Colombia: ¿Cuántos y cómo somos? ¿Dónde estamos?

El Dane reveló, a principios del mes de julio de 2019, los datos oficiales del Censo de población y vivienda realizado durante 2018. De acuerdo con la entidad encargada de las estadísticas oficiales de Colombia, 48’258.494 es la cifra de las personas que habitamos el territorio nacional, un registro superior al estimado por la misma entidad en noviembre del 2018: 45,5 millones; pero mucho menos de los 50 millones que vaticinaban las proyecciones con base en el censo de 2005.

 

La polémica va para largo. La oficialización, el pasado 4 de julio, de las cifras arrojadas por el Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv-2018), motivó de inmediato su crítica por parte de funcionarios territoriales, como la gobernadora del Valle y el de Bolívar, así como el director de planeación de Bogotá y los alcaldes de Soacha y Cartagena. Según estos, el tamaño de la población que les establece el Censo en su jurisdicción es inferior a los registros oficiales de sus propias entidades.

La inconformidad no es casual: a menores cifras de población por departamento o municipio, menores serán los dineros que les transferirá el gobierno nacional para salud, educación, vivienda, servicios públicos, empleo, vías y demás asignaciones de subsidios y acceso a programas sociales. Otras voces críticas se sumarán con el paso de los días a esta inconformidad, toda vez que el impacto del Censo extenderá sus efectos en toda la gobernabilidad territorial.


Pero la polémica también se prolongará ya que aún falta por saber dónde habitan 4.094.077 de connacionales que no fueron censados pero sí identificados global y regionalmente de su existencia por la Encuesta de Calidad de Vida a cargo también del Dane. Viene ahora, por tanto, la realización de una evaluación de cobertura en todos los municipios del país, para saber en qué lugares están estas personas no empadronadas.
 
Las 4,1 millones de personas excluidas del censo fueron identificadas con la “Encuesta de calidad de vida” realizada entre octubre y diciembre de 2018, que no solo caracterizó la forma en que viven las personas en el país sino que sirvió de medición poscensal, pues en ella se les preguntó a los hogares si habían sido censados, “es a partir de ahí que podemos establecer la omisión”, señaló el director del Dane, Juan Daniel Oviedo. Según el funcionario, la omisión censal fue de 8,5 por ciento, cifra significativamente alta pues el promedio simple de la omisión en los censos ronda el 5 por ciento. Este ajuste, que hasta ahora se hizo a nivel nacional, debe replicarse también por ciudades. En Bogotá, por ejemplo, se censaron 7,2 millones de habitantes, pero aún no se sabe en realidad cuántas personas más viven en la capital. Lo cierto es que difícilmente ese número alcanzará las proyecciones que vaticinaban 8,1 millones de habitantes para 2018 (diagrama 1).

 

 



Por otra parte, el próximo 30 de septiembre saldrá al público la base de datos anonimizada (permite acceder a las respuestas en detalle, pero protegiendo la identidad de los encuestados) y las proyecciones para 2019, pues el censo se hizo con corte a 2018. Los resultados del censo modificarán a su vez otras operaciones estadísticas del Dane, como la gran encuesta integrada de hogares, que es la base para calcular el desempleo.

Una vez que se tengan todos los resultados oficiales, más las encuestas de hogares adaptadas al nuevo censo, todas las metas que usan valores absolutos poblacionales tienen que cambiar como, por ejemplo, la de pobreza monetaria, analfabetismo, tasa de homicidios, PIB per cápita, o número de médicos por habitante.

Con la nueva fotografía del país no solo se renovarán indicadores sociales en materia de salud, educación, empleo, vivienda o movilidad, entre otros, sino que también se podrán reasignar entre las regiones los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) o del Sistema General de Regalías (SGR). En general, cambiarían todos los indicadores que tengan como denominador común la población.

De manera adicional, el nuevo retrato de Colombia 2018 también tendrá repercusiones en la implementación de los Acuerdos de Paz porque habría que revisarse la asignación de recursos hacia los municipios que hacen parte de los priorizados para el posconflicto (municipios Pdet). Incluso, también podría afectar a la representación política en la Cámara de Representantes que depende de la cantidad de población de cada departamento.



¿Cuántos somos?

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (Cnpv) es la operación estadística más compleja e importante que hace el país, conducto por medio del cual se recoge información de las personas, hogares y viviendas en todo el territorio colombiano. Su propósito es el de establecer cuántos somos, dónde estamos y cuáles son las principales características socio-demográficas de la población residente habitual en Colombia.

El operativo comenzó en enero de 2018 con 41.097 encuestadores; la recolección de datos terminó en octubre del mismo año. Su realización costó $403.000 millones. El Cnpv 2018 abarca la totalidad del territorio nacional, correspondiente a 32 departamentos, 1.101 municipios, 20 áreas no municipalizadas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Tratando de calmar las demandas de información arrojada por este Censo, en octubre de 2018 el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, daba razones para explicar que la población de Colombia podría estar alrededor de 43,8 millones, cifra que sorprendió a todo el mundo por encontrarse bastante lejos de los 50 millones proyectados de acuerdo con la información del censo de 2005. En noviembre, la cifra defendida con argumentos técnicos fue 45,5 millones; al dato inicial se le sumaron 329.093 personas que habitan lugares especiales de alojamiento como, entre otros, los 123.434 presos (tanto hombres como mujeres) que hay actualmente en el país, según el reciente  censo de la población carcelaria realizado por el Inpec1. En julio de 2019, el Dane brinda nuevas razones para explicar que en realidad somos 48,2 millones, cifra resultante de cruzar los datos del censo con los de la encuesta de calidad de vida de 2018, y con la cual estamos más cerca de las proyecciones de 50 millones (Gráfico 1).

 



Es decir, como buen prestidigitador el director del Dane sacó de su sombrero, al igual que brotan conejos, 2,8 millones de personas adicionales entre noviembre de 2018 y julio de 2019, con el fin de aplacar la exasperación que provocaron las primeras cifras.

Frente al censo del 2005, cuando se realizó el último empadronamiento, la población pasó de 42’888.592 personas a 48’258.494 en 2018, esto es, en los trece años hubo un incremento de 5’369.902 habitantes; el crecimiento relativo intercensal fue de 12,5 por ciento (equivalente a un aumento poblacional promedio anual de 0,96 puntos porcentuales).



¿Dónde estamos y cómo somos?


Las características estructurales y la ubicación de la población también cambiaron en el tiempo de publicación de los diferentes reportes oficiales del Dane (cuadro 1). Las cifras definitivas muestra una tendencia hacia la concentración urbana de la población, el abandono de las grandes ciudades y la conurbanización resultante de la emigración hacia los municipios circundantes a las capitales, el cambio en la estructura por edades con propensión al envejecimiento, el fin del “Bono demográfico”, la concentración de la población joven en zonas periféricas y atrasadas del país, la reducción en el tamaño de los hogares (cada vez hay menos niños) y la adquisición de un rol protagónico mayor de la mujer en la sociedad.

 

Cuadro 1. Resultados del Cnpv-2018 según estructura y ubicación poblacional


Género

Las mujeres siguen siendo el género predominante dentro del total nacional, con una participación de 51,2 por ciento; el restante 48,8 por ciento corresponde a los hombres. En el conteo del 2005, las mujeres eran el 51 por ciento de la población y los hombres, el 49 por ciento.


Urbanización

En las cabeceras municipales habita el 77,1 por ciento de connacionales. La población rural que representa el 22,9 por ciento restantes, se distribuye, de una parte, en un 7,1 por ciento en centros poblados y, de otra, el 15,8 por ciento que vive en zonas rurales dispersas. De acuerdo con los resultados del Censo de 2005, el 76 por ciento correspondía a los habitantes de las cabeceras; 5,6 por ciento a los centros poblados y 18,4 por ciento a la población rural dispersa.


Envejecimiento


Desde 2005 se alertó por el ritmo rápido de envejecimiento de la población colombiana. En cuanto a su composición a 2018, un 9,1 por ciento corresponde a mayores de 65 años de edad (cerca de tres puntos porcentuales más que en el 2005, cuando representaban el 6,3 por ciento); 13,3 por ciento tienen más de 60 años; población entre los 14 y 28 años (juventud) 26,1 por ciento; 22,6 por ciento son menores de 15 años, y el 8,5 por ciento tiene menos de 5 años. El Cnpv-2018 corroboró el aumento en los índices de envejecimiento del país; significa que por cada 100 personas menores de 15 años hay 40,4 mayores de 65; en 2005 era de 20,5 personas por cada 100. El índice de envejecimiento para los mayores de 60 es de 58,6 por ciento. En resumen, hay menos población joven de la que creíamos tener y estamos envejeciendo mucho más rápido que antes, generando consecuencias económicas, fiscales, sociales y psicológicas (Gráficos 2 y 3).

 

Gráfico 2. Distribución departamental del índice de juventud, 2018

 

 

Gráfico 3. Índice de envejecimiento (mayores de 65/60 años como fracción de menores de 15 años)


En departamentos como Quindío el índice de envejecimiento llega a ser de 72,2 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años de edad; a este grupo pertenecen también Caldas y Risaralda, con índices de envejecimiento de 67 y 60 por ciento, respectivamente. Por el contrario, los departamentos con mayor cantidad de menores de 15 años de edad son Amazonas, Putumayo y Guainía.

El envejecimiento es una tendencia mundial y Colombia no ha escapado a ella. Según la publicación inglesa “The Economist”, en 2019 la población mayor de 65 años va a ser de mayor tamaño que la población menor de cinco años en el promedio de todos los países. En consecuencia, el país debe implementar una política pública acorde con esta realidad e incluyente de tal población. Es evidente la necesidad de apurar unas políticas de asistencia y atención en salud, seguridad y protección social universal que proporcionen calidad de vida y vida digna a las personas en esta etapa de la existencia.

En Colombia el 74 por ciento de los adultos mayores no tiene pensión y padece depresión. Según un estudio de la Universidad de La Sabana,  lo anterior deja en vilo a la mayoría de la población mayor, pues su falta de acceso al sistema pensional la convierte en una población vulnerable. De hecho, ya son vulnerables a varias enfermedades que requieren de un trato especial. Adicionalmente, al menos el 20 por ciento de los colombianos de 80 o más años de edad (unas 150.000 personas de esa edad, según las cuentas de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos), tiene que seguir trabajando porque no acumuló las 1.300 semanas de trabajo para pensionarse y no cuenta con ahorros o apoyo familiar para sobrevivir.

De otra parte, tener una menor población joven, pero con mayor acceso a la educación superior, plantea retos en el modelo educativo, así como en materia de oportunidades laborales dignas, las cuales deben responder a las nuevas necesidades de los jóvenes en cuanto a su preparación, expectativa de ingresos, calidad del trabajo y ubicación espacial. En 2018, el porcentaje de desocupación para las personas de 18 a 28 años, según el Dane, se situó en 17,7 por ciento; las estadísticas indican que las mujeres son quienes presentan un mayor índice de desocupación: el número de hombres jóvenes desocupados fue 13,7 por ciento, y para las mujeres del 23 por ciento. Adicionalmente, 29 por ciento de los jóvenes no estudian ni trabajan, esto es, los llamados Ninis


Los resultados permiten evidenciar que en gran parte la condición de discapacidad y dificultad para realizar ciertas actividades cotidianas está asociada con el fenómeno de envejecimiento, de hecho es la principal causa. El 7,1 por ciento de la población que respondió al censo dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias. La prevalencia en los hombres es de 6,8 por ciento y en mujeres de 7,5.



Repoblamiento


Las ciudades y cabeceras municipales albergan cada vez un mayor volumen de habitantes. El 77,1 por ciento de los habitantes del país ocupan esas zonas, según el Dane, y si bien la diferencia no es mayor frente al 76 por ciento del 2005, es claro que se mantiene la migración interna de las zonas rurales y rurales dispersas hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades educativas, sociales, económicas, laborales y de seguridad, lo que plantea, de una parte, la necesidad de apurar una reforma laboral que combata la informalidad y proporcione condiciones de oferta acorde a la nueva realidad del país y, de otra, aumentar la oferta de vivienda de interés social, en un marco de desarrollo urbano sostenible, incluyente, democrático y a escala humana. En las principales ciudades, laboran de manera precaria e informal más de 5 millones de personas.

Bogotá está a la cabeza del escalafón con el mayor número de pobladores, cerca de 7,2 millones. Le sigue Medellín, con 2,4 millones, mientras que Cali cuenta con 1’822.871 personas. En Bogotá, la población contada aumentó 5,6 por ciento, incremento que reporta el mayor aporte al aumento en la población censada en todo el país, pues pasó de 6,8 a 7,2 millones de habitantes contados.

Sin embargo, el Distrito Capital registra como una ciudad “altamente expulsora de población” hacia municipios aledaños como La Calera, Funza, Madrid, Cota, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Mosquera, Tocancipá, Sopó y Gachancipá, considerados parte del área metropolitana de Bogotá y donde se evidencian crecimientos de la población de dos dígitos al comparar las cifras de 2005 con 2018. En efecto, la conurbanización2 de la “Gran Bogotá” recoge municipios como Soacha, Sibaté, La Calera, Fusa, Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá y otros cuantos ubicados sobre la autopista Norte que son utilizados por miles de personas para pernoctar, pero trabajan en la capital; esta realidad se comprueba al detallar que el departamento de Cundinamarca ya tiene 2’792.877 de personas (cuando en 2005 apenas eran 2’280.037), la inmensa mayoría de las cuales se concentran en los pueblos conectados con el Distrito. Según cifras de la más reciente “Encuesta de Percepción Ciudadana de Sabana Centro Cómo Vamos”, 25 por ciento de las personas vivieron en Bogotá antes de llegar a la subregión, la mayoría se trasladaron, de hecho, por motivos laborales, económicos, ambientales, de movilidad, habitacionales y familiares.

En conjunto, el peso de las capitales dentro de la población censada en todo el país tuvo una pequeña reducción, pues pasó de 46,8 a 45,9 por ciento entre el 2005 y el 2018. Casi la totalidad de esa reducción se explica por el menor tamaño de la población de Cali, en donde se contaron 1,8 millones de personas, frente a 2,1 millones 13 años atrás. Entre tanto, en Cartagena se bajó de 895.000 personas contadas en el censo anterior a 888.000 el año pasado. Y en Pereira, de 428.000 a 410.000. En cambio, en Inírida, capital de Guainía, la población casi se duplica en 13 años, con un aumento de 92 por ciento; algo parecido ocurrió en Mitú, Vaupés, y Puerto Carreño, Vichada, con 63 y 53 por ciento (ver mapa).

 

 


Hogares y vivienda

El número de viviendas3 creció más rápido que el de los propios hogares4. Mientras que en estos 13 años los hogares aumentaron en 700.000 para sumar 14,2 millones en 2018, el número de viviendas se incrementó en 3,1 millones hasta alcanzar las 13,5 millones de unidades. Muchos hogares que habitaban en inquilinatos o en las casas paternas se fueron a vivir independientes y otros han decidido vivir solos, tendencia cultural y sociológica fuerte que se observa en las grandes ciudades y realidad que corresponde no sólo a jóvenes sino también a población adulta y vieja.

El 96,3 por ciento de todos esos hogares cuentan con servicio de energía eléctrica, 3 puntos porcentuales más que los del 2005. También ha aumentado el acceso al agua potable (86,4%) y al alcantarillado (76,6%), casi que en las mismas proporciones en estos 13 años. Pero el mayor avance ha sido en acceso al gas natural, pues hoy 7 de cada 10 hogares cuentan con este servicio, mientras que en 2005 eran solo 4 de cada 10, según el Dane, que también advirtió que el 81,6 por ciento de los hogares tienen acceso a la recolección de basuras y el 43,3 por ciento cuentan con internet.

Y si bien hoy siguen siendo más las familias que viven en casas (6 de cada 10), las que prefieren los apartamentos van en alza, pues mientras que en el 2005 cerca del 25 por ciento los habitaban, hoy esa cuota ronda el 33 por ciento. También es revelador el crecimiento de los hogares unipersonales, pues hoy son el 18,5 por ciento frente al 11,1 por ciento del 2005.


Mujeres y desigualdad social

Según el censo, el porcentaje de hogares encabezados por mujeres pasó en el período intercensal 2005-2018 de 29,9 a 40,7 por ciento, mientras la jefatura masculina disminuyó de 70,1 a 59,3 por ciento5. Esto quiere decir que cuatro de cada diez hogares están encabezados por mujeres, uno más que en 2005. Las mujeres tienen mayores niveles de alfabetización que los hombres; y las entidades territoriales con mayor proporción de mujeres son, a la vez, las que tienen niveles más altos de desarrollo (Gráficos 4 y 5).

 

Gráfico 4. Distribución de la población censada por sexo a nivel departamental, 2018

 

Gráfico 5. Empoderamiento de la mujer: jefatura de hogar según sexo



No obstante, el propio Dane ha establecido que las mujeres al frente de sus hogares viven en peores condiciones. La ECV registra que el 77,7 por ciento de ellas no tienen cónyuge, por lo tanto, no hay otro proveedor de ingresos para las familias y deben asumir las cargas domésticas y laborales al mismo tiempo, cosa que no suele suceder con la mayoría de hogares con jefatura masculina. Adicionalmente, en 2018 se encontró que la incidencia de la pobreza es más alta en los hogares con jefatura femenina, con 21,7 por ciento, frente al 18,5 en los de jefatura masculina.

Si bien las cifras indican que las mujeres están más educadas, la realidad es que se emplean menos que los hombres. Para el trimestre febrero-abril de 2019, la tasa de desempleo para las mujeres fue 14,0 por ciento y para los hombres 8,7 por ciento. A ello se suma la brecha salarial de 20 por ciento entre hombres y mujeres que cumplen las mismas funciones, según el Ministerio de Trabajo.

Las cifras del censo también revelaron que con un mayor nivel educativo se incrementa la edad promedio en que las mujeres están dispuestas a tener hijos; aquellas que tienen educación preescolar, primaria o ninguna, deciden ser madres a los 25 años, en promedio; esta edad va en aumento a medida que registran un mayor grado de escolaridad, con 29 y 31 años en niveles de formación superior o de posgrado. El número de nacimientos también registró cambios importantes en relación con el acceso a la educación: aquellas con pocos o nulos estudios tienen en promedio 3,5 hijos, mientras las que alcanzaron un posgrado tienen 1,5.

Si bien es indudable que las mujeres ocupan un papel protagónico en las dinámicas sociales y económicas del país, las cifras del Dane permiten concluir que las condiciones en que vive buena parte de esta población todavía distan de ser un ejemplo de empoderamiento femenino. Los avances en materia de alfabetización, equidad de género en las empresas o reducción en el número de hijos con relación al tipo de formación de la madre indican además que las mejoras todavía suelen ser para aquellas que están más preparadas o tienen los recursos para acceder a un tipo de vida distinto (Gráfico 6).

 

Gráfico 6. Alfabetismo por sexo


 
¿A qué se dedica la gente?


Los cambios demográficos y en la situación socio-económico de los hogares se reflejan en las conductas disruptivas en cuanto a la ocupación durante los últimos trece años. En 2018, la población que trabaja representa el 46,6 por ciento mientras que en 2005 era de apenas el 39,8. El 51 por ciento de la población se encuentra ocupada; por sexo, los hombres se encuentran ocupados en el 66,1 por ciento y las mujeres el 37,4. También se encuentra más proporción de gente buscando trabajo: 2,8 por ciento en 2005 y 5,4 en 2018. El porcentaje de población estudiando aumentó de 17,6 por ciento a 18,1 durante los últimos trece años. La población que se dedica a los oficios del hogar se redujo de 21,5 por ciento a 19,0 en el período intercensal. Otra expresión del proceso de envejecimiento de la población es el crecimiento relativo que registra la población jubilada: pasó de 2,3 por ciento en 2005 a 3,6 en 2018 (Gráfico 7).

 

Gráfico 7. Ocupación según principal actividad económica realizada la semana anterior

 



Por último, una vez que se tramite el proyecto de ley para oficializar las cifras del recién conocido Censo de Población y Vivienda 2018, las proyecciones que se estipularon en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque serán sujetas a revisión, tal y como se determina en las bases del mismo.



1    Lugar Especial de Alojamiento (LEA): Es una edificación o parte de ella en la cual habita un grupo de personas, generalmente no parientes, que participan de una vida en común por razones de procesos de rehabilitación, carcelaria, estudio, trabajo, culto religioso, hospitales, disciplina militar, labores administrativas, entre otras.
2    Una conurbación es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y su crecimiento físico, se fusionan.
3    Vivienda (Unidad de uso vivienda): Espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otras. Separada, porque tiene paredes u otros elementos, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios.
4    Hogar: Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. También constituyen un hogar las personas que se asocian para vivir bajo el mismo techo, aunque no compartan las comidas. Los empleados del servicio doméstico y sus familiares, los trabajadores y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda donde trabajan.
5    Jefe o jefa de hogar: es el residente habitual que es reconocido por los demás miembros del hogar como jefe o jefa, teniendo en cuenta los siguientes criterios: la persona de mayor edad, el que mayor aporte económico le hace al hogar o el que goce de mayor respeto entre los miembros del hogar.
*    Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Publicado enEdición Nº259
Martes, 30 Julio 2019 08:29

La clase media no va al paraiso

La clase media no va al paraiso

La clase media, si alguna vez existió hoy desaparece en medio de salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados. Esta es la realidad de las multitudes uniformadas.

 

“Nunca pienso que la gente muere.
Sólo que va a grandes almacenes”
Andy Warhol


A comienzos del mes de mayo de éste año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) lanzaba un SOS por la “clase media” de los países desarrollados. En el documento titulado Bajo presión: la clase media exprimida, remarcaba alarmada que en las tres últimas décadas los ingresos de los grupos medios crecieron un tercio menos que los ingresos del diez por ciento de los más adinerados, revelando que la inquietud surge del rápido retroceso de los ubicados en la mitad respecto de las cúpulas.

La preocupación, sin embargo, no es asunto nuevo en las altas esferas como quiera que en enero de 2009, el entonces recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba la creación del “Grupo de trabajo para la clase media” que, según él, era el colectivo perdedor en los últimos años y al que por el bien de su país, y del mundo, le debían ser devueltas las condiciones que le garantizaran su continuidad como sostén básico del consumo, y encarnación más sentida de los valores del “sueño americano”.

Más adelante, en diciembre de 2016, el mismísimo FMI, en un artículo firmado por el economista senior Ali Alichi, mostraba preocupación por la contracción sufrida por la clase media, pues en el último medio siglo habría sido reducida en once puntos porcentuales. Y, en nuestro entorno, finalizando el mes de mayo de este año, el ultraliberal Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, presentó el programa “Clase media protegida”. ¿Qué esconde tanta preocupación? ¿Quiénes componen, en realidad, el grupo que políticos y teóricos convencionales dicen considerar en esa categoría? ¿Qué del funcionamiento del sistema realmente amenaza la supuesta desaparición de la llamada clase media?
La caracterización general de lo que significa “clase media” –ni pobres ni ricos– ha sido siempre controversial, y es aceptado que su definición es bastante subjetiva y ad hoc, en la medida que sus fronteras son borrosas y quedan al capricho de quién las establece.  La Ocde define como de clase media a los hogares cuyos ingresos están entre el 75 y el 200 por ciento de la media del ingreso nacional, en un intervalo cuyos límites no están soportados en parámetros concretos, y en los que, por ser el valor superior 300 por ciento mayor que el límite inferior, ya debería llamar a sospecha.

El termino fue acuñado por el sociólogo norteamericano Richard Wrigth Mills en su obra Las clases medias en Norteamérica (White-Collar), en la que daba cuenta de la profundización de la división del trabajo y la maquinización en oficinas y comercios a principios del siglo XX, lugares predominantes de los trabajadores de “cuello blanco”, y núcleo de lo que denominó cómo clase media. Nacía así una separación teórica de los asalariados, cuya gelatinosa correspondencia con la realidad ha tenido efectos sociales y políticos que han limitado una acción conjunta de grupos separados por diferencias marginales y que, sin lugar a dudas, más allá de tales diferencias, están arrinconados en la estrecha parcela de la subordinación.



Clases sociales y normas de apropiación

Cuando surge el tema de las clases sociales, la atención es dirigida, de forma casi automática, hacía los planteamientos marxistas, obviándose que el concepto emerge junto con la economía política y que son los fisiócratas los primeros que lo plantean. En efecto, fue François Quesnay quien, sobre la base de la función económica de los individuos formuló, ya en el siglo XVIII, la categorización de la sociedad en tres clases: productiva, estéril y  de propietarios (terratenientes). La productiva correspondía al conjunto de agentes de la agricultura –excluidos los dueños de la tierra– pues afirmaba que tan sólo allí las sociedades generan excedente material; estériles eran los productores de las manufacturas pues, en el mejor de los casos, entregan tanta materia en los productos como la que reciben en lo insumos, y, por último, los terratenientes que no tienen una función productiva, propiamente dicha, y por su parasitismo debían ser los únicos pagadores de impuestos. Esta clasificación surge asociada a la primera modelización de la circulación y distribución de la riqueza –La Tabla Económica– que hubiera sido imposible sin la agrupación de los individuos en categorías a las que pudiera asignárseles un flujo de ingreso derivado de su función en el sistema económico. Por primera vez, no era el origen de sangre ni la herencia las que definían en el imaginario la posición social.

Posteriormente, Adam Smith y David Ricardo corrigen la categorización, al comprender que la relación funcional en el sistema económico está definida por el recurso productivo apropiado, y reformulan las categorías en capitalistas (dueños de los factores de la producción materiales diferentes a la tierra), los rentistas (dueños de los inmuebles) y los trabajadores (vendedores de fuerza de trabajo, como asalariados). Clasificación también surgida de la necesidad de descubrir las fuerzas que rigen los montos de los ingresos que perciben los diferentes agentes económicos y que dio origen a la categorización de esos ingresos en ganancias, rentas y salarios, correspondientes a las tres clases.

Pues bien, el origen del concepto no tiene ninguna intencionalidad ideológica, como puede verse, y como quieren hacerlo creer los que buscan suprimirlo, por el interés de ocultar la realidad de las leyes sociales que rigen la apropiación del producto. El mayor alcance explicativo que le da Marx, no modifica la estructura formulada por Smith y Ricardo, y en el truncado capítulo cincuenta y dos de El capital –de tan sólo dos páginas–, y último de esa obra, cuando Marx pregunta por “¿qué es una clase?”, al responderse dice que surge de “la identidad de sus fuentes de ingresos” y reconoce que, en ese sentido, cualquiera de las clases podría subdividirse, pues en el sector rural, por ejemplo, sería posible hablar de terratenientes “propietarios de viñedos”, “propietarios de bosques”, etcétera, pero que esto no altera los argumentos centrales, esto es, que los ingresos están enmarcados en las luchas generadas entre los agentes económicos propietarios de los diferentes factores de la producción, y en el que la mercantilización de la fuerza de trabajo enmarca a los trabajadores directos en unas condiciones sociales, que hace de su sinergia la fuerza que define su participación en el producto social.  

   

Funcionariado y clase media: los trabajadores de “cuello blanco”

El paso, a finales del siglo XIX, de la empresa “marshalliana” –con una sola función y generalmente dirigida por una familia propietaria– a las grandes compañías multidivisionales, muchas con carácter multinacional, condujo a una extensión del trabajo administrativo y de las funciones del control nunca antes vistas. El correspondiente crecimiento del Estado y de sus funciones regulativas daría lugar al aumento de la importancia tanto cuantitativa como social y política de lo que Alfred Weber denominaría genéricamente como “burocracia”. El funcionario, como agente central de las organizaciones públicas y privadas, será el corazón de la denominada «clase media»: “Los «funcionarios» forman el cuadro administrativo típico de las asociaciones racionales, sean estas políticas, hierocráticas, económicas (especialmente capitalistas) o de otra clase”1, dirá Weber en una sentencia que muestra la naciente importancia, en el mundo de los asalariados, de un grupo asociado a labores de dirección y control.

Los trabajos de Henry Fayol, en los que el autoritarismo al interior de las empresas será ponderado como un principio central de la administración, y en los que la disciplina y el control son convertidos en más efectivos si dependen de una cadena de mando jerarquizada –análoga en verticalidad a la de la organización militar–, indican ya que la división del trabajo en el área administrativa va más allá de la eficiencia y la eficacia, y que también está diseñada para contener los mecanismos simbólicos y materiales del poder y la intimidación. La división entre trabajadores de “cuello blanco” («empleados») y de “cuello azul” («obreros»), esto es, entre “trabajo cognitivo” y “trabajo manual” adquiere la dimensión suficiente para velar las condiciones de vendedores de fuerza de trabajo de los funcionarios, y erige una barrera que ha impedido que los asignados a tareas de diseño y control, en la producción de bienes y servicios, puedan identificarse y reclamar conjuntamente por sus derechos, con aquellos destinados a la ejecución de los procesos. Fayol cumplió en el área administrativa el papel que Taylor, y en general la “Organización Científica del Trabajo”, habían realizado en el campo de las labores manuales: despojar al trabajador de su autonomía y su identidad.

Charles Wright Mills, comenzando la segunda mitad del siglo XX, da cuenta de la extensión alcanzada por el sistema burocrático y cómo había permeado todos los campos de la sociedad, pero, así también, llama la atención sobre la mecanización y precarización que entre el funcionariado empezaba a generalizarse: “La introducción de la maquinaria de oficina y de los planes de venta ha ido mecanizando la oficina y la tienda, los dos grandes locales donde tiene lugar el trabajo del white-collar […]. La demiurgia directiva está constantemente promoviendo todas estas tendencias: mecanización, división más minuciosa del trabajo, empleo de trabajadores menos preparados y más baratos”2.

De esa manera, la tarea de la uniformidad de condiciones, y la formación de una gran masa homogénea de productores-consumidores, alimentan de forma cada vez más intensa la gran máquina devoradora de recursos usados en la reproducción de mercancías indiferenciadas –multiplicadas ad náuseam–, acelerando su marcha hasta el extremo que hoy nos tiene al borde del colapso ambiental y social. La automatización de las labores y la necesidad de la homogeneización del consumo, para la masificación de su producción, empezaban a mostrarse como la base de la igualación y la uniformización por lo bajo, de la sociedad.



El punto de quiebre


Desde el último cuarto del siglo XX, es innegable la tendencia del predominio del sector servicios, tanto en el número de trabajadores como en su valor en la contabilidad nacional, así como la presencia cada vez más generalizada de la robotización en los talleres. Esto ha traído como consecuencia la reducción sustancial del músculo en la fabricación de bienes y la indiferenciación entre las labores directas en la fabricación y las indirectas en las “oficinas”, aplanando las singularidades que separaban trabajadores de “cuello blanco” de “trabajadores de “cuello azul”: “El primer grado, y a veces el aplicado primero en las oficinas, es el de la D-AC: diseño con ayuda de computadora. Luego vienen las diferentes dimensiones  de la C-aC, Concepción con Ayuda de Computadora, culminando todo en formas que mezclan tareas de concepción y de fabricación, o más exactamente que integran funciones de oficina y el taller”3. Lo que no significa que en la dirección los Oficiales Ejecutivos en Jefe (más conocidos como CEO por las siglas en inglés), y algunos profesionales de la concepción y el diseño no sigan separados de la gran masa; por lo contrario, han sido convertidos en parte de la élite, y conforman con ésta un grupo cada vez más reducido que, en sentido estricto, como veremos, no pueden considerarse asalariados, y cuyos patrones de consumo los acercan al sector más privilegiado.
 
Pierre Bourdieu señala cómo desde los inicios de la sociología, la definición de clases sociales no indica lo mismo que categoría social en el sentido de estatus, “Por eso, como observa Max Weber, «podría decirse, a costa de una excesiva simplificación, que las clases se distinguen según su relación con la producción y la adquisición de bienes, y los grupos de status, en cambio, según los principios de su consumo de los bienes, representado por tipos específicos de estilos de vida»”4. Es, en ese estricto sentido, que acá negamos la existencia de una “clase” media, sin deconocer qué durante varias décadas, trabajadores de “cuello blanco”, incluyendo algunos trabajadores independientes y pequeños empresarios, han constituido un grupo de estatus subsumido integralmente en las normas del orden burgués y defensor, en la primera línea, del mundo del capital.

Pues bien, la automatización señalada tanto en las labores de ejecución, como en las de diseño y control, no sólo ha uniformado, en buena medida los movimientos requeridos para las diferentes tareas, sino que los ha simplificado provocando la depreciación del salario que ha ido igualándose por lo bajo. La homogeneización de los consumos es tanto el efecto de la igualación precarizada de los ingresos como de la masificación de la producción de los bienes y servicios más comunes, que tiene en la uniformidad de los gustos y los comportamientos una garantía de demandas en gran escala, así como la seguridad de la mecanización de reacciones y comportamientos que garantizan la estabilidad del sistema.

En esta medida, la macdonalización de la que habla George Ritzer, no es otra cosa que la manifestación sociológica del sacrificio de la libertad en aras de la seguridad: “McDonald’s nos ofrece aquello que es previsible. Sabemos que el Huevo McMuffin que tomaremos en Nueva York, lo miremos por donde lo miremos, será idéntico al que hemos comido en Chicago o en Los Ángeles. También sabemos que el que pediremos la semana o el año que viene será idéntico al que hemos comido hoy. Reconforta saber que McDonald’s no nos brinda sorpresas, es decir, que la comida que tomamos en un determinado momento o lugar es idéntica a la que comemos en otro sitio o a otra hora […]. El éxito del modelo McDonald’s indica que mucha gente ha empezado a desear un mundo sin sorpresas”5.
Pero, lo que no debemos olvidar, es que el arquetipo McDonald’s no fue más que el anticipo de lo que a finales del siglo XX, y en lo corrido del XXI, quedaría consolidado como el modelo de la “sociedad de bajo coste”, expresión acuñada por Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi, en el libro titulado El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste6.

El fenómeno del bajo coste (quizá más conocido por su expresión en inglés, low cost) aparece a finales de la década de 1990 en ciertas ofertas de los pasajes aéreos, que es completada masivamente por las ofertas de productos de precios bajos en almacenes como Wal-Mart, que aprovechan los artículos de imitación chinos y la desregulación laboral en sus tiendas. Ropa como la de Zara y los muebles modulares de Ikea, cuyas ofertas están inscritas en el principio de baratas y a la moda (“cheap and chic”), intentando conjugar precios bajos con un mensaje de sofisticación en el consumo, que ahora no está apoyado en la particularidad sino tan sólo en el símbolo de lo que es actual, así su uso sea masivo.

En esta dinámica social, a la precarización de los salarios la acompaña la masificación de los consumos, eliminando la línea de demarcación que hacía de la clase media un grupo de status. La base material y social que marca el “declive” de la clase media indica que revertir la situación no es un asunto de buena voluntad de las políticas públicas, sino de la lucha del conjunto de los asalariados que más que de cuello azul o blanco, parecen todos teñidos de un gris lánguido.

La diferencia salarial entre los directivos de las empresas –que no son dueños– y el promedio de los trabajadores, según el Economic Policy Institute, pasó de una relación 20 a 1 en los años sesenta del siglo pasado, a 300 a 1 como promedio en la actualidad, llegando a ser de 700 a 1 en las empresas más grandes. Esto, entonces, excluye de la clase social de los asalariados a los directivos situados en la cúpula –igual que deben ser excluidos las estrellas del deporte y el espectáculo–, pues no están sujetos a la ley descubierta por la economía política que indica que un asalariado, en sentido estricto, está sujeto a regresar periódica y sistemáticamente al proceso de venta de su fuerza de trabajo en el mercado para poder sobrevivir, en razón de que la lucha entre el trabajo y el capital de un lado, y la competencia entre trabajadores, del otro, nivela el salario al valor de sus medios de subsistencia, en una puja cuyo resultado estructural Adam Smith denominó “ley de hierro de los salarios”.

Así, que más allá de las diferencias cada vez más pequeñas entre trabajadores asalariados, por la mayor simplicidad o complejidad de sus tareas, no hay duda que la mayor parte de la llamada “clase media” siempre ha sido, y es hoy más que nunca, en sentido estricto, asalariada. Quizá, lo positivo de que la realidad los haya “des-estatuido”, es que por fin reconozcan sin ambigüedades su verdadera condición al interior del sistema y, en consecuencia, acentúen de forma masiva sus luchas contra el capital.



Engaños y endeudamiento


Cuando el Dane definió como miembros de la clase media colombiana a quienes ganaban entre $450.000 y $2.250.000 al mes, provocó hilaridad generalizada. Sus defensores, entonces, argumentaron que la institución tan sólo aplicaba los criterios internacionales para esa definición, sin obviamente recabar en que tal aplicación, en un país con un ingreso promedio tan bajo, hacía de la definición una caricatura sin sentido. Pues, así numéricamente se esté en la mitad, ese ingreso no permite el nivel de consumo que la sociología otorga al estatus de “clase media”.

En esta senda, las cifras entregadas al público por Planeación Nacional afirman que la clase media pasó del 16,3 por ciento de la población en 2002 a 30,6 por ciento en 2016, y alborozadamente indican que en el 2030 más del 60 por ciento de las personas estarán en esa categoría, en un cuento que no es coincidente con las mediocres cifras del comportamiento del PIB per cápita. Ahora, si el criterio sostenido para esa definición es el rango establecido por las entidades multilaterales, y el parámetro del rango es el ingreso promedio, es claro que aun manteniendo todo constante, si baja el promedio, al bajar el piso del rango incluimos más personas en la categoría, por ser numéricamente mayores las familias de bajos ingresos. Seguramente nuestros genios de la economía, amparados en esa lógica, no demoraran en recomendar disminuir el salario medio para incluir más personas como de la clase media.

Según la Encuesta nacional de calidad de vida, los hogares con automóvil propio en Colombia son tan sólo el diez por ciento y, cómo es sabido, este es un símbolo inequívoco de pertenencia a los grupos sociales medios. El otro “consumo conspicuo” que supuestamente distingue a la clase media, los estudios superiores, es otra cifra que niega las afirmaciones oficiales, pues tan sólo el 35 por ciento de los estudiantes que acaba el bachillerato acceden, de forma inmediata a la universidad, con una probabilidad de ingreso para los quintiles intermedios de tan sólo el 23 por ciento, según el Banco Mundial. De los estudiantes que ingresan apenas el 35 por ciento culmina con la graduación, lo que significa que únicamente un 13 por ciento de los que culminan el bachillerato alcanzan un título profesional.

Colombia también ha entrado en la etapa de endéudate y estudia. El Icetex en el año 2000 otorgó créditos al 5,3 por ciento del total de matriculados en las instituciones de educación superior, y en el 2015 ese porcentaje fue del 21 por ciento. Lo qué sumado a los préstamos estudiantiles de la banca privada, acerca el porcentaje de estudiantes endeudados al 50 por ciento de la matrícula total, ¿esa es la forma de ingresar a la clase media?

El endeudamiento es la forma más perversa de la precarización, y cómo sostiene Mauricio Lazzarato “En tanto que la economía real empobrece a los gobernados en cuanto «asalariados» (congelamiento salarial, precarización, etcétera) y beneficiarios de derechos sociales (reducción de las transferencias de ingresos, disminución de los servicios públicos, de los subsidios de desempleo y de las becas estudiantiles, etcétera), las finanzas pretenden enriquecerlos a través del crédito y el accionariado […]; nada de derecho a la vivienda, sino créditos inmobiliarios; nada de derecho a la escolarización, sino préstamos para pagar los estudios; nada de mutualización contra los riesgos (desempleo, salud, jubilación, etcétera), sino inversión en seguros individuales”7.

Salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados es la realidad de las multitudes uniformadas. Reconocerse como asalariados, con todas las implicaciones y el acumulado de su historia, y contracara del capital, debe ser el paso inmediato que lleve a los trabajadores a buscar la luz al otro lado del túnel.



1    Max Weber, Economía y sociedad, Volumen I, Capítulo 3, F.C.E, p. 175.
2    C. Wright Mills, Las Clases Medias en Norteamérica (White-collar), Aguilar ediciones, p. 290.
3    Benjamín Coriat, El taller y el Robot: Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica, Siglo XXI editores, p. 58.
4    Pierre Bourdieu, “Condición de clase y posición de clase”, Revista Colombiana de Sociología, Vol VII No. 1 2002 (pp. 119-141) p. 132.
5    George Ritzer, La McDonalización de la Sociedad Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana, EditorialAriel, Barcelona, p. 25.
6    Gaggi, Massimo y Narduzzi, Edoardo, Ediciones Lengua de Trapo, Madrid, 2006.
7    Mauricio Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado, ensayo sobre la condición neoliberal, Amorrortu editores, p. 127.

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Lunes, 29 Julio 2019 05:57

Daños del fracking en Estados Unidos

Campos de fracking en Texas, EEUU.

 

 La Administración de Donald Trump apuesta por convertirse en el primer productor-exportador de petróleo y gas del mundo con la ambición de ejercer un mayor control económico contra otros países, pese a que la extracción por la técnica de fracking puede destruir el medio ambiente, así como contaminar poblados y a ciudadanos estadounidenses.

Mantener la hegemonía en el planeta ya se ha convertido en una especie de enfermedad de los presidentes norteamericanos y en esa línea, Trump, que recibió abundante dinero de esas compañías para costear su campaña electoral, ahora les abre las puertas para que lo acompañen en su propagado tema de “América primero”.

La producción del gigante estadounidense se estima en unos 12 millones de barriles diarios principalmente mediante el fracking, proceso que según los expertos produce contaminación de la atmósfera, de las aguas subterráneas, emisiones de gases de efectos invernadero (metano), sismicidad inducida, daños acústicos e impactos al paisaje.

Parece que todos los riegos son aceptables para alcanzar la autosuficiencia energética, disminuir importaciones y sobre todo, competir con exportadores enemigos como Rusia, Irán y Venezuela.

Este procedimiento consiste en extraer gas y crudo atrapado en el subsuelo para lo cual se fracturan las rocas de esquisto (pizarra), ubicadas entre 4 000 y 5 000 metros de profundidad y entre 1,5 y 3 kilómetros de longitud horizontal. Para que fluyan los combustibles, se inyecta a presión 95 % de agua y 5 % de arena, así como varios productos químicos con altos riesgos de contaminación de los acuíferos.

Se requieren entre 9 000 y 29 000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo, lo que causa graves problemas con la sostenibilidad de los recursos hídricos en momentos que organismos internacionales indican la falta de ese líquido en muchas partes del mundo que podría provocar guerra futuras por su control. Datos no oficiales señalan que en todo el país se han abierto más de 180 000 pozos, con una producción que declina rápidamente.

Algunas de las 260 sustancias químicas presentes en alrededor de 197 productos utilizados, son tóxicos, cancerígenos o mutagénicos que pueden contaminar el agua debido a fallos en la integridad del pozo y a la migración de contaminantes a través del subsuelo.

Asimismo, entre el 20 % y el 80 % del líquido inyectado para provocar la fracturación de las rocas de esquisto, retorna a la superficie y el resto permanece bajo tierra con todas las sustancias contaminantes ligadas, a las que se suman los metales pesados ya existentes en el subsuelo: hidrocarburos, elementos naturales radiactivos.

Amplios estudios recogidos en el Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking, asegura que con esta técnica se exacerba el deterioro ambiental y se afecta adversamente la salud de las comunidades; que el fracking forma parte de un modelo de consumo energético desmedido que apuesta a la explotación y comercialización de energéticos sin importar impactos ambientales, sociales, económicos, laborales, de salud, climáticos y, por ende, vulnera los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, en particular, de los trabajadores y las comunidades cercanas a esas actividades.

El Instituto de Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Albany determinó que ocho sustancias altamente tóxicas se encontraron en muestras de aire tomadas cerca de sitios de fracking en Arkansas, Colorado, Pensilvania, Ohio y Wyoming, que incluyen dos carcinógenos para el humano (benceno y formaldehido) y dos potentes neurotóxicos (hexano y sulfuro de hidrógeno).

En Arkansas, siete muestras de aire contenían formaldehido en concentraciones más de 60 veces mayores que el nivel conocido para el aumento de riesgo de cáncer.

La fracturación también ha incrementado la actividad sísmica en regiones donde casi nunca ocurrían como Arkanzas, Ohio, Oklahoma, Colorado y Texas. En Youngstown, Ohio, los movimientos telúricos de origen antropogénico han llegado a ser hasta de 5.7 grados.

Extremadamente perjudicial para el hombre y la naturaleza resulta la extracción de combustible por medio del fracking. Pero ¿qué podrá esperar el pueblo estadounidense de su presidente Donald Trump quien en 2017 retiró a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático con el objetivo de compensar a las compañías multinacionales de petróleo que lo impulsaron a la Casa Blanca? Destrucción y enfermedades no importan, el dinero primero.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

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¿Quién va ganando la guerra comercial entre EU y China? // Boris Johnson coquetea con la Ruta de la Seda // Uno espera, el otro desespera

En México se suele estar abrumado por los multimedia de Estados Unidos/Gran Bretaña y sus sucursales locales, y no se toma en cuenta dialécticamente la antítesis de la contraparte afectada, como es el caso flagrante de China en la guerra comercial que inició Trump.

 

Si uno se basa en los tuits de Trump, pues prácticamente China estaría liquidada en forma absurda, lo cual atenta contra la realidad.

 

Trump es un excelente propagandista como se entrenó 13 años en su programa de reality show The Apprentice (https://imdb.to/2K3Pjtn), además de ser un consagrado blufista de póquer, lo aprendió en sus casinos o con su socio israelí Sheldon Adelson, mandamás de Las Vegas y Macao.

 

Sucede que hay categorías entre los 193 países de la ONU, cuando unos, como vulgares naciones bananeras sucumben al primer amago de amenazas de Trump, y otros, como las superpotencias, Rusia y China –incluso India– lo paran en seco.

 

En estos momentos Norcorea e Irán –y hasta la Unión Europea– han descubierto los alcances de los blufs de Trump, que pueden ser muy letales cuando los países afectados carecen de anticuerpos, ya no se diga de un sistema inmunológico ni de resiliencia ni carácter.

 

El punto de vista de China sobre la guerra comercial que libra EU es diametralmente opuesto a la propaganda electorera de Trump.

 

Yu Jincui, del Global Times, alega que “EU está más ansioso para un arreglo que China (https://bit.ly/2LFv5t2)”.

 

La guerra comercial de Trump, que ha durado un año, ha afectado a importantes segmentos de la economía de EU –aunque no la bolsa de Wall Street, donde la inminente disminución de las tasas de interés puede servir a Trump para su anhelada relección, entre otros factores–, como el área rural que ha periclitado, además del sector ya de por sí alicaído de la manufactura que se encuentra al borde de la recesión cuando la deuda de EU está a punto de alcanzar su récord.

 

En síntesis, a juicio de Yu, los consumidores, los granjeros y los manufactureros son todos víctimas, por lo que Trump confronta una presión creciente para finiquitar su guerra comercial contra China, en rechazo a la cual se han expresado públicamente sus Cámaras de Comercio.

 

Pese a que Trump se ha autoelogiado como el Rey de las Tarifas (en)marcadas con su frase indeleble las guerras comerciales son buenas(sic) y fáciles(sic) de ganar –relativizando el grado de codependencia del país afectado–, los tuits del presidente no han (con)movido a China, a pesar de que en la histórica cumbre del G-20 en Osaka, en la reunión bilateral al margen entre Trump y el mandarín Xi acordaron una tregua, donde el mandatario de EU ni siquiera pudo sacar la firma de Beijing para la necesitada compra de sus productos rurales, sino vagas promesas no-vinculantes, cuando China busca la exoneración de Huawei, una de sus joyas tecnológicas, y guarda en el bolsillo dos armas letales: la prohibición y/o el incremento de las tarifas a la exportación de sus “minerales de tierras raras (https://bit.ly/2EGM09J)”, y el dumping de sus cuantiosas reservas de Bonos del Tesoro de EU que pondrían a prueba el orden financiero global basado en la unipolaridad aberrante del dólar.

 

Yi juzga que China y EU desean concluir la guerra comercial, pero China está más tranquila que EU.

 

Hoy hasta Boris Johnson, el flamante premier británico y supremo aliado de Trump, coquetea con la Ruta de la Seda de China.

 

Es absurdo pretender que una de las dos superpotencias geoeconómicas va a ganar. Las dos pierden, máxime que tienen una gran complementariedad en sus cadenas de suministro, lo cual daña las economías del mundo entero, con mayor dolo en Latinoamérica.

 

Ni siquiera EU tiene fácil el panorama militar cuando China acaba de publicar su vigoroso Libro Blanco de “Defensa para una Nueva Era (https://bit.ly/2ZeHcAn)”.

 

El tiempo chino le gana a Trump: China lleva una ventaja institucional cuando puede esperar el desenlace de la elección presidencial de EU, mientras el mandarín Xi ha sido elegido de por vida por su Partido Comunista.

 

China espera y EU desespera.

 

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Construcción naval y el ascenso de China

Hay muchas clases de industrias. Existen las que son capaces de transformar toda una economía. Y después están las que permiten construir imperios.

Entre las primeras se encuentra, por supuesto, la industria automotriz, que transformó la matriz industrial de los países productores y hasta el espacio urbano. Pero entre las segundas se encuentra la industria naval.

A mediados del siglo XIX, Inglaterra ocupaba una posición de indiscutible liderazgo en materia de construcción naval. Sus astilleros y diques secos sobre la ribera del río Clyde invadieron el mercado mundial de barcos. Eric Hobsbawn, en su magistral libro Industria e Imperio, explica cómo hasta llegaron a imponer las normas sobre producción naval en todo el planeta. El predominio de Reino Unido en esta industria duró todo un siglo. El imperio británico fue el hermano gemelo de esta hegemonía en la industria naval.

Japón arrebató a Reino Unido el liderazgo en la construcción naval en los años de la década de los 50. A principios del siglo XX la industria siderúrgica nipona alcanzó estándares mundiales y la industria naval pudo beneficiarse de sus adelantos y productividad. Para el Imperio del Sol Naciente la construcción naval era emblemática en su carrera para alcanzar y superar a las potencias occidentales. El conglomerado Mitsubishi llegó a convertirse en el primer productor de barcos del mundo. Esa empresa también fabricó el avión de combate Zero, la aeronave que más se produjo en toda la Segunda Guerra Mundial. Ese conflicto bélico retrasó el ascenso japonés, pero no lo pudo detener.

Pero un nuevo gigante apareció en Asia, y Japón perdió el liderazgo en la construcción naval. En la década de los años 70, Corea del Sur se convirtió en el líder mundial en materia de producción de barcos. A mediados de los años 70 sus gigantescos astilleros en Ulsan eran los de mayor capacidad en el mundo para procesar placa de acero. Sus grandes roladoras podían dar forma a las inmensas placas y producir cualquier tipo de barco.

La preeminencia coreana se fue agotando y dejó de existir en 2005. Ese año China consagró a la industria naval como prioridad estratégica. El objetivo explícito de su décimo primer plan quinquenal (2006-2010) era el de convertir a la industria naval china en el líder mundial para 2020.

La industria china ya se había desarrollado en múltiples direcciones y el despliegue de la construcción naval también tenía como objetivo utilizar la enorme capacidad instalada ociosa de la industria acerera. Hasta el año 2004 China mantuvo unos 17 diques secos en operación. Pero en 2005 comenzó un ambicioso programa de inversiones que le permitió contar en 2012 con más de 124 diques secos de gran capacidad. La producción de barcos de todo tipo aumentó de manera espectacular: cargueros a granel y de contenedores, buques tanque y buques para transportar gas natural o licuado (LPG).

Entre los años 2000 y 2010 la parcela del mercado mundial de barcos controlada por China pasó de 25 a 50 por ciento, para beneplácito de las autoridades en Pekín. Pero entre 2005 y 2015 el exceso de capacidad de la flota naviera (de carga) mundial se duplicó (pasando de 600 a mil 200 millones de toneladas). Es como si en 2005, 23 por ciento de la flota existente hubiera sido redundante.

Los aranceles impuestos por Washington en su guerra comercial con Pekín no podrán corregir esta situación. La expansión del sector de construcción naval se llevó a cabo con fuertes subsidios del gobierno, y aunque eso es bien conocido el mecanismo de solución de controversias de la OMC no es un canal adecuado para frenar esa política de China. Toma demasiado tiempo y los resultados son más bien débiles para industrias del tamaño de la construcción naval. Además, hoy la industria naval china depende más de esquemas de financiamiento que de subsidios del gobierno. Y si bien muchos bancos son controlados por el Estado, demostrar que sus créditos son subsidiados es todavía más complicado.

En 2018 la empresa china Cosco se convirtió en la tercera empresa naviera en el mundo. El proyecto geoestratégico de la nueva Ruta marítima de la seda (que complementa el componente terrestre de esa iniciativa) permitirá asegurar las rutas marítimas a través de las cuales China adquiere 70 por ciento de sus importaciones de energéticos. El nuevo imperio busca por todos los medios consolidar las bases de su expansión futura.

La industria naval china puede frenarse por una recesión mundial que deprima el comercio y la demanda de barcos a escala global. Pero aun en ese caso, China puede recurrir a la expansión de su flota militar y así mantener ocupados sus astilleros y monumentales diques secos. No estará produciendo mercancías, con lo cual su rendimiento no se podrá medir en términos de ganancias y parcelas de mercado. Pero estará generando empleos, lo que es una de las preocupaciones clave de Pekín. Quizás lo más importante es que estará apuntalando la expansión militar naval del nuevo imperio.

Twitter: @anadaloficial

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Miércoles, 24 Julio 2019 06:07

Anatomía del nuevo neoliberalismo

Anatomía del nuevo neoliberalismo

Desde hace una decena de años viene anunciándose regularmente el fin del neoliberalismo: la crisis financiera mundial de 2008 se presentó como el último estertor de su agonía, después le tocó el turno a la crisis griega en Europa (al menos hasta julio de 2015), sin olvidar, por supuesto, el seísmo causado por la elección de Donald Trump en EE UU en noviembre de 2016, seguido del referéndum sobre el Brexit en marzo de 2017. El hecho de que Gran Bretaña y EE UU, que fueron tierras de promisión del neoliberalismo en tiempos de Thatcher y Reagan, parezcan darle la espalda mediante una reacción nacionalista tan repentina, marcó los espíritus debido a su alcance simbólico. Después, en octubre de 2018, se produjo la elección de Jair Bolsonaro, quien promete tanto el retorno de la dictadura como la aplicación de un programa neoliberal de una violencia y una amplitud muy parecidas a las de los Chicago boys de Pinochet.  

El neoliberalismo no solo sobrevive como sistema de poder, sino que se refuerza. Hay que comprender esta singular radicalización, lo que implica discernir el carácter tanto plástico como plural del neoliberalismo. Pero hace falta ir más lejos todavía y percatarse del sentido de las transformaciones actuales del neoliberalismo, es decir, la especificidad de lo que aquí llamamos el nuevo neoliberalismo.

La crisis como modo de gobierno

Recordemos de entrada qué significa el concepto de neoliberalismo, que pierde gran parte de su pertinencia cuando se emplea de forma confusa, como sucede a menudo. No se trata tan solo de políticas económicas monetaristas o austeritarias, de la mercantilización de las relaciones sociales o de la dictadura de los mercados financieros. Se trata más fundamentalmente de una racionalidad política que se ha vuelto mundial y que consiste en imponer por parte de los gobiernos, en la economía, en la sociedad y en el propio Estado, la lógica del capital hasta convertirla en la forma de las subjetividades y la norma de las existencias.

Proyecto radical e incluso, si se quiere, revolucionario, el neoliberalismo no se confunde, por tanto, con un conservadurismo que se contenta con reproducir las estructuras desigualitarias establecidas. A través del juego de las relaciones internacionales de competencia y dominación y de la mediación de las grandes organizaciones de gobernanza mundial (FMI, Banco Mundial, Unión Europea, etc.), este modo de gobierno se ha convertido con el tiempo en un verdadero sistema mundial de poder, comandado por el imperativo de su propio mantenimiento.

Lo que caracteriza este modo de gobierno es que se alimenta y se radicaliza por medio de sus propias crisis. El neoliberalismo solo se sostiene y se refuerza porque gobierna mediante la crisis. En efecto, desde la década de 1970, el neoliberalismo se nutre de las crisis económicas y sociales que genera. Su respuesta es invariable: en vez de poner en tela de juicio la lógica que las ha provocado, hay que llevar todavía más lejos esa misma lógica y tratar de reforzarla indefinidamente. Si la austeridad genera déficit presupuestario, hay que añadir una dosis suplementaria. Si la competencia destruye el tejido industrial o desertifica regiones, hay que agudizarla todavía más entre las empresas, entre los territorios, entre las ciudades. Si los servicios públicos no cumplen ya su misión, hay que vaciar esta última de todo contenido y privar a los servicios de los medios que precisan. Si las rebajas de impuestos para los ricos o las empresas no dan los resultados esperados, hay que profundizar todavía más en ellas, etc.

Este gobierno mediante la crisis solo es posible, claro está, porque el neoliberalismo se ha vuelto sistémico. Toda crisis económica, como la de 2008, se interpreta en los términos del sistema y solo recibe respuestas que sean compatibles con el mismo. La ausencia de alternativas no es tan solo la manifestación de un dogmatismo en el plano intelectual, sino la expresión de un funcionamiento sistémico a escala mundial. Al amparo de la globalización y/o al reforzar la Unión Europea, los Estados han impuesto múltiples reglas e imperativos que los llevan a reaccionar en el sentido del sistema.

Pero lo que es más reciente y sin duda merece nuestra atención es que ahora se nutre de las reacciones negativas que provoca en el plano político, que se refuerza con la misma hostilidad política que suscita. Estamos asistiendo a una de sus metamorfosis, y no es la menos peligrosa. El neoliberalismo ya no necesita su imagen liberal o democrática, como en los buenos tiempos de lo que hay que llamar con razón el neoliberalismo clásico. Esta imagen incluso se ha convertido en un obstáculo para su dominación, cosa que únicamente es posible porque el gobierno neoliberal no duda en instrumentalizar los resentimientos de un amplio sector de la población, falto de identidad nacional y de protección por el Estado, dirigiéndolos contra chivos expiatorios.

En el pasado, el neoliberalismo se ha asociado a menudo a la apertura, al progreso, a las libertades individuales, al Estado de derecho. Actualmente se conjuga con el cierre de fronteras, la construcción de muros, el culto a la nación y la soberanía del Estado, la ofensiva declarada contra los derechos humanos, acusados de poner en peligro la seguridad. ¿Cómo es posible esta metamorfosis del neoliberalismo?

Trumpismo y fascismo

Trump marca incontestablemente un hito en la historia del neoliberalismo mundial. Esta mutación no afecta únicamente a EE UU, sino a todos los gobiernos, cada vez más numerosos, que manifiestan tendencias nacionalistas, autoritarias y xenófobas hasta el punto de asumir la referencia al fascismo, como en el caso de Matteo Salvini, o a la dictadura militar en el de Bolsonaro. Lo fundamental es comprender que estos gobiernos no se oponen para nada al neoliberalismo como modo de poder. Al contrario, reducen los impuestos a los más ricos, recortan las ayudas sociales y aceleran las desregulaciones, particularmente en materia financiera o ecológica. Estos gobiernos autoritarios, de los que forma parte cada vez más la extrema derecha, asumen en realidad el carácter absolutista e hiperautoritario del neoliberalismo.

Para comprender esta transformación, primero conviene evitar dos errores. El más antiguo consiste en confundir el neoliberalismo con el ultraliberalismo, el libertarismo, el retorno a Adam Smith o el fin del Estado, etc. Como ya nos enseñó hace mucho tiempo Michel Foucault, el neoliberalismo es un modo de gobierno muy activo, que no tiene mucho que ver con el Estado mínimo pasivo del liberalismo clásico. Desde este punto de vista, la novedad no consiste en el grado de intervención del Estado ni en su carácter coercitivo. Lo nuevo es que el antidemocratismo innato del neoliberalismo, manifiesto en algunos de sus grandes teóricos, como Friedrich Hayek, se plasma hoy en un cuestionamiento político cada vez más abierto y radical de los principios y las formas de la democracia liberal.

El segundo error, más reciente, consiste en explicar que nos hallamos ante un nuevo fascismo neoliberal, o bien ante un momento neofascista del neoliberalismo2/. Que sea por lo menos azaroso, si no peligroso políticamente, hablar con Chantal Mouffe de un momento populista para presentar mejor el populismo como un remedio al neoliberalismo, esto está fuera de toda duda. Que haga falta desenmascarar la impostura de un Emmanuel Macron, quien se presenta como el único recurso contra la democracia iliberal de Viktor Orbán y consortes, esto también es cierto. Pero, ¿acaso esto justifica que se mezcle en un mismo fenómeno político el ascenso de las extremas derechas y la deriva autoritaria del neoliberalismo?

La asimilación es a todas luces problemática: ¿cómo identificar si no es mediante una analogía superficial el Estado total tan característico del fascismo y la difusión generalizada del modelo de mercado y de la empresa en el conjunto de la sociedad? En el fondo, si esta asimilación permite arrojar luz, centrándonos en el fenómeno Trump, sobre cierto número de rasgos del nuevo neoliberalismo, al mismo tiempo enmascara su individualidad histórica. La inflación semántica en torno al fascismo tiene sin duda efectos críticos, pero tiende a ahogar los fenómenos a la vez complejos y singulares en generalizaciones poco pertinentes, que a su vez no pueden sino dar lugar a un desarme político.

Para Henry Giroux 3/, por ejemplo, el fascismo neoliberal es una “formación económico-política específica” que mezcla ortodoxia económica, militarismo, desprecio por las instituciones y las leyes, supremacismo blanco, machismo, odio a los intelectuales y amoralismo. Giroux toma prestada del historiador del fascismo Robert Paxton (2009) la idea de que el fascismo se apoya en pasiones movilizadoras que volvemos a encontrar en el fascismo neoliberal: amor al jefe, hipernacionalismo, fantasmas racistas, desprecio por lo débil, lo inferior, lo extranjero, desdén por los derechos y la dignidad de las personas, violencia hacia los adversarios, etc.

Si bien hallamos todos estos ingredientes en el trumpismo y más todavía en el bolsonarismo brasileño, ¿acaso no se nos escapa su especificidad con respecto al fascismo histórico? Paxton admite que “Trump retoma varios motivos típicamente fascistas”, pero ve en él sobre todo los rasgos más comunes de una “dictadura plutocrática” 4/. Porque también existen grandes diferencias con el fascismo: no impone el partido único ni la prohibición de toda oposición y de toda disidencia, no moviliza y encuadra a las masas en organizaciones jerárquicas obligatorias, no establece el corporativismo profesional, no practica liturgias de una religión laica, no preconiza el ideal del ciudadano soldado totalmente consagrado al Estado total, etc. (Gentile, 2004).

A este respecto, todo paralelismo con el final de la década de 1930 en EE UU es engañoso, por mucho que Trump haya hecho suyo el lema de America first, el nombre dado por Charles Lindbergh a la organización fundada en octubre de 1940 para promover una política aislacionista frente al intervencionismo de Roosevelt. Trump no convierte en realidad la ficción escrita por Philip Roth (2005), quien imaginó que Lindbergh triunfaría sobre Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940. Ocurre que Trump no es a Clinton o a Obama lo que fue Lindbergh a Roosevelt y que en este sentido toda analogía es endeble. Si Trump puja cada vez más en la escalada antiestablishment para halagar a su clientela electoral, no trata, sin embargo, de suscitar revueltas antisemitas, contrariamente al Lindbergh de la novela, inspirada directamente en el ejemplo nazi.

Pero, sobre todo, no estamos viviendo un momento polanyiano, como cree Robert Kuttner (2018), caracterizado por la recuperación del control de los mercados por los poderes fascistas ante los estragos causados por el no intervencionismo. En cierto sentido ocurre todo lo contrario, y el caso es bastante más paradójico. Trump pretende ser el campeón de la racionalidad empresarial, incluso en su manera de llevar a cabo su política tanto interior como exterior. Vivimos el momento en que el neoliberalismo segrega desde el interior una forma política original que combina autoritarismo antidemocrático, nacionalismo económico y racionalidad capitalista ampliada.

Una crisis profunda de la democracia liberal

Para comprender la mutación actual del neoliberalismo y evitar confundirla con su fin es preciso tener una concepción dinámica del mismo. Tres o cuatro decenios de neoliberalización han afectado profundamente a la propia sociedad, instalando en todos los aspectos de las relaciones sociales situaciones de rivalidad, de precariedad, de incertidumbre, de empobrecimiento absoluto y relativo. La generalización de la competencia en las economías, así como, indirectamente, en el trabajo asalariado, en las leyes y en las instituciones que enmarcan la actividad económica, ha tenido efectos destructivos en la condición de los personas asalariadas, que se han sentido abandonadas y traicionadas. Las defensas colectivas de la sociedad, a su vez, se han debilitado. Los sindicatos, en particular, han perdido fuerza y legitimidad.

Los colectivos de trabajo se han descompuesto a menudo por efecto de una gestión empresarial muy individualizadora. La participación política ya no tiene sentido ante la ausencia de opciones alternativas muy diferentes. Por cierto, la socialdemocracia, adherida a la racionalidad dominante, está en vías de desaparición en un gran número de países. En suma, el neoliberalismo ha generado lo que Gramsci llamó monstruos mediante un doble proceso de desafiliación de la comunidad política y de adhesión a principios etnoidentitarios y autoritarios, que ponen en tela de juicio el funcionamiento normal de las democracias liberales. Lo trágico del neoliberalismo es que, en nombre de la razón suprema del capital, ha atacado los fundamentos mismos de la vida social, tal como se habían formulado e impuesto en la época moderna a través de la crítica social e intelectual.

Por decirlo de manera un tanto esquemática, la puesta en práctica de los principios más elementales de la democracia liberal comportó rápidamente bastantes más concesiones a las masas que lo que podía aceptar el liberalismo clásico. Este es el sentido de lo que se llamó justicia social o también democracia social, a las que no cesó de vituperar precisamente la cohorte de teóricos neoliberales. Al querer convertir la sociedad en un orden de la competencia que solo conocería hombres económicos o capitales humanos en lucha unos contra otros, socavaron las bases mismas de la vida social y política en las sociedades modernas, especialmente debido a la progresión del resentimiento y de la cólera que semejante mutación no podía dejar de provocar.

¿Cómo extrañarse entonces ante la respuesta de la masa de perdedores al establecimiento de este orden competitivo? Al ver degradarse sus condiciones y desaparecer sus puntos de apoyo y de referencia colectivos, se refugian en la abstención política o en el voto de protesta, que es ante todo un llamamiento a la protección contra las amenazas que pesan sobre su vida y su futuro. En pocas palabras, el neoliberalismo ha engendrado una crisis profunda de la democracia liberal-social, cuya manifestación más evidente es el fuerte ascenso de los regímenes autoritarios y de los partidos de extrema derecha, respaldados por una parte amplia de las clases populares nacionales. Hemos dejado atrás la época de la posguerra fría, en la que todavía se podía creer en la extensión mundial del modelo de democracia de mercado.

Asistimos ahora, y de forma acelerada, a un proceso inverso de salida de la democracia o de desdemocratización, por retomar la justa expresión de Wendy Brown. A los periodistas les gusta mezclar en el vasto marasmo de un populismo antisistema a la extrema derecha y a la izquierda radical. No ven que la canalización y la explotación de esta cólera y de estos resentimientos por la extrema derecha dan a luz un nuevo neoliberalismo, aún más agresivo, aún más militarizado, aún más violento, del que Trump es tanto el estandarte como la caricatura.

El nuevo neoliberalismo

Lo que aquí llamamos nuevo neoliberalismo es una versión original de la racionalidad neoliberal en la medida que ha adoptado abiertamente el paradigma de la guerra contra la población, apoyándose, para legitimarse, en la cólera de esa misma población e invocando incluso una soberanía popular dirigida contra las élites, contra la globalización o contra la Unión Europea, según los casos. En otras palabras, una variante contemporánea del poder neoliberal ha hecho suya la retórica del soberanismo y ha adoptado un estilo populista para reforzar y radicalizar el dominio del capital sobre la sociedad. En el fondo es como si el neoliberalismo aprovechara la crisis de la democracia liberal-social que ha provocado y que no cesa de agravar para imponer mejor la lógica del capital sobre la sociedad.

Esta recuperación de la cólera y de los resentimientos requiere sin duda, para llevarse a cabo efectivamente, el carisma de un líder capaz de encarnar la síntesis, antaño improbable, de un nacionalismo económico, una liberalización de los mecanismos económicos y financieros y una política sistemáticamente proempresarial. Sin embargo, actualmente todas las formas nacionales del neoliberalismo experimentan una transformación de conjunto, de la que el trumpismo nos ofrece la forma casi pura. Esta transformación acentúa uno de los aspectos genéricos del neoliberalismo, su carácter intrínsecamente estratégico. Porque no olvidemos que el neoliberalismo no es conservadurismo. Es un paradigma gubernamental cuyo principio es la guerra contra las estructuras arcaicas y las fuerzas retrógradas que se resisten a la expansión de la racionalidad capitalista y, más ampliamente, la lucha por imponer una lógica normativa a poblaciones que no la quieren.

Para alcanzar sus objetivos, este poder emplea todos los medios que le resultan necesarios, la propaganda de los medios, la legitimación por la ciencia económica, el chantaje y la mentira, el incumplimiento de las promesas, la corrupción sistémica de las élites, etc. Pero una de sus palancas preferidas es el recurso a las vías de la legalidad, léase de la Constitución, de manera que cada vez más resulte irreversible el marco en el que deben moverse todos los actores. Una legalidad que evidentemente es de geometría variable, siempre más favorable a los intereses de las clases ricas que a los de las demás. No hace falta recurrir, al estilo antiguo, a los golpes de Estado militares para poner en práctica los preceptos de la escuela de Chicago si se puede poner un cerrojo al sistema político, como en Brasil, mediante un golpe parlamentario y judicial: este último permitió, por ejemplo, al presidente Temer congelar durante 20 años los gastos sociales (sobre todo a expensas de la sanidad pública y de la universidad). En realidad, el brasileño no es un caso aislado, por mucho que los resortes de la maniobra sean allí más visibles que en otras partes, sobre todo después de la victoria de Bolsonaro como punto de llegada del proceso. El fenómeno, más allá de sus variantes nacionales, es general: es en el interior del marco formal del sistema político representativo donde se establecen dispositivos antidemocráticos de una temible eficacia corrosiva.

Un gobierno de guerra civil

La lógica neoliberal contiene en sí misma una declaración de guerra a todas las fuerzas de resistencia a las reformas en todos los estratos de la sociedad. El lenguaje vigente entre los gobernantes de todos los niveles no engaña: la población entera ha de sentirse movilizada por la guerra económica, y las reformas del derecho laboral y de la protección social se llevan a cabo precisamente para favorecer el enrolamiento universal en esa guerra. Tanto en el plano simbólico como en el institucional se produce un cambio desde el momento en que el principio de competitividad adquiere un carácter casi constitucional. Puesto que estamos en guerra, los principios de la división de poderes, de los derechos humanos y de la soberanía del pueblo ya solo tienen un valor relativo. En otras palabras, la democracia liberal-social tiende progresivamente a vaciarse para pasar a no ser más que la envoltura jurídico-política de un gobierno de guerra. Quienes se oponen a la neoliberalización se sitúan fuera del espacio público legítimo, son malos patriotas, cuando no traidores.

Esta matriz estratégica de las transformaciones económicas y sociales, muy cercana a un modelo naturalizado de guerra civil, se junta con otra tradición, esta más genuinamente militar y policial, que declara la seguridad nacional la prioridad de todos los objetivos gubernamentales. El neoliberalismo y el securitarismo de Estado hicieron buenas migas desde muy temprano. El debilitamiento de las libertades públicas del Estado de derecho y la extensión concomitante de los poderes policiales se han acentuado con la guerra contra la delincuencia y la guerra contra la droga de la década de 1970. Pero fue sobre todo después de que se declarara la guerra mundial contra el terrorismo, inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, cuando se produjo el despliegue de un conjunto de medidas y dispositivos que violan abiertamente las reglas de protección de las libertades en la democracia liberal, llegando incluso a incorporar en la ley la vigilancia masiva de la población, la legalización del encarcelamiento sin juicio o el uso sistemático de la tortura.

Para Bernard E. Harcourt (2018), este modelo de gobierno, que consiste en “hacer la guerra a toda la ciudadanía”, procede en línea directa de las estrategias militares contrainsurgentes puestas a punto por el ejército francés en Indochina y en Argelia, transmitidas a los especialistas estadounidenses de la lucha anticomunista y practicadas por sus aliados, especialmente en América Latina o en el sudeste asiático. Hoy, la “contrarrevolución sin revolución”, como la denomina Harcourt, busca reducir por todos los medios a un enemigo interior y exterior omnipresente, que tiene más bien cara de yihadista, pero que puede adoptar muchas otras caras (estudiantes, ecologistas, campesinos, jóvenes negros en EE UU o jóvenes de los suburbios en Francia, y tal vez, sobre todo en estos momentos, migrantes ilegales, preferentemente musulmanes). Y para llevar a buen término esta guerra contra el enemigo, conviene que el poder, por un lado, militarice a la policía y, por otro, acumule una masa de informaciones sobre toda la población con el fin de conjurar toda rebelión posible. En suma, el terrorismo de Estado se halla de nuevo en plena progresión, incluso cuando la amenaza comunista, que le había servido de justificación durante la Guerra Fría, ha desaparecido.

La imbricación de estas dos dimensiones, la radicalización de la estrategia neoliberal y el paradigma militar de la guerra contrainsurgente, a partir de la misma matriz de guerra civil, constituye actualmente el principal acelerador de la salida de la democracia. Este enlace solo es posible gracias a la habilidad con que cierto número de responsables políticos de la derecha, aunque también de la izquierda, se dedican a canalizar mediante un estilo populista los resentimientos y el odio hacia los enemigos electivos, prometiendo a las masas orden y protección a cambio de su adhesión a la política neoliberal autoritaria.

El neoliberalismo de Macron

Sin embargo, ¿no es exagerado meter todas las formas de neoliberalismo en el mismo saco de un nuevo neoliberalismo? Existen tensiones muy fuertes a escala mundial o europea entre lo que hay que calificar de tipos nacionales diferentes de neoliberalismo. Sin duda no asimilaríamos a Trudeau, Merkel o Macron con Trump, Erdogan, Orbán, Salvini o Bolsonaro. Unos todavía permanecen fieles a una forma de competencia comercial supuestamente leal, cuando Trump ha decidido cambiar las reglas de la competencia, transformando esta última en guerra comercial al servicio de la grandeza de EE UU (“America is Great Again”); unos invocan todavía, de palabra, los derechos humanos, la división de poderes, la tolerancia y la igualdad de derechos de las personas, cuando a los otros todo esto les trae sin cuidado; unos pretenden mostrar una actitud humana ante los migrantes (algunos muy hipócritamente), cuando los otros no tienen escrúpulos a la hora de rechazarlos y repatriarlos. Por tanto, conviene diferenciar el modelo neoliberal.

El macronismo no es trumpismo, aunque solo fuera por las historias y las estructuras políticas nacionales en las que se inscriben. Macron se presentó como el baluarte frente al populismo de extrema derecha de Marine Le Pen, como su aparente antítesis. Aparente, porque Macron y Le Pen, si no son personas idénticas, en realidad son perfectamente complementarias. Uno hace de baluarte cuando la otra acepta ponerse los hábitos del espantajo, lo que permite al primero presentarse como garante de las libertades y de los valores humanos. Si es preciso, como ocurre hoy en los preparativos para las elecciones europeas, Macron se dedica a ensanchar artificialmente la supuesta diferencia entre los partidarios de la democracia liberal y la democracia iliberal del estilo de Orbán, para que la gente crea más fácilmente que la Unión Europea se sitúa como tal en el lado de la democracia liberal.

Sin embargo, tal vez no se haya percibido suficientemente el estilo populista de Macron, quien ha podido parecer una simple mascarada por parte de un puro producto de la élite política y financiera francesa. La denuncia del viejo mundo de los partidos, el rechazo del sistema, la evocación ritual del pueblo de Francia, todo esto era quizá suficientemente superficial, o incluso grotesco, pero no por ello ha dejado de hacer gala del empleo de un método característico, precisamente, del nuevo neoliberalismo, el de la recuperación de la cólera contra el sistema neoliberal. No obstante, el macronismo no tenía el espacio político para tocar esta música durante mucho tiempo. Pronto se reveló como lo que era y lo que hacía.

En línea con los gobiernos franceses precedentes, pero de manera más declarada o menos vergonzante, Macron asocia al nombre de Europa la violencia económica más cruda y más cínica contra la gente asalariada, pensionista, funcionaria y la asistida, así como la violencia policial más sistemática contra las manifestaciones de oponentes, como se vio, en particular, en Notre-Dame-des-Landes y contra las personas migrantes. Todas las manifestaciones sindicales o estudiantiles, incluso las más pacíficas, son reprimidas sistemáticamente por una policía pertrechada hasta los dientes, cuyas nuevas maniobras y técnicas de fuerza están pensadas para aterrorizar a quienes se manifiestan e intimidar al resto de la población.

El caso de Macron está entre los más interesantes para completar el retrato del nuevo neoliberalismo. Llevando más lejos todavía la identificación del Estado con la empresa privada, hasta el punto de pretender hacer de Francia una start-up nation, no cesa de centralizar el poder en sus manos y llega incluso a promover un cambio constitucional que convalidará el debilitamiento del Parlamento en nombre de la eficacia. La diferencia con Sarkozy en este punto salta a la vista: mientras que este último se explayaba en declaraciones provocadoras, al tiempo que afectaba un estilo relajado en el ejercicio de su función, Macron pretende devolver todo su lustre y toda su solemnidad a la función presidencial. De este modo conjuga un despotismo de empresa con la subyugación de las instituciones de la democracia representativa en beneficio exclusivo del poder ejecutivo. Se ha hablado con razón de bonapartismo para caracterizarle, no solo por la manera en cómo tomó el poder acabando con los viejos partidos gubernamentales, sino también a causa de su desprecio manifiesto por todos los contrapoderes. La novedad que ha introducido en esta antigua tradición bonapartista es justamente una verdadera gobernanza de empresa. El macronismo es un bonapartismo empresarial.

El aspecto autoritario y vertical de su modo de gobierno encaja perfectamente en el marco de un nuevo neoliberalismo más violento y agresivo, a imagen y semejanza de la guerra librada contra los enemigos de la seguridad nacional. ¿Acaso una de las medidas más emblemáticas de Macron no ha sido la inclusión en la ley ordinaria, en octubre de 2017, de disposiciones excepcionales del estado de emergencia declarado tras los atentados de noviembre de 2015?

La aplicación de la ley en contra de la democracia

No cabe descartar que se produzca en Occidente un momento polanyiano, es decir, una solución verdaderamente fascista, tanto en el centro como en la periferia, sobre todo si se produce una nueva crisis de la amplitud de la de 2008. El acceso al poder de la extrema derecha en Italia es un toque de advertencia suplementario. Mientras tanto, en este momento que prevalece hasta nueva orden, estamos asistiendo a una exacerbación del neoliberalismo, que conjuga la mayor libertad del capital con ataques cada vez más profundos contra la democracia liberal-social, tanto en el ámbito económico y social como en el terreno judicial y policial. ¿Hay que contentarse con retomar el tópico crítico de que el estado de excepción se ha convertido en regla?

Al argumento de origen schmittiano del estado de excepción permanente, retomado por Giorgio Agamben, que supone una suspensión pura y simple del Estado de derecho, debemos oponer los hechos observables: el nuevo gobierno neoliberal se implanta y cristaliza con la promulgación de medidas de guerra económica y policial. Dado que las crisis sociales, económicas y políticas son permanentes, corresponde a la legislación establecer las reglas válidas de forma permanente que permitan a los gobiernos responder a ellas en todo momento e incluso prevenirlas. De este modo, las crisis y urgencias han permitido el nacimiento de lo que Harcourt denomina un “nuevo estado de legalidad”, que legaliza lo que hasta ahora no eran más que medidas de emergencia o respuestas coyunturales de política económica o social. Más que con un estado de excepción que opone reglas y excepciones, nos las tenemos que ver con una transformación progresiva y harto sutil del Estado de derecho, que ha incorporado a su legislación la situación de doble guerra económica y policial a la que nos han conducido los gobiernos.

A decir verdad, los gobernantes no están totalmente desprovistos para legitimar intelectualmente semejante transformación. La doctrina neoliberal ya había elaborado el principio de esta concepción del Estado de derecho. Así, Hayek subordinaba explícitamente el Estado de derecho a la ley: según él, la ley no designa cualquier norma, sino exclusivamente el tipo de reglas de conducta que son aplicables a todas las personas por igual, incluidos los personajes públicos. Lo que caracteriza propiamente a la ley es, por tanto, la universalidad formal, que excluye toda forma de excepción. Por consiguiente, el verdadero Estado de derecho es el Estado de derecho material (materieller Rechtsstaat), que requiere de la acción del Estado la sumisión a una norma aplicable a todas las personas en virtud de su carácter formal. No basta con que una acción del Estado esté autorizada por la legalidad vigente, al margen de la clase de normas de las que se deriva. En otras palabras, se trata de crear no un sistema de excepción, sino más bien un sistema de normas que prohíba la excepción. Y dado que la guerra económica y policial no tiene fin y reclama cada vez más medidas de coerción, el sistema de leyes que legalizan las medidas de guerra económica y policial ha de extenderse por fuerza más allá de toda limitación.

Por decirlo de otra manera, ya no hay freno al ejercicio del poder neoliberal por medio de la ley, en la misma medida que la ley se ha convertido en el instrumento privilegiado de la lucha del neoliberalismo contra la democracia. El Estado de derecho no está siendo abolido desde fuera, sino destruido desde dentro para hacer de él un arma de guerra contra la población y al servicio de los dominantes. El proyecto de ley de Macron sobre la reforma de las pensiones es, a este respecto, ejemplar: de conformidad con la exigencia de universalidad formal, su principio es que un euro cotizado otorga exactamente el mismo derecho a todos, sea cual sea su condición social. En virtud de este principio está prohibido, por tanto, tener en cuenta la penosidad de las condiciones de trabajo en el cálculo de la cuantía de la pensión. También en esta cuestión salta a la vista la diferencia entre Sarkozy y Macron: mientras que el primero hizo aprobar una ley tras otra sin que les siguieran sendos decretos de aplicación, el segundo se preocupa mucho de la aplicación de las leyes.

Ahí se sitúa la diferencia entre reformar y transformar, tan cara a Macron: la transformación neoliberal de la sociedad requiere la continuidad de la aplicación en el tiempo y no puede contentarse con los efectos del anuncio sin más. Además, este modo de proceder comporta una ventaja inapreciable: una vez aprobada una ley, los gobiernos pueden esquivar su parte de responsabilidad so pretexto de que se limitan a aplicar la ley. En el fondo, el nuevo neoliberalismo es la continuación de lo antiguo en clave peor. El marco normativo global que inserta a individuos e instituciones dentro de una lógica de guerra implacable se refuerza cada vez más y acaba progresivamente con la capacidad de resistencia, desactivando lo colectivo. Esta naturaleza antidemocrática del sistema neoliberal explica en gran parte la espiral sin fin de la crisis y la aceleración ante nuestros ojos del proceso de desdemocratización, por el cual la democracia se vacía de su sustancia sin que se suprima formalmente.

 

Por Pierre Dardot es, filósofo y Christian Laval es sociólogo. Ambos son coautores, entre otras obras, de La nueva razón del mundo y Común

Traducción: viento sur

Referencias

Gentile, Emilio (2004) Fascismo: historia e interpretación. Madrid: Alianza.

Harcourt, Bernard E. (2018) The Counterrevolution, How Our Government Went to War against its Own Citizens. Nueva York: Basic Books.

Kuttner, Robert (2018) Can democracy survive Global Capitalism? Nueva York/Londres: WW. Norton & Company.

Paxton, Robert O. (2009) Anatomía del fascismo. Madrid: Capitán Swing.

Roth, Philip (2005) La conjura contra América. Barcelona: Mondadori.

Notas:

1/ Prefacio a la traducción en inglés, publicada por la editorial Verso, de La pesadilla que no acaba nunca (Gedisa, 2017), obra publicada originalmente por La Découverte, París, en 2016.

2/ Éric Fassin, “Le moment néofasciste du néolibéralisme”, Mediapart, 29 de junio de 2018, https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/290618/le-moment-neofasciste-du-neoliberalisme .

3/ Henry Giroux, Neoliberal Fascism and the Echoes of History, https://www.truthdig.com/articles/neoliberal-fascism-and-the-echoes-of-history/ , 08/09/2018.

4/ Robert O. Paxton, “Le régime de Trump est une ploutocratie”, Le Monde, 6 de marzo de 2017.

Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article14984

Publicado enPolítica
Martes, 23 Julio 2019 06:09

Lideresas contra el despojo

Lideresas contra el despojo

– No sé leer ni escribir, pero me vengo al río y saco el oro para mi jornal, el pescado para alimentar a mis hijos y nietos, cultivo maíz y café… Y así junté para construirme mi casita y sacar adelante a mi familia yo sola. Porque a mi marido lo mataron los ‘paracos’.

A su marido, y a la mayoría de los tíos y primos de Eva Luceli Higuita Oliveros.  “He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá, mi empresa. ¿De qué vamos a vivir cuando no podamos seguir viniendo?”, nos dice junto al puente La Garrucha, desde el que los paramilitares solían arrojar a sus víctimas al torrente, en la región colombiana de  Antioquia.

Eva Luceli, 52 años, aprendió desde pequeña a multiplicar los panes y los peces cribando la arena del majestuoso río Cauca hasta descubrir entre sus granos las deslumbrantes pepitas de oro. Sus manos obran el milagro de transformar semillas en alimento, y la fuerza física y mental de su pequeño cuerpo lleva décadas consiguiendo cubrir las necesidades de sus hijos y nietos. Pero todos estos conocimientos y resultados que no tienen ningún valor para las cuentas de resultados que compiten en la bolsa -y que no consiguieron exterminar las balas de la guerra colombiana-, van a ser arrasados por Hidroituango, una de las más de cien represas que se están construyendo en Colombia, un país donde ya se produce más energía de la que se consume, pero sin las que no se podrían abastecer las más de 9.000 concesiones de explotaciones mineras concedidas hasta 2015, así como cumplir con el plan estratégico de un país que pretende convertirse en un polo de generación eléctrica para el continente latinoamericano, así tenga para ello que expoliar y agotar los bienes comunes que han garantizado la subsistencia de miles de personas. «He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá», Eva Luceli #Defensoras

De hecho, Eva Luceli, como la mayoría de la población de esta región que vive de la agricultura, la pesca y el barequeo -minería artesanal de oro-, ya tienen vetado el acceso a los 128 kilómetros cuadrados del cañón del río Cauca que han sido privatizados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la construcción de la tercera represa más grande de América Latina. 

– Yo sí creo que nos van a matar. Cuando fuimos a protestar contra la represa a Toledo la gente gritaba “Ya llegan los guerrilleros”. Y cuando voy al río a sacar oro –peces ya no, porque desde que construyeron el muro de contención apenas hay– tenemos que tener cuidado porque te encuentras a desconocidos armados. Tengo miedo, pero ¿qué voy a hacer? No tengo otra opción. Esa gente que ha traído EPM nos mira mal.  

El 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, campesino implicado en la lucha contra Hidroituango y el tercer integrante finado de Ríos Vivos, un movimiento social colombiano en el que se integran buena parte de las distintas luchas contra las hidroeléctricas.  

Como en las dos anteriores ejecuciones, las circunstancias siguen sin aclararse y están envueltas en la impunidad, como también sucede con los asesinatos de al menos 600 asesinadas, las desapariciones a manos del paramilitarismo —y su alianza con el Ejército colombiano— de cientos de personas entre la década de los 90 y el año 2010 en los 12 municipios afectados por Hidroituango. El terror generado por las masacres fue tal que 110.000 de sus 170.000 habitantes huyeron, perdiendo sus tierras y sus hogares.

La historia de la represa Hidroituango está estrechamente imbricada con la de las últimas dos décadas del conflicto colombiano. Dos días antes de que el entonces presidente de la gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, acabase su mandato antes de lanzarse a la campaña presidencial, la Asamblea regional aprobó la constitución de la empresa pública de Hidroituango. Era el 29 de diciembre de 1997, año en el que el paramilitarismo cometería algunas de las masacres más sangrientas en la zona afectada por la represa, como fue la de la vereda del Aro, por la que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo por no evitarla cuando tenía conocimiento de las torturas, los descuartizamientos, desollamientos, violaciones y todo tipo de barbaries que cometieron durante una semana contra su población –así como el asesinato de quince campesinos–, sino también por “su participación y colaboración directa” a través del Ejército.

El Tribunal Superior de Medellín pidió en 2018 que Uribe Vélez fuese investigado por su posible relación con esta masacre, ya que según varios testimonios de paramilitares, estuvo presente en las reuniones para prepararla y un helicóptero de su gobernación sobrevoló la población mientras era masacrada.  Su hermano Santiago está siendo juzgado por ser supuestamente el creador del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que con sus matanzas contribuyeron al éxodo masivo de la población de esta región.

“Este proyecto político-militar en el que participaban los paramilitares, la Policía y el Ejército creó así el escenario ideal para la llegada de Hidroituango, porque así la empresa se encontró con un territorio vaciado y una población diezmada y adolorida, que estaba buscando a sus muertos y que difícilmente opondría oposición a la represa por todo el terror que habían generado las masacres. Es así como entiendo el origen de tanto desplazamiento, tantas masacres y tanto dolor contra nosotros”, explica Cristina Isabel Zuleta, socióloga y lideresa del Movimiento Ríos Vivos que tuvo que abandonar su vida en Ituango de adolescente, ante el temor de su familia de que los paramilitares la agrediesen sexualmente como hacían normalmente con las jóvenes. 2010, el año en el que empezó a construirse la represa, fue el momento en el que más personas fueron asesinadas extrajudicialmente en esta región.

Mientras fuera de Colombia se habla de la paz tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC, los habitantes de los doce municipios afectados por la represa siguen sometidos al control de los grupos paramilitares –en municipios como Valdivia fuimos testigos de cómo siguen dictando toques de queda–, pero también por la militarización que suele rodear a estos macroproyectos para garantizar el desalojo de las comunidades que viven o trabajan en la parte privatizada, y también para proteger las obras ante la oposición que suelen suscitar. En el caso de Hidroituango, se ha llegado a construir una base militar junto a su muro de contención.

En una región donde el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, gran parte de la misma ya han experimentado lo que supone vivir como desplazada en las ciudades, o fuera de sus comunidades: más miseria, hambre y mendicidad. Y no está dispuesta a volver a vivirlo. Así les cueste la vida, como les advierten las amenazas que ha recibido Ríos Vivos como colectivo y de sus integrantes a título individual. Y como Cristina Isabel Zulueta, o Eva Luceli Higuita Oliveros, muchas de las que se han alzado en lideresas de esta resistencia han sido las campesinas.El 60% de los ríos del planeta están divididos por unas 60.000 represas, de 15 metros de altura, y unas 300 grandes hidroeléctricas con muros de más de 150 metros.

La falsa energía verde que no es renovable

Las grandes hidroeléctricas se han planteado desde organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional como generadoras de “energía verde” y, por tanto, una de las estrategias para combatir el cambio climático. Sin embargo, son muchos los estudios que demuestran que su impacto medioambiental supera al supuesto ahorro de emisiones para el calentamiento global que se les atribuye. En 2014, un equipo de la Universidad de Oxford analizó la inversión económica requerida para la construcción de 245 grandes represas concluyendo que superaba a los beneficios. Y explicaban que otros métodos de producción energética como la eólica, la solar o pequeñas hidroeléctricas instaladas dentro de canales de regadío son más competitivas, generando además un menor impacto socioecológico. 

El mantenimiento de las grandes represas requiere además de inversiones que superan incluso al de su levantamiento, por lo que la mayoría de ellas terminan generando menos voltaje del anunciado y no se suelen desmantelar cuando dejan de ser rentables porque el coste de reubicar y reciclar millones de tonelada de cemento y ladrillo –dos de las industrias más contaminantes y beneficiadas del auge de las hidroeléctricas–, así como de recuperar los cauces hídricos, superarían de nuevo la inversión inicial para su puesta en marcha. Países que tienen que aumentar su endeudamiento público –y por tanto, su dependencia de organismos como el FMI– no sólo por el alto coste de las obras, sino también porque los sobrecostes suelen superar el 100% de lo presupuestado inicialmente: la brasileña de Belo Monte ha costado ya más de 9.500 millones de euros, cuando salió a subasta en unos 5.000. 

Pero es que además del impacto medioambiental que conlleva inundar el territorio, modificar el trazado natural de los caudales, diezmar la población de las 9.000 especies acuáticas que habitan los ecosistemas fluviales y gestionar los sedimentos que se concentran en el reservorio por el muro de contención, hay que tener en cuenta que las ingentes cantidades de metano que emite la putrefacción de la flora inundada y los sedimentos acumulados, supera con creces el supuesto ahorro de emisiones que supondría la quema de combustibles fósiles o de la quema de biomasa. Según un estudio de la Escuela del Medioambiente de la Universidad de Washington, en Vancouver, el metano emitido por la descomposición de la vegetación inundada y de los sedimentos acumulados es un 25% superior a lo estimado hasta el momento de la publicación del informe, en 2016. Aunque el metano sólo permanece en la atmósfera una década, según declaró en la revista BioScience Bridget Deemer, su autora principal, “durante los últimos veinte años, el metano ha contribuido casi tres veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono”. Estas emisiones son especialmente superiores en climas tropicales, que es en el que se enclava la mitad de Latinoamérica y de África.

Ninguna de estas revelaciones han frenado el enloquecido ritmo de construcción de represas, como tampoco lo ha hecho la constatación del empobrecimiento que generan entre los habitantes de las comunidades que son expulsadas de su territorio para su construcción, así como en las ribereñas marítimas en las que desembocan los ríos; ni que promuevan la corrupción por por los ingentes intereses económicos que implican; ni que muchas de las personas que se niegan a abandonar su hogar, su modo de vida, así como su fuente de subsistencia, suelan sufrir en determinados países hostigamiento, persecución e, incluso, el asesinato. Sólo en 2017, más de 210 defensores medioambientales fueron asesinados en el contexto de la lucha contra megaproyectos extractivistas como las hidroeléctricas. 

No sólo Berta Cáceres

Edizângela Barros es una de las 40.000 personas -8.000 familias- que han sido obligadas a abandonar su territorio por larepresa Belo Monte, que ha mutilado el río Xingu, en la Amazonía brasileña. Tras ocho años luchando contra su construcción desde el Movimiento de Afectados por las Represas, su función ahora, que ya está en funcionamiento, es exigir que la empresa —de accionariado público en su mayoría— cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades. En la suya el número de asesinatos anuales pasó de 48 a 86 entre 2011 y 2014.

Sólo se ha reconocido el derecho a una vivienda a un 4% de las personas desplazadas, mientras que a un 75% se le ha concedido una indemnización que no alcanza para adquirir una nueva, según la ONG Instituto Socio-Ambiental. El subregistro de impactos es común a estos megaproyectos, ya que —dado que afectan a zonas rurales y a comunidades indígenas— es habitual que la población carezca de contratos de propiedad en los territorios comunitarios.

“El desplazamiento ha roto los vínculos comunitarios. Los pocos que sí han conseguido que les reconocieran su derecho a una vivienda en los campamentos que ha creado la empresa, no tienen de qué vivir porque éramos pescadores, campesinos… Y, encima, el coste de la vida en las ciudades es mucho más caro. Paradójicamente, muchas familias afectadas no pueden pagar la luz. La empresa se comprometió a trasladarnos a barrios con escuelas, centros de salud, pero no han cumplido nada. Eso ha provocado, entre otras muchas cosas, un aumento de la violencia en las familias”, explica Edizângela Barros por vía telefónica desde su nueva residencia.

El Ministerio Público Brasileño ha denunciado al Estado y al consorcio Norte Energía —creado ad hoc por el Gobierno de Lula da Silva para acometer este megaproyecto— por etnocidio, es decir, el exterminio cultural de pueblos indígenas. Una acusación que podría trasladarse a otros países, como Honduras, el más mortífero para los y las defensoras medioambientales: 130 han sido asesinadas y varios centenares encarceladas desde 2009, cuando el Gobierno golpista de Porfirio Lobo empezó a otorgar las más de 110 concesiones hidroeléctricas y 500 mineras a empresas nacionales y transnacionales que vemos hoy. El asesinato más conocido es el de Berta Cáceres, a partir del cual el mundo empezó a entender que ser ecologista va mucho más allá de consumir de determinada estantería del supermercado, que decir “no” a los gobiernos y empresas transnacionales que imponen una ideología basada en el despojo de los bienes comunes puede costar la vida en determinados contextos marcados por la impunidad.

La campesina hondureña Albertina López, de la comunidad lenca Jilamito, se enfrenta, junto con otros cuatro activistas, a cuatro años de prisión. Están acusados de ocupar, durante una protesta, la propiedad privatizada donde se construye la represa Hidrocep, cuyas obras ya han convertido en barro el agua del río del que beben 170 familias.

“Trabajadores del empresario nos dicen que van a contratar a sicarios para que nos maten. También han comprado a vecinos, al Consistorio, a policías… pero nunca van a conseguir comprar nuestra dignidad porque este campamento se ha convertido en una hermandad”, explica Albertina. Desde 2017, decenas de hombres y de mujeres se turnan para impedir el avance de las obras; están poniendo sus vidas porque “el agua es vida”, reivindican.

El panorama no varía mucho en Ecuador, donde las protestas pacíficas contra los megaproyectos también son respondidas con violencia y denuncias por terrorismo o rebelión. Es el caso de Manuela Pacheco, a la que han denunciado por éstos y otros cargos en una quincena de ocasiones por oponerse a la represa que han construido en su aislada comunidad, San Pablo de Amalí, entre cuyo accionariado está la compañía vasca Ingehydro SL. Ahora que ya está funcionando, ni siquiera permiten a la población coger suficiente agua para regar sus cultivos, cuenta por teléfono.

Manuela se convirtió, junto con su esposo Manuel Trujillo, en un símbolo de la lucha contra las extractivistas, después de que ambos salieran con sus brazos —alzados y enlazados— del tribunal que en 2016 reconoció su inocencia por los cargos de terrorismo organizado, lo que ponía en evidencia la hipocresía del Gobierno bolivariano de Rafael Correa, que criminalizó la protesta social.

“Me ofrecían plata, carros, una casa… a cambio de que parásemos. En una reunión con gente del Gobierno, me dijeron que me podían sacar del país y que no hacía falta ni que volviese a mi casa, porque lo que allí tenía no valía nada —recuerda—. Esa es la visión que tienen de nuestras vidas, que no valen nada”.

Desde los Ejecutivos —sin apenas distinción por signo político— se presenta a estas personas como enemigas de sus países por ser contrarias a un supuesto desarrollo que no es sino una nueva forma de colonialismo basado en la acumulación por desposesión, robo o despojo. El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.

Por ello, parte del trabajo de las organizaciones que trabajan contra estas dinámicas ha sido resignificar sus vidas, como explica Cristina Isabel Zuleta: “El principal ejercicio que hizo Ríos Vivos fue recuperar el orgullo de ser lo que somos porque la violencia te lo quita, te hace sentir muy poca cosa. No quieres ser mujer porque implica un riesgo, no quieres ser campesina porque implica un riesgo… La violencia te quita tus raíces, tu identidad, y lo primero que hay que recuperar es la certeza de que valemos algo, de que no merecemos lo que nos están haciendo y de que tenemos que buscar justicia. Y eso te da la posibilidad de renacer con los otros y las otras, y de sentirnos mejor con nosotras mismas”.

Las nuevas guerras son medioambientales

“El extractivismo es una forma de guerra hacia las comunidades y sus maneras de estar en el mundo, y contra los medioambientes”, explica Daniela del Bene, coordinadora del Atlas de Justicia Medioambiental, que recopila datos de más de 2.400 conflictos ecosociales en todo el mundo.

Aún no hay leyes para esta guerra. No existe normativa internacional que regule la responsabilidad de las transnacionales, una impunidad contra la que organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) lleva años proponiendo una hoja de ruta, como explica Erika González, investigadora de OMAL: “En el ámbito internacional debería aprobarse un instrumento vinculante que obligue a las transnacionales a cumplir el Derecho internacional de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente… Y un tribunal internacional que pueda juzgar a los directivos y a sus empresas, pero no sólo a las matrices, sino que siga toda la cadena de valor de las transnacionales: proveedores, filiales y contratas”.

Mientras, las que sí son perseguidas, ninguneadas, encarceladas y hasta asesinadas son las personas a las que le quitan todo lo que tienen para producir una energía destinada a engrosar las arcas de los que más acumulan. Y están dando sus vidas por defender la vida, la de todos y todas.

Por Patricia Simón

22 julio 2019 0

Publicado originalmente en Pikara

Publicado enSociedad
Lunes, 22 Julio 2019 09:48

¡Libre comercio o ecología!

Eduardo Esparza, detalle de la serie “Desentierros 3” (Cortesía del autor)

Al obtener el 10 por ciento de los escaños en las elecciones al Parlamento Europeo, los ecologistas han despertado un antiguo debate sobre el posicionamiento político de su movimiento. ¿Estilo más bien de izquierda, como sugiere la mayoría de las alianzas concluidas hasta ahora, o más bien liberal, como lo indican tanto la adhesión a Emmanuel Macron de varios ex dirigentes ecologistas (Daniel Cohn-Bendit, Pascal Canfin, Pascal Durand) como algunas coaliciones que en Alemania ya incluyen a la derecha y a los Verdes?


A priori, el liberalismo y la protección del medio ambiente deberían constituir una pareja explosiva. En efecto, en 2003 un teórico liberal tan esencial como Milton Friedman afirmaba: “El medio ambiente es un problema ampliamente sobrevalorado. [...] Contaminamos por el sólo hecho de respirar. No vamos a cerrar las fábricas con el pretexto de eliminar todas las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. ¡Sería como ahorcarse ahora mismo!” (1). Y diez años antes que él Gary Becker, otro destructor de lo que aún no se llamaba “ecología punitiva”, él también “Premio Nobel de Economía”, había sostenido que “el derecho laboral y la protección del medio ambiente se han tornado excesivos en la mayoría de los países desarrollados”. Pero él ya anunciaba: “El libre comercio reprimirá algunos de estos excesos obligando a todos a seguir siendo competitivos frente a las importaciones procedentes de los países en desarrollo” (2).


¿Ola verde en Europa?

 

Por lo tanto, es comprensible que las angustias relativas al futuro del planeta hayan rehabilitado el término durante largo tiempo vilipendiado de “proteccionismo”. En Francia, durante un debate de la campaña electoral europea, los principales candidatos socialistas y ecologistas han pedido, incluso casi en los mismos términos que Marine Le Pen, “un proteccionismo en las fronteras de la Unión Europea” (3). Medimos las eventuales consecuencias de tal cambio de rumbo dado que el libre comercio constituye el principio histórico fundador de la Unión, al mismo tiempo que es el motor económico de su Estado más poderoso, Alemania. De ahora en más, todo el mundo sabe que el elogio, que pasó a ser consensual, de los productores locales, los circuitos comerciales cortos, el reprocesamiento de los residuos in situ, es incompatible con un método de producción e intercambio que multiplica las “cadenas de valor”, es decir organiza la noria de los buques portacontenedores en los que los componentes de un mismo producto “atravesarán tres o cuatro veces el Pacífico antes de llegar a las estanterías de un comercio” (4). En las próximas semanas no va a faltar la oportunidad de confirmar en la práctica su negativa a un libre comercio ecológicamente destructivo. En efecto, los parlamentarios de la Unión Europea tendrán que ratificar –o rechazar– un acuerdo de liberalización comercial con cuatro Estados latinoamericanos, entre ellos Brasil y Argentina (UE-Mercosur), otro con Canadá (Ceta) [Acuerdo Económico y Comercial Global], un tercero con Túnez (Aleca) [Acuerdo de Libre Comercio Completo y Profundo]. Veremos entonces si realmente una “ola verde” se extendió por el Viejo Continente.

1. Entrevista con Henri Lepage, Politique internationale, N° 100, París, verano de 2003.
2. Gary Becker, “Nafta: The pollution issue is just a smokescreen”, Business Week, 9-8-1993, en Le Grand Bond en arrière, Agone, Marsella, 2012.
3. France 2, 22-5-19.
4. Ben Casselman, “Manufacturers adapt to trade war, but the cost could be steep”, The New York Times, 31-5-19.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Teresa Garufi

Fabio Mejía, "La dobre línea del saqueo", fotografía (Cortesía del autor)

Hace 200 años, el 7 de agosto de 1819, el país proclamó la independencia y dio origen a lo que hoy conocemos como República de Colombia. Este artículo describe la historia del desarrollo nacional, diagnostica la situación económica actual y sugiere las bases productivas e institucionales de una necesaria revolución social.

 

Memoria y razones de la nación que somos. El “orden”, la estratificación y el poder impuestos por los blancos peninsulares, mediante la violenta, corrupta y expoliadora Colonia, perduraron tres siglos. La insurrección de Los Comuneros (1781) fue el antecedente popular de las guerras de independencia y la primera negación, absoluta y violenta, hecha con armas y por medio de una compacta red de comunes de labriegos y aldeanos, de la soberanía de la corona española. La temprana derrota que vivieron estos insurrectos dejó una amarga lección para las futuras sublevaciones populares: la ingenua creencia que podía lograrse una conquista revolucionaria por medio de la negociación política con el poder real y el error de confiar en la mediación “neutra” de los jerarcas de la Iglesia (1).


En este contexto y dinámica, la Independencia de Colombia fue el final de un proceso histórico que permitió la emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. El triunfo de los patriotas condujo a una organización institucional que amplió las bases de sustentación del sistema hispano-colonial. El pueblo desempeñó un papel de símbolos abstractos, mitos y creencias republicanas. Se promulgaron constituciones liberales cómodas que sirvieron de careta al caudillismo, a las oligarquías y a toda clase de negocios, demagogias e intereses de las clases dominantes.La independencia no fue una revolución burguesa, en sentido exacto, sino un rompimiento –dentro del sistema feudal que había estructurado España– entre el feudalismo colonial y el feudalismo autonomista de los criollos. El capitalismo sólo llegaría a Colombia, de manera orgánica y moderna, hasta mediados del siglo XX.


Esas fuerzas contrarrevolucionarias –la antigua aristocracia esclavista, terrateniente y minera, la jerarquía católica, los militares cargados de tierras y privilegios, los gobiernos y transnacionales imperiales, las clientelas intelectuales y burocráticas, los comerciantes y banqueros– no solo obturaron las vías de acceso popular al Estado republicano, sino que restablecieron los mecanismos del sistema colonial de hacienda pública (2) y, además, anclaron a sus intereses las relaciones sociales, las expresiones culturales, políticas y los contenidos educativos de la “nueva ciudadanía”. Desde entonces, tres grandes vertientes de opinión y lucha política determinan y dan contenido a la dialéctica de los conflictos sociales: el liberalismo, el conservatismo y, más tarde, el socialismo.


La situación económica de la Nueva Granada en los primeros años republicanos fue de crisis y decadencia. La minería ya había declinado en las últimas décadas del siglo XVIII y en los primeros años del XIX. La agricultura del Nuevo Reino había mantenido un desarrollo lento debido a las trabas externas, la débil vinculación con mercados internacionales, y a las limitaciones internas como la falta de capitales, el régimen de impuestos y el uso de métodos y técnicas tradicionales. No obstante, la agricultura se consideró como la actividad redentora para el futuro de la nación.


El país se acostumbró a vivir por encima de sus capacidades, con crónicos déficit fiscales, antagonismos políticos por la apropiación presupuestal, una deuda pública estructural y una dependencia adictiva de los recursos naturales y energéticos. Fue evidente la precariedad del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional. Además, la Primera República manifestó tendencias al regionalismo y al caudillismo, fruto de la diversidad geográfica y socioeconómica, atizando los conflictos entre centralistas y federalistas, civilistas y militaristas, pacifistas y guerreristas, librecambistas y proteccionistas, liberales y conservadores, laicos y clero, colonialistas y revolucionarios, moderados y radicales, oligarquías y trabajadores, ricos y pobres, terratenientes y minifundistas, patriotas y realistas. Estos antagonismos se transformaron, agudizaron y complejizaron hasta arraigarse como destino nacional durante las siguientes dos centurias.


El Estado, los privilegios y ventajas otorgados por el Estado y el capital estaban reservados a las clases dominantes, a la cúspide de la pirámide social. Los de abajo, los pobres, explotados y oprimidos serían, en cambio, abandonados a su propia suerte para que sobrevivieran de la forma que pudieran, pacífica o violentamente, por medios legales o ilegales, legítimos o ilegítimos. El carácter de Estado autoritario, corporativista y patrimonial se expresa, desde entonces, en cuatro tendencias políticas: las familias ricas y los partidos políticos hegemónicos se sirven de los bienes y recursos del Estado como si fueran suyos, el reforzamiento creciente de los aparatos de represión, la ilegalización de las luchas sociales y la cooptación de grupos de interés mediante la entrega de dadivas a cambio de lealtades políticas.


Colombia hoy


En la historia del  país, desde su constitución como nación, la violencia es expresión del poder real. La finalidad de la violencia étnica, de castas y de clases no ha sido el dominio y la explotación sino, más bien, el exterminio, y por ello se introdujeron tácticas bélicas inéditas en el Nuevo Reino de Granada (perpetuadas a pesar del paso del tiempo), como la política de tierra arrasada, el terror, el sometimiento colectivo por inanición, el desplazamiento forzado, el despojo, la manipulación, el chantaje  y la pobreza inducida (ver recuadro Memoria de exterminio). La concentración de la riqueza, la exclusión popular, los genocidios y la rotura del tejido social son su resultado.


No es casual que la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, la exclusión, el desempleo y el trabajo precario e informal, en todas sus dimensiones, continúen como desafíos centrales para la sociedad colombiana. El desarrollo incluyente y sostenible, la democracia radical y plural, el trabajo digno y la garantía universal de los derechos humanos, son la condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera. También es una verdad evidente que sin paz es imposible generar bienestar colectivo y desarrollo (Gráfico 1).

 

 


Es una deuda del establecimiento con el conjunto social, la cual está distante de cumplirse, datos recientes así lo reafirman. La reducción de pobreza monetaria se estancó en 2016, mientras que en 2017 la pobreza en términos de ingresos se había situado en 26,9 por ciento, en 2018 ascendió a 27,0. Al desglosar la cifra nacional, se encuentra que en las cabeceras urbanas el índice de pobreza fue de 24,4 por ciento, mientras que en las zonas rurales asciende al 36,1 por ciento. Históricamente el grado de incidencia de la pobreza es más aguda en las zonas rurales que en los centros urbanos. Los datos del último censo agropecuario (2016) muestran que el 0,1 por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60 por ciento de la tierra, mientras que el 81 por ciento de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5 por ciento de la tierra. Pese a toda esta evidencia, el gobierno Duque (2018-2022), enemigo de los acuerdos de paz, ha bloqueado, entre otros, el capítulo de desarrollo rural.


La precariedad del mercado laboral agrava la pobreza y la desigualdad. En particular, el desempleo es un problema que se vuelve estructural a partir de la década de 1960, cuando el impacto de “La Violencia” (1946-1966) arrojó a más de dos millones de campesinos, despojados de sus tierras, a habitar y malvivir en los cinturones de miseria de las grandes urbes.Durante la década de 1950 la tasa media de desempleo fue de 3,1 por ciento; de 1960 a 2019 el promedio anual se eleva por encima del 11 por ciento.


El país se mantiene en el grupo de siete naciones con las peores distribuciones de ingreso del planeta. El Dane reveló un aumento en la concentración del ingreso entre 2017-2018: pasó de 0,51 a 0,52. Durante los últimos sesenta años registra una media de 0,535, con tendencia a agudizarse a partir de la década de 1990, cuando tomo fuerza el modelo neoliberal, la violencia paramilitar y la financiarización de la economía.


A pesar del paso del tiempo y de las reiteradas promesas de cada candidato presidencial, el modelo económico colombiano prosigue y se fundamenta sobre la polarización de la distribución del ingreso y la riqueza, en el bajo nivel de vida de la población trabajadora, en la preservación de un enorme contingente de mano de obra barata e ignorante y en la explotación semigratuita y depredatoria de los recursos naturales y energéticos (elementos que constituyen la ventaja comparativa de los países capitalistas periféricos y dependientes). El petróleo y la minería han inhibido el desarrollo de los demás sectores de la economía y contribuido al desplazamiento forzado.  


Al mismo tiempo, al Estado colombiano lo caracteriza su estructura de poder excluyente y la represión social; en medida insignificante actúa como empresa, como órgano de gestión, garantista de justicia y derechos humanos, proveedor de servicios de calidad o promotor del desarrollo humano sostenible. De una parte, es un Estado tramposo, burocrático y corrupto que provoca un clima de inseguridad jurídica y operativa, el cual afecta negativamente a la inversión y a la productividad; de otra, la estructura impositiva de carácter regresivo y arbitrario  se expresa, por ejemplo, en el tributo del 19 por ciento sobre los productos y servicios que integran la canasta familiar, lo que ahonda la desigualdad y genera pobreza entre las clases trabajadoras y caída de la productividad laboral. Además, la inestabilidad macroeconómica impacta negativamente el crecimiento económico y el bienestar social.
Sociedad sin armonía entre la estructura económica y la distribución de la fuerza laboral por ramas de la producción. En 2019, la explotación de minas y canteras genera el 6,5 por ciento del valor agregado y ocupa apenas el 0,9 por ciento de los trabajadores; la intermediación financiera aporta el 5,2 por ciento del producto nacional y genera el 1,5 por ciento de los puestos de trabajo. En la situación extrema, el sector agropecuario contribuye con el 7,9 por ciento de la producción y concentra el 15,2 por ciento de la población ocupada, reflejando un bajo nivel de productividad. La industria manufacturera, en decadencia desde los años 1980, genera 12,2 por ciento del valor agregado y registra una cifra similar en la participación del empleo nacional. En las demás ramas de la producción sobresale el trabajo informal, improductivo y precario (Gráfico 2).

 

 


La relación de la economía colombiana con el resto del mundo es asimétrica. Se exportan materias primas y se importan alimentos y toda clase de bienes manufacturados. La balanza comercial es históricamente deficitaria: durante el período 1980-2019, el valor de las importaciones es superior en 6,4 por ciento, en promedio, respecto a las exportaciones. En las últimas cuatro décadas, la línea polinómica de la balanza comercial tiene forma de U: es descendiente entre los años 1980-1992 y registra un déficit creciente a partir de 2014, alcanzando el 21 por ciento en 2019 (Gráfico 3).

 

 


Durante el período 2001-2018, el crecimiento de la población en Colombia fue de 20,7 por ciento; el valor de la producción aumentó durante estos años en 95,9 por ciento; en consecuencia, el crecimiento del ingreso per cápita fue de 62,4, equivalente al 3,5 por ciento promedio anual. Para el período 2019-2030, se espera que la población aumente 7,4 por ciento, la producción 53,9 y el PIB por persona 43,3, esto es, 3,2 por ciento promedio anual (Gráfico 4).

 

 


Economía de la Segunda República


La crisis del modelo neoliberal de crecimiento económico en Colombia se origina, de una parte, en el hecho de que cada vez encuentra menos elementos de sustentación en el sistema mundo capitalista contemporáneo, en pleno, sostenido y acelerado ingreso a la cuarta revolución industrial, luchas competitivas a muerte e involución a los nacionalismos proteccionistas; de otra, en las propias condiciones de vida de su población trabajadora que padece cada día mayores costos sociales, políticos y ambientales. No sólo se trata de un modelo de crecimiento económico sin desarrollo, sino contra la posibilidad de un desarrollo humano, sostenible y democrático. Este modelo histórico combina las formas de funcionamiento de unas estructuras internas de dominación social (sin las cuales no podría explicarse la extrema concentración de la riqueza, el ingreso  y del poder político) y las relaciones de dependencia nacional que definen los determinantes del modelo de capitalismo periférico y atraso científico-tecnológico.


La transformación del modelo económico de desarrollo, en el contexto de una Segunda República, requiere de una mirada histórica, crítica y sistémica. Los lineamientos generales de una alternativa viable y sostenible deben abarcar los temas de Estado, democracia, políticas públicas, modelo de desarrollo, dignidad humana y cuestión social (3).


Estado y política. La viabilidad de la democracia radical y plural como proyecto político hegemónico en Colombia se apoya en su capacidad de competir con proyectos posdemocráticos, antidemocráticos y premodernos. Estos últimos manipulan con eficacia emociones, afectos, miedos, dogmas y tradiciones.  En la compleja polarización de la sociedad colombiana, la solución histórica al enfrentamiento entre sectores sociales antagónicos en el campo de batalla político, necesita que la ciudadanía democrática, trabajadora, pacifista y defensora de la dignidad humana derrote política, social y culturalmente a los violentos partidos y grupos de la extrema derecha, a la corrupta lumpen oligarquía, a las iglesias y movimientos religiosos caracterizados por la intolerancia y el maniqueísmo, al violento proyecto  paramilitar y a los feroces terratenientes.


Los pilares tradicionales de la democracia moderna, radical y plural, más allá del ritus electoral, son el pensamiento crítico, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo y la participación social, la justicia, la tolerancia y el bien común. El filósofo y psicoanalista greco-francés Cornelius Castoriadis estaba en lo cierto cuando afirmaba que, en la democracia, la comunidad política –el demos– construye sus propias instituciones y decide acerca de todo sabiendo que lo hace consciente, racional y apasionadamente. El Estado social y democrático de derecho,  proclamado en la Carta Política de 1991, es una tarea pendiente y necesaria; las clases dirigentes han procrastinado esta obligación histórica.


El Estado debe resolver los históricos y denominados déficits gemelos: el fuerte deterioro de la cuenta corriente (4) y el déficit fiscal creciente. Estos son insostenibles en el largo plazo y conducen a un endeudamiento público impagable y a cargas fiscales insoportables. Es necesario aumentar la participación de las exportaciones en el PIB colombiano; ello requiere, de una parte, incrementar la participación del sector manufacturero y los servicios de alta tecnología en el PIB y, de otra, aprovechar el potencial que tiene Colombia para desarrollar su sector agropecuario. El déficit fiscal se resuelve, por el lado del gasto, reduciendo el tamaño de la burocracia y del inflado aparato represivo, acabando con la corrupción y eliminando los subsidios a los grupos de poder; por el lado de los ingresos  se debe revisar la estructura tributaria para que el impuesto de renta sea directo y progresivo (se debe eliminar totalmente la carga tributaria sobre el consumo de las clases trabajadoras y castigar el gasto suntuario, para favorecer la reducción de la desigualdad).


El actual modelo de desarrollo privilegia la especulación económica y los beneficios del capital, postergando la satisfacción de las necesidades sociales. El Estado debe volver a centralizar y controlar la política monetaria, cambiaria y crediticia. Es necesario regular al capital financiero, orientar el crédito hacia las actividades productivas reales y la economía social, promover la generación de puestos de trabajo dignos y, a la vez, erradicar las prácticas financieras parasitarias, esto es, especulativas y rentistas.


La organización política administrativa de Colombia, por su historia y cultura,  requiere de un equilibrio entre el centralismo y el federalismo, dando mayor poder a la autodeterminación, planeación y desarrollo de las regiones. A la par y como complemento, el país debe romper con la dependencia del imperio estadounidense abriéndose a las relaciones multilaterales de cooperación y comercio global, con fundamento en los principios de autonomía, solidaridad y soberanía nacional, y promover la unidad latinoamericana y caribeña.  
La sociedad colombiana ha oscilado históricamente entre los modelos estado-céntrico y mercado-céntrico, la nación de la Segunda República debe ser plural, democrática y socio-céntrica.


Desarrollo rural y reforma agraria. El 22 por ciento de la población colombiana es rural. El país necesita transformar la economía de la tierra aboliendo su esencia feudal y señorial, estimulando la formación y expansión de una clase media rural de empresarios agrícolas y de cooperativas de producción, transformación y comercialización. La reforma agraria integral es inaplazable; debe resolverse de raíz la insuficiente disponibilidad de tierra, capital y tecnología para los productores agrícolas más eficientes y pobres. La agroindustria de exportación y bajo formas asociativas debe liderar este cambio. Debe promoverse la autonomía y seguridad alimentaria nacional. El objetivo final debe resolver estructuralmente los problemas de pobreza, exclusión y baja productividad, garantizando la plena ciudadanía y la dignidad de los pobladores rurales.  
El desarrollo rural y la reforma agraria integral, para ser sostenibles, requieren de manera prioritaria el ordenamiento ambiental del espacio vital, urbano y campestre. Esta es la base lógica sobre la cual organizar posteriormente el territorio, la división político-administrativa e implementar los planes de desarrollo humano, sostenibles y democráticos.  


Ciencia, educación, productividad, industrialización y exportaciones. La baja productividad es una de las principales razones por la cual el crecimiento de la economía nacional es reducido e insuficiente. Para que el ingreso per cápita de Colombia pueda converger hacia el nivel de países de mayor desarrollo es necesario trabajar en el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) y la productividad laboral. La productividad del trabajo permanece estancada y la relación entre capital y trabajo viene aumentando por el incremento del costo relativo del trabajo frente al capital. Los correctivos a esta tendencia implican mejoras significativas en la calidad, cobertura y pertinencia del sistema educativo, fortalecimiento de la educación pública y acceso a la formación técnica y tecnológica superior. La ciencia, la tecnología y la innovación deben constituir el núcleo de un triángulo donde convergen educación, economía y Estado.


El Estado debe promover la diversificación y profundización de la economía de alta eficiencia y eficacia, productividad y complejidad tecnológica. Debe incentivar el aumento de las exportaciones y el incremento de la participación de la industria manufacturera y la agricultura en el PIB. El incremento de las exportaciones de alto valor agregado e intensivas en trabajo es condición necesaria para el crecimiento económico y el bienestar (5).


La cultura y la educación  deben promover en la niñez y juventud el amor a la ciencia, que conduce a la posesión racional de sí mismo, a la libertad y a la democracia. No hay libertad y consciencia sin conocimiento, ni hay verdadero conocimiento posible sino para el ser humano libre y digno.
La cuestión social. El país debe abandonar su visión e institucionalidad social de carácter medieval sustentada en la discriminación, positiva o negativa, de la pobreza, el asistencialismo y la utilización de instrumentos tecno-miserabilistas de asignación de subsidios. La dignidad humana, y su expresión jurídica universal en los derechos humanos, es garantista y por tanto debe orientar de manera democrática y responsable la política pública social. Es necesario confluir hacia una sociedad de clase media, conformada por familias estables, solidarias y seguras viviendo bajo condiciones básicas de dignidad, participación democrática y responsabilidad colectiva.


La participación de los ingresos laborales en el valor agregado nacional debe estar acorde con las necesidades básicas, la dignidad y la productividad del trabajo. La distribución del ingreso en Colombia puede mejorar con una combinación de mayores impuestos a las personas más ricas y un mayor gasto público social dirigido a garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas y hogares.


Cultura, ciudadanía y modernidad. El perfil general de una sociedad moderna presupone alfabetización, movilidad social, igualdad, libertad y responsabilidad, todo unido a una cultura creativa, compartida, cohesionada, solidaria y revelarse en ella esa identidad, interiormente, como unidad de significado, sentido y proyecto societal. Debe ser una ciudadanía orientada y animada por valores democráticos, solidarios, justos y del bien común. Valores impartidos mediante sistemas educativos universales. En semejante ambiente moderno, la cultura de todo ser humano, el idioma en el que se le imparte enseñanza y mediante el cual puede ser efectivamente empleado en un trabajo productivo y participar democráticamente, son su más precioso haber, su verdadera cédula de acceso a la plena ciudadanía, a la autonomía, a la dignidad humana y  a la participación social democrática (6).



1. García Nossa, Antonio, (1981), ¿A dónde va Colombia? De la república señorial a la crisis del capitalismo dependiente, Tiempo Americano Editores Ltda., Bogotá, pp. 19-25.
2. El sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases pobres. El sistema de egresos registra una tendencia creciente de gastos de funcionamiento, mantenimiento de una inflada fuerza represiva, pago crónico de deuda pública, tendencia errática de la inversión y exangües programas sociales de corte asistencialista, todo contaminado por la tradicional corrupción. El desbalance entre ingresos y gastos del Estado es crónico, el déficit fiscal oscila entre el 3 y el 6% del PIB. El principio del déficit fiscal está enraizado en un hecho que conserva su inmunidad a lo largo de la historia colombiana: la falta de adecuación entre el sistema colonial de ingresos y el sistema republicano de gastos. La Constitución de 1991 elevó el gasto público total a niveles no sostenibles generando serios problemas fiscales que no han podido ser corregidos en su raíz o causas.
3. La cuestión social es una expresión acuñada en Europa en el siglo XIX que intentó recoger las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos frente a múltiples problemas generados después de la revolución industrial, entre ellos la pobreza y mala calidad de vida de la clase trabajadora.
4. Recoge las operaciones reales (comercio de bienes y servicios) y rentas que se producen entre los residentes de un país y el resto del mundo.
5. Brasil, con una participación de las exportaciones en el PIB de 12,6 por ciento, y Colombia, con el 14,6 por ciento, están lejos de destacarse como países exportadores y su crecimiento es inferior al de Chile y Costa Rica.
6. Gellner, Ernest, (2003), Cultura, identidad y política, Gedisa Editorial, Barcelona, p. 27.

*     Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Memoria de exterminio



En 1492, fecha del “descubrimiento” de América, los historiadores estiman que habitaban el territorio colombiano unos tres millones de indígenas, de los que solo quedaban 770.000 hacia 1586. La guerra de exterminio, el trabajo forzado y las nuevas enfermedades  que trajeron los conquistadores explican este genocidio, calificado como uno de los más criminales, barbaros y deshumanizantes en la historia de la humanidad.  


La Independencia de Colombia fue el proceso histórico que permitió su emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. La guerra de quince años devoró cerca de la décima parte de la población neogranadina -200.000 personas, en una población total de 1,4 millones de personas en 1809.
La Guerra de los Mil Días (1899-1902) es considerada como uno de los episodios más traumáticos de la historia moderna de nuestra nación. El conflicto dejó 100.000 víctimas, según las estimaciones más optimistas (en 1900 la población total llegó a 4 millones). El enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores, las constantes convulsiones sociales que buscaban terminar con la hegemonía conservadora y la crisis económica, fueron los detonantes de este conflicto.


“La Violencia” (1946-1966) causó 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes.


El conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además del robo de 6,5 millones de hectáreas (tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, negros e indios).


De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia clasifica, en 2019, como el país con más desplazados del mundo, superando a Siria, República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria y Yemen. En Colombia 7.816.500 de personas se encuentran huyendo de la violencia. Durante 2018, según Acnur, 118.200 colombianos abandonaron sus hogares producto de la guerra continuada.


De otra parte, la tasa de homicidios en Colombia sigue siendo alta en comparación con los estándares internacionales. Para el primer semestre de 2019 alcanzó la cifra de 24,4 por cada 100.000 habitantes, equivalente a un promedio de 1.005 homicidios al mes. A pesar de los Acuerdos de Paz, la reducción de homicidios está estancada, pues la tasa de este año es igual a la del 2017; en 2018 la tasa subió a 24,9, y en el 2016 estaba en 25,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.


La política unilateralista del Gobierno de mera intervención militar o policial no genera un efecto positivo sobre la seguridad, esa política deteriora la confianza en las autoridades. El riesgo de incrementar la violencia es mayor ante la reedición de la política uribista de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales por parte de la administración Duque y su ministro de Defensa. Alternativamente, lo que se requiere es una estrategia integral de Estado-sociedad civil- Institucionalidad internacional, con enfoque democrático e incluyente, fundamentada en el respeto de los derechos humanos, creación de condiciones materiales para generar procesos de desarrollo autónomos y sostenibles, respeto por la dignidad de la persona, justicia, verdad, paz y promoción de la participación comunitaria con carácter decisorio.

Razones que justifican que la OMS haya pedido eliminar los azúcares en los alimentos para bebés
  • - Dos estudios realizados por la OMS advierten de los "niveles inapropiadamente altos de azúcar" de la alimentación destinada a los bebés
  • - Ni la miel, ni el zumo de fruta, ni otros edulcorantes como sacarina, aspartamo o stevia deberían utilizarse en alimentos para menores de tres años, según este organismo
  • - Acostumbrar a los pequeños a sabores muy dulces puede alterar su percepción y hacer que lleven dietas con exceso de azúcar en el futuro



"Las personas pueden asumir que los alimentos para bebés son saludables y están cuidadosamente regulados, pero la realidad es que muchos contienen demasiado azúcar como para ser considerados adecuados para los bebés". El pasado lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un comunicado en el que alertaba de la elevada cantidad de azúcar en los alimentos para bebés y critica que estos productos sean anunciados como aptos para los pequeños.


La organización sanitaria recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y, a partir de ahí, se recomienda comenzar con la alimentación complementaria y añadir progresivamente otros alimentos a la dieta. Actualmente, la industria alimentaria ofrece una amplia gama de productos para complementar la lactancia y continuar la alimentación hasta los 3 años de edad y es en esos productos en los que se han centrado los estudios de la organización sanitaria.


¿Qué dice la OMS?


Dos nuevos estudios realizados en Europa muestran que "una alta proporción de alimentos infantiles se comercializan incorrectamente como adecuados", a pesar de que muchos de ellos "contienen niveles inapropiadamente altos de azúcar". En general, se ha encontrado un contenido excesivo de azúcar en todo tipo de productos, como cereales, purés de frutas y verduras, yogures, galletas, bebidas en polvo (por ejemplo, cacao en polvo), batidos azucarados, etc.


¿Por qué no se le debe dar azúcar a un bebé?


Las preferencias alimentarias y las pautas dietéticas se establecen en la lactancia y en la primera infancia y, según la OMS, los productos excesivamente endulzados "podrían afectar el desarrollo de las preferencias gustativas de los niños al aumentar su gusto por los alimentos más dulces". Una mayor preferencia por lo dulce implica, a su vez, un mayor consumo de azúcar, un comportamiento que está asociado con el sobrepeso, la obesidad e importantes problemas de salud.


No es la única institución en advertir sobre los efectos del azúcar en los más pequeños. Según la Asociación Americana del Corazón, existen "pruebas sólidas que vinculan los azúcares añadidos con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en los niños", por lo que se deben evitar estos azúcares en los menores de dos años.


¿Por qué llevan tanto azúcar estos productos?


Según la Sociedad Europea de Nutrición Pediátrica, "los bebés tienen una preferencia innata por el sabor dulce", por lo que las empresas explotan esta preferencia añadiendo edulcorantes para hacer sus productos más atractivos. En un informe publicado el pasado año, esta sociedad científica también advirtió sobre el excesivo contenido en azúcares de los alimentos infantiles, algo que considera "preocupante", precisamente porque al explotar la preferencia de los bebés se refuerza su atracción por lo dulce, exponiéndoles a problemas de salud en el futuro.


¿Todos los tipos de azúcar son iguales?


No. El azúcar presente de forma natural en las frutas enteras o en la leche materna, los preparados para lactantes, la leche de vaca o de cabra o los productos lácteos no azucarados no se considera azúcar libre y, por tanto, no es motivo de preocupación. Lo que resulta "preocupante" para la OMS es el elevado nivel de azúcares añadidos presente en los productos procesados.


Esos azúcares añadidos pueden presentarse como jarabes, miel y zumo o concentrado de fruta, o en forma de edulcorantes no azucarados como sacarina, acesulfamo, sucralosa, aspartamo y stevia. Según la OMS, ninguno de estos productos debería utilizarse en alimentos para lactantes y menores de 3 años.


¿Los productos endulzados con zumo de frutas son recomendables?


No. Aunque muchas empresas promocionan sus productos endulzados con zumo de frutas con el mensaje "sin azúcares añadidos", la OMS sí los considera como tales. La organización sanitaria llama especialmente la atención sobre este tipo de reclamos publicitarios y considera "engañoso" anunciar de esta forma un producto endulzado con zumo de frutas. "El zumo de fruta no debe añadirse a los alimentos para lactantes y niños pequeños", sentencia.


¿Qué dice la OMS sobre los anuncios de comida para bebés?


Según las recomendaciones acordadas hace más de 40 años por la organización sanitaria, los alimentos para bebés no deben llevar declaraciones de propiedades nutricionales o saludables y tampoco deben llevar reclamos para atraer a los niños. Sin embargo, "a pesar de las normas acordadas a nivel mundial sobre la promoción de alimentos para lactantes y niños muchas empresas que fabrican y venden alimentos infantiles no cumplen con estas normas", advierte la OMS.


Según los estudios realizados, prácticamente todos los productos analizados contenían algún tipo de declaración promocional sobre la composición del mismo y prácticamente la mitad llevaban imágenes de dibujos animados en el envase y estaban "claramente diseñados para atraer a los niños".


¿Permite la legislación europea anunciar estos productos como aptos para bebés?


Sí, la UE lo permite a pesar de que va en contra de las recomendaciones de los especialistas. Estas recomendaciones no llegan solo de la OMS, la Sociedad Europea de Nutrición Pediátrica advirtió el pasado año que "las Autoridades Nacionales deben adoptar políticas dirigidas a reducir la ingesta de azúcares libres en lactantes, niños y adolescentes" y un estudio reciente asegura que "los padres no pueden elegir los productos alimenticios más saludables para sus hijos simplemente centrándose en las declaraciones de propiedades de los alimentos", por lo que "el gobierno debería regular el etiquetado de los datos nutricionales y las declaraciones de propiedades nutricionales de los productos destinados a los lactantes menores de 12 meses".


¿Cómo y dónde se han realizado los estudios?


La OMS analizó cerca de 8.000 alimentos comercializados para lactantes y niños pequeños disponibles en más de 500 establecimientos de 4 ciudades europeas, recopilando datos sobre el contenido nutricional, así como de los mensajes promocionales del envase. Las ciudades en las que se realizó el estudio fueron Viena (Austria), Sofía (Bulgaria), Budapest (Hungría) y Haifa (Israel) y la recogida de datos se realizó entre noviembre de 2017 y enero de 2018. En las cuatro ciudades se encontró que entre el 28% y el 60% de los productos infantiles se comercializan como aptos para bebés, a pesar de su alto contenido en azúcar.


¿Sucede lo mismo en España?


Sí, aunque el estudio se ha realizado en solo cuatro ciudades europeas el hecho de obtener resultados similares en países diferentes "sugiere que es probable que los problemas identificados se extiendan por toda la región", según asegura la OMS.

Además, resultados anteriores, como los obtenidos en el Proyecto sobre obesidad infantil de la UE, muestran que la oferta de productos para menores de tres años con azúcares añadidos es también elevada en toda Europa, incluido el mercado español.
España es, además, uno de los países europeos con una mayor tasa de obesidad infantil, según un reciente estudio publicado el pasado mes de mayo, por lo que la aplicación de las recomendaciones de la OMS cobra especial relevancia.



La industria azucarera y la falta de prevención impulsan la crisis de salud oral que afecta a media humanidad

 

  • - Las enfermedades bucodentales representan una carga para la salud pública mundial que ha sido ignorada por la comunidad sanitaria, según un especial de la revista médica The Lancet
  • - La carga de las enfermedades orales está aumentando a medida que más personas se exponen a los factores de riesgo como el azúcar, el tabaco y el alcohol
  • - Los científicos destacan particularmente "la influencia, el poder y los efectos de la industria azucarera mundial como una amenaza para la salud pública"


Teguayco Pinto

 

"A pesar de poderse prevenir en gran medida, las enfermedades bucodentales son afecciones muy prevalentes que afectan a más de 3.500 millones de personas en todo el mundo". Una serie de estudios publicados este viernes en la revista médicaThe Lancet han analizado por qué las enfermedades orales han persistido en todo el mundo en las últimas tres décadas, a pesar de los avances científicos en este campo.

Sus conclusiones indican que la no universalidad de la atención odontológica, no abordar las causas subyacentes de estas enfermedades, así como el elevado consumo de azúcar –cuya industria ejerce una gran influencia–  son los tres factores fundamentales que explican las cifras actuales.

"Presentamos una crítica de la odontología, destacando sus principales limitaciones y la urgente necesidad de una reforma del sistema", aseguran los investigadores. Los estudios, que han sido elaborados por 13 científicos de 10 países, plantean una reforma total del modelo de atención dental que integre los servicios de odontología en la atención primaria, ponga mayor énfasis en la prevención, aborde las desigualdades y enfrente las causas subyacentes de las enfermedades a través de una regulación más estricta de la industria azucarera.

"La odontología está en un estado de crisis", asegura el investigador del University College de Londres y coordinador de esta serie estudios, Richard Watt. "La atención odontológica actual y las respuestas de salud pública han sido en gran medida inadecuadas, injustas y costosas, dejando a miles de millones de personas sin acceso incluso a la atención básica de la salud bucodental".

La desigualdad marca la atención bucodental

El acceso a la atención odontológica sigue presentando la barrera de costo más alta en comparación con cualquier otro servicio de atención médica y, según los resultados obtenidos por los investigadores, las enfermedades bucodentales afectan "desproporcionadamente a los grupos más pobres y marginados de la sociedad".

En los países de ingresos medios, la carga de las enfermedades bucodentales es considerable, pero los sistemas de atención suelen estar subdesarrollados y son inasequibles para la mayoría. En los países de bajos ingresos, la situación es aún peor, ya que incluso la atención odontológica básica no está disponible y la mayoría de las enfermedades no reciben tratamiento. La cobertura también es muy desigual, con una media que oscila entre el 35% en los países de ingresos bajos, el 60% en los de ingresos medios-bajos, el 75% en los de ingresos medios-altos y el 82% en los de ingresos altos.


A pesar de ello, el estudio también muestra desigualdades importantes dentro de los países de más ingresos. En España, según la última Encuesta de Salud Oral, prácticamente un tercio de los niños sufre caries en los dientes de leche y más de un 43% sufre esta afección entre los 12 y los 15 años. Sin embargo, en esta franja de edad, la prevalencia de caries entre los menores que viven en familias con altos ingresos es justo la mitad que la de aquellos que pertenecen a familias de rentas bajas.
Respecto a la forma de abordar la enfermedad, los investigadores destacan que, en los países de altos ingresos, la comunidad médica ha dedicado poco tiempo a la prevención y ha ignorado el hecho de que las afecciones de salud bucodental "comparten muchos de los mismos factores de riesgo subyacentes que las enfermedades no transmisibles, como el consumo de azúcar, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol".


Además, estrategias como el uso de intervenciones preventivas como los fluoruros tópicos para controlar la caries dental, "puede llevar a muchos a perder de vista el hecho de que el consumo de azúcar sigue siendo la causa principal del desarrollo de muchas enfermedades", asegura Watt.


El papel de la industria azucarera


El consumo de azúcar, la causa más frecuente de la caries dental, y especialmente el de bebidas azucaradas es mayor en los países de altos ingresos, pero los datos muestran como está aumentando rápidamente en muchos países de ingresos bajos y medios, por lo que los autores del estudio destacan la necesidad de reducir el consumo de azúcar  y "combatir las estrategias utilizadas por la industria azucarera mundial para promover el consumo y los beneficios del azúcar".


Los científicos destacan particularmente "la influencia, el poder y los efectos de la industria azucarera mundial como una amenaza para la salud pública" y ponen como ejemplo a las multinacionales de bebidas Coca-Cola y PepsiCo, que, para el año 2020, tienen la intención de gastar cerca de 12.000 millones de dólares cada una en la comercialización de sus productos en África e India respectivamente, una cifra muy superior al presupuesto anual total de la OMS que, en 2017, fue de 4.400 millones de dólares.


Este poder no solo se traduce en campañas de marketing, sino también en influencia en el ámbito político y científico. Los investigadores destacan el papel de la industria azucarera en la investigación dental, la política de salud bucodental y las organizaciones profesionales "a través de estrategias corporativas bien desarrolladas", por lo que también piden "desarrollar políticas y procedimientos más claros y transparentes en materia de conflictos de intereses para limitar y aclarar la influencia de la industria azucarera en la investigación y la política".


No es la primera vez que la comunidad científica llama la atención sobre las prácticas de varios gigantes del sector y la advertencia de este nuevo estudio se suma se suma a una lista de investigaciones que han mostrado cómo la industria ha tratado de manipular a la opinión pública y a los legisladores a través de estudios pagados.


En este sentido, en 2016, un estudio mostró que Pepsi y Coca Cola pagaron a investigadores para ocultar sus vínculos con la epidemia de obesidad, algo que ya había hecho la industria azucarera para culpar a la grasa de los infartos. "Necesitamos una legislación más estricta para restringir la comercialización y la influencia de las industrias del azúcar, el tabaco y el alcohol, si queremos abordar las causas fundamentales de las afecciones bucodentales", afirman los investigadores.


España incluirá la salud oral en la sanidad pública


Por último, los investigadores advierten de que "en lugar de estar aislada y separada del sistema general de atención de la salud, la odontología debe estar más integrada con los servicios de atención primaria". En esta misma línea se ha expresado el editor de la revista, Jocalyn Clark, quien ha asegurado que "existe una clara necesidad de ampliar la accesibilidad y la integración de los servicios dentales en los sistemas sanitarios y de que la salud bucodental ocupe un lugar más destacado dentro de los compromisos de cobertura sanitaria universal".


España parece que va a seguir las recomendaciones propuestas ya que los programas electorales de los cuatro principales partidos del arco parlamentario coinciden en incorporar la salud bucodental a la cartera de servicios de la sanidad pública. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia, la Ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, aseguró que si consiguen formar gobierno, incorporará el tratamiento odontológico a la sanidad pública, "porque es tan importante como el resto de la salud orgánica y mental".


La incorporación de la salud dental a la cartera pública ha dependido, hasta ahora, de la gestión de cada comunidad autónoma. Así, el Plan de Asistencia Dental Infantil de Euskadi arrancó en 1990 y el de Navarra en 1991. Mientras, la ley para la salud bucodental de la Comunidad de Madrid fue aprobada en diciembre de 2018. El sistema en Extremadura es de 2005 por nombrar algunos y circunscritos a la juventud. La escasa cobertura pública para adultos ha contribuido a la aparición de una línea de bajo coste privado con episodios como el de las clínicas iDental.


Sin embargo, las medidas políticas para limitar el poder de influencia de la industria y reducir el consumo excesivo de azúcar brillan por su ausencia o no se han podido implementar, como el reciente rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al impuesto a las bebidas azucaradas, una medida recomendada por la OMS y cuya eficacia ha sido demostrada en varios países.


Enfermedades bucodentales


Las enfermedades bucales más frecuentes son la caries dental, la enfermedad de las encías y los cánceres bucales. La caries dental no tratada es la afección de salud más común en todo el mundo y los cánceres del labio y de la cavidad oral se encuentran entre los 15 más frecuentes. Las enfermedades orales pueden causar dolor, sepsis, reducción de la calidad de vida, pérdida de días escolares, trastornos familiares y disminución de la productividad laboral, y los costos del tratamiento dental pueden ser considerables tanto para el individuo como para el sistema de atención de la salud en general.

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