Creció la desconfianza hacia el hombre impasible

El socialista François Hollande llegó a la presidencia de la República en mayo de este año, con una metodología desconcertante que se prolonga en su forma de gobernar. Casi seis meses después de haber asumido la jefatura del Estado, Hollande acumula índices históricos de desconfianza e impopularidad. Con apenas 36 por ciento de opiniones favorables, el jefe del Estado francés casi supera el precedente histórico detentado por el ex presidente conservador Jacques Chirac en 1995 (37 por ciento). El primer ministro Jean-Marc Ayrault se ganó la misma medalla de la impopularidad. Hollande está en un peligroso cruce de caminos. La crisis persiste, pero el presidente da la impresión de que el marasmo no amenaza la estabilidad del país. Al mismo tiempo, los ataques del empresariado local se hacen más severos, el gobierno ha dado marcha atrás en varias de sus promesas electorales y los aliados socialdemócratas de Europa intiman al mandatario a aplicar lo más rápidamente posible reformas estructurales a fin de evitar que los mercados vuelvan a la carga.

 

Hollande, sin embargo, preside con una flema digna de los británicos. El país atraviesa la crisis más seria de los últimos 50 años, el desempleo supera los tres millones de personas, cada mes se suman a la desocupación miles de personas y las perspectivas futuras son una masa de nubes negra. Hollande no se inmuta, parece creer en lo que él mismo llama “su buena estrella”. El vespertino Le Monde publica en su última edición un encuentro con el presidente francés de cuyo relato sobresale un hombre calmo, que asegura que no ha subestimado la potencia de la crisis y, además, defiende su metodología. La duda, sin embargo, persiste. La edición de Le Monde en la cual aparece el relato lleva a cinco columnas un título más que explícito: “¿Acaso François Hollande subestimó la crisis?”, se pregunta el vespertino. No, dice el presidente, al contrario. Pero la desconfianza o la incertidumbre se han instalado entre el presidente y la población. Fiel a su mitología, Hollande, a diferencia de Nicolas Sarkozy, no corre por todos los canales de televisión a apagar el incendio de los sondeos con vanas promesas o intervenciones montadas por las oficinas de comunicación. No obstante, hasta sus más fieles partidarios critican su casi ausentismo, su falta de densidad, su lentitud. Hollande responde: “Hay que tomarse el tiempo para decidir. Una vez que decides, ya está hecho. (...) Asumo mi método”.

 

La hora es grave. El gobierno trabaja en condiciones extremas y con obligaciones inconciliables con el mensaje del candidato Hollande: la primera de ellas es reducir los déficit públicos a toda costa. Hollande emite, con todo, señales claras de que la acción vendrá, y de que ésta no será un caramelo dulce. En vez de reformas o política de shock, Hollande habla de “mutación”. El presidente sostiene que es mejor que sea “la izquierda quien lleve a cabo esa mutación y que lo haga mediante la negociación, con justicia, sin herir a los más frágiles o desconsiderarlos”. La metodología del jefe del Estado no basta, sin embargo, para rehacer el lazo perdido con los electores ni para apaciguar a una sociedad que todavía no tomó plena conciencia de la gravedad de la crisis y, por consiguiente, tiene miedo. Hollande repite ante los periodistas que “ya vamos por el tercer año de crisis, la reactivación va a llegar, es una cuestión de ciclo”.

 

El presidente juega el delicado arte del consenso en tableros antagónicos. A su izquierda le dice: “Si dejamos a los mercados solos, podemos temer que la crisis dure mucho más tiempo”. Simultáneamente, el jefe del Estado se dirige a esos “mercados” para tranquilizarlos. Hace unos días, Hollande organizó un encuentro en París con los emblemas del liberalismo institucionalizado: Angel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE); Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI); Guy Rider, miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Jim Yong Kim, del Banco Mundial, y el socialista Pascal Lamy, director de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hollande les prometió a los cinco medidas a favor de la competitividad.

 

A las decepciones electorales se les sumó el motín del empresariado francés. La agrupación que los reúne, el Medef, sacó todos los cañones a la proa para disparar contra un Ejecutivo debilitado tanto por la crisis y por sus numerosas metidas de pata como por las contradicciones que se acumulan. Cerca de cien responsables de las empresas francesas más importantes hicieron circular un manifiesto en el cual propusieron a Hollande un “pacto por la competitividad, el trabajo y la innovación”. En términos breves, los patrones quieren desregulación, o sea, ganar más plata y pagar menos cargas sociales. Esta casta de directivos exige un recorte del gasto público por unos 60.000 millones de euros en cinco años y una jugosa rebaja de las cotizaciones laborales que pagan al Estado. A cambio proponen un aumento del IVA –destructor para las clases medias–, cambios en la gobernabilidad de sus compañías y la idea de que los accionistas voten el nivel de sus respectivas retribuciones. El manifiesto de los directivos tomó por sorpresa a los socialistas, pero no sacó de sus casillas al jefe del Estado.

 

El presidente francés no parece poder escapar al boomerang de su propio discurso y del estilo que le imprimió a su mandato. Su apaciguamiento, su mesura, le valieron la simpatía de los franceses durante la campaña electoral para las elecciones de abril y mayo pasado. Enfrente estaba el megaveloz y rutilante Nicolas Sarkozy. La receta del contrapunto dio resultado. Ahora, con la tormenta de la crisis en cada puerta, esa pasividad se vuelve un dato negativo. Sarkozy pagó por su rapidez. Hollande paga ahora por su lentitud.

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La noticia más censurada (XI): EEUU: Legisladores, más ricos pese a crisis

El patrimonio de los miembros del Congreso de EEUU continúa creciendo, a despecho de la recesión económica. Un análisis financiero publicado el 1 noviembre de 2011 por el periódico Roll Call, de Capitol Hill, titula "Y los ricos del Congreso tienen más fortuna: El análisis demuestra que el patrimonio de los legisladores creció 25% en dos años".

 

Casi el 90% del aumento se concentró en los 50 miembros más ricos del poder legislativo, informa la noticia N° 11 más ocultada por los grandes medios corporativos, según el ranking del Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California

 

Vacunados contra la recesión económica y la disminución de la riqueza familiar, los representantes y senadores co-gobiernan la nación llenándose cada vez más los bolsillos, según el análisis de Roll Call a los formularios con la información financiera declarada por los legisladores (Roll Call significa "pasar lista").

 

Usando la evaluación mínima de activos declarados, la revista concluyó que los miembros de la Cámara y Senado poseían en 2010 un valor neto colectivo de 2,04 mil millones de dólares, con un aumento de 390 millones de dólares sobre los 1,65 mil millones de dólares en activos declarados en 2008. Las declaraciones escrutadas no incluyen activos que no generan ingresos, como las residencias de los legisladores y probablemente otros bienes raíces no declarados.

 

Luke Johnson, del Huffington Post, comentó el 1 de noviembre 2011, que el representante Darrell Issa, republicano por California, declaró activos por valor de 295 millones de dólares, en gran parte provenientes de ganancias en su negocio de alarmas de automóviles. Nancy Pelosi, representante por California y líder de la minoría demócrata, aumentó su riqueza en 62,2% desde 2009 a 2010, de 21,7 millones de dólares a 35,2 millones. Otros tres políticos que incrementaron sus fortunas en 2010 fueron el presidente de la Cámara, John Boehner, republicano por Ohio; y los senadores Harry Mason Reid, de Nevada, líder de la mayoría demócrata; y Mitch McConnell, de Kentucky, líder de la minoría republicana.

 

Datos de la Reserva Federal mostraron en marzo 2011 que los activos de las familias estadounidenses declinaron en 23 por ciento entre 2007 y 2009, descendiendo de 125.000 a 96.000 dólares, en gran parte por la disminución del valor de sus viviendas. Las familias también asumen una mayor deuda, aunque el 10% top vio descender el valor neto de sus activos en un promedio menor, de 13%.

 

El buen negocio de legislar

 

Los demócratas concentran el 80% de la riqueza en el Senado, en tanto los republicanos reúnen el 78 por ciento de la riqueza en la Cámara. Los 50 miembros más ricos del Congreso poseían el 78% del patrimonio neto de la institución en 2008 (1.29 mil millones de dólares del total de 1,65 mil millones), en 2010 la porción de los 50 más ricos había aumentado en 80% ($ 1.630 millones de dólares del total de $ 2,04 mil millones). El pastel de la riqueza del Congreso se hizo más grande, y los miembros más ricos tienen cada vez una mayor tajada, indicó Roll Call.

 

Pero todavía hay mucho para repartir. Según Roll Call, 219 miembros del Congreso informaron tener activos por valor de más de $ 1 millón el año pasado. Sustrayendo el valor mínimo de sus pasivos, el número total de millonarios del Congreso descendió a 196, siempre sin considerar el valor de su residencia o de otros bienes que no generan renta. Si se asume que cada miembro del Congreso tiene parejamente viviendas de 200.000 dólares, el número total de millonarios se elevaría a 220 miembros, justo el 40% del Congreso.

 

Al igual que ocurre con la población general de EEUU, algunas personas excesivamente ricas sesgan los promedios para el resto de los miembros. Pero resulta si el miembro promedio del Congreso es mucho más rico que la media de las familias de EEUU.

 

Por ejemplo, dividiendo la riqueza total de legisladores por el número de miembros del Congreso resulta una media de valor neto de cada uno de alrededor de 3,8 millones de dólares, (excluyendo los bienes no generadores de renta, como residencias personales). En comparación, para el resto del país y en base a estadísticas dadas a conocer por la Reserva Federal, el valor neto medio del hogar estadounidense es de alrededor de 500.000 dólares este año (2011, incluyendo las residencias familiares), de acuerdo con David Rosnick, economista del Centro para la Investigación Económica y Política.

 

Pero un puñado de miembros del Congreso posee riquezas por valor de decenas o incluso cientos de millones de dólares. El más rico de este año, es el representante Michael McCaul (R-Texas), que declara un valor mínimo de 294 millones de dólares, y esto significa que su riqueza propia eleva el promedio de todos los miembros del Congreso a cerca de 500.000 dólares.

 

El congresista Darrell Issa informó este año que sus activos 2010 tenían un valor mínimo de 295 millones de dólares, casi el doble del año anterior. La razón del cambio parece deberse en parte a que el republicano de California trasladó algunas de sus propiedades de una sola a varias cuentas separadas. Una cuenta que Issa había enumerado de un valor mínimo de 50 millones de dólares en 2009 cayó a un valor mínimo de 25 millones en 2010, pero agregó 11 cuentas por un valor mínimo combinado de 38,2 millones. Aunque ninguno de los valores aumentó en la cuenta de efectivo (o propiedad), el valor mínimo de los activos aumentaron en el papel en 13,2 millones de dólares, o 25%.

 

Los estudios de los patrones de inversión del Congreso realizados por el profesor de bienes raíces Alan Ziobrowski, en Georgia State University, indican que los legisladores de ambas cámaras tienden a obtener mejores resultados en sus carteras de inversión que el estadounidense promedio, en parte debido a que " en mi mente no hay duda de que están operando de alguna manera con la información que está ahí [en el Congreso]".

 

Para el Congreso, el valor medio neto en 2010 fue de aproximadamente 513.000 dólares. Para los hogares habituales, la Junta de la Reserva Federal fijó esa cifra en cerca de 120.000 dólares en 2008, y ese número este año es probablemente de alrededor de 100.000 dólares, dijo Rosnick.

 

Sin una comparación exacta entre el Congreso y el resto de la nación, está claro que los legisladores "son mucho más ricos que cualquier estadounidense típico", dijo Rosnick.

 

Y el Congreso parece ser cada vez más ricos y enriquece más rápido que el resto de la nación.

 

*Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

 

Notas y referencias:

● Paul Singer y Jennifer Yachnin, Roll Call (Capitol Hill). "And Congress' Rich Get Richer:

Net Worth of Lawmakers Up 25 Percent in Two Years, Analysis Demonstrates"

http://cdn.rollcall.com/issues/57_51/And-Congress-Rich-Get-Richer-209907-1.html?popular=true

● Luke Johnson, "Members of Congress Grow Wealthier Despite Recession," Huffington Post, November 1, 2011,

http://www.huffingtonpost.com/2011/11/01/congress-net-wealth-income-gap_n_1069377.html.

● http://www.mediafreedominternational.org/2012/04/09/members-of-congress-grow-wealthier-despite-recession/

Estudiante investigador: Ellis Huber (Sonoma State University)

Evaluador académico: Peter Phillips (Sonoma State University)

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Miércoles, 31 Octubre 2012 07:07

De los mitos sobre los bancos

De los mitos sobre los bancos

Hay dos mitos centrales sobre el funcionamiento de los bancos. El primero es que los bancos simple y sencillamente desempeñan una función de intermediación entre ahorradores y demandantes de fondos para invertir. De acuerdo con esta idea, en una economía existen agentes que depositan sus ahorros en los bancos. En esa misma economía existen agentes que están dispuestos a invertir en proyectos rentables y piden recursos prestados a los bancos. El banco paga intereses a los ahorradores, pero cobra intereses más altos a los inversionistas: la diferencia entre esas dos tasas es su fuente de ganancias.

 

El segundo mito concierne al papel de las reservas que obligatoriamente deben mantener los bancos. El banco central o las agencias regulatorias imponen el requerimiento de mantener en reserva un cierto nivel de los depósitos bancarios. Las reservas son necesarias porque el banco tiene la obligación de devolver a los ahorradores el dinero depositado. Se espera que no todos los depositantes acudan a retirar su dinero al mismo tiempo, de lo contrario ningún banco es viable.

 

Los recursos que le quedan al banco, una vez que hace a un lado las reserves, pueden ser prestados: es lo que se llama el sistema de reserva fraccionaria y da origen al multiplicador monetario o bancario. Por ejemplo, si un banco recibe un depósito de mil pesos y el nivel de reservas obligatorias que debe mantener es de 10 por ciento, eso quiere decir que puede prestar 900 pesos. Si el agente que recibe ese préstamo acude a otro banco y los deposita, ese banco debe conservar en reserva 90 pesos y ahora puede prestar 810 pesos y así sucesivamente. Si le quiere echar números verá que el multiplicador monetario es la inversa del coeficiente de reservas obligatorias, en este caso dicho multiplicador es igual a diez. Suponiendo que los prestamistas depositan todo en un banco, al final de la serie el depósito inicial de mil pesos habrá dado lugar a un aumento en la masa circulante equivalente a diez mil pesos.

 

Es simple, pero falso. En realidad, los bancos no realizan préstamos de recursos que previamente han sido depositados en ellos. Cuando se autoriza un crédito el gerente del banco no corre a la trastienda a ver si todavía quedan depósitos disponibles. Esa idea de que los bancos son intermediarios de los fondos “prestables” es una tontería y lo único que sorprende es por qué tanta gente, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, sigue creyendo en esta fábula.

 

Ahora viene lo mejor. Ese mito no es el único que rodea a la actividad bancaria. Ahora se ha derrumbado la siguiente fábula, la de la reserva fraccionaria. Hasta aquí hemos visto que los bancos realizan una actividad de creación monetaria que no está constreñida por la disponibilidad de fondos “prestables”. Pero esta crisis ha puesto al descubierto otra gran leyenda. Los bancos tampoco están restringidos por las reservas obligatorias.

 


Los datos reales demuestran que, en realidad, las reservas de los bancos están desconectadas de los préstamos. Por ejemplo, en el verano de 2007, poco antes de estallar la crisis financiera, las reservas en los bancos en Estados Unidos alcanzaban un total de 15 mil millones de dólares. Un año y medio más tarde, en diciembre 2008, las reservas de los bancos habían aumentado a 788 mil millones de dólares (mmdd). A pesar de este aumento espectacular en las reserves, la cantidad de dinero en circulación no presentaba el aumento que (de acuerdo con la fábula del multiplicador monetario o bancario) debería haber existido. Para colocar la cuestión de otro modo, las reservas se habían multiplicado por un factor de 50 pero el agregado monetario M2 había crecido apenas 8.5 por ciento (M2 es la medida de circulante más socorrida e incluye monedas y billetes, depósitos en cuentas de cheques y ahorro, mercado de dinero al menudeo y depósitos pequeños a plazo).

 

Lo que demuestra todo lo anterior es que la creación monetaria no está vinculada a las reservas y, por lo tanto, una política monetaria que busca incidir sobre el dinero en circulación a través de las reservas está destinada al fracaso. La idea de que existe un multiplicador que actúa como correa de transmisión de los efectos de la política monetaria es incorrecta. La generosa inyección de liquidez que la Reserva Federal ha puesto a disposición de los bancos a un costo nulo sólo está sirviendo para nutrir las arcas de bancos y grupos corporativos que tienen capacidad de invertir en el mundo entero. Esa liquidez no tiene salida en forma de crédito en Estados Unidos y no sirve para sacar a la economía de ese país a flote.

 

Lo que se comenta aquí no es privativo de los bancos estadunidenses. Con las adaptaciones del caso se aplica al sector bancario de todo el mundo. La conclusión no es que “hay que incrementar las reserves”, como afirman muchos, sino que hay que establecer un control político y social sobre el sector bancario. En suma, la facultad de creación monetaria no puede estar en manos de particulares: debe abolirse la propiedad privada de los bancos.

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Miércoles, 31 Octubre 2012 07:03

Los paraísos fiscales y la fuga de capitales

Los paraísos fiscales y la fuga de capitales

ALAI AMLATINA, 30/10/2012.- Un estudio sobre los paraísos fiscales(1) que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende contribuye a agudizar la pobreza.

 

El estudio hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea, millones de millones).

 

De este total, alrededor de un tercio, esto es entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, provendría de 139 países de bajo o mediano ingreso. Es más, el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que incluye a Brasil, México, Venezuela y Argentina. Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas desde los años ’70 por las élites privadas de estos países, y que no se han registrado en sus países de origen. Estas cifras abarcan solo los activos financieros; no se ha calculado otro tipo de inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces, yates, etc.

 

Al hacer un balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero. En efecto, los 139 países mencionados, que incluyen a todas las principales economías en desarrollo, “registraban una deuda externa bruta agregada de US$4,08 billones en 2010”. Al restar las reservas en el exterior de estos países, invertidas mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se constata que “su deuda externa neta agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010”. De allí se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema offshore, estos países supuestamente endeudados, “no tienen nada de deudores: son prestamistas netos, del tenor de $10,1 a $13,1 billones”.

 

El problema, sin embargo, es que “los activos de estos países están en manos de un pequeño número de individuos ricos mientras que las deudas recaen en la gente ordinaria de estos países a través de sus gobiernos”.

 

La pérdida en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta las ganancias no declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970, la pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7 billones, estima el estudio.

 

El TJN -red internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en el Reino Unido- desarrolló una metodología nueva para hacer estos cálculos, que estima mucho más verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente las instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte crítica a estos organismos, pues, “han prestado una mínima atención a este ‘agujero negro’ de la economía global”, siendo que ellos “tienen un acceso fácil no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos primarios que se requieren para cuantificar con más precisión las dimensiones de este problema”. Y pregunta: “¿Por qué se hacen la vista gorda?”

 

La pérdida para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le sumamos el hecho que la mayoría de acuerdos de inversión extranjera –incluidos los TLCs- se acompañan de acuerdos de doble imposición. Estos acuerdos generalmente prevén que los inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen, y no en el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con los cuales realizan sus ganancias. Muchas veces, mediante subterfugios como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, estas empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se produce una doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos fiscales.

 

Cambiar los esquemas de negociación

 

Una cosa es reconocer el problema pero otro es lo que los países latinoamericanos puedan hacer para comenzar a solucionarlo. En entrevista con ALAI, David Spencer, abogado norteamericano especializado en legislación financiera y asesor de TJN, opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región podría mejorar su capacidad de negociación. Considera que UNASUR, por ejemplo, podría intensificar esfuerzos en este sentido. A la vez, le llama la atención la escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el G77, para abordar este tema ante las instancias correspondientes de la ONU. Una de las soluciones que sugiere Spencer es insistir que los centros financieros provean información a otros países sobre los activos que sus residentes mantienen en su sistema financiero.

 

El abogado reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de las economías avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas “se benefician enormemente de este flujo de capitales hacia sus instituciones financieras: del City Bank en Nueva York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan Panamá, por ejemplo. Estas instituciones financieras dependen fuertemente de los depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de fondos”; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las cosas no cambien.

 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las principales economías desarrolladas) en principio ha expresado preocupación por esta fuga de capitales; pero poco ha hecho para impedirla. Spencer reconoce que la OCDE estableció una especie de "lista negra" de 40 países considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que un país sea borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de intercambio de información. Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue firmar acuerdos entre ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.

 

Spencer señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a EEUU, por ejemplo, también le interesa obtener información tributaria sobre sus residentes con activos en América Latina. Entonces esto hace posible establecer acuerdos de intercambio de información fiscal. En cambio resulta mucho más complejo hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se aplican las mismas reglas. Y de hecho, gran parte de los fondos regionales sustraídos se encuentran en países como las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.

 

Para TJN, la búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y la evasión fiscal debería constar entre las primeras prioridades de las políticas mundiales de reducción de la pobreza.

 

Por Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.

 

(1) James S. Henry, The Price of Off-shore Revisited, Tax Justice Network, Julio 2012. http://tjn-usa.org/storage/documents/Price_of_Offshore_Revisited_72612.docx

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Martes, 30 Octubre 2012 06:14

La Fed y América Latina

La Fed y América Latina

El reciente anuncio de la Reserva Federal de EU de que lanzará una tercera ronda de liberación cuantitativa de efectivo (QE3, por sus siglas en inglés) ha producido una mezcla de reacciones en América Latina. Por una parte, la posibilidad de que esa medida saque del letargo a la economía estadunidense sería positiva para la región; después de todo, EU sigue siendo la mayor fuente de inversión en la zona y el principal destino de sus exportaciones. Por la otra, la apreciación de divisas y la reducción de la competitividad exportadora resultantes de las liberaciones anteriores aún están frescas en la mente de los encargados de las políticas en los países latinoamericanos. Si bien es real el riesgo de que un nuevo torrente de capitales fortalezca otra vez las divisas, hay razón para creer que esta vez el impacto negativo podría ser menor.

 

El objetivo de la liberación cuantitativa es dar liquidez al sistema bancario mediante la compra de activos bancarios (valores hipotecarios en la primera ronda, bonos del Tesoro en la segunda) con dinero recién impreso. En condiciones de baja inflación (o incluso deflación) causadas por una débil demanda agregada, la expansión monetaria desencadenada por la QE no debe, en teoría, conducir a una elevación de precios. Inundados de efectivo, los bancos pueden así incrementar los préstamos al resto de la economía y darle un impulso vital cuando otras formas de estímulo son inviables. En el caso de EU, donde las medidas fiscales están descartadas y las tasas de interés ya no pueden reducirse más, la QE se ve como quizás el único instrumento práctico de política monetaria disponible, pese a los resultados parchados de los dos intentos anteriores, en particular el segundo (lanzado en noviembre de 2010). La QE2 fue criticada porque no condujo a una reanimación del crédito en la escala esperada, pues muchos bancos retuvieron el efectivo para equilibrar sus balances.

 

Para AL, la QE ha sido hasta la fecha una bendición mezclada. El aumento de flujos de capital impulsado por la reducción de réditos de los activos seguros después de la QE tuvo una función importante en apoyar la recuperación regional luego de la crisis económica global de 2008 y compensar las bajas tasas de ahorro doméstico. Sin embargo, también ha generado una apreciación de las divisas y elevado las preocupaciones por la competitividad de las exportaciones de la industria manufacturera doméstica. El apetito de los inversionistas por activos riesgosos y por compensar la amplia divergencia de tasas de interés dentro de la OCDE ha sido particularmente problemático para grandes mercados emergentes como Brasil, donde a partir de 2010 se ha dado un crecimiento de ingreso de capitales que llevó al ministro de finanzas, Guido Mantega, a hacer en septiembre de ese año su famosa acusación de que las economías desarrolladas habían empezado una “guerra de divisas”. Si bien la elevación de los flujos de capital hacia AL en realidad precedió a la QE2 por varios meses, la estrategia de la Fed sirvió para exacerbarla, lo cual dejó a muchas divisas locales en niveles altos y amenazó la competitividad de las exportaciones manufactureras. Ahora que se ha lanzado una tercera ronda de QE, renace esta inquietud.

 

El dilema de política monetaria de AL

 

La extinción del auge posterior a la crisis en 2010, la QE2 y el consiguiente fortalecimiento de divisas produjeron un quebradero de cabeza para los bancos centrales de la región, muchos de los cuales ya habían comenzado a apretar las tasas de interés para prevenir un sobrecalentamiento de la economía doméstica y mantener la inflación bajo control. Sin embargo, las autoridades monetarias enfrentaban un dilema: bajar las tasas de interés para reducir las sobretasas y contener los flujos de capital alimentaría aún más el crecimiento inflacionario, pero adoptar controles de capital iría contra la ortodoxia económica, que desaprueba los mecanismos de distorsión del mercado. En algunos países, como Chile, tales controles no son viables legalmente, debido a las cláusulas de los tratados de libre comercio que han suscrito. Otros, como Brasil, impusieron controles. En términos generales, la mayoría de los países usaron medidas convencionales hasta cierto punto, como compras directas de dólares para reducir la demanda de sus propias divisas. Por ejemplo, Chile acumuló 12 mil mdd tan sólo en 2011 con la esperanza de debilitar el peso, y Colombia también hizo repetidas intervenciones de 2010 en adelante.

 


La efectividad de estas medidas está abierta a debate. Países con divisas flotantes –la mayoría en la región– han sufrido por los altibajos de la demanda del dólar en 2010-12, y es probable que sigan con problemas. En México se ha evitado ese dilema debido a una singular combinación de factores. El país padeció una fuerte recesión en 2009, que mantuvo el diferencial de producción –la diferencia entre la producción real y la potencial, más allá de la cual el crecimiento se vuelve inflacionario– abierto más tiempo que sus pares sudamericanos, los cuales soportaron contracciones mucho más leves (el PIB mexicano se contrajo 6%). Además, México tuvo menores diferenciales de tasas de interés: su tasa referencial se mantuvo en 4.5% cuando comenzó la QE2, en comparación con la tasa Selic brasileña de 10.75%. De entonces a la fecha, la debilidad del peso mexicano ha sido un bono para los exportadores y ha impulsado el fuerte crecimiento del PIB del país en 2010-11, tendencia que ha continuado hasta la mitad de 2012.

 

¿Será diferente esta vez?

 

Aunque los temores de que la QE3 pudiera precipitar una renovada ronda de presiones alcistas sobre las divisas locales se justifican en vista del pasado reciente, hay razón para creer que cualquier impacto negativo será más modesto que en la ronda anterior. Sobre todo, la acción más reciente de la Fed llega en un momento en que las economías de AL en general desaceleran y están en proceso de liberar su política monetaria (o evalúan hacerlo). Esto ayuda a reducir las sobretasas frente a las de naciones desarrolladas en comparación con la parte final de 2010: la tasa Selic brasileña se ha recortado recientemente a 7.5% –menor incluso que en el momento culminante de la crisis financiera– y existe la posibilidad de una nueva reducción este año.

 

Aun los países con tasas de interés más altas enfrentarán menos problemas de sobrecalentamiento e inflación. Para exportadores de productos primarios como Chile, Colombia y Perú, el dólar más débil tendrá probablemente un efecto positivo en los precios de esos bienes, algunos de los cuales se han visto afectados por el descenso del dinamismo en China. México, por otra parte, ya ha visto elevarse los precios al consumidor en meses recientes. Por tanto, una divisa más fuerte podría tener el efecto benéfico de abaratar las importaciones y reducir la inflación. Argentina y Venezuela son t

ambién casos singulares, porque han impuesto amplios controles a los flujos de capital entre fuertes presiones sobre sus divisas.

En términos generales, el balance entre riesgos y ventajas de la QE3 puede resultar ligeramente positivo, en la medida en que la apreciación de divisas sea contenida por un estrechamiento de los diferenciales en las tasas de interés y por la esperada respuesta política de varios gobiernos. Esperar que la sola liberación monetaria saque a la economía estadunidense del marasmo es quizá demasiado optimista, pero sí debe elevar modestamente la demanda y el crecimiento en ese país, y podría –pese a los temores de los encargados de las políticas en AL– dar también un pequeño empujón a América Latina.

 

Traducción de textos: Jorge Anaya

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 Romney: energéticos de México/Canadá y maquila de América Latina en lugar de China

¿Existirá un efecto Sandy”, que azota Nueva York y la costa Este, en los cruciales comicios de Estados Unidos (EU)? Las elecciones están tan apretadas que cualquier noticia y la capacidad de respuesta de los candidatos puede afectar el resultado en pocos días.

 

Ezra Klein, de The Washington Post (26/10/12) llega hasta conjeturar una victoria del “voto popular” del republicano Mitt Romney, pero con un determinante triunfo de Obama en el colegio electoral, que requiere 270 votos, donde, por cierto, los 18 votos de Ohio serían decisivos.

 

EU todavía se encuentra muy atrasado en su sistema electoral de corte decimonónico, donde en última instancia el sufragio es indirecto con el peso específico de la proporción de votos electorales de acuerdo con la demografía de cada estado. De allí que existen ocho “estados indecisos” (swing states) con unos 100 votos electorales que pueden afectar el epílogo no apto para cardiacos. El ex presidente James Carter ha llegado hasta fustigar el sistema electoral de su país como uno de los peores del mundo, que contrasta con el de Venezuela al que considera “el más perfecto del mundo”.

 

Ohio mide unos 116 mil kms2 (10 mil kms2 más que Chiapas) y tiene 11.5 millones de habitantes, de los cuales uno de cada ocho empleados pertenece al sector automotriz y cuya percepción será determinante para inclinar la balanza del “estado indeciso”, donde Obama ha mantenido una precaria ventaja.

 

Según Klein, a ocho días de la elección, “las encuestas de los estados son también claras: Obama va a la cabeza en Ohio, Wisconsin, New Hampshire, Iowa, Nevada, Michigan y Pennsylvania. Colorado y Virginia se encuentran empatados. Florida y Carolina del Norte favorecen a Romney. Aun si Obama pierde Colorado y Virginia, todavía obtendría más de 290 votos electorales (20 más de los necesarios).

 

Durante los tres debates en la muy cerrada elección entre el presidente Obama y su contrincante Romney, su país vecino del sur nunca fue citado en política exterior salvo en forma tangencial –la Border Patrol por el primero y la ignominiosa ley Arizona por el segundo: que afectan a la transfrontera–, la inmigración (en forma muy genérica, más con el fin de atraer el relevante voto latino) y una sola vez fue pronunciado “México” por el candidato oriundo de Detroit y ex gobernador de Massachusetts: en referencia al nacimiento de su padre en la comunidad mormona de Chihuahua, a lo que agregó de manera tajante “de padres estadunidenses” para no perturbar al Partido del Té ni a los blancos anglosajones protestantes (WASP, por sus siglas en inglés) que forman la base electoral protorracista del Partido Republicano, junto a su arma ideológica de destrucción disuasiva: la protuberante Asociación Nacional del Rifle, cuyo manual teológico muy bien puede ser el libro mexicanófobo Quiénes somos, del supremacista Samuel Huntington, que no ha sido suficientemente escudriñado como el Mein kampf posmoderno, notario de la guerra de religiones y raciales que se han desatado en el planeta con su intoxicante Choque de civilizaciones, en sincronía de las fracasadas guerras bushianas de Irak y Afganistán.

 

Para los avezados/abusados analistas de México y AL llamó poderosamente la atención que Romney, durante el segundo debate, como propuesta del cese de la dependencia energética de EU –a la que le endosa la culpa indebidamente al presidente en turno cuando ha sido una política integral de todos los presidentes de EU sin excepción desde antes de la Primera Guerra Mundial–, haya formulado a los energéticos de “Norteamérica” como viabilidad redentora.


Que conste que no dijo “EU” sino “Norteamérica”, que de facto integra los preciados energéticos (hidrocarburos y agua) tanto de Canadá como de México: este último hipotecado metafóricamente desde el 18 de septiembre de 2001 (siete días después del fatídico 11/9) mediante “Los nuevos horizontes en las relaciones EU-México” –patrocinado por el muy influyente Centro de Estudios Internacionales Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés), el ITAM (sic), la Universidad de Texas en Austin y una entelequia entreguista Cidac– apuntalado seis años después por el Aspan y en espera de la incorporación al Comando Norte y hasta al esquema de ciberseguridad del Pentágono.

 

Los acuerdos transfronterizos de extracción de hidrocarburos entre EU (con alta tecnología) y México (sin tecnología) apuntan en el Golfo de México en la dirección irreversible del traslape energético de “Norteamérica”, además de los gasoductos provenientes de Canadá para abastecer la incurable adicción estadunidense.

 

En el tercer debate parte significativa radicó en el tema delicado de China que expuso el antagonismo de los contrincantes. Una cosa son los debates destinados a jalar a los indecisos y otra son las políticas explícitas.

 

Obama, con la mira en el sector automotriz de Ohio y sus trascendentales 18 votos electorales, reviró a Romney –quien había fustigado el rescate por el gobierno de la industria automotriz a un precio muy elevado– que su política llevaría a la importación de vehículos chinos y al desmantelamiento doméstico. Fue un buen golpe electorero de Obama, pero faltaba lo mejor sobre China, el primer centro manufacturero del planeta.

 

Más allá de que Romney esté dispuesto a condenar a China como “manipulador de divisas” –desde el primer día de su gobierno, en caso de su victoria–, llamó la atención su audaz propuesta de crear una zona amplia de maquila en toda AL para sustituir al gigante asiático, lo cual representa una verdadera revolución en las relaciones comerciales de EU.

 

En fechas recientes ha sido la tónica en la prensa anglosajona –en particular, la revista británica The Economist, portavoz del modelo neoliberal y muy cercana a los intereses de los banqueros Rothschild– contrastar a China con México en términos de la mano de obra barata en la manufactura. Palabras más menos: México está por desplazar a China como principal centro manufacturero del outsourcing (“deslocalización”) de EU cuando la brecha laboral se ha reducido en detrimento del gigante asiático.

 

Los clásicos turiferarios del modelo mercantilista neoliberal han llegado hasta definir a México como la “nueva China del siglo XXI” –en términos puramente comerciales reduccionistas, desde luego, y haciendo caso omiso de la descomunal brecha tecnológica entre México (muy rezagado) y China, que avanza a pasos acelerados en todas las áreas del conocimiento.

 

Lo relevante de la propuesta de Romney para convertir a AL en el nuevo centro manufacturero de EU en lugar de China, radica en que se despliega en la mesa de discusión en momentos en que Obama impulsó su política “pivote” de contención militar del gigante asiático.

 

A final de cuentas, lo expresado por Romney durante los debates, tanto sobre los “energéticos de Norteamérica” como sobre el nuevo centro manufacturero estadunidense en AL, constituyen las dos caras de la misma moneda de confrontación militar con China.

 

www.alfredojalife.com

@AlfredoJalife

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Domingo, 28 Octubre 2012 06:04

Calificadoras descalificadas

Calificadoras descalificadas

Las calificadoras de riesgo son empresas que sigue operando en el mercado pese a protagonizar fiascos estruendosos. Pueden hacerlo porque son funcionales al mantenimiento de la hegemonía de las finanzas globales. Si no fuera porque su institucionalidad es preservada por el poder económico, sus reportes y notas a bonos de deuda de empresas y de países serían el hazmerreír por falta de rigurosidad técnica y disparates analíticos. Líderes políticos de potencias reunidos en el G-20 son cómplices del fraude de las calificadoras al no animarse a borrarlas del escenario de la estructura financiera internacional. Y no lo hacen pese a que esas compañías boicotean cada rescate de economía en crisis, paquetes financieros negociados con mucha dificultad que al otro día de anunciados son recibidos por esas agencias con una rebaja en la calificación de la deuda de esos países. Quien aplicó precisión quirúrgica para observar la tarea de las calificadoras fue el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. En una columna publicada en The New York Times, el 21 de abril de 2010, afirmó que para muchos puede ser “reconfortante pretender que la crisis financiera fue causada solamente por errores honestos. Pero no fue así. Fue, en gran parte, el resultado de un sistema corrupto. Y las calificadoras de riesgo fueron una gran parte de esa corrupción”.

 

En el proyecto de reforma del mercado de capitales presentado hace pocos días, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se animó a proponer la regulación del accionar de las calificadoras. El negocio de esas empresas opera en un oligopolio en manos de Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s. La iniciativa jerarquiza el rol de la Comisión Nacional de Valores en el mercado de capitales, y en ese tema en particular queda facultada a autorizar nuevas entidades de calificación, además de asumir la tarea del seguimiento de su funcionamiento y de aplicar sanciones a esas firmas. El objetivo es abrir el mercado para que universidades, colegios profesionales y consultoras estén en condiciones de participar en el trabajo de evaluación de riesgos de títulos de deuda pública y privada. Notas, con sus respectivos informes, que serían de libre acceso para los inversores.

 

Investigaciones de comités especiales del Senado de Estados Unidos, de la Securities and Exchange Commision (SEC, ente de regulación del mercado de capitales estadounidense) y una reciente del Banco Central Europeo cuestionan en duros términos a las calificadoras de riesgo.

 

El documento Summary report of issues identified in the comisión staff’s examinations of select credit rating agencies de la SEC data de 2010 y estuvo motivado por el comportamiento de esas agencias en la crisis generada por los créditos hipotecarios subprime. El saldo de esa evaluación es lapidario respecto de la consistencia, rigurosidad y profesionalidad para definir las notas en el ranking de riesgo crediticio. Describe con meticulosidad la poca seriedad del trabajo de las calificadoras, desde aspectos significativos del proceso de evaluación que no están publicados hasta la identificación de conflictos de intereses entre su cuerpo gerencial con las empresas y bancos a examinar.

 

La labor de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera (FCIC, por sus siglas en inglés), creada por el gobierno de Estados Unidos y el Senado, también expuso el fraude de las calificadoras de riesgo. En una de sus sesiones, tres ex analistas de Moody’s admitieron haber sido presionados por las máximas autoridades de la firma para mejorar la nota de ciertos productos financieros en beneficio de sus emisores, que son los que pagaban por los servicios. La evaluación de la Comisión ofreció un dato demoledor para las calificadoras: más de 9000 títulos de deuda con garantía de las hipotecas subprime que recibieron la máxima calificación AAA por parte de las tres más grandes firmas terminaron degradados a la categoría de basura.

 

Las calificadoras comenzaron como firmas investigadoras de mercado para que los inversores estudiaran la posibilidad de comprar bonos de deuda de empresas. La tarea se transformó y empezaron a ser contratadas por firmas y bancos para recibir el sello de aprobación. Esa nota pasó a ocupar un papel central en el sistema financiero global, especialmente para los grandes fondos de inversión institucionales, como los de pensiones, que comprarían los bonos de empresas si y sólo si recibieran la codiciada calificación AAA. Esta condición precipitó un enorme conflicto de interés. Bancos y empresas que colocaban deuda podían elegir entre las principales calificadoras para obtener la triple A. Entonces, las agencias aceptaban las condiciones del emisor para incrementar su propia facturación, relajando las normas de evaluación. Así concedieron riesgo casi nulo, por ejemplo, a bonos de activos hipotecarios subprime o a la deuda de Grecia, Irlanda o España.

 

El conflicto de intereses de empresas y bancos que contrataban a las calificadoras de sus propios títulos de deuda también fue observado en un reciente documento del Banco Central Europeo. El working papers

 

N0 1484/october 2012 Bank ratings: what determines their quality? destaca que las calificadoras otorgaron notas “más positivas a los grandes bancos con más probabilidades de proporcionar negocios adicionales”. A esa conclusión arribaron luego de estudiar una muestra de casi 40.000 casos de calificaciones a bancos de Estados Unidos y Europa en más de veinte años realizadas por Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s. El sesgo al “error” no es explicado por deficiencias en la metodología de evaluación de riesgos, sino en el conflicto de intereses entre la calificadora y los grandes bancos, que por tamaño y poder económico definía una mejor nota. El informe avanza sobre el fraude analítico de las calificadoras y apunta sobre sus consecuencias en la competencia interbancaria. La mejor calificación fruto de ese conflicto de intereses terminó distorsionando los costos de financiamiento de los bancos grandes, a su favor, facilitando la concentración del mercado. Terminó reforzándose así la trampa regulatoria en que caen las bancas centrales al enfrentarse con el postulado “bancos demasiado grandes para dejarlos quebrar”.

 

La investigación del Banco Central Europeo sugiere que “a la luz de las deficiencias en el actual proceso de calificación, el sector público debe fomentar fuentes alternativas de información de calificación crediticia”. Señala la existencia de estudios académicos que muestran que se pueden producir informes de evaluación crediticia igual o mejores a los de las calificadoras “casi sin ningún costo, utilizando sólo la información que es pública”. La recomendación final es “crear un entorno de información completamente nueva para el análisis del crédito, con una mejor información pública, que sería la mejor estrategia para reducir el poder y la influencia exorbitante de agencias de calificación en el actual sistema financiero”.

 

Es lo que mismo que promueve la reforma del mercado de capitales argentinos, sólo que aquí se avanza en un proyecto de ley para alterar el perverso funcionamiento de las calificadoras de riesgo mientras que en Estados Unidos y Europa sólo se quedan en el diagnóstico de la queja.


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Sábado, 27 Octubre 2012 08:33

La carta de Doyle

La carta de Doyle

Peter Doyle fue uno de los principales economistas del Fondo Monetario Internacional durante veinte años. En junio pasado presentó su renuncia. Hasta ese momento era un miembro destacado del Departamento Europa del FMI. En la carta que anuncia su alejamiento de la institución, Doyle utiliza términos sorprendentemente negativos para un integrante de la tecnoburocracia de Washington: incompetence, failing, ashamed, disastrous, failure, ilegitimacy. El área donde desempeñó su labor en los últimos años diseñó los programas de ajuste para Grecia, Irlanda y Portugal. Doyle afirma que el FMI retrasó la emisión de advertencias sobre la crisis financiera mundial y europea. La carta de renuncia no tuvo mucha repercusión ni ha provocado un gran debate sobre la actuación del Fondo pese a las fulminantes críticas al organismo multilateral que ocupa un lugar central en la estructura de las finanzas internacionales. Las observaciones son significativas porque provienen de un funcionario de rango jerárquico y están referidas al manejo de la crisis europea que mantiene al borde de la cornisa la estabilidad del capitalismo mundial. El profundo silencio alrededor de la carta de Doyle revela la escasa autocrítica del actual liderazgo político por el fracaso de sacar de la crisis a las economías (Estados Unidos y Europa) que representan en conjunto la mitad el PBI mundial, y expone la amplia red de complicidad en la preservación de los privilegios de las finanzas globales.

La carta de Doyle, un documento de gran valor publicado en español por el sitio de Internet SinPermiso, es esclarecedora sobre cómo funciona el FMI y los desastres que sigue haciendo al imponer políticas de austeridad a economías vulnerables. A continuación, la traducción del texto completo de la renuncia.

 


 

Departamento Europeo, Washington DC, 18 de junio 2012

 

Al Dr. Shaalan, Decano del Comité Ejecutivo del FMI,

 

Me dirijo hoy por última vez al Comité Ejecutivo porque abandono el FMI.

 

En primer lugar quiero expresar formalmente mi más profundo agradecimiento a las autoridades de Suecia, Israel y Dinamarca, con las que he trabajado en el último período, así como con todas con las que he trabajado con anterioridad, por su extraordinaria generosidad conmigo.

 

Asimismo, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar por qué me voy.

 

Después de veinte años de servicio, me avergüenza toda relación con el FMI.

 

No solo por su incompetencia ante la crisis global, expuesta solo parcialmente por el informe de la OIA, así como por el informe TSR en relación con el seguimiento previo a la crisis de la Zona Euro. Sino sobre todo porque los problemas sustanciales de esta crisis, como los de otras, fueron identificados mucho antes de que se produjeran, pero fueron negados en el FMI. Dados los largos períodos de gestación y la lentitud en el proceso de toma de decisiones internacionales para hacer frente a esos desafíos globales, era esencial advertir a tiempo y de manera sistemática y continuada sobre estos peligros. En este sentido, el fracaso del FMI a la hora de hacerlo supone un fracaso de primer orden, incluso si esas advertencias no hubieran sido tenidas en cuenta. Las consecuencias implícitas suponen sufrimientos para muchos (y lo peor aún esta por venir), incluyendo Grecia, que la segunda divisa de reserva global esté al borde del precipicio, y que durante los últimos dos años el FMI haya fracasado a la hora de seguir, y jugado un papel meramente reactivo, en los esfuerzos desesperados para salvar al euro en última instancia.

 

Es más, los factores probables que han causado esos errores en la tarea de vigilancia del FMI (rechazo al riesgo analítico, prioridades bilaterales y prejuicios europeos) se están reforzando a pesar de las iniciativas para corregirlos. Ello es especialmente evidente en lo que se refiere al nombramiento de los directores gerentes, que durante la última década han sido desastrosos a todas luces. Ello afecta incluso a la actual directora gerente porque ni el hecho de ser mujer, ni su integridad ni su impulso de dirigente pueden compensar la ilegitimidad esencial del proceso de selección. En una institución jerárquica como ésta, las consecuencias implícitas de esas designaciones se transmiten en cadena a otros puestos administrativos vía nombramientos, contratos por tiempo definido y planificación de la renovación del personal de dirección, hasta contaminar a la organización en su conjunto, a pesar de todos los esfuerzos para evitarlo. La opción del Comité Ejecutivo es un FMI tullido, limitado en su capacidad de acción por las mismas causas estructurales que han provocado los errores de vigilancia descritos. Ojalá hubiera entendido que así era hace veinte años.

 

Hay mucha gente buena y sabia en esta institución. Pero el abajo firmante se marcha para siempre. Quizá no quieran perder al resto.

 

Sinceramente,
Peter Doyle.


 

Impresiona el contenido de la carta. Está describiendo la organización, la conducción y la acción de uno de los actores principales de la economía mundial. Y más impactante es que quien se quitó una mochila pesada sobre sus espaldas y se desahogó ha sido un funcionario de nivel jerárquico del FMI durante dos décadas. Doyle es lapidario cuando se refiere al mecanismo de selección para la designación de los directores gerentes del FMI. El recorrido desde la dimisión, en 2004, del alemán Horst Köhler ofrece el paradójico resultado de una institución desprestigiada por las crisis de los noventa recuperando rol protagónico impulsada por las potencias económicas en el G-20, al tiempo que se desarrolla el proceso de degradación de los diferentes jefes de mando. El español Rodrigo Rato abandonó el máximo cargo del FMI a mitad de su mandato en 2007 para ponerse al frente de la ahora quebrada Bankia. El reemplazante, el francés Dominique Strauss-Kahn, tuvo que abandonar el cargo tras ser detenido y acusado por una supuesta violación. Su lugar fue ocupado el año pasado por la ex ministra de Economía francesa Christine Lagarde, imputada en un escándalo de corrupción con el empresario francés Bernard Tapie, al estar sospechada de favorecerlo por ser amigo del entonces presidente Nicolas Sarkozy en el arbitraje entre Tapie y el banco Crédit Lyonnais por una deuda de 285 millones de euros.

 

La carta de Doyle muestra en toda dimensión la actuación de Fracasos Múltiples Internacionales. El mismo desastre de los noventa con las economías latinoamericanas, y especial dedicación con Argentina, lo reitera hoy en Europa. Uno de los aspectos notables es cómo logra sobrevivir a pesar de la sucesión de fiascos ordenados bajo el credo de la ortodoxia económica. El FMI y el Banco Mundial fueron creados al final de la Segunda Guerra Mundial bajo un esquema keynesiano de impulso de la economía mundial. Pero no pasó mucho tiempo para que esas instituciones sean conquistadas por la elite política, técnica y académica neoliberal para ser utilizadas como vehículo fundamental de aplicación de políticas de ajuste que priorizan el pago de la deuda a los acreedores y el rescate financiero de bancos.

 

Sólo la protección de la comunidad de negocios de bancos, acreedores y grupos económicos, con la complicidad de grandes medios y analistas, puede facilitar la cesión de autoridad al actual FMI para opinar y pedir asesoramiento técnico sobre cualquier aspecto de la economía, desde la calidad de las estadísticas hasta la evaluación sobre las perspectivas de la economía. La confesión de Doyle es suficientemente elocuente para minimizar la opinión del FMI y desentenderse de la prepotencia de querer erigirse en palabra calificada en materia económica.

 

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Mercados deben ser gobernados con objetivos sociales: Correa

"La desigualdad no es por falta de recursos, sino por sistemas perversos y excluyentes"

 

Santiago, 26 de octubre. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó hoy que "vencer la pobreza es un imperativo moral más que un desafío técnico", y advirtió que para erradicarla "los mercados deben ser gobernados en función de objetivos sociales, garantizando la supremacía del ser humano sobre el capital.

 

"Es una vergüenza que América Latina continúe con estos niveles de desigualdad no por falta de recursos, sino a causa de sistemas perversos y excluyentes", expresó durante una conferencia magistral pronunciada en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo regional de la Organización de Naciones Unidas que tiene su sede en la capital chilena.

 

Correa sugirió que los organismos internacionales eliminen el concepto de ingreso per cápita como parámetro del progreso de las naciones y lo sustituyan por un indicador que mida los logros en la reducción de la pobreza.

 

Para erradicarla, agregó el gobernante, sería necesario aplicar cuatro medidas generales, con las cuales se dejaría atrás el criterio de que la eliminación de ese flagelo socioeconómico se logra sólo con el crecimiento del producto interno bruto y en su lugar se adoptaría un parámetro sobre el mejoramiento de la distribución del ingreso.

 

La primera sería establecer un sistema impositivo más justo, por medio del cual los más ricos paguen tasas mayores de impuestos. La segunda sería formular un gasto público que garantice a los individuos la igualdad de derechos. En tercer lugar se necesitan acciones para lograr el gobierno de los mercados en función de objetivos sociales. Por último se requiere adecuar la distribución de lo que llamó "el acervo (el haber) social, tanto público como privado".

 

El gobernante, ex funcionario del Banco Mundial que llegó al poder en 2006 con un proyecto político que denominó el "socialismo del siglo XXI", aseveró que la ausencia de control sobre los mercados es la causa de "la crisis mundial que estamos viviendo, enfrentando y sufriendo".

 

Correa, quien efectúa una visita de Estado a Chile de tres días, dijo que desde que asumió la presidencia su país ha logrado bajar el índice de medición de la desigualad (conocido como Gini) de 0.55 a 0.47 unidades, como resultado de acciones como la reglamentación del "salario digno", la aplicación de una reforma fiscal –implica un aumento de la inversión social de cuatro a 11 por ciento– y el acceso universal a la educación pública gratuita y de calidad.

 

En Quito, mientras tanto, el Ministerio de Hacienda envió al Congreso un proyecto de reforma tributaria que crea impuestos para la banca privada destinados a financiar el aumento de los subsidios para los pobres.

 

La "ley de redistribución del gasto social" plantea un impuesto de 3 por ciento sobre los ingresos gravables de las institucioines financieras y una nueva tasa de 0.25 por ciento mensual sobre sus activos en el exterior, que podría elevarse a 0.35 si los bienes se localizan en "paraísos fiscales".

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Reforma tributaria de Santos: ¡Archívese!
Prometiendo que “permitirá formalizar un millón de empleos” y resolver la “falta de progresividad” del Estatuto Tributario, el gobierno de Santos presentó al Congreso una reforma tributaria. No obstante, en tanto se conocen los detalles del texto, se puede decir que el efecto será precisamente el contrario.


El Observatorio Laboral del Externado dijo sobre la propuesta de eliminar el pago de parafiscales para ICBF y SENA y del cargo patronal a la salud para trabajadores con menos de 10 salarios mínimos, que “la experiencia colombiana ha mostrado que las empresas usualmente aprovechan los incentivos tributarios que se les ofrecen, sin que esto… se vea reflejado en una significativa contratación de nuevos empleos formales”. Si se añade que actualmente el empleo crece en los ocupados sin remuneración, en labores domésticas y en el “rebusque”, no se ve cuáles serán los sectores que formalizarían el ofrecido millón de puestos.


Igual se cuestiona el gravamen a los salarios mensuales de más de $2,3 millones y más aún cuando se compara con la rebaja del 33% al 25% en la tasa del impuesto de renta a las empresas. Hay que notar que el 82% de las utilidades corporativas se van para las cien firmas más grandes -financieras como AVAL, mineras como BHP Billiton y de comunicaciones como la de Slim- y que, luego de sumar y restar, para 2013 se rebajarán sus tributos en $5,83 billones mientras los de las personas subirán en $4,69 billones.


La “hoja de parra” para encubrir el disparate es la contribución – CREE- del 8% sobre las ganancias de las compañías, con lo cual eventualmente se repararía lo sustraído a la salud, al ICBF y al Sena. Las cuentas no cuadran: mientras lo dejado de pagar llega a $ 6,7 billones, el CREE recaudará en 2013 solo $4,47, o sea, un faltante de más $2 billones que el gobierno cubriría “excepcionalmente”. Además de la insuficiencia, a las instituciones amenazadas (ICBF y SENA) también las afectaría la incertidumbre, ya que los resultados económicos empresariales tienen ciclos, son variables.


Kalmanovitz y Acosta develan otras iniquidades, como “aliviar a los especuladores financieros”; o “las deducciones que son generosas para las personas naturales más ricas”; o exonerar los dividendos recibidos por los dueños de las empresas; o “reducir el impuesto a las herencias, desde el 33% al 10%, que le ahorraría al hijo del principal banquero del país más de US$1.000 millones de su actual riqueza”.


Si además en la Reforma se impone IVA a algunos artículos de la canasta familiar y se afecta hasta el “corrientazo”, se aumentaría el recaudo de impuestos indirectos en un billón, golpeando a los más pobres. Ante tanta evidencia, no queda más por decir, ¡Archívese!


Por Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, 22 de octubre de 2012

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