armada. El cuadro “Fuerza pública, estructura salarial año 2012” muestra un deprimente grado de inequidad, que no dudo en rechazar.

Este absurdo reparto del ingreso personal en la Fuerza Pública (FP) tuvo origen en errores entre los que se destacan: 1) La suspensión en 1986 de la nivelación salarial iniciada en 1981; 2) No dar a este proceso la continuidad ordenada en el artículo 13 de la Ley 4 de mayo 18 de 1992; 3) El desconocimiento de derechos adquiridos a la FP, cuando se modificó el punto de partida de la EGP por promulgar en forma correcta, al reducir la remuneración del general de ser “igual en todo tiempo y por todo concepto a la de los Congresistas”1, por otra inferior: “igual en todo tiempo a lo que devengue un Ministro del despacho ejecutivo como asignación básica y gastos de representación…”2; 4) No haber promulgado tal EGP antes de 1993, lo cual era indispensable a fin de cumplir el plan trazado en el Decreto 25 de 1993 para realizar la nivelación ordenada; 5) La decisión de incrementar 3,8 veces (equivalente a un 281%) los sueldos más elevados del Estado en el lapso enero 1992 a enero 1993, mientras el salario mínimo subió un 25% y los nuestros un modesto 35%; y 6) A los intereses creados y la negligencia estatal que conspiraron contra la anhelada nivelación salarial.


Ante el silencio estatal, presentamos al Gobierno un proyecto de nivelación considerado y conciliatorio en 1994, que es así:



No cabe duda. Este cuadro muestra una distribución de sueldos institucional justa, digna y equilibrada, sin ser la óptima. Tampoco corrige la discriminación de negarnos un reajuste salarial igual al 7,67%, que otorgó la Contraloría General de la República a los sueldos más elevados del Estado. A pesar de que es inferior a la EGP que se pagó en 1980, no es tan lesiva como la que se ve en el primer cuadro, donde los grados y empleados del segmento comprendido entre teniente coronel y adjunto quinto perciben una remuneración menor al 29,18% con relación a la del general.

* Capitán del Ejército en retiro. Economista, Universidad Externado de Colombia.
2 Decreto 335 de febrero 24 de 1992. Precepto aplicado entre enero 1° de 1981 y mayo 31 de 1992.
3 Decreto 921 de junio 2 de 1992.
Publicado enEdición 182
"Dimisión" y "referendo", reclaman a Rajoy miles de españoles en 80 ciudades
Madrid, 19 de julio. Centenares de miles de personas salieron a las calles de 80 ciudades españoles para expresar su malestar por la política de recortes y de mutilación del Estado del bienestar llevada a cabo por el actual Ejecutivo, del conservador Mariano Rajoy, al que exigieron su "dimisión" y que convoque "referendo" o "elecciones anticipadas". La manifestación en Madrid reunió a más de 800 mil personas, entre las que se contaban funcionarios públicos –maestros, bomberos, médicos, policías, militares, jueces, fiscales y burócratas de los tres niveles de gobiernos–, que se sumaron a la convocatoria de los principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). La marcha también fue respaldada por el movimiento 15M o de los indignados, que iniciaron hace poco más de un año una de las respuestas sociales más activas en la historia del país contra la política neoliberal dictada desde la Unión Europea (UE).


Esta nueva movilización masiva se convocó por el mismo motivo por el que se han intensificado las marchas y protestas desde el pasado miércoles: la aprobación de un nuevo y durísimo plan de recortes del gobierno, que pretende suprimir de un plumazo 65 mil millones de euros del gasto público en dos años, afectando sobre todo a las clases medias y bajas, y a los sectores más desfavorecidos, como los desempleados, las personas del plan de dependencia, funcionarios públicos y pensionistas.


Este paquete se suma a las medidas adoptadas por el gobierno desde su llegada al poder hace sólo siete meses, el cual, a través de 20 decretos leyes –fórmula vertical e impositiva para cambiar la legislación–, ha adoptado medidas tan severas como el incremento a 21 por ciento del IVA, la eliminación del plan de dependencia, el aumento de impuestos directos como el IRPF, y recortes por más de 20 mil millones de euros en las dos áreas más sensibles: educación y salud.


Desde la llegada al poder del PP se han llevado a cabo más de mil 450 manifestaciones, pero la de esta jornada es especial, tanto por el número de manifestantes como por la singularidad de que por primera vez se ha logrado la unidad absoluta de todos los sectores agraviados con los recortes.


Los sindicatos convocaron las marchas en 80 ciudades, a las cuales de inmediato se adhirieron funcionarios públicos de todos los sectores, mineros, desempleados, indignados, estudiantes, padres de familia, pensionistas y ahora también empresarios del pequeño y mediano comercio, afectados por el incremento del IVA y de los impuestos.


En todas las marchas se reprodujeron las consignas, que han sido habituales en las movilizaciones de los últimos días: "Rajoy, dimisión" –nunca antes un mandatario español logró que en tan poco tiempo se exigiera su renuncia de forma tan masiva y contundente–,"Manos arriba, esto es un atraco" y "¡Que se jodan!" (palabras ya históricas de la diputada Andrea Fabra sobre los desempleados). Las marchas iban presididas por enormes pancartas en las que se leía: "Impedir que nos arruinen".


Barcelona y Madrid fueron los escenarios de las manifestaciones más multitudinarias, con lo que ni las altas temperaturas de más de 35 grados, ni que se hayan convocado en jueves, evitó que la gente saliera a expresar su profundo malestar tanto contra el gobierno como contra los responsables del PP.


El líder sindical Cándido Méndez explicó que "no hay ningún referente de la magnitud del atropello que el gobierno está haciendo. Estamos en una agresión multidireccional. Esto afecta a 99.99 por ciento de la población. Además la sociedad percibe que la política del gobierno es suicida en términos económicos, porque va a provocar una mayor depresión de la actividad económica y fuerte aumento del desempleo, con lo que llevarán al país a la ruina".


Durante las protestas también acusaron al gobierno de incurrir en un "fraude democrático", pues aplica un programa que es justo lo contrario de lo que prometió durante la campaña electoral. Este es el argumento que han usado los partidos políticos de oposición para reclamar la convocatoria a un "referendo", con el propósito de consultar a la sociedad sobre el mayor hachazo al Estado del bienestar en la historia del país.


Sabotaje policiaco


El malestar y la indignación han llegado a tal nivel, que por primera vez se protagonizó un sabotaje de los policías contra su propio cuerpo. Se informó que durante la madrugada fueron ponchadas las llantas de 97 furgonetas con las que se trasladan miembros de grupos antidisturbios.
Publicado enInternacional
Viernes, 20 Julio 2012 06:26

“Están desmantelando todo”

“Están desmantelando todo”
Con un ojo en las movilizaciones de protesta masivas en España, tras los últimos recortes de Mariano Rajoy, y con otro en las repercusiones del paso de la delegación parlamentaria, que estuvo observando la situación en Paraguay: así andaba ayer por la tarde la eurodiputada Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Galego, integrante del Grupo Verde-Alianza Libre Europea, que con 58 miembros constituye el cuarto bloque en importancia de ese Parlamento con sede en Bruselas. Allí, tres meses atrás, fue abucheada por sus pares españoles por oponerse a que se sancionara al Estado argentino por la expropiación de YPF: “Soberanía de los países y derecho al autoabastecimiento”, planteó entonces. “Fue curioso, pero esta posición repercutió mucho más que mis planteos sobre Galicia”, se reía ayer a la tarde en Buenos Aires, escala en su regreso hacia sus pagos, convulsionados por la fase de groseros ajustes neoliberales, de los que esta legisladora es crítica férrea.


–Como opositora al Partido Popular, tendría bien analizado a Rajoy (que también es gallego). ¿Le sorprendió, de todos modos, la virulencia de sus medidas?


–No, es lo que esperábamos. Quizá las últimas, que él presentó a los diputados, son demasiado excesivas. Y son, sobre todo, demasiado próximas a las anteriores. Pero sí, esperábamos esta agenda de reducción de derechos, de falta de inversión pública, de achique del sistema social y del Estado de Bienestar. Están desmantelando todo. Han puesto copago en la sanidad, que era uno de los baluartes del Estado español. Rajoy responde a los dictados de Merkel y del FMI, que están marcando la hoja de ruta para las políticas sociales europeas, pero están haciéndolo muy mal, de un modo muy incisivo, alejado de la gente. La falta de empleo es un problema tremendo y no hay estímulos para recomponer eso, están dejando morir a las pequeñas y medianas empresas. La gente pierde sus casas porque no puede pagar las cuotas. Es una vuelta atrás muy grande. Con el anuncio de las últimas medidas, hasta algunos diputados del PP se sorprendieron. Y esto no ha hecho más que empezar. Los funcionarios, que allí son los empleados públicos, son medio país: el recorte de sus pagas va a traer consecuencias muy graves.


–Hay un crescendo en las protestas sociales. ¿Qué repercusiones cree que traerán?


–Los partidos de izquierda, algunos incluso periféricos, veníamos anunciando lo que se avecinaba: nos tomaban por derrotistas, pesimistas. Por desgracia, lo que observábamos se viene dando. La protesta del 15-M supuso una gran dinámica, que despertó la conciencia de mucha gente; pero no acabó de cuajar la cosa, porque Rajoy fue electo y eso significó una decepción. Creo que los movimientos sociales van anticipados a la sociedad, pero las organizaciones políticas vamos algo detrás: hay un desfasaje todavía. Ahora empieza a reaccionar la gente que hasta aquí no protestaba por nada, que estaba en su casa y veía la crisis, conformista. El tema de las cuentas “preferentes”, por ejemplo, que es una especie de corralito, derivó en muchos ancianos haciendo piquetes en los bancos, por ejemplo, con legítimo derecho. Las movilizaciones que hay hoy sí parecen importantes y muy masivas: a ver si esto alienta a un pacto social contra esas medidas de austeridad. Hasta ahora, frente a lo que viene pasando, veía a una sociedad un poco aletargada.


–Vienen viéndose, también, muestras de represión.


–Cada vez que hay alguna manifestación se dan palos. Es verdad que la policía está más democrática, pero de acuerdo con el gobierno de turno en las autonomías, baja la línea a los cuerpos de seguridad: en Valencia o en Madrid, donde gobierna el PP, hay un recrudecimiento. Se empieza a notar una suave criminalización de las protestas. Antes la excusa era ETA y ahora serán los movimientos sociales.

–¿Piensa que la situación en España alcanzará la gravedad de la de Grecia?


–Ojalá que no, pero con este ritmo de ajustes... La prima de riesgo sigue subiendo, a pesar de que se aplica lo que piden. El riesgo de caer y ser intervenidos es enorme. Y en el caso del Estado español, por tener un sistema autonómico, sería muy complicado y llevaría a un fracaso político que podría derivar en que la UE explote. La intervención en Grecia ya dejó a la Zona Euro en una situación muy grave.


–¿Cuál es su opinión sobre Merkel y su política?


–No se conforma con nada. Alemania es un país exportador por excelencia y su Estado ha encontrado en la UE un sistema perfecto para enviar sus mercancías a todas partes y para dictar qué hace cada Estado. ¿Cómo es posible que Galicia, que tiene una industria naval potentísima, no tenga carga de trabajo? Porque no podemos construir barcos por una restricción europea. Los astilleros alemanes, sin embargo, van bárbaro. Alemania ha concebido una política comercial, pero no hay una equivalencia en lo social y en lo fiscal. Aquí hay un problema de centro y periferia. Exige políticas de austeridad para que la UE se salve, pero ellos, mientras, suben su renta.
Publicado enInternacional
‘Eurocrisis’ no tiene salida viable, asegura Nobel de Economía
El premio Nobel de Economía Paul Krugman considera que los países de la zona euro tienen dos maneras de salir de la crisis. El problema es que ambas opciones para combatir la recesión son casi imposibles, ya que ninguna conviene a Alemania.”El papel de Berlín en la toma de decisiones es clave y el Banco Central Europeo (BCE) se atreverá a actuar sólo con el consentimiento del gobierno alemán”, sostiene el economista.

 
Una posible salida pasaría por una compra agresiva de la deuda periférica por parte del BCE que cubriera los costos de préstamos de España e Italia, dejando en claro que van a promover “políticas monetarias expansivas”. Sin embargo, ello impulsaría la inflación en Alemania y contribuiría a restablecer la competitividad entre Alemania y la periferia.

 
“Eso puede funcionar… pero va a ser aún muy doloroso”, dijo Krugman citado por Business Insider.

 
No obstante, la opción es poco probable ya que aumenta las presiones inflacionarias en Alemania.

 
La segunda opción, según Krugman, consistiría en que el BCE soltara completamente todas las palancas de control existentes. En este caso, llegaría a su fin el sistema del euro y el bloque se enfrentaría a una serie de quiebras endémicas de los bancos regionales, y a las salidas masivas de capital y denominación de monedas.

 
“Parece imposible que los alemanes vayan a permitir que se desintegre un proyecto como este”, opina Krugman.

 
“Yo diría que está en un 50/50 … O los alemanes tienen que aceptar algo que consideran inaceptable, o tienen que aceptar algo, la desaparición del euro, que consideran inaceptable”.

 
Pronósticos anteriores del experto no auguraban nada bueno para la Unión Europea. Según Krugman, la pertenencia a la zona euro fue “una mala idea”, ya que la economía de los países periféricos son susceptibles de sufrir un “peligro extremo con un resultado difícil” y los recortes presupuestarios no ayudarán a esas naciones.

 
“Es posible que al final, todos coincidan en que el euro fue un error”, dijo el economista el pasado mes de febrero.


 18 Julio 2012

 
(Tomado de Russia Today)

Publicado enInternacional
Miércoles, 18 Julio 2012 20:12

Estados Unidos, Venezuela y Paraguay

Estados Unidos, Venezuela y Paraguay
La política externa norteamericana en América del Sur sufrió las consecuencias totalmente inesperadas de la prisa de los neogolpistas paraguayos en asumir el poder, con tamaña voracidad que no podían esperar  hasta abril de 2013, cuando se llevarán a cabo las elecciones, y ahora articula todos sus aliados para intentar  revertir la decisión del ingreso de Venezuela [al Mercosur]. La cuestión de Paraguay es la cuestión de Venezuela, de la disputa por la influencia económica y política en América del Sur.
 
 

Los medios conservadores salieron a socorrer a los neogolpistas

 

1. No se pueden entender las peripecias de la política sudamericana sin tomar  en cuenta la política de los Estados Unidos para América del Sur. Los Estados Unidos todavía son el principal actor político en América del Sur y debemos comenzar por la descripción de sus objetivos.
 
2. En América del Sur, el objetivo estratégico central de los Estados Unidos, que, a pesar de su debilitamiento, continúa siendo la mayor potencia política, militar, económica y cultural del mundo, es incorporar todos los países de la región a su economía. Esta incorporación económica lleva, necesariamente, a un alineamiento político de los países más débiles con los Estados Unidos en las negociaciones y en las crisis internacionales.
 
3. El instrumento táctico norteamericano para alcanzar este objetivo consiste en promover la adopción legal, por los países de América del Sur, de normas de liberalización más amplia del comercio, de las finanzas y de las inversiones, de los servicios y de “protección” a la propiedad intelectual a través de la negociación de acuerdos en nivel regional y bilateral.
 
4. Éste es un objetivo estratégico histórico y permanente. Una de sus primeras manifestaciones ocurrió en 1889 en la 1ª Conferencia Internacional Americana, que se realizó en Washington, cuando Estados Unidos, que ya era la primera potencia industrial del mundo, propuso la negociación de un acuerdo de libre comercio en las Américas y la adopción, por todos los países de la región, de una misma moneda: el dólar.
 
5. Otros momentos de esta estrategia fueron el acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Canadá,  el TLCAN (Área de Libre Comercio de América del Norte, que incluye además de Canadá a México); la propuesta de creación de un Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA; y, finalmente, los acuerdos bilaterales con Chile, Perú, Colombia y con los países de América Central.
 
6. En este contexto hemisférico, el principal objetivo norteamericano es incorporar Brasil y Argentina, que son las dos principales economías industriales de América del Sur, a este gran “conjunto” de áreas de libre comercio bilaterales, donde las reglas relativas al movimiento de capitales, a las inversiones extranjeras, a la defensa comercial, a las relaciones entre inversores extranjeros y Estados serían no sólo las mismas, sino que permitirían la plena libertad de acción para las megaempresas multinacionales y reducirían al mínimo la capacidad de los Estados nacionales para promover el desarrollo, aunque sea desarrollo capitalista, de sus sociedades y de proteger y desarrollar sus empresas (y capitales nacionales) y su fuerza de trabajo.
 
7. La existencia del Mercosur, cuya premisa es la preferencia en sus mercados de las empresas (nacionales o extranjeras) instaladas en los territorios de Argentina, Brasil,  Paraguay y Uruguay en relación a las empresas que se encuentran fuera de ese territorio y que pretende expandirse en el intento de construir un área económica común, es incompatible con el objetivo norteamericano de liberalización general del comercio de bienes, de servicios, de capitales, etc., que beneficia  a sus megaempresas, naturalmente mucho más poderosas que las empresas sudamericanas.
 
8. Por otro lado, un objetivo (político y económico) vital para Estados Unidos es asegurar el suministro de energía para su economía, pues importa 11 millones de barriles diarios de petróleo, 20% de los cuales provienen del Golfo Pérsico, área de extraordinaria inestabilidad, turbulencia y conflicto.
 
9. Las empresas norteamericanas fueron responsables por el desarrollo del sector petrolífero en Venezuela a partir de la década de 1920. Por un lado, Venezuela tradicionalmente suministraba petróleo a Estados Unidos y, por otro lado, importaba equipamiento para la industria petrolera y los bienes de consumo para su población, inclusive alimentos.
 
10. Con la elección de Hugo Chávez, en 1998, sus decisiones de reorientar la política externa (económica y política) de Venezuela en dirección a América del Sur (principal, pero no exclusivamente, en dirección a Brasil), así como de construir la infraestructura y diversificar la economía agrícola industrial del país romperían la profunda dependencia de Venezuela con relación a Estados Unidos.
 
11. Esta decisión venezolana, que afectó frontalmente el objetivo estratégico de la política exterior norteamericana de garantizar el acceso a fuentes de energía próximas y seguras, se tornó aun más importante en el momento en que Venezuela se convirtió en el país con mayores reservas de petróleo, en un momento en que la situación del Oriente Medio es cada vez más volátil.
 
12. Desde entonces se desencadenó una campaña mundial y regional de los medios contra el Presidente Chávez y Venezuela, buscando demonizarlo y caracterizarlo como dictador, autoritario, enemigo de la libertad de prensa, populista, demagogo, etc. Venezuela, según los medios, no sería una democracia. Y crearon una “teoría” según la cual, aunque un presidente haya sido electo democráticamente, él, al no “gobernar democráticamente”, sería un dictador y, por lo tanto, podría ser derribado. Es más, ya hubo un intento de golpe en 2002 y los primeros líderes que reconocieron el “gobierno” que emergió de ese golpe en Venezuela fueron George Walker Bush y José María Aznar.
 
13. A medida que el Presidente Chávez comenzó a diversificar sus exportaciones de petróleo, principalmente a China, sustituyó a Rusia en el suministro energético de Cuba y comenzó a apoyar a los gobiernos progresistas electos democráticamente, como los de Bolivia y Ecuador, empeñados en enfrentar a las oligarquías de la riqueza y del poder, los ataques se duplicaron orquestados en todos los medios de la región (y del mundo).
 
14. Esto ocurrió a pesar de no haber dudas sobre la legitimidad democrática del Presidente Chávez, que desde 1998 disputó doce elecciones que fueron consideradas, todas ellas, libres y legítimas por observadores internacionales, incluyendo el Centro Carter, la ONU y la OEA.
 
15. En 2001, Venezuela presentó, por primera vez, su candidatura al Mercosur. En 2006, después del término de las negociaciones técnicas, el Protocolo de adhesión de Venezuela fue firmado por los presidentes Chávez, Lula, Kirchner, Tabaré y Nicanor Duarte, de Paraguay, miembro del Partido Colorado. Comenzó entonces el proceso de aprobación del ingreso de Venezuela por los Congresos de los cuatro países, bajo una cerrada campaña de la prensa conservadora, entonces preocupada con el “futuro” del Mercosur que, bajo influencia de Chávez, podría, según ella, “perjudicar” las negociaciones internacionales del bloque, etc. Aquella misma prensa que habitualmente criticaba al Mercosur y que abogaba por la celebración de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, etc., en lo posible de forma bilateral, y que consideraba la existencia del Mercosur una traba para la plena inserción de los países del bloque en la economía mundial, empezó a preocuparse por  la “sobrevivencia” del bloque.
 
16. Aprobado por los Congresos de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Venezuela, el ingreso de Venezuela empezó a depender del Senado paraguayo, dominado por los partidos conservadores representantes de las oligarquías rurales y del “comercio informal”, que comenzó a ejercer un poder de veto, influenciado en parte por su oposición permanente al Presidente Fernando Lugo, contra quien intentó abrir 23 procesos de “impeachment” desde su asunción en 2008.
 
17. El ingreso de Venezuela en el Mercosur tendría cuatro consecuencias: dificultar la “remoción” del Presidente Chávez a través de un golpe de Estado; impedir la eventual reincorporación de Venezuela y de su enorme potencial económico y energético a la economía norteamericana; fortalecer el Mercosur y tornarlo aun más atractivo para la adhesión de los demás países de América del Sur; dificultar el proyecto permanente de Estados Unidos, de creación de un área de libre comercio en América Latina, ahora por la eventual “fusión” de los acuerdos bilaterales de comercio, de la cual el acuerdo de la Alianza del Pacífico es un ejemplo.
 
18. Así, el rechazo del Senado paraguayo a la aprobación del ingreso de Venezuela al Mercosur se tornó una cuestión estratégica fundamental para la política norteamericana en América del Sur.
 
19. Los líderes políticos del Partido Colorado, que estuvo en el poder en Paraguay durante sesenta años, hasta la elección de Lugo, y los del Partido Liberal, que participaba del gobierno de Lugo, seguramente evaluaron que las sanciones contra Paraguay en consecuencia del “impeachment” de Lugo serían principalmente políticas, y no económicas, limitándose a que Paraguay no podrían participar eneuniones de Presidentes y de Ministros del bloque.
 
Después de esta evaluación, dieron el golpe. Primero, el Partido Liberal dejó el gobierno y se alió a los Colorados y a la Unión Nacional de los Ciudadanos Éticos – UNACE y aprobaron, en una sesión, una resolución que consagró un rito supersumario de “impeachment”.
 
Así, ignoraron el Artículo 17 de la Constitución paraguaya, que determina que “en el proceso penal, o en cualquier otro del cual pueda derivar pena o sanción, toda persona tiene derecho a disponer de las copias, medios y plazos indispensables para presentación de su defensa, y a poder ofrecer, practicar, controlar e impugnar pruebas”, y el Artículo 16, que afirma que el derecho de defensa de las personas es inviolable.
 
20. En 2003, el proceso de “impeachment” contra el Presidente Macchi, que no fue aprobado, llevó cerca de 3 meses, mientras el proceso contra Fernando Lugo fue iniciado y terminado en cerca de 36 horas. El pedido de revisión de constitucionalidad presentado por el Presidente Lugo ante la Corte Suprema de Justicia de Paraguay ni siquiera fue examinado, y fue rechazado in limine.
 
21. El proceso de “impeachment” del Presidente Fernando Lugo fue considerado golpe por todos los Estados de América del Sur y, de acuerdo con el Compromiso Democrático del Merscosur, Paraguay fue suspendido de la Unasur y del Mercosur, sin que los neogolpistas manifestasen ninguna consideración por las gestiones de los Cancilleres de la Unasur, a quienes recibieron inclusive con arrogancia.
 
22. En consecuencia de la suspensión paraguaya, fue posible y legal para los gobiernos de Argentina, de Brasil y de Uruguay la aprobación del ingreso de Venezuela en el Mercosur a partir del 31 de julio próximo. Acontecimiento que ni los neogolpistas, ni sus admiradores más fervorosos – Estados Unidos, España, el Vaticano, Alemania, los primeros que reconocieron al gobierno ilegal de Franco – parecen haber previsto.
 
23. Frente a esta evolución inesperada, toda la prensa conservadora de los tres países, y la de Paraguay, y los líderes y partidos conservadores de la región, partieron a socorrer a los neogolpistas con todo tipo de argumentos, proclamando la ilegalidad de la suspensión de Paraguay (y, por lo tanto, afirmando la legalidad del golpe) y la inclusión de Venezuela, ya que la suspensión de Paraguay habría sido ilegal.
 
24. Ahora, Paraguay pretende obtener una decisión del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur sobre la legalidad de su suspensión del Mercosur, mientras, en Brasil, el líder del PSDB anuncia que recurrirá a la justicia brasileña sobre la legalidad de la suspensión de Paraguay y del ingreso de Venezuela.
 
25. La política externa norteamericana para América del Sur sufrió las consecuencias totalmente inesperadas de la prisa de los neogolpistas paraguayos en asumir el poder, con tamaña voracidad que no podían aguardar hasta abril de 2013, cuando se llevarán a cabo las elecciones, y ahora articula a todos sus aliados para intentar  revertir la decisión de ingreso de Venezuela.
 
26. En realidad, la cuestión de Paraguay es la cuestión de Venezuela, de la disputa por influencia económica y política en América del Sur y de su futuro como región soberana y desarrollada.
 
- Samuel Pinheiro Guimarães es diplomático brasileño y profesor del Instituto Rio Branco.
 
(Traducción: Silvia Beatriz Adoue para ALAI.)
Publicado enInternacional
Nueva visión geoestratégica de Brasil, según Ronaldo Carmona (Universidad de Sao Paulo)
En el encuentro 18 del Foro de Sao Paulo, en Caracas, el geopolitólogo Ronaldo Carmona –coordinador del grupo de trabajo temático sobre defensa e investigador de la Universidad de Sao Paulo– me había invitado a su panel, al que por premuras no pude asistir.


El documento matricial de Ronaldo Carmona aborda la “nueva visión estratégica” que se desarrolla en Brasil, en particular, desde el establecimiento de la Estrategia Nacional de Defensa (END) en 2008, que comporta tres aspectos nodales:


“La definición de tres áreas estratégicas de defensa: nuclear, espacial y cibernética”. A mi juicio, este rubro es insuficiente y pertenece a la etapa de la guerra fría; hoy el enfoque debe ser también en los rubros de GNR (genoma, nanotecnología y robótica), sin descuidar la segunda generación informática y, en especial, la ciberguerra y sus “supercomputadoras”, donde Estados Unidos goza una primacía disuasiva.


“La delimitación geográfica mas nítida de las áreas claves de interés estratégico: el Atlántico Sur (SisGAAz, submarino con propulsión nuclear) y la Amazonia, blanco de creciente codicia (Sisfron, desplazamiento de unidades militares de sur a norte)”. Aquí agregaría la Antártida (tan pletórica en materias primas), cuyo control –en la etapa del cambio climático y su descongelación– definiría el dominio geopolítico a los dos lados del Atlántico Sur, lo cual afectaría los intereses de los bloques BRICS, BASIC (unos BRICS sin Rusia) e IBSA (unos BRICS sin Rusia y China).


“El concepto de tomar como base de la defensa de Brasil la identificación de la nación –¡supersic!– con las fuerzas armadas y de las fuerzas armadas con la nacional”. Este concepto debe “multiplicarse en hipótesis de confrontación con una potencia muy superior (nota: ¿será Estados Unidos/OTAN/Israel?) en el esquema de guerra asimétrica”, el cual se volvería “el principal escenario, y cuya victoria sólo es posible en profunda fusión con el pueblo”. Ronaldo Carmona aduce que “en gran medida, se trata de una reiteración del espírito de Guararapes, que forjó la nacionalidad brasileña”.


El significado simbólico y patriótico, casi espiritual, del “espíritu de Guararapes”, según su interpretación por el portal del Ejército brasileño: “El nacionalismo del espíritu de Guararapes es el nacionalismo racional, estratégico, seguro, traducido en la práctica por una Petrobras, una Transamazónica, el decreto de las 200 millas de mar territorial, nuestra política de fletes marítimos y tantas otras realizaciones como Volta Redonda (la Ciudad de Acero), hitos del progreso material de Brasil”.


Sería recomendable que los teólogos neoliberales proponentes de un “espurio modelo Petrobras” en México entiendan sus alcances nacionalistas vinculados a la geopolítica soberana y a la grandeza de Brasil.


Justamente en mi encuentro con Ronaldo Carmona en Caracas coincidimos en que el “espurio modelo Petrobras” de los teólogos neoliberales arcaicos y entreguistas de México no tiene nada que ver con el modelo original brasileño en su quintaesencia nacionalista que han caricaturizado: una desinformación más de los hijos putativos de Televisa.


El taller de defensa que coordina Ronaldo Carmona exhibe la “creciente preocupación de las fuerzas de izquierda en relación con el tema”, como “producto de la tensión cada vez mayor sobre temas como soberanía e independencia, es decir, la cuestión nacional, que rebasan los temas clásicos de la izquierda, como la lucha por la justicia social, la democratización del Estado y la centralidad del desarrollo”.


Comenta que en fechas recientes, “los cuatro partidos de izquierda brasileños que participan en el gobierno de Dilma Rousseff realizaron un seminario en Brasilia sobre la relación entre la política de defensa y el proyecto nacional de desarrollo”, en el que participaron el ministro de Defensa, Celso Amorim, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Marco Antonio Raupp.


Por cierto, el anterior canciller Celso Amorim, hoy ministro de Defensa –a mi juicio, uno de los mejores geoestrategas de Latinoamérica (baste comparar con el foxiano Castañeda Gutman)–, explica luminosamente las razones geopolíticas del éxito multipolar de Brasil (ver Bajo la Lupa, 18/1/12). Para mí, “el Brasil de Lula/Dilma” simboliza la esencia del nuevo orden multipolar.


Ronaldo Carmona tiene muy claro el panorama geopolítico y estratégico global: “Vivimos un escenario internacional cada vez más cercano a los pronósticos de las visiones realistas y de la teoría del imperialismo”, y arguye que “existen tres aspectos que ejemplifican las nubes cargadas en la situación internacional”: 1) “redefinición estratégica de Estados Unidos para extender su hegemonía en el tiempo” con “el blanco centrado en la contención de China (sic)”, lo cual rehabilita las tres tesis geopolíticas clásicas (Mahan, Mackinder y Spykman); 2) rehabilitación del “imperialismo humanitario” (intervención en guerras civiles provocadas desde el extranjero: Libia, Siria e Irán, y en países con bajo nivel de cohesión interna, incluso en Sudamérica), y 3) “control de los recursos naturales escasos” que abundan en Sudamérica.


Considera que la “situación en Sudamérica, que busca mayor cohesión y unidad en su pensamiento geoestratégico, es bastante distinta (¡supersic!) a Centroamérica y el Caribe, más pegados (sic) a Estados Unidos” en el área de “su” perímetro de seguridad, o “Mediterráneo americano”, como lo denominó Mahan.


Aborda en forma específica a Sudamérica y su “principal vulnerabilidad”: el “bajo nivel de desarrollo”, que contrasta con su enorme potencialidad, lo cual aboga por un “proyecto de integración regional”. ¿Lo dejará Estados Unidos?


Agregaría otras dos vulnerabilidades para que florezca el desarrollo: finanzas (controladas por la banca israelí anglosajona) y tecnología de punta (Estados Unidos).


Destaca los avances en el “proyecto de integración en defensa de Sudamérica” en la Unasur y apunta al nuevo pensamiento estratégico común del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) y sus dos tesis: el “enemigo interno” (¡cómo abundan las mulas de Troya!) y “guerra del vecino como enemigo”.


El CDS/Unasur preconiza un escenario de amenazas o búsqueda de sometimiento por parte de las potencias centrales debido a las características sudamericanas de poseer excedentes en bienes estratégicos claves en: a) energía (petróleo, gas, uranio, etcétera), b) recursos minerales, incluso estratégicos o raros, c) excedentes acuíferos, d) biodiversidad, en especial la concentrada en la Amazonia, y e) capacidad de producción de alimentos, y proteína animal y vegetal en general.


Aduce que “la integración común sudamericana exige una actitud de cooperación hacia adentro y de disuasión hacia afuera frente a amenazas de naturaleza extrarregional”.


Concluye que “la presencia de fuerzas extrarregionales en la región sudamericana se convierte en cuestión clave: Guyana ‘francesa’; bases militares o acuerdos para franquear acceso a bases nacionales; presencia marítima en el Caribe y en el Atlántico sur”.


¿Podrá salvar el espíritu de Guararapes a la Sudamérica emergente?


www.alfredojalife.com

@AlfredoJalife

Publicado enInternacional
Miércoles, 18 Julio 2012 07:09

Su apellido es ‘Crisis’

Su apellido es ‘Crisis’
¿Cuándo fue la última vez que una economía capitalista se mantuvo en expansión y en armonía social? Parece que hay que hacer un buen ejercicio de memoria porque no es fácil recordar semejante episodio de placidez. Y sin embargo, en el imaginario social perdura la creencia de que en una época perdida que habría que recuperar, el capitalismo pudo hacer entrega de buenos resultados. Quizás el anhelo profundo del ser humano es ese mundo de paz, bienestar y justicia. Pero esa aspiración no significa que ese mundo anhelado sea posible bajo la feroz regla del capital.


La historia del capitalismo revela un proceso de continua expansión y eso ha sido interpretado como señal de éxito. En esa misma historia hay una nutrida sucesión de episodios de contracción y descalabro. Es como si la crisis incesante fuera el estado natural del capitalismo.


La lista de crisis y dislocaciones traumáticas en la marcha del capitalismo es densa. En ella se entrelazan la especulación financiera, la caída en la demanda agregada provocada por recortes salariales, el exceso de capacidad instalada y, por supuesto, las expectativas optimistas de los inversionistas que fueron una y otra vez desmentidas por el mercado. En varios momentos los límites a la acumulación de capital condujeron a confrontaciones inter-imperialistas y a políticas de colonización que buscaban superar esas limitaciones. En todos estos casos la secuela de desempleo y empobrecimiento, destrucción y guerras dejó cicatrices sombrías.


El mítico periodo glorioso del capital es algo endeble. Hagamos abstracción de las crisis de siglos anteriores, como la de la South Sea Company inglesa (1720) o las del siglo XIX: la depresión post-napoleónica, la crisis de 1837 en Estados Unidos, la de 1847, las de 1857 y 1873-96 (llamada la ‘Larga Depresión’). Pasemos al siglo XX.


En 1907 explota una feroz crisis en Nueva York que amenaza todo el sistema bancario y desemboca en la creación de la Reserva Federal. En 1920-21 se presenta una crisis deflacionaria que precedió a la Gran Depresión. Ésta dejó una huella profunda en la historia económica y política de la primera mitad del siglo.


Después de la Segunda Guerra viene la llamada “época dorada” de expansión capitalista. Esa fase (1947-1970) estuvo sostenida por circunstancias excepcionales e insostenibles: la demanda de la reconstrucción post bellum y del consumo postergado desde la crisis de 1929. La era dorada duró poco: a fines de los sesenta comienza el agotamiento de oportunidades rentables para la inversión. En 1973 concluye el crecimiento de los salarios y arranca la crisis de estancamiento con inflación, misma que desemboca en el alza brutal de las tasas de interés y desencadena la crisis de los años 80 a escala mundial. En América Latina nos acostumbramos a decir “la década perdida” de los 80. Olvidamos que en los países centrales la crisis se había gestado precisamente en la “era dorada”. La crisis de los 80 le pega a todo el mundo.


A finales de los 70 estalla la crisis de las cajas de ahorro y crédito en Estados Unidos. El costo fue enorme y los efectos se prolongaron a lo largo de 10 años hasta que en 1987 sobrevino el Lunes Negro. Durante los años 90 la economía estadunidense experimenta un episodio de bonanza artificial y hasta las finanzas públicas alcanzan a tener un superávit. Mientras en Estados Unidos se está gestando la burbuja de las empresas de ‘alta tecnología’, en el resto del mundo se presenta una nutrida serie de crisis: México, Tailandia y el sudeste asiático, Rusia, Turquía, Brasil. Para cuando los atentados del 9-11 la recesión ya tenía dos años de golpear en Estados Unidos.


No hay pausa para respirar. El capitalismo vive a través de mutaciones patógenas continuas. Es como si se tratara de un enfermo que en momentos de aparente buena salud estuviera preparando los momentos de graves convulsiones.


No hay que caer en una visión reduccionista. No todas las crisis son iguales, ni tuvieron las mismas causas. El desarrollo del capitalismo es un proceso contradictorio y por ello ha tenido fases de relativa prosperidad. Precisamente en esas etapas de estabilidad se gestan las mutaciones que conducen a más crisis.


El análisis de corte marxista ofrece las perspectivas más ricas para el análisis teórico de la crisis como esencia del capital. Pero hasta en una disposición reformista, à la Keynes, es fácil observar que la crisis es el apellido del capitalismo: no existe un mecanismo de ajuste que permita solucionar el problema de la inestabilidad de las funciones de inversión y de preferencia de liquidez en una economía monetaria de tal manera que se alcance una situación de pleno empleo. El punto es este: no es que no funcione el mecanismo, sino que no existe.


Definitivamente, la visión ingenua sobre el capitalismo debe ir a reposar en el museo de los mitos curiosos. Se desprende una importante tarea política e histórica para la izquierda, la única fuerza capaz de cuestionar las bases del capitalismo.

Publicado enInternacional