China gana influencia global: diez indicadores que revelan su estatus de superpotencia

¿Se puede considerar todavía a China un mercado emergente, o está en condiciones de rivalizar con EEUU por la hegemonía mundial? Esta cuestión se sigue planteando en numerosas cancillerías internacionales. Aunque, cada vez, con menos predicamento. Porque el régimen de Pekín sigue ganando peso global a marchas forzadas.

 

Desde el cambio de milenio, el salto geoestratégico de China no ofrece dudas. Pero las potencias industrializadas, sobre todo las occidentales, se resisten, por unas razones u otras, a otorgar a Pekín el estatus de superpotencia. En toda la dimensión del término. En ocasiones, porque dicen que no cumple con los parámetros de una economía de mercado, condición que le aleja de ser miembro de foros como la OCDE. Otras diplomacias comparten la visión de que un mercado en teoría aún emergente, que aún recibe fondos multilaterales al desarrollo, no debe tener plácet de entrada en organismos como el G-7. A pesar de ser, con creces, la segunda economía global.

Pero, al margen de estas disquisiciones -todas con la vitola de realistas- China se ha convertido, en especial, tras la crisis financiera de 2008, en un actor global de primer orden. Indispensable a la hora de abordar cuestiones de índole geoestratégico. De hecho, en algún think-tank se llega a advertir que la comunidad internacional confía ya más en el liderazgo chino que en el de EEUU. Es la conclusión del último informe anual del Institute for Economics and Peace (IEP), tendencia que se inició, según sus expertos, a comienzos de 2016. Coincidencia o no, con el aterrizaje de Donald Trump en la Casa Blanca.

 “La fidelidad en la influencia global estadounidense ha caído mucho más que la de Rusia, China o Alemania en los últimos cinco años, hasta el punto que el liderazgo de Pekín despierta muchos más adeptos entre los países del planeta que la imagen que despliega EEUU”, asegura sin fisuras el 2019 Global Peace Index. El índice de aprobación americano en el mundo ha caído 17 puntos desde 2008. Pero, sobre todo, su decadencia a los ojos del resto de naciones del planeta, se ha concentrado entre 2016 y 2018. Nada menos de 11,2 puntos se ha dejado en el primer trienio de la Administración Trump. Retroceso que ha sido común en casi todas las regiones del mundo.

China ocupa, sin lugar a dudas, para este centro de investigación con sede en Sídney, el puesto hegemónico en la actualidad. Steve Killelea, su fundador y presidente ejecutivo, dice a Business Insider que el repunte del peso internacional del gigante asiático “en estos últimos cuatro años” se ha producido, sobre todo, en estados autoritarios y, en menos medida, en países con la vitola de alta calidad democrática”.

Pero también en estos últimos -incide- “se ha presenciado mayor acercamiento” a los planteamientos de Pekín. La guerra comercial con la Casa Blanca, la errática diplomacia americana en asuntos geoestratégicos de alto riesgo -en Oriente Próximo, con Arabia Saudí como aliado frente a Irán, en el conflicto norcoreano, la propensión a una intervención armada en Venezuela, el abandono de los tratados de desarme, las hostilidades con Europa en el seno de la OTAN y, en especial, el acercamiento a Taiwán y el envío de contingentes al Mar del Sur de China- y la “conflictividad” dialéctica del actual inquilino de la Casa Blanca, han dado pábulo al papel estelar de China en el mundo. La expansión militar, los gastos armamentísticos, las batallas arancelarias contra rivales y aliados, han reducido la confianza global en EEUU hasta niveles desconocidos (…) desde finales del primer mandato de George W. Bush.

“En perspectiva, el presidente Obama fue muy popular en la arena internacional” -enfatiza Killelea- a una notable distancia de Trump, al que le atribuye la visión de global de que, con él en el Despacho Oval, “se ha elevado el grado y el número de amenazas mundiales, crecido las tensiones militares y los gastos en defensa y reducido los fondos de misiones de paz de la ONU”. A su juicio, este estado de confrontación permanente también se aprecia en la política doméstica norteamericana, con las “discusiones constantes sobre la necesidad o no de abrir un proceso de destitución a Trump”.

China encuentra su liderazgo en el mundo

Pero, aparte del aumento de la influencia internacional, ¿está China en condiciones de exhibir su rol de superpotencia? Un diagnóstico del World Economic Forum (WEF), entidad fundadora de la cumbre de Davos, realizado en el transcurso de un reciente foro, este mes de julio, de esta institución en la ciudad de Dalian, ayuda a entender el músculo actual de China. Y no sólo por la sucesión de datos irrebatibles. Por albergar la quinta parte de la población mundial, o por llevar cuarenta años de crecimiento económico próximo al 10% anual. También la esperanza de vida ha saltado hasta los 75 años en los hombres y los 78 en las mujeres, según la OMS. Aunque tiene importantes obstáculos, como el ser el mayor emisor de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, hay diez indicadores que ayudan a entender el salto hacia la modernización del gigante asiático.

1.- Ha alunizado en la cara oculta de la luna. Su misión, Chang’e-4, analizó geológicamente esta inexplorable región lunar. La primera experiencia de “una importante estrategia para explorar el espacio”, cuyo viaje al exterior aprovechó experimentos tecnológicos de Holanda, Alemania, Suecia y Arabia Saudí. Pekín tiene previstas misiones a Marte y Júpiter, poner pie en la Luna y establecer una estación espacial permanente. La supremacía de EEUU en el espacio está puesta en entredicho.

2.- Líder en Inteligencia Artificial (IA). Las empresas chinas acapararon 473 de las 608 patentes con el sello digital en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en 2018, y la tercera parte de las certificaciones con metodología blockchain. El régimen de Pekín ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de IA, entre los que destacan los 2.000 millones del parque tecnológico de IA en Pekín.

3.- La tercera parte de los 'unicornios' empresariales son chinos. En 2018, China contabilizó 186 start-ups con la consideración de unicornios (compañías que facturan más de 1.000 millones de dólares anuales) según Hurun List. La segunda economía del planeta fue capaz de generar 97 nuevas firmas de tal dimensión el pasado año, una cada 3,8 días, asegura South China Morning Post, publicación de la multinacional Alibaba. Además, Pekín está construyendo un enorme hub (centro) tecnológico-digital que engloba a once ciudades para rivalizar con Silicon Valley, el Pearl River Delta, que ya alberga a casi 70 millones de personas alrededor de una enorme megalópolis conocida como Greater Bay Area.

4.- Apuesta por las energías renovables. Es el gran emisor de gases de efecto invernadero. Pero, a la vez, esta implantando plantas de generación solar y eólica con capacidad de generación de electricidad sin parangón en otras nacionales. Tres de los cinco mayores parques solares están en China. También ha puesto en marcha un programa para acabar con las viejas centrales de carbón. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) asegura que, en 2040, los hogares de China duplicarán sus necesidades de energía eléctrica. Su mix energético está en plena transformación.

5.- La tercera parte de las plantaciones de vegetación mundiales están en China. Estrategia que se inició en 2000. A pesar de que tiene el 6,3% del territorio mundial. Sólo su proyecto Shandong ha conseguido plantar más de 67.000 hectáreas de árboles en espacios de alta salinidad costera y de elevada erosión en zonas montañosas del interior en el último lustro. El pasado año, declaró tres comarcas próximas a las zonas urbanas de Shenzhen, Guilin y Taiyuan como beneficiarias de planes para revigorizar con especies arbóreas, siguiendo las directrices de los objetivos de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2030.

6.- Dinamismo más lento, pero aún elevado. Desde finales de la década de los setenta, la media de crecimiento de su PIB roza el 10% anual. Hasta 850 millones de sus ciudadanos han salido del umbral de la pobreza desde entonces. En la actual década, se ha ralentizado ese vigor. Aunque mantiene un ritmo medio del 6,3%, tres puntos por encima del repunte global. Aun así, tiene un amplio abanico de desafíos por delante. El FMI menciona la alta desigualdad social -sobre todo, entre el ámbito urbano y rural- retos ineludibles con la preservación del medio ambiente y varios desequilibrios económicos. Entre otros, una deuda cada vez más desmesurada. Además de unas presiones demográficas crecientes por el envejecimiento de su población y notables problemas para gestionar la enorme migración laboral interna.

7.- Totaliza más de la mitad de las ventas globales de coches eléctricos. Los conductores chinos han comprado más de 1,1 millones de vehículos con propulsión eléctrica y sus grandes marcas han puesto en el mercado diez nuevos modelos este año. También fabrica más de la mitad de las baterías y dispone de una flota de 400.000 autobuses de energía limpia en funcionamiento. Shenzhen es la primera ciudad en reemplazar sus autobuses urbanos de combustibles fósiles y ahora pretende reemplazar todo su servicio de taxis.

8.- Los turistas chinos conquistan el mundo. El ritmo de ciudadanos chinos que eligen destinos vacacionales fuera de su país crece por encima del 6% en los últimos años, según la consultora McKinsey, que prevé que 160 millones salgan al extranjero en sus tiempos de ocio el próximo año. En 2017, gastaron un cuarto de billón de dólares. El Metro de Londres anuncia la llegada de trenes en mandarín.

9.- Ha decidido avanzar en igualdad de género. Los progresos son aún modestos. Pero ya se han puesto en marcha planes oficiales para suturar la brecha entre hombres y mujeres, que son marginales en la actividad parlamentaria y política, en la vida profesional, en puestos de trabajo técnicos y en la empleabilidad del sector terciario, el de servicios.

10.- El gran interlocutor global de los BRICS. Brasil, Rusia, China e India. Los grandes mercados emergentes. No sólo en asuntos geoestratégicos, donde comparte protagonismo con Rusia, sino también en índices de competitividad. El barómetro del WEF d 2018 valora el salto de China en inversión en I+D+i, infraestructuras y digitalización. Es una de las naciones punteras actualmente en la llamada Revolución Industrial 4.0, en rivalidad directa con Alemania, EEUU y Suiza. Salto que será de mayor dimensión si logra corregir las ineficiencias y rigideces de su mercado laboral y consigue inculcar mayor competencia entre sus empresas dentro de su mercado doméstico.

Alta exposición a la economía global

Jonathan Woetzel, director de McKinsey Global Institute, se adentra en las dinámicas que China ha emprendido para cambiar su relación con el mundo. A través de ocho parámetros. Y la nota final es espectacular. Se ha convertido en un catalizador global -e imprescindible- del ritmo de crecimiento. Entre otras razones, por la madurez adquirida por su industria, que demanda unos elevados flujos de bienes y servicios. El PIB chino ya era la de mayor dimensión del mundo si se mide en capacidad de poder de compra, indicador que tiene en cuenta la inflación o el valor de la moneda de uso legal, en 2014. Ahora, y en términos nominales, a precios actuales del dólar, supone el 66% de la economía estadounidense y el 16% del PIB mundial, según datos de 2018.

El repaso a los ocho indicadores no deja lugar a dudas. Es la mayor potencia comercial. Su cuota en el comercio internacional ha pasado del 1,9% en 2000 al 11,4% en 2017. Ya fue el principal exportador global en 2009. El quinto emisor de servicios al exterior (227.000 millones de dólares) y el primer demandante de ellos: un negocio de 468.000 millones en 2017. Sus empresas ya son multinacionales.

En 2018, tenía 110 firmas en el Global Fortune 500. Segundo inversor global y el primer destino de capital extranjero directo en los últimos cuatro años. Sus estudiantes están copando las aulas internacionales. Especialmente a Australia, EEUU y Reino Unido, donde acude el 60% de quienes salen a cursar sus estudios universitarios al exterior. Su gasto en innovación es escalofriante. Ha aumentado desde los 9.000 millones de dólares en 2000 hasta los 293.000 en 2018. Casi plena conectividad a Internet. El país con más usuarios, más de 800 millones de personas. Lucha contra el impacto medioambiental. Para paliar sus emisiones de CO2 que, en la actualidad, representan el 28% de los gases de efecto invernadero.

El 45% de las inversiones en energías renovables -127.000 millones de dólares- se concentran en la actualidad en China. Impulso a su industria cultura. Aperturas de Institutos Confucio, de 298 en 2010 a 548 en 2017. Alta financiación de películas: el 12% de los 50 filmes más vistos en el mundo son de producción china. Su relevancia cultural, especialmente entre sus vecinos asiáticos, difundida a través de plataformas de streaming y música, ha crecido como la espuma. El resultado final es que China es la nación más expuesta a la economía global. La mitad que el resto de países juntos.

09/08/2019 08:26 Actualizado: 09/08/2019 08:26

Por DIEGO HERRANZ.

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Manifestantes en Hong Kong

Durante estos días se han juntado demasiados asuntos en un triángulo formado por China, Hong Kong y Estados Unidos. A la guerra arancelaria le ha salido una derivada en forma de guerra de divisas, todo esto mientras en Hong Kong se suceden unas protestas multitudinarias que reclaman no caer en la espiral hacia la autocracia que buscan en Pekín. Las dos primeras a menudo se leen como una cuestión económica; la segunda, como un asunto de libertades civiles. Sin embargo, todas ellas están relacionadas y tienen un nexo común: la geopolítica. Pero vayamos por partes.

Cuando Trump se lanzó a la carrera por la Casa Blanca hace prácticamente cuatro años, una de sus fijaciones durante la campaña fue China. Se aprovechaba comercialmente de Estados Unidos, no respetaba la propiedad intelectual, manipulaba la moneda y otro sinfín de ventajas que, más allá del histrionismo trumpiano, eran ciertas. Por ello se propuso revertir todo eso si alcanzaba a la presidencia. Y lo hizo. Uno de sus objetivos ha sido renegociar todos los acuerdos comerciales posibles en favor de Estados Unidos, y China no ha sido una excepción. Como Pekín se ha resistido a esta solución, el presidente simplemente optó por algo que a un hombre de negocios como él se le da bien hacer: apretar a su oponente. Lanzó así a lo largo de 2018 una batería de aranceles sobre casi cualquier producto chino que Estados Unidos importe, algo que no ha hecho sino escalar desde entonces, alternando réplicas chinas y contrarréplicas norteamericanas.

En paralelo a este pulso comercial han surgido protestas en Hong Kong por la polémica ley de extradición a China, que acabó siendo retirada por el enorme rechazo social que generó. Sin embargo, más allá de esta cuestión de derechos políticos, Hong Kong y sus avatares internos son una pieza fundamental en estas dinámicas entre Estados Unidos y China. La pugna política se fundamenta en que los sectores prochinos quieren ir asimilando el sistema hongkonés, que hoy día goza de gran autonomía y bastantes libertades impensables en China, precisamente a ese sistema que impera en la potencia asiática. Por el contrario, la parte más liberal de la sociedad quiere mantenerse en la situación de autonomía actual o bien avanzar hacia la independencia para alejarse todo lo posible de China. Sin embargo, esta situación favorece a la larga a Pekín, ya que el acuerdo de autonomía de Hong Kong entró en vigor cuando este territorio pasó de ser una colonia británica a manos chinas en 1997, y donde se estipulaba que esta autonomía se mantendría durante 50 años –hasta 2047–. Por tanto, ese año China podrá simplemente asimilar de forma total el territorio.

En el contexto de la guerra comercial la importancia de este territorio no es menor: Hong Kong recibe un trato especial en términos comerciales por parte de Estados Unidos gracias a una ley de 1992, la Hong Kong Policy Act. Esta ley se fundamenta en la autonomía del territorio y, a cambio de que se sigan garantizando los buenos niveles de libertad política y económica que existen allí, Estados Unidos se compromete a tratar a Hong Kong como si fuese un país distinto de China en el aspecto comercial. Y de esta situación se beneficia también la República Popular, y mucho. Hong Kong es el segundo destino de las exportaciones chinas tras Estados Unidos, y es que las compañías chinas utilizan este enclave como intermediario para vender su mercancía a otras multinacionales radicadas en el territorio autónomo, que a su vez lo usan para penetrar en la China continental. El gran problema para Pekín de la guerra comercial es que Estados Unidos grava cualquier importación procedente de China. Pero gracias a Hong Kong, los productos chinos pueden esquivar, al menos parcialmente, esos aranceles y así mitigar su impacto gracias a un sistema llamado first-sale rule.

Hasta aquí el panorama no parece excesivamente perjudicial para China. Sin embargo, desde mediados de junio –al poco de empezar las protestas en Hong Kong–, demócratas y republicanos han impulsado en el Congreso estadounidense una nueva ley –aún no aprobada– llamada The Hong Kong Human Rights and Democracy Act para exigir que se identifique a aquellas personas que han cometido violaciones de derechos humanos en la autonomía para poder sancionarlas, así como para crear un procedimiento por el cual, de manera anual, Estados Unidos avale mantener el acuerdo de 1992 vigente teniendo en cuenta que el nivel de autonomía en el territorio hongkonés no se ha visto mermado. Si no, Washington se reserva el derecho de revocar esa prerrogativa comercial y equiparar a nivel comercial la China continental y Hong Kong. En ese supuesto, China perdería una de sus grandes cartas para esquivar los aranceles estadounidenses. Sin embargo, si Estados Unidos llevase a cabo este movimiento, China asumiría muchos menos costes acelerando la asimilación total de Hong Kong. Por el contrario, en Pekín saben que deben ser cuidadosos con no excederse atrayendo al régimen autónomo para no activar la cláusula de Estados Unidos y perder así su gran baza, al mismo tiempo que tiene que evitar que en la excolonia británica prospere un movimiento independentista que pueda hacer que Hong Kong se le acabe escapando de las manos.

En este sentido, China, a pesar de tener la carta hongkonesa, está en clara desventaja en su guerra comercial con Estados Unidos por el hecho de que su balanza comercial con el país norteamericano es enormemente asimétrica: la potencia asiática exporta mucho más a EEUU que al contrario, por lo que está mucho más expuesta a los aranceles que su rival. Así, en vez de seguir escalando en un pulso que tiene perdido, ha optado por llevarse la batalla a otro terreno en el que juega con algo más de ventaja: las divisas.

Para que nos entendamos, el Banco Central Chino tiene bastante más poder de control sobre el tipo de cambio del yuan –la moneda china– que el que tiene la Reserva Federal con el dólar. El primero no flota libremente –su tipo de cambio no viene determinado por la oferta y la demanda del mercado de divisas–, mientras que el segundo sí. Y esa diferencia hace que China pueda devaluar su moneda para ganar cierta competitividad comercial por una vía en la que Estados Unidos no dispone de tal herramienta. Además, esta devaluación supone un reto a Trump de primer nivel: el mandatario había acusado a China de que manipula su moneda para ganar competitividad comercial de forma injusta –porque es cierto–, pero esta jugada de China supone aceptar el órdago de Trump e ir a hacer daño en una herida que, quizás, en la Casa Blanca no se esperaban que Pekín podía atreverse a hacer.

La gran esperanza de China para acabar con este conflicto comercial es que Trump pierda las presidenciales de noviembre de 2020. Hasta el momento, todas las rondas de negociación que se han sucedido entre ambos han sido infructuosas. Es una jugada arriesgada, porque las encuestas no aseguran una derrota del actual presidente y el panorama de candidatos demócratas tampoco apunta a que vayan a presentar una figura de carisma arrollador y visión privilegiada. Por tanto, en este lapso de tiempo hasta los comicios –y quién sabe si con una prórroga de cuatro años más gracias a un nuevo mandato del neoyorquino–, China parece que solo tiene dos opciones: o capitular ante Estados Unidos o continuar la escalada hacia un límite que nadie sabe dónde está.

Por Fernando Arancón - El Orden Mundial

06/08/2019 - 21:13h

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Trump congela todos los activos del Gobierno venezolano en Estados Unidos

El presidente firma una orden ejecutiva para extender al completo las sanciones al régimen de Maduro

Los esfuerzos de Estados Unidos por asfixiar al Gobierno venezolano van un paso más allá. El presidente Donald Trump ha firmado este lunes por la noche una orden ejecutiva que congela todos los activos que tiene el régimen de Nicolás Maduro en el país norteamericano. "Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en EE UU están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera", reza la radical medida. Con esta acción, Venezuela entra al listado de países supeditados a estas restricciones por Washington: Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba.

La orden ejecutiva de la Casa Blanca justifica la acción contra Caracas por “la continua usurpación del poder por parte de Maduro” y los miembros de su régimen, así como “los abusos contra los derechos humanos, incluido el arresto arbitrario o ilegal” y detención de ciudadanos venezolanos, interferencia con la libertad de expresión e intentos continuos “de socavar al presidente interino Juan Guaidó” y el ejercicio de autoridad legítima de la Asamblea Nacional venezolana. EE UU fue el primero de la cincuentena de países que reconocieron al jefe del Parlamento como presidente interino de Venezuela en enero y abogaron por una transición democrática y que se convoquen nuevas y transparentes elecciones presidenciales.

Esta es la primera vez en 30 años que EE UU congela los activos a un país occidental. Este año Washington ha impuesto sanciones a más de 100 individuos y entidades venezolanas, incluida la compañía petrolera estatal Pdvsa, el Banco de Desarrollo de Venezuela y el banco central de Venezuela. Trump ya había adelantado la semana pasada que estaban contemplando imponer esta estricta sanción al régimen, en vista de los apoyos que estaba recibiendo Maduro por parte de China e Irán.

La escalada en la presión es la antesala a las sanciones que anunciará este martes Washington contra Caracas en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, organizada por el Grupo de Lima en Perú para abordar la grave crisis en el país caribeño. El asesor de seguridad nacional de EE UU, John Bolton, adelantó este lunes que detallará “amplias” medidas que tendrán "muchas consecuencias potenciales". El encuentro contará con la participación de 59 países y tres organismos internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Unión Europea. Bolton también advirtió a China y Rusia que el apoyo continuo al régimen venezolano "podría afectar el pago de su deuda después de la caída de Maduro".

Las sanciones más duras

Desde 2017 Trump viene apretando el alicate de las sanciones contra Caracas, pero este año ha aplicado las más duras, que vislumbran un panorama oscuro en una economía ya de por sí en situación de colapso. Las restricciones a la venta de petróleo impuestas en marzo —que comenzaron a hacerse efectivas en mayo— significaron una disminución sustanciosa del flujo de efectivo del régimen de Maduro y desataron una crisis por la escasez de combustible en el país, que se ha sorteado parcialmente con el uso del oro de la nación y con la impresión de dinero inorgánico que ha echado más leña al fuego de la inflación, de por sí la más elevada del planeta.

Hace unas semanas el congelamiento de las empresas y los señalamientos a involucrados en el Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) -el programa asistencial con el que ha paliado desde hace tres años la escasez con alimentos importados vendidos a precios subsidiados, tras un complejo esquema de corrupción- suponía un golpe duro al instrumento que ha usado el chavismo para el control político y del que, en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país, dependen al menos 16,3 millones de venezolanos, un número que ha ido en aumento, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del venezolano de 2018. Este mismo estudio reveló que a 90% de los venezolanos no le alcanzan los ingresos para cubrir los alimentos y que 51% de los hogares están en pobreza.

Un posible embargo económico total encontraría al país en su peor momento con una hiperinflación que cumplirá dos años en noviembre, siendo de las más prolongadas registradas. Además, el sector productivo está totalmente postrado, especialmente el sector agrícola, y la reconversión de la moneda realizada apenas de un año ya ha sido devorada por el dólar que es la moneda de facto. En Caracas, desde una carrera de taxi hasta un perro caliente callejero, una consulta médica, ropa y zapatos en centros comerciales, se pagan en dólares.

La semana pasada el Fondo Monetario Internacional actualizó sus pronósticos para el país descartando la cifra del 10.000.000% de inflación al cierre de este año, ubicándola ahora en 1.000.000%. Sin embargo, el organismo estimaba que la economía se contraerá al cierre de 2019 en 35%, especialmente por la caída de la producción petrolera, que ya está por debajo del millón de barriles diarios.

Por Antonia Laborde

Florantonia Singer

Washington / Caracas 6 AGO 2019 - 01:37 COT

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Bolsonaro devuelve favores políticos convirtiendo Brasil en paraíso de los agrotóxicos

 

262 nuevos pesticidas han sido colocados en el mercado. La bancada ruralista del Congreso fue fundamental en la elección del presidente, y les necesita para aprobar sus principales reformas.

 

 

El lobby del agronegocio brasileño sabe ganar elecciones y sacar adelante legislaturas. Su presión fue clave en el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff y en la llegada a la cima de Jair Bolsonaro. El dirigente ultraderechista, que no se cansó de repetir que esquivaría la vieja política de intercambio de favores, ahora agradece al agronegocio los servicios prestados, convirtiendo Brasil en paraíso de los productos tóxicos. Exigencias del guion.

De la misma manera que en los últimos días Bolsonaro ha prometido apadrinar a un magistrado evangélico para alguna de las próximas plazas libres en el Tribunal Supremo, una de las primeras medidas que tomó cuando ganó las elecciones de octubre de 2018 fue entregar el ministerio de agricultura a Tereza Cristina, la que fuera líder del Frente Parlamentario Agropecuario. La denominada bancada ruralista del Congreso Nacional se traduce actualmente en casi la mitad de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado Federal, liderados por el diputado Alceu Moreira (Movimiento Democrático Brasileño, MDB). Esta maniobra de recompensa ha significado, en la práctica, vía a libre para el agronegocio, pasando por encima de las mínimas exigencias medioambientales de una era como la actual.

Dejando al margen el discurso gubernamental que banaliza la deforestación de la selva amazónica, el gran caballo de batalla de los activistas medioambientales latinoamericanos, Bolsonaro está en el centro de todas las críticas por ir aprobando uno tras otro el uso de todos los productos fitosanitarios que van solicitando los miembros de la bancada ruralista, elegidos a base de los votos del agronegocio en las regiones del país con mayor nivel de actividad. El sector necesita mantener su actividad y su porcentaje de beneficios, y la excesiva reglamentación bloquearía sus planes.

La última tanda de providencias logró que 51 nuevos pesticidas aterrizaran en el mercado. En total ya van 262 desde enero. “El Gobierno está pasando por encima de la opinión pública y de las instituciones sanitarias”, se lamentaba en un comunicado Marina Lacôrte, coordinadora de la campaña de Alimentación y Agricultura de Greenpeace.

Trece de esas sustancias han sido prohibidas o no permitidas en la Unión Europea. “Podemos producir sin agrotóxicos, en equilibrio con el medio ambiente y respetando la salud de las personas”, indica Lacôrte. “Sin embargo, cada vez llega más veneno a la mesa de la población brasileña y más insostenible queda nuestra agricultura, inviabilizándola a largo plazo. Es escandaloso”.

El presidente y su ministra de agricultura demostraron su buena sintonía en la presentación del “Plano Safra 2019/20”, el tradicional sistema de créditos, subvenciones e incentivos agropecuarios del Gobierno Federal. Tereza Cristina (Demócratas), ingeniera agrónoma y empresaria del sector rural, está habituada a frecuentar la primera línea de fuego.

Desde su primer cargo de relevancia, como consejera de desarrollo agrario de su estado, Mato Grosso do Sul, ya hizo hincapié en la liberación de pesticidas; apoyó el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff; abandonó su anterior partido porque criticaba la gestión de Michel Temer, y ya como coordinadora de la bancada ruralista dirigió proyectos de ley que iban en esta misma línea agresiva contra el medio ambiente.

Hace unos días, en un encuentro preparatorio de la reunión de ministros de agricultura de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) que tendrá lugar en septiembre precisamente en su estado, la ministra Tereza Cristina sostenía, con aparente tranquilidad, que “Brasil está listo y dispuesto a contribuir para garantizar la seguridad alimentaria global, incorporando, en el centro de su estrategia, los principios de desarrollo sostenible”.

Dado que el intercambio de favores continúa, la bancada ruralista ha sido uno de los apoyos del presidente Bolsonaro para que la primera votación de su reforma de la seguridad social  en la Cámara de Diputados le haya resultado medianamente favorable. La inmensa mayoría de los diputados que defienden los intereses del agronegocio le apoyaron. Interponiendo alguna enmienda a su favor –que recortó una parte del ahorro económico que ha programado el Gobierno–, pero votaron sí a la reforma, lo cual le garantiza oxígeno al presidente hasta después del parón vacacional.

El desparpajo de Bolsonaro y Tereza Cristina a la hora de aprobar el uso de decenas de nuevos agrotóxicos ha llegado ya al Tribunal Supremo, al cual se le acumula el trabajo por momentos en esta legislatura. La abogada Vera Lúcia da Motta, integrante del Partido Verde, ha presentado una acción por incumplimiento de preceptos fundamentales de la Constitución Federal. “La liberación de los nuevos productos no ha sido precedida de un análisis serio de seguridad química ni de impacto tóxico y ambiental”, argumentan.

El PV, que está tratando de movilizar a la población en torno a marchas de protesta, pide suspender los efectos de las medidas gubernamentales, que, en su opinión, “exponen de modo perverso a toda la población a riesgos incalculables de contaminación y desarrollo de diversas enfermedades, sin que los ciudadanos tengan posibilidad real de defensa”. En la lista de productos tóxicos permitidos, la organización subraya la presencia del Imazetapir, la Sulfentrazona y el Sulfoxaflor. Este último polémico en Estados Unidos “por ser uno de los principales responsables del exterminio de abejas en algunas regiones del país”.

 

05/08/2019 08:40 Actualizado: 05/08/2019 08:40

Por víctor david lópez

@VictorDavLopez

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En qué va la guerra comercial de Estados Unidos.

 

Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China se reanudarán la primera semana de agosto en Shanghái. Hasta ahora, ninguno de los dos ha cedido a las condiciones del otro. Se recuerda que Estados Unidos busca reducir su déficit comercial, mejorar la productividad del aparato industrial interno, su competitividad en el mercado mundial y frenar el ascendente dominio comercial chino, mediante la ampliación de aranceles punitivos.

Recientemente, el mandatario estadounidense afirmó, vía Twitter, que “los aranceles (…) están teniendo un efecto importante”, pues “las empresas desean salir de China hacia países no arancelarios”, que se están “recibiendo miles de millones de dólares en aranceles de China” y que las “tarifas son pagadas por China devaluando y bombeando, ¡no por el contribuyente estadounidense!”. Dijo que China alcanzará, en el segundo trimestre, el nivel de crecimiento más bajo desde hace 27 años como resultado de su estrategia comercial internacional.

El crecimiento de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre se desaceleró, mientras que China se mantiene estable en 6,2 por ciento, porque el arancel es un impuesto aplicado por el gobierno importador; es pagado por el importador y el consumidor final. La lógica es aumentar el precio de la mercancía importada para reducir su consumo y, de este modo, favorecer las mercancías locales. Salvo que los importadores sean empresas o consumidores chinos en Estados Unidos, no hay modo de que los aranceles sean transferidos a la economía china, a menos que China tenga un solo mercado, pero Estados Unidos es el mercado mayor de China (20 por ciento) cuyo comercio se reparte: 45 por ciento a países de Asia, 22 por ciento a países de la Unión Europea y 9 por ciento a América Latina y África.

De ahí que la respuesta a las medidas proteccionistas de un Estado con otro no puedan ser más que alzas arancelarias en sentido contrario, no hay otra. En esta ocasión, después de cinco rondas de subidas arancelarias, una breve tregua e incontables amenazas, la guerra no parece favorecer a nadie. Se estima que el total de las medidas impuestas ha alcanzado 250.000 millones de dólares a las importaciones chinas y 110.000 millones a las estadounidenses. De este modo, la cuestión estratégica sería cuantitativa en determinados bienes de consumo final y cualitativa para ciertas ramas industriales. El impacto, empero, está recayendo sobre el comercio internacional en su conjunto.

En un sentido limitado, es cierto que el déficit estadounidense con China ha disminuido, pero apenas a niveles previos al inicio de la guerra. El acumulado hasta mayo de 2019 disminuyó en 9,9 por ciento respecto a mayo de 2018, pero China aún corresponde al 38 por ciento del total del déficit comercial estadounidense. En cambio, el déficit total hasta mayo de 2019 alcanzó -359.579,8 millones de dólares, 25 por ciento mayor que el año anterior. Este incremento corresponde en buena parte al creciente déficit con México.

La reducción del déficit comercial con China ha sido producto de una contracción de sus importaciones. Esta situación, dadas las condiciones del aparato productivo de Estados Unidos, sólo complica aun más sus niveles de productividad y competencia internacional. La reducción de las importaciones refleja su nivel de consumo interno y la limitada capacidad de crecimiento de la economía. De ahí que también el Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio estadounidense anunciara que el crecimiento del Pbi cayó de 3,5 por ciento en el segundo trimestre de 2018 a 2,1 por ciento en el segundo trimestre de 2019, anticipando menos crecimiento para 2019 que para 2018.

Asimismo, una buena parte de las cadenas productivas americanas dependen de insumos chinos. En 2017, el 50 por ciento de sus compras estuvo compuesto de aparatos electrónicos, maquinaria de radiodifusión, cómputo, partes y piezas electrónicas y demás insumos industriales y de consumo final. El nivel técnico y de especialización que incorporan los productos chinos, apoyados en bajísimos costos de producción, ha desplazado a los productos estadounidenses. Esta condición del aparato productivo estadounidense no le permite sustituir las importaciones chinas sin encarecer los productos y generar inflación.

A la inversa, la matriz exportadora de Estados Unidos está compuesta, principalmente, por maquinaria (22 por ciento), equipo de transporte, mayormente automóviles (15 por ciento), productos químicos (14 por ciento) y derivados del petróleo (11 por ciento). Como lo ha mostrado la trama Huawei y la red 5G, la economía estadounidense ha perdido el liderazgo en las ramas tecnológico-industriales y no parece encontrar vías para recuperarlo. Lo que le ha quedado es asegurar su mercado interno (ampliado) vía el tratado México-Estados Unidos-Canadá (Tmec), ponerle aranceles punitivos a la Unión Europea (especialmente a Alemania) y esperar que su proteccionismo merme el crecimiento chino de 6,2 por ciento, sin afectar aun más su sufrido 2,1 por ciento.

Finalmente, si consideramos que hay una recesión autoinducida en México debido a los ajustes en el gasto fiscal, y es probable que la caída en la demanda en Estados Unidos continúe, el resultado final debería ser menos importaciones y un mayor déficit estadounidense con México para diciembre de 2019. Esto podría significar más aranceles para los bienes mexicanos, dada la peculiar visión que el equipo económico estadounidense tiene del mundo. La ley de aranceles Smoot-Hawley de 1930 debe tenerse en cuenta, así como la no ratificación del Pacto de la Sociedad de las Naciones, en 1920, fundada por el presidente Woodrow Wilson en 1919. La bancada republicana, liderada por Henry Cabot Lodge, argumentó entonces que “la Liga comprometería a Estados Unidos con una organización costosa que reduciría la capacidad de Estados Unidos para defender sus propios intereses”. Los gobiernos republicanos han sido conocidos por su aislacionismo y xenofobia en el pasado. Esto podría significar que nuevos males económicos en Estados Unidos podrían llevar a nuevas medidas aislacionistas con terribles impactos en la economía mundial, como en 1930.

Por  Por Óscar Ugartech, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), Sistema Nacional de Investigadores-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y coordinador del Observatorio Económico Latinoamericano (obela). Economista, doctorando en estudios latinoamericanos de la Unam y miembro de obela

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Colombia: ¿Cuántos y cómo somos? ¿Dónde estamos?

El Dane reveló, a principios del mes de julio de 2019, los datos oficiales del Censo de población y vivienda realizado durante 2018. De acuerdo con la entidad encargada de las estadísticas oficiales de Colombia, 48’258.494 es la cifra de las personas que habitamos el territorio nacional, un registro superior al estimado por la misma entidad en noviembre del 2018: 45,5 millones; pero mucho menos de los 50 millones que vaticinaban las proyecciones con base en el censo de 2005.

 

La polémica va para largo. La oficialización, el pasado 4 de julio, de las cifras arrojadas por el Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv-2018), motivó de inmediato su crítica por parte de funcionarios territoriales, como la gobernadora del Valle y el de Bolívar, así como el director de planeación de Bogotá y los alcaldes de Soacha y Cartagena. Según estos, el tamaño de la población que les establece el Censo en su jurisdicción es inferior a los registros oficiales de sus propias entidades.

La inconformidad no es casual: a menores cifras de población por departamento o municipio, menores serán los dineros que les transferirá el gobierno nacional para salud, educación, vivienda, servicios públicos, empleo, vías y demás asignaciones de subsidios y acceso a programas sociales. Otras voces críticas se sumarán con el paso de los días a esta inconformidad, toda vez que el impacto del Censo extenderá sus efectos en toda la gobernabilidad territorial.


Pero la polémica también se prolongará ya que aún falta por saber dónde habitan 4.094.077 de connacionales que no fueron censados pero sí identificados global y regionalmente de su existencia por la Encuesta de Calidad de Vida a cargo también del Dane. Viene ahora, por tanto, la realización de una evaluación de cobertura en todos los municipios del país, para saber en qué lugares están estas personas no empadronadas.
 
Las 4,1 millones de personas excluidas del censo fueron identificadas con la “Encuesta de calidad de vida” realizada entre octubre y diciembre de 2018, que no solo caracterizó la forma en que viven las personas en el país sino que sirvió de medición poscensal, pues en ella se les preguntó a los hogares si habían sido censados, “es a partir de ahí que podemos establecer la omisión”, señaló el director del Dane, Juan Daniel Oviedo. Según el funcionario, la omisión censal fue de 8,5 por ciento, cifra significativamente alta pues el promedio simple de la omisión en los censos ronda el 5 por ciento. Este ajuste, que hasta ahora se hizo a nivel nacional, debe replicarse también por ciudades. En Bogotá, por ejemplo, se censaron 7,2 millones de habitantes, pero aún no se sabe en realidad cuántas personas más viven en la capital. Lo cierto es que difícilmente ese número alcanzará las proyecciones que vaticinaban 8,1 millones de habitantes para 2018 (diagrama 1).

 

 



Por otra parte, el próximo 30 de septiembre saldrá al público la base de datos anonimizada (permite acceder a las respuestas en detalle, pero protegiendo la identidad de los encuestados) y las proyecciones para 2019, pues el censo se hizo con corte a 2018. Los resultados del censo modificarán a su vez otras operaciones estadísticas del Dane, como la gran encuesta integrada de hogares, que es la base para calcular el desempleo.

Una vez que se tengan todos los resultados oficiales, más las encuestas de hogares adaptadas al nuevo censo, todas las metas que usan valores absolutos poblacionales tienen que cambiar como, por ejemplo, la de pobreza monetaria, analfabetismo, tasa de homicidios, PIB per cápita, o número de médicos por habitante.

Con la nueva fotografía del país no solo se renovarán indicadores sociales en materia de salud, educación, empleo, vivienda o movilidad, entre otros, sino que también se podrán reasignar entre las regiones los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) o del Sistema General de Regalías (SGR). En general, cambiarían todos los indicadores que tengan como denominador común la población.

De manera adicional, el nuevo retrato de Colombia 2018 también tendrá repercusiones en la implementación de los Acuerdos de Paz porque habría que revisarse la asignación de recursos hacia los municipios que hacen parte de los priorizados para el posconflicto (municipios Pdet). Incluso, también podría afectar a la representación política en la Cámara de Representantes que depende de la cantidad de población de cada departamento.



¿Cuántos somos?

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (Cnpv) es la operación estadística más compleja e importante que hace el país, conducto por medio del cual se recoge información de las personas, hogares y viviendas en todo el territorio colombiano. Su propósito es el de establecer cuántos somos, dónde estamos y cuáles son las principales características socio-demográficas de la población residente habitual en Colombia.

El operativo comenzó en enero de 2018 con 41.097 encuestadores; la recolección de datos terminó en octubre del mismo año. Su realización costó $403.000 millones. El Cnpv 2018 abarca la totalidad del territorio nacional, correspondiente a 32 departamentos, 1.101 municipios, 20 áreas no municipalizadas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Tratando de calmar las demandas de información arrojada por este Censo, en octubre de 2018 el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, daba razones para explicar que la población de Colombia podría estar alrededor de 43,8 millones, cifra que sorprendió a todo el mundo por encontrarse bastante lejos de los 50 millones proyectados de acuerdo con la información del censo de 2005. En noviembre, la cifra defendida con argumentos técnicos fue 45,5 millones; al dato inicial se le sumaron 329.093 personas que habitan lugares especiales de alojamiento como, entre otros, los 123.434 presos (tanto hombres como mujeres) que hay actualmente en el país, según el reciente  censo de la población carcelaria realizado por el Inpec1. En julio de 2019, el Dane brinda nuevas razones para explicar que en realidad somos 48,2 millones, cifra resultante de cruzar los datos del censo con los de la encuesta de calidad de vida de 2018, y con la cual estamos más cerca de las proyecciones de 50 millones (Gráfico 1).

 



Es decir, como buen prestidigitador el director del Dane sacó de su sombrero, al igual que brotan conejos, 2,8 millones de personas adicionales entre noviembre de 2018 y julio de 2019, con el fin de aplacar la exasperación que provocaron las primeras cifras.

Frente al censo del 2005, cuando se realizó el último empadronamiento, la población pasó de 42’888.592 personas a 48’258.494 en 2018, esto es, en los trece años hubo un incremento de 5’369.902 habitantes; el crecimiento relativo intercensal fue de 12,5 por ciento (equivalente a un aumento poblacional promedio anual de 0,96 puntos porcentuales).



¿Dónde estamos y cómo somos?


Las características estructurales y la ubicación de la población también cambiaron en el tiempo de publicación de los diferentes reportes oficiales del Dane (cuadro 1). Las cifras definitivas muestra una tendencia hacia la concentración urbana de la población, el abandono de las grandes ciudades y la conurbanización resultante de la emigración hacia los municipios circundantes a las capitales, el cambio en la estructura por edades con propensión al envejecimiento, el fin del “Bono demográfico”, la concentración de la población joven en zonas periféricas y atrasadas del país, la reducción en el tamaño de los hogares (cada vez hay menos niños) y la adquisición de un rol protagónico mayor de la mujer en la sociedad.

 

Cuadro 1. Resultados del Cnpv-2018 según estructura y ubicación poblacional


Género

Las mujeres siguen siendo el género predominante dentro del total nacional, con una participación de 51,2 por ciento; el restante 48,8 por ciento corresponde a los hombres. En el conteo del 2005, las mujeres eran el 51 por ciento de la población y los hombres, el 49 por ciento.


Urbanización

En las cabeceras municipales habita el 77,1 por ciento de connacionales. La población rural que representa el 22,9 por ciento restantes, se distribuye, de una parte, en un 7,1 por ciento en centros poblados y, de otra, el 15,8 por ciento que vive en zonas rurales dispersas. De acuerdo con los resultados del Censo de 2005, el 76 por ciento correspondía a los habitantes de las cabeceras; 5,6 por ciento a los centros poblados y 18,4 por ciento a la población rural dispersa.


Envejecimiento


Desde 2005 se alertó por el ritmo rápido de envejecimiento de la población colombiana. En cuanto a su composición a 2018, un 9,1 por ciento corresponde a mayores de 65 años de edad (cerca de tres puntos porcentuales más que en el 2005, cuando representaban el 6,3 por ciento); 13,3 por ciento tienen más de 60 años; población entre los 14 y 28 años (juventud) 26,1 por ciento; 22,6 por ciento son menores de 15 años, y el 8,5 por ciento tiene menos de 5 años. El Cnpv-2018 corroboró el aumento en los índices de envejecimiento del país; significa que por cada 100 personas menores de 15 años hay 40,4 mayores de 65; en 2005 era de 20,5 personas por cada 100. El índice de envejecimiento para los mayores de 60 es de 58,6 por ciento. En resumen, hay menos población joven de la que creíamos tener y estamos envejeciendo mucho más rápido que antes, generando consecuencias económicas, fiscales, sociales y psicológicas (Gráficos 2 y 3).

 

Gráfico 2. Distribución departamental del índice de juventud, 2018

 

 

Gráfico 3. Índice de envejecimiento (mayores de 65/60 años como fracción de menores de 15 años)


En departamentos como Quindío el índice de envejecimiento llega a ser de 72,2 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años de edad; a este grupo pertenecen también Caldas y Risaralda, con índices de envejecimiento de 67 y 60 por ciento, respectivamente. Por el contrario, los departamentos con mayor cantidad de menores de 15 años de edad son Amazonas, Putumayo y Guainía.

El envejecimiento es una tendencia mundial y Colombia no ha escapado a ella. Según la publicación inglesa “The Economist”, en 2019 la población mayor de 65 años va a ser de mayor tamaño que la población menor de cinco años en el promedio de todos los países. En consecuencia, el país debe implementar una política pública acorde con esta realidad e incluyente de tal población. Es evidente la necesidad de apurar unas políticas de asistencia y atención en salud, seguridad y protección social universal que proporcionen calidad de vida y vida digna a las personas en esta etapa de la existencia.

En Colombia el 74 por ciento de los adultos mayores no tiene pensión y padece depresión. Según un estudio de la Universidad de La Sabana,  lo anterior deja en vilo a la mayoría de la población mayor, pues su falta de acceso al sistema pensional la convierte en una población vulnerable. De hecho, ya son vulnerables a varias enfermedades que requieren de un trato especial. Adicionalmente, al menos el 20 por ciento de los colombianos de 80 o más años de edad (unas 150.000 personas de esa edad, según las cuentas de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos), tiene que seguir trabajando porque no acumuló las 1.300 semanas de trabajo para pensionarse y no cuenta con ahorros o apoyo familiar para sobrevivir.

De otra parte, tener una menor población joven, pero con mayor acceso a la educación superior, plantea retos en el modelo educativo, así como en materia de oportunidades laborales dignas, las cuales deben responder a las nuevas necesidades de los jóvenes en cuanto a su preparación, expectativa de ingresos, calidad del trabajo y ubicación espacial. En 2018, el porcentaje de desocupación para las personas de 18 a 28 años, según el Dane, se situó en 17,7 por ciento; las estadísticas indican que las mujeres son quienes presentan un mayor índice de desocupación: el número de hombres jóvenes desocupados fue 13,7 por ciento, y para las mujeres del 23 por ciento. Adicionalmente, 29 por ciento de los jóvenes no estudian ni trabajan, esto es, los llamados Ninis


Los resultados permiten evidenciar que en gran parte la condición de discapacidad y dificultad para realizar ciertas actividades cotidianas está asociada con el fenómeno de envejecimiento, de hecho es la principal causa. El 7,1 por ciento de la población que respondió al censo dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias. La prevalencia en los hombres es de 6,8 por ciento y en mujeres de 7,5.



Repoblamiento


Las ciudades y cabeceras municipales albergan cada vez un mayor volumen de habitantes. El 77,1 por ciento de los habitantes del país ocupan esas zonas, según el Dane, y si bien la diferencia no es mayor frente al 76 por ciento del 2005, es claro que se mantiene la migración interna de las zonas rurales y rurales dispersas hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades educativas, sociales, económicas, laborales y de seguridad, lo que plantea, de una parte, la necesidad de apurar una reforma laboral que combata la informalidad y proporcione condiciones de oferta acorde a la nueva realidad del país y, de otra, aumentar la oferta de vivienda de interés social, en un marco de desarrollo urbano sostenible, incluyente, democrático y a escala humana. En las principales ciudades, laboran de manera precaria e informal más de 5 millones de personas.

Bogotá está a la cabeza del escalafón con el mayor número de pobladores, cerca de 7,2 millones. Le sigue Medellín, con 2,4 millones, mientras que Cali cuenta con 1’822.871 personas. En Bogotá, la población contada aumentó 5,6 por ciento, incremento que reporta el mayor aporte al aumento en la población censada en todo el país, pues pasó de 6,8 a 7,2 millones de habitantes contados.

Sin embargo, el Distrito Capital registra como una ciudad “altamente expulsora de población” hacia municipios aledaños como La Calera, Funza, Madrid, Cota, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Mosquera, Tocancipá, Sopó y Gachancipá, considerados parte del área metropolitana de Bogotá y donde se evidencian crecimientos de la población de dos dígitos al comparar las cifras de 2005 con 2018. En efecto, la conurbanización2 de la “Gran Bogotá” recoge municipios como Soacha, Sibaté, La Calera, Fusa, Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá y otros cuantos ubicados sobre la autopista Norte que son utilizados por miles de personas para pernoctar, pero trabajan en la capital; esta realidad se comprueba al detallar que el departamento de Cundinamarca ya tiene 2’792.877 de personas (cuando en 2005 apenas eran 2’280.037), la inmensa mayoría de las cuales se concentran en los pueblos conectados con el Distrito. Según cifras de la más reciente “Encuesta de Percepción Ciudadana de Sabana Centro Cómo Vamos”, 25 por ciento de las personas vivieron en Bogotá antes de llegar a la subregión, la mayoría se trasladaron, de hecho, por motivos laborales, económicos, ambientales, de movilidad, habitacionales y familiares.

En conjunto, el peso de las capitales dentro de la población censada en todo el país tuvo una pequeña reducción, pues pasó de 46,8 a 45,9 por ciento entre el 2005 y el 2018. Casi la totalidad de esa reducción se explica por el menor tamaño de la población de Cali, en donde se contaron 1,8 millones de personas, frente a 2,1 millones 13 años atrás. Entre tanto, en Cartagena se bajó de 895.000 personas contadas en el censo anterior a 888.000 el año pasado. Y en Pereira, de 428.000 a 410.000. En cambio, en Inírida, capital de Guainía, la población casi se duplica en 13 años, con un aumento de 92 por ciento; algo parecido ocurrió en Mitú, Vaupés, y Puerto Carreño, Vichada, con 63 y 53 por ciento (ver mapa).

 

 


Hogares y vivienda

El número de viviendas3 creció más rápido que el de los propios hogares4. Mientras que en estos 13 años los hogares aumentaron en 700.000 para sumar 14,2 millones en 2018, el número de viviendas se incrementó en 3,1 millones hasta alcanzar las 13,5 millones de unidades. Muchos hogares que habitaban en inquilinatos o en las casas paternas se fueron a vivir independientes y otros han decidido vivir solos, tendencia cultural y sociológica fuerte que se observa en las grandes ciudades y realidad que corresponde no sólo a jóvenes sino también a población adulta y vieja.

El 96,3 por ciento de todos esos hogares cuentan con servicio de energía eléctrica, 3 puntos porcentuales más que los del 2005. También ha aumentado el acceso al agua potable (86,4%) y al alcantarillado (76,6%), casi que en las mismas proporciones en estos 13 años. Pero el mayor avance ha sido en acceso al gas natural, pues hoy 7 de cada 10 hogares cuentan con este servicio, mientras que en 2005 eran solo 4 de cada 10, según el Dane, que también advirtió que el 81,6 por ciento de los hogares tienen acceso a la recolección de basuras y el 43,3 por ciento cuentan con internet.

Y si bien hoy siguen siendo más las familias que viven en casas (6 de cada 10), las que prefieren los apartamentos van en alza, pues mientras que en el 2005 cerca del 25 por ciento los habitaban, hoy esa cuota ronda el 33 por ciento. También es revelador el crecimiento de los hogares unipersonales, pues hoy son el 18,5 por ciento frente al 11,1 por ciento del 2005.


Mujeres y desigualdad social

Según el censo, el porcentaje de hogares encabezados por mujeres pasó en el período intercensal 2005-2018 de 29,9 a 40,7 por ciento, mientras la jefatura masculina disminuyó de 70,1 a 59,3 por ciento5. Esto quiere decir que cuatro de cada diez hogares están encabezados por mujeres, uno más que en 2005. Las mujeres tienen mayores niveles de alfabetización que los hombres; y las entidades territoriales con mayor proporción de mujeres son, a la vez, las que tienen niveles más altos de desarrollo (Gráficos 4 y 5).

 

Gráfico 4. Distribución de la población censada por sexo a nivel departamental, 2018

 

Gráfico 5. Empoderamiento de la mujer: jefatura de hogar según sexo



No obstante, el propio Dane ha establecido que las mujeres al frente de sus hogares viven en peores condiciones. La ECV registra que el 77,7 por ciento de ellas no tienen cónyuge, por lo tanto, no hay otro proveedor de ingresos para las familias y deben asumir las cargas domésticas y laborales al mismo tiempo, cosa que no suele suceder con la mayoría de hogares con jefatura masculina. Adicionalmente, en 2018 se encontró que la incidencia de la pobreza es más alta en los hogares con jefatura femenina, con 21,7 por ciento, frente al 18,5 en los de jefatura masculina.

Si bien las cifras indican que las mujeres están más educadas, la realidad es que se emplean menos que los hombres. Para el trimestre febrero-abril de 2019, la tasa de desempleo para las mujeres fue 14,0 por ciento y para los hombres 8,7 por ciento. A ello se suma la brecha salarial de 20 por ciento entre hombres y mujeres que cumplen las mismas funciones, según el Ministerio de Trabajo.

Las cifras del censo también revelaron que con un mayor nivel educativo se incrementa la edad promedio en que las mujeres están dispuestas a tener hijos; aquellas que tienen educación preescolar, primaria o ninguna, deciden ser madres a los 25 años, en promedio; esta edad va en aumento a medida que registran un mayor grado de escolaridad, con 29 y 31 años en niveles de formación superior o de posgrado. El número de nacimientos también registró cambios importantes en relación con el acceso a la educación: aquellas con pocos o nulos estudios tienen en promedio 3,5 hijos, mientras las que alcanzaron un posgrado tienen 1,5.

Si bien es indudable que las mujeres ocupan un papel protagónico en las dinámicas sociales y económicas del país, las cifras del Dane permiten concluir que las condiciones en que vive buena parte de esta población todavía distan de ser un ejemplo de empoderamiento femenino. Los avances en materia de alfabetización, equidad de género en las empresas o reducción en el número de hijos con relación al tipo de formación de la madre indican además que las mejoras todavía suelen ser para aquellas que están más preparadas o tienen los recursos para acceder a un tipo de vida distinto (Gráfico 6).

 

Gráfico 6. Alfabetismo por sexo


 
¿A qué se dedica la gente?


Los cambios demográficos y en la situación socio-económico de los hogares se reflejan en las conductas disruptivas en cuanto a la ocupación durante los últimos trece años. En 2018, la población que trabaja representa el 46,6 por ciento mientras que en 2005 era de apenas el 39,8. El 51 por ciento de la población se encuentra ocupada; por sexo, los hombres se encuentran ocupados en el 66,1 por ciento y las mujeres el 37,4. También se encuentra más proporción de gente buscando trabajo: 2,8 por ciento en 2005 y 5,4 en 2018. El porcentaje de población estudiando aumentó de 17,6 por ciento a 18,1 durante los últimos trece años. La población que se dedica a los oficios del hogar se redujo de 21,5 por ciento a 19,0 en el período intercensal. Otra expresión del proceso de envejecimiento de la población es el crecimiento relativo que registra la población jubilada: pasó de 2,3 por ciento en 2005 a 3,6 en 2018 (Gráfico 7).

 

Gráfico 7. Ocupación según principal actividad económica realizada la semana anterior

 



Por último, una vez que se tramite el proyecto de ley para oficializar las cifras del recién conocido Censo de Población y Vivienda 2018, las proyecciones que se estipularon en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque serán sujetas a revisión, tal y como se determina en las bases del mismo.



1    Lugar Especial de Alojamiento (LEA): Es una edificación o parte de ella en la cual habita un grupo de personas, generalmente no parientes, que participan de una vida en común por razones de procesos de rehabilitación, carcelaria, estudio, trabajo, culto religioso, hospitales, disciplina militar, labores administrativas, entre otras.
2    Una conurbación es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y su crecimiento físico, se fusionan.
3    Vivienda (Unidad de uso vivienda): Espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otras. Separada, porque tiene paredes u otros elementos, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios.
4    Hogar: Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. También constituyen un hogar las personas que se asocian para vivir bajo el mismo techo, aunque no compartan las comidas. Los empleados del servicio doméstico y sus familiares, los trabajadores y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda donde trabajan.
5    Jefe o jefa de hogar: es el residente habitual que es reconocido por los demás miembros del hogar como jefe o jefa, teniendo en cuenta los siguientes criterios: la persona de mayor edad, el que mayor aporte económico le hace al hogar o el que goce de mayor respeto entre los miembros del hogar.
*    Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

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https://pacifista.tv/notas/cambie-el-cafe-por-la-hoja-de-coca-para-volverme-mas-productivo/

El título es evidentemente un homenaje a la obra, ya clásica, de don Fernando Ortiz1. La distancia es enorme, por supuesto, pero la alusión tiene, en este artículo, un propósito: contribuir a rescatar un enfoque socioeconómico que pueda ir más allá del tratamiento penal y policíaco que suele tener en Colombia el tema de la coca.

 

Aunque nos duela, la coca es una realidad innegable que tiene un peso considerable en la economía del país dentro de la cual establece numerosos vínculos: la compra de insumos para su producción, los pagos de remuneraciones a los trabajadores, la compra de bienes y servicios de consumo final por los hogares productores y las inversiones derivadas de estos ingresos. Por otra parte: uso de factores de producción provenientes del mercado nacional, ingresos distribuidos a los hogares residentes, flujos de contrabando que contribuyen al lavado de dinero y gastos en el país (consumo e inversión) por parte de dichos hogares, etc.

Y la comparación es del todo pertinente. Uno y otro son los productos agrícolas que más éxito han tenido en el mercado mundial. Cubren dos periodos sucesivos en nuestra historia económica; ambos han contribuido a edificar el orden rural; han sido determinantes en la política y forjadores de no pocos de nuestros rasgos culturales. A punto de terminar el segundo decenio del siglo XXI, la coca –ilegal– enfrenta una nueva ofensiva cuyas víctimas han de ser los campesinos, y el café – legal– vive la más profunda crisis económica desde los años noventa, con la previsible ruina de los campesinos.

La comparación aparece de cuando en cuando en los medios de comunicación, pero sólo en momentos de angustia. Por ejemplo, en El Tiempo del 13 de diciembre del año pasado podía leerse:
 
“La economía del narcotráfico movió incluso más dinero (equivalente al 5% del PIB) que sectores como el cafetero, que aportó el 1 por ciento el PIB del país el año pasado, según lo resaltó el Gobierno durante la presentación del nuevo plan integral de lucha contra las drogas al que llamó ‘Ruta Futuro”.2

El propósito escandaloso del redactor –y del Gobierno– es obvio. Se trataba de magnificar la “amenaza” en momentos en que arreciaban las presiones de los Estados Unidos. El último informe de la Unodoc3 (septiembre de 2018) señalaba que en el año 2017 se había alcanzado el mayor número de hectáreas cultivadas de todos los tiempos con un incremento de 17 por ciento respecto al año inmediatamente anterior. Pero las cifras del “volumen de negocios” que se le atribuyen al narcotráfico son puras conjeturas. Un año antes, exactamente, el gobierno recién posesionado de Duque advertía alarmado que representaba un 2 por ciento. Más nos valdría entonces tomárnoslo en serio, dejando de lado las manipulaciones políticas y las declaraciones de obediencia al amo del norte.



Algunos datos agregados sobre la economía de la coca



La investigación seria sobre la economía del narcotráfico tiene ya un cierto desarrollo en nuestro país, aunque no sea lo más publicitado. Y debe reconocerse que el Dane, en buena hora, supo desafiar el tabú y comenzó a calcular la producción de los cultivos llamados ilícitos (1994) y luego el valor agregado de las actividades de transformación para incorporarlo en las cuentas del PIB (especialmente, desde las de base 2005), si bien mediante un artilugio un tanto pudoroso que consistió en definir, para su registro, un “enclave” (“territorio virtual”) separado de la economía legal4. El Dane, desde luego, admite las dificultades para recabar la información y se limita a la producción, advirtiendo: “no se incluirá, en este ejercicio de medición económica, ni la comercialización de dichos productos ni los flujos de capital asociados, a pesar de su importancia, pero ateniéndose a reglas de prudencia”5.

Para empezar habría, pues, que aclarar que son varias las etapas, o eslabones, de la cadena de valor de la cocaína. Si hablamos de los ingresos o rentas de narcotráfico el mayor componente, desde luego, lo representa la exportación propiamente dicha.  Es el componente de más difícil cálculo. Podría deducirse de las toneladas producidas menos las incautadas, evaluadas a un precio promedio, pero no deja de ser una estimación arriesgada. Y esto, suponiendo que los traficantes colombianos no se encargan del transporte y distribución en el exterior. -el valor del producto total, desde un punto de vista mundial, es decir desde su salida del territorio hasta su distribución dentro de los países consumidores significa un cálculo de mayor complejidad y numerosos supuestos-.

Ahora bien, la estimación del ingreso neto de nuestros narcotraficantes, y de la parte que se reintroduce al país, que implicaría, entre otras cosas, una cuantificación del lavado de activos, implica una gran investigación. En fin, esto que se llama “el negocio del narcotráfico” no es para improvisar cifras, así sepamos con toda certeza que es un dinero que se irriga en todo el país y que, por cierto, se mueve dentro del sector financiero. En cambio, podemos tener algunos indicadores agregados más confiables en lo que se refiere a la producción en Colombia.

Las etapas básicas o eslabones son, entonces, los siguientes: i) cultivo y cosecha de la hoja de coca, ii) transformación primaria de la hoja en pasta y base de coca, iii) transformación en clorhidrato de cocaína, iv) tráfico mayorista del producto hacia las costas y fronteras nacionales. Una investigación al respecto que se hizo en 2010 y ha tenido merecido reconocimiento es la de Daniel Mejía y Daniel Rico de la U. de los Andes6. Los autores, con base en datos de 2008 concluyen que la producción y el tráfico de cocaína podían llegar, en conjunto, a 13.6 billones de pesos, es decir, un 2.3 por ciento del PIB. Y esto, suponiendo un total de 100.000 hectáreas cultivadas y una producción de clorhidrato de cocaína, para ese año, de 642 toneladas7. Curiosamente, en 2016, a pesar del crecimiento sostenido en el número de hectáreas cultivadas y en las toneladas de base producidas, que se inició en 2013 y tuvo un gran salto precisamente en ese año, se estaba estimando un valor de 10.3 billones de pesos es decir cerca del 1.2 por ciento del PIB8.



De la microeconomía a los territorios



Lo más interesante del estudio que se acaba de citar es, sin embargo, el cálculo de la distribución del valor agregado entre las diferentes etapas, a partir de un análisis detallado de diferentes escenarios de producción y transformación. Se demuestra allí, de manera contundente, que a la etapa del tráfico le corresponde el 71 por ciento, mientras que a la producción de la hoja tan sólo el 9 por ciento. (Ver Tabla). Téngase en cuenta que en esta etapa se calcula que estarían involucradas unas 166.000 familias.  

Distribución del valor agregado, 2008

Etapa Pesos Porcentaje
Tráfico de cocaína 9.6 billones 71
Cocaína 2.0 billones15
Base de coca0.8 billones5
Hoja de coca 1.2 billones9
 13.6 billones100


Fuente: Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia”.

Es un enfoque que se utiliza desde entonces en diferentes estudios. Cabe destacar que el Informe anual de Unodoc ofrece una rica información con un detalle similar, con la particularidad de que profundiza en el análisis del impacto territorial. En el Informe correspondiente a 2017, publicado en septiembre de 2018, se presentan algunas particularidades además de la continuación del crecimiento en el número de hectáreas sembradas y en la cantidad de cocaína la cual alcanzaría un total de 1.379 toneladas9. Algunas son las siguientes: los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca muestran el mayor aumento en el área de cultivo, pero el departamento de Nariño y el municipio de Tumaco continúan siendo las zonas con más coca en el país. La concentración territorial sigue siendo evidente; el 44 por ciento de la coca se produce en diez municipios.

En cuanto a la dinámica, la verdad es que el 80 por ciento de la coca se encuentra en las mismas zonas en las que ha estado durante los últimos 10 años. Si bien el 34 por ciento está en áreas que en 2014 eran bosque no puede asociarse directamente con una deforestación pues no se descarta que el territorio haya tenido otros usos previamente. El 33 por ciento de los cultivos de coca se ubica en zonas a más de 10 kilómetros de centros poblados y el 16 por ciento de la coca está a menos de 10 kilómetros de una frontera. Las fronteras con Venezuela y Ecuador son las más afectadas.

Como era de suponerse, el crecimiento de la oferta acarrea un descenso de los precios, aunque el propio Informe sugiere otras causas que operarían de manera diferente según regiones. En todo caso, en promedios, de un año a otro, según este reporte, los precios de la hoja de coca fresca, la pasta básica y el clorhidrato de cocaína cayeron 28, 14 y 11 por ciento, respectivamente.

Aquí habría que tener en cuenta algunas variaciones en el esquema de los negocios. En relación con las primeras etapas de producción y transformación, el informe sostiene que hoy en día es mayor la proporción de productores que adelantan la transformación (pasta básica) en la propia finca. La producción de la base (a veces no es fácil establecer la diferencia) de todas maneras se hace en la misma zona, con lo cual queda la duda de si más bien existen intermediarios locales (vecinos) que se encargan de la transformación básica, es decir que los ingresos que llegan a los cultivadores propiamente serían cada vez menores. No sorprendería que fuese mucho menos que el 9 por ciento que se había estimado. También se registra un incremento del número de hogares aunque, a diferencia del cálculo de Mejía de diez años antes, la estimación aquí no supera las 120.000 familias. Por último ha de mencionarse que, al parecer, ha habido un cambio en la variedad y dinámica de los compradores de la base con la que se abastecen los laboratorios que son de diversos tipos, repartidos en todo el territorio e incluso en otros países. Se destaca el caso de mafias extranjeras que compran directamente la base.



La transparencia de la información cafetera

Los datos básicos referentes al sector cafetero son bien conocidos y solamente vamos a recordar algunos, a título de comparación.

(Año/sept) Área cultivada (Miles de Has.) Valor de la producción (Billones de pesos)
2016931,75 7.1
2017 903,957.5
2018 877,146.2

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros.



Así, el cálculo de la producción nos llevaría a una participación en el PIB que estaría alrededor de 0.7 por ciento. El valor del “negocio” en su conjunto es, por supuesto, mayor que el de la producción. Contempla las actividades del procesamiento, de la exportación y la comercialización para consumo interno. Teniendo en cuenta que la institucionalidad cafetera asegura la compra del café a los productores a un precio de garantía (a veces con subsidio estatal), al igual que asistencia técnica, incluida la renovación de los cafetos y el desarrollo de nuevas variedades. Obviamente, si se quiere comparar de manera rigurosa con el PIB, habría que deducir el valor agregado en cada etapa. En todo caso, no hay muchas cosas ocultas en esta información.

Para lo que nos ocupa, es interesante resaltar que generalmente se habla de un número aproximado de 500.000 familias involucradas en las actividades del sector. En cuanto a la distribución territorial de los cultivos, el contraste con la coca es ostensible. Se encuentra en diez departamentos, pudiendo exceptuarse por su escasa representatividad Bolívar, Caquetá, Casanare, Chocó, Guajira, Meta y hasta hace poco Putumayo. El eje tradicional, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle representa todavía el 54 por ciento del área cultivada. Y se destacan por su avance en los últimos diez años Huila, Cauca y Nariño, al contrario de Cundinamarca y Norte de Santander que son cafeteros pero pierden importancia en el mismo periodo.


Como se ve, pudiera decirse que los territorios cafeteros no coinciden con los de la coca, con algunas notables excepciones. Lo más significativo, sin embargo, consiste en que mientras las zonas cafeteras se articulan a centros urbanos de mediana y gran importancia y cuentan con vías de transporte (a pesar de las múltiples quejas de los últimos tiempos) lo mismo que con infraestructuras de servicios públicos, las zonas coqueras, como se señaló anteriormente, se definen precisamente por su existencia marginal. Es por eso que la incidencia de la pobreza, o mejor, la miseria, en estas últimas, es enorme y persistente.



Una conclusión preliminar


Son dos caras contrapuestas de nuestro mundo rural. Dos historias casi gemelas pero de signo contrario. El mismo modelo de monocultivo para la exportación ha llevado a resultados socioeconómicos contrapuestos. Pero no se crea que depende exclusivamente de la disyuntiva legalidad-ilegalidad. La historia del café (y la colonización asociada) difícilmente puede repetirse en espacios y tiempos diferentes. Las condiciones con que hoy cuenta son el resultado de esta larga historia. Sin embargo, la legalización probablemente llevaría al fin de la agricultura cocalera porque es el sobreprecio de la ilegalidad el que asegura su viabilidad.
Por ello, en las condiciones que tienen actualmente, es casi imposible encontrar otro monocultivo de exportación que pudiera desarrollarse en esos territorios. Ni siquiera el café. Es por eso ilusorio el intercambio que parecería encontrarse en las notables excepciones mencionadas antes. Es cierto que en algunos programas de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos los campesinos han recurrido al café, como en el Putumayo, pero también se ha denunciado que, ante la crisis, producida el año pasado por el descenso del precio mundial, hay cafeteros que han decidido cambiarse a la coca, particularmente en el norte del Cauca y el sur del Valle10.   

La verdad es que el café se encuentra hoy en día en una encrucijada difícil de superar. Es la característica de este tipo de productos cuya dependencia del mercado mundial los hace particularmente vulnerables a fluctuaciones, agudas e imprevisibles, con funestas implicaciones económicas y sociales. La única solución, en ambos casos, sólo puede resultar de una transformación radical de la economía agraria y el mundo rural.

1    Ortiz, F. “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar” (1940) Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1987
2    El Tiempo, 13 de diciembre, 2018. Consultado, 9 de julio de 2019 en mwww.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ingresos-del-narcotrafico
3    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
4    Dane, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, “Enclave: cultivos ilícitos fases agrícola e industrial. Base 2005 serie 2000-2010pr” Octubre de 2011, Bogotá.
5    Ibídem., p. 5.
6    Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia” En: “Drogas ilícitas en Colombia”. Cede, U. de los Andes. Bogotá, 2010
7    Los autores toman en cuenta los datos presentados por la Unodoc pero también las de la Oficina Nacional del Control de Drogas de los Estados Unidos (Ondcp) que siempre difieren tanto en número de hectáreas como en productividad estimada y número de toneladas de coca. Por ejemplo en el último Reporte, correspondiente a 2017, UNODOC registra 171.000 hectáreas sembradas y ONDCP, 209.000 hectáreas.
8    La República, 15 de septiembre de 2017. Consultado el 9 de julio de 2019 www.larepublica.co/economia/el-negocio-del-narcotrafico. La noticia se apoya en estimaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes.  
9    Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia (Simci) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC). Informe de Monitoreo, 2017. Bogotá, 2018
10    Declaraciones del gerente de la Federación de Cafeteros, Portafolio, septiembre 18 de 2018 www.portafolio.co/economia/bajos-precios-del-cafe-llevan-a-algunos-agricultores-a-sembrar-coca-521276. Consultado el 9 de julio de 2019

 

 

Publicado enColombia
Cuba impone un plan de control de precios en plena crisis

 

Cuba ha impuesto este martes un plan de control general de precios a todas las empresas estatales y privadas en medio de una crisis económica cada vez más profunda y del aumento de las sanciones de Estados Unidos. Las nuevas medidas prohíben la subida de precios en el comercio minorista y al por mayor, excepto para productos importados y distribuidos por el Estado, donde los márgenes de beneficio ya establecidos no se pueden aumentar.

“En efecto, han suspendido lo que quedaba de libre mercado”, aseguró un economista, que pidió no ser identificado debido a las restricciones para hablar con periodistas extranjeros. Aunque las empresas estatales dominan la economía, las reformas llevadas a cabo en los últimos años han propiciado un crecimiento del sector privado, principalmente, de cooperativas, agricultores, pequeñas empresas y trabajadores independientes como los taxistas.

El Ministerio de Finanzas y Precios cubano enumeró todos los actores del conocido como sector no estatal para decir que “no pueden aumentar precios y tarifas actuales de productos y servicios”. El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, anunció a principios de mes una batería de medidas de emergencia para combatir el estancamiento de la economía y frenar la caída de ingresos en divisas iniciada en 2015, a medida que la crisis de Venezuela, su aliado más estrecho, empeoraba. La mala dinámica de la economía cubana se ha visto agravada por las sanciones estadounidenses.

Las medidas incluían un aumento de salarios y pensiones para más de dos millones de empleados estatales, lo que elevaba la factura anual a 8.000 millones de pesos cubanos (idéntica cantidad en dólares), casi el 13% del presupuesto de este año. Díaz-Canel afirmó que otras medidas, que están aún por anunciarse, incluyen controles de precios y políticas destinadas a estimular la producción local para cumplir con el aumento de la demanda de consumo sin provocar inflación. Como otros propietarios de pequeñas empresas, Manuel Rodríguez, dueño de una cafetería en La Habana, asegura que no tenía problemas con los controles si el Estado y la economía sumergida lo respetan, cosa que duda.

Andrew Zimbalist, economista especializado en Cuba del Smith College de Estados Unidos, ve este tipo de medidas "aceptables durante períodos cortos de tiempo". Pero si se vuelven permanentes, agrega, "comienzan a crear serias distorsiones en la economía". En opinión de Pavel Vidal, ex economista del Banco Central de Cuba, "cuanto más controlan los precios en los mercados formales, más inflación e inestabilidad habrá en los mercados informales".

Reuters

La Habana 30 JUL 2019 - 15:47 COT

Publicado enInternacional
Martes, 30 Julio 2019 10:36

La clase media no va al paraiso

La clase media no va al paraiso

La clase media, si alguna vez existió hoy desaparece en medio de salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados. Esta es la realidad de las multitudes uniformadas.

 

“Nunca pienso que la gente muere.
Sólo que va a grandes almacenes”
Andy Warhol


A comienzos del mes de mayo de éste año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) lanzaba un SOS por la “clase media” de los países desarrollados. En el documento titulado Bajo presión: la clase media exprimida, remarcaba alarmada que en las tres últimas décadas los ingresos de los grupos medios crecieron un tercio menos que los ingresos del diez por ciento de los más adinerados, revelando que la inquietud surge del rápido retroceso de los ubicados en la mitad respecto de las cúpulas.

La preocupación, sin embargo, no es asunto nuevo en las altas esferas como quiera que en enero de 2009, el entonces recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba la creación del “Grupo de trabajo para la clase media” que, según él, era el colectivo perdedor en los últimos años y al que por el bien de su país, y del mundo, le debían ser devueltas las condiciones que le garantizaran su continuidad como sostén básico del consumo, y encarnación más sentida de los valores del “sueño americano”.

Más adelante, en diciembre de 2016, el mismísimo FMI, en un artículo firmado por el economista senior Ali Alichi, mostraba preocupación por la contracción sufrida por la clase media, pues en el último medio siglo habría sido reducida en once puntos porcentuales. Y, en nuestro entorno, finalizando el mes de mayo de este año, el ultraliberal Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, presentó el programa “Clase media protegida”. ¿Qué esconde tanta preocupación? ¿Quiénes componen, en realidad, el grupo que políticos y teóricos convencionales dicen considerar en esa categoría? ¿Qué del funcionamiento del sistema realmente amenaza la supuesta desaparición de la llamada clase media?
La caracterización general de lo que significa “clase media” –ni pobres ni ricos– ha sido siempre controversial, y es aceptado que su definición es bastante subjetiva y ad hoc, en la medida que sus fronteras son borrosas y quedan al capricho de quién las establece.  La Ocde define como de clase media a los hogares cuyos ingresos están entre el 75 y el 200 por ciento de la media del ingreso nacional, en un intervalo cuyos límites no están soportados en parámetros concretos, y en los que, por ser el valor superior 300 por ciento mayor que el límite inferior, ya debería llamar a sospecha.

El termino fue acuñado por el sociólogo norteamericano Richard Wrigth Mills en su obra Las clases medias en Norteamérica (White-Collar), en la que daba cuenta de la profundización de la división del trabajo y la maquinización en oficinas y comercios a principios del siglo XX, lugares predominantes de los trabajadores de “cuello blanco”, y núcleo de lo que denominó cómo clase media. Nacía así una separación teórica de los asalariados, cuya gelatinosa correspondencia con la realidad ha tenido efectos sociales y políticos que han limitado una acción conjunta de grupos separados por diferencias marginales y que, sin lugar a dudas, más allá de tales diferencias, están arrinconados en la estrecha parcela de la subordinación.



Clases sociales y normas de apropiación

Cuando surge el tema de las clases sociales, la atención es dirigida, de forma casi automática, hacía los planteamientos marxistas, obviándose que el concepto emerge junto con la economía política y que son los fisiócratas los primeros que lo plantean. En efecto, fue François Quesnay quien, sobre la base de la función económica de los individuos formuló, ya en el siglo XVIII, la categorización de la sociedad en tres clases: productiva, estéril y  de propietarios (terratenientes). La productiva correspondía al conjunto de agentes de la agricultura –excluidos los dueños de la tierra– pues afirmaba que tan sólo allí las sociedades generan excedente material; estériles eran los productores de las manufacturas pues, en el mejor de los casos, entregan tanta materia en los productos como la que reciben en lo insumos, y, por último, los terratenientes que no tienen una función productiva, propiamente dicha, y por su parasitismo debían ser los únicos pagadores de impuestos. Esta clasificación surge asociada a la primera modelización de la circulación y distribución de la riqueza –La Tabla Económica– que hubiera sido imposible sin la agrupación de los individuos en categorías a las que pudiera asignárseles un flujo de ingreso derivado de su función en el sistema económico. Por primera vez, no era el origen de sangre ni la herencia las que definían en el imaginario la posición social.

Posteriormente, Adam Smith y David Ricardo corrigen la categorización, al comprender que la relación funcional en el sistema económico está definida por el recurso productivo apropiado, y reformulan las categorías en capitalistas (dueños de los factores de la producción materiales diferentes a la tierra), los rentistas (dueños de los inmuebles) y los trabajadores (vendedores de fuerza de trabajo, como asalariados). Clasificación también surgida de la necesidad de descubrir las fuerzas que rigen los montos de los ingresos que perciben los diferentes agentes económicos y que dio origen a la categorización de esos ingresos en ganancias, rentas y salarios, correspondientes a las tres clases.

Pues bien, el origen del concepto no tiene ninguna intencionalidad ideológica, como puede verse, y como quieren hacerlo creer los que buscan suprimirlo, por el interés de ocultar la realidad de las leyes sociales que rigen la apropiación del producto. El mayor alcance explicativo que le da Marx, no modifica la estructura formulada por Smith y Ricardo, y en el truncado capítulo cincuenta y dos de El capital –de tan sólo dos páginas–, y último de esa obra, cuando Marx pregunta por “¿qué es una clase?”, al responderse dice que surge de “la identidad de sus fuentes de ingresos” y reconoce que, en ese sentido, cualquiera de las clases podría subdividirse, pues en el sector rural, por ejemplo, sería posible hablar de terratenientes “propietarios de viñedos”, “propietarios de bosques”, etcétera, pero que esto no altera los argumentos centrales, esto es, que los ingresos están enmarcados en las luchas generadas entre los agentes económicos propietarios de los diferentes factores de la producción, y en el que la mercantilización de la fuerza de trabajo enmarca a los trabajadores directos en unas condiciones sociales, que hace de su sinergia la fuerza que define su participación en el producto social.  

   

Funcionariado y clase media: los trabajadores de “cuello blanco”

El paso, a finales del siglo XIX, de la empresa “marshalliana” –con una sola función y generalmente dirigida por una familia propietaria– a las grandes compañías multidivisionales, muchas con carácter multinacional, condujo a una extensión del trabajo administrativo y de las funciones del control nunca antes vistas. El correspondiente crecimiento del Estado y de sus funciones regulativas daría lugar al aumento de la importancia tanto cuantitativa como social y política de lo que Alfred Weber denominaría genéricamente como “burocracia”. El funcionario, como agente central de las organizaciones públicas y privadas, será el corazón de la denominada «clase media»: “Los «funcionarios» forman el cuadro administrativo típico de las asociaciones racionales, sean estas políticas, hierocráticas, económicas (especialmente capitalistas) o de otra clase”1, dirá Weber en una sentencia que muestra la naciente importancia, en el mundo de los asalariados, de un grupo asociado a labores de dirección y control.

Los trabajos de Henry Fayol, en los que el autoritarismo al interior de las empresas será ponderado como un principio central de la administración, y en los que la disciplina y el control son convertidos en más efectivos si dependen de una cadena de mando jerarquizada –análoga en verticalidad a la de la organización militar–, indican ya que la división del trabajo en el área administrativa va más allá de la eficiencia y la eficacia, y que también está diseñada para contener los mecanismos simbólicos y materiales del poder y la intimidación. La división entre trabajadores de “cuello blanco” («empleados») y de “cuello azul” («obreros»), esto es, entre “trabajo cognitivo” y “trabajo manual” adquiere la dimensión suficiente para velar las condiciones de vendedores de fuerza de trabajo de los funcionarios, y erige una barrera que ha impedido que los asignados a tareas de diseño y control, en la producción de bienes y servicios, puedan identificarse y reclamar conjuntamente por sus derechos, con aquellos destinados a la ejecución de los procesos. Fayol cumplió en el área administrativa el papel que Taylor, y en general la “Organización Científica del Trabajo”, habían realizado en el campo de las labores manuales: despojar al trabajador de su autonomía y su identidad.

Charles Wright Mills, comenzando la segunda mitad del siglo XX, da cuenta de la extensión alcanzada por el sistema burocrático y cómo había permeado todos los campos de la sociedad, pero, así también, llama la atención sobre la mecanización y precarización que entre el funcionariado empezaba a generalizarse: “La introducción de la maquinaria de oficina y de los planes de venta ha ido mecanizando la oficina y la tienda, los dos grandes locales donde tiene lugar el trabajo del white-collar […]. La demiurgia directiva está constantemente promoviendo todas estas tendencias: mecanización, división más minuciosa del trabajo, empleo de trabajadores menos preparados y más baratos”2.

De esa manera, la tarea de la uniformidad de condiciones, y la formación de una gran masa homogénea de productores-consumidores, alimentan de forma cada vez más intensa la gran máquina devoradora de recursos usados en la reproducción de mercancías indiferenciadas –multiplicadas ad náuseam–, acelerando su marcha hasta el extremo que hoy nos tiene al borde del colapso ambiental y social. La automatización de las labores y la necesidad de la homogeneización del consumo, para la masificación de su producción, empezaban a mostrarse como la base de la igualación y la uniformización por lo bajo, de la sociedad.



El punto de quiebre


Desde el último cuarto del siglo XX, es innegable la tendencia del predominio del sector servicios, tanto en el número de trabajadores como en su valor en la contabilidad nacional, así como la presencia cada vez más generalizada de la robotización en los talleres. Esto ha traído como consecuencia la reducción sustancial del músculo en la fabricación de bienes y la indiferenciación entre las labores directas en la fabricación y las indirectas en las “oficinas”, aplanando las singularidades que separaban trabajadores de “cuello blanco” de “trabajadores de “cuello azul”: “El primer grado, y a veces el aplicado primero en las oficinas, es el de la D-AC: diseño con ayuda de computadora. Luego vienen las diferentes dimensiones  de la C-aC, Concepción con Ayuda de Computadora, culminando todo en formas que mezclan tareas de concepción y de fabricación, o más exactamente que integran funciones de oficina y el taller”3. Lo que no significa que en la dirección los Oficiales Ejecutivos en Jefe (más conocidos como CEO por las siglas en inglés), y algunos profesionales de la concepción y el diseño no sigan separados de la gran masa; por lo contrario, han sido convertidos en parte de la élite, y conforman con ésta un grupo cada vez más reducido que, en sentido estricto, como veremos, no pueden considerarse asalariados, y cuyos patrones de consumo los acercan al sector más privilegiado.
 
Pierre Bourdieu señala cómo desde los inicios de la sociología, la definición de clases sociales no indica lo mismo que categoría social en el sentido de estatus, “Por eso, como observa Max Weber, «podría decirse, a costa de una excesiva simplificación, que las clases se distinguen según su relación con la producción y la adquisición de bienes, y los grupos de status, en cambio, según los principios de su consumo de los bienes, representado por tipos específicos de estilos de vida»”4. Es, en ese estricto sentido, que acá negamos la existencia de una “clase” media, sin deconocer qué durante varias décadas, trabajadores de “cuello blanco”, incluyendo algunos trabajadores independientes y pequeños empresarios, han constituido un grupo de estatus subsumido integralmente en las normas del orden burgués y defensor, en la primera línea, del mundo del capital.

Pues bien, la automatización señalada tanto en las labores de ejecución, como en las de diseño y control, no sólo ha uniformado, en buena medida los movimientos requeridos para las diferentes tareas, sino que los ha simplificado provocando la depreciación del salario que ha ido igualándose por lo bajo. La homogeneización de los consumos es tanto el efecto de la igualación precarizada de los ingresos como de la masificación de la producción de los bienes y servicios más comunes, que tiene en la uniformidad de los gustos y los comportamientos una garantía de demandas en gran escala, así como la seguridad de la mecanización de reacciones y comportamientos que garantizan la estabilidad del sistema.

En esta medida, la macdonalización de la que habla George Ritzer, no es otra cosa que la manifestación sociológica del sacrificio de la libertad en aras de la seguridad: “McDonald’s nos ofrece aquello que es previsible. Sabemos que el Huevo McMuffin que tomaremos en Nueva York, lo miremos por donde lo miremos, será idéntico al que hemos comido en Chicago o en Los Ángeles. También sabemos que el que pediremos la semana o el año que viene será idéntico al que hemos comido hoy. Reconforta saber que McDonald’s no nos brinda sorpresas, es decir, que la comida que tomamos en un determinado momento o lugar es idéntica a la que comemos en otro sitio o a otra hora […]. El éxito del modelo McDonald’s indica que mucha gente ha empezado a desear un mundo sin sorpresas”5.
Pero, lo que no debemos olvidar, es que el arquetipo McDonald’s no fue más que el anticipo de lo que a finales del siglo XX, y en lo corrido del XXI, quedaría consolidado como el modelo de la “sociedad de bajo coste”, expresión acuñada por Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi, en el libro titulado El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste6.

El fenómeno del bajo coste (quizá más conocido por su expresión en inglés, low cost) aparece a finales de la década de 1990 en ciertas ofertas de los pasajes aéreos, que es completada masivamente por las ofertas de productos de precios bajos en almacenes como Wal-Mart, que aprovechan los artículos de imitación chinos y la desregulación laboral en sus tiendas. Ropa como la de Zara y los muebles modulares de Ikea, cuyas ofertas están inscritas en el principio de baratas y a la moda (“cheap and chic”), intentando conjugar precios bajos con un mensaje de sofisticación en el consumo, que ahora no está apoyado en la particularidad sino tan sólo en el símbolo de lo que es actual, así su uso sea masivo.

En esta dinámica social, a la precarización de los salarios la acompaña la masificación de los consumos, eliminando la línea de demarcación que hacía de la clase media un grupo de status. La base material y social que marca el “declive” de la clase media indica que revertir la situación no es un asunto de buena voluntad de las políticas públicas, sino de la lucha del conjunto de los asalariados que más que de cuello azul o blanco, parecen todos teñidos de un gris lánguido.

La diferencia salarial entre los directivos de las empresas –que no son dueños– y el promedio de los trabajadores, según el Economic Policy Institute, pasó de una relación 20 a 1 en los años sesenta del siglo pasado, a 300 a 1 como promedio en la actualidad, llegando a ser de 700 a 1 en las empresas más grandes. Esto, entonces, excluye de la clase social de los asalariados a los directivos situados en la cúpula –igual que deben ser excluidos las estrellas del deporte y el espectáculo–, pues no están sujetos a la ley descubierta por la economía política que indica que un asalariado, en sentido estricto, está sujeto a regresar periódica y sistemáticamente al proceso de venta de su fuerza de trabajo en el mercado para poder sobrevivir, en razón de que la lucha entre el trabajo y el capital de un lado, y la competencia entre trabajadores, del otro, nivela el salario al valor de sus medios de subsistencia, en una puja cuyo resultado estructural Adam Smith denominó “ley de hierro de los salarios”.

Así, que más allá de las diferencias cada vez más pequeñas entre trabajadores asalariados, por la mayor simplicidad o complejidad de sus tareas, no hay duda que la mayor parte de la llamada “clase media” siempre ha sido, y es hoy más que nunca, en sentido estricto, asalariada. Quizá, lo positivo de que la realidad los haya “des-estatuido”, es que por fin reconozcan sin ambigüedades su verdadera condición al interior del sistema y, en consecuencia, acentúen de forma masiva sus luchas contra el capital.



Engaños y endeudamiento


Cuando el Dane definió como miembros de la clase media colombiana a quienes ganaban entre $450.000 y $2.250.000 al mes, provocó hilaridad generalizada. Sus defensores, entonces, argumentaron que la institución tan sólo aplicaba los criterios internacionales para esa definición, sin obviamente recabar en que tal aplicación, en un país con un ingreso promedio tan bajo, hacía de la definición una caricatura sin sentido. Pues, así numéricamente se esté en la mitad, ese ingreso no permite el nivel de consumo que la sociología otorga al estatus de “clase media”.

En esta senda, las cifras entregadas al público por Planeación Nacional afirman que la clase media pasó del 16,3 por ciento de la población en 2002 a 30,6 por ciento en 2016, y alborozadamente indican que en el 2030 más del 60 por ciento de las personas estarán en esa categoría, en un cuento que no es coincidente con las mediocres cifras del comportamiento del PIB per cápita. Ahora, si el criterio sostenido para esa definición es el rango establecido por las entidades multilaterales, y el parámetro del rango es el ingreso promedio, es claro que aun manteniendo todo constante, si baja el promedio, al bajar el piso del rango incluimos más personas en la categoría, por ser numéricamente mayores las familias de bajos ingresos. Seguramente nuestros genios de la economía, amparados en esa lógica, no demoraran en recomendar disminuir el salario medio para incluir más personas como de la clase media.

Según la Encuesta nacional de calidad de vida, los hogares con automóvil propio en Colombia son tan sólo el diez por ciento y, cómo es sabido, este es un símbolo inequívoco de pertenencia a los grupos sociales medios. El otro “consumo conspicuo” que supuestamente distingue a la clase media, los estudios superiores, es otra cifra que niega las afirmaciones oficiales, pues tan sólo el 35 por ciento de los estudiantes que acaba el bachillerato acceden, de forma inmediata a la universidad, con una probabilidad de ingreso para los quintiles intermedios de tan sólo el 23 por ciento, según el Banco Mundial. De los estudiantes que ingresan apenas el 35 por ciento culmina con la graduación, lo que significa que únicamente un 13 por ciento de los que culminan el bachillerato alcanzan un título profesional.

Colombia también ha entrado en la etapa de endéudate y estudia. El Icetex en el año 2000 otorgó créditos al 5,3 por ciento del total de matriculados en las instituciones de educación superior, y en el 2015 ese porcentaje fue del 21 por ciento. Lo qué sumado a los préstamos estudiantiles de la banca privada, acerca el porcentaje de estudiantes endeudados al 50 por ciento de la matrícula total, ¿esa es la forma de ingresar a la clase media?

El endeudamiento es la forma más perversa de la precarización, y cómo sostiene Mauricio Lazzarato “En tanto que la economía real empobrece a los gobernados en cuanto «asalariados» (congelamiento salarial, precarización, etcétera) y beneficiarios de derechos sociales (reducción de las transferencias de ingresos, disminución de los servicios públicos, de los subsidios de desempleo y de las becas estudiantiles, etcétera), las finanzas pretenden enriquecerlos a través del crédito y el accionariado […]; nada de derecho a la vivienda, sino créditos inmobiliarios; nada de derecho a la escolarización, sino préstamos para pagar los estudios; nada de mutualización contra los riesgos (desempleo, salud, jubilación, etcétera), sino inversión en seguros individuales”7.

Salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados es la realidad de las multitudes uniformadas. Reconocerse como asalariados, con todas las implicaciones y el acumulado de su historia, y contracara del capital, debe ser el paso inmediato que lleve a los trabajadores a buscar la luz al otro lado del túnel.



1    Max Weber, Economía y sociedad, Volumen I, Capítulo 3, F.C.E, p. 175.
2    C. Wright Mills, Las Clases Medias en Norteamérica (White-collar), Aguilar ediciones, p. 290.
3    Benjamín Coriat, El taller y el Robot: Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica, Siglo XXI editores, p. 58.
4    Pierre Bourdieu, “Condición de clase y posición de clase”, Revista Colombiana de Sociología, Vol VII No. 1 2002 (pp. 119-141) p. 132.
5    George Ritzer, La McDonalización de la Sociedad Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana, EditorialAriel, Barcelona, p. 25.
6    Gaggi, Massimo y Narduzzi, Edoardo, Ediciones Lengua de Trapo, Madrid, 2006.
7    Mauricio Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado, ensayo sobre la condición neoliberal, Amorrortu editores, p. 127.

Publicado enEdición Nº259
https://pacifista.tv/notas/cambie-el-cafe-por-la-hoja-de-coca-para-volverme-mas-productivo/

El título es evidentemente un homenaje a la obra, ya clásica, de don Fernando Ortiz1. La distancia es enorme, por supuesto, pero la alusión tiene, en este artículo, un propósito: contribuir a rescatar un enfoque socioeconómico que pueda ir más allá del tratamiento penal y policíaco que suele tener en Colombia el tema de la coca.

 

Aunque nos duela, la coca es una realidad innegable que tiene un peso considerable en la economía del país dentro de la cual establece numerosos vínculos: la compra de insumos para su producción, los pagos de remuneraciones a los trabajadores, la compra de bienes y servicios de consumo final por los hogares productores y las inversiones derivadas de estos ingresos. Por otra parte: uso de factores de producción provenientes del mercado nacional, ingresos distribuidos a los hogares residentes, flujos de contrabando que contribuyen al lavado de dinero y gastos en el país (consumo e inversión) por parte de dichos hogares, etc.

Y la comparación es del todo pertinente. Uno y otro son los productos agrícolas que más éxito han tenido en el mercado mundial. Cubren dos periodos sucesivos en nuestra historia económica; ambos han contribuido a edificar el orden rural; han sido determinantes en la política y forjadores de no pocos de nuestros rasgos culturales. A punto de terminar el segundo decenio del siglo XXI, la coca –ilegal– enfrenta una nueva ofensiva cuyas víctimas han de ser los campesinos, y el café – legal– vive la más profunda crisis económica desde los años noventa, con la previsible ruina de los campesinos.

La comparación aparece de cuando en cuando en los medios de comunicación, pero sólo en momentos de angustia. Por ejemplo, en El Tiempo del 13 de diciembre del año pasado podía leerse:
 
“La economía del narcotráfico movió incluso más dinero (equivalente al 5% del PIB) que sectores como el cafetero, que aportó el 1 por ciento el PIB del país el año pasado, según lo resaltó el Gobierno durante la presentación del nuevo plan integral de lucha contra las drogas al que llamó ‘Ruta Futuro”.2

El propósito escandaloso del redactor –y del Gobierno– es obvio. Se trataba de magnificar la “amenaza” en momentos en que arreciaban las presiones de los Estados Unidos. El último informe de la Unodoc3 (septiembre de 2018) señalaba que en el año 2017 se había alcanzado el mayor número de hectáreas cultivadas de todos los tiempos con un incremento de 17 por ciento respecto al año inmediatamente anterior. Pero las cifras del “volumen de negocios” que se le atribuyen al narcotráfico son puras conjeturas. Un año antes, exactamente, el gobierno recién posesionado de Duque advertía alarmado que representaba un 2 por ciento. Más nos valdría entonces tomárnoslo en serio, dejando de lado las manipulaciones políticas y las declaraciones de obediencia al amo del norte.



Algunos datos agregados sobre la economía de la coca



La investigación seria sobre la economía del narcotráfico tiene ya un cierto desarrollo en nuestro país, aunque no sea lo más publicitado. Y debe reconocerse que el Dane, en buena hora, supo desafiar el tabú y comenzó a calcular la producción de los cultivos llamados ilícitos (1994) y luego el valor agregado de las actividades de transformación para incorporarlo en las cuentas del PIB (especialmente, desde las de base 2005), si bien mediante un artilugio un tanto pudoroso que consistió en definir, para su registro, un “enclave” (“territorio virtual”) separado de la economía legal4. El Dane, desde luego, admite las dificultades para recabar la información y se limita a la producción, advirtiendo: “no se incluirá, en este ejercicio de medición económica, ni la comercialización de dichos productos ni los flujos de capital asociados, a pesar de su importancia, pero ateniéndose a reglas de prudencia”5.

Para empezar habría, pues, que aclarar que son varias las etapas, o eslabones, de la cadena de valor de la cocaína. Si hablamos de los ingresos o rentas de narcotráfico el mayor componente, desde luego, lo representa la exportación propiamente dicha.  Es el componente de más difícil cálculo. Podría deducirse de las toneladas producidas menos las incautadas, evaluadas a un precio promedio, pero no deja de ser una estimación arriesgada. Y esto, suponiendo que los traficantes colombianos no se encargan del transporte y distribución en el exterior. -el valor del producto total, desde un punto de vista mundial, es decir desde su salida del territorio hasta su distribución dentro de los países consumidores significa un cálculo de mayor complejidad y numerosos supuestos-.

Ahora bien, la estimación del ingreso neto de nuestros narcotraficantes, y de la parte que se reintroduce al país, que implicaría, entre otras cosas, una cuantificación del lavado de activos, implica una gran investigación. En fin, esto que se llama “el negocio del narcotráfico” no es para improvisar cifras, así sepamos con toda certeza que es un dinero que se irriga en todo el país y que, por cierto, se mueve dentro del sector financiero. En cambio, podemos tener algunos indicadores agregados más confiables en lo que se refiere a la producción en Colombia.

Las etapas básicas o eslabones son, entonces, los siguientes: i) cultivo y cosecha de la hoja de coca, ii) transformación primaria de la hoja en pasta y base de coca, iii) transformación en clorhidrato de cocaína, iv) tráfico mayorista del producto hacia las costas y fronteras nacionales. Una investigación al respecto que se hizo en 2010 y ha tenido merecido reconocimiento es la de Daniel Mejía y Daniel Rico de la U. de los Andes6. Los autores, con base en datos de 2008 concluyen que la producción y el tráfico de cocaína podían llegar, en conjunto, a 13.6 billones de pesos, es decir, un 2.3 por ciento del PIB. Y esto, suponiendo un total de 100.000 hectáreas cultivadas y una producción de clorhidrato de cocaína, para ese año, de 642 toneladas7. Curiosamente, en 2016, a pesar del crecimiento sostenido en el número de hectáreas cultivadas y en las toneladas de base producidas, que se inició en 2013 y tuvo un gran salto precisamente en ese año, se estaba estimando un valor de 10.3 billones de pesos es decir cerca del 1.2 por ciento del PIB8.



De la microeconomía a los territorios



Lo más interesante del estudio que se acaba de citar es, sin embargo, el cálculo de la distribución del valor agregado entre las diferentes etapas, a partir de un análisis detallado de diferentes escenarios de producción y transformación. Se demuestra allí, de manera contundente, que a la etapa del tráfico le corresponde el 71 por ciento, mientras que a la producción de la hoja tan sólo el 9 por ciento. (Ver Tabla). Téngase en cuenta que en esta etapa se calcula que estarían involucradas unas 166.000 familias.  

Distribución del valor agregado, 2008

Etapa Pesos Porcentaje
Tráfico de cocaína 9.6 billones 71
Cocaína 2.0 billones15
Base de coca0.8 billones5
Hoja de coca 1.2 billones9
 13.6 billones100


Fuente: Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia”.

Es un enfoque que se utiliza desde entonces en diferentes estudios. Cabe destacar que el Informe anual de Unodoc ofrece una rica información con un detalle similar, con la particularidad de que profundiza en el análisis del impacto territorial. En el Informe correspondiente a 2017, publicado en septiembre de 2018, se presentan algunas particularidades además de la continuación del crecimiento en el número de hectáreas sembradas y en la cantidad de cocaína la cual alcanzaría un total de 1.379 toneladas9. Algunas son las siguientes: los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca muestran el mayor aumento en el área de cultivo, pero el departamento de Nariño y el municipio de Tumaco continúan siendo las zonas con más coca en el país. La concentración territorial sigue siendo evidente; el 44 por ciento de la coca se produce en diez municipios.

En cuanto a la dinámica, la verdad es que el 80 por ciento de la coca se encuentra en las mismas zonas en las que ha estado durante los últimos 10 años. Si bien el 34 por ciento está en áreas que en 2014 eran bosque no puede asociarse directamente con una deforestación pues no se descarta que el territorio haya tenido otros usos previamente. El 33 por ciento de los cultivos de coca se ubica en zonas a más de 10 kilómetros de centros poblados y el 16 por ciento de la coca está a menos de 10 kilómetros de una frontera. Las fronteras con Venezuela y Ecuador son las más afectadas.

Como era de suponerse, el crecimiento de la oferta acarrea un descenso de los precios, aunque el propio Informe sugiere otras causas que operarían de manera diferente según regiones. En todo caso, en promedios, de un año a otro, según este reporte, los precios de la hoja de coca fresca, la pasta básica y el clorhidrato de cocaína cayeron 28, 14 y 11 por ciento, respectivamente.

Aquí habría que tener en cuenta algunas variaciones en el esquema de los negocios. En relación con las primeras etapas de producción y transformación, el informe sostiene que hoy en día es mayor la proporción de productores que adelantan la transformación (pasta básica) en la propia finca. La producción de la base (a veces no es fácil establecer la diferencia) de todas maneras se hace en la misma zona, con lo cual queda la duda de si más bien existen intermediarios locales (vecinos) que se encargan de la transformación básica, es decir que los ingresos que llegan a los cultivadores propiamente serían cada vez menores. No sorprendería que fuese mucho menos que el 9 por ciento que se había estimado. También se registra un incremento del número de hogares aunque, a diferencia del cálculo de Mejía de diez años antes, la estimación aquí no supera las 120.000 familias. Por último ha de mencionarse que, al parecer, ha habido un cambio en la variedad y dinámica de los compradores de la base con la que se abastecen los laboratorios que son de diversos tipos, repartidos en todo el territorio e incluso en otros países. Se destaca el caso de mafias extranjeras que compran directamente la base.



La transparencia de la información cafetera

Los datos básicos referentes al sector cafetero son bien conocidos y solamente vamos a recordar algunos, a título de comparación.

(Año/sept) Área cultivada (Miles de Has.)  Valor de la producción (Billones de pesos)
2016931,75 7.1
2017 903,957.5
2018 877,146.2

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros.



Así, el cálculo de la producción nos llevaría a una participación en el PIB que estaría alrededor de 0.7 por ciento. El valor del “negocio” en su conjunto es, por supuesto, mayor que el de la producción. Contempla las actividades del procesamiento, de la exportación y la comercialización para consumo interno. Teniendo en cuenta que la institucionalidad cafetera asegura la compra del café a los productores a un precio de garantía (a veces con subsidio estatal), al igual que asistencia técnica, incluida la renovación de los cafetos y el desarrollo de nuevas variedades. Obviamente, si se quiere comparar de manera rigurosa con el PIB, habría que deducir el valor agregado en cada etapa. En todo caso, no hay muchas cosas ocultas en esta información.

Para lo que nos ocupa, es interesante resaltar que generalmente se habla de un número aproximado de 500.000 familias involucradas en las actividades del sector. En cuanto a la distribución territorial de los cultivos, el contraste con la coca es ostensible. Se encuentra en diez departamentos, pudiendo exceptuarse por su escasa representatividad Bolívar, Caquetá, Casanare, Chocó, Guajira, Meta y hasta hace poco Putumayo. El eje tradicional, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle representa todavía el 54 por ciento del área cultivada. Y se destacan por su avance en los últimos diez años Huila, Cauca y Nariño, al contrario de Cundinamarca y Norte de Santander que son cafeteros pero pierden importancia en el mismo periodo.


Como se ve, pudiera decirse que los territorios cafeteros no coinciden con los de la coca, con algunas notables excepciones. Lo más significativo, sin embargo, consiste en que mientras las zonas cafeteras se articulan a centros urbanos de mediana y gran importancia y cuentan con vías de transporte (a pesar de las múltiples quejas de los últimos tiempos) lo mismo que con infraestructuras de servicios públicos, las zonas coqueras, como se señaló anteriormente, se definen precisamente por su existencia marginal. Es por eso que la incidencia de la pobreza, o mejor, la miseria, en estas últimas, es enorme y persistente.



Una conclusión preliminar


Son dos caras contrapuestas de nuestro mundo rural. Dos historias casi gemelas pero de signo contrario. El mismo modelo de monocultivo para la exportación ha llevado a resultados socioeconómicos contrapuestos. Pero no se crea que depende exclusivamente de la disyuntiva legalidad-ilegalidad. La historia del café (y la colonización asociada) difícilmente puede repetirse en espacios y tiempos diferentes. Las condiciones con que hoy cuenta son el resultado de esta larga historia. Sin embargo, la legalización probablemente llevaría al fin de la agricultura cocalera porque es el sobreprecio de la ilegalidad el que asegura su viabilidad.
Por ello, en las condiciones que tienen actualmente, es casi imposible encontrar otro monocultivo de exportación que pudiera desarrollarse en esos territorios. Ni siquiera el café. Es por eso ilusorio el intercambio que parecería encontrarse en las notables excepciones mencionadas antes. Es cierto que en algunos programas de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos los campesinos han recurrido al café, como en el Putumayo, pero también se ha denunciado que, ante la crisis, producida el año pasado por el descenso del precio mundial, hay cafeteros que han decidido cambiarse a la coca, particularmente en el norte del Cauca y el sur del Valle10.   

La verdad es que el café se encuentra hoy en día en una encrucijada difícil de superar. Es la característica de este tipo de productos cuya dependencia del mercado mundial los hace particularmente vulnerables a fluctuaciones, agudas e imprevisibles, con funestas implicaciones económicas y sociales. La única solución, en ambos casos, sólo puede resultar de una transformación radical de la economía agraria y el mundo rural.

1    Ortiz, F. “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar” (1940) Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1987
2    El Tiempo, 13 de diciembre, 2018. Consultado, 9 de julio de 2019 en mwww.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ingresos-del-narcotrafico
3    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
4    Dane, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, “Enclave: cultivos ilícitos fases agrícola e industrial. Base 2005 serie 2000-2010pr” Octubre de 2011, Bogotá.
5    Ibídem., p. 5.
6    Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia” En: “Drogas ilícitas en Colombia”. Cede, U. de los Andes. Bogotá, 2010
7    Los autores toman en cuenta los datos presentados por la Unodoc pero también las de la Oficina Nacional del Control de Drogas de los Estados Unidos (Ondcp) que siempre difieren tanto en número de hectáreas como en productividad estimada y número de toneladas de coca. Por ejemplo en el último Reporte, correspondiente a 2017, UNODOC registra 171.000 hectáreas sembradas y ONDCP, 209.000 hectáreas.
8    La República, 15 de septiembre de 2017. Consultado el 9 de julio de 2019 www.larepublica.co/economia/el-negocio-del-narcotrafico. La noticia se apoya en estimaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes.  
9    Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia (Simci) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC). Informe de Monitoreo, 2017. Bogotá, 2018
10    Declaraciones del gerente de la Federación de Cafeteros, Portafolio, septiembre 18 de 2018 www.portafolio.co/economia/bajos-precios-del-cafe-llevan-a-algunos-agricultores-a-sembrar-coca-521276. Consultado el 9 de julio de 2019

 

 

Publicado enEdición Nº259