La nueva ética laica del neoliberalismo: el emprendimiento

Si buscas emprendimiento en Dialnet, una de las grandes bases de datos de ciencias sociales de España, aparecen más de 11.000 documentos sobre el tema: Emprendimiento y sostenibilidad, Emprendimiento y democracia, Emprendimiento y fiscalidad, Emprendimiento y discapacidad o La empresa y el emprendimiento, son algunos de los primeros títulos de artículos publicados en revistas "científicas".

Si buscas emprendimiento en un buscador de internet, los resultados se multiplican exponencialmente. En Google aparece 61.400.000 resultados con este término. Su definición en Wikipedia es "el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, que generalmente comienza como una pequeña empresa o una emergente, ofreciendo a la venta un producto, servicio o proceso".

Incluso se ha creado en España la figura de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, que depende directamente del presidente del Gobierno. Su responsable, para la revista Forbes, es uno de los veintiún "change makers" que lideran las iniciativas para cambiar la sociedad española en 2021. Este change maker, afirma en su Twitter, con 1.585 seguidores, que quiere "construir la Nación Emprendedora". Eso sí, todo ello acompañado por muchos eslóganes, sobre todo si son en inglés que vende más. Sandbox financiero, sectores tractores, ecosistema emprendedor, rompehielos de un nuevo modelo de país, disruptores, escalabilidad…, junto con los ya clásicos: coworking, hub, business angels, etc.

¿En qué se concreta realmente todo esto? Hasta ahora parece que en entrevistas en radios y artículos de opinión en periódicos. Diversas reuniones de promoción. El anuncio de "Misiones País para la Innovación", cuyo ‘primer instrumento’, "Misiones Ciencia e Innovación", destina 95 millones de euros a proyectos de I+D+I de las grandes empresas. Y la declaración de "convertir a la administración pública en un Sector Público Emprendedor". Poco más.

Me recuerda exactamente lo que pretendía el anterior gobierno en el campo de la educación y que el nuevo gobierno mantiene también en la nueva ley de educación: el emprendimiento. Este "espíritu empresarial o emprendedor" se ha introducido así en los contenidos escolares desde infantil a universidad. La Recomendación Europea 2006/962/CE insta a los Gobiernos de la Unión Europea a que introduzcan la enseñanza y el aprendizaje de competencias clave en sus estrategias de aprendizaje, siendo el "espíritu empresarial" una de las ocho claves.

Todas las administraciones públicas impulsan su promoción a través de un discurso que reviste esta categoría de "emprendedor" dentro de un hálito mágico, que supone una representación ideológica del mismo, provisto de cualidades personales y sociales extraordinarias, presentados estereotípicamente como generadores de desarrollo y bienestar, creativos líderes innovadores y visionarios, personas "hechas a sí mismas", que transforman y construyen nuevas realidades y cimientan el cambio social que requieren las sociedades actuales.

La mitología de los emprendedores es la reedición del mito del "sueño norteamericano", pero un sueño convertido en pesadilla de autoexplotación. Descontada la razonable potenciación de la capacidad de iniciativa, el sustrato de este enfoque es una mitificación idealista que utiliza tal eufemismo de emprendedores para que los trabajadores y las trabajadoras pasen a ser autónomos o "pequeños empresarios" sometidos a las reglas del juego de las grandes empresas, en lo que es un claro abuso de la retórica en alza del individualismo empresarial espontáneo, tan útil a la flexibilidad laboral a ultranza que acompaña a un mercado de trabajo aceleradamente desregulado.

En el actual escenario laboral de neoliberalismo salvaje, se avanza hacia la progresiva uberización del modelo emprendedor, siguiendo el ejemplo de plataformas, falazmente llamadas colaborativas, como Uber o Deliveroo, en donde el capitalista ya no precisa ni arriesgar su capital, y en el que los trabajadores y las trabajadoras se aprestan a generar beneficios para estas plataformas, sin salario ni descansos regulados, sin protección ante la enfermedad, asumiendo todo el riesgo, pero felices y contentos de no ser ya "clase trabajadora", sino avispados emprendedores. Se produce así una transferencia total del riesgo a la clase trabajadora.

El objetivo no es otro que descargar en la persona todo el riesgo y la responsabilidad de su futuro laboral, a la capacidad de empleabilidad de cada uno. Ante el derrumbe del modelo de empleo estable y la precariedad organizada como sistema, se desplaza el riesgo y la responsabilidad a cada individuo, que debe hacer de su capacidad de empleabilidad una premisa frente a un mercado de trabajo inestable e inseguro por sistema. Por lo tanto, ya no puede haber protesta. Se deslegitima así el conflicto social, ya que no hay responsable ajeno ni otras causas que la propia incapacidad. Se convierte a las víctimas en culpables, responsables de su propia situación.

De esta forma ya no se trata de cambiar el modelo laboral de precariedad y temporalidad instaurado por las reformas laborales de los gobiernos conservadores y neoliberales al servicio del sector empresarial y las corporaciones multinacionales, sino que cada uno ha de convertirse en "inversor y accionista" de su propia fuerza de trabajo y como tal debe actuar, haciendo de su vida un proceso de reconversión continuo que busca el máximo interés individual, en un marco de relaciones interesadas y competitivas entre individuos.

Esta subjetividad neoliberal está marcada por un discurso que alega que la búsqueda del interés propio es la mejor forma mediante la que un individuo puede servir a la sociedad, donde el egoísmo es visto casi como un "deber social" y las relaciones de competencia y mercado se naturalizan. La finalidad del ser humano se convierte en la voluntad de realizarse uno mismo frente a los demás.

La noción de emprendimiento entronca directamente con la visión que el pensamiento neoliberal tiene acerca del ser humano como homo economicus: individualista, competitivo y que busca la consecución de sus propios objetivos a través de las opciones que le ofrece el mercado. En un entorno de coworking, rodeados de frases positivas y glamurosas de la "ciencia de la felicidad" y el pensamiento positivo al estilo Paulo Coelho —quien le teme al fracaso, le teme al éxito—. Complemento necesario para gestionar la experiencia opresiva de la explotación y sentirse incluso un colaborador libre y proactivo en la propia explotación, mediante técnicas de management emocional, aprendiendo a cambiar antes las percepciones que las condiciones de explotación.

Son las nuevas técnicas de fabricación de "la empresa de sí". La empresa se convierte así, no sólo en un modelo general a imitar, sino que define una nueva ética, cierto ethos, que es preciso encarnar mediante un trabajo de vigilancia que se ejerce sobre uno mismo y que los procedimientos de evaluación constante se encargan de reforzar y verificar.

De esta forma, cada persona se ha visto compelida a concebirse a sí misma y a comportarse, en todas las dimensiones de su existencia, como portador de un ‘talento-capital’ individual que debe saber revalorizar constantemente. El primer mandamiento de la ética del emprendedor es "ayúdate a ti mismo". Y sus tablas de la ley se rigen por la competencia como el modo de conducta universal de toda persona, que debe buscar superar a los demás en el descubrimiento de nuevas oportunidades de ganancia y adelantarse a ellos.

La gran innovación de la tecnología neoliberal consiste, precisamente, en vincular directamente la manera en que una persona "es gobernada" con la manera en que "se gobierna" a sí misma. En el contexto de lo que el filósofo Byung Chul Han denomina el "capitalismo de la emoción", la biopolítica foucaultiana, el control panóptico exterior, es continuada por la psicopolítica neoliberal haniana, que busca seducir en vez de someter y en la que el control pasa al interior y se gestiona desde la emoción. Esta es, en lo esencial, la función de los dispositivos de aprendizaje, sumisión y disciplina, tanto económicos, como culturales y sociales, que orientan a las personas a "gobernarse" bajo la presión de la competición, de acuerdo con los principios del cálculo del máximo interés individual.

Enseñando igualmente a no identificarse con lo público; a desinteresarse y a asumir que el bien común quedó obsoleto, que cada persona solo depende de su destreza individual para vivir y que vivir significa fundamentalmente conseguir más dinero. ¿Qué sociedad pensamos construir si lo que enseñamos y promueven todas nuestras administraciones es esta nueva "ética laica del emprendimiento neoliberal"?

Frente a esta moral corrosiva, que expande esta "ética laica del emprendimiento neoliberal", inmersa en los valores del capitalismo, extractivista y depredador, ecocida e insolidario, reivindicamos una ética laica del bien común y la justicia social, asentada en los derechos humanos, democrática, inclusiva, ecofeminista, postcapitalista y antineoliberal. Es en estos principios en los que debe basarse la educación de las nuevas generaciones y la urgente reconstrucción de un modelo social postcapitalista, postcolonial y antipatriarcal, como demanda Boaventura de Sousa Santos. Sin concesiones ni medias tintas. Es la única forma de revertir el auge del fascismo que resurge como una pandemia mundial y de heredar un planeta todavía vivible a las futuras generaciones.

 

Por Enrique Javier Díez Gutiérrez

Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Miembro del Grupo de Pensamiento Laico, integrado además por Nazanín Armanian, Francisco Delgado Ruiz, Pedro López López, Rosa Regás Pagés, Javier Sádaba Garay, Waleed Saleh Alkhalifa y Ana María Vacas Rodríguez

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Experimentos de renta básica: de la evidencia científica al debate colectivo

Los experimentos de renta básica se han puesto de moda, pero no pueden convertirse en un fin en sí mismo. Las evidencias que obtenemos son útiles para fundamentar empíricamente nuestras hipótesis y argumentos, pero también para fomentar el debate sobre cuestiones claves, como qué significa el trabajo, cómo queremos distribuir el producto social, o qué sistema de protección social queremos

 

A la mayoría de los lectores y lectoras les sonará que Finlandia recientemente ha realizado un "experimento de renta básica". Dos mil personas escogidas de forma aleatoria percibieron, de forma incondicional, una renta de unos 560 euros mensuales durante dos años. El debate era goloso: dar dinero a la gente y esperar a ver qué pasaba. Los expertos, académicos, políticos, y sobre todo los medios de comunicación, se preguntaban si, por ejemplo, las personas desempleadas se esforzarían en conseguir un puesto de trabajo o, por el contrario, se apalancarían en el sofá.

Lo que quizás no les suene tanto es que este tipo de experimentos hace años que se vienen realizando en todo el mundo: desde la localidad de Manitoba, en Canadá o en varias poblaciones estadounidenses entre los 1970s y 1980s, hasta más recientemente en lugares como Otjivero-Omitara Namibia (2007-08), Madhya Pradesh en la India (2011-13), en Kenia (2016-), en Ontario en Canadá (2017-18), en Utrecht y cinco ciudades holandesas (2017-19), en Irán (2010-), en Maricá, Río de Janeiro, Brasil (2019-), o en la provincia de Gyeonggi de Corea del Sur (2020-). Parece que estos experimentos están consiguiendo que la idea de la renta básica gane cada día más adeptos y que el debate salga de las universidades y de los centros de investigación para interpelar a cada vez mayores sectores de la sociedad.

En el mundo académico y activista prevalece la discusión de si estos experimentos son realmente necesarios, e incluso adecuados, para terminar implementando la renta básica. A un lado hay quien cree que aún se necesitan más pruebbas empíricas que avalen y aporten mayor credibilidad y robustez a los argumentos favorables a la renta básica. Los expertos llaman "evidence-based policies" a la idea de que, para implementar políticas públicas, es necesario primero que estas se sostengan sobre evidencias empíricas que demuestren su eficiencia y eficacia. En el otro extremo del debate se halla quien postula la futilidad de estos experimentos y defiende, por tanto, que los argumentos y las razones para justificar la implementación de la renta básica no tienen que ver con sus hipotéticos resultados empíricos, sino con consideraciones de tipo moral o ético.

Sin embargo, no hay que ir ni a Finlandia ni a Corea del Sur, ya que en Barcelona también se ha realizado un experimento similar que ha finalizado hace poco más de un año. Durante 24 meses, mil hogares del Eje Besós participaron en el llamado proyecto piloto B-MINCOME que combinaba una transferencia monetaria con varias políticas activas de inclusión sociolaboral. La evaluación de este proyecto se está publicando estos días, aunque a mediados de 2018 ya se conocieron los resultados parciales. Estos, como los del resto de experimentos anteriormente mencionados, fueron positivos en incidir sobre aspectos tales como la reducción del estrés financiero y de las deudas familiares, el aumento de la felicidad y del bienestar subjetivo, la reducción de ciertas afectaciones mentales y físicas, la mejora de la calidad alimentaria, el refuerzo de la participación y de la confianza social y con las instituciones, el refuerzo de la autoconfianza y de la emprendeduría, etc. Sin embargo, los experimentos realizados hasta ahora echan por tierra el supuesto desincentivo sobre la oferta laboral que algunos creen que inevitablemente implicaría una renta básica.

Dicho y hecho, pues. Aquellos que reclaman más evidencias disponen ahora de una considerable cantidad de datos que avalan y justifican su implementación. Desgraciadamente, la renta básica no se ha instaurado ni en Finlandia, ni en Kenia, ni tampoco en Barcelona. El problema no radica pues en la falta de datos ni de evidencias empíricas, sino más bien en creer que la política funciona como la ciencia o, dicho de otro modo, que quien ocupa cargos políticos y diseña políticas públicas razona y actúa como lo haría un científico social.

Aquellos que anteponen los argumentos de tipo moral o ético se podrían sentir ahora tentados a afirmar que tengo razón y que, por más evidencias que aporten estos experimentos, la decisión de implementar (o no) la renta básica es y será siempre una decisión política sostenida sobre postulados éticos e ideológicos. Quien defiende esta posición cree que la carga de la prueba se encuentra en los argumentos normativos y tiende así a rechazar la experimentación y los estudios de campo. Independientemente de los resultados o las consecuencias que esta pueda conllevar, sostienen, hay que instaurar la renta básica porque es una medida justa que nos acerca a un modelo distributivo que estimamos moralmente deseable para nuestras sociedades.

El problema de esta postura es que tiende a obviar que la renta básica (en caso de implementarse) sería la política de mayor impacto redistributivo y sería, por tanto, una medida altamente controvertida desde el punto de vista político. Parece muy poco estratégico y totalmente desaconsejable, pues, rechazar las evidencias científicas disponibles que pudiersn avalar su implementación. Después de todo, durante los últimos cuarenta años, una gran cantidad de reputados estudiosos en campos como la justicia distributiva, la ética económica y la filosofía moral y política han desarrollado un buen número de teorías y argumentos favorables a la renta básica difícilmente rebatibles por la mayoría de la población, pero que tampoco parecen haber tenido mucho éxito en convencer a sus gobernantes de instaurar esta medida.

Así como la primera perspectiva lo fía todo a unos resultados "estadísticamente significativos" y se muestra profundamente ilusa al creer que las decisiones políticas se cocinan en laboratorios científicos, esta segunda postura pondría todo el peso en los argumentos éticonormativos que, por más refinados que puedan ser, no parecen haber sido suficientes para modificar la acción de gobierno. El lector o lectora más pesimista podría sentirse ahora satisfecho, tirar la toalla y balbucear algo así como que "la renta básica es una buena idea, pero en el fondo es demasiado utópica para ser implementada". Nada más lejos de mi intención.

Académicos, expertos y defensores de la renta básica en general pueden seguir peleándose alrededor de la (in)conveniencia de realizar más experimentos. Pero lo cierto es que cuanto más se discuten y más experimentos se realizan, más se habla de la renta básica. Y para prueba, un botón: es decir, este mismo artículo. Es lógico suponer que dar dinero de forma incondicional conllevará resultados positivos, pero lo cierto es que necesitamos evidencias que aporten consistencia empírica tal suposición. Es mediante la realización de experimentos que ahora sabemos que la felicidad y el bienestar tienden a aumentar, que la salud y la alimentación usualmente mejoran, que las deudas económicas y el estrés financiero tienden a reducirse, que la gente ocupada no suele abandonar su puesto de trabajo y que quien está parado difícilmente rechaza volver al mercado laboral. Y sabemos también que casi nadie opta por no hacer nada. Convertirse en un parásito, en un "ni-ni", no parece una opción para quien dispone de su existencia material garantizada.

Simultáneamente, estos resultados animan cada vez más debates con un fuerte contenido ético y político que, por otra parte, serían difíciles de escuchar en casa, en el bar o en el lugar de trabajo si no se hubieran realizado experimentos como los de Namibia, los de Holanda o el de Barcelona. Por lo tanto, estos experimentos no solo son útiles para acumular nuevas evidencias empíricas al corpus de conocimiento científico actualmente existente, sino que también sirven para poner sobre la mesa debates con un fuerte contenido ético y moral y que son fundamentales para a las sociedades actuales como, por ejemplo, ¿qué significa el trabajo? ¿Es lo mismo el trabajo que el empleo? ¿Quién (no) trabaja y por qué? ¿Cómo queremos distribuir el producto social? ¿Qué sistema de protección social queremos? ¿Es el empleo el medio más adecuado para garantizar la libertad y la autonomía de las personas?

Quienes creemos y defendemos que la existencia material es y debería ser un derecho fundamental, no podemos pasar por alto la oportunidad estratégica que nos brindan los experimentos de renta básica como altavoz para hacer oír nuestra voz. La sociedad no es un espacio escéptico ni neutro, sino que está conformada por una multitud de relaciones de poder y de dominación históricamente cristalizadas de acuerdo con los diferentes contextos geográficos, políticos, culturales y económicos. Creer que unos científicos en bata blanca arreglarán los problemas que todo esto genera es tan iluso como contraproducente; tanto como hacer caso omiso a las evidencias científicas y las recomendaciones que nos puedan aportar. Nuestra tarea no es solo diseñar e implementar buenos experimentos sociales, si no sobre todo saber leer e interpretar los resultados para que sean útiles para el debate y la discusión colectiva en favor de la renta básica.

27/01/2021

Por Bru Laín 
 
es profesor de sociología en la Universidad de Barcelona e investigador en la Universidad de Minho, Portugal. Se ha formado en la UB, UAB, la Concordia University, la University of Brighton y la Université Catholique de Louvain y ha sido docente invitado en la Universidad Nacional de Ecuador, la University of Leeds y la McGill University. Ha sido investigador en el proyecto piloto B-MINCOME del Ayuntamient de Barcelona. Es secretario de la Red Renda Bàsica y miembro del Consejo de Redacción de la revista SinPermiso.
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¿IVA de 19 por ciento para toda la canasta?

Soplan vientos que traen el eco de gravar la totalidad de alimentos con el IVA en un 19 por ciento. Es la propuesta facilista para recomponer el déficit fiscal que sobrelleva el país, medida que le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–. ¿Por qué es improcedente esta medida y cuáles serían sus consecuencias?

 

De nuevo el debate sobre la necesidad de realizar una reforma estructural tributaria gana espacio a nivel nacional. Esta vez producto de la difícil situación fiscal del país, agravada por la pandemia del covid-19 en 2020 y con ella la caída de ingresos del gobierno nacional de un 2.5 por ciento del PIB y el aumento del gasto público para enfrentar la crisis social y económica en curso.

Como en otras ocasiones, sectores defensores de los privilegios de pocos proponen como uno de los pilares para mejorar las arcas públicas la universalización del impuesto al valor agregado –IVA– para todo el conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Una propuesta improcedente, como permite afirmarlo las mismas cifras oficiales sobre los impactos recaudatorios y en la distribución de ingresos de diferentes opciones alternativas de reforma del IVA.



Algunas consideraciones generales de contexto

 

En el Gráfico 1 puede apreciarse, a manera de preámbulo, cuán regresivo resultaría ser la generalización de la tarifa del 19 por ciento del IVA a la totalidad de bienes y servicios consumidos por los hogares en Colombia, ya que este impuesto como proporción del ingreso total de los hogares variaría desde el 24 por ciento para el caso de los hogares en pobreza y el 17 por ciento para el de hogares en vulnerabilidad, que resultan ser muy superiores al de los hogares con mayores ingresos de la denominada clase alta (el 7% para los hogares del decil 10 con los mayores ingresos y 12%, en promedio, para los deciles 7 a 9).

Así pues, a diferencia de lo argumentado recientemente en ciertos círculos especializados a nivel internacional, no es cierto que a priori el IVA generalizado pueda resultar progresivo dado el nivel y composición de los gastos en bienes y servicios que realizan los hogares según nivel de ingreso en el caso de un país como Colombia, con elevados niveles tanto de pobreza monetaria (cercano al 35.7% en 2019, justo antes de la pandemia del covid-19 que la recrudeció de manera significativa en 2020) como de concentración de ingresos y de riqueza.

Ante estas circunstancias, resulta claro que el diseño de una reforma del IVA en Colombia ha de ser enmarcado, en sentido estricto, en una visión de economía política que pondere debidamente los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, aparte de los de simplicidad y transparencia, a la luz de propósitos básicos como los de inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad societal.

 

La clasificación del gasto según grupos de la canasta familiar

 

El Dane, con base en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph) 2016-2017, seleccionó la nueva canasta y revisó la metodología aplicada al Índice de Precios al Consumidor. Entre los cambios están los nuevos ponderadores a nivel de las 12 divisiones, grupos de gasto y clases de gasto para cada una de las clases sociales1.

En la misma destaca el peso específico del grupo de alimentos en el gasto de los hogares en el país, a saber –siempre en por ciento–: 13.89 a nivel general, el 22.10 para los hogares en pobreza, el 20.56 para los hogares en vulnerabilidad, el 14.57 para los hogares de la denominada clase media y el 7.51 para los hogares de la clase de ingresos altos.

A su vez, el gasto conjunto en alimentación y arriendos llega a representar el 39.05 del gasto total para el agregado de hogares en el país, llegando incluso hasta el 53.73 del gasto en el caso de los hogares en pobreza, el 48.43 en el de los hogares en vulnerabilidad, el 39.94 en el de los hogares de clase media y el 29.88 en el de los hogares de ingreso alto.

 

El gasto total de los hogares y su composición

 

De acuerdo con esta encuesta de 2016-2017, el gasto total mensual de las unidades de gasto alcanzó 27.4 billones de pesos mensuales (328.8 billones de pesos al año), distribuidos fundamentalmente en: alimentos y bebidas no alcohólicas (4.4 billones de pesos mensuales, equivalente al 15.9 por ciento del gasto total); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7.9 billones de pesos mensuales, 28.7% del gasto total); bienes y servicios diversos (5.0 billones de pesos mensuales, 18.3%) y transporte (2.6 billones de pesos mensuales, 9.5%), entre otros.

En estas condiciones, la distribución del IVA del 19 por ciento a toda la canasta familiar a nivel de las clases sociales muestra cómo el recaudo se concentraría en lo fundamental en los hogares de la clase media (44%), seguido por los hogares en vulnerabilidad (26%), los hogares en pobreza (19%) y, finalmente, los de la clase alta (11%), destacándose cómo el peso del impuesto IVA sobre el ingreso representaría el 24.4 por ciento para los hogares en pobreza, mientras que para aquellos de altos ingresos sería de tan sólo el 10.8 por ciento y mucho menos para el 1 por ciento de los hogares más ricos de la clase alta para los que el IVA a la canasta familiar sólo afectaría el 7.3 por ciento de su ingreso.

El efecto de la medida es inocultable. De ahí que la propuesta debiera orientarse a no gravar la canasta básica de los hogares en pobreza y vulnerabilidad, ni tampoco a los rangos o sub-deciles de ingresos bajos de la clase media, para que con ello se lograran mejoras sustanciales en el índice Gini de concentración de ingresos al poder pasar de 0.5438 a 0.5166.

Ante esta composición del gasto de los hogares en el país, universalizar la tarifa del IVA del 19 por ciento a la canasta familiar de bienes y servicios generaría un recaudo aproximado de 62 billones de pesos al año (6.2% del PIB).

 

 

 

La potencia del impacto

 

Mediante una microsimulación del IVA a toda la canasta familiar, se estima que su universalización al 19 por ciento para todos los bienes y servicios, si todos los demás factores permanecen constantes, reconfiguraría de manera apreciable la estructura de las clases sociales, con un aumento de la proporción de hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad y una reducción de la de hogares de clase media, en la medida en que:

(i) cerca del 23 por ciento de los hogares en pobreza no extrema serían expulsadas a la pobreza extrema,
(ii) un 16 por ciento de los hogares vulnerables serían expulsados a la pobreza, y
(iii) un 23 por ciento de los hogares de la clase media serían expulsadas a vulnerabilidad.

Como queda claro, de así proceder ello conduciría a un inaceptable empobrecimiento y agudización de la vulnerabilidad de amplios grupos poblacionales, ya de por sí golpeados por la política económica en voga desde décadas atrás, y más agravados con la pandemia del covid-19, consecuente con un aumento del índice Gini de concentración del ingreso de un 0.5438 antes del impuesto IVA a 0.5705 después del mismo a toda la canasta básica para toda la población.

La importancia de este tipo de impactos ha sido reconocida por organismos internacionales y círculos de expertos al punto de recomendar que con la ampliación de la base gravable del IVA a bienes y servicios de la canasta familiar se implanten medidas de compensación (créditos fiscales, devolución de IVA, entre otros) focalizada a favor de los hogares en pobreza y vulnerabilidad. A pesar de lo anterior, dados los altos niveles de informalidad como de precariedad de ingresos de amplios grupos de nuestra sociedad y ante los graves vacíos en la interoperabilidad y robustez estadística de los registros administrativos en un país como Colombia, se generan importantes desigualdades, injusticias, asimetrías, inequidades, falencias en la cobertura de la población y elevados costos de transacción no solo para la administración pública sino también para los mismos hogares elegibles.

En cuanto a la pretendida corrección de este tipo de políticas en Colombia, resulta muy aleccionadora la experiencia de la devolución del IVA, debido a que hasta el presente tan sólo llega a cubrir a un millón de hogares pobres (esto es, apenas un 23.3% de los hogares pobres en 2019, antes del recrudecimiento de la pobreza con la pandemia en 2020), lo cual constituye una muestra de la inadecuada capacidad gubernamental para lograr una oportuna e integral aplicación de medidas compensatorias a los hogares pobres y vulnerables, los cuales serán claramente afectados con la universalización de este impuesto. Así pues, en economías altamente informales y con precarios sistemas de información hay una alta brecha entre la imposición tributaria a la canasta familiar y la cobertura y efectividad de las compensaciones para hogares en pobreza y vulnerabilidad, por ejemplo.

Como ya se vió, el peso de los gastos en los rubros de alimentos y de arriendo de vivienda para los hogares en pobreza casi que duplica el correspondiente a los hogares de la clase de altos ingresos (un 54% en el primer caso), en este artículo se muestra, a manera de ejemplo, el impacto fiscal y en redistribución de ingreso de la implantación de una tarifa general del IVA del 19 por ciento para alimentos.


El IVA sobre alimentos

 

El gasto de los hogares en alimentos, según la Enph 2016-2017, fue de 4.06 billones de pesos mensuales en 2017 –esto es, 48.7 billones de pesos al año–. Los alimentos de mayor consumo son las carnes (28%), panes y cereales (18%), leche, queso y huevos (15%), y legumbres (14%) (Cuadro 1).

 


Gravar todos los alimentos con el IVA a la tarifa general del 19 por ciento, le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–, el cual recaería –siempre en por ciento– en un 37 sobre los hogares de la clase media, un 33 sobre vulnerables, un 25 sobre los empobrecidos y apenas un 5 sobre los de la clase alta.

Aplicar este tipo de medidas, si todos los demás factores permanecen constantes, llevaría a expulsar, por ejemplo, a un conglomerado de 963 mil personas (5.6%) en vulnerabilidad a la pobreza, e incrementaría la inequidad en la distribución de ingresos en el país al elevarse el índice de Gini de concentración de 0.5438 a 0.5502.

Ahora bien, si se aplicara el IVA sobre alimentos a una tarifa del 19 por ciento para los hogares de los deciles 9 y 10 de más altos ingresos en el país se evitaría dicho incremento de la concentración y, por el contrario, podría incluso reducirse muy ligeramente de 0.5438 a 0.5407, aparte de generar un recaudo de cerca de 0.23 por ciento del PIB al año.

Por ello, lo procedente es aplicar una tarifa del 19 por ciento del consumo imputado –según lo estimado con base en la Enph del Dane para los hogares de diferentes clases y deciles de ingreso– para los hogares de altos ingresos, y con una tarifa del 0 por ciento para el resto de hogares.

 

El caso de otros componentes de la canasta

 

Siguiendo similar planteamiento para el caso de los otros rubros importantes en la canasta de consumo como son los arriendos pagados e imputados, la electricidad, gas y agua, por un lado, y alimentación y restauración fuera del hogar, es importante que el gobierno nacional y el Congreso de la República aprobaran el IVA en cuestión sobre los arriendos pagados e imputados para el caso de las personas jurídicas con mayores ingresos operacionales, así como la aplicación de la tarifa del 19 por ciento sobre el consumo de electricidad, gas y agua de las empresas.

Dado que los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente se definen como la remuneración indirecta que obtienen las instituciones financieras y de seguros en las operaciones de préstamos, depósitos y seguros que realizan, así como la diferencia entre el tipo de interés de referencia que se fija para cada operación financiera y el tipo de interés que pagan las instituciones financieras, se debería implantar este mismo IVA a este tipo de servicios en cabeza de las entidades financieras y de seguros, aparte de los reducidos costos de transacción y simplicidad de su recaudo.

 

Escenarios alternativos para la imposición del IVA a la canasta familiar

 

Como síntesis de lo anterior, resulta de gran utilidad analizar la sensibilidad de los impactos en recaudo tributario y los cambios en la distribución de ingreso entre hogares a variaciones en la población de hogares sujeta al gravamen del IVA del 19 por ciento en el país. Como se aprecia en el Cuadro 2, si se aplicara el IVA universal en el porcentaje indicado a todos los hogares colombianos el recaudo adicional alcanzaría a un 6.2 por ciento del PIB al año y el índice Gini de concentración de ingresos se agravaría aún más al pasar de 0.5438 a 0.5705, en tanto que si sólo se aplicara el IVA a toda la canasta de los hogares del decil 10 de más altos ingresos con la tarifa del 19 por ciento y de 0 para el resto de los hogares, se aumentaría el recaudo al 1.8 por ciento del PIB al año y se reduciría apreciablemente el índice Gini de concentración al descender de 0.5438 a 0.5209.

Ahora bien, si se aplicara a la canasta de los hogares de los deciles 9 y 10 de mayores ingresos con la tarifa indicada y del 0 por ciento para el resto de hogares, se incrementaría el recaudo al 2.7 por ciento del PIB al año y se alcanzaría una reducción del índice Gini de 0.5438 a 0.5144.

Lo que demuestra con claridad suficiente la robustez de un diagnóstico de política pública que consulte con rigor las ventajas y desventajas existentes entre recaudo, equidad y progresividad a la luz de objetivos precisos de política económica y social.

En términos de eficacia del recaudo y redistribución de ingreso sobresalen, sin duda alguna, las alternativas de gravar focalizadamente a la canasta de los hogares de mayores ingresos en el país con la tarifa ya definida y del 0 por ciento para el resto de hogares, y en particular del 10 si no se quisiera afectar a algunos sectores de la clase media.

Así, entonces, existirían algunas variantes sobre estos tipos de opciones, para no mencionar otras, que facilitarían sopesar la más deseable en términos de recaudación, graduación, focalización y tarificación bajo los postulados de política pública aquí en referencia, así como en consonancia y estricta coherencia con los demás componentes de la reforma estructural tributaria.

Una opción deseable de política podría consistir en aplicar la referida tarifa del IVA a las personas naturales pertenecientes al 5 por ciento de las que cuentan con los mayores ingresos en el país, como una primera etapa, lo que generaría recursos tributarios por cerca de un 0.8-1.0 por ciento del PIB al año; luego, en la segunda etapa, se podría ampliar la aplicación del IVA pero con una tarifa del 15 por ciento al resto de las personas naturales pertenecientes al 10 por ciento de las con mayores ingresos en el país, que aportaría un recaudo adicional del orden del 0.5-0.6 por ciento del PIB al año, y, cuando sea conveniente e indispensable, en la tercera etapa se extendería la aplicación de este impuesto con una tarifa del 10 por ciento para las personas naturales del decil 9 de ingresos, que recaudaría en torno a un 0.3 por ciento del PIB al año, llegándose en este punto a un aporte recaudatorio acumulado del IVA a la canasta de consumo de los hogares del país próximo al 1.8-2.0 por ciento del PIB al año.

De acuerdo con lo ya argumentado, la mejor forma procedimental, si no única, de aplicar el gravamen, dadas las actuales restricciones en los registros administrativos y en la interoperabilidad de los sistemas de información gubernamental2, sería la de aplicarlo directamente a los hogares sujetos al gravamen a través tanto de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el caso de los arriendos pagados e imputados, por ejemplo, como del mismo recibo del pago de servicios como la electricidad, gas y agua a condición de que se corrijan los graves sesgos de la estratificación actual.

 

En suma…

 

Dicen que un buen gobierno es aquel que garantiza felicidad, seguridad y bienestar a la sociedad con la que organiza la vida diaria. Y para garantizar tal tríptico no puede dejar de lado la justicia, en este caso en el campo económico, tributario y fiscal. Realizar tal precepto no es posible sin trascender las promesas. En este caso, invertir la política impuesta en Colombia desde décadas atrás con la cual se invirtió en 180 grados la lógica de “quien tiene más debe pagar más”, y para ello hemos tratado de dejar la evidencia sin que las neblinas impidan apreciarla en su debida manera.

Queda evidente, entonces, que otra política tributaria sí es posible, pero para hacerla realidad hace falta mucho más que argumentos… El reto queda para el conjunto nacional.

 

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-actualizacion-metodologica-2019/ipc-ponderadores.
2 Es de reiterar que el programa de devolución del IVA actualmente llega a menos del 23% de los hogares en pobreza en el país y que, según información oficial suministrada a la Corte Constitucional, a agosto todavía había más del 45% de los hogares en situación de desplazamiento forzado interno a los que no les había llegado ningún programa social del Gobierno nacional.

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El negocio de los mares: un puñado de empresas explotan todos los recursos ante la escasa regulación internacional

Un estudio reciente de la revista 'Science' alerta de cómo muy pocas empresas concentran cada vez más poder en los océanos y cómo la debilidad de las regulaciones, nacionales e internacionales, fomenta la sobreexplotación de los ecosistemas marinos.

 

Las aguas del planeta Tierra son cada vez más opacas. En las últimas décadas, el uso comercial de los océanos ha ido creciendo, convirtiendo los mares en recipientes industrializados donde el extractivismo se impone a la biodiversidad. Las lógicas de explotación guardan una coherencia con las economías terrestres, ya que la mayor parte de la economía marina global se concentra tan solo en cien empresas transnacionales, de las que diez controlan el 45% de la riqueza proporcionada por los ecosistemas oceánicos. Así lo evidencia una investigación recién publicada por la revista Science, que resalta cómo la falta de controles internacionales sobre los océanos han favorecido el desarrollo de actividades contaminantes y con un gran impacto ambiental.

"Ver al océano como un motor para el crecimiento económico futuro puede entrar en conflicto con las dimensiones sociales y ambientales de los objetivos para el uso sostenible de los océanos acordados a lo largo de décadas en compromisos y tratados internacionales", sostiene la investigación, que alerta de que las industrias oceánicas podrían echar por tierra el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y agravar las consecuencias de la crisis climática.

De hecho, nueve de las diez principales empresas que más beneficios obtienen de la explotación oceánica se dedican a la extracción de petróleo y gas de yacimientos marinos. Saudi Aramco, Petrobras, National Iranian Oil Company, Pemex, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Equinor, Total y BP encabezan un ranking en el que todas las actividades relacionadas con los combustibles fósiles marinos representan el 65% de los beneficios globales que da el mar. En ese top 10, sólo hay una compañía, AP Moller-Maersk, que no se dedica a la extracción de recursos fósiles y sus ganancias se deben al transporte de mercancías.

A los combustibles fósiles le siguen el transporte marítimo, que genera el 12% del total de la economía marina; la construcción naval, responsable del 8 % de los beneficios; la construcción de plataformas marítimas, con el 5%; la industria del marisco, que da el 4% de las ganancias globales; el turismo de cruceros, responsable del 3%; y las actividades portuarias, que acumulan el 2% de las ganancias de la economía oceánica. No se incluyen en el análisis realizado por Science nuevas prácticas económicas relacionadas con la transición ecológica, como la implantación de plantas de energía renovable, así como otras actividades económicas como la búsqueda de patentes genéticas para la industria farmacéutica.

Pilar Marcos, bióloga y responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, explica a Público que los datos de esta investigación científica certifican que la industria del petróleo no sólo se resiste a morir, sino que ha encontrado una forma de seguir siendo una fuente de riqueza, pese a los impactos que tiene la extracción y la quema de estos combustibles. "Los propios tratados internacionales, como el Acuerdo de París, nos dicen que no podemos extraer ni una gota más de petróleo o gas si queremos frenar el cambio climático", apunta la experta, quien señala como la falta de normativas internacionales que regulen la explotación de los mares da facilidad a que estas prácticas se sigan perpetuando.

Esa misma visión es recogida también por los investigadores de Science. Los autores indican que "los altos niveles de concentración en la economía oceánica" en "un pequeño puñado de empresas transnacionales" suponen un riesgo "evidente", si se tiene en cuenta que la ausencia de tratados internacionales sobre el mar les permite actuar como grupos de presión sobre los gobiernos en los que se asientan sus sedes, de tal forma que las regulaciones de sobre las aguas nacionales quedan, en cierta medida a su antojo. "Tal concentración ha contribuido a los desequilibrios en el poder político y, en algunos casos, al acaparamiento de océanos, donde los recursos caracterizados como bienes públicos son capturados por unos pocos", señala.

Y es que, mientras que el Acuerdo de París trata de obligar a los países firmantes a reducir la quema de combustibles fósiles, en los mares, tanto en aguas nacionales como internacionales, no existen tratados internacionales consensuados que asienten unos mínimos sobre la explotación. "Todo depende de la voluntad de los países y hay muchas potencias a las que no les interesa firmar los tratados o cumplirlos", expone Ricardo Aguilar, coordinador de Expediciones de la organización Oceana

El Ártico, ejemplo de desprotección

El Ártico es, quizá, el mejor ejemplo de esa laxitud normativa en torno a la regulación de la economía marina. En 2018, Rusia, China y Noruega vetaron la decisión de la Comisión Oceánica del Ártico para elevar la protección del ecosistema y evitar la proliferación de exploraciones petrolíferas y de gas. "Es una tragedia y un círculo vicioso, porque un tercio de las reservas fósiles se encuentran bajo el hielo de esta zona y, como el cambio climático está provocando el deshielo, cada vez hay más empresas y naciones con sus ojos puestos en la zona, en busca de nuevos yacimientos", denuncia Marcos.

El periodista Neil Shea es testigo de las consecuencias que esta falta de regulación está teniendo en la zona. Tanto es así que en 2019 documentó en un reportaje para National Geographiccómo este ecosistema se está convirtiendo en un escenario de "guerra fría" donde las naciones han desplegado ya ejércitos para controlar un territorio que, con el deshielo, descubrirá nuevos yacimientos.

"El problema del Ártico no tiene tanto que ver con la regulación internacional como con los acuerdos que alcancen los países que tienen territorio allí. Al final es una zona que está bien troceada y que, según se va produciendo el deshielo, aparecen lugares nuevos para explotar. Precisamente, estas nuevas actividades van a favorecer que ese deshielo se acelere", advierte Aguilar. "En el caso de que hubiera acuerdos internacionales sobre este problema, al final todo dependería de que los Gobiernos tuvieran voluntad. Es como cuando le decimos a Brasil que no puede arrasar la Amazonia, son sus tierras y puede hacer lo que quiera. Lo único que se puede hacer en estos casos es que los países pongan sanciones".

Mecanismos de protección

Dada a concentración de poderes y la ausencia de organismos que regulen con firmeza las actividades que se desarrollan en los océanos, Science ve en las "finanzas azules" una fuente capaz de frenar la sobreexplotación de los mares. "Los bancos, en particular, pueden promover la sostenibilidad dada su capacidad para vigilar a las empresas y adaptar los términos de los préstamos. Incorporando criterios de sostenibilidad en los convenios de préstamos y obligando a las empresas a revelar información no financiera, evaluaciones de riesgo ambiental, reducción de las emisiones de CO2, establecimiento de objetivos basados ​​en la ciencia, etc., los bancos podrían incentivar el uso responsable del océano y acelerar la transformación hacia mejores prácticas", apunta la investigación.

Aguilar señala también a las grandes compañías aseguradoras como elementos capaces de frenar el desarrollo de una economía intensiva en los mares. "Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un acuerdo para que estas empresas no aseguren los negocios relacionados con pesca ilegal en aguas internacionales", expone el experto. Sin embargo, los investigadores de Science advierten que las herramientas financieras son sólo un elemento importante, pero una solución: "No se puede ni se debe esperar que los esfuerzos corporativos voluntarios para operar de manera sostenible sustituyan a las políticas públicas".

"Los gobiernos tienen un papel crucial que desempeñar no sólo en proporcionar un contexto regulatorio que proteja los valores ecológicos y sociales ajenos al mercado, sino también en la creación de incentivos para la innovación rápida en la estrategia y práctica empresarial hacia la administración corporativa y codificar los marcos legales y regulatorios en consecuencia", zanja la investigación.

madrid

28/01/2021 23:32

Por alejandro tena

Publicado enPolítica
Viernes, 29 Enero 2021 05:04

Una bola de nieve global

Una bola de nieve global

Crece el endeudamiento de los países por la crisis

 

La deuda pública mundial equivale a casi la totalidad del PBI global. Este número calculó el FMI en su nueva edición del Monitor Fiscal al tener en cuenta los casi 14 billones de dólares en apoyo fiscal para combatir la pandemia de coronavirus. El organismo midió la expansión fiscal de parte de los gobiernos en 7,8 billones de dólares en gastos directos adicionales o ingresos no percibidos y 6 billones de dólares en garantías, préstamos e inyecciones de capital. El apoyo total ha aumentado alrededor de 2,2 billones de dólares desde octubre pasado.

Según las estimaciones del organismo, la economía global mostraría un alza del 5,5 por ciento, en lugar del 5,2 por ciento que había sido estimado en octubre. En el caso de América latina, el crecimiento este año sería del 4,1 por ciento, por encima del 3,6 por ciento calculado meses atrás. El cambio del pronóstico refleja “el fortalecimiento de la actividad a medida que avance el año en base al impacto de la vacuna junto al apoyo fiscal adicional en las economías más grandes, especialmente en Estados Unidos y Japón”, explicó el Fondo, que insta a que el apoyo fiscal se mantenga hasta que la recuperación esté más firme.

Deuda pública

"Se estima que la deuda pública mundial llegó a un 98 por ciento del PIB a fines de 2020, en comparación con el 84 por ciento previsto para esa misma fecha en las proyecciones de la edición de Monitor Fiscal de octubre de 2019. Las respuestas fiscales se han construido en función del acceso al financiamiento: los déficits globales promedio, como porcentaje del PIB, se proyectan para 2020 en -13,3 por ciento para las economías avanzadas, -10,3 por ciento para las economías de mercados emergentes y de mediano ingreso, y de -5,7 por ciento para los países en desarrollo de bajo ingreso", detalló el FMI.

La recuperación económica tiene relación directa con la política fiscal expansiva que impacta en el deterioro de las cuentas públicas y el endeudamiento. En el caso de la Argentina, la política contracíclica se dio sin acceso a los mercados externos, con lo cual el financiamiento fue monetario (emisión) y toma de deuda en el mercado local.

Por otro lado, el FMI planteó que "la cooperación mundial para el acceso a tratamientos y vacunas es esencial. Es preciso contar con apoyo fiscal disponible para hogares y empresas vulnerables, según sea necesario, hasta que la recuperación esté firmemente encaminada. La política fiscal debe promover una recuperación sostenible y facilitar la transformación hacia una economía verde, digital e inclusiva, sin dejar de controlar los riesgos fiscales y de financiamiento".

Publicado enEconomía
Jueves, 28 Enero 2021 07:43

Colombia: El próximo capítulo

Colombia: El próximo capítulo

El ejercicio de previsión tendrá siempre mucho de especulativo, pero suele ser útil como orientación para el camino que se emprende. Y aunque acabamos de experimentar una profunda ruptura que vuelve poco significativo el análisis de tendencias, existen seguramente procesos subyacentes que vale la pena poner en evidencia. He aquí una primera aproximación.

El término que mejor se ajusta a lo que estamos viviendo es el de incertidumbre. En Colombia y en el mundo. Cuando ya se pensaba que la pandemia había sido controlada, de repente resurge con más fuerza que antes. Todas las apuestas, como se ha visto, se han centrado en la vacunación masiva; sin embargo, se sabe que ésta será lenta y complicada. Los impactos, cada vez mayores, en particular sobre los sistemas de atención en salud, llevarán a periódicos confinamientos, cuando menos, selectivos.

En este proceder, el gobierno de Francia, por ejemplo, ha decidido mantener el estado de emergencia hasta junio y anuncia que es muy posible su prolongación hasta diciembre. Esto quiere decir que la economía –capitalista– reanudará su marcha pero a trompicones. Con sus dos grandes ganadores, por supuesto: quienes manejan la internet, el negocio de las “aplicaciones” y la fabricación de dispositivos, por una parte, y el capital financiero especulativo, por otra. En la política convencional, es claro que muy pocos de sus actores se atreverán a ofrecer alternativas, como no sea la fuerza que habrán de emplear para controlar las explosiones masivas de desesperación. En el ámbito cultural continuará por un buen tiempo la ilusión del nuevo “mundo virtual” como reemplazo individualista de la real vida social, pero poco a poco se desgastará su atractivo y llegará a su agotamiento.

Visto de esta manera podría decirse que esta civilización –burguesa– está llegando a su fin o por lo menos que es una muestra más de su irrefrenable decadencia. Y, en efecto, tenemos a la vista no sólo la crisis repetitiva de la acumulación capitalista como base de la economía sino también la catástrofe ecológica, ya inocultable. Pero también es fácil decir que es una cuestión simple de avance en la biología y la medicina y que en cosa de cinco años este momento será apenas un mal recuerdo. En todo caso, para lo que aquí nos interesa lo cierto es que, para pensar en el futuro, hoy es menos fecundo que nunca el ejercicio de identificar tendencias. Y ya estarán muchos esperando un inesperado “cisne negro”. Pero nunca será bueno cruzarse de brazos. Es mejor estar preparados para cualquiera de los posibles “cisnes” que podamos imaginar. Como dice justamente el autor de la popular parábola: “Esta idea según la cual para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias (que podemos conocer) más que en la probabilidad (que no podemos conocer) es la idea fundamental de la incertidumbre”1.

 

Una furtiva encrucijada

 

Colombia no se encuentra por fuera de este espacio angustioso de incertidumbre, pese a los esfuerzos gubernamentales destinados a ofrecer certezas y seguridades, con la ayuda de algunos médicos y no pocos economistas, para tranquilidad de “los mercados” y de la ingenua ciudadanía. Buena parte de los desastres que hemos padecido, se explican precisamente por estos mensajes manipuladores, el principal de los cuales se refiere a las bondades de la “reapertura de la economía” y la consecuente “reactivación” en el 2021. Esta falaz reactivación, según sus propagandistas, se apoyaría en la continuidad de la supuesta tendencia creciente que traía la economía en el 2019.

Como podemos verificar, aquí una mentira se justifica con otra. Es obvio que, después del desplome del año pasado, cualquier cifra positiva puede presentarse como “recuperación”. Pero tampoco las cifras oficiales ayudan a la mentira. Corrigiendo sus propias estimaciones anteriores, el gobierno, a esta altura, calcula la contracción del PIB en -6.8 por ciento, de modo que el crecimiento previsto para el año que empieza, esto es, 5.0 por ciento, ni siquiera significaría regresar al nivel de 2019. Y eso sin contar el impacto de las nuevas medidas que ya se comenzaron a tomar. Pero, además, tampoco es cierto que durante la administración Duque el país hubiera retornado a su “sendero de crecimiento”2. Todo lo contrario. Este insistente discurso de la tranquilizadora continuidad se apoya, pues, en la invocación de la pandemia, hábilmente aprovechada para evitar referirse al empantanamiento que se estaba soportando.

En efecto, al igual que otros países de la región, Colombia enfrenta el agotamiento de un modelo o patrón de acumulación de capital basado desde comienzos del siglo en la exportación de materias primas, es decir, la clásica representación de una periferia que basa su crecimiento en recursos naturales y mano de obra no calificada, en lugar de incrementos de productividad3. Aquí, para mayor desgracia, se trata de hidrocarburos, no propiamente abundantes en el territorio y con una utilización mundial en declive histórico. Lo peor sin embargo, consiste en que las clases dominantes se niegan a reconocer el impasse. Una nueva combinación de fuerzas sociales y políticas, en la forma de nueva hegemonía, sería indispensable para superar la crisis. Y esto a corto plazo, sin mencionar lo atinente a otras crisis estructurales como la ambiental, la de la extrema desigualdad social, y la del pensamiento neoliberal en economía.

Esta situación describe la principal contradicción política del momento de cuya resolución depende el rumbo del próximo futuro. De una parte, la evidente encrucijada histórica ya descrita, que empieza por ser económica pero conlleva enormes connotaciones sociales, culturales y políticas, la cual obliga a tomar decisiones fundamentales de transformación. De otra, el persistente temor al cambio que existe en nuestra cultura política. Buscando el amparo y la seguridad que ofrece lo ya conocido, la ciudadanía termina casi siempre respaldando el status quo u optando por el camino intermedio, la moderación, el ilusorio centro. De ahí nuestra inveterada afición por la moda, por la novelería; como un remedo –inofensivo– del cambio. Aun entre la juventud y especialmente a través de la compulsión del consumo.

Es así como se confunde, por ejemplo, el reverenciado progreso tecnológico con lo que no es más que un resultado de técnicas de mercadeo. La resolución de esta contradicción puede llegar a tener ahora una expresión político electoral. Estamos ad portas de una situación que muy pocas veces se ve, sobre todo en Colombia. Parecida a las ocurridas en 1930, 1950, 1970 y 1990. Aunque el fondo de la contradicción es social y ese es el determinante de su resolución, es indudable que marcará el sentido de los debates y las confrontaciones venideras en el ámbito político.

 

El autoritarismo en la economía

 

Si algo puede preverse en Colombia es la política económica. Y más en la actualidad, con la comprobable deriva autoritaria que ha tomado este gobierno. No se trata sólo de la acción paraestatal que se expresa en los múltiples asesinatos, con desangre diario, sino de las imposiciones legales, presidenciales, al amparo de la emergencia, o legislativas, al amparo de la aplastante mayoría oficial en el Congreso. Ha llegado incluso a la transgresión de los límites formales de la democracia, en un país que suele preocuparse en extremo de guardar las apariencias, con el desconocimiento de las decisiones judiciales y la burla frente a las tímidas manifestaciones de crítica de la opinión mediática, en un alarde de poder y soberbia4. Así pues, es fácil prever que se impondrá la siguiente etapa de la política vulgarmente neoliberal en ejercicio continuo; nueva etapa que ya anunciada, y justificado de manera hipócrita con la emergencia del coronavirus5.

Aunque esta política se basa en una macabra espiral de endeudamiento, es evidente que ahora sí, en este año, se presentará la nueva reforma llamada fiscal. Desde el año pasado se había contratado una misión de “expertos” que, como es lógico, no hará más que validar con un aire científico las demandas de los grupos empresariales, ya suficientemente sustentadas por los “tanques de pensamiento” como Fedesarrollo o los activistas “teóricos” como la Anif6. Increíble es la capacidad de manipulación. En el propósito de disminuir el gasto (léase subsidios y transferencias sociales), buscando en simultáneo el aumento de los impuestos, uno de los ejes será el tema de las exenciones, recogiendo aparentemente una de las denuncias que tradicionalmente se han efectuado a nuestro régimen tributario.

El sofisma es el siguiente: en lugar de apuntar a las innumerables y descaradas exenciones de que gozan muchas grandes empresas, supuestamente para impulsar el “desarrollo sectorial”, el ministro Carrasquilla insiste sin descanso, secundado por la flor de los economistas oficiales, que la mayoría y las más gravosas exenciones son las otorgadas a través del IVA. Supone, obviamente, que deberían gravarse todos los bienes y servicios con el 19 por ciento. O más.

Para suscitar el escándalo, denuncia que, del total de exoneraciones, que ascendían en 2019 a 8.7 por ciento del PIB, la mayor parte, un 7.7, correspondía a las del IVA. Es decir, ¡61.2 billones de pesos!7. Una bonita jugada para disfrazar su despiadada filosofía según la cual no debería haber bienes y servicios básicos, de subsistencia. Al fin y al cabo los neoliberales tienen claro, desde hace tiempo, que el impuesto más jugoso y expedito es el indirecto que grava el consumo. Y para quedar bien siempre será posible echar mano de la “caridad”: ¡devolver a los más pobres lo pagado por el IVA!

El nuevo sistema tributario se aplicará, naturalmente, en el 2022, pero el debate se tomará todo el año en curso. Desde luego, como se acostumbra aquí, y ya se vio en la discusión del presupuesto público el año pasado –que se redujo a las atropelladas sesiones del Congreso sin que la mayoría de los delicados temas (incluyendo las trampas a la “emergencia”) trascendiera a la opinión pública– la ingenua ciudadanía terminará aceptando semejante atentado que, para irrisión, contendrá igualmente nuevos impuestos para la clase media y más exenciones para los anaranjados favoritos del gobierno. A menos, claro está, que la movilización social logre frenar esta empresa criminal.

 

Las contradicciones de los movimientos sociales

 

Indiferente a los desafíos de la encrucijada y a la crítica situación económica que se le plantea, el gobierno de Duque va a apostar al estancamiento rentable. Nada de reactivación y menos de crecimiento, pero bien puede servir la media marcha sin perspectivas, con tal de que garantice pingües ganancias para los grandes y mezquinos grupos económicos.

Esa es sin embargo, la contradicción. Es cierto que el modelo de acumulación se apoya en la exportación petrolera, pero el funcionamiento de la economía, que incluye la generación de empleo y la distribución de ingresos, ha dependido en lo fundamental de las economías urbanas de aglomeración que sustentan el trabajo independiente y la microempresa, es decir el “rebusque”. Pues bien, es esta base complementaria la destruida por el manejo dado a la pandemia. Y no se vislumbra una posibilidad cercana de reconstrucción. Para utilizar una metáfora automotriz: no se cuenta con un “motor de arranque”. Esa enorme masa de trabajadores sin empleo ni ingreso, al borde de la simple sobrevivencia, amenazan con su desesperación las posibilidades de la táctica del estancamiento rentable.

Un año es quizá muy poco tiempo para que este descontento se exprese en un colosal estallido social. Pero no debe descartarse. Ya se vieron antecedentes significativos, “ensayos”, en noviembre de 2019 y en septiembre del año pasado. No obstante, los interrogantes tienen que ver más con la identificación del rumbo que puede tomar ese enorme conjunto social, estrechamente ligado con la comprensión de su naturaleza poblacional. Para algunos intelectuales el “espectro” suele reducirse a la imagen de los vendedores ambulantes, pero es mucho más amplio y heterogéneo desde todos los puntos de vista. La figura del primer asesinado en septiembre lo ilustra: joven, con familia, trabajador independiente y estudiante universitario al mismo tiempo. En este conjunto, en efecto, desde el punto de vista de la ubicación social o del estrato según ingresos se encuentra una amplia variedad de condiciones. El rumbo es por lo tanto indefinido. No hay procesos organizativos sectoriales ni mucho menos de todo el conjunto. Es la primera contradicción: entre los procesos de intermitente ebullición y la ausencia de condensaciones políticas. La clave de su resolución está en las relaciones que este conjunto pueda establecer con otros procesos y movimientos.

La ausencia de política es, por otra parte, el terreno de la mayoría de las contradicciones en los movimientos sociales, más o menos organizados. Se levanta sobre un preocupante rasgo estructural que viene de tiempo atrás: el “reivindicacionismo” que les impide razonar en términos de propósitos globales, de iniciativas de alianza social y de propuestas transformadoras en el ámbito institucional. Trata de validarse como un rechazo de la política, erróneamente identificada con la politiquería electoral, es decir como garantía de pureza. En algunos casos puede identificarse con el corporativismo pero en general afecta a todos, salvo el movimiento indígena que, por su naturaleza, se permite exhibir una concepción del mundo. Lo más cercano a la política, particularmente en las resistencias socioambientales, ha sido la juridización y búsqueda de soluciones judiciales.

La anterior condición estructural se levanta como obstáculo frente a las exigencias de la actual encrucijada. No es posible responder cabalmente a cada una de las reivindicaciones sociales si no se plantea una alternativa de conjunto que confronte la disyuntiva histórica que estamos viviendo. Sin esa alternativa de conjunto tampoco será posible edificar un genuino proceso de unidad. O sea el secreto de cualquier posibilidad de éxito. En este año, sin duda, se pondrá a prueba la capacidad de los movimientos sociales de superar este déficit estructural.

¿Qué forma política podrá adquirir esta superación? Aquí encontramos otra contradicción. Se pudo apreciar en el desenlace del extraordinario movimiento del 21 de noviembre de 2019. Al lado de la dinámica, sostenida desde la convocatoria por parte de las organizaciones sindicales nacionales, que se condensaba en un pliego de exigencias fundamentalmente en contra del “paquetazo” laboral de Duque, se levantó otra dinámica, quizá más amplia, que reunía todo el repertorio de las reivindicaciones de la diversidad basadas en demandas de inclusión. En ambos casos hay una verbalización que se aproxima a los contenidos de la política. En el primero, una muy antigua, que viene del reformismo sindical; en el segundo, la racionalización tiene que ver con la acción de varias décadas de las Ong’s internacionales y nacionales que operaron como sucedáneos de los partidos. Lejos de complementarse, en la fase de descenso del movimiento, entraron en agria confrontación. A nivel simbólico el triunfo correspondió a la segunda dinámica gracias a la ventaja que le significaba asumirse como la expresión de los jóvenes en contra de los discursos acartonados de las burocracias sindicales.

La contradicción consiste en que las demandas de inclusión son incapaces de enfrentar el núcleo de las exigencias de cambio que plantea la actual encrucijada histórica, sobre todo porque erróneamente consideran lo socioeconómico como algo propio de lo sindical. La resolución de esta contradicción se encuentra precisamente en lo que parece ser la particularidad de la actual insubordinación social, esto es, la juventud.

En efecto, si bien es cierto que, en la misma tónica antes mencionada, algunos intelectuales la reducen a la juventud de clase media, escolarizada, principalmente universitaria, los hechos permiten constatar que hay también una juventud bastante activa que más bien hace parte de la clase trabajadora, empleada o desempleada. Son pues diferentes los procesos de acercamiento tanto a la formulación de reivindicaciones como a la politización. No es seguro, pero es posible que en este año, por diversos caminos se acerquen a lo que hemos llamado la condensación política. Con una singularidad que puede verse como una paradoja: mientras que entre los obreros y empleados la primera escala organizativa suele ser sindical, en el caso del amplio conjunto social ya referido, la organización, incluso para lo reivindicativo, tiene que ser con base territorial, directamente lo político. Partido o Movimiento, en todo caso movilización de ideas fuerza con ambiciones de futuro.

Se ha abierto, pues, un periodo de definiciones y redefiniciones, sociales y de cultura política, que llevarán seguramente a una batalla decisiva. Hemos dado a entender que estamos hablando del año en curso, pero no es exacto, probablemente se trate de un periodo mucho más largo. El sentido de las resoluciones nos dará el sentido del desenlace. Y las sorpresas pueden ser tanto positivas como negativas. No deja de ser inquietante la reciente observación de Daniel Samper: “Si el 2021 era nuestra esperanza frente al 2020, no quiero pensar cómo será el 2022. Ya Uribe advirtió que le tiene puesto el ojo. Presiento horrores”8.

 

1 Taleb, Nassim, El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable, Ediciones Paidós Ibérica S.A. Madrid, 2010, p. 406
2 Ver Moncayo S, Héctor-León, “El próximo sablazo”, periódico desdeabajo, julio 20 de 2020
3 Es una caracterización que comparten incluso organismos multilaterales, muy lejos del “Castrochavismo”, como la Cepal. Ver: Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, Santiago, Octubre de 2020.
4 Es posible prever su debilitamiento político pero esto sólo significa un mayor y desesperado recurso a la violencia. Su ridícula figura ha tenido hasta ahora dos grandes apoyos, la plutocracia criolla y el gobierno de los Estados Unidos. El segundo seguramente le quitará respaldo pero la oposición política tendrá que confiar mucho más en la movilización interna ya que, a pesar de lo impresentable de este gobierno, la diplomacia internacional no parece interesada en una condena explícita. Basta ver la exaltación de los “ingentes esfuerzos realizados por el gobierno” en la implementación del acuerdo de paz, expresado en el reciente informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.
5 Moncayo, HL, Ibídem. Ver también: “El presupuesto del 2021: nada que ver con la emergencia del covid”, Le Monde diplomatique. Edición Colombia. Diciembre de 2020.
6 En el colmo de la euforia neoliberal, como quien sabe que el actual autoritarismo facilita hasta lo más extremo, el director de Fedesarrollo propone meter todas las reformas que ambicionan (tributaria, pensional, laboral y social) en un solo proyecto de ley. Ver Portafolio, primera plana y p. 5, enero 12 de 2021.
7 Ya están fabricando el clima favorable de opinión. Ver: “Año nuevo, tributaria nueva: las razones para la reforma que se avecina”, El Tiempo, 13 de diciembre de 2020, p. 12.
8 Samper, Daniel “La cepa colombiana del virus Trump”, columna en Los Danieles. 10 de enero de 2021.

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¿IVA de 19 por ciento para toda la canasta?

Soplan vientos que traen el eco de gravar la totalidad de alimentos con el IVA en un 19 por ciento. Es la propuesta facilista para recomponer el déficit fiscal que sobrelleva el país, medida que le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–. ¿Por qué es improcedente esta medida y cuáles serían sus consecuencias?

 

De nuevo el debate sobre la necesidad de realizar una reforma estructural tributaria gana espacio a nivel nacional. Esta vez producto de la difícil situación fiscal del país, agravada por la pandemia del covid-19 en 2020 y con ella la caída de ingresos del gobierno nacional de un 2.5 por ciento del PIB y el aumento del gasto público para enfrentar la crisis social y económica en curso.

Como en otras ocasiones, sectores defensores de los privilegios de pocos proponen como uno de los pilares para mejorar las arcas públicas la universalización del impuesto al valor agregado –IVA– para todo el conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Una propuesta improcedente, como permite afirmarlo las mismas cifras oficiales sobre los impactos recaudatorios y en la distribución de ingresos de diferentes opciones alternativas de reforma del IVA.



Algunas consideraciones generales de contexto

 

En el Gráfico 1 puede apreciarse, a manera de preámbulo, cuán regresivo resultaría ser la generalización de la tarifa del 19 por ciento del IVA a la totalidad de bienes y servicios consumidos por los hogares en Colombia, ya que este impuesto como proporción del ingreso total de los hogares variaría desde el 24 por ciento para el caso de los hogares en pobreza y el 17 por ciento para el de hogares en vulnerabilidad, que resultan ser muy superiores al de los hogares con mayores ingresos de la denominada clase alta (el 7% para los hogares del decil 10 con los mayores ingresos y 12%, en promedio, para los deciles 7 a 9).

Así pues, a diferencia de lo argumentado recientemente en ciertos círculos especializados a nivel internacional, no es cierto que a priori el IVA generalizado pueda resultar progresivo dado el nivel y composición de los gastos en bienes y servicios que realizan los hogares según nivel de ingreso en el caso de un país como Colombia, con elevados niveles tanto de pobreza monetaria (cercano al 35.7% en 2019, justo antes de la pandemia del covid-19 que la recrudeció de manera significativa en 2020) como de concentración de ingresos y de riqueza.

Ante estas circunstancias, resulta claro que el diseño de una reforma del IVA en Colombia ha de ser enmarcado, en sentido estricto, en una visión de economía política que pondere debidamente los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, aparte de los de simplicidad y transparencia, a la luz de propósitos básicos como los de inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad societal.

 

La clasificación del gasto según grupos de la canasta familiar

 

El Dane, con base en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph) 2016-2017, seleccionó la nueva canasta y revisó la metodología aplicada al Índice de Precios al Consumidor. Entre los cambios están los nuevos ponderadores a nivel de las 12 divisiones, grupos de gasto y clases de gasto para cada una de las clases sociales1.

En la misma destaca el peso específico del grupo de alimentos en el gasto de los hogares en el país, a saber –siempre en por ciento–: 13.89 a nivel general, el 22.10 para los hogares en pobreza, el 20.56 para los hogares en vulnerabilidad, el 14.57 para los hogares de la denominada clase media y el 7.51 para los hogares de la clase de ingresos altos.

A su vez, el gasto conjunto en alimentación y arriendos llega a representar el 39.05 del gasto total para el agregado de hogares en el país, llegando incluso hasta el 53.73 del gasto en el caso de los hogares en pobreza, el 48.43 en el de los hogares en vulnerabilidad, el 39.94 en el de los hogares de clase media y el 29.88 en el de los hogares de ingreso alto.

 

El gasto total de los hogares y su composición

 

De acuerdo con esta encuesta de 2016-2017, el gasto total mensual de las unidades de gasto alcanzó 27.4 billones de pesos mensuales (328.8 billones de pesos al año), distribuidos fundamentalmente en: alimentos y bebidas no alcohólicas (4.4 billones de pesos mensuales, equivalente al 15.9 por ciento del gasto total); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7.9 billones de pesos mensuales, 28.7% del gasto total); bienes y servicios diversos (5.0 billones de pesos mensuales, 18.3%) y transporte (2.6 billones de pesos mensuales, 9.5%), entre otros.

En estas condiciones, la distribución del IVA del 19 por ciento a toda la canasta familiar a nivel de las clases sociales muestra cómo el recaudo se concentraría en lo fundamental en los hogares de la clase media (44%), seguido por los hogares en vulnerabilidad (26%), los hogares en pobreza (19%) y, finalmente, los de la clase alta (11%), destacándose cómo el peso del impuesto IVA sobre el ingreso representaría el 24.4 por ciento para los hogares en pobreza, mientras que para aquellos de altos ingresos sería de tan sólo el 10.8 por ciento y mucho menos para el 1 por ciento de los hogares más ricos de la clase alta para los que el IVA a la canasta familiar sólo afectaría el 7.3 por ciento de su ingreso.

El efecto de la medida es inocultable. De ahí que la propuesta debiera orientarse a no gravar la canasta básica de los hogares en pobreza y vulnerabilidad, ni tampoco a los rangos o sub-deciles de ingresos bajos de la clase media, para que con ello se lograran mejoras sustanciales en el índice Gini de concentración de ingresos al poder pasar de 0.5438 a 0.5166.

Ante esta composición del gasto de los hogares en el país, universalizar la tarifa del IVA del 19 por ciento a la canasta familiar de bienes y servicios generaría un recaudo aproximado de 62 billones de pesos al año (6.2% del PIB).

 

 

 

La potencia del impacto

 

Mediante una microsimulación del IVA a toda la canasta familiar, se estima que su universalización al 19 por ciento para todos los bienes y servicios, si todos los demás factores permanecen constantes, reconfiguraría de manera apreciable la estructura de las clases sociales, con un aumento de la proporción de hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad y una reducción de la de hogares de clase media, en la medida en que:

(i) cerca del 23 por ciento de los hogares en pobreza no extrema serían expulsadas a la pobreza extrema,
(ii) un 16 por ciento de los hogares vulnerables serían expulsados a la pobreza, y
(iii) un 23 por ciento de los hogares de la clase media serían expulsadas a vulnerabilidad.

Como queda claro, de así proceder ello conduciría a un inaceptable empobrecimiento y agudización de la vulnerabilidad de amplios grupos poblacionales, ya de por sí golpeados por la política económica en voga desde décadas atrás, y más agravados con la pandemia del covid-19, consecuente con un aumento del índice Gini de concentración del ingreso de un 0.5438 antes del impuesto IVA a 0.5705 después del mismo a toda la canasta básica para toda la población.

La importancia de este tipo de impactos ha sido reconocida por organismos internacionales y círculos de expertos al punto de recomendar que con la ampliación de la base gravable del IVA a bienes y servicios de la canasta familiar se implanten medidas de compensación (créditos fiscales, devolución de IVA, entre otros) focalizada a favor de los hogares en pobreza y vulnerabilidad. A pesar de lo anterior, dados los altos niveles de informalidad como de precariedad de ingresos de amplios grupos de nuestra sociedad y ante los graves vacíos en la interoperabilidad y robustez estadística de los registros administrativos en un país como Colombia, se generan importantes desigualdades, injusticias, asimetrías, inequidades, falencias en la cobertura de la población y elevados costos de transacción no solo para la administración pública sino también para los mismos hogares elegibles.

En cuanto a la pretendida corrección de este tipo de políticas en Colombia, resulta muy aleccionadora la experiencia de la devolución del IVA, debido a que hasta el presente tan sólo llega a cubrir a un millón de hogares pobres (esto es, apenas un 23.3% de los hogares pobres en 2019, antes del recrudecimiento de la pobreza con la pandemia en 2020), lo cual constituye una muestra de la inadecuada capacidad gubernamental para lograr una oportuna e integral aplicación de medidas compensatorias a los hogares pobres y vulnerables, los cuales serán claramente afectados con la universalización de este impuesto. Así pues, en economías altamente informales y con precarios sistemas de información hay una alta brecha entre la imposición tributaria a la canasta familiar y la cobertura y efectividad de las compensaciones para hogares en pobreza y vulnerabilidad, por ejemplo.

Como ya se vió, el peso de los gastos en los rubros de alimentos y de arriendo de vivienda para los hogares en pobreza casi que duplica el correspondiente a los hogares de la clase de altos ingresos (un 54% en el primer caso), en este artículo se muestra, a manera de ejemplo, el impacto fiscal y en redistribución de ingreso de la implantación de una tarifa general del IVA del 19 por ciento para alimentos.


El IVA sobre alimentos

 

El gasto de los hogares en alimentos, según la Enph 2016-2017, fue de 4.06 billones de pesos mensuales en 2017 –esto es, 48.7 billones de pesos al año–. Los alimentos de mayor consumo son las carnes (28%), panes y cereales (18%), leche, queso y huevos (15%), y legumbres (14%) (Cuadro 1).

 


Gravar todos los alimentos con el IVA a la tarifa general del 19 por ciento, le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–, el cual recaería –siempre en por ciento– en un 37 sobre los hogares de la clase media, un 33 sobre vulnerables, un 25 sobre los empobrecidos y apenas un 5 sobre los de la clase alta.

Aplicar este tipo de medidas, si todos los demás factores permanecen constantes, llevaría a expulsar, por ejemplo, a un conglomerado de 963 mil personas (5.6%) en vulnerabilidad a la pobreza, e incrementaría la inequidad en la distribución de ingresos en el país al elevarse el índice de Gini de concentración de 0.5438 a 0.5502.

Ahora bien, si se aplicara el IVA sobre alimentos a una tarifa del 19 por ciento para los hogares de los deciles 9 y 10 de más altos ingresos en el país se evitaría dicho incremento de la concentración y, por el contrario, podría incluso reducirse muy ligeramente de 0.5438 a 0.5407, aparte de generar un recaudo de cerca de 0.23 por ciento del PIB al año.

Por ello, lo procedente es aplicar una tarifa del 19 por ciento del consumo imputado –según lo estimado con base en la Enph del Dane para los hogares de diferentes clases y deciles de ingreso– para los hogares de altos ingresos, y con una tarifa del 0 por ciento para el resto de hogares.

 

El caso de otros componentes de la canasta

 

Siguiendo similar planteamiento para el caso de los otros rubros importantes en la canasta de consumo como son los arriendos pagados e imputados, la electricidad, gas y agua, por un lado, y alimentación y restauración fuera del hogar, es importante que el gobierno nacional y el Congreso de la República aprobaran el IVA en cuestión sobre los arriendos pagados e imputados para el caso de las personas jurídicas con mayores ingresos operacionales, así como la aplicación de la tarifa del 19 por ciento sobre el consumo de electricidad, gas y agua de las empresas.

Dado que los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente se definen como la remuneración indirecta que obtienen las instituciones financieras y de seguros en las operaciones de préstamos, depósitos y seguros que realizan, así como la diferencia entre el tipo de interés de referencia que se fija para cada operación financiera y el tipo de interés que pagan las instituciones financieras, se debería implantar este mismo IVA a este tipo de servicios en cabeza de las entidades financieras y de seguros, aparte de los reducidos costos de transacción y simplicidad de su recaudo.

 

Escenarios alternativos para la imposición del IVA a la canasta familiar

 

Como síntesis de lo anterior, resulta de gran utilidad analizar la sensibilidad de los impactos en recaudo tributario y los cambios en la distribución de ingreso entre hogares a variaciones en la población de hogares sujeta al gravamen del IVA del 19 por ciento en el país. Como se aprecia en el Cuadro 2, si se aplicara el IVA universal en el porcentaje indicado a todos los hogares colombianos el recaudo adicional alcanzaría a un 6.2 por ciento del PIB al año y el índice Gini de concentración de ingresos se agravaría aún más al pasar de 0.5438 a 0.5705, en tanto que si sólo se aplicara el IVA a toda la canasta de los hogares del decil 10 de más altos ingresos con la tarifa del 19 por ciento y de 0 para el resto de los hogares, se aumentaría el recaudo al 1.8 por ciento del PIB al año y se reduciría apreciablemente el índice Gini de concentración al descender de 0.5438 a 0.5209.

Ahora bien, si se aplicara a la canasta de los hogares de los deciles 9 y 10 de mayores ingresos con la tarifa indicada y del 0 por ciento para el resto de hogares, se incrementaría el recaudo al 2.7 por ciento del PIB al año y se alcanzaría una reducción del índice Gini de 0.5438 a 0.5144.

Lo que demuestra con claridad suficiente la robustez de un diagnóstico de política pública que consulte con rigor las ventajas y desventajas existentes entre recaudo, equidad y progresividad a la luz de objetivos precisos de política económica y social.

En términos de eficacia del recaudo y redistribución de ingreso sobresalen, sin duda alguna, las alternativas de gravar focalizadamente a la canasta de los hogares de mayores ingresos en el país con la tarifa ya definida y del 0 por ciento para el resto de hogares, y en particular del 10 si no se quisiera afectar a algunos sectores de la clase media.

Así, entonces, existirían algunas variantes sobre estos tipos de opciones, para no mencionar otras, que facilitarían sopesar la más deseable en términos de recaudación, graduación, focalización y tarificación bajo los postulados de política pública aquí en referencia, así como en consonancia y estricta coherencia con los demás componentes de la reforma estructural tributaria.

Una opción deseable de política podría consistir en aplicar la referida tarifa del IVA a las personas naturales pertenecientes al 5 por ciento de las que cuentan con los mayores ingresos en el país, como una primera etapa, lo que generaría recursos tributarios por cerca de un 0.8-1.0 por ciento del PIB al año; luego, en la segunda etapa, se podría ampliar la aplicación del IVA pero con una tarifa del 15 por ciento al resto de las personas naturales pertenecientes al 10 por ciento de las con mayores ingresos en el país, que aportaría un recaudo adicional del orden del 0.5-0.6 por ciento del PIB al año, y, cuando sea conveniente e indispensable, en la tercera etapa se extendería la aplicación de este impuesto con una tarifa del 10 por ciento para las personas naturales del decil 9 de ingresos, que recaudaría en torno a un 0.3 por ciento del PIB al año, llegándose en este punto a un aporte recaudatorio acumulado del IVA a la canasta de consumo de los hogares del país próximo al 1.8-2.0 por ciento del PIB al año.

De acuerdo con lo ya argumentado, la mejor forma procedimental, si no única, de aplicar el gravamen, dadas las actuales restricciones en los registros administrativos y en la interoperabilidad de los sistemas de información gubernamental2, sería la de aplicarlo directamente a los hogares sujetos al gravamen a través tanto de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el caso de los arriendos pagados e imputados, por ejemplo, como del mismo recibo del pago de servicios como la electricidad, gas y agua a condición de que se corrijan los graves sesgos de la estratificación actual.

 

En suma…

 

Dicen que un buen gobierno es aquel que garantiza felicidad, seguridad y bienestar a la sociedad con la que organiza la vida diaria. Y para garantizar tal tríptico no puede dejar de lado la justicia, en este caso en el campo económico, tributario y fiscal. Realizar tal precepto no es posible sin trascender las promesas. En este caso, invertir la política impuesta en Colombia desde décadas atrás con la cual se invirtió en 180 grados la lógica de “quien tiene más debe pagar más”, y para ello hemos tratado de dejar la evidencia sin que las neblinas impidan apreciarla en su debida manera.

Queda evidente, entonces, que otra política tributaria sí es posible, pero para hacerla realidad hace falta mucho más que argumentos… El reto queda para el conjunto nacional.

 

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-actualizacion-metodologica-2019/ipc-ponderadores.
2 Es de reiterar que el programa de devolución del IVA actualmente llega a menos del 23% de los hogares en pobreza en el país y que, según información oficial suministrada a la Corte Constitucional, a agosto todavía había más del 45% de los hogares en situación de desplazamiento forzado interno a los que no les había llegado ningún programa social del Gobierno nacional.

 

 

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Publicado enEdición Nº275
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Al comienzo de cada año se suelen hacer balances y proponer alternativas. El gobierno tiene sus prioridades, y ha dicho que es urgente una reforma laboral y pensional. Sin ellas, dice, no se podrá recuperar el empleo, y se agudizará la crisis fiscal.

Este diagnóstico no es correcto. Los problemas centrales de la economía no se resuelvan con la reforma laboral y pensional. Allí no está la raíz de los males actuales. Las reformas sustantivas deben estar inspiradas en los siguientes tres principios: i) Estímulo a la demanda. ii) Tributación progresiva. iii) Ordenamiento territorial y economía verde.

Las reformas laboral y pensional no son urgentes. Y, aún más, si se avanza en las tres dimensiones mencionadas, no son necesarias.

Es importante replantar el foco de la discusión, buscando que se examinen los aspectos estructurales.


Estímulo a la demanda

 

La reforma laboral que impulsan los empresarios y el gobierno tiene, entre sus motivaciones, el “elevado” costo de la mano de obra. En su opinión, el salario mínimo que se paga en Colombia es muy alto.

Esta apreciación tiene tres sesgos. Primero, centra todo el énfasis en el lado de la oferta, desconociendo la relevancia de la demanda. Segundo, deja por fuera del análisis costos significativos, como los financieros. Y, tercero, olvida que en el panorama internacional el salario mínimo de Colombia es muy bajo.

El éxito de las empresas radica en la fortaleza de la demanda. Si el consumo de las familias aumenta, mejora las ganancias. La rentabilidad de la firma no depende de una depresión del salario, sino de los estímulos a la demanda. Los industriales colombianos minimizan la importancia de este factor y, de manera equivocada piensan que la recuperación de la producción depende de la depresión del salario.

En la estructura de costos de las empresas el peso de los compromisos financieros puede ser más significativo que el de la mano de obra. Para los gremios empresariales el costo salarial impide que la productividad sea mayor. Esta mirada desconoce que la alta rentabilidad de los intermediarios financieros se explica por las elevadas tasas de interés. Mientras que el Banco de la República le presta a los bancos privados al 1,75 por ciento año, éstos prestan para igual periodo de tiempo al 12-14 por ciento. Y peor aún, si el crédito es de consumo la tasa de interés sube al 22 por ciento año

En el panorama internacional, el salario mínimo de Colombia es muy bajo. Además, es insuficiente para superar el umbral de la pobreza.


En el cuadro se presenta el salario mínimo –en pesos y dólares– por mes, día y hora. En dólares, el salario mínimo mes es de 261,25, por día es 10,89 y por hora es 1,36. En Estados Unidos el salario hora oscila alrededor de 12 dólares. En Los Ángeles se acerca a 15 dólares. Por tanto, el salario mínimo día en Colombia es considerablemente inferior al salario hora en Estados Unidos. No se entienden, entonces, las afirmaciones del Ministro de Hacienda que considera que el salario mínimo en el país es excesivamente alto.

Y con respecto a la línea de pobreza el salario mínimo también es bajo. Las dos últimas columnas del cuadro presentan los umbrales de pobreza para una familia de 4 miembros. Se hace la diferencia entre la línea de pobreza (LP) y la línea de indigencia (LI), o pobreza extrema. El valor de la LI es el de la canasta de alimentos mínima. Si en la familia trabaja una sola persona, el salario mínimo (908.256 pesos) alcanza para comprar los alimentos básicos (558.245 pesos), pero no es suficiente para superar la línea de pobreza (1.331.798 pesos). Para que el hogar pueda superar la barrera de la pobreza necesitaría un ingreso mensual adicional de 423.542 pesos.

 

Tributación progresiva

 

Se requiere una reforma tributaria que cumpla dos objetivos: mejorar el recaudo y reducir la desigualdad. En lugar de insistir en una reforma laboral y pensional, el gobierno debería darle prioridad a la reforma tributaria.

Es lógico esperar que las reformas tributarias mejoren en el recaudo, pero no sucedió así con la última reforma, que aumentó las exenciones y no incrementó los ingresos. Durante estos meses de pandemia emanó con claridad la vulnerabilidad de la estructura fiscal del país. La escasez de recursos ha sido notoria. Las transferencias a las familias son modestas, y las limitaciones del aparato estatal se observan en sectores tan importantes como el de la salud. El primer objetivo de una nueva reforma tributaria tendría que ser el incremento del recaudo.

Y el segundo propósito de la misma debe ser mejorar la equidad. Cuando la distribución del ingreso y de la riqueza es tan desigual, como sucede en Colombia, el sistema tributario es el mejor instrumento para reducir la concentración. El Estado del Bienestar en Europa se construyó sobre la base de impuestos progresivos. Las tarifas del impuesto a la renta suben a medida que el ingreso es mayor. En los años 70, en los países desarrollados, la tarifa en el último rango de ingresos llegó a ser del 90 por ciento. Estos porcentajes tan altos tenían el propósito explícito de evitar la concentración de la riqueza. A partir de los años 80, inclusive en Europa, estos propósitos distributivos se fueron debilitando.

A pesar del discurso a favor de la equidad, en Colombia no se avanza. Y al contrario, en las últimas estadísticas del Dane se observa un aumento de la desigualdad.

Mientras que los impuestos continúen siendo tan bajos, no habrá recursos para financiar proyectos como el de renta básica, que buscan garantizar los ingresos necesarios para que las personas superen el umbral de pobreza.

 

Ordenamiento territorial y economía verde

 

Es urgente que Colombia adelante un adecuado ordenamiento territorial. Y el paso inmediato es la consolidación del catastro multipropósito. Esta dinámica se inscribe en una estrategia de largo plazo, que es la economía verde.

La dependencia de los hidrocarburos y de la minería, y el pésimo manejo hecho por el país de los excedentes, obliga a repensar el modelo de desarrollo. La producción sostenible exige modificar de manera radical la matriz energética.

La minería ilegal y el narcotráfico son dimensiones centrales del ordenamiento del territorio. En el caso de la coca es inútil continuar con la política prohibicionista. El país está en mora de avanzar en procesos de legalización y regularización de la producción de coca y marihuana. Mientras estos cultivos permanezcan en la ilegalidad, siempre habrá grupos armados protegiéndolos.

El asunto de la tierra es el principal problema político de la sociedad colombiana. Allí habría que buscar la raíz del asesinato de los líderes sociales. Y, además, es un obstáculo a la modernización de la agricultura. La causalidad propuesta por el Ministro de Defensa es inaceptable. Su solución al asesinato de líderes sociales sigue una lógica lineal que debería causar indignación: la fumigación lleva a la eliminación de los cultivos y al cese de los asesinatos de líderes sociales. Esta secuencia analítica, que es de un simplismo aterrador, niega las causas estructurales del conflicto social.

 Salario mínimo (pesos y dólares)
Valor en pesos de la línea de pobreza y de indigencia, para un hogar de 4 personas 2020 
Salario mínimo   
Pesos Dólares LP-Fan LI-Fam
Mes 908.256261,25558.245
Día37.85510,8918.608
Hora4.7311,36 

 

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Publicado enEdición Nº275
Lunes, 25 Enero 2021 05:39

Pandemia y desasosiego social

Pandemia y desasosiego social

Nuevas manifestaciones de protesta relacionadas con la pandemia de coronavirus que azota al mundo tuvieron lugar el fin de semana en Dinamarca, en dos ciudades de Holanda, en España y en Brasil.

Con el repunte invernal de los contagios de coronavirus, en diversos países se han recrudecido los descontentos sociales de todas clases: mientras algunos sectores reprochan, con o sin razón, una mala gestión de los recursos sanitarios ante la pandemia, otros, delirantes, enarbolan teorías de la conspiración según las cuales el Covid-19 no existe, fue fabricado para controlar (o diezmar) a la población, y las medidas de mitigación de la contingencia son inútiles, un engaño, o bien parte de un plan para controlar a la gente.

Otro frente de malestar es el de las campañas de vacunación: hay inconformidades por los programas y calendarios oficiales de inoculación de la población, en particular por una lentitud que es atribuible en buena medida al ritmo de producción y abasto de los biológicos, pero también por injusticias reales o imaginarias en la manera en que se han establecido las prioridades con los distintos grupos poblacionales. En el otro extremo ha cobrado fuerza la vieja y paranoica leyenda urbana que atribuye a las vacunas efectos devastadores y hasta mortales en la salud de quienes son inoculados, aunada a la que se empeña en explicar el brote epidémico de Covid-19 como un mero proyecto de negocios de las empresas farmacéuticas.

Con todo, las exasperaciones colectivas más preocupantes y sustantivas no están relacionadas con políticas de salud pública ni con teorías de la conspiración, sino con las desastrosas consecuencias económicas de las medidas de mitigación adoptadas para frenar el ritmo de las infecciones.

Las disposiciones de distanciamiento social y reclusión han dejado sin trabajo a centenas de millones de personas en todo el orbe, han acabado con negocios medianos y pequeños y han devastado de manera severa sectores enteros de las economías, como el de los servicios turísticos y el transporte aéreo.

Los gobiernos de la mayor parte de las naciones se ven atrapados, en este punto, en la difícil disyuntiva de reabrir las actividades productivas para permitir una recuperación, pero con el riesgo de provocar de esa forma rebrotes aun más severos de la pandemia, o mantener e incluso reforzar las medidas preventivas, con lo que colocan a grupos poblacionales en una situación de pobreza o de mera supervivencia.

La mayor parte de los estados han optado hasta ahora por buscar un equilibrio entre cierre y desconfinamiento, pero los resultados no son alentadores: las reaperturas parciales son insuficientes para impulsar la recuperación y el mantenimiento a medias de las medidas sanitarias preventivas no ha logrado reducir el ritmo de contagios en forma significativa.

De esta manera va tomando cuerpo, en buena parte del mundo, la perspectiva alarmante de una inestabilidad social y política que de manera inevitable agravaría la circunstancia de penuria económica y restaría fuerza y presencia a las instituciones gubernamentales ante la pandemia.

Sería, en suma, la devastadora conjunción de tres crisis distintas, pero interconectadas, capaz de provocar un trágico caos. Hoy más que nunca es necesario que los gobiernos actúen con sensibilidad y sentido social para atender los descontentos justificados y empeñarse en un rescate sin precedente de los más vulnerables.

Publicado enSociedad
Biden dice que suspenderá la construcción del muro, pero no demuele los mil 488 km construidos por sus antecesores. En imagen de ayer, la obra continúa.Foto Afp

 

Si en algún rubro tan estratégicamente delicado pulula la tóxica desinformación es en la construcción de mil 488 km del muro de EU en la frontera con México: iniciada por el demócrata Bill Clinton en 1994.

Los denomino los "cuatro muros" al sumar la parte que corresponde a los otros tres ex presidentes –al republicano Baby Bush, al demócrata Obama y al republicano Trump–, quienes ostentan profundos significados geo-demográficos desde hace 27 (sic) años.

Es más atroz la complicidad de cuatro presidentes neoliberales "mexicanos": dos del PRI, Zedillo y Peña, y dos del PAN, Fox y Calderón.

Los foráneos orígenes biográficos de Fox y Zedillo son tan oscuros que no los deseo exponer ahora.

La transfrontera aproximada de 3 mil 200 km consta de mil 126 km terrestres y 2 mil 92 km del "Río Grande" (la mayor parte).

Aquí señalo un error del excelente diagrama alusivo (https://bit.ly/2Y56sud): en EU su "Río Grande" (Great River) en México es "Río Bravo". Esto no es ocioso, ya que las conquistas comienzan con el uso lingüístico.

Desde hace 27 años, Clinton tenía ya la proyección del crecimiento demográfico de los mexicanos, que no "latinos", cuando inició sus 100 km que avaló en forma sincrónica el "apátrida" (en el doble sentido castizo y "romano") neoliberal Zedillo, quien llegó al poder por el asesinato de Colosio.

Clinton fue impuesto por la banca de Wall Street para impulsar el neoliberalismo global (https://bit.ly/3peRH3E) y estuvo a punto de desencadenar la "Tercera Guerra Mundial" con Rusia en Kosovo.

La construcción acumulada de los "cuatro muros" –sin contar el proyectado "quinto muro" de la dupla Videgaray/Jared Kushner en Tapachula (Chiapas), frontera con Guatemala (https://bit.ly/3qOuiqu)– se aceleró con Baby Bush, que edificó 781 km que reflejaban la dinámica demográfica de los mexicanos en EU y sus "guerras permanentes" contra el terrorismo yihadista mediante el "Acta Patriótica" de la "Seguridad del Hogar" a raíz del montaje hollywoodense del 11/9.

Amén del desastre del Plan Puebla-Panamá del locuaz Fox, su infatuado cuan logorreico canciller Castañeda Gutman (https://bit.ly/3sTDV8O), quien sirvió a intereses anti-mexicanos (https://bit.ly/3peKrVw), causó un grave daño migratorio a México con su delirante "enchilada completa".

Tampoco los coetáneos de Baby Bush, los neoliberales panistas Fox –otro "apátrida" (en el doble sentido castizo y "romano")– ni Calderón, impuesto por un fraude electoral, osaron chistar ante la erección del muro de Baby Bush de 781 km: ¡52.5 por ciento del total acumulado con los otros tres muros!

Es curioso que de los tres neoliberales "mexicanos", dos llegaron a la Presidencia en circunstancias aberrantes –uno, gracias a un asesinato, y otro, con el magnicidio de la "democracia electoral"– y el tercero, Fox, cuyo padre no fue "mexicano", por lo que se cambió el artículo 82 de la Constitución.

Obama, que hoy gobierna su "tercer (sic) mandato" tras bambalinas, construyó 222 km para que el muro alcanzara mil 102 km, mientras libraba sus guerras en Medio Oriente –¡que le valieron su vacuo Premio Nobel de la Paz!–, mientras impulsaba el contrabando masivo de armas mediante el operativo Rápido y furioso que permitió la complicidad de Calderón.

Trump construyó 386 km –¡la mitad de lo hecho por Baby Bush!–, con lo cual el muro alcanzó un total de mil 488 km.

Los 386 km del "muro Trump" fueron construidos en Texas, hoy notable feudo republicano que busca su secesión (https://bit.ly/3aJFhwz), por lo que lo bauticé como el "muro de la secesión", al comportar características geodemográficas diferentes con los otros tres muros.

No pasó desapercibido que en su plena debacle –derrota de dos senadurías republicanas en Georgia, toma del Capitolio e inicio de su insólito “segundo impeachment”– Trump se haya dado el lujo en forma desparpajada de ir a visitar el "muro de la secesión" (https://bit.ly/3c5rgtD).

Joe Biden anunció que "detendrá" la construcción del muro, pero no demuele los mil 488 km, prácticamente la mitad de la frontera total, construidos por sus cuatro antecesores. Es solamente una "pausa" (https://wapo.st/3qPrVTY). A ver qué sigue.

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