Lo que dejó el 2020 en América latina: entre la distopía y la esperanza

Es casi una obviedad que cualquier mirada analítica que intente descifrar el 2020 estará marcada por lo que la pandemia nos hizo y por lo que hicimos con la pandemia. Esta renovación del ciclo que impone el calendario gregoriano quedó subsumida en el inédito ciclo en desarrollo que atraviesa la humanidad. Así y todo, la época del año tira para parar la pelota y esbozar balances que vayan más allá de la vorágine informativa o los efímeros posteos. Imaginando un sobrevuelo por el continente, va un repaso -arbitrario y acotado- sobre lo que dejó el año para Latinoamérica y cómo se perfila el 2021.

El punto neurálgico, el tópico excluyente a destacar, es el devastador impacto socioeconómico de la covid-19. En un reciente informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aseguró que "si se comparan diferentes indicadores sanitarios, económicos, sociales y de desigualdad, América Latina es la región más golpeada del mundo emergente". Las frías estadísticas reportan que hasta ahora más de 490 mil personas fallecieron por coronavirus –la región con más muertes per cápita y casi un tercio de las registradas en el mundo- y más de 15 millones se contagiaron. Gran parte de los países ya atraviesan la segunda ola y retomaron las restricciones, mientras va arrancando el tan ansiado proceso de vacunación.

La Cepal indica que Latinoamérica cerró el año con una caída del 7,7%, lo que configura la peor crisis en los últimos 120 años, y que la pobreza alcanzó al 37,3% de la población (231 millones de personas), unos 45 millones más que en 2019. Además, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se destruyeron en el año más de 34 millones de empleos en la región, lo que generó un récord de desocupación del 11.4%. El desempleo afectó más a las mujeres, principales sostenes de las tareas de cuidado: el descenso de la participación femenina en el mercado laboral fue de -10,4% frente al -7,4% de los varones.

Las respuestas estatales fueron dispares y hubo escasas acciones coordinadas. Si bien algunos gobiernos reaccionaron mejor ante la emergencia sanitaria, en general las medidas de asistencia para mitigar el descalabro económico resultaron insuficientes. Fueron contadas las iniciativas que tocaron el bolsillo de las élites (como el impuesto a la riqueza por única vez en Argentina o permanente en Bolivia) y brillaron por su ausencia políticas estructurales que apunten a revertir la concentración de la riqueza.

La pandemia funcionó como una gran lupa que desnudó las pésimas condiciones de vida de las grandes mayorías: si América Latina ya era la región más desigual del mundo, las cicatrices que va dejando no hicieron más que profundizar esa desigualdad. Seguramente transitemos un 2021 de fuerte conflictividad social.

Reimpulso desde abajo

Pero no todo el panorama es desolador: en los últimos meses aparecieron algunos síntomas de esperanza. El hecho político del año fue la recuperación de la democracia en Bolivia y el arrasador triunfo del MAS. Con el 55% de los votos y por más de 26 puntos, Luis Arce llegó a la presidencia para dejar atrás al fatídico gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La secuencia se coronó el 9 de noviembre con el épico retorno de Evo Morales, su recorrida por el país y el acto con un millón de personas en el aeropuerto de Chimoré, de donde había partido al exilio justo un año antes tras el golpe de Estado.

Un par de semanas antes, el pueblo chileno protagonizaba otra jornada histórica. Con un aluvión de votos superior al 78%, se aprobó el plebiscito para elaborar una nueva Constitución que reemplace a la de 1980 y desmonte los amarres de la dictadura pinochetista.

Fue la primera gran conquista de las multitudes que irrumpieron en las calles en octubre de 2019 y marcó un hito en esta época transicional signada por la idea fuerza del “Chile despertó”, por la rabia acumulada que detonó el estallido social y que ahora tiene el desafío de plasmarse en el proceso constituyente que, como dato saliente, tendrá paridad de género.

También en Perú se vivieron hechos disruptivos. El 9 de noviembre el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de papeles y desató una nueva crisis que consolidó el descrédito hacia la clase política. Lo novedoso fue la enorme movilización popular, protagonizada principalmente por jóvenes, en un país caracterizado por la apatía. La rebelión logró la rápida renuncia de su sucesor, el empresario ganadero Manuel Merino, y dio lugar a la designación del moderado Francisco Sagasti para gobernar la transición hacia las presidenciales de abril.

Las secuelas del golpe parlamentario debilitaron al régimen moldeado por la Constitución de Fujimori de 1993 y ampliaron las chances para que el descontento pueda ser capitalizado por alguna fuerza progresista, como la que lidera Verónika Mendoza, y que, como en Chile, se masifique el reclamo de una nueva Constitución.

La era pandémica también abrió nuevos desafíos para el creciente y potente movimiento feminista latinoamericano, que debió reinventarse para visibilizar el incremento de la violencia de género aún en contexto de cuarentena. El año cierra con la votación del aborto legal en el Senado argentino que, de aprobarse, será un espaldarazo para toda la región.

Odisea 2021

Los próximos meses estarán marcados por los vaivenes de la pandemia y el proceso de vacunación. A la par, se viene una serie de elecciones que pueden torcer la correlación de fuerzas actual. El calendario arranca en febrero en Ecuador, donde el candidato del correísmo Andrés Arauz tiene buenas chances de ganar, y seguirá en Perú (abril) y Chile (noviembre). Asoma un 2021 con buenas expectativas de que continúe el reflujo de la hegemonía neoliberal y se consolide el reimpulso de un bloque progresista que reconstruya la integración latinoamericana.

 Gerardo Szalkowicz es editor de NODAL. Autor del libro “América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista”. Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.

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La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Por Jorge Luis DíazÁlvaro Arador | 29/12/2020 

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Notas:

[1] https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[5] Bergel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[6] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[7] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[8] Derechos de propiedad intelectual e innovación. Benjamin Coriat y Fabienne Orsi. CEPN-IIDE, UMR CNRS 7115, Université Paris 13. 2007

[9] New drugs: where did we go wrong and what can we do better? https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4340

[10] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

[11] https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

 Fuente: https://vientosur.info/la-propiedad-intelectual-farmaceutica-y-su-amenaza-para-la-salud-publica/

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Red Mirror: ¿qué futuro se escribe en China? Entrevista a Simone Pieranni

«Il nostro futuro si scrive in Cina» [nuestro futuro se escribe en China], afirma el subtítulo italiano del libro Red Mirror, sobre la realidad de la China contemporánea. Ciudades inteligentes, vigilancia, aplicaciones… dibujan un escenario muy comentado pero aún poco conocido.

En 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos gastaba en conjunto alrededor de 0,075% de su pib en investigación científica, una cantidad mínima. En 1944, el gobierno federal y los estados incrementaron ese porcentaje a casi 0,5%, un aumento de siete veces que se utilizó para desarrollar los sistemas de radar, la penicilina y la bomba atómica. En las dos décadas siguientes, los fondos federales para investigación y desarrollo se multiplicaron por 20 y se creó así la base pública de futuras innovaciones privadas en las áreas de los productos farmacéuticos modernos, de la microelectrónica, de los satélites, de internet y mucho más. Sin embargo, a principios del decenio de 1980, se inició un lento descenso: el gasto público en investigación y desarrollo pasó a 1,2% del pib; en 2017 se había reducido a 0,6%. Hoy en día, si utilizamos como base el porcentaje del pib dedicado a la investigación, nueve países superan a eeuu.

Mientras tanto, explica el periodista italiano Simone Pieranni, a finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, del otro lado del Pacífico, la Revolución Cultural en China había sepultado la educación superior. Millones de estudiantes fueron enviados al campo a aprender las habilidades revolucionarias de los campesinos. Solo después de la muerte de Mao Zedong, cuando la dirección al mando de Deng Xiaoping se hizo cargo del país, comenzó a restaurarse el sistema escolar chino. Pieranni escribe: 

«El año 1989 marcó el punto de inflexión: tras la supresión de las protestas de estudiantes y trabajadores, la dirección china decidió consolidar la lealtad de los cuadros intelectuales a través de una atención que hasta entonces se había confiado sobre todo a las clases productivas, los trabajadores y, fundamentalmente, los campesinos. (…) Al reservar un papel central a la ciencia, terminó llevando al poder a los llamados tecnócratas en la primera parte de la década de 2000; por otro lado, puso a toda una generación de intelectuales, científicos y profesores universitarios bajo el control ideológico del Partido. Los resultados fueron sorprendentes: de 1990 a 2010, la matrícula china en la enseñanza superior se multiplicó por ocho y el número de graduados pasó de 300.000 a casi tres millones por año. Durante el mismo periodo, la participación de China en la matrícula total de la enseñanza superior aumentó de 6% a 17% del total mundial. (…) En 1990, el número de doctorados en eeuu era 20 veces mayor que en China. Solo dos décadas más tarde, China superó a eeuu en esa medición, con 29.000 nuevos doctores en 2010, en comparación con 25.000 en eeuu.1»

Hoy en día, seis universidades chinas se encuentran entre las 100 mejores del mundo, según la clasificación de Times Higher Education. Con este capital intelectual y científico pacientemente construido desde hace más de dos décadas, China ya no solo es el taller industrial del planeta –de hecho, parte de los segmentos productivos que ocupó en la división internacional del trabajo se trasladan a otros países de Asia y del Sur global–, sino que anhela ser el número uno tecnológico del capitalismo cognitivo, por supuesto siempre bajo la dirección vigilante del Partido Comunista (pcch). El nivel de inversión e innovación planificada de las empresas chinas y de sus padrinos políticos en ámbitos como la inteligencia artificial, el 5g, el big data, las tecnologías de reconocimiento facial o el potencial vertiginoso de la informática cuántica tiene dimensiones de ciencia ficción. Como tal, plantea interrogantes complejos sobre las interacciones y las posibles sinergias entre un sistema tecnológico futurista y un modelo político-civilizacional sui generis, que combina hiperdesarrollo y raíces milenarias.

Hace años que Simone Pieranni, corresponsal y especialista en China del diario de izquierda Il Manifesto y creador de la agencia de prensa China Files, explora este mundo donde, según él, se juega nuestro destino. «Il nostro futuro si scrive in Cina» [Nuestro futuro se escribe en China], afirma el subtítulo italiano de su libro Red Mirror, cuyo título se inspiró por supuesto en Black Mirror, la famosa serie de televisión británica que pone en escena los posibles horizontes distópicos del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (tic). En ocasión de la próxima publicación de su libro en español2, Pieranni respondió a esta entrevista para Nueva Sociedad.

Su libro empieza con un capítulo dedicado en gran parte a la «aplicación de aplicaciones» WeChat, que describe como «un nuevo pilar de la sociedad china», un verdadero «ecosistema». ¿Podría explicarnos qué es WeChat, qué función experimental o estratégica tiene en el desarrollo de China como potencia de alta tecnología y también por qué es un modelo en el que Facebook está interesado? Y a propósito, ¿qué porcentaje de los 1.400 millones de chinos posee un teléfono inteligente y cuál es el precio promedio de estos aparatos en relación con el salario mínimo y/o medio?

Bueno, en 2019, 872 millones de personas se conectaron a internet a través de un teléfono inteligente. Un iPhone cuesta 439 dólares en China, pero los productos chinos, Huawei o Xiaomi, cuestan mucho menos. Aunque no hay cifras nacionales oficiales, y los salarios y los ingresos cambian mucho de una región a otra, las últimas estimaciones hablan de un ingreso medio de 12.000 dólares anuales, así que da una idea del costo relativo de estos teléfonos.

WeChat se puede utilizar para realizar cualquier actividad de la vida diaria. La última vez que estuve en China para recoger material para el libro, me impresionó mucho la nueva funcionalidad que permite dividir la cuenta en un restaurante, por ejemplo. Pero más allá de este aspecto más secundario, WeChat está involucrado en toda la vida social y pública de las personas, por lo que es realmente difícil prescindir de él. Recientemente WhatsApp lanzó en Brasil un proyecto piloto para permitir a los usuarios pagar mediante la aplicación, que es lo que hace WeChat. Esto se vincula con un modelo de negocio que consiste en ganar dinero con las transacciones, cosa que por el momento Facebook, Instagram y Whatsapp no hacen. Pero efectivamente, lo que también le interesa a Mark Zuckerberg es el aspecto «ecosistema».

En China WeChat es simplemente sinónimo de teléfono móvil. Imaginemos que encendemos el móvil, pulsamos en el Messenger y en lugar de la pantalla que conocemos ahora, encontramos una especie de página de inicio desde la que se accede a la mensajería, redes sociales, Instagram, cuentas bancarias, compras, reservaciones, etc. Eso es lo que fascina a Zuckerberg, que apunta a convertir Facebook en una especie de sistema operativo de aplicaciones: todos los otros sistemas tendrían que «correr» en el suyo, al igual que WeChat. Significa dinero, pero sobre todo una enorme riqueza de datos. Y precisamente, por razones a la vez tecnológicas, políticas y demográficas, China se está volviendo la gran potencia del big data.

Otro tema de tu libro es el desarrollo de las «ciudades inteligentes», ¿de qué se trata exactamente?

Los proyectos de ciudades inteligentes abarcan todas las características de los varios sistemas de vigilancia y permiten a China resolver una serie de problemas, en primer lugar, el control de la población. Esto no es una completa novedad: las ciudades chinas siempre han sido construidas y desarrolladas para poder ser fácilmente controladas. Durante el maoísmo, se subdividían en distritos que correspondían a las categorías sociales, y tanto en los barrios obreros urbanos como en las aldeas, el sistema de control estaba asegurado por numerosas organizaciones formales e informales que dependían del pcch.

Con la apertura económica de Deng Xiaoping, el boom urbanístico condujo a la creación de ciudades centradas en las gated communities, urbanizaciones cerradas, al igual que en varios países de Occidente. Ya se trataba de lugares hipercontrolados y «seguros», pero ahora, con la «internet de las cosas», la gestión informática del tráfico urbano y el control computarizado de la contaminación, entre otras innovaciones, se pasa a otra etapa de la evolución natural de este proceso: las ciudades inteligentes, precisamente.

Se supone que estas «ciudades inteligentes» tendrán un alto nivel de sustentabilidad ambiental. ¿Es una preocupación real y un modelo para el futuro, o solo una forma de greenwashing y de ostentación de virtud ecológica? ¿Qué dicen los planificadores chinos sobre los costos ambientales de tipo extractivista o las nuevas externalidades negativas de la producción de energía supuestamente «limpia» a gran escala?

En la última Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 22 de septiembre, el presidente Xi Jinping anunció que China quiere alcanzar la «neutralidad de carbono» (cero emisiones) para 2060, o sea un equilibrio entre las emisiones y la absorción de dióxido de carbono. Un «compromiso histórico» que ayudará a todo el planeta a reducir las emisiones y a emprender un camino energético verdaderamente alternativo. Según los especialistas, significaría bajar la temperatura global entre 0,2 °c y 0,3 °c. Pero hay algunas contradicciones: hoy en día, China consume la mitad del carbón del mundo. Además, sigue construyendo nuevas centrales eléctricas de carbón y quema mucho carbón en sus fábricas de acero y cemento (siendo el principal productor mundial de estos materiales). Luego, hay un aspecto no secundario relacionado con los estilos de vida: China es el principal mercado automovilístico del mundo y el primer país en términos de importación de petróleo.

¿Misión imposible, entonces? No, según los expertos, porque la economía china tiene muchos aspectos y facetas: junto con su dependencia del carbón, es también un líder mundial en tecnologías «limpias» que podrían hacer factibles los planes –por cierto, muy ambiciosos– de Xi. De hecho, China es el principal inversor, productor y consumidor de energía renovable. De cada tres paneles solares en el mundo, uno está hecho en ese país. La misma proporción vale para las turbinas eólicas. En los proyectos de ciudades inteligentes, pero también en muchas metrópolis chinas, 98% del transporte público ya es eléctrico, al igual que 99% de los ciclomotores y los scooters. Además, China es líder mundial en la producción de baterías para alimentar vehículos eléctricos y almacenar energía renovable en las redes eléctricas.

Las ciudades inteligentes chinas podrían albergar a decenas de millones de personas en un futuro próximo, pero nunca acogerán a toda la población de un país tan inmenso. ¿Sobre la base de qué criterios se hará el acceso a estas ciudades y la selección de sus habitantes?

Esto queda por descubrir. Está claro que habrá una selección a través de los precios de la vivienda y del costo de la vida en general. También podría haber una regulación a través del sistema de crédito social, o sea el puntaje computarizado de la reputación, del comportamiento social y de confiabilidad de los ciudadanos. Cuando hablan de ciudades inteligentes, las autoridades piensan sobre todo en la clase media. Se trata no solo de nuevos sistemas de planificación urbana, sino también de auténticos nuevos modelos de ciudadanía. Solo los más ricos podrán vivir en ciudades inteligentes, pero entre los ricos solo tendrán acceso a ellas los que tengan mejor «puntaje».

¿Qué expresa la obsesión por la seguridad y la vigilancia de los espacios urbanos en un país en el que usted mismo afirma que el nivel de crimen y agresión contra las personas es mucho menor que en muchos países occidentales o del Sur global? ¿Es solo un pretexto para el control político de la población, o hay otras explicaciones sociopsicológicas o antropológicas?

El mantra del liderazgo chino es «mantener la estabilidad», todo está regido por esta necesidad. Los proyectos científicos de ingeniería de sistemas nacidos en la década de 1960, cuando Qian Xuesen, el padre del sistema de misiles chino, introdujo la cibernética en China, tenían como objetivo crear un sistema capaz de ser programado, modificado y, en algunos casos, «previsto». Control de la población, seguridad y productividad van todos en la misma dirección, y como lo sostenía Michel Foucault, son una condición imprescindible del desarrollo capitalista. No quiero decir con esto que los chinos estén dispuestos a dejarse domesticar completamente por estos procesos, porque no es así, pero ciertamente hay menos barreras a la invasión tecnológica de la vida cotidiana. Cuando se empezó a utilizar el reconocimiento facial para prácticamente todo (seguridad, salud, actividades bancarias, etc.), casi todo el mundo lo aceptó sin pestañear. Más bien había cierto entusiasmo por una innovación que demostraba el progreso tecnológico chino. Eso se vincula también con algunas concepciones filosóficas antiguamente arraigadas en China que impiden la formación de barreras éticas al impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Mientras que en Occidente siempre hemos separado lo humano de lo técnico (religión y ciencia por ejemplo), los chinos han concebido una especie de «cosmotecnia» como la llama el filósofo Yuk Hui, los dos elementos han existido siempre juntos. Hui se refiere a los ritos confucianos: los objetos (la tekné como la llamaríamos en Occidente) son tan parte del proceso ritual como los propios ritos3. Todo esto permite que China avance mucho más rápido que nuestras sociedades en este terreno.

A propósito de las ciudades inteligentes, usted mencionó los sistemas de crédito social. Hay muchas fantasías distópicas al respecto en Occidente, y algunos observadores de China, como el sociólogo francés Jean-Louis Rocca, piensan que son exageraciones orientalistas y afirman que los sistemas de crédito social y de puntaje de la reputación y del comportamiento, por el momento, son más bien experimentales, locales, sectoriales y no están interconectados. Rocca dice que la gran mayoría de los chinos a los que ha interrogado para su investigación no lo ven como un factor importante en su vida cotidiana y están sorprendidos por la importancia que se le da al tema en Occidente4. ¿Qué opina?

Sí, estoy bastante de acuerdo. De hecho, estos sistemas tal como existen ahora no suscitan problemas particulares, al igual que sistemas similares que se encuentran en Occidente. El sistema de crédito social nació con una doble función: se trata de una forma de regulación del ecosistema económico que concierne a las empresas por un lado, y a las personas por otro lado. No existe todavía un sistema unificado y nacional de crédito social, sino muchos experimentos. En resumen, se trata de asignar un puntaje a cada persona en función de su confiabilidad en términos administrativos, penales y cívicos. Por supuesto, en un Estado de partido único, los criterios para juzgar a una persona pueden multiplicarse y llegar a ser mucho más problemáticos. Pero por el momento, aunque existen también en China atisbos de reflexión sobre la protección de la privacidad y el uso de los datos, la idea del crédito social está aceptada porque la población china lo percibe como un sistema realmente capaz de garantizar una mayor seguridad y armonía social. Para nosotros, por supuesto, parece inquietante, pero si pensamos en todas las veces en que somos evaluados y calificamos a los demás con sistemas de clasificación, no estamos tan lejos del modelo chino. Por el momento, en Occidente, nos evaluamos entre ciudadanos; en China, es un proceso que viene de arriba.

Como decía, es un sistema inquietante en perspectiva. En términos más generales, dado que la principal preocupación del pcch es mantener la estabilidad, hay una voluntad de crear un entorno lo más «confiable» posible, poblado por empresas y personas igualmente «confiables». Para la calificación de las empresas, este tipo de sistema existe también en eeuu, se llama fico. Para las personas, no estamos todavía en estos niveles, pero algunos sistemas de rating o de calificación occidentales (para pedir un crédito o alquilar una vivienda, por ejemplo) no están tan alejados de los experimentos chinos. Claro que este tipo de sistema es más impresionante en el contexto político, tecnológico y demográfico chino. En resumen: Beijing pretende crear en un futuro próximo un sistema nacional único, que por el momento no existe, capaz de evaluar la confiabilidad de las personas en función de sus comportamientos administrativos, penales o cívicos; estos comportamientos pueden llevar a una persona a perder o ganar puntos. Por el momento, el verdadero problema es la desproporción entre «delito» y sanción: si no pago una multa, por ejemplo, corro el riesgo de no poder desplazarme, porque me bloquean automáticamente la posibilidad de comprar billetes de tren o de avión.

Sin embargo, en términos de control social integral facilitado por las tecnologías de avanzada, existe el «laboratorio» de Xinjiang, donde parecería que se está llevando a cabo una experimentación sin precedentes históricos con el control y la disciplina de la población uigur, juzgada como desobediente o peligrosa.

En Xinjiang hay una combinación de todos los elementos del arsenal tecnológico chino, una gama de aplicaciones, cámaras de reconocimiento facial y varios modelos predictivos, con formas de represión más tradicionales, como prisiones y campos de reeducación. Además del control tecnológico, miles de personas trabajan para este sistema de represión contra la población musulmana de lengua túrquica de esta provincia, como lo demuestran las recientes filtraciones de documentos internos del pcch5. Cientos de miles de personas han estado encerradas en campos de reeducación sólo por ser juzgadas sospechosas. Como siempre, China experimenta incluso las cosas más horribles, para ver después cómo limitarlas o ampliarlas. Pese a los testimonios de muchos perseguidos que han podido escapar, Beijing niega que se esté llevando este tipo de represión en Xinjiang y afirma que la región se ha enriquecido en los últimos años. Lo que es cierto, pero eso no cambia en nada la ferocidad de esta política represiva.

Ahora bien, en términos de control social, no todo es tecnología y consenso neoconfucianista. Usted menciona también los «ojos vigilantes» de la población misma y las formas de control capilar a través de las organizaciones de base, herencia maoísta, pero no solamente. En apariencia, los comités barriales han jugado un rol muy importante en la pandemia, por ejemplo.

Sí, en la historia de China desde 1949 hasta el presente, el pcch ha movilizado repetidamente a los órganos estatales, las administraciones y la población para optimizar las respuestas en casos de emergencia y crisis repentinas, esos «cisnes negros» sobre los que alertó Xi Jinping en un discurso hace unos meses. La respuesta a la epidemia de sars en 2003 y al terremoto de Sichuan en mayo de 2008 son ejemplos de lo que el Partido entiende por «movilización», considerada fundamental para lo que se denomina «éxito de la reconstrucción». Una crisis o una emergencia pueden crear mecanismos empujados desde arriba capaces de poner al Partido en el centro de la escena social en China, como motor y equilibrador de situaciones complicadas, y también con una voluntad de mitigar y hacernos olvidar las deficiencias iniciales de la maquinaria político-administrativa.

De hecho, como recuerda Li Zhiyu, la noción de «movilización» (dongyuan) es un concepto fundamental en la política china contemporánea. El término «indica el uso de un sistema ideológico por un partido o un régimen político para alentar u obligar a los miembros de la sociedad a participar en determinados objetivos políticos, económicos o sociales a fin de lograr un nivel intenso de centralización y de despliegue de recursos materiales y humanos»6. Se ha visto este despliegue con la crisis del coronavirus. A pesar del –grave– retraso con el que China comenzó a tratar el covid-19 y su propagación, la población china pareció dispuesta a apoyar las decisiones que venían de arriba. Hubo lecturas de temperatura en todas partes, especialmente en las entradas del metro, limpieza constante del transporte público allí donde no fue suspendido. Cada ciudad hizo lo suyo: en algunos lugares se han reducido las horas de trabajo de los supermercados o centros comerciales para evitar el riesgo de contagio, en otros –especialmente en los pueblos rurales–, todos trataron de ayudar como pudieron al personal médico encargado de ir de casa en casa para tomar la fiebre e informar sobre posibles casos de contagio. Con la parálisis de los transportes públicos, muchas personas se han puesto a disposición de los hospitales para llevar materiales de un lugar a otro, dedicando a ello a veces el día entero. Incluso mucha gente que decía que temía el contagio sintió la necesidad de ayudar.

Lo que parece describir es una especie de capitalismo de vigilancia bajo el control del Partido-Estado, con una forma sui generis de sinergia público-privada y un nivel relativamente alto de aceptación social, que tiene incluso profundas raíces históricas en términos de la cultura del «buen gobierno» y las expectativas de los gobernados. ¿Es así?

Sí, exactamente, y la pandemia lo ha demostrado combinando alta tecnología con movilización de masas. En esta ocasión, la potencia de las aplicaciones chinas dedicadas al control estricto de los movimientos de la población, y a menudo acusadas de no ser más que un dispositivo de seguridad y el punto de anclaje de futuras ciudades inteligentes hipervigiladas, ha sido presentada por el gobierno y los operadores privados chinos como un servicio público imprescindible en una situación de emergencia. La agencia Reuters escribió que el coronavirus «sacó de la sombra» el sistema de vigilancia chino. En realidad, se podría decir más bien que el virus permitió un uso ad hoc de herramientas que los chinos están acostumbrados a usar o a «padecer» cada día. De hecho, nos enfrentamos a la primera emergencia sanitaria en la era de la inteligencia artificial, y aunque en medio de una situación dramática y complicada, una vez más, China señaló el camino.

En este sentido, podría decirse que la pandemia ha sido un estímulo y un incentivo para la aceleración y la ampliación de los sistemas de alta tecnología aplicados a la administración sanitaria, demográfica, educativa, policial, etc.

En la China del coronavirus hay nuevas posibilidades para las empresas de alta tecnología. Ahora mismo, aunque nunca lo confesarán, tienen una oportunidad única de maximizar la principal materia prima de sus innovaciones: más datos, muchos más datos. El miedo al contagio y a la enfermedad ha hecho que la ya de por sí débil resistencia a la invasión de la privacidad haya quedado definitivamente enterrada.

Se pueden citar varios ejemplos. La empresa de reconocimiento facial Megvii ha declarado que ha desarrollado «una nueva forma de identificar y localizar a las personas con fiebre, gracias al apoyo del Ministerio de Industria y Ciencia». Su nuevo sistema de medición de la temperatura utiliza datos del cuerpo y del rostro para identificar a las personas, y ya se está probando en un distrito de Beijing. También Baidu, el principal motor de búsqueda chino, anunció que su laboratorio de inteligencia artificial habría creado un dispositivo similar. La compañía de cámaras de vigilancia Zhejiang Dahua anunció hace poco que «puede detectar la fiebre con cámaras de infrarrojos con una precisión de 0,3 °c», lo que puede ser muy útil en lugares muy concurridos, como los trenes. Se trata de empresas privadas que, apoyadas por el Estado, desarrollan nuevos productos «intrusivos» (pero también considerados como muy útiles por la población). Estas empresas pueden entonces comercializar en el exterior sus innovaciones perfeccionadas gracias a la posibilidad de acceder a esta enorme cantidad de datos, posibilidad garantizada y controlada por el Estado.

También las tecnologías de reconocimiento facial han progresado. SenseTime, uno de los principales operadores en este ámbito, afirma ahora ser capaz de identificar incluso a las personas que llevan máscaras. Es un aspecto muy importante, porque en China, además del teléfono inteligente, el reconocimiento facial sirve para muchas cosas: pagar, reservar, hacer trámites en un banco o en las oficinas públicas. Con el uso masivo de máscaras, las tecnologías existentes habían dado señales de imperfección (que fueron subrayadas irónicamente en las mismas redes sociales chinas por personas que no pudieron entrar en su propia casa por llevar una máscara, por ejemplo).

Podemos citar también el uso de drones para avisar a la gente que tiene que usar máscara (hay un vídeo en el que se ve a una anciana de Mongolia Interior que fue visitada por un dron); los robots utilizados dentro de los hospitales para efectuar el control de plagas, la entrega de comidas o la limpieza en las áreas utilizadas para los pacientes infectados con coronavirus; los asistentes de voz que piden información a las personas en su casa, almacenan datos y sugieren un tratamiento o una hospitalización inmediata. En cinco minutos, los asistentes de voz chinos son capaces de hacer 200 llamadas, aliviando el trabajo de los hospitales. Con tecnologías como el reconocimiento de la voz y la comprensión semántica, los robots son capaces de comprender con precisión los lenguajes humanos, obtener información básica y dar respuestas. Existen también perspectivas de poder desarrollar nuevos productos y tratamientos farmacéuticos gracias a la inteligencia artificial y las plataformas de intercambio de macrodatos, aunque en el caso del coronavirus, en la comunidad científica hay bastante unanimidad en subrayar que la vacuna o la cura definitiva no están a la vuelta de la esquina.

Por último, está el aspecto relacionado con las conferencias virtuales y el aprendizaje electrónico, en el que China lleva invirtiendo hace tiempo. Recientemente, debido al cierre de escuelas y oficinas durante la pandemia, ha sido objeto de una atención y experimentación renovadas. En las escuelas, se usaron softwares ya existentes que permiten conectar a varios alumnos al mismo tiempo, proporcionando al profesor todos los datos necesarios, incluidos algunos grabados por cámaras sobre el nivel de atención demostrada por el alumno durante la clase.

Toca concluir que distopía y utopía son difíciles de desenredar en el caso chino. Usted cita al gran autor de ciencia ficción Liu Cixin cuando dice: «Cada época impone cadenas invisibles a quienes la viven. La única oportunidad que nos queda es bailar entre nuestras cadenas». Usted también escribe que, para los ciudadanos de las democracias liberales de tipo europeo, habrá un momento en que solo tendrán la oportunidad de dejar sus datos personales al Estado chino o a las empresas estadounidenses. En este escenario, ¿qué espacio nos queda para «bailar entre las cadenas», y qué espacio les queda a los propios chinos? ¿Existen posibilidades de resistencia, o tal vez contradicciones internas de naturaleza lógica o material dentro de los propios sistemas de control?

Para Occidente, pienso en Europa, es necesario adoptar una política común y única sobre el big data. En mi opinión, los macrodatos deben ser gestionados como un bien común, es decir, de forma transparente y por la colectividad, de lo contrario Europa seguirá siendo un campo de batalla entre eeuu y China. Para los chinos, no lo sé, dependerá de ellos. Como observador externo, creo que estas cuestiones pueden convertirse en fuente de conflicto, incluso político, solo en el momento en que el pacto social que todavía rige el país –te enriqueces, pero renuncias a ciertos derechos– empiece a tambalear. En el quinto plenario del pcch que acaba de terminar, se decidió que China invertirá aún más en tecnología y desarrollo del mercado interno. Lo que hay que observar por el momento, creo, es la dinámica de la clase media china: 400 millones de personas que son las que sustentan este mercado interno y apoyan a los dirigentes del país.

  • 1.

Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina, Laterza, Bari, 2020.

  • 2.

La versión en español será publicada por Edhasa, Buenos Aires, en 2021.

  • 3.

Yuk Hui: The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics, Urbanomic, Falmouth, 2016.

  • 4.

J.-L. Rocca: «Crédit social. Spécificité chinoise ou processus de modernisation?» en Sociétés Politiques Comparées No 51, 5-8/2020.

  • 5.

«‘Los cables de China’: los documentos secretos que revelan el sistema de lavado de cerebro del gobierno chino sobre cientos de miles de uigures detenidos» en BBC Mundo, 24/11/2019.

  • 6.

Ivan Franceschini, Nicholas Loubere y Christian Sorace (eds.): Afterlives of Chinese Communism: Political Concepts from Mao to Xi, Verso / AUN Press, Londres-Canberra, 2019.

Publicado enInternacional
Sábado, 26 Diciembre 2020 08:56

La trampa de la deuda

La trampa de la deuda

Los obstáculos a una recuperación económica mundial

La aprobación y distribución en varios países de las primeras vacunas contra el covid-19 han provocado el entusiasmo de diversos economistas y el júbilo de las principales bolsas de valores. Sin embargo, la recesión pandémica está lejos de haberse superado y podría llevar a un peligro desenlace en los mercados financieros.

 

La recesión mundial pandémica de este año es diferente de las recesiones anteriores del capitalismo. El ciclo de auge y caída en la producción y la inversión capitalistas a menudo es desencadenado por un colapso financiero, ya sea en el sistema bancario, como sucedió en la Gran Recesión de 2008-2009, o en el mundo del «capital ficticio», de las acciones y bonos, como ocurrió en 1929 o 2001. Por supuesto, la causa subyacente de las caídas regulares y recurrentes radica en los cambios en la rentabilidad del capital. Esta es la causa última. Pero las causas inmediatas pueden diferir. Y no siempre tienen un origen de tipo financiero. La primera recesión mundial simultánea de la posguerra, la de 1974-1975, fue provocada por un fuerte aumento de los precios del petróleo tras la guerra árabe-israelí. La recesión de doble caída de 1980-1982 tuvo orígenes similares, mientras que la de 1991-1992 siguió a la primera guerra del Golfo.

La recesión pandémica tiene también una causa inmediata particular. Esta caída sin precedentes de la economía, que afecta al 97 por ciento de las naciones del mundo, se inició con un evento que podríamos llamar exógeno: la propagación de un virus mortal. Aunque es cierto que, como han argumentado muchos ecologistas, fue el afán de lucro de las empresas capitalistas –la exploración a toda costa de combustibles fósiles, la tala indiscriminada de bosques, la fiebre minera y la expansión urbana sin límites– el que creó las condiciones para el surgimiento de patógenos para los que el cuerpo humano carece de inmunidad.

 Pero lo cierto es que la caída de la producción, el comercio, la inversión y el empleo mundiales que vino a continuación no fue provocada por un colapso financiero o bursátil. Lo que hubo fue un colapso en la producción y el comercio, forzado o impuesto por las cuarentenas, que luego condujo a una enorme caída de los ingresos, el gasto y el comercio. La depresión comenzó con un shock exógeno, luego las cuarentenas llevaron a un shock de oferta y, a continuación, a un shock de demanda.

LA FIESTA DE LAS AYUDAS ESTATALES

Lo que no ha habido hasta ahora es un shock financiero. Por el contrario, los mercados de bonos y acciones de los grandes países se encuentran en niveles de alza récord. La razón está clara: la respuesta de los principales Estados fue inyectar billones en crédito en sus economías, para reforzar así los bancos y las grandes y medianas empresas, y realizar transferencias a millones de trabajadores desempleados o enviados al paro. Semejante liberalidad en el gasto como la vista en los últimos meses, financiada por la impresión de dinero de los bancos centrales, no tiene precedentes en la historia del capitalismo moderno.

Esto ha significado, contrariamente a lo que sucedió al comienzo de la Gran Recesión, que los bancos y las grandes instituciones financieras no estén ni cerca del colapso. Los balances bancarios son más sólidos hoy que antes de la pandemia. Las ganancias financieras van en aumento. Los depósitos bancarios se han disparado a medida que los bancos centrales aumentan las reservas de los bancos comerciales y que las empresas y los hogares acumulan efectivo, ya que la inversión se ha detenido y los hogares gastan menos.

De acuerdo con las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicadas a comienzos de mes, en las principales economías las tasas de ahorro de los hogares han aumentado entre un 10 y un 20 por ciento. Buena parte de esos ahorros ha ido a los bancos. De manera similar, ha aumentado el efectivo en manos de corporaciones no financieras a medida que las compañías obtienen préstamos baratos o sin intereses garantizados por el Estado, o que las compañías más grandes emiten aún más bonos, todo ello alentado y financiado por programas estatales. El pago de impuestos ha sido diferido a medida que las empresas han ido a la cuarentena, lo que ha generado aún más liquidez. Según la OCDE, el aplazamiento de impuestos equivale en Italia al 13 por ciento del PBI y en Japón al 5 por ciento del PBI.

De hecho, en Estados Unidos las últimas cifras de ganancias corporativas, correspondientes al tercer trimestre, mostraron un fuerte aumento en las ganancias, casi en su totalidad debido a préstamos y subvenciones del Estado que han impulsado la liquidez, combinados con una reducción de los impuestos sobre las ventas y la producción, experimentada a medida que las empresas paralizaron sus operaciones. Las ganancias corporativas aumentaron 495 mil millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre, en contraste con una caída de 209 mil millones en el segundo trimestre.

 La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos explicó, a fines de noviembre, que «las ganancias corporativas y los ingresos de los propietarios se han visto reforzados en parte por lo dispuesto en los programas de respuesta a la pandemia del gobierno federal, como el Programa de Protección de Cheques de Pago, los créditos fiscales para la retención de empleados y la licencia por enfermedad, que brindaron apoyo financiero a las empresas afectadas en el segundo y tercer trimestre». Durante la pandemia, alrededor de 1,5 billones de dólares en subvenciones y préstamos del Estado se destinaron a subsidiar empresas estadounidenses. Por lo tanto, las ganancias corporativas han sido sostenidas por la intervención estatal a costa de niveles sin precedentes de déficit fiscal y de aumentos en la deuda pública.

UNA CRISIS CREDITICIA Y FINANCIERA

Existe la esperanza de que, en 2021, a medida que las vacunas se distribuyan y se terminen las cuarentenas, la economía mundial reverdecerá y lo acumulado en materia de ahorro de los hogares y ganancias corporativas saldrá al mercado una vez que la demanda reprimida vuelva a su curso normal. Volverá el gasto de los consumidores, se reanudarán los viajes y el turismo internacional, retornarán los eventos masivos y las empresas celebrarán un festival de inversiones.

Sin embargo, la OCDE es menos optimista. Le preocupa que gran parte del aumento en los ahorros personales se esté dando entre los ricos, que tienden a gastar un menor porcentaje de sus ingresos (¡es que tienen demasiado!). En las principales economías –y también en las otras–, el hogar promedio no ha acumulado ahorros. Muy por el contrario, ha elevado sus niveles de deuda. Además, con el eventual fin de las ayudas estatales en 2021, su situación bien podría deteriorarse. Esta desigualdad también se da en el sector empresarial. La OCDE estima que el grueso del apoyo estatal en préstamos y subvenciones ha ido a las empresas más grandes, particularmente del sector de la tecnología, uno de los sectores menos afectados por la recesión.

Aquí es donde podremos encontrar la tercera etapa de la recesión pandémica: una crisis crediticia y financiera. Algo así ocurrirá si las pequeñas y medianas empresas van a la quiebra a medida que se evapora el apoyo estatal, se mantienen bajos los ingresos por ventas, y aumentan la deuda y los costos salariales. El Instituto de Finanzas Internacionales informó recientemente que la relación entre la deuda y el PBI mundial pasará de 320 por ciento, en 2019, a una cifra récord de 365 por ciento, en 2020. La asociación empresarial de instituciones financieras concluye su último informe con crudeza: «Más deuda, más problemas». De acuerdo con el periodista económico Martin Wolf, «los mercados financieros han ignorado estas advertencias. La renta variable global ha alcanzado nuevos máximos y los diferenciales crediticios se han reducido, casi como si una deuda extrema fuera un buen desarrollo económico» (Financial Times, 29-XI-20). Como se ha informado anteriormente (véase «¿Hacia una depresión global?», Brecha, 20-III-20), incluso antes de la pandemia la deuda corporativa estaba en niveles récord, ya sea medida con relación al PBI anual o respecto del valor neto de los activos empresariales.

La OCDE reconoce que, si las ganancias corporativas cayeran de forma drástica en 2021, cuando los gobiernos retiren el apoyo financiero, muchas empresas «podrían sufrir situaciones de estrés». Ya ha aumentado significativamente el número de las llamadas empresas zombis: aquellas que no obtienen suficientes ganancias para cubrir los intereses de sus terribles deudas. La OCDE señala que una quinta parte de las compañías que operan en Bélgica, por ejemplo, no podrían cumplir con sus pasivos financieros durante más de tres meses sin contraer más deuda o recibir una inyección de capital. La proporción es mucho mayor en sectores como alojamiento, eventos y ocio.

El organismo concluye que «es probable que resurjan las preocupaciones sobre la estabilidad financiera», ya que la rápida acumulación de deuda en el sector público y en el empresarial pronto podría generar «problemas de solvencia en un gran número de compañías». Los defaults corporativos de las empresas más débiles podrían duplicarse en 2021, dice la OCDE, particularmente en «sectores muy afectados, como las aerolíneas, los hoteles y la industria automotriz». Es muy probable que se produzcan quiebras en pequeñas y medianas empresas del sector minorista, del ocio y del mercado inmobiliario comercial. El escenario es aún más sombrío en las llamadas economías emergentes.

De hecho, incluso en China, donde la economía experimenta la recuperación más rápida a nivel mundial, una serie de empresas con fuertes deudas ha comenzado a incumplir sus pagos de bonos, lo que pone al gobierno frente a un dilema. ¿Debería salvar a estas empresas –algunas de ellas propiedad de gobiernos locales– o debería dejar que quiebren para así reducir la carga general de la deuda? Esto no conduciría a un colapso financiero importante ni a un colapso en la recuperación de China porque el gobierno de ese país tiene reservas masivas y puede aprovechar los enormes ahorros de sus hogares, depositados principalmente en bancos estatales, a diferencia de lo que ocurre en otras economías importantes. Pero los problemas de estas empresas chinas sobreendeudadas son un presagio de lo que en 2021 podría ser un entuerto mucho mayor en otras economías.

CICATRICES DE LARGA DURACIÓN

Mucho dependerá de si, en 2021, cuando desaparezcan los subsidios estatales, el sector empresarial logra valerse por sí mismo. Aunque el costo de los intereses de la deuda actual se mantenga bajo, si las ganancias corporativas no aumentan el año que viene y, por el contrario, se desploman, la OCDE estima que a nivel mundial más del 30 por ciento de las empresas podrían atravesar «situaciones de estrés» y enfrentar una eventual bancarrota. Como mínimo, las compañías no aumentarán sus inversiones, sino que se quedarán de brazos cruzados. Existe, afirma la OCDE, el riesgo de un sobreendeudamiento que reduciría el crecimiento de la inversión empresarial en un 2 por ciento en comparación con el promedio a largo plazo anterior a la pandemia.

Así las cosas, incluso si se evita un tsunami de deudas y un colapso financiero causado por una ola de bancarrotas corporativas, es probable que la recuperación en la mayoría de las economías capitalistas sea muy débil. En su último pronóstico para la economía mundial, la OCDE habla de un «futuro más luminoso» para el próximo año, a medida que se distribuyen las vacunas contra el covid-19. Pero, de todas formas, considera que la mayoría de los países no recuperará las pérdidas de producción sufridas en 2020. Para fines de 2021, sólo unas pocas economías habrán experimentado cierto crecimiento del PBI real durante los dos años transcurridos desde fines de 2019.

La economía líder a ese respecto será China, con casi un 10 por ciento de crecimiento, seguida de Corea del Sur e Indonesia. Para finales de 2021 y por sí sola, China contribuirá con un tercio del crecimiento real del PBI mundial. Las economías capitalistas avanzadas del G7 o bien no habrán tenido ningún crecimiento real, como es el caso de Estados Unidos, o bien se habrán contraído entre un 3 y un 5 por ciento, como sucederá en los casos de Europa y Japón. El Reino Unido tendrá el peor desempeño de este grupo, con una contracción del 6,4 por ciento. Grandes economías del G20, como India y Brasil, habrán sufrido descensos significativos en su crecimiento.

La OCDE espera una «recuperación gradual pero desigual». Y eso, con base en los mejores desenlaces posibles en materia de impacto de las vacunas contra el covid-19. Incluso con ese escenario en mente, el organismo cree que el PBI de la economía mundial volverá a su nivel anterior a la pandemia para fines de 2021, pero quedará lejos –a una distancia de, al menos, 6 por ciento– de alcanzar el nivel que habría logrado sin la recesión pandémica.

 

Por Michael Roberts, economista marxista británico. Trabajó durante 30 años en la city londinense como analista económico.
23 diciembre, 2020

 

(Tomado de TheNextRecession, blog del autor. Traducción al español y titulación de Brecha.)

Publicado enEconomía
Germán Ardila, Los consejeros, 60 x 100 cm (Cortesía del autor)

El tiempo pasa y nos marca de diversas maneras con sus acontecimientos, unos más fuertes, otros no tanto. De unos y otros escritos en desdeabajo en su debido momento. Hoy, en época de balances, los retomamos y les invitamos a su relectura.


La crisis económica-financiera, acelerada por el covid-19, golpea más allá de lo proyectado por el establecimiento: a mayo de 2020 el número real de desempleados totaliza 7.512.518 (sumando desempleados que siguen buscando alguna oportunidad y los que perdieron las esperanzas, se sienten impotentes y se retiran del mercado laboral); en consecuencia, la tasa de desempleo real se eleva a 34,2 por ciento; el país pierde dos décadas de desarrollo. Además, el ingreso per cápita en 2020 será menor en 8,7 por ciento. La polarización social es cada vez más conflictiva. Solo una amplia alianza social y democrática creará esperanzas y bloqueará el giro de facciones de clase hacia la derecha.

La actual crisis social y económica será recordada como una de las más abrumadoras en la historia de Colombia. En este acontecimiento confluyen tres fenómenos adversos: una depresión económica-financiera que venía incubándose desde años atrás, la pandemia causada por coronavirus a partir de 2019 y las políticas arbitrarias favorables a los grupos de poder impuestas por el gobierno nacional y los mandatarios regionales y locales.

Los indicadores económicos así lo confirman. En 2020 el PIB per cápita cae en picado 8,7 por ciento (Gráfico 1), el número de patrones o empleadores disminuyó un 32,4 por ciento (principalmente por la masiva quiebra de micro, pequeños y medianos empresarios), se destruyeron 5 millones de puestos de trabajo, el desempleo afecta al 34,2 por ciento de la fuerza laboral, hay incertidumbre por el futuro y el riesgo de seguir en la miseria o caer en la pobreza en 6 de cada 10 colombianos (Gráfico 2), solo 14,6 por ciento de las empresas han podido seguir funcionando normalmente, el resto, el 85,4 por ciento, se declararon en quiebra (10,8%), tuvieron que cerrar temporalmente (52%) u operan parcialmente con teletrabajo (22,6 %). Todo enmarcado en una mayor concentración y centralización del capital, un protagonismo desmesurado del Estado para satisfacer las demandas de las oligarquías local e internacional. Sobresale en esta situación el fin de la clase media más vulnerable debido a la quiebra de sus negocios, caída en el desempleo, las barreras para acceder a subsidios o la pérdida de poder adquisitivo, el cual difícilmente volverán a recuperar en el corto plazo.

 

 

El desplome económico y social quedó plasmado en los resultados recientes del Indicador de seguimiento a la economía (ISE) publicado por el Dane**. En él y de acuerdo con el gráfico 3, para el mes de abril de 2020 el ISE en su serie original se ubicó en 82,62, lo que representó un decrecimiento de 20,1 por ciento respecto a su comportamiento un año antes (103,35).

Los sectores de producción agrupan las diferentes ramas de actividad económica. Los sectores establecen una clasificación de la economía en función del tipo de proceso productivo que lo caracteriza. Cada país apuesta más firmemente por uno u otro sector en función, entre otros factores clave, de los recursos propios con los que cuenta, de sus posibilidades de competitividad, crecimiento y expansión, y de sus preferencias a la hora de adoptar una estrategia de desarrollo concreta. Los sectores productivos de la economía colombiana se caracterizan por un peso muy alto en la explotación de los recursos minero-energéticos y las actividades del sector terciario.

De acuerdo con los resultados del ISE, en abril de 2020 el sector primario cayó en 13,7 por ciento; el sector secundario registró un desplome de -47,1; y, el sector terciario se derrumbó en 13,3 (ver matriz de sectores).


Para el año 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta el hundimiento de la economía colombiana en -8 por ciento. La tasa de crecimiento de la población es del 1,1 por ciento; en consecuencia, el ingreso per cápita caerá en 8,7 por ciento (Gráfico1).
La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 aceleró, profundizó y amplió los impactos de la crisis económica-financiera que se venía manifestando desde el año 2019. En relación con el mercado laboral, el número de personas ocupadas se redujo en -22,1 por ciento al comparar las cifras de mayo de 2020 respecto a mayo de 2019 (cerca de 5 millones de puestos de trabajo se destruyeron). En consecuencia, la tasa de desempleo se multiplico 2,1 durante el último año al aumentar de 10,5 a 21,4 por ciento.

Además, en cuanto a las horas trabajadas, en mayo, 46 por ciento de las personas ocupadas señaló que había trabajado menos horas.

Esta tasa de desempleo enmascara una situación más trágica aun: cerca de 3 millones de personas abandonaron el mercado de trabajo (salieron de la población económicamente activa ante la imposibilidad y desesperanza de encontrar algún trabajo); por consiguiente, al agregar el número de desempleados registrados en mayo de 2020 (4.693.929) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que cayeron en la trampa de la impotencia aprendida (2.818.589), el número real de desempleados suma 7.512.518 y la tasa de desempleo objetiva se eleva a 34,2 por ciento (Cuadro 1). A nivel nacional se reportaron 17,8 millones de personas inactivas, es decir que estando en edad de trabajar, no están trabajando ni buscando emplearse.


Un nuevo enfoque del mercado laboral del Dane, que resulta relevante en medio de la coyuntura actual, es el de cómo se distribuye la población ocupada según tamaño de empresa y rama de actividad. Las estadísticas del Dane muestran que de las 17.262.386 personas ocupadas que hubo en mayo de 2020, 11,3 millones hacen parte de pequeñas empresas, compañías con empleados de máximo 10 personas, y el resto, es decir, cerca de 6 millones de ocupados son de firmas con más de 10 trabajadores; en este sentido, en las pequeñas empresas hubo una reducción de 3,4 millones de ocupados, frente a mayo de 2019; así mismo, en las empresas de más de 10 empleados se redujo la población ocupada en 1,5 millones de personas. El 43,5 por ciento de la población desocupada perdió el empleo durante el tiempo que ha venido evolucionando la pandemia.

La división de clases constituye el marco referencial de todo el escalonamiento de las estratificaciones sociales. De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) que publica el Dane, en el total nacional, las nueve posiciones ocupacionales registran variaciones negativas entre los meses de mayo 2019 a mayo 2020. En particular, las más afectadas por la crisis son: la categoría “Patrón o empleador” cae un -32,4 por ciento, producto de la riada de quiebras; “Empleado doméstico” cae en 36,9 por ciento; “Obrero, empleado particular” se reduce en 21,7 por ciento; “Trabajador familiar sin remuneración” baja 21,6 por ciento; “Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares” cae 18,6 por ciento y “Trabajador por cuenta propia” descendió 14 por ciento. Las categorías ocupacionales que menos registran estragos en sus puestos de trabajo son: “Obrero, empleado del gobierno” que se reduce apenas en 1,1 por ciento y “Jornalero o Peón” en -0,7 por ciento. El aparato estatal no ha sufrido mayor afectación por causa de la crisis económica y de salubridad pública, menos aún por las políticas implementadas por el Gobierno; obvio es decirlo, al Estado lo componen los grupos políticos, tecnocráticos, militares y policiales al servicio de la reproducción del poder (Cuadro 2).

 

 

El Dane clasifica las actividades económicas en 14 ramas, de ellas, las que concentraron las caídas más catastróficas del número de ocupados entre mayo de 2019 y mayo de 2020 son diez: “Explotación de minas y canteras” (-15,6%); “Industrias manufactureras” (-27,2%); “Construcción” (-27,1%); “Comercio y reparación de vehículos” (-17,4%); “Alojamiento y servicios de comida” (-18,2%); “Transporte y almacenamiento” (-11,3%); “Información y comunicaciones” (-21.2%); “Actividades inmobiliarias” (-32,4%); “Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana” (-18,8%); y, “Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios” (-30,1%). Por su posición dominante en el mercado y poder de manipulación de las tarifas, la rama de actividad “Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos” es la única que registra un crecimiento en el número de empleados: 28,2 por ciento. Otras ramas menos afectada por la crisis son: “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” (-7,3%); “Actividades financieras y de seguros” (-10,3%) y “Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos” (-9,3%) (Cuadro3).


Es un desplome generalizado de la economía colombiana pese al ejercicio de gobierno despótico y arbitrario desplegado por la clase dominante a lo largo de los últimos tres meses, donde ha ostentado de su poder, dándole cuerpo a una dictadura civil con respaldo constitucional y, que bajo el pretexto de cuidar, vigilan, oprimen y controlan a la ciudadanía a la sombra de un asfixiante Estado policial. El ejercicio sin control del poder les ha permitido, de una parte, deshilachar la ya de por sí maltrecha democracia y, de otra, hipotecar el futuro de las próximas generaciones debido al escalamiento de la deuda pública y el déficit fiscal que alcanzan 66 y 10 por ciento del PIB, respectivamente. Las consecuencias de sus imposiciones las padecen hoy, y las sufrirán en extenso en los años que vienen, las clases populares trabajadoras y un amplio sector de la media.


Entretanto, el Gobierno ha concentrado su atención de manera especial en los temas de salubridad y social. Si bien ha ofrecido apoyos económicos al sector productivo y financiero, el Ministerio del Trabajo no ha asumido el papel que le corresponde en una situación de crisis laboral como la actual.

** Este es un índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, el cual se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales; compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales representativos de los sectores y las actividades económicas que los integran.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Impactos del desplome en la estructura y posición político-ideológica de las clases sociales

 

Germán Ardila, El serviente ariadno (Lluvia de oro me pone verde de envidia, 30 x 30 cm (Cortesía del autor)

 

Las clases sociales significan y reflejan, en un único y mismo movimiento, sus contradicciones y luchas. Su estructura y disputas constituyen uno de los principales puntos de referencia para el análisis económico de las sociedades modernas y su proceso de desarrollo socio-político. La articulación entre clase y lucha de clases permite definir las clases sociales en términos de relaciones sociales dinámicas-conflictivas y procesos activos.


Las estadísticas oficiales sobre la distribución de los ingresos confunden o equivocan la estratificación socio-económica con las clases sociales. No obstante, la distinción real, en la magnitud de los ingresos, no es más que la consecuencia de las relaciones de producción. Además, de acuerdo con el psicoanálisis freudiano y la teoría crítica marxista, el ser humano es primariamente lo que son sus relaciones sociales.

En América Latina las políticas públicas que pretenden reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos tienen como fundamento ideológico constituirse en sociedades de clase media. Los distintos gobiernos de la región asumen como un axioma la ecuación: “ampliación de la clase media=desarrollo económico + democracia”. En particular, consideran que una clase media fuerte y próspera es crucial para cualquier economía exitosa y sociedad cohesionada. Frente al antagonismo entre la burguesía y la clase obrera, la clase media se percibe como el pilar mediador y el factor fundamental del “equilibrio” de cualquier sociedad capitalista. Sin embargo, lo que predomina en esta visión es una definición de clase media “mínima”, resultado automático de la superación de los umbrales de pobreza monetaria definidos en cada país.

Clase “mínima” que, pese a superar el umbral de la pobreza monetaria, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de volver a esa situación ante circunstancias tales como el desempleo o la precarización del empleo, bruscos aumentos de la inflación, incrementos de la carga tributaria, quiebras de sus negocios y desastres o eventos sociales, personales y familiares catastróficos. Así resalta no solo en Colombia sino en toda la región, y los indicadores de la recesión económica en curso dará cuenta de lo anotado. Es necesaria agregar que la discusión sobre la estratificación social y en particular sobre las clases sociales debería involucrar otras dimensiones (como ocupación, educación,subsidios e impuestos, ingresos y gastos, consumo material y simbólico, prácticas culturales, capital social, percepción sobre su entorno político y praxis ideológica, entre otras).

Los resultados del estudio realizado por la Cepal sobre las clases sociales, presentado en la edición del Panorama Social de América Latina 2019, indican que la participación de los estratos (rangos definidos por líneas de pobreza per cápita) de ingreso medio (suma de las categorías bajo, intermedio y alto) en el total de la población de Colombia pasó de 27,3 por ciento en 2002 a 46,2 en 2017. A su vez, la población de estratos de ingreso bajo (que corresponden a la suma de la población en situación de pobreza extrema, pobreza no extrema y bajos no pobres) se redujo de 70,1 por ciento a 49,5. También se aprecia durante los quince años analizados un incremento del estrato de ingresos altos (personas cuyos ingresos per cápita superan las 10 líneas de pobreza): del 2,6 al 4,3 por ciento de la población colombiana (Cuadro 4).

 

 

Crisis económica y cambios en las relaciones económicas

La dimensión económica está determinada por el proceso de producción, y el lugar de los agentes, su distribución en clases sociales, esto es, por las relaciones de producción.

La complejidad de la crisis económica, el déficit en las finanzas del Estado, los efectos de las políticas arbitrarias y clasistas del Gobierno y la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 ha suscitado el debilitamiento del núcleo o principio organizativo de la sociedad, es decir, la erosión o destrucción de las relaciones sociales. En paralelo, esta situación resalta la correlación existente entre las relaciones de producción y las conductas sociales, culturales y políticas. En resumen, la crisis y la pandemia significan una enorme conmoción en la sociedad colombiana, y la conjunción de procesos adversos genera una alteración violenta y brusca en la cotidianidad de los colombianos y su sistema político-económico. Las fuerzas sociales tienden a fragmentar, atomizar y polarizar y, por tanto, privatizar las experiencias de las personas y a bloquear la dinámica plural de la lucha de clases y los movimientos sociales en medio de la pandemia, la crisis socioeconómica y la represión estatal.

Una situación compleja y de destino incierto lo personaliza el exterminio de la clase media vulnerable. Por estar la clase media precisamente polarizada, en la lucha de clases, es en relación con esta polarización como hay que comprender su fraccionamiento. Como lo advirtió el estudio realizado por el sociólogo político marxista greco-francés Nicos Poulantzas (1936-1979) sobre las clases sociales en el capitalismo actual, la pequeña burguesía no tiene posición de clase autónoma a largo plazo ni puede en general, como lo ha demostrado la historia, contar con organizaciones políticas propias; partidos políticos que representan efectivamente, a largo plazo y de manera dominante, los intereses específicos de la clase media rara vez han existido. En cambio, lo que se suele encontrar más son partidos burgueses con clientela pequeño-burguesa (pero también obrera), a saber, partidos que representan, de manera predominante, intereses e ideologías burgueses, pero que saben procurarse el apoyo de las fracciones de la clase media y de los “agentes desclasados” (lumpenproletariado).

Demografía, sociedad y dinámica política

El capitalismo crea inevitablemente y mantiene un conjunto de trabajadores desempleados o parcialmente ocupados (el ejército industrial de reserva) que, junto con las limitaciones dadas por consideraciones sobre la rentabilidad, la competencia y la movilidad de los capitales, impide necesariamente a la clase trabajadora que aumente sus salarios reales más rápidamente que la productividad. El empobrecimiento relativo de los trabajadores es un rasgo inherente del sistema capitalista considerado en su conjunto.

Un grave problema de las sociedades modernas es la transformación de grupos cada vez mayores de trabajadores en lumpenproletariado, esto es, “el desecho de todas las clases” que sobrevive en medio de la delincuencia y el crimen, la prostitución, el tráfico de drogas, la mendicidad y toda clase de actividades ilegales; masas crecientes de población que en condiciones extremas de crisis y desintegración social se separan de su clases y llegan a conformar grupos flotantes y desocupados, particularmente evidentes en las principales ciudades. Históricamente, las oligarquías y partidos de extrema derecha se apoyan en el lumpen en su lucha por mantener el poder; estos grupos desclasados o amenazados en sus tradicionales estatus sociales son la base de apoyo para el surgimiento del fascismo y el nazismo, en el caso colombiano para el mantenimiento y crecimiento del paramilitarismo-narcotraficantes-lumpen oligarquía y, de acuerdo al desplome económico que presenciamos, a una posible ampliación de la base social para un mayor giro a la derecha de nuestra sociedad.

Si bien el rasgo distintivo de la época burguesa es la división de toda la sociedad en dos grandes clases que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado, un fenómeno general del desarrollo del capitalismo es el crecimiento de la clase media. Esta emergencia de una tercera fuerza política y social está integrada por la pequeña burguesía tradicional (pequeña producción y propiedad urbana y rural, trabajadores por cuenta propia) y la nueva pequeña burguesía que abarca a asalariados dependientes de la circulación comercial, de la realización bancaria, de los servicios o de los aparatos del Estado, esto es, la población ocupada en el sector terciario (trabajadores asalariados no productores directos de plusvalía). La evidente quiebra de pequeños y medianos negocios por todo el país deja en claro que precisamente recae sobre esta clase uno de los mayores efectos de la crisis.

El siglo XX es significativo por la consolidación de la clase media en Colombia: Durante el período 1905-2019, el número de personas aumentó de 4,4 millones a 50,4 millones; la participación relativa de la población urbana creció durante este período de 15,7 por ciento a 77; y, la Incidencia de la pobreza monetaria cayó de 92 por ciento a 27,4 (Gráfico 2). El índice de escolaridad de la fuerza de trabajo también registra un crecimiento acelerado y continuo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero aun con altas fragmentaciones, exclusión y desigualdades en el nivel y acceso a la educación de calidad entre clases sociales en el año 2020 (Cuadro 5).


El choque generado por la crisis económico-financiera, la pandemia y las políticas públicas antidemocráticas, clasistas y arbitrarias, ha generado un retroceso equivalente a la pérdida de las dos últimas décadas del desarrollo en Colombia, un salto hacia atrás en la pobreza del país, destrucción de puestos de trabajo, quiebras masivas de micro, pequeñas y medianas empresas, pobreza e incertidumbre por el futuro económico en 60 por ciento de los connacionales*** y destrucción de fracciones de la clase media.
La conmoción que afecta actualmente a las clases obrera y media genera graves problemas sociales, políticos y económicos para el desarrollo sostenible del país, la cohesión social y la democracia. En particular, la clase media sostiene parte considerable del consumo y de la inversión en educación, salud y vivienda, y desempeña un papel clave en el apoyo a los sistemas de protección social a través de sus contribuciones fiscales. La pequeña burguesía junto con la aristocracia obrera se constituye como elemento conservador en la sociedad; estos promueven el reformismo gradual y las alianzas con la clase dominante en el seno de los movimientos políticos.


Sin embargo, la clase media es bipolar. De una parte constituye un elemento conservador en la sociedad; de otra, también es conocido el fenómeno de su “radicalismo” (el artesanado fue cuna del sindicalismo revolucionario y el estudiantado universitario episódicamente ha sido promotor de cambios radicales). Debido a su fraccionamiento y polarización es difícil llegar a una clasificación satisfactoria y predicción de sus posiciones políticas, incluso cuando estos numerosos grupos sectoriales han sido diferenciados en baja, intermedia y alta clase media, lo cual explica las diferentes fidelidades políticas; las mismas que están, como es evidente, fuertemente influidas por factores culturales, herencias parentales, por condiciones y demandas políticas, económicas, culturales, ambientales y sociales específicas y oportunistas.


La inseguridad es una característica que afecta a amplias facciones de las clases media y obrera en sus condiciones de existencia. La crisis por la que atraviesa el país, unido a los efectos del cambio tecnológico en marcha producto de la 4ª revolución industrial que acaba con puestos de trabajo y precariza los derechos laborales conducen a la proletarización de la clase media, el empobrecimiento de los trabajadores y a la pérdida de sus relaciones sociales tradicionales. Los traslados de fracciones de la clase media hacia la burguesía son más limitados que los que tienen como término los demás conjuntos pequeños burgueses con polarización objetiva proletaria. Los obreros que abandonan la producción van principalmente hacia el sector de rebuscadores “independientes” o “cuenta propia”.


La polarización hacia la clase trabajadora es un hecho debido a la heterogeneidad de las condiciones de vida y de trabajo de los agentes pequeñoburgueses, a menudo por reivindicaciones específicas, por aspectos particulares y la defensa común de la dignidad humana y la democracia radical. La alianza en un frente popular, que articule a la clase obrera, los pueblos originarios, la pequeña burguesía tradicional (campesinos y pequeños empresarios) y la nueva clase media (trabajadores del sector terciario) cambia radicalmente la relación de fuerza entre la oligarquía colombiana y la clase trabajadora. En efecto, la relación de fuerza entre los partidos y movimientos de extrema derecha y la clase trabajadora no puede ser estructuralmente modificada sino a medida que se establezcan las alianzas de la clase obrera y campesina con las demás clases y fracciones de clase populares y media, por lo tanto, a medida de la cimentación del “pueblo” contra la oligarquía y sus aliados protofascistas y lumpen.


El ejercicio democrático formal en Colombia tiene una historia no mayor a un siglo. Durante los procesos electorales la abstención registra un promedio del 52 por ciento y el voto por los candidatos de izquierda promedia 13,2 por ciento. En las elecciones presidenciales de 2018 la abstención descendió a 47 y el voto por la izquierda aumentó a 42 por ciento (Gráfico 4). Los resultados de procesos sociales cada vez más activos y demandantes de mejores condiciones de vida y democracia real, así como los resultados electorales de los últimos comicios presidenciales, como evidencia empírica, muestran un mayor grado de conciencia política y de confluencia de los movimientos sociales inspirados en la creación de nuevas formas de existencia humana y de desarrollo sostenible. En esta dinámica, las elecciones presidenciales de 2022 se ubican en medio de una coordenada espacio-temporal favorable a los programas de la izquierda democrática, con opción de ser gobierno por primera vez desde que existe el sufragio universal en el país.


No obstante, según la experiencia internacional –desde el mismo surgimiento del fascismo en los años 20 y 30 del siglo XX, y con lo que está en curso en Estados Unidos, Brasil y varios países europeos, podemos decir que la sociedad entra en un periodo de polarización hacia los extremos en el campo de la lucha política e ideológica de las clases sociales. También es muy posible un mayor giro a la derecha de las facciones que se ven amenazadas en sus ideologías y estatus sociales, propiedad y seguridad. La actual crisis económica-financiera, acelerada y profundizada por el covid-19 estimulará el fortalecimiento o resurgimiento de los grupos insurgentes, así como del paramilitarismo, organizaciones criminales y de la lumpen oligarquía, a la par de la delincuencia de todo tipo, lo que abre una ventana para una propuesta de mano dura que garantice tranquilidad –seguridad, a la par de recuperación económica y la fantasía de un retorno a la “normalidad” perdida. El uribismo, expresión de la extrema derecha fascista y lumpen, sabe moverse en esas aguas.

 

*** De acuerdo con los resultados de la encuesta ‘Coronavirus, perspectivas del consumidor de Colombia’, elaborada por McKinsey & Company, entre el 29 de abril y el 4 de mayo del presente año.

 

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Qué se sabe y qué no de la nueva variante del coronavirus

Lo que preocupa de la mutación detectada en el Reino Unido es la velocidad con que se propaga. Argentina, como otros países, decidió cancelar los vuelos con Gran Bretaña, donde se impusieron fuertes restricciones. Los científicos buscan descifrarla para determinar su verdadero impacto.

Una nueva variante de coronavirus fue identificada en Reino Unido y levantó las alertas en todo el mundo. El temblor fue tal que las acciones en las bolsas europeas cayeron, al igual que el petróleo. El patógeno se propagó con velocidad y obligó a las autoridades británicas a imponer severas restricciones, al tiempo que buena parte de las naciones se vieron obligadas a suspender el vínculo con ese territorio. El gobierno argentino hizo lo propio y canceló los vuelos que unen Buenos Aires y Londres. En el presente, los equipos científicos europeos trabajan contrarreloj con el objetivo de poder reunir más información, pero --como es natural todavía-- hay muchos aspectos que, sencillamente, se desconocen. Al parecer, circula desde septiembre y es un 70 por ciento más contagiosa, aunque no se sabe si la enfermedad que genera es más grave o causa más muertes. La gran incógnita es determinar la utilidad de las vacunas en marcha. Uno de los referentes de la Sputnik V aseguró que es igual de eficaz con la nueva variante.

A pesar de las dudas y la incertidumbre generalizada, desde la Organización Mundial de la Salud afirmaron que la situación “no está fuera de control” e instaron a los Estados a continuar con la aplicación de medidas sanitarias (aislamiento, uso de barbijo e higiene) que ya demostraron eficacia a lo largo de estos meses. Michael Ryan, el responsable de emergencias sanitarias de la OMS, apuntó en conferencia de prensa: "Hemos registrado un R0 (tasa de reproducción del virus) mucho más elevada que 1,5 en diferentes momentos de esta pandemia, y lo hemos controlado. Esta situación, en ese sentido, no está fuera de control". De esta manera, colocó paños fríos e intentó llevar un mensaje de tranquilidad. La ansiedad brota cuando la información escasea: a continuación, los aspectos claves que deben tenerse en cuenta.

Lo que se sabe

Para empezar, ¿qué es una nueva variante del coronavirus? De la misma manera que los humanos cuentan con su ADN, el Sars CoV-2 tiene un material genético: el ARN. Es algo así como “un manual de instrucciones” que le indica al patógeno cómo replicarse y está conformado por 30 mil letras. En alguna ocasión, el virus cambia de letra, es decir, “muta”. Con claridad lo explica Daniela Hozbor, bioquímica e investigadora principal del Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata: “La identidad del virus está dada por su material genético que, en este caso, es un ARN con un tamaño de 30 mil letras. Cuando se multiplica al interior de las células del huésped, se producen equivocaciones en la lectura de esas letras. Así es como surgen las mutaciones, que pueden producir cambios importantes o no necesariamente”. Después continúa: “Si las modificaciones le resultan beneficiosas al virus, luego le permiten seguir replicándose. Lo que ocurrió con esta variante es que acumularon muchas modificaciones que le resultaron benéficas para su ciclo viral”.

La diferencia con la variante de Sars CoV-2 anterior se halló en 29 mutaciones de las 30 mil letras que --como se apuntaba-- conforman el texto genético del virus y se concentran en la proteína S (Spike), que opera como puerta de entrada del patógeno a las células que ingresa e infecta. En esta línea, el nuevo virus es --al menos un poco-- distinto al antiguo. Esta variante, a priori, se transmitiría con un 70% más de velocidad --con lo cual se incrementaría la tasa de contagios-- y también se sabe que ya está circulando desde septiembre. De hecho, de los nuevos infectados reportados por el ministerio de Salud británico, el 62% fue contagiado con la nueva variante del Sars CoV-2. Con esa cifra, se volvió evidente cómo fue reemplazando paulatinamente a la anterior; no obstante, ello no implica que sea más infectiva.

Bajo esta premisa, en un documento confeccionado por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), se destaca lo siguiente: “Modelos matemáticos, en los cuales no está ponderado el impacto de la falta de adherencia a las medidas de distanciamiento, sugieren que esta variante podría ser un 70% más transmisible que las variantes que circulaban anteriormente”. Y al respecto del posible incremento en la gravedad de las infecciones, postula: “La información disponible sobre la gravedad de las infecciones causadas por la nueva variante del virus es limitada. Hasta la fecha, no hay indicios de aumento de la gravedad de la infección en relación con la variante. Estos datos presentan como limitantes que la mayoría de los casos asociados a la misma se detectaron en personas menores de 60 años, que tienen menos probabilidades de desarrollar síntomas graves”.

Aun no se sabe si la enfermedad que ocasiona la variante reportada en Reino Unido es más grave o genera más muertes. Otras variantes no han generado una diferencia en este punto. Sin embargo, si se confirmara el hecho de ser más contagiosa ya sería suficiente problema porque uno de los grandes cuellos de botella durante la pandemia ha sido la disponibilidad de camas de terapia intensiva y la de recursos críticos como respiradores. Si hay más enfermos, las instalaciones e insumos --que son finitos-- comienzan a escasear.

¿Cómo suceden las mutaciones?

No es la primera mutación que ocurre; en contraposición a ello, son mucho más habituales de lo que se cree. De hecho, la cepa que originó todo en Wuhan (China) es diferente a la que circula en el presente. “Para estudiar las mutaciones lo que se suele hacer es un árbol genealógico. El objetivo es saber de dónde vino y hacia dónde está yendo. En el presente se analiza desde muchos puntos de vista cómo es que va cambiando el genoma del virus y sus implicancias. Todos los países realizan una vigilancia de ese estilo, Argentina no está exenta. Hay una iniciativa que se denomina Proyecto País liderado a nivel doméstico por la doctora Mariana Viegas”, cuenta Hozbor. Aunque en este caso no saben en dónde se originó, los equipos científicos pudieron afirmar --como ya se ha señalado-- que circula desde septiembre. Con lo cual, aunque suspender los vuelos provenientes desde Gran Bretaña es una decisión correcta, lo más probable es que la nueva variante del Sars CoV-2 ya se encuentre en varios países que tuvieron flujo migratorio con éste durante los últimos meses.

Según las hipótesis propuestas a la fecha, pudo haber surgido de pacientes con un sistema inmunológico debilitado, que hayan generado las condiciones adecuadas para que el patógeno se modificara. Por estos días, incluso, existe una variante que fue reportada en Sudáfrica y cuenta con características muy similares a la nueva de Reino Unido. De acuerdo a lo que han advertido desde la cartera sanitaria de la nación africana, es más contagiosa en individuos jóvenes y que desarrollan cuadros de la enfermedad más graves sin tener enfermedades preexistentes. ZweliMkhize, el titular de la cartera, informó que "una variante del virus SARS-COV-2, actualmente denominada Variante 501.V2, fue identificada por los científicos genómicos” de allí. Y lo que aún significa más: “Las pruebas que se recopilaron sugieren claramente que la segunda ola actual que estamos experimentando está siendo impulsada por esta nueva variante”, añadió.

¿Las vacunas funcionarán o serían menos eficaces?

Cuando el mundo respiraba por primera vez en este 2020, la noticia de la nueva variante parece complicarlo todo de nuevo. Las vacunas para el Sars CoV-2 ya están siendo aplicadas (EEUU, Reino Unido, China, Rusia) y en otros países ya están en camino; sin embargo, aún no se sabe con certeza si todas podrían servir para proteger a la población mundial de la variante emergente. Bajo esta premisa, Kirill Dmitriev, CEO del Russian Direct Investment Fund (RDIF), referente principal de la producción de la vacuna que llegará a Argentina, apuntó con rapidez de reflejos: "Según nuestra información, Sputnik V será tan eficaz contra la nueva variante de coronavirus que se encuentra en Europa como contra las cepas existentes". Y agregó: "Sputnik V ha demostrado su eficacia durante un período de tiempo a pesar de las mutaciones anteriores del virus".

Para Hozbor es momento de desplegar nuevas líneas de análisis y ensayos. “Al respecto de las vacunas, deberían enfrentar a esta nueva variante con los sueros de los individuos vacunados. De esta manera, los equipos científicos que llevan adelante las pruebas para las diferentes drogas podrían chequear qué capacidad neutralizante tienen. Todo está por verse”. Mientras tanto, los acontecimientos suceden tan rápido que toda afirmación corre el riesgo de volverse provisoria.

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Rusia admite que la era del petróleo ha pasado y vira su estrategia energética hacia las renovables

El imperio de los combustibles fósiles toca a su fin. Así lo proclama el Kremlin, el mayor exportador de energía del mundo, si se contabilizan sus ventas de gas y de petróleo. "El techo del consumo ha pasado y los riesgos [productivos y del mercado] irán en aumento", dice su ministro de Finanzas, Vladimir Kolychev, quien revela un giro estratégico hacia las renovables.

 

Arabia Saudí fue el pionero del cártel de la OPEP en poner en solfa la supremacía del petróleo como fuente de energía global. Asentada al calor de la revolución industrial de finales del siglo XIX y durante toda la centuria pasada. Con creciente peso geoestratégico. La Visión 2030 de su príncipe heredero, Mohamed bin Salman (MbS), esbozó, hace dos años, una hoja de ruta para, a lo largo de la década venidera, cambiar la fisonomía de una nación, fundada en 1932, bajo un tratado de legitimidad entre la Casa Saud y el clero wahabí, y acabar con la crudo-dependencia; es decir, poner el epitafio a la casi total monopolización de ingresos por hidrocarburos en este petro-Estado.

Todo un desafío socio-cultural en el mayor productor de crudo y en el país con las más amplias reservas de oro negro conocidas que ha incluido la llegada de capital privado en los 2 billones de dólares de la venta del 5% de Aramco, primera corporación del planeta, y la puesta en escena de un fondo soberano, de otros 2 billones de dólares, en el que han entrado, no sin contratiempos inversores, firmas como tecnológicas como Apple, Google, Microsoft y fondos de inversión como Berkshire Hathaway. El rival petrolífero saudí en el mercado, y contrapeso en los cónclaves de la ampliada OPEP + pasa ahora a la acción. Porque Rusia está preparando el terreno para un escenario sin los carburantes fósiles como su fuente prioritaria de energía. Empresa de igual calado que la de su contrincante saudí, ya que implica una transformación diametral del patrón de crecimiento y del sistema productivo ruso.

Las palabras de Kolychev han causado perplejidad. No son el modus operandi del Kremlin. Entre otras razones, por el reconocimiento de que los tiempos dorados de la base de subsistencia más importante de la segunda potencia nuclear y que inculcó a principios del milenio la energía como arma estrategia de su política exterior, han pasado a la historia. Y, con ello, su fuente prioritaria de ingresos. Pero también porque la todopoderosa voz de Vladimir Putin hablaba el pasado mes de octubre de que la catapulta exportadora de la energía rusa se afianzaría en los próximos años en la creciente demanda de las naciones asiáticas y, en apoyo de su discurso, desde el Ministerio de Economía se pronosticaba que el techo del consumo de crudo en el planeta no llegaría hasta 2045.

Kolychev también avanzó que su departamento baraja varios horizontes futuros con unos niveles de demanda fluctuantes. Pero que todos ellos se canalizarán bajo una misma premisa: la búsqueda de un modelo consolidable, garantista y sólido de los beneficios que reporta a las arcas rusas su poderoso sector energético y la creación de un fondo de contingencia para épocas de vacas flacas en la cotización del petróleo como a actual. La explicación del ministro va en la dirección marcada por Putin, que ha prometido en los últimos años rebajar la crudodependencia del país y asentar una estructura energética sostenida con fuentes renovables. Las ventas de gas y petróleo sustentan más de la tercera parte de los ingresos presupuestarios rusos.

El envite de Kolychev ha sido, cuanto menos, oportuno. Los confinamientos sociales derivados de la Covid-19, la hibernación económica que ha llevado a la recesión global más profunda en tiempos de paz y las restricciones a la movilidad han acelerado las cruzadas contra la catástrofe climática. British Petroleum (BP) ha sido la primera supermajor en asumir, el pasado septiembre, la tesis a la que ahora se acoge el titular de Finanzas ruso: el consumo de crudo no volverá nunca a los niveles vistos antes de la pandemia. Mientras desde China se ha acelerado las políticas de transición energética, la Administración Biden prepara su Green New Deal y Europa ha puesto una velocidad más a su crucero para llegar a metas más ambiciosas en su objetivo de conseguir emisiones netas de CO2 cero.

Rusia podría estar sopesando una táctica de sincronización en este ámbito con los tres grandes bloques económicos y comerciales. Porque, al inicio de diciembre, Putin designó a Anatoly Chubais, ex responsable de Rusnano, como su máximo asesor en cambio climático. El Grupo Rusnano es una institución rusa de desarrollo de la innovación creada en el marco de la iniciativa presidencial denominada Estrategia para el desarrollo de la industria de la nanotecnología, creada en 2011, cuya misión es configurar un tejido industrial competitivo con la nanotecnología como propulsora, y que ha focalizado la mayor parte de sus inversiones en las energías sostenibles. Chubais ha sido una de las voces más críticas de la política energética actual de Rusia, así como a su benevolencia para con las medidas de lucha contra el cambio climático. Entre sus embestidas dialécticas figura un peligro, a su juicio, latente: los descensos bruscos y continuados del petróleo son una amenaza contra la seguridad nacional.

La cuota de renovables en el mix energético ruso se sitúa por debajo del 1%. Es decir, tiene un enorme trecho por recorrer en la carrera de la sostenibilidad. Porque, entre otras razones, aún destina la mayor parte de sus recursos en tareas de exploración y prospección petrolíferas; sobre todo, en el Ártico. Desde think-tanks como el Skolkovo Energy Center de Moscú se advierte de que el dinamismo económico del país podría limitarse a un pírrico crecimiento del 0,8% del PIB en las próximas dos décadas si Rusia no logra adaptarse a las demandas de energías alternativas a los combustibles fósiles. "La economía rusa está claramente al margen de la extrema gravedad por la que atraviesan los hidrocarburos", afirma a Bloomberg Natalia Orlova, economista jefe de Alfa-Bank en la capital moscovita. "Ni el Kremlin ni las empresas tienen una comprensión nítida de la dirección que debería tomar Rusia si desea abandonar su dependencia de una energía todavía sin una fecha de caducidad, pero con los días contados".

Los expertos advierten que el dinamismo económico de Rusia podría limitarse a un pírrico crecimiento del 0,8% del PIB en las próximas dos décadas si no logra adaptarse a las demandas de energías alternativas a los combustibles fósiles. 

Inversiones billonarias en la industria petrolífera

Uno de los puntos de mayor fricción entre la Administración Trump y el Kremlin deja entrever la enorme trascendencia que Putin ha otorgado a su industria energética. El llamado Nord Stream 2, el gaseoducto que debería haber conectado, a finales de este año, la costa rusa del Mar Báltico con el litoral alemán a través de sus 1.230 kilómetros -y que la Gran Pandemia ha retrasado sine die, pero con visos de poder abastecer el mercado germano a corto plazo. El líder republicano llegó a advertir de que "Berlín comete un tremendo error por su dependencia no forzada hacia Moscú".

No sólo Washington mostró su preocupación. También varios aliados de la OTAN dieron rienda suelta a sus críticas hacia la canciller Angela Merkel por persistir en un proyecto que va a duplicar la capacidad de suministro del gas natural ruso al mercado alemán con el Nord Stream original, que abrió sus espitas en 2011. Incluso persisten todavía las amenazas de sanciones estadounidenses, cuando se han reanudado las obras del último tramo, en suelo germano. Entre peticiones oficiales de la Casa Blanca para detener su finalización.

El gaseoducto en construcción es una joint-venture entre el gigante ruso Gazprom y Royal Dutch Shell, a las que se han unido otros cuatro grandes inversores, que han contribuido con la mitad de los 9.500 millones de euros de su coste total. Iba a entrar en funcionamiento en 2019, pero las presiones del gabinete Trump forzaron al grupo suizo Allseas, uno de sus principales contratistas, a retirar los buques con los que realizaban las conexiones en el trazado del gaseoducto, que incluía la penetración en aguas jurisdiccionales danesas.

La entente germano-rusa busca, según Berlín, asegurar unos costes de abastecimiento barato y una mayor diversificación de las exportaciones energéticas rusas, como reconoce el emporio gasístico Gazprom. Antes de la puesta en marcha del primer gaseoducto, Rusia enviaba a través de Ucrania las dos terceras partes de sus ventas de gas a Europa. Pero la invasión de la Península de Crimea y las disputas diplomáticas con Kiev dejó a Gazprom expuesta a un colapso.

A raíz, en particular, del cierre del grifo energético decretado por el Kemlin durante trece días en invierno de 2009. La búsqueda de nuevos mercados ha presidido la política energética de Moscú que, en la actualidad, sigue siendo demasiado restringida, dado que sólo catorce países reciben más del 50% de la producción de gas rusa. La salida del Nord Stream 2 ha ofrecido a Gazprom un balón de oxígeno, a pesar del acuerdo con Kiev para mantener activo el gaseoducto ucraniano hasta, al menos, 2024.

La Administración Trump interpreta esta alianza energética ruso-alemana como un intento de Putin de tener en cautiverio a la UE. E, incluso, voces republicanas como la de Ted Cruz, su senador por Texas, llegó a advertir que, de culminarse la obra, era una amenaza contra la seguridad nacional de EEUU. Frente a la dialéctica alemana y de otros países del norte que se afanan en asegurar que era una iniciativa que inculcaría más competitividad al negocio del gas licuado y una alternativa para solventar el descenso productivo de este combustible en el Mar del Norte y Holanda.

Gazprom afirma que su cuota de suministro de gas representaba en 2019 el 35,5% de la demanda europea. Sus contratos tradicionales se dirigen a Finlandia, Letonia, los países balcánicos, Bielorrusia, pero su intención es asentar el abastecimiento en los mercados occidentales del centro y del norte europeos, que también reciben gas de Noruega, Qatar, países africanos y Trinidad y Tobago. Incluso, antes de la Gran Pandemia, adquirían gas de EEUU, a unos precios reducidos por la caída, ya entonces, de su demanda energética. La Casa Blanca ha dado especial trascendencia en los últimos años a la pasarela de buques de suministro de gas a través del Atlántico.

El Kremlin, que ha tardado seis semanas en reconocer la victoria de Joe Biden, hasta el efectivo reconocimiento de su triunfo por parte del Colegio Electoral federal, ha activado las alarmas por el cambio de Administración en EEUU. Sus altos cargos y analistas del Consejo de Seguridad han planteado al presidente ruso varios escenarios de hostilidades para cuando el nuevo inquilino se instale en la Casa Blanca, a partir del 20 de enero. Evalúan y tratan de dibujar reacciones a las estrategias que el equipo de Biden deslizará en su relación con China, las armas nucleares y, por supuesto, su política energética, además de la táctica sancionadora sobre conflictos geopolíticos y su tacticismo en torno a Rusia. De hecho, el director del FBI, Christopher Wray, el octavo desde 2017, considera que Putin ha implantado una "muy activa" campaña para desacreditar a Biden, con la hipotética división ideológica con el poder legislativo de un partido, el republicano, poco o nada proclive a buscar puntos de entendimiento en los próximos cuatro años.

Moscú teme el efecto boomerang de EEUU con el dirigente demócrata en asuntos que, con Trump, eludieron el escándalo por su sintonía con Putin, como el final de la era de los acuerdos de no proliferación de armas nucleares. Con Biden, el Kremlin no descarta que Rusia se vuelva a erigir en el rival de mayor carga geoestratégica para Washington, frente al señalamiento de China como gran riesgo para la hegemonía americana de la presidencia republicana. Con Biden, "se consolidaría la red de influencias e intereses con Europa, reverdecería la plataforma anti-rusa", pronostica Andrey Kortunov, responsable del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, vinculado al Kremlin. En torno a la OTAN, que ha elevado el tono varias ocasiones, a instancias de los socios del Este, especialmente, en los últimos años, por la sucesión de maniobras navales rusas en el Báltico, además de los ejercicios conjuntos desplegados junto a China. A donde Moscú ha redirigido sus exportaciones de gas y petróleo, haciendo uso de la energía como mecanismo de su acción en el exterior para fortalecer lazos geoestratégicos de primer orden con Pekín.

Diversificación para influir en la OPEP+

La necesidad de reconfigurar el modelo energético -y exportador- ruso también pretende forjar el asentamiento del Kremlin durante el incierto periodo de transición hacia la neutralidad y las emisiones netas cero de CO2 que parece haberse impuesto en los últimos meses en el planeta. En el que el crudo y el gas todavía tendrán su protagonismo. De su éxito en el futuro a corto y medio plazo dependerá, en gran medida, la capacidad de influencia de Rusia en el seno del cártel petrolífero; su poder de contrapeso frente a Arabia Saudí.

En medio de la fuerte, fluctuante y volátil cotización del oro negro en una época, dice el consenso del mercado, marcada por caídas de demanda. Y que mantiene el precio del barril en este tramo final de 2020 entre los 47 dólares del West Texas Intermediate (WTI), en el mercado americano, y los 50 del Brent, de referencia en Europa. Tras experimentar descensos dramáticos al inicio de la epidemia, con valores del WTI negativos el pasado mes de marzo. La reactivación, aunque modesta, de la cotización durante la Gran Pandemia, "nunca se hubiera consumado sin la cooperación conjunta de Riad y Moscú", que han actuado bajo la "misma longitud de onda" durante estos meses para rebajar las cuotas productivas de la OPEP+ asegura Harry Tchilinguirian, estrategia en BNP Paribas, que pusieron en liza medidas de compensación a socios de la organización como Nigeria, Angola o Kazajistán para que cumplieran con sus recortes; además de permitir retrasos en esta decisión a naciones como Irak.

Los sacrificios de bloquear los flujos de crudo al mercado son los riesgos futuros de los que habla el titular de Finanzas ruso. Pero han sido determinantes para adecuar la oferta al retroceso de la demanda. Y justifican el giro energético de Arabia Saudí y Rusia que proclaman sus autoridades. Antes, en el caso de Riad, y durante, desde Moscú, la Gran Pandemia. Porque 2020 ha sido el año en el que el crudo ha claudicado en su intento de sostener el precio del barril por encima de los 80 dólares, objetivo declarado de ambos países.

La Covid-19 ha acelerado la tendencia transformadora. A la que Rusia se acaba de subir. Porque los cambios hacia la sostenibilidad apuntan a que serán permanentes. Y, si el avance tecnológico y las metas hacia la neutralidad energética, como parece, se adelantan, los contratos de crudo y gas caerán en algún momento, en los tiempos venideros, a plomo. Es la segunda lectura de los estudios que maneja BP. En el que se decanta por descensos de demanda oscilante a lo largo de la década que da comienzo -y descontando el inicio del ciclo de negocios post-Covid- que se irán intensificando en los siguientes diez ejercicios, una vez se puedan certificar las reducciones de emisiones en las economías que están virando sus sistemas productivos hacia la transición a las energías limpias.

En línea con los designios de autoridades como Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, para quien el retorno a la actividad tras la Gran Pandemia "no será con las mismas directrices económicas, sino en modelos diferentes a los tradicionales". BP, en otra clara señal con varios destinatarios potenciales, entre ellos Moscú, asegura que más de la mitad de la demanda global a largo alcance será en el segmento del transporte, donde el vehículo eléctrico, ha tomado la delantera. Mientras las capitales que han apostado por convertirse en Smart Cities han declarado la guerra a los combustibles fósiles en sus políticas de movilidad y conectividad.

La estrategia de Rusia encierra un interés por seguir influyendo en los precios del crudo esta década, mientras diversifica sus exportaciones de petróleo y gas, y decide si se adentra en un cambio de sistema productivo que dé protagonismo a las renovables.

21/12/2020 07:57

 

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Domingo, 20 Diciembre 2020 05:46

Trump termina, arranca el trumpismo

Trump termina, arranca el trumpismo

Un arsenal político de 200 millones de dólares y 25 millones de votantes 

 

Donald Trump finalmente perdió las elecciones, pero sigue invulnerable en su discurso de que se las robaron, de que hubo fraude. Esta mentira no es casual ni boba, es un manifiesto a futuro que varias encuestas indican convence a por lo menos un tercio de sus electores, algo así como 25 millones de personas. Trump deja el gobierno como una víctima de poderes ocultos, del "estado profundo", de las elites eternas. Este relato lo deja como un ángel caído que se sacrificó por su pueblo y puede ser más que suficiente para fundar algo inesperado en el paisaje anómico de la política de Estados Unidos, un movimiento con base popular. Trump se acabó y ahora puede arrancar el trumpismo.

Allá al norte y en inglés se puede encontrar casi todo en el menú político. Hay maoístas, hay situacionistas, hay yippies, hay nazis de toda laya y socialistas que sueñan con Suecia o la vieja URSS. También hay partidos con nombres como El Alquiler es Muy Caro o el Partido de las Familias Trabajadoras, con plataformas y militancias muy atinadas y comunitarias. Pero todo esto termina siendo ínfimo frente al eterno bipartidismo de Republicanos y Demócratas, dueños del 99 por ciento de la imaginación política del país.

Estos dos partidotes tienen una raíz moderada, comparten una negativa absoluta a cambiar el sistema y generan liderazgos francamente anodinos. Joe Biden no es ni remotamente tan anodino como Mike Pence, que parece un astronauta que nunca voló al espacio, pero está en esa frecuencia. Kamala Harris mueve el amperímetro por ser mujer y minoría étnica, pero sus ideas políticas la dejarían muy cómoda en el Senado de Raúl Alfonsín. Sólo Bernie Sanders propuso algo nuevo y hasta dijo la palabra maldita, "socialismo", y perdió la interna de su propio partido, que eligió por mucho a Biden.

Los demócratas siguen hablando de Franklin Delano Roosevelt porque fue el último líder carismático que tuvieron. Los republicanos siguen hablando de Ronald Reagan por lo mismo. Pero ni siquiera estos dos, que dejan en la sombra a figuras como Eisenhower, Johnson, Clinton, Nixon, Ford, todos los Bush y hasta a Obama, que tuvo la chance de trascender, se arriman a Trump en el nivel de magia. Trump es amado de un modo irracional y odiado con furia. Trump miente diciendo exactamente lo que sus amantes quieren oir, y no importa que sea mentira. Es porque Trump dice una verdad meridiana, que la mayoría de los norteamericanos no cuentan excepto como mercado consumidor. Sobre esta base le ganó al establishment republicano y ganó en 2016. Su frase de que podía balear a alguien en medio de la calle y no iba a perder ni un voto es exacta. Con esa impunidad desarmó todo lo que pudo del estado y se puso a hacer cosas como un muro con México.

Al día siguiente de las elecciones, Trump empezó a recaudar para pagar abogados. Juntó doscientos millones de dólares en cosa de días pese a que los grandes donantes del partido se hicieron los distraídos. Millones de donantes le mandaron lo que podían y aunque Rudy Giuliani haya cobrado mucho como abogado, esa plata alcanza para una campaña. También se arregló para poner como presidente del Comité Nacional Republicano a Ronna Romney McDaniel, la hija de Mitt Romney, el ultraconservador senador por Utah que perdió la interna con él. Ronna es un cuadro de la derecha más conservadora y está al frente de una institución muy útil a la hora de las primarias, las internas partidarias que determinan quién es candidato.

Y acá viene la herramienta fundacional del trumpismo, la de sacarse del medio a los diputados y senadores nacionales o estaduales, a los gobernadores y concejales, que sean "blandos", que no estén con Trump. Con 25 millones de seguidores hasta en el llano, con doscientos millones para hacer política, con gente que le debe favores en todo el aparato partidario, Trump tiene su propio Tea Party listo para 2022. El Tea Party fue el que inventó esto de correr por derecha a los moderados. Terminó desapareciendo porque le faltó un liderazgo carismático.

Que es exactamente lo que hay ahora.

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Mueren decenas de agricultores en las protestas de India

LEYES AGRÍCOLAS EN INDIA

Según cifras oficiales al menos 25 manifestantes han muerto en las tres semanas de protestas, mientras que el primer ministro, Narendra Modi, ofrece "muy humildemente" mantener más conversaciones para romper

 

Al menos 25 personas murieron, varias de ellas debido al frío punzante, durante las tres semanas de protesta de los agricultores y agricultoras en las fronteras de la capital india, dijo la policía, mientras el primer ministro Narendra Modi ofrece "muy humildemente" mantener más conversaciones con el granjeros protestando.

El líder campesino Darshan Pal le dijo a Al Jazeera que “el número de muertos podría llegar a 35”. Dijo que murieron en la lucha contra las “leyes negras [agrícolas]” que erosionarán sus ingresos y ayudarán a las grandes corporaciones.

Al menos cinco agricultores murieron en accidentes cuando se dirigían a unirse a las protestas, dijo Ashutosh Mishra, portavoz del Comité de Coordinación de All India Kisan Sangharsh.

Los agricultores, muchos de ellos en sus sesenta años o más, han estado desafiando el duro invierno del norte de la India para acampar al aire libre con sus tractores y remolques estacionados parachoques contra parachoques.

Las olas de frío que azotan el norte de la India con temperaturas que caen en picado a tres o cuatro grados por la noche han empeorado la situación, dijo Mishra.

Modi ’Humildemente dispuesto a hablar’

Decenas de miles de agricultores, en su mayoría de Punjab y Haryana, han estado estacionados en varias carreteras en las fronteras de Nueva Delhi desde fines de noviembre para exigir la revocación de las nuevas leyes destinadas a flexibilizar las normas que rigen sobre precios, almacenamiento y comercialización de cultivos.

Los agricultores advierten que las empresas privadas se beneficiarán y dictarán las condiciones para actividad agropecuaria. Y temen que el gobierno deje de comprarles granos como el trigo y el arroz a un precio mínimo garantizado.

Modi defendió el viernes las leyes e invitó a los agricultores que protestaban a más conversaciones, a pesar de que varias negociaciones no lograron romper el enfrentamiento.

Después de una serie de reuniones previas con los ministros de Modi, los manifestantes han dicho solo la anulación oficial de las tres leyes podrá cambiar su posición.

El viernes, en declaraciones a los agricultores del mayor estado productor de trigo del país, Madhya Pradesh, Modi dijo que "no debería haber motivo de preocupación" y repitió la posición del gobierno de que los agricultores tendrían asegurado un precio.

"Las modernas instalaciones disponibles para los agricultores de las principales naciones también deberían estar disponibles para los de la India, no se puede retrasar más", dijo.

"Aún así, si alguien tiene alguna aprensión, y en interés de los agricultores del país y para abordar sus preocupaciones, estamos muy humildemente dispuestos a hablar sobre todos los temas".

Rakesh Tikait, un líder campesino, dijo después del discurso de Modi que el primer ministro estaba tratando de privatizar la agricultura para beneficiar a las empresas y no a ellas.

Un gran conflicto obrero

El Gobierno de Modi ha venido desarrollando un fuerte perfil nacionalista, xenófobo y racista hacia musulmanes, paquistaníes y, también aprovechando la confrontación con China, para intentar soldar una unidad nacional reaccionaria para avanzar el un ataque sobre los trabajadores. Modi aprovechó la pandemia para avanzar en los planes de liberalización del campo y con leyes laborales de corte neoliberal. El coronavirus a su vez ha golpeado fuertemente en India ubicándolo como segundo a nivel mundial en cantidad de casos y fallecidos.

Las explosivas manifestaciones muestran la dificultad que enfrenta el gobierno indio para aprobar reformas económicas en un sector donde hay enormes intereses capitalistas. También es un ejemplo de una tendencia emergente en la que el gobierno del primer ministro Narendra Modi se ha metido en problemas después de aprobar leyes importantes unilateralmente

La protesta de agricultores y agricultoras contra las nuevas leyes agrícolas se ha convertido en un conflicto obrero de gran magnitud contra el gobierno de Narendra Modi, dándole continuidad a la huelga más grande del mundo que paralizó la producción de 250 millones de trabajadores.

el estancamiento.

La Izquierda Diario // Agencias

Con información de Al Jazeera.

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Viernes, 18 Diciembre 2020 05:50

La mira puesta sobre los ricos

 El 1 por ciento más rico de la región concentra el 41 por ciento de la riqueza.  ________________________________________ Imagen: Leandro Teysseire

Latindadd recomienda aplicar un impuesto a la riqueza en toda la región

La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social realiza un recorrido sobre la desigualdad en América Latina y los mitos alrededor de esta tributación. 

 

Bajo el título "Ahora o Nunca", un informe elaborado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) realiza un recorrido sobre la desigualdad social estructural de América Latina y los mitos alrededor de la tributación para justificar la aplicación de un impuesto a la riqueza en toda la región, que podría "recaudar un mínimo de 26.504 millones de dólares al año entre una veintena de países, suficientes para combatir el hambre en personas de extrema pobreza o garantizar la cobertura universal y gratuita a la vacuna contra la Covid-19", asegura el informe.

Una de las  causas por las cuales el efecto de la Covid-19 en América Latina es especialmente peligroso es que impacta sobre la sociedad más inequitativa del mundo en la distribución del ingreso: el 1 por ciento más rico de la región concentra el 41 por ciento de la riqueza, y el 10 por ciento más rico concentra el 72 por ciento. Otra causa que menciona el informe son los altos niveles de informalidad laboral (54 por ciento de los y las trabajadoras de la región). Si a este escenario se le suman 45 millones de nuevos pobres, el cierre de 2,7 millones de empresas formales y una caída del PIB regional de 9,1 por ciento; las posibilidades de revertir la situación son cada vez más lejanas. 

"Las bajas presiones tributarias dan como resultado Estados nacionales con poca capacidad de incidir en la distribución del ingreso, en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales y, por lo tanto, también en la respuesta a la crisis. Ante la pandemia se ha hecho evidente el importante rol que juega el Estado para la garantía de los derechos y la protección de la población no solo para las personas más vulnerables sino para la sociedad en su conjunto", puntualiza el informe. 

Con la visibilidad  que la crisis económica mundial dio a problemáticas sociales que estaban naturalizadas en muchos países, crecieron los reclamos sociales para lograr una mayor equidad ante la creciente desigualdad. Y estos reclamos ponen en el centro de la escena la necesidad de sistemas tributarios acordes a este objetivo. Hubo un consenso general en la comunidad a favor de los mismos: desde economistas que en general se manifiestan a favor de la equidad como Thomas Piketty, hasta organismos multilaterales que no suelen apoyar este tipo de políticas como el FMI o la OCDE. En la práctica muchos países comenzaron a tratarlo: en Argentina está aprobado, pero también Perú, Bolivia y Chile presentaron proyectos de ley al respecto.

Es un mito

Con su tratamiento también renacieron mitos históricamente instaurados para proteger el patrimonio de los ricos:

- Los impuestos a la riqueza reducirán el ahorro, la inversión y, por tanto, el crecimiento: El informe intenta rebatirlo citando a los premios Nobel de Economía Banerjee y Duflo (2020), que establecen que “no hay evidencias de que las rebajas de impuestos de Reagan o el aumento de la tasa marginal de Clinton, o las rebajas fiscales de Bush, hicieran nada por cambiar la tasa de crecimiento de largo plazo”.

- Gravar el capital aumenta la fuga: "En Uruguay aplica un impuesto al patrimonio desde 1967 con modificaciones y variantes en las tasas y en los montos imponibles. Siempre estuvieron grabadas las empresas, las personas físicas y sucesiones indivisas. En ninguna de sus modificaciones de tasa o base imposible se ha podido mostrar una relación con la salida de capitales del país, a pesar de que ha mantenido una política abierta de entrada y salida libre de capitales",asegura.

- Los impuestos a la riqueza duplican el gravamen a rentas que ya habían tributado:  este fenómeno ocurre habitualmente en el sistema tributario. Por ejemplo, el salario de una trabajadora se grava múltiples veces (impuesto a la renta personal, contribuciones de seguridad social, el IVA u otros). "Esto sin embargo no genera rechazos por los grandes detractores de los impuestos sobre la riqueza", determina.

Finalmente, analiza posibles usos de la recaudación potencial resultante de la aplicación del impuesto, enfocadas a combatir el hambre y fortalecer el sistema de salud pública."La baja inversión pública dejó servicios públicos de baja calidad para millones que no consiguen romper las barreras de la desigualdad. Las necesidades son inmensas", concluye el informe. 

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