Jueves, 17 Diciembre 2020 08:50

Esto es una revolución, señor

Esto es una revolución, señor

Probablemente la huelga más grande de la historia de la humanidad tuvo lugar en India

El 26 de noviembre, los trabajadores de India hicieron una huelga general que fue acatada por alrededor de 250 millones de personas, convirtiéndose probablemente en la huelga más grande de la historia de la humanidad. Ahora están uniendo fuerzas con el sector campesino para protestar contra la agenda de extrema derecha y proempresaria de Narendra Modi.

Las huelgas generales han sido un rasgo característico durante el gobierno del primer ministro de la India, Narendra Modi. En general sucede siempre lo mismo. Los sindicatos nacionales —excepto los que están alineados con el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de extrema derecha de Modi— llaman a una huelga general de uno o dos días. La mayoría de las veces lo hacen en respuesta a alguna de las muchas medidas antiobreras del BJP. Millones de personas en todo el país salen a las calles para manifestar su apoyo. Quienes dirigen la huelga, la caracterizan como la huelga más grande de la historia. Los medios de izquierda de afuera del país saludan las protestas, mientras que los medios principales de la India apenas las mencionan. Y luego la vida parece volver a la normalidad.

La huelga general del 26 de noviembre mostró algunas de estas características: fue llamada por los sindicatos nacionales en respuesta a las medidas antiobreras del BJP; las declaraciones posteriores afirmaron que hubo una participación masiva (en este caso, 250 millones de personas); y la duración de la medida fue limitada. Pero siendo el año 2020, este paro tuvo también un significado distinto. En marzo, el gobierno utilizó la pandemia como una excusa para quebrar y remover los últimos remanentes físicos de las protestas que se extendían en contra de una serie de leyes discriminatorias. Por lo tanto, volver a ver a la gente protestando en las calles fue realmente impactante.

Lo que es más importante, la huelga general confluyó con una marcha convocada por un amplio sector de organizaciones campesinas que planeaban descender a la capital de Delhi. De repente, las redes sociales se llenaron con imágenes de tractores y camiones que eran utilizados para romper los bloqueos levantados por la policía, que pretendían mantener la manifestación fuera de la ciudad. En un video, un manifestante le explica enfáticamente a un policía en las barricadas: «esto es una revolución, señor».

Luego de reconocer la determinación de la que daba cuenta la protesta, el gobierno dio permiso para que se llevara a cabo en un rincón de Delhi alejado de los centros de poder de la ciudad. A pesar de que algunas personas terminaron marchando hacia el sitio de la protesta oficial, la mayoría rechazó la oferta y permaneció en la frontera, argumentando que habían traído suficiente comida y provisiones como para quedarse durante meses. Esto no era simplemente un asunto simbólico de un día. El martes 1 de diciembre, el gobierno central empezó a reunirse con la dirección de los sindicatos campesinos, pero los sectores movilizados dicen que mantendrán el acampe en la frontera hasta que se responda a todas sus demandas.

En muchos sentidos, la marcha de Delhi fue una continuación de las protestas que habían estallado en septiembre, cuando la legislatura nacional, controlada por el BJP, empezó a presionar para que se aprueben tres leyes muy controversiales que pretenden abrir el sector agrícola a los grandes intereses financieros y empresariales. Los sectores que se movilizan temen que esta legislación sea un preludio al desmantelamiento del antiguo sistema de precios mínimos de sostenimiento (MSP, por sus siglas en inglés), que provee algo de estabilidad a estos sectores, estableciendo el precio al cual el gobierno compra una variedad de granos.

El gobierno pensó que tal vez sería capaz de aprobar las leyes en medio del caos del COVID —India superó en cantidad de casos a Brasil ese mismo mes—, pero el tratamiento de estas leyes inició una ola de indignación generalizada, en el marco de la cual los sectores campesinos denuncian la profundización de las reformas neoliberales en el sector agrícola. Las protestas se extendieron por todo el país pero fueron más fuertes en Punjab y en Haryana, dos estados ricos del norte que alguna vez fueron la zona cero de la revolución verde de India. A pesar de que las figuras que dirigen las manifestaciones suelen provenir de sectores campesinos ricos, las manifestaciones ganaron un amplio apoyo entre las distintas clases de la población rural.

La cuestión de los movimientos campesinos ha sido siempre motivo de disputas en el campo de la izquierda marxista. Esto es así también en el caso de India. Si nos retrotraemos hasta Lenin, Kautsky e incluso Marx, la izquierda ha debatido la «cuestión agraria» asumiendo algunas veces que el campesinado es una reliquia histórica, un remanente del feudalismo condenado a desaparecer a medida que las relaciones capitalistas penetran en el mundo agrario. Pero muchas décadas de desarrollo capitalista en India ponen en cuestión este supuesto, dado que el campesinado sigue siendo con obstinación uno de los elementos centrales de la economía del país.

A menudo el campesinado se divide analíticamente mediante las categorías de rico, medio o pobre, pero todos estos grupos están unidos en su rol de propietarios de la tierra y productores de commodities para el mercado. Con todo, es cierto que los sectores más pobres del espectro a menudo combinan este trabajo con trabajo asalariado, y que lo hacen algunas veces en la tierra de otros propietarios. Tal como observaron Amit Basole y Deepankar Basu en un artículo de 2011, «la coexistencia del trabajo asalariado y de la producción mercantil simple, en la medida en que participan de ambas tanto trabajadores sin tierra, campesinos marginados y pequeños campesinos, en un caso como fuerza de trabajo libre y en el otro como propietarios-productores, ha dificultado los objetivos de la política revolucionaria».

Estas dificultades salieron a luz en los años 1980, cuando India empezó a avanzar hacia el neoliberalismo. A medida que los términos del intercambio se modificaban en la agricultura, «nuevos movimientos campesinos» emergieron en todo el país, en general nucleados alrededor de la demanda de mayores precios para las commodities agrícolas. En aquel momento, muchos sectores marxistas desestimaron estos movimientos, argumentando que estaban compuestos por las franjas más ricas del campesinado que explotaban en sus tierras al proletariado rural. Hubo otros sectores que no estuvieron de acuerdo y, reconociendo la estratificación en el campesinado, argumentaron a su vez que la gran mayoría sufría bajo el neoliberalismo.

En su artículo, Basole y Basu analizan estadísticas económicas y demográficas durante un período de cinco décadas para determinar los mecanismos precisos de la explotación capitalista que operan en India. En el sector agrícola, observan, «la diferenciación de clase se desarrolla, pero en un sentido distinto al del caso europeo […] Más que entre capitalistas y trabajadores, la diferenciación que está teniendo lugar en la India rural se produce entre un señorío rural heterogéneo y sectores rurales pobres heterogéneos».

La porción más pobre de estos sectores participa del trabajo asalariado y, por lo tanto, es explotada en el sentido marxista clásico. Pero muchos pequeños productores, no solamente los más pobres, enfrentan lo que Basole y Basu denominan «extracción de plusvalor a través del intercambio desigual». En este contexto, «los comerciantes se las arreglan para garantizar sistemáticamente la desviación de los precios […] de su valor-trabajo subyacente debido a la posición monopólica que tienen en estos mercados».

«Desde el punto de vista de la clase trabajadora», escriben, «es difícil identificar dónde termina la extracción de plusvalor por medio del intercambio desigual y dónde comienza la que se realiza por medio del trabajo asalariado». Hay que agregar que tanto los sectores campesinos medianos como los pequeños están atrapados en ciclos de endeudamiento, lo cual alimenta la horrenda crisis de suicidios campesinos que la pandemia solo ha exacerbado.

Esto sirve para explicar por qué las actuales protestas campesinas, a pesar de ser dirigidas principalmente por el campesinado rico, han encontrado un amplio apoyo más allá de los estratos acomodados del mundo rural. A pesar de que la clase y la casta divide a todo el campesinado, el giro neoliberal ha creado una apertura para que se produzcan alianzas entre clases y entre castas en el sector agrario. Y con la intervención de los sindicatos que sintonizan con las necesidades de los sectores más explotados —trabajadores agrícolas, propietarios marginados, castas oprimidas— los movimientos campesinos podrían verse presionados a demandar un cambio más radical.

La presencia de sectores más ricos en estos movimientos, por lo tanto, debería ser vista menos como una barrera insuperable a la organización de la izquierda que como un desafío a abordar con flexibilidad y atención, teniendo en cuenta los cambiantes vientos económicos y políticos. Durante los años recientes, la izquierda ha adoptado este tipo de enfoque sobre la organización agraria; a pesar de su decreciente fortuna electoral, el Partido Comunista de India (Marxista), o CPM, jugó un rol importante en una masiva marcha campesina que se desarrolló en 2018, la cual ayudó a abrir la puerta a la ronda actual de protestas campesinas militantes.

Incluso en la esfera electoral, los partidos comunistas están mostrando una flexibilidad y una inteligencia política similares, al menos en algunos lugares. Durante las últimas elecciones en el estado de Bihar, no solo los principales partidos comunistas (el CPM y el Partido Comunista de la India, o CPI), sino también el CPI (ML) Liberación —un partido que hunde sus raíces en el movimiento de inspiración maoísta Naxalbari, y que ganó experiencia dirigiendo luchas bastante violentas en contra de los regresivos sistemas de propiedad y de explotación—, entraron en una coalición electoral con otros partidos anti-BJP.

La flexibilidad no siempre fue el fuerte de la izquierda india. En 1996, en un evento que sigue siendo denominado como el «error histórico», luego de que las elecciones nacionales concluyeron en un parlamento indeciso, el CPM rechazó la oferta de designar al primer ministro en una coalición anti-BJP. Por lo tanto, las recientes elecciones de Bihar representan un punto de partida renovado.

Evitando la pureza ideológica, los tres partidos comunistas se unieron a una coalición dirigida por Tejashwi Yadav del Rashtriya Janata Dal (RJD) regional, un partido que ha intentado consolidar el voto de las clases más bajas en el estado apelando a un mensaje de justicia social. Yadav se rehusó a dejar que el BJP estableciera los términos del debate en torno a una línea hinduista nacionalista, poniendo el eje en cambio en las necesidades reales frente a las cuales el BJP no ha dado ninguna respuesta, especialmente en lo que concierne al empleo. Este mensaje resonó en el electorado de Bihar, como así también en las campañas de los partidos comunistas.

Al final, la coalición del BJP terminó ganando las elecciones, en parte porque la campaña de Yadav, a pesar de ser muy popular, tardó mucho tiempo en despegar. Aun así, los partidos comunistas, y especialmente el CPI (ML) Liberación, tuvieron un desempeño excepcional. Este último conquistó doce de los diecinueve de los escaños que disputó.

Hay quienes atribuyen este resultado al pragmatismo del que dio cuenta la izquierda al unirse a una coalición popular en contra del gobierno actual, pero también hay quienes apuntan a la profunda inserción y a la dedicación militante, especialmente en el caso del CPI (ML) Liberación. Si bien el partido abandonó su carácter subterráneo para entrar en la política electoral, todavía mantiene conexiones firmes con las bases de los grupos oprimidos junto a los cuales ha luchado durante mucho tiempo.

Entre los partidos comunistas, Liberación se ha adaptado particularmente bien a las cuestiones de casta, en parte porque las luchas que han dado junto al campesinado asalariado han sido simultáneamente luchas por la dignidad de los Dalits, a quienes se considera tradicionalmente como parias o «intocables» y constituyen la gran mayoría del proletariado rural. Tal como observó el líder anticastas Jignesh Mevani, «en las elecciones de Bihar, [Liberación] no propuso ningúnn candidato de las castas más altas, cambiando la noción del liderazgo brahmánico, popular en la izquierda».

Estos destellos de esperanza no implican que el resurgimiento de la izquierda sea inevitable. A pesar de la enorme devastación social, económica y sanitaria que resultó de la pandemia, Modi todavía disfruta de una gran popularidad, en parte porque a diferencia de sus colegas reaccionarios Trump y Bolsonaro, Modi ha aceptado la gravedad de la pandemia, aunque la ha definido como una calamidad natural que está fuera de su control. Esta retórica no solo deja en la sombra las décadas de desinversión neoliberal en el sector de la salud pública —que el gobierno del BJP ha empeorado— sino también el desastroso anuncio de un confinamiento abrupto y corto de miras, que ha dejado en la calle a millones de trabajadores migrantes, forzándolos a hacer penosos viajes de vuelta a sus pueblos de origen.

Pero Modi ha desplegado con mucha habilidad el lenguaje del sacrificio compartido, invocando la mitología hindú y comparando a los ciudadanos y a las ciudadanas que combaten el COVID con los guerreros de la antigua épica Mahabharata. El resultado de las elecciones de Bihar sugiere que su gobierno no ha sido castigado por la gestión de la pandemia, a pesar de que el estado es sede de un gran número de trabajadores migrantes cuyas vidas fueron trastocadas por el repentino confinamiento. Y, al menos en el frente electoral, todavía no emergió a nivel nacional ninguna alternativa al BJP.

Sin embargo, como observó alguna vez la filósofa Isabelle Stengers, «la esperanza es la diferencia entre la probabilidad y la posibilidad». La huelga general, el movimiento campesino, las elecciones de Bihar… todo esto ofrece la posibilidad, cuando no la probabilidad, de presionar en contra del gobierno de la derecha en India, y de navegar a través de las ambigüedades de la política de clases, para poner a punto una coalición por el cambio transformador.

Por Thomas Crowley | 17/12/2020 

Fuente: https://jacobinlat.com/2020/12/13/esto-es-una-revolucion-senor/

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Los primeros pasos de Luis Arce en el laberinto boliviano

Después de una inesperada victoria con más del 55% de los votos, Luis Arce Catacora cumplió su primer mes en el palacio presidencial con la crisis económica como principal desafío. El nuevo mandatario constituyó un gabinete más «técnico» que los del pasado, aunque tiene que responder a las demandas y presiones las organizaciones sociales que son su base de apoyo, y convivir con Evo Morales, que aún debe encontrar su espacio como ex presidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

 

En su primer mes como presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora ha organizado un gobierno «tecnocrático de izquierda», aunque con áreas manejadas por los sindicatos y organizaciones sociales que lo apoyan, y ha establecido una cierta «división del trabajo» con Evo Morales, el poderoso líder de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). En su corto tiempo en La Casa Grande del Pueblo, el ex ministro de economía buscó diferenciarse del ex presidente con un estilo menos mediático y austero de gobierno (viaja, por ejemplo, en vuelos comerciales).

Arce cumplió sus promesas electorales más inmediatas: entregar una ayuda estatal en efectivo de 140 dólares a más de un tercio de la población (el Bono contra el Hambre), implantar un impuesto a las grandes fortunas y comenzar la investigación y sanción de los supuestos delitos represivos del gobierno interino de Jeanine Áñez. Por otra parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha dado los primeros pasos de una muy necesaria reforma del sistema judicial, el poder más cuestionado de Bolivia, la cual podría requerir de un cambio parcial de la Constitución.

Arce también ha cometido sus primeros errores. Uno de ellos, hablar de una posible devaluación del boliviano, que se mantiene estable, con pequeñas variaciones frente al dólar, desde hace veinte años. Junto al impuesto a las grandes fortunas y los nervios poselectorales, estas declaraciones causaron la pérdida de 1.200 millones de dólares de las reservas internacionales del país, que hoy se encuentran en su nivel más bajo en décadas. Por eso, el desafío más complicado que tiene el estratega de la prosperidad boliviana durante la mayor parte de los 14 años del gobierno del MAS es impedir que la recesión derivada de la pandemia de coronavirus y las dificultades crónicas de la industria gasífera, la principal actividad exportadora del país, hagan escasear las divisas y detonen una crisis financiera. Algunos economistas consideran que este problema se tornará agudo apenas Bolivia recupere un ritmo más normal de actividad económica y comience a importar bienes extranjeros en mayores cantidades.

Caracterización del gobierno

Arce ha llenado el gobierno, sobre todo el área económica, de «técnicos» que responden a sus directrices y que se foguearon como funcionarios en el tiempo de Evo Morales (2006-2019). Los funcionarios que ocupaban la «segunda línea» durante la administración del MAS han dado un paso adelante y ahora son los mandamases del Estado. De ahí la importancia que ha adquirido el discurso de «renovación dentro del proceso de cambio», el cual apunta a impedir que los espacios de poder vuelvan a ser ocupados por el llamado «entorno» del ex-presidente. El regreso de este grupo de dirigentes al gobierno sería algo así como el retorno de los ex-jefes de quienes hoy ostentan los principales cargos. Como es lógico, esto es algo que no desean. Los miembros del viejo «entorno», por su parte, ya han expresado algunas quejas sobre su situación de marginalidad, lo que podría agravarse en el futuro.

El resultado neto ha sido un gobierno con cierta inclinación tecnocrática; una orientación que nadie hubiera relacionado con el MAS de los años «heroicos», esos en los que surgió del campo, avanzó lentamente sobre las ciudades y, ganando elecciones, forjó su dominio sobre la política nacional. En cambio, el espíritu tecnocrático ya estaba presente en el último tramo de la larga gestión de Morales, por la inevitable cooptación de un partido emergente por parte de las estructuras y dinámicas estatales, y por el agotamiento de la rentabilización política de los logros simbólicos, al comienzo los más importantes. No obstante, cabe señalar que el espíritu técnico marcó, durante los 14 años de gestión, al Ministerio de Economía liderado por Arce, una área que siempre se mantuvo «blindada» a los movimientos sociales y fue manejada con prudencia, sin los experimentos que se hicieron en otras áreas del Estado plurinacional.

La preponderancia de los profesionales que, en palabras de Arce, son «aymaras y quechuas que se prepararon en las universidades gracias al proceso de cambio», sigue sin ser suficientemente meritocrática para la oposición. Esta corriente expresa a la clase media tradicional, que en el pasado era «dueña» de estos puestos. Por tanto, los opositores han preferido destacar críticamente el hecho de que algunos ministerios y viceministerios, como los de Educación, Culturas y Desarrollo Rural, fueran encomendados a dirigentes de las organizaciones sociales. También ha criticado las disputas por «pegas» –como se denomina coloquialmente en Bolivia a los puestos estatales–, pasando por alto que estas peleas se registran desde el nacimiento de Bolivia y que incluso se remontan a la Colonia. En un país pobre y con pocas actividades privadas florecientes, trabajar en el Estado es la mejor y muchas veces la única vía de ascenso social. En todo caso, en esta ocasión los enfrentamientos entre militantes que demandan ser contratados están siendo más intensos a causa de la grave crisis económica que vive el país. Esta se expresa, entre otros indicadores, en una caída de 8% del PIB y en un desempleo abierto de 11%, más del doble que el de 2019.

La crisis es peor si se es pobre

Un refrán dice que «con dinero hasta la pobreza es más llevadera». Esta paradoja se aplica perfectamente a la situación de Bolivia en las dos décadas pasadas, en el «tiempo de bonanza». Entonces el país siguió siendo pobre, el segundo más carenciado de Sudamérica, pero tuvo más ingresos que nunca en su historia y esto le permitió montar el «Modelo Económico Comunitario Social y Productivo», que es la obra de la que Arce está más orgulloso.

En su gestión como ministro de Economía de Evo Morales, volcó la abundancia monetaria hacia el mercado interno y, como las finanzas nacionales estaban bien equilibradas y no había inflación, este flujo aumentó la capacidad de compra y, con ello, el bienestar general de los bolivianos. Es cierto que una parte de este poder adquisitivo se aplicó a la importación de bienes extranjeros, pero los ingresos por exportaciones eran lo suficientemente altos como para proveer las divisas necesarias. En cambio, otra parte de la liquidez se convirtió en demanda interna, dinamizando los emprendimientos, generando empleos nuevos y mejorando los existentes, todo lo cual disminuyó la pobreza y la desigualdad.

Una de las principales razones por las que Arce fue electo con más del 55% de los votos en octubre pasado fue la confianza de la población en sus dotes como economista, que él aprovechó convirtiendo la superación de la «corona-crisis» en el eje de su propuesta electoral. Ahora le toca cumplir lo prometido, en un contexto muy distinto al que, años atrás, supo modelar a favor del país. No solamente por la recesión productiva provocada por la pandemia, que finalmente puede considerarse un fenómeno coyuntural, sino sobre todo por el agotamiento del «ciclo del gas» como fuente del excedente nacional.

Debido a su peculiar conformación geográfica y geológica, la montañosa y selvática Bolivia se ha especializado en la extracción de recursos naturales no renovables, y no cuenta con muchas alternativas a este tipo de explotación. Para dar una idea de ello, digamos que la primera exportación «no tradicional» del país es la soya, con apenas tres millones de toneladas por año, esto es, 5% de lo que produce Argentina, 3% de lo que vende el Brasil y un tercio de la producción de Paraguay.

Pues bien, las reservas de gas del país, que en los años 90 llegaron a ser las principales reservas certificadas de Sudamérica, han decaído significativamente y la renta que generan en favor del Estado, que en 2013 fue del orden de los 3.500 millones de dólares, en 2019 rondaba los 1.500 millones. La causa externa de esta caída es la disminución de los precios, pero también hay una causa interna vinculada a la falta de nuevos descubrimientos. Desde 2006 se han perforado 74 pozos exploratorios –una cantidad baja respecto a los parámetros internacionales–, y ninguna de las perforaciones resultó exitosa.

La escasez de las inversiones en extracción de gas y minerales constituye uno de los puntos flacos del modelo eminentemente redistribuidor diseñado por Arce y Morales. Esta debilidad se ha ido manifestando en los últimos años en un creciente desfinanciamiento de la economía, que ha sufrido déficits comerciales y fiscales cada vez mayores. La recesión producida por la pandemia ha acelerado y profundizado esta deriva, lo mismo que, según ha denunciado Arce, la irresponsabilidad de las autoridades que lo precedieron, al mando de Jeanine Áñez. El déficit fiscal de este año será superior al 12% del PIB. Además, de acuerdo al Ministerio de Economía, el gobierno interino aumentó la deuda externa en 1.500 millones de dólares, con lo que esta pasó del 27% al 30% del PIB, e incrementó la deuda interna en 2.700 millones de dólares, hasta un total de 8.700 millones de dólares, que equivale al 21% del PIB. Por tanto, un mayor endeudamiento resulta hoy desaconsejable. Por otra parte, desde octubre de 2019 –es decir, antes de la crisis política ocurrida tras las elecciones de ese mes y el posterior derrocamiento del presidente Evo Morales– hasta el momento actual, las reservas de divisas cayeron de 7.400 a 5.100 millones de dólares.

No está claro qué hará Arce para corregir el comportamiento de la economía boliviana. Por lo pronto, ha abrogado la mayoría de los decretos económicos aprobados por Áñez, que en su opinión abrían una senda de retorno al neoliberalismo. Entre ellos estaba la liberalización de las exportaciones agroindustriales, aprobada por presiones de los agroexportadores de Santa Cruz y con el anunciado propósito de compensar con una mayor venta de alimentos las pérdidas que registraba el país en el comercio internacional. Arce volvió así a la vieja política de fijar cupos a las exportaciones agrícolas, lo que le permitirá controlar los precios internos de algunos alimentos. La oposición ha criticado esta decisión como un «preocupante» retroceso a unas circunstancias del pasado que ya no existen más. En este momento Bolivia no solo no tiene inflación, sino que incluso está siendo amenazada por la deflación.

La polarización sigue agazapada

La contundente victoria del MAS en las elecciones de octubre pasado ha dejado a la oposición noqueada: al mismo tiempo, la reducción de los contagios de coronavirus ha provocado un clima de distensión. Sin embargo, la polarización política y social que divide a la población boliviana solo se sumergió por un tiempo y resurgirá nuevamente cuando la pandemia vuelva a apretar (aparentemente antes de lo esperado), cuando se realicen las elecciones municipales y autonómicas, en marzo del próximo año, o si la crisis económica se agrava.

La clase media «tradicional» –lo que, derechamente, significa «blanca»– hizo de la derrota del MAS en las elecciones –e incluso de la desaparición de esta fuerza como opción electoral– su gran objetivo político. Así que está viviendo el momento presente con gran amargura, pues el resultado en las urnas le confirma que constituye una minoría étnico-racial y político-electoral en el país. Sin embargo, aunque por lo pronto de encuentren exhaustas por todo lo vivido y por la crisis, estas capas medias van a sentirse nuevamente empujadas a la política en caso de que la situación se deteriore.

La polarización en sordina de este momento se alimenta de las acciones judiciales que están siendo instrumentadas contra los supuestos autores de las graves violaciones de los derechos humanos en los días inmediatamente posteriores a la asunción de Áñez a la presidencia, que se saldaron con más de 30 muertos y cientos de heridos de bala. Y también de los procesos contra el ex-líder cívico cruceño y ex-candidato presidencial Luis Fernando Camacho, por supuestamente haber instigado a la Policía y las Fuerzas Armadas a plegarse al «golpe de Estado» que, según el MAS, fue el que causó la caída del presidente Morales el 10 de noviembre de 2019.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se halla investigando los hechos en torno a esta fecha; al mismo tiempo, un fiscal ordenó la detención del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición de Cochabamba, acusado de haber dirigido a las tropas que reprimieron una marcha en Sacaba, en la que murieron diez manifestantes. Inmediatamente después, el alto mando de las Fuerzas Armadas rompió los protocolos conocidos y apareció en la televisión leyendo un comunicado en el que se declaraba «desconcertado» por el hecho de que este general estuviera siendo procesado por vía ordinaria. También recordó que Áñez había emitido un decreto que exoneraba a los militares de ser investigados por los tribunales civiles.

El gobierno de Arce no respondió directamente a esta inusitada iniciativa militar, pero sus voceros han insistido en que los militares responsabilizados por la represión deben someterse a los procedimientos comunes y en que las Fuerzas Armadas están obligadas a informar al Grupo de Expertos sobre los sucedido en Sacaba y en otras acciones violentas, como el desbloqueo de la planta de combustibles de Senkata, en la ciudad de El Alto, colindante a La Paz, en el cual murieron otras once personas. Hasta ahora los militares han considerado la información sobre la represión ordenada por Áñez como un secreto militar.

Arce no parece tener una estrategia para cumplir su promesa de justicia para las víctimas de las masacres y al mismo tiempo conservar unas relaciones razonablemente cordiales con las Fuerzas Armadas. Por esta razón, se ve sobrepasado por iniciativas descoordinadas de los fiscales, los cuales suelen tratar de congraciarse con los gobiernos de turno, y de ciertos miembros del MAS ansiosos de notoriedad, como los que están demandado a Camacho. Esta última iniciativa puede resultar muy onerosa para el gobierno por el carácter político de las acusaciones, la preocupación que estas han despertado en los organismos de derechos humanos y la popularidad del dirigente cruceño, posible candidato en las elecciones regionales de marzo próximo.

Lucho y Evo, ¿Lucho versus Evo?

A esta altura, la división del trabajo entre «Evo», de un lado, y «Lucho», como se conoce popularmente al presidente, del otro, ha quedado definida. El delfín se ocupará de administrar los recursos y el personal del Estado, mientras que Morales «orientará» la brigada parlamentaria del MAS, que cuenta con mayoría absoluta en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, y seguirá siendo el jefe de su partido. Se trata de dos libretos distintos, pero relacionados entre sí, por lo que nada garantiza que no se vayan a dar choques en el futuro. Algunos roces ya se han producido en este corto mes a cargo del poder ejecutivo.

Por ejemplo, Arce no mencionó a Evo Morales en su discurso de posesión ni asistió a los actos de celebración por el retorno de este último del exilio en Argentina. En cambio, ambos dirigentes almorzaron con cordialidad en la Casa Grande del Pueblo, la nueva sede del poder ejecutivo. Se sabe que Morales le ha pedido a Arce más de una vez que no descartara para los altos cargos del Ejecutivo a los colaboradores de sus tres gobiernos, tal como el presidente y el vicepresidente David Choquehuanca prometieron durante la campaña electoral. Este veto le parece a Morales una censura implícita a su gestión, que él encuentra exitosa para el país y para el MAS. Hasta ahora, Arce no le ha hecho caso. También se sabe que en el «entorno» evista se cree que el gabinete es demasiado técnico y juvenil, y que no cuenta con un equipo político que esté a la altura de los desafíos que plantea la coyuntura.

Es probable que la tensión principal se vaya a dar entre Morales y Choquehuanca, que también es indígena, que ha tenido roces con el jefe de su partido en el pasado –especialmente tras su salida de la Cancillería, que ocupó entre 2006 y 2017–, y que en su discurso de juramentación pareció criticarlo («El poder debe circular igual que la sangre», aseveró entonces). Los seguidores de Choquehuanca no han logrado muchas posiciones en el gabinete, pero han comenzado a aparecer en los cargos inmediatamente inferiores. Ambos líderes son aymaras, pero se considera que Morales tiene más fuerza en la zona quechua del país, donde vivió la mayor parte de su vida.

Evo Morales casi nunca ha podido evitar hacer confidencias públicas y tampoco sabe circunscribirse al espacio que se supone que le corresponde. En este último tiempo, por ejemplo, deseó en voz alta que Álvaro García Linera, sea elegido como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), pues podría usar su capacidad expositiva para explicar en esta organización que no hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019, como definió y publicitó su secretario general, Luis Almagro, hoy el mayor enemigo internacional de Morales y del MAS. Es improbable que este deseo se vea satisfecho, lo que solo terminaría incomodando al anterior vicepresidente. En relación a estas características de su personalidad, Arce declaró que Morales «no va a cambiar. Y tampoco pretendemos que cambie. Va a ser así nomás».

Morales se encuentra por el momento concentrado en las elecciones de marzo, organizando la compleja selección de candidatos en el MAS y preparando la campaña electoral, una de las actividades que más lo animan. Luego de esos comicios posiblemente se vea tentado de incidir más en el rumbo del gobierno.

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Un negocio de La Habana con un cartel en el que advierte que no se aceptan pesos convertibles.YAMIL LAGE / AFP

A partir del 1 de enero desaparecerá el peso convertible, que era equivalente al dólar

 

El Gobierno cubano dio un nuevo paso en el proceso de reformas económicas que acomete y anunció, después de años de espera, la unificación monetaria y la fijación de una tasa de cambio única en la isla, a razón de 24 pesos cubanos por dólar. La unificación, que entrará en vigor el 1 de enero, hará desaparecer del bolsillo de los cubanos el peso convertible (CUC), creado en 1994 y equivalente al dólar, quedando únicamente en circulación en la isla el peso cubano (CUP), medida que trata de enderezar las distorsiones macroeconómicas acumuladas durante décadas por una política igualitarista que fomentó los subsidios, pero que lastró la productividad y la eficiencia empresarial. Se dará a la población un plazo de seis meses para cambiar los CUC por pesos cubanos.

La llamada ‘Tarea Ordenamiento’, que abarca no solo la reforma monetaria y cambiaria, sino que supone numerosos cambios en la política de precios, salarios, pensiones, etc., era una de las medidas más demandadas por los economistas cubanos, pues sin ella hubiera quedado cojo el complejo proceso de cambios económicos que el país realiza en estos momentos, y que incluyen, entre otros, el impulso del trabajo autónomo y la pequeña y mediana empresa privada, la concesión de mayores márgenes de autonomía a la empresa estatal para estimular la productividad, y el fin de los subsidios a muchas de estas que son ineficientes. También se apuesta por empoderar a las autoridades locales para que favorezcan la inversión en sus territorios y flexibilizar la política para atraer inversión extranjera -esta misma semana se anunció que se permitirían empresas con participación mayoritaria de capital extranjero en todos los sectores, excepto en el de extracción de recursos naturales y prestación de servicios públicos-.

La solemnidad con que se anunció la reforma monetaria que viene, dio la dimensión de lo clave que es para la economía y las importantes consecuencias que tendrá para los cubanos a corto plazo. El primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, escoltó al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, en una comparecencia especial en televisión en la que solo habló el segundo, y en la que advirtió claramente: “La tarea no está exenta de riesgos, uno de los principales es que se produzca una inflación superior a la diseñada, agudizada por el actual déficit de oferta”.

Díaz-Canel afirmó que la unificación monetaria y cambiaria es “un paso decisivo en el ordenamiento monetario” del país y dijo que era imprescindible para llevar adelante el proceso de reformas, señalando que el éxito de estas no se logrará “mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo”. Los economistas ya han advertido que, a corto plazo, el golpe será duro para la población, pues se espera un proceso inflacionario que hará perder a la gente parte de su exiguo poder adquisitivo. Díaz-Canel se refirió a ello, al asegurar que en Cuba “no habrá terapias de choque” y que “nadie quedará desamparado”. “Los precios abusivos y especulativos no se permitirán, se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores”, indicó.

Los males estructurales de la economía cubana son muchos, y uno de los graves era el de la política monetaria. Hasta ahora, las monedas en Cuba se canjeaban a diferentes tarifas: para las empresas, 1 dólar (o 1 CUC) era igual a un peso cubano, mientras para la población en la calle dólar y CUC eran 25 pesos cubanos. Un verdadero galimatías contable, un semillero de falta de competitividad y distorsiones con las que hoy se pretende acabar. “Ahora la economía se acercará más a la realidad”, señalaba un empresario extranjero, felicitándose por que finalmente se haya tomado la decisión, postergada muchas veces por su costo social.

Hoy mismo se publicó en la Gaceta Oficial de Cuba una batería de Decretos-Leyes que complementan la reforma monetaria y que establecen una subida general de todos los salarios y pensiones (que se multiplican por cinco, como promedio) y también de los precios. Además, se han aprobado una serie de escalas salariales para estimular que el que trabaja más u ocupa un puesto de mayor responsabilidad pueda ganar más, tratando de acabar con el fenómeno de la pirámide invertida -el director cubano de una empresa puede ganar menos que un empleado de menor rango que reciba propinas en dólares-. El objetivo es reactivar la economía e incrementar la producción y la productividad, aunque eso depende otros muchos factores no resueltos y que la burocracia entorpece, señalan los analistas.

En su intervención, Díaz-Canel señaló que la reforma monetaria no es una “solución mágica” a los problemas económicos, aunque “pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda”.

Impacto económico

En la calle, lo que preocupa a la gente es lo obvio: como quedarán sus ahorros (quien los tenga) y cómo será su vida a partir de ahora. Todos estos cambios ocurren en medio de una grave situación económica en Cuba, agravada por la epidemia de covid-19, el parón del turismo y el recrudecimiento del embargo por la administración Trump, que ha dejado sin liquidez ni capacidad importadora al Estado. Para recaudar divisas extranjeras, las autoridades han abierto tiendas en moneda libremente convertible -en las que solo se puede pagar con tarjeta de crédito- donde se venden alimentos y electrodomésticos, mientras en los comercios de pesos cubanos los abastecimientos cada vez son menos. Aunque muchos cubanos no reciben remesas del exterior, las colas en ambas son kilométricas.

Otra consecuencia de la reforma monetaria y los cambios productivos que se pretenden será que muchas empresas estatales ineficientes -cerca de un 40% del total, según algunos analistas-, podrían quebrar y sus trabajadores verse en la calle. Marino Murillo, uno de los principales responsables económicos del Gobierno, ya anunció que a estas empresas se les dará un año para poner en orden sus cuentas antes de terminar con los subsidios. El sector privado, por razones obvias, se convierte más que nunca en una tabla de salvación para absorber gran parte de esta mano de obra, si las reformas salen adelante.

Por Mauricio Vicent

La Habana - 11 Dec 2020 - 13:46 COT

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Automóvil frente a la refinería El Palito en Puerto Cabello, estado de Carabobo. 2 de marzo de 2016 Foto: Marco Bello / Reuters

Los detenidos portaban "poderosos explosivos" para "detonar y destruir" el principal poliducto de bombeo de gasolina y otros productos.

 

El vicepresidente del área Económica y ministro para el Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, denunció este viernes que fueron detenidos dos ciudadanos que pretendían un "detonar y destruir" la refinería El Palito con "poderosos explosivos", bajo la presunta "protección y apoyo" del mandatario colombiano, Iván Duque.

"Este plan terrorista tenía como objetivo detonar y destruir nuestra refinería El Palito, a través de la utilización de poderosos explosivos. También pretendían explotar el principal poliducto de bombeo de gasolina y otros productos", precisó El Aissami.

Según la autoridad, "todo este plan fue preparado en Colombia por desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)", que tendrían "protección y apoyo por parte del gobierno de Iván Duque, quien autorizó directamente este atentado frustrado".

El Aissami precisó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, así como su Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), facilitaron el traslado e ingreso irregular a Venezuela de provisiones y dispositivos para la concreción del plan.

De acuerdo con el ministro, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) "conocían y asesoraban a todos los terroristas involucrados en este ataque". Los detenidos, identificados como Francisco Javier Pacheco Pérez y César Antonio Guevara Díaz, poseían emulsión encartuchada Senatel, detonadores MS y LP tipo velita, booster de pentolita y cordón detonante.

El ministro agregó que este plan sería perpetrado antes del 6 de diciembre, "para generar una conmoción nacional", que derivara en la suspensión de las elecciones parlamentarias. 

"Nosotros lamentamos que nuevamente sea Colombia y su gobierno los que estén detrás de esta acción criminal, ya hay elementos e indicios suficientes que reposan en el Ministerio Público y forman parte de esta investigación", adelantó El Aissami, quien insistió en que el plan está directamente "acobijado, financiado y apoyado" por Duque.

El Aissami agregó que los detenidos "han confesado todo". "Los contactos que tienen en Colombia, cómo los llamaron, cuánto les pagaron, qué les dieron para preparar y organizar este atentado, cuya segunda etapa era una incursión de oficiales desertores y colombianos entrenados en Cúcuta".

El ministro recalcó que este plan puso en riesgo la vida de centenares de venezolanos, y "se suma al expediente delictivo y terrorista de Iván Duque", por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional para que rechace lo ocurrido. 

En este sentido, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que se trataba de "otro ataque terrorista, sanguinario, planificado y preparado en Colombia" y "con el aval de Iván Duque". 

Estas detenciones ocurren la misma semana en que Maduro denunció que tuvo que cambiar a última hora su centro de votación en los pasados comicios legislativos, porque "fuentes de inteligencia colombiana" le informaron que desde la Casa de Nariño se estaba preparando un atentado para asesinarlo.

Las autoridades venezolanas y el propio Maduro han alertado en varias oportunidades los planes de magnicidio o golpe de Estado por parte de la oposición radical, con apoyo de los gobiernos de Colombia y EE.UU.

En agosto de 2018, los cuerpos de seguridad venezolanos frustraron un intento de asesinato durante un acto presidencial en Caracas, que según Maduro contó con el respaldo de Bogotá. Meses después, el 3 de mayo del 2020, Colombia también fue acusada de participar en el intento fallido de incursión en las costas de La Guaira, en el litoral central del país suramericano.

Publicado: 11 dic 2020 18:41 GMT

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Luis Arce derogó decretos para derribar el "andamiaje neoliberal" del gobierno de facto

A un mes de la asunción, el presidente de Bolivia busca superar la crisis económica

Desde el gobierno denunciaron que dichos decretos carecían de respaldo técnico y financiero. Además beneficiaban a los grandes empresarios poniendo en riesgo la estabilidad económica del país.

 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó que el gobierno derogó siete decretos supremos para derribar el "andamiaje neoliberal" dispuesto por la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Desde el ministerio de Economía denunciaron que dichos decretos "carecían de respaldo técnico y financiero y pretendían beneficiar a los grandes empresarios" poniendo en riesgo la estabilidad del país. A un mes de su asunción, Arce busca sacar a Bolivia de una profunda recesión económica retomando el exitoso modelo del expresidente Evo Morales. 

Con la mira puesta en ese objetivo, la Cámara de Diputados aprobó el impuesto a las grandes fortunas. En tanto, el gobierno empezó a pagar este mes el llamado "Bono Contra el Hambre". "Sin dudas Arce está cumpliendo muchas promesas electorales enfocadas al ámbito estructural: la crisis económica y el golpeado bolsillo del boliviano", señaló en diálogo con Página/12 el director del Centro de Estudios Geopolíticos de Bolivia, Gabriel Villalba. En el horizonte judicial asoma la necesidad de una reforma profunda, mientras la llegada al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca correr el velo de la represión a las protestas que dejaron un saldo de más de 30 muertos tras el golpe de Estado.

Rumbo a la reconstrucción 

"Estamos desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019", dijo Luis Arce en su cuenta de Twitter, al dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la reunión de gabinete celebrada el miércoles. Con la excusa de la lucha contra el coronavirus, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez había aprobado decenas de decretos durante la emergencia sanitaria. 

Los siete decretos supremos que fueron derogados este jueves facilitaban las contrataciones a privados para mejorar el sistema sanitario, impulsaban el apoyo a grandes empresas para el cumplimiento de sus obligaciones sociales y establecían prórrogas y facilidades de pago de impuestos a las exportadoras. En definitiva, el actual gobierno cree que la batería de resoluciones no iba dirigida a los sectores más desprotegidos del país: muy por el contrario, favoreció un aumento de la pobreza y el desempleo.

El presidente de Bolivia también aplaudió la aprobación de las leyes de devolución del IVA a los trabajadores de bajos ingresos, y el esperado impuesto a las grandes fortunas. "Saludamos que la Cámara de Diputados haya aprobado dos importantes proyectos de ley dirigidos a reactivar la economía", aseguró Arce, quien asumió la presidencia el pasado ocho de noviembre luego de arrasar en los comicios de octubre.

En la madrugada del jueves Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas. El documento establece un tributo a las grandes riquezas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, que se aplicará a la fortuna acumulada de más de 30 millones de pesos bolivianos de las personas naturales (poco más de cuatro millones de dolares). El proyecto ahora pasará al Senado, también de mayoría masista.

"Se le da la oportunidad al sistema tributario de ser más progresivo. Significa que los que más tienen deben aportar más al país. En otras partes del mundo los millonarios solicitan a las autoridades tributarias que les aumenten los impuestos porque saben que la sociedad es una cuestión sistémica y de sinergia", aseguró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, luego de la votación en el Congreso.

"Vamos a reconstruir el modelo económico que es un modelo basado en la actividad productiva del país", expresó Montenegro en diálogo con periodistas. "La economía boliviana había sido la primera en crecimiento de la región. Un andamiaje económico que se está intentando reconstruir nuevamente a partir del viraje neoliberal que se tuvo en Bolivia durante once meses", planteó en el mismo sentido el abogado y politólogo Gabriel Villalba.

Claro que para desarrollar ese modelo, que fue virtuoso de la mano de Luis Arce en la cartera de Economía, primero hace falta atender las prioridades. Por eso el gobierno boliviano comenzó a pagar hace pocos días el "Bono contra el Hambre". Durante la campaña, Arce había prometido el pago de este bono de mil bolivianos (unos 144 dólares) como mecanismo para reactivar la demanda interna. Para Villalba, esto demuestra que "la estrategia electoral del MAS se está cumpliendo, por eso el gobierno tiene un alto porcentaje de aprobación en la ciudadanía". 

Además de exponer el descalabro económico y social que dejó a sus espaldas el régimen de Áñez, el cambio de gobierno destapó varias irregularidades de la justicia. Una avalancha de procesos judiciales iniciados por el gobierno de facto contra líderes del MAS ya fueron rechazados por fallas de procedimiento. En tanto, otras causas que permanecieron paralizadas durante once meses, como las que atañen a las masacres de Sacaba y Senkata, empiezan a reactivarse lentamente. 

Con el objetivo de ir a fondo, el ministerio de Justicia encabezado por Iván Lima convocó a un grupo de expertos en distintas áreas del derecho para encarar una reforma judicial. Lima afirmó que el cambio en el sistema de justicia se realizará "contra viento y marea y contra quien se oponga", aunque "buscando la unidad".

Balance y perspectivas 

Analistas bolivianos consultados por este diario coincidieron en los avances del gobierno de Luis Arce a apenas un mes de su asunción. "Este mes de gestión es profundamente más social que económico en su agenda, porque primero está el tema de la reforma de la justicia y segundo el Bono contra el Hambre que tiene que ver con la redistribución de los recursos", aseguró el politólogo Marcelo Arequipa, quien a su vez destacó un elemento novedoso de este nuevo proceso. 

"Por primera vez en la historia política de este país se dividen las funciones. Una cosa es la administración del poder político y otra es la administración de la organización política, es decir el MAS. En la primera función están Luis Arce y David Choquehuanca y en la segunda está Evo Morales", planteó Arequipa. 

Para su colega Gabriel Villalba el saldo de este mes es "positivo aunque con muchísimos desafíos". Villalba calificó al nuevo gabinete como uno de "emergencia", ya que "tiene el rol de allanar el camino para el próximo gabinete que va a asumir el 22 de enero". En esa fecha se celebra en Bolivia el Día del Estado Plurinacional, donde se nombra al gabinete que acompañará al presidente por el lapso de un año. "Quizás muchos de los actuales ministros sobrevivan y otros no, pero no será una crisis de gabinete sino una articulación histórica", agregó Villalba. 

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Honduras: un valle de lágrimas y de resistencias

El Valle de Sula, actualmente arrasado por los huracanes Eta y Iota y fuertemente afectado por la pandemia de covid-19, ha sido históricamente el corazón de la ocupación trasnacional en Honduras. También ha sido el corazón de una resistencia vigorosa. Las estructuras para resistir la explotación laboral sirven hoy para organizar la solidaridad social.

 

El pueblo hondureño vive actualmente acechado por la pandemia y las catástrofes ambientales que han causado cientos de muertes y enormes pérdidas en el país. Pero también vive otra pandemia: la de la violencia de un Estado que no ha funcionado más que para profundizar las desigualdades, la pobreza y la migración. Una de las regiones de Honduras más lastimadas por el covid-19 y la destrucción causada por el paso del huracán Eta y la tormenta tropical Iota en menos de dos semanas ha sido el noroccidente del país, específicamente el Valle de Sula, que se ha visto devastado por las inundaciones causadas por la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón.

La magnitud de la destrucción hace imposible que hasta la fecha se tenga certeza de los desoladores efectos que estos fenómenos han tenido en la región y en el país, no solo por la destrucción que han causado en el Valle de Sula sino también por la adversidad que provocaron en el departamento de Santa Bárbara y en el amplio territorio históricamente agraviado de La Mosquitia. Al menos tres millones y medio de personas resultaron afectadas por estos fenómenos, mientras que por lo menos medio millón han sido desplazados internos por la misma causa. En este contexto, se ha señalado que los daños de los huracanes duplicarán el déficit habitacional del país, lo cual equivaldría a una necesidad aproximada de 2,5 millones de hogares. Algunos economistas han calculado que el impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021. A esto se suman las enfermedades que se puedan generar tras el paso de los huracanes y la vulnerabilidad de 1,5 millones de niñas y niños expuestos a los daños.

El Valle de Sula, actualmente arrasado, ha sido históricamente el corazón de la ocupación transnacional en Honduras, desde la histórica presencia de grandes extensiones de plantíos de banano controlados por la United Fruit Company y Standard Fruit Company, hasta grandes terrenos ocupados actualmente por multinacionales de la industria maquiladora.

Desde hace un siglo, esta región de poco más de 6.000 kilómetros cuadrados fue apropiada por las empresas bananeras estadounidenses que se extendieron a través de miles de hectáreas de monocultivo Rcomunicadas por vías férreas que desembocaban en muelles y puertos de la costa para exportar a Estados Unidos. Ahí se produjeron las condiciones de mayor barbarie laboral, como bien lo demuestra la pluma de Ramón Amaya Amador en la novela Prisión verde, pero también los actos populares de mayor rebeldía, tal y como ocurrió con la histórica huelga bananera de 1954, que hizo temblar el poder del dinero frente a la inmensa insurrección obrera que sacudió al país entero, con epicentro en el municipio de La Lima, que actualmente se encuentra severamente dañado.

A partir de la década de 1980, cuando Honduras se convirtió en el apéndice del dominio económico y político estadounidense en América Central, en el contexto de la Revolución Sandinista en Nicaragua y del conflicto armado en El Salvador, grandes sumas provenientes del extranjero ingresaron en el Valle de Sula para ser invertidas en la industria maquiladora de exportación, aprovechando las precarias condiciones salariales que predominan en el país, además de la ubicación estratégica que tiene el Puerto Cortes para exportar bienes manufacturados hacia la Florida. Desde aquellas fechas hasta la actualidad, con el impulso de políticas económicas neoliberales que solo han garantizado la venta del territorio nacional a las grandes empresas, el Valle de Sula pasó a convertirse en el enclave manufacturero exportador sobre el cual recae el grueso de la economía nacional.

Un corredor industrial maquilador que abarca desde Choloma hasta El Progreso se ha formado a lo largo de los años para absorber un enorme ejército de trabajadoras y trabajadores que originalmente migraron desde regiones rurales para instalarse en las líneas de producción. Estos laboran día y noche, 12 horas diarias sin parar, cosiendo prendas básicas y ensamblando arneses exportados al mercado estadounidense. 150.000 trabajadores y trabajadoras de la maquila se han instalado en las diferentes colonias populares del Valle de Sula, enfrentándose y organizándose diariamente contra la permanente vejación y violación de derechos laborales. Este histórico espacio se ha convertido así en un territorio marcado no solo por la explotación de las grandes empresas, sino por la resistencia y la rebeldía que no dejan descansar a los dueños del dinero.

Desde la década de 1990, cuando la maquila se encontraba en pleno apogeo, organizaciones obreras desarrollaron huelgas históricas a lo largo y ancho del Valle de Sula para denunciar bajos salarios, despidos, jornadas extenuantes y trabajo infantil. Desde allí se organizaron campañas globales de denuncia que han puesto en jaque a las marcas de ropa por su responsabilidad y total impunidad en la precarización del trabajo. Además, esta rebeldía también ha sido fundamental para establecer lazos de solidaridad con la organización laboral de otras actividades económicas, en la formación del movimiento sindical de la industria melonera, en el apoyo a las demandas obreras del sector del banano, en la lucha feminista contra la violencia patriarcal, en la rebelión contra los fraudes electorales y contra las políticas neoliberales de privatización de la educación y la salud pública.

Las colonias obreras devastadas por el paso de los huracanes Eta y Iota se fueron construyendo y ampliando con los años a medida que trabajadoras y trabajadores fueron erigiendo sus hogares sin la ayuda de nadie más que su fuerza de trabajo. Por más que los medios de comunicación empresariales y la clase política busquen presentar el actual desastre como una causa ajena y externa, la devastación causada por estos fenómenos meteorológicos (producidos por efectos del calentamiento global) evidencia un robo histórico e institucionalizado de riqueza que, en lugar de quedar en manos de la población que diariamente la crea con su trabajo, ha sido expoliada para quedar en las arcas de las grandes corporaciones maquiladoras y bananeras que por años han ampliado su acumulación a costa de la vida obrera. Este robo institucionalizado ha provocado una escasez generalizada que se refleja en falta de vivienda digna y de seguridad en la reproducción de la vida obrera del Valle de Sula.

El problema no radica únicamente en la fuerza de los huracanes Eta y Iota en Honduras y en el Valle de Sula, sino en las décadas de expoliación de riqueza que han dejado a la población trabajadora del campo y la ciudad al límite de la vida, sin garantías de seguridad, vivienda y trabajo digno. Esta larga historia de explotación y despojo de una economía de enclave como la hondureña es la mayor responsable de las consecuencias catastróficas que ha generado el paso de los huracanes por Honduras. La ausencia de políticas de Estado para la ciudadanía ha quedado, además, al descubierto con la pandemia. El país tiene hoy un sistema de salud público quebrado.

El Estado hondureño brilla por su ausencia a la hora de promover una seria política de prevención y emergencia que sirva para la población damnificada que ha perdido sus hogares y sus trabajos, mientras que muchas corporaciones maquiladoras obligan a su mano de obra a trabajar mientras se anuncian con bombos y platillos «ayudas» a los empleados afectados, cuando estos han dedicado sus vidas a producirles sus ganancias y sus riquezas monopólicas.

Pero Honduras y el Valle de Sula también brillan por una inmensa e incalculable solidaridad popular que se puede ver en las calles, con brigadas de limpieza, recaudación y distribución de víveres y apoyos que sí alcanzan a lapoblación damnificada. Organizaciones de pueblos originarios, así como movimientos barriales y sindicales, responden al escenario adverso, movilizándose y solidarizándose con la población lastimada. Así como han construido sus vidas en la región dañada con su propio esfuerzo colectivo, a contracorriente y con un Estado que históricamente les ha dado la espalda, hoy enfrentan el desastre causado por el paso de huracanes con un sentido de autoorganización para la supervivencia que busca poner la vida por delante.

Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada (no solo a los agremiados), además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas –muchas de ellas obligan a los trabajadores y trabajadoras a presentarse a la fábrica para trabajar pese a las condiciones adversas–. A pie, en carros y en lanchas, las mismas estructuras organizativas que se han creado en estas industrias para resistir frente a la constante vejación laboral y solidarizarse con otras luchas en el país ahora sirven como sostén de apoyo para la población damnificada.

De esta manera se demuestra, una vez más, que frente a un Estado indolente que se sostiene a punta de fraudes, corrupción y pólvora, y que da la espalda al dolor y las necesidades apremiantes, han sido la autogestión, la autodeterminación y la organización de los trabajadores y trabajadoras la mayor herramienta para enfrentar las consecuencias catastróficas generadas por los huracanes y la pandemia en Honduras, especialmente en su memorable Valle de Sula.

Diciembre 2020

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Cuba anuncia el inicio de la unificación monetaria y cambiaria a partir de enero

La tasa de cambio única establecida será de 24 pesos cubanos por 1 dólar.

 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció este jueves del inicio del proceso de unificación monetaria y cambiaria en la isla, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021, como parte de un trabajo de ordenamiento del sistema financiero del país.

La decisión implica que el CUC (peso convertible) dejará de circular en Cuba a partir del próximo año y se establecerá una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por 1 dólar.

Cuba ha tenido dos monedas oficiales desde 1994, el peso cubano (CUP), utilizado por la mayoría de la población del país, y el CUC, que desde su introducción tenía como objetivo reemplazar al dólar estadounidense y que se manejaba en operaciones internacionales.

Durante una transmisión realizada por la Televisión Cubana, el mandatario se refirió a que se llevará a cabo una serie de transformaciones en el ámbito cambiario, tributario, crediticio, de precios, de salarios y demás ingresos de los ciudadanos.

De esta manera, se espera que esta medida cree las condiciones para que el sistema empresarial pueda tomar decisiones adecuadas e impulsar el desarrollo económico en la isla. Sin embargo, Díaz-Canel también explicó que la unificación monetaria no está exenta de riesgos.

"Uno de los principales [riesgos] es que se produzca una inflación superior a la planificada, agudizada por el actual déficit de oferta. Los precios abusivos y especulativos no se permitirán, se enfrentarán con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores", aseguró.

Publicado: 11 dic 2020 02:30 GMT

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La revolución del ‘fracking’ se convierte en un fiasco

"Has muerto todas mis ilusiones/Tienes lágrimas negras”, cantaba Compay Segundo. La industria petrolera de perforación hidráulica (el fracking), que fue llamada a ser la mayor revolución energética de este siglo, “uno de los cinco pilares que transformará la geopolítica”, en palabras de Erik Norland, director ejecutivo de CME Group, la panacea que iba a convertir Estados Unidos en un país independiente desde el punto de vista energético en el 2030, ha acabado en un fiasco económico, una ruina financiera, unas lágrimas negras.

El ensayista Bethany McLean, autor de un libro sobre el fracking, considera que lo ocurrido es como una “reminiscencia de la burbuja puntocom de finales de los noventa, cuando las compañías se valoraban más por el número de pupilas que atraían y no por los beneficios que tenían probabilidad de obtener”. Jim Chanos, legendario inversor de hedge funds y de los derivados en Wall Street, sostiene que “la industria del fracking tiene un largo historial de dinero que entra dentro y nunca sale fuera”. Los pozos han engullido una gran cantidad de dólares, sin conseguir la rentabilidad deseada.

EE.UU. En el futuro podría haber más de un centenar de quiebras

Solo en el tercer trimestre hubo 44 quiebras de estas empresas en Estados Unidos, según los cálculos de Haynes and Boone. Desde el año 2016, si se suman las compañías que hacen prospección y exploración, ya son 500. Entre las empresas más conocidas en sumarse a la insolvencia hay nombres como EP Energy, Chesapeake Energy, Ranch Energy, Bellatrix Exploration y Murray Energy. Para la consultora Rystad Energy, a finales de 2022 podrían añadirse a esta lista otras 150.

Ya no se perfora como antes y hay instalaciones que quedan abandonadas. El número de ­plataformas se ha reducido de ­forma drástica respecto a sus estándares habituales, de acuerdo con el contador de Baker and ­Hugues. En la actualidad, en el país hay unas 320 operativas, prácticamente quedan un cuarto de las que perforaban en 2019.

A la tormenta económica hay que sumarle la política. El presidente electo, Joe Biden, contrariamente a su predecesor, ha prometido una moratoria sobre las perforaciones en suelo y aguas norteamericanas, con lo que las perspectivas a corto y medio plazo son muy inciertas.

La pandemia ha dado la puntilla, tras el desplome de los precios y la caída de la demanda. Y el flujo de caja (es decir, la diferencia entre el dinero generado y sus gastos de capital) este año será negativo y se disparará hasta más de 3.000 millones de dólares.

Pero lo que preocupa son los números rojos acumulados. Las firmas del fracking han derrochado casi 30.000 millones de dólares desde 2017, según los datos proporcionados por el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa).

Cifras. En la última década se han derrochado más de 300.000 millones de dólares

Si se mira más atrás, la cifra se dispara todavía más: entre 2010 y 2019 cada año sin excepción el flujo de caja de estas empresas fue siempre negativo. “La revolución del fracking ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor del globo, per en términos financieros este boom de la producción ha sido un burbuja financiera épica”, según comenta Ieefa.

Las plataformas estadounidenses de petróleo de esquisto han quemado en la última década unos 300.000 millones de dólares, según un estudio de Deloitte. Esto supone haber destruido el 70% del capital invertido desde 2008.

Para los bancos norteamericanos que financiaron esta industria, el cambio de ciclo pone en riesgo miles de millones de dólares de préstamos, que corren el riesgo de ser incobrables.

El 40% de este dinero procede de Wells Fargo y JP Morgan ellas solas, pero el resto de grandes nombres de las finanzas estadounidenses tienen un pie dentro... del pozo. Peor todavía, las cifras indican que las entidades han seguido financiando a esta industria deficitaria incluso después de la firma de los Acuerdos del Clima de París de 2016, que fijaban un plan de reducción de emisiones claramente incompatible con el régimen de producción de la industria petrolera.

Esta financiación un tanto a la ligera se llevó a cabo gracias a que Wall Street quería cobrar sus comisiones. Además hay un elemento inquietante: del monto de bonos corporativos emitidos por estas empresas de fracking para captar dinero, el 72% se situaba por debajo de los niveles mínimos de inversión, es decir, que eran puramente especulativos o “bonos basura”. Tal como recuerdan en el estudio Fracking Fiasco, editado por Oilchange Internacional, esta práctica “ha permitido una financiación insostenible y una expansión no rentable”. Entre los tenedores de esta deuda están los mayores fondos del mundo, como Blackrock, Vanguard Group o Prudential Financial.

En tiempos de dinero barato, muchos se lanzaron a un negocio que parecía no tener límite. “Los tipos de interés ultrabajos han sido los verdaderos catalizadores de la revolución del esquisto”, dijo Amir Aazar, académico del departamento de energía de la Universidad de Columbia. De alguna manera, el fracking ha acabado siendo víctima de su propio éxito.

Estas perforaciones son muy costosas. Ocupan mucho espacio y al cabo de dos años agotan el 80% de su producción. Además el petróleo no es de gran calidad. La caída de precios puso la realidad al desnudo, porque con un barril por debajo de los 50 dólares los números no salen. Antonio Turiel, investigador del CSIC, autor del libro Petrocalipsis, explica por qué se ha mantenido en vida un sector que estaba en pérdidas. “Cuando se empezó a potenciar esta industria en el 2008 no había alternativa, si se quería alargar el pico de la producción de petróleo unos años. Pero en el 2018 ya se llegó a este punto y la Administración Trump, mediante incentivos y menor regulación ambiental, alargó la agonía”. La retórica de querer convertir a EE.UU. en el primer productor mundial hizo el resto. Pero a un coste enorme.

Financiación. Los bancos se encuentran con miles de millones de créditos incobrables

El espectro de unas quiebras en cadena es ahora real. Según el citado estudio Fracking Fiasco, estas compañías tienen unos 120.000 millones de dólares de deuda que caducará entre el 2021 y el 2025. Habrá que reestructurar 50.000 millones de dólares en los próximos años, según Haynes and Boone, que eleva sus estimaciones de deuda hasta los 170.000 millones de dólares.

Para Ieefa, “incluso si el mercado global del petróleo y del gas se estabiliza, nos esperamos que los inversores prudentes continuarán viendo el sector del fracking como empresas de alto riesgo, con un historial financiero terrible, unos fundamentales débiles y un modelo de negocio sin pruebas y especulativo”. Antes de que terminara el verano, la producción estadounidense se había derrumbado en 3,4 millones de barriles diarios, lo que equivale a eliminar del mapa a un país de la talla de Emiratos Árabes Unidos.

Y es que el ciclo económico está cambiando. En la última década, el sector de la energía fue el que obtuvo peores resultados de todo el SP 500. Los inversores hoy en día se centran más en las renovables. En este índice bursátil el sector del petróleo y del gas tenía un peso del 12% en el 2012, pero hoy en día supone menos del 3% del valor de las 500 mayores empresas estadounidenses.

 “No veo crecimiento hasta el 2023 y después puede que la industria del esquisto en Estados Unidos nunca más vuelva a crecer”, admitía Scott Sheffield, consejero de delegado de la firma Pioneer, una de las más grandes del país en este campo.

En el 2020 la demanda mundial de petróleo será unos 8,4 millones barriles por día más baja que en el 2019, según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía. Y en el 2021 tampoco se habrán recuperado los niveles del 2019, anteriores a la Covid. La Agencia Internacional de la Energía ya advirtió de que si la tendencia no cambia, la producción de petróleo podría reducirse a la mitad en el 2025.

Hay otro dato significativo, sintomático de las dificultades que vive esta industria en general. Este año se han descubierto unos 10.000 millones de barriles de petróleo equivalentes (boe) de nuevos yacimientos de gas y crudo, especialmente en Rusia y Surinam.

Pero según la consultora Rystad Energy menos de la mitad podrá explotarse económicamente en las próximas dos décadas. Las firmas energéticas están mirando con lupa los costes y las inversiones, ante las dificultades que están viviendo. Las presiones medioambientales también desaconsejan apostar por zonas como el Ártico o el río Amazonas, que tienen reservas que tal vez nunca vean la luz. El fracking: la revolución que nunca fue.

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Anticapitalismo ¿Otro mundo es posible?: el anticapitalismo en el siglo XXI

El último libro de Erik Olin Wright estudia las posibilidades de derrocar el capitalismo en pos de una sociedad socialista. Cómo conseguirlo, cuál es la función del Estado y cuál debería ser, y qué retos plantea el siglo XXI al sistema son algunas de las cuestiones que el sociólogo intenta responder en Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI.

 

Reconceptualizar la vida se torna necesario, cuasi obligatorio, en un momento de desestabilización mundial. Un virus asola la faz de la Tierra y la maquinaria capitalista se endurece: la gente no tiene que ver cuán endeble es el sistema. Hace algo más de un año que falleció Erik Olin Wright, uno de los más eminentes sociólogos marxistas, no sin antes dejar para la posteridad su último libro: Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI (Akal, 2020).

La búsqueda de alternativas al sistema de producción predominante en la mayoría de los países del mundo fue el faro de guía durante los últimos años de vida del autor. Esta monografía de reciente publicación, con un vocabulario sencillo y atractivo, con un índice conciso pero bien estructurado, intenta ser la continuación de otra de las obras culmen del académico, la que tituló Construyendo utopías reales (Akal, 2014). Si antes mostraba hacia dónde tiene que ir la Humanidad, ahora desarrolla el cómo, la estrategia.

Tres binomios vertebran todo un postulado posterior: igualdad/equidad; democracia/libertad; y comunidad/solidaridad. A partir de ellos, el sociólogo emprende un viaje al interior del anticapitalismo. "Esos pares que él presenta al principio evocan la triada de libertad, igualdad y fraternidad. Así es como refleja que el proyecto socialista no es algo exótico, sino que conecta con preocupaciones ampliamente compartidas. Prácticamente, nadie se opone a esas parejas de conceptos, y quienes defendemos el proyecto socialista democrático tenemos que partir de amplias ideas compartidas", aduce Jorge Sola, profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y antiguo alumno de Wright.

El escritor plantea cinco posibilidades para aplacar o, como mínimo aminorar, los efectos del capitalismo. Se debate entre aplastar, desmantelar, domesticar, resistirse y huir del capitalismo. De esta forma, la primera de ellas será descartada, pues las condiciones actuales no posibilitan una verdadera revolución que abola el sistema. Wright llega a afirmar que "aplastar el capitalismo queda rechazado por las experiencias trágicas que se dieron en el siglo XX en torno al comunismo".

Después, el sociólogo comenta algunos aspectos de las demás, sin llegar a decantarse por ninguna de ellas. Así lo ve Sola: "Hace tiempo, en un artículo defendió que los socialistas hemos perdido demasiado tiempo y energía discutiendo qué vía es mejor, cuando existen muchas de ellas y no tienen por qué ser incompatibles. Él defiende un pluralismo estratégico".

¿Otro mundo es posible?

La denominación que Wright realiza de los aspectos a tener en cuenta de cara a un cambio de paradigma, tanto productivo como social, se relaciona con los "ingredientes básicos de un destino democrático más allá del capitalismo". Una ristra de lugares comunes, pero que el sociólogo consigue articular de tal forma que parece que el derribo del capitalismo está a la vuelta de la esquina una vez se hayan conseguido.

A saber: la renta básica universal (RBU); una economía de mercado cooperativa; una economía social y solidaria; la democratización de las empresas capitalistas; y la conversión de la banca en una empresa de servicio público. En este sentido, aunque pudiera parecer que esos objetivos aún son lejanos, Sola incide en que la prioridad es "vencer el escepticismo de la gente, hacer ver que otro mundo es posible". Y lo explica: "En realidad, una parte de ese mundo deseado ya existe en el que tenemos, son como semillas que tienen que florecer. La gente ya participa en estructuras institucionales alternativas, por lo que tan solo habría que extenderlas a todas las esferas de la vida social".

En este sentido, el imaginario colectivo que la ciudadanía es capaz de crearse para sí es una de las cuestiones primordiales. Los límites de lo que se percibe como posible o deseable son muy inestables y se desplazan continuamente, tal y como apunta el sociólogo de la UCM. Esta realidad, que puede ser tanto positiva como perjudicial a la hora de efectuar cambios sociales de alto alcance, se materializa en ideas tan básicas como la democratización de las compañías capitalistas.

El propio Wright recoge en el volumen publicado por Akal que la ley alemana estipula que los trabajadores pueden elegir casi al 50% del consejo de dirección en empresas que emplean a más de 2.000 trabajadores, y un tercio en aquellas empresas que tienen entre 500 y 2.000 trabajadores. "Aquí, que eso nos parece imposible, en Alemania es normal; pero la sanidad pública, que aquí nos parece normal, en Estados Unidos es imposible", ejemplifica Sola.

Diagnosticando las dolencias y los procesos de crisis y autodestrucción que comporta para sí mismo el capitalismo, muchas veces apaciguados por el propio Estado, Wright defiende que la emergencia climática y la revolución tecnológica serán los dos retos a los que la sociedad tendrá que enfrentarse durante el siglo XXI. Los dos aspectos abren la puerta a que los valores democráticos, igualitarios y solidarios, el mantra repetido a lo largo de la monografía, se impongan sobre los demás.

En este sentido, Sola arguye que la crisis climática es una oportunidad para afrontar cambios más profundos, pero a su vez también constituye una mala noticia, ya que exige a los humanos cierta urgencia y radicalidad en las acciones. En cuanto a la revolución tecnológica, él prefiere ser escéptico ante los "discursos apocalípticos de las máquinas" ya que "durante los últimos años hemos presenciado procesos similares y hemos podido ver que el problema está en la distribución de las riquezas que genera la tecnología, por lo que no deja de ser un problema político".

En cuanto a la agencia colectiva, un concepto que describe la posibilidad y poder que tiene la sociedad para revertir ciertas dinámicas perniciosas para la misma, Wright desarrolla tres segmentos que habría que tener en cuenta para que el cambio se materializara. Por un lado, las identidades, importantes para "forjar la solidaridad dentro de un actor colectivo", por otra parte, los intereses, para "modelas los objetivos de la acción colectiva", y por último, los valores, importantes para "conectar diversas identidades e intereses dentro de los significados comunes".

Sola se adhiere a estas premisas dado que "la clase trabajadora no nace homogénea, sino como algo que se crea a través de muchos estímulos que hay que coaligar políticamente", en sus propios términos. Crear una base común y articular los aspectos compartidos es, en opinión del sociólogo de la UCM, la clave para afrontar la diversidad "con espíritu constructivo y superar las divisiones que obstaculizan el surgimiento de estos actores".

Wright cierra su ensayo aportando algunos parámetros que, desde su punto de vista, son imprescindibles para la creación de actores colectivos capaces de sostener la acción política. Superar las vidas privatizadas; construir solidaridad de clase dentro de estructuras de clase complejas y fragmentas; y forjar políticas anticapitalistas en presencia de formas de identidad diversas y rivales, no basadas en la clase, son los indicadores que el sociólogo marca para cimentar un posible cambio que conduzca a ese socialismo democrático al que aspira.

Qué fue antes, ¿el trabajo o la vida?

Sara Porras, también profesora de sociología en la UCM, aporta algunas concepciones que completan Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Algo a lo que recurre Wright en su obra es articular la construcción de una sociedad socialista en base a la economía que se da en el contexto de la producción, un hecho que responde a la tradición teórica del marxismo. "El mercado sería la institución fundamental que ordenaría la vida política y social, pero teniendo en cuenta la coyuntura actual, donde una pandemia ha trastocado y acelerado la vida en la mayoría de sus vertientes, creo que es buena ocasión para repensar hacia dónde queremos llegar y cómo pretendemos lograrlo", introduce la académica.

"Cuando Wright da herramientas concretas, como el establecimiento de la RBU, a mí me gustaría ir más lejos y plantear el debate de cuáles son los trabajos socialmente necesarios, una parcela del mercado en la que se puede observar una correlación muy clara: aquellos empleos que son socialmente imprescindibles son los peor valorados y a los que más afectan algunas escalas. Primero en cuanto a la feminización de los mismos y, después de ella, la racialización que experimentan", agrega la profesora de la UCM, quien defiende que la obra del sociólogo recientemente fallecido estaría más completa si introdujera estas identidades (etnia, raza, género, etc.) como significantes dentro de la propia identidad de clase.

Ciudad y cuidados, las claves para el cambio

A partir de la publicación, Porras adhiere tres ejes en torno a los que circularía la creación del nuevo paradigma socialista. En primer lugar, situar la vida y la responsabilidad colectiva como espina dorsal del cambio anticapitalista, una realidad que se podría dar con la RBU o la adopción de la jornada laboral de cuatro días a la semana. Por otra parte, ella incide en la potencialidad que, en la actualidad, tienen las ciudades como espacio de socialización, representadas como el principal territorio en el que los diversos actores colectivos se ven interconectados y el vecindario puede conocerse y organizarse.

Por último, esta socióloga también remarca la transformación a la que tendría que someterse el Estado como principal institución reguladora de una nación: "El Estado no solo tendría que ser el principal sostén de la parte social de la ciudadanía sino que para garantizarla debería comenzar a ser un actor económico y social de gran envergadura, en el que también reviertan las ganancias económicas que propicia con su financiación, sobre todo ahora que nos encontramos en un contexto global donde el desfalco fiscal es enorme".

A su vez, sí que coincide en el postulado que Wright esgrime en su obra en torno a la emergencia climática. En palabras de Porras, "esta emergencia nos supone huir del debate entre si queremos que esto cambie o no, para llevarnos al debate sobre en qué lugar nos vamos a posicionar en este cambio que ya es obligado". Poner la vida en el centro abre un amplio abanico de posibilidades, una miríada de opciones por descubrir que se irían perfeccionando mientras se practican.

Para ello, el aspecto de los cuidados es fundamental: "No se trata de ver cuántas horas producimos en el mercado laboral y cuántas nos quedan para nuestra vida; es todo lo contrario. Primero tendríamos que tomar conciencia de cuánto tiempo necesitamos para suplir los cuidados que todas las personas requerimos en nuestra vida, ya que aquel individuo que afirma no necesitarlos se corresponde con un sujeto que tiene una mujer racializada en su casa durante ocho horas resolviéndole las tareas mientras él produce en el mercado. Más acertado que la mano invisible de los mercados, es hablar de la mano invisible de los cuidados", agrega al respecto.

De esta forma, la socióloga afirma que "situar la vida en el centro supone un espacio privilegiado para demostrar la fragilidad del sistema capitalista y la potencia del cambio justo en un momento en el que desaparecerán miles de empleos y una gran expulsión de muchas personas del mercado debido a la revolución tecnológica". Un dato: "El 80% de los cuidados que requiere una persona y que no supone su hospitalización son desarrollados por una mujer o por entidades privadas", agrega Porras.

Cuestión de identidades

Respecto a la teoría clásica de la identidad que Wright defiende en su última obra, la profesora de la UCM advierte que se encuentra algo desfasada. Y así lo explica: "Las identidades son necesarias para sostener un proceso de transformación, pero que se basen únicamente en el contexto de la producción las debilita. La gente se identifica más con sus aspiraciones que con la realidad estructural que los ocupa. Cuando le pregunto a mi alumnado cómo se describen, lo hacen poniendo por delante su condición de estudiantes de sociología que la condición de trabajadores precarios. Tenemos que ser capaces de imaginar y construir un espacio en el que puedan conectar las identidades subrepticias para conectarlas en su complejidad y fragmentación, y eso lo permite mucho más la ciudad que el Estado".

En conclusión, Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI aporta algunos cimientos en los que fortalecer la lucha contra el sistema preponderante a nivel global, pero también posibilita la creación de un nuevo imaginario a partir del que construir. Wright, con esta obra, se despide de una forma abrupta, prematura incluso, pero en la que se puede percibir ese talante transformador y meritorio que le ha hecho ser uno de los sociólogos más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

Madrid

09/12/2020 08:35 Actualizado: 09/12/2020 09:27

Por Guillermo martínez

@Guille8Martinez

Publicado enSociedad
Las tres salidas a la pandemia según Boaventura de Sousa Santos

"El capitalismo no funciona sin sexismo y sin racismo"

 

El sociólogo y ensayista portugués Boaventura de Sousa Santos es el gran pensador actual de los movimientos sociales, autor de una extensa obra en la que se destacan títulos como "Una epistemología del sur", "Democracia al borde del caos: Ensayo contra la autoflagelación" y "El fin del imperio cognitivo" se ocupa desde hace décadas de radiografiar la vida y los modos de subsistencia de las comunidades más vulnerables, un radio de acción que lo llevó a documentar desde las condiciones de un campo de refugiados en Europa hasta las formas de organización de las comunidades originarias de Amazonia o los barrios populares de Buenos Aires.

Sousa Santos nació hace 80 años en la ciudad portuguesa de Coímbra, donde reside la mitad del año tras haberse jubilado como docente de la Facultad de Economía. Obtuvo un doctorado en sociología de la Universidad Yale y dio clases también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), donde pasa la otra mitad del año. En sus textos desmenuza los conceptos clásicos de las ciencias sociales para entender el mundo y los revitaliza con el objetivo de construir saberes "que otorguen visibilidad a los grupos históricamente oprimidos".

"El capitalismo no funciona sin racismo y sin sexismo -destaca el pensador-. Por el contrario, la resistencia no está articulada, está fragmentada, es por eso que muchos partidos de izquierda, con vocación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. Incluso algunos movimientos feministas han sido racistas y han sido pro-capitalistas. El problema que enfrentamos es una dominación articulada y una resistencia fragmentada. Así no vamos a salir adelante porque sabemos que la intensificación del modelo es lo que agrava la vida de la gente".

Con un lenguaje directo que atraviesa toda su obra, propone un modelo de intelectual como agente de cambio, Sousa Santos analiza la refundación del estado y la democratización de la democracia . Se considera un "optimista trágico" , por eso cree que la pandemia es una gran oportunidad para replantear el modelo neoliberal, que considera agotado.

--¿Qué futuro podemos esperar después de la pandemia? ¿Cómo seremos capaces de pensar y de construir el mundo post pandemia?

--La pandemia ha creado tal incertidumbre que los gobiernos, los ciudadanos, los sociólogos y los epidemiólogos no saben qué va a pasar. Acabo de publicar "El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía" y lo que planteo es que esta pandemia marca el inicio del siglo XXI. Tal como el siglo XIX no empezó el 1 de enero de 1800, sino en el 1830 con la Revolución Industrial, o el siglo XX en 1914 con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, el XXI comienza para mí con la pandemia, porque va a inscribirse como una marca muy fuerte en toda la sociabllidad de este siglo. Y lo será porque el modelo de desarrollo, de consumo, de producción que hemos creado, ha llevado a que no sea posible en este momento, por más vacunas que existan, poder salir de ella.

Entraremos en un período de "pandemia intermitente": confinamos-desconfinamos, donde el virus tendrá mutaciones, habrá una vacuna eficaz y otra no, vendrán otros virus. El neoextractivismo, que es una explotación de la naturaleza sin precedentes, está destruyendo los ciclos vitales de restauración, y por eso los hábitats se ven afectados con la minería a cielo abierto, la agricultura industrial brutal, los insecticidas y pesticidas, la contaminación de los ríos, el desmonte de los bosques... Esto, junto al calentamiento global y la crisis ecológica, es lo que hace que cada vez más los virus pasen de los animales a los humanos. Y los humanos no estamos preparados: no tenemos inmunidad, no tenemos cómo enfrentarlos.

--Hay conciencia sobre la gravedad? ¿Hay salidas?


--Veo tres escenarios posibles y no sé cuál resultará. El primero es el que pusieron a circular fundamentalmente los gobiernos de derecha y de extrema derecha -desde el Reino Unido a los Estados Unidos y Brasil- sosteniendo que esta pandemia es una gripe, que no tiene gravedad, que va a pasar y la sociedad regresará rápidamente a la normalidad. Claro que esta normalidad es el infierno para gran parte de la población mundial. Es la normalidad del hambre, de otras epidemias, de la pobreza, de las barriadas, de la vivienda impropia, de los trabajadores de la calle, de los informales. Es un escenario distópico, muy preocupante. Porque esa "normalidad" significa regresar a condiciones que ya la gente no aguantaba y colmaba las calles de muchos países gritando "basta".

El otro escenario posible es lo que llamo el gatopardismo, en referencia a la novela de Lampedusa, de 1958; la idea es que todo cambie para que todo siga igual. Las clases dominantes hoy están más atentas a la crisis social y económica. Los editoriales del Financial Times son un buen ejemplo de este segundo escenario. Dicen muy claramente que así no se puede continuar. Habrá que moderar un poco la destrucción de la naturaleza y cambiar en algo la matriz energética. Es hacer algunas concesiones para que nada cambie, y que el capitalismo vuelva a ser rentable. Por ello la destrucción de la naturaleza continuará y la crisis ecológica podrá ser retrasada pero no resuelta. Europa se encamina un poco por ese escenario cuando se habla de una transición energética, pero me parece que no va a resolver las cosas. Va a retrasar quizás el descontento, la protesta social, pero no va a poder saldar la cuestión pandémica.

El tercer escenario es, quizás, el menos probable, pero también representa la gran oportunidad que esta pandemia nos ha dado. Es la posibilidad de pensar de otra manera: otro modelo civilizatorio, distinto del que viene desde el siglo XVII y que se profundizó en los últimos 40 años con el neoliberalismo. Con el coronavirus, los sectores privilegiados quedaron más tiempo en sus casas, con sus familias, descubrieron otras maneras de vivir. Claro que fue una minoría, el mundo no es la clase media que puede cumplir con el distanciamiento social, lavarse las manos, usar las mascarillas... la gran mayoría no puede. Esta es la gran oportunidad para empezar una transición hacia un nuevo modelo civilizatorio, porque es imposible hacerlo de un día para otro. Y esa transición empezará en las partes donde haya más consensos. Hace mucho tiempo que este modelo está totalmente roto, desde un punto de vista social, ético y político. No tiene futuro. Es un cambio social, de conocimientos, político y cultural.

Difícil saber cuál escenario prevalecerá. Quizás tengamos una combinación de los tres; en algunas partes del mundo el primero, en otras el segundo, y en algunos países mayores avances. La política del futuro dependerá, fundamentalmente, de qué escenario prevalezca. Es el conflicto vital en las próximas décadas.

--El modelo de transición alimenta la esperanza de una sociedad distinta, pero presupone también replanteos y construcciones políticas diferentes, en términos ideológicos, económicos, modelos de desarrollo, sociales, culturales, diversos. ¿Cuáles serían las utopías frente a tantas distopías?


--Lo peor que el neoliberalismo nos ha creado es la ausencia de alternativa. La idea de que con el fin del socialismo soviético y de la caída del muro de Berlín solo queda el capitalismo. E incluso el capitalismo más antisocial, que es el neoliberalismo dominado por el capital financiero. En Argentina tuvieron una experiencia muy dolorosa con los fondos buitres. Hemos vivido estos 40 años en confinamiento -pandémico y político- encerrados en el neoliberalismo. La pandemia nos da una esperanza de que podemos salir del confinamiento. Nos obliga a confinarnos y simultáneamente nos abre las puertas a alternativas. Porque devela que este modelo está completamente viciado; hay un capitalismo corsario que ha hecho más millonarios a quienes ya lo eran. El dueño de este sistema que estamos usando (Zoom) puede ganar 1500 millones de dólares en un mes y hasta el confinamiento poca gente lo usaba o conocía. O el caso de Jeff Bezos, con Amazon. El aumento de las compras online lo convirtieron en el primer trillonario del mundo. Él y otros siete hombres de Estados Unidos tienen tanta riqueza como los 160 millones más pobres de ese país, que conforman más de la mitad de su población. Esa es la actual concentración de la riqueza en un capitalismo sin conciencia ética. La palabra que se me ocurre en este momento es robo. Hubo robo. Y las falencias de este modelo obligan a cambiar la política y eso nos da una esperanza. Lo que más me molesta hoy en día es la distribución desigual entre el miedo y la esperanza. En las barriadas del mundo las clases populares tienen sobre todo miedo. Luchan, siguen luchando, creativamente. Por ejemplo durante la pandemia protegieron sus comunidades. Pero abandonadas por los estados en gran parte de los países, tienen muy poca esperanza.

--Hablaba del peso que hoy tienen las empresas digitales al haberse convertido en las mayores empresas del planeta, incluso superando en dimensiones económicas y poder a muchísimos países. ¿Las GAFA significan un cambio en la matriz del neoliberalismo actual de cara al futuro? ¿Cómo influye este cambio en nuestras vidas?


--Antes de la pandemia ya estábamos todos hablando de la cuarta revolución industrial, dominada por la inteligencia artificial, la robótica y la automoción. Con las impresiones 3D, la robotización, el enorme desarrollo de las tecnologías digitales, nos volvemos cada vez más dependientes de ellas. El tema es determinar si estas tecnologías son de bien público o de unos pocos propietarios. Ese es el problema ahora. Hay sistemas públicos –por ejemplo el de la ONU- que están impedidos de ser ofrecidos al mundo. Las empresas se niegan porque pretenden seguir con sus negocios. Y son muy pocas... Google, Apple, Facebook, y Amazon (GAFA) y Ali baba en China. Son estas las grandes compañías tecnológicas que hoy dominan el mundo y que no aceptan ser reguladas por nadie. En este momento, por ejemplo, la discusión en el Congreso en los Estados Unidos es clara: Mark Zuckerberg ha dicho que no acepta ser regulado. Y como tienen tanto poder, estas empresas desde su arrogancia pretenden autorregularse de acuerdo a sus intereses.

--Al mismo tiempo su poder traspasa el económico y juega un papel fundamental en la política. Las fake news desparramadas en las redes sociales y la desinformación colaboran a la degradación de pilares estructurales de las democracias.

--Claro, por supuesto. Y además la contradicción es esta... en muchas partes del mundo, por ejemplo en Brasil, en Reino Unido con el Brexit, en el Parlamento Europeo, las fake news y el uso de las tecnologías digitales para producir noticias falsas tuvieron un papel fundamental en los resultados electorales. Bolsonaro -por ejemplo- nunca sería presidente de Brasil sin ellas. ¿Twitter intervino en ese momento como hoy lo hace con Trump en Estados Unidos? No, porque el dueño de Twitter no era brasilero. Twitter intervino cuando era la democracia de Estados Unidos la que estaba en juego. Si fuera la de Bangladesh, la de Sudáfrica, o de Portugal, no importa... es libertad de internet. Pero si estamos en los Estados Unidos, ahí no, ahí vamos a cerrar. Eterna contradicción. Claro que eso puede llevar a una regulación más amplia a nivel global de las redes, pero obviamente que estamos en otro paradigma, en el que tenemos que trabajar con estas tecnologías y al mismo tiempo luchar contra todo el sistema de noticias falsas.

--¿Es posible lograrlo? ¿Desde qué mecanismos?


--Esa es la pregunta. Nosotros partimos en esta transición muy desgastados, muy empobrecidos políticamente, porque la política se empobreció muchísimo en los últimos 40 o 50 años. Porque la política es construir alternativas. En su momento el socialismo y el capitalismo tenían cosas en común, por ejemplo, su relación con la naturaleza. Pero había una opción; con la caída del muro de Berlín nos quedamos sin opción, y entonces los políticos se confinaron al capitalismo y se volvieron mediocres. La política dejó de tener interés -incluso para los jóvenes-, la gente se distanció bastante de ella. Hace poco hablé con algunos que trabajan en vivienda en Brasil, que están interesados en darle una casa digna a la población que está sin techo, casi no participaron en las últimas elecciones municipales. Porque decían mira, vamos a elegir uno u otro, no cambia nada, y ese es el peligro. Que la gente piense que los cambios políticos no cambian nada, que son una forma de gatopardismo. La política tiene que volver a construirse. Pienso que de ahora en adelante lo que deberá diferenciar a la izquierda de la derecha será la capacidad entre los grupos políticos de crear alternativas frente a al capitalismo, alternativas de una sociedad distinta, que puede ser de diferentes matices. Quizás sea una sociedad que vuelva a los intereses de los campesinos y los indígenas del continente. Que tenga una relación más armónica con la naturaleza. El capitalismo no puede tener una relación armónica, porque el capitalismo tiene en su matriz la explotación del trabajo, la explotación de la naturaleza. Entonces la izquierda tiene que tomar una dimensión paradigmática de cambio para otra civilización; la derecha, en cambio, va a gerenciar el presente siempre con los dos primeros escenarios. Esa va a ser la diferencia a futuro.
--Usted habla de varios conceptos que ayudarían a transformar las formas de construcción política. Salir de la idea de la utopía como un "todo" para reemplazarla por la de muchas y variadas utopías acordes a la diversidad de realidades y sueños. ¿Cómo se hace para diversificar, segmentar, construir distintas utopías y al mismo tiempo potenciar un proyecto global, que sea capaz de estructurarlas, potenciarlas, unirlas?


--Para mí lo crucial de nuestro tiempo es exactamente esa asimetría entre la dominación que no es simplemente capitalista, sino también colonialista y patriarcal. El capitalismo no funciona sin racismo y sin sexismo, a mi juicio. Por el contrario, la resistencia no está articulada, está fragmentada, es por eso que muchos partidos de izquierda, con vocación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. Incluso algunos movimientos feministas han sido racistas y han sido pro-capitalistas. Y algunos movimientos de liberación anti-racial han sido sexistas y han sido pro-capitalistas. El problema que enfrentamos es una dominación articulada y una resistencia fragmentada. Así no vamos a salir adelante porque sabemos que la intensificación del modelo es lo que agrava la vida de la gente, de un modo de dominación que lleva a los otros. En Brasil cuando se intensifica la explotación capitalista, con Temer y después con Bolsonaro, se incrementó de una manera brutal el genocidio de los jóvenes negros en las periferias de las ciudades. Aumentó la violencia doméstica en contra de las mujeres y el feminicidio. O sea, la dominación es particular. Necesitamos de sujetos políticos globales además de los locales, y además de los nacionales. Esta articulación es posible porque cuando los movimientos -Chile o los Black Lives Matter por ejemplo- parten de una demanda, sea feminista o anti-racial, al mismo tiempo, cuando ganan importancia, traen las otras demandas, el hambre o de la desigualdad social. Hoy el movimiento Black Lives Matter tiene una dimensión feminista también, y obviamente de oposición a este modelo capitalista tan desigual e injusto. Yo pienso que tiene que haber un cambio. En la dimensión local hay que volver a las barriadas. Hoy son los pastores evangélicos quienes hablan con la gente y les dicen que hay que votar a la derecha. Por eso pienso que no es solo la organización, sino tambien la cultura politica la que necesita cambios.

--¿Qué prácticas y estrategias deberían modificar o reforzar los partidos y los movimientos sociales frente a esta nueva etapa? ¿Están preparados para el cambio?


--¿Si me preguntan si los partidos opositores tienen ese perfil hoy? No, no lo tienen. Deben cambiar. Los partidos de izquierda se acostumbraron a esta dialéctica oposición-gobierno, ¿no? Y durante 40 años esa dinámica no tuvo alternativa civilizatoria, no se pudo pensar nada más allá del capitalismo. Independientemente del perfil ideológico de los gobiernos, hasta marzo las primeras páginas de los periódicos eran ocupadas por los economistas y las finanzas. Ahora con la pandemia son los médicos, los epidemiólogos, los virólogos. La pandemia nos obligó a cambiar. Entonces, creo que hay que ver otro modo de hacer política y otra manera de gerenciar la política. Yo pienso que parte de las izquierdas deben acostumbrarse a ser oposición para luego saber reconstruir. Tienen que ayudar a mejorar la vida de la gente. Pero las instituciones actualmente no permiten eso, porque tenemos todo un entorno global que no te deja, por ejemplo el capitalismo financiero. Entonces tendremos que encontrar otra forma de gobierno y hay que empezar a pensar en esa dimensión global.


¿Y cuál sería el rol de las oposiciones? ¿Cómo construirse desde otras lógicas?


--La política de gobierno es una parte de la política: fuera de eso tienes que tener otra política que es extra institucional, que no está en las instituciones sino en la formación de la gente, en la educación, en las calles, en las protestas pacíficas. Miren lo que está pasando en Chile antes de esta pandemia; fueron las mujeres, sobre todo, y los movimientos sociales. Ellos tuvieron un papel fundamental para traer a las calles cosas que la política misma no estaba dispuesta a hacer. Los partidos de izquierda, por increíble que parezca, no habían incluido en sus proyectos la causa mapuche cuando los mapuches habían sufrido con huelgas y asesinatos, y habían sido la oposición a los gobiernos de Chile. Y todavía están abandonados. Es necesario una protesta y un movimiento popular constituyente, donde las mujeres tengan un papel muy importante para tener en la política una gestión plurinacional. Los partidos son importantes pero los movimientos son igual de importantes. Tiene que haber una relación mas horizontal entre ambos.

--¿La protesta, la calle, sigue siendo una de las principales herramientas de visibilización y resonancia política?

--Las comunidades siguen teniendo una gran creatividad y esto forma parte de un movimiento de izquierda reconstruida, más abierta a toda esta creatividad comunitaria. No son simplemente las calles y las plazas, es la vivencia comunitaria que tendremos que intensificar. Porque las calles no son un emporio de las izquierdas, en esta década vamos a ver calles llenas de gente de extrema derecha. Yo vi a la extrema derecha entrar en las manifestaciones en Brasil. Las consignas de la izquierda, aprovechadas por la extrema derecha, y después dominando toda la protesta. Aquí en Europa sabemos muy bien eso, los Estados Unidos hoy, la gente contra Biden que no es propiamente de izquierda, y por otro lado los Prat Boys de la extrema derecha organizada y militarizada que ocupa las calles, y que va a hacer la política extraconstitucional, de las calles, de las protestas.

--En Argentina se ha hablado mucho de "la grieta" como si fuera un fenómeno "nacional", único. Cuando se mira al mundo la polarización, sin embargo, parece ser el signo de estos tiempos. ¿Cómo afecta esta situación el funcionamiento de la democracia?


--A mi juicio, durante mucho tiempo la teoría democrática, la idea más valiente, más segura, era que las democracias se sostienen en una clase media fuerte. Claro que yo, estando en Portugal, trabajando en África y en América Latina, no veía clases medias fuertes, lo que realmente veía era desigualdad social. Siempre me sentí como un demócrata radical, o sea, la democracia es mala porque es poca. Hay que ampliar la democracia en las calles, en las familias, en las fábricas, en la vida universitaria, en la educación. Entonces esta idea de que la polarización es contraria a la democracia, me parece que es cada vez más evidente cuando hablamos de democracia liberal. Sólo tiene sentido, o se refuerza, con una democracia participativa, con otras formas de participación de la gente que no sean democracias electorales, porque si son solo democracias electorales van a seguir eligiendo anti demócratas como Trump, Bolsonaro, Iván Duque, como tantos otros. Por eso la democracia muere democráticamente, por elección, por vía electoral. Hitler ganó dos elecciones en 1932, antes de su golpe. Creo que hay que fortalecer esa democracia con democracias participativas. La polarización, la desigualdad, provienen de esta polarización de la riqueza sin precedentes que hoy tenemos. A mayor desigualdad en la vida económica y social, más racismo, más discriminación y más sexismo. Entonces estamos en una sociedad en retroceso a nivel mundial, en retroceso reaccionario, donde el capitalismo es cada vez más desigual, más racista y más sexista. Esta es la realidad que tenemos hoy.

--¿Como sería la forma de avanzar hacia una mayor participación, imprescindible para recomponer las democracias, con la exclusión social que arroja un modelo tan concentrado y desigual?


--Tenemos que pensar en la transición. Y hoy debemos contar con políticas sociales, romper con el neoliberalismo, y para eso es necesario una reforma fiscal. Es inaceptable que los pobres y la clase media paguen 40% de impuestos, y los ricos el 1%. Que Trump haya erogado de impuestos federales 765 dólares, es impensable. Tiene que haber una reforma fiscal para dar políticas de educación, de salud. La otra cuestión es política, necesitamos una reforma constituyente. Las constituciones que tenemos congelaron una sociedad segmentada, no solo desde un punto de vista capitalista sino también racista y sexista. Tenemos que refundar el Estado. Los únicos países que tuvieron reforma política fueron Bolivia y Ecuador, e igual fracasaron. La misma idea fracasa muchas veces antes de tener éxito, antes de hacer historia. Los derechos de la madre Tierra, por ejemplo, no tuvo muchos resultados en Ecuador, pero veamos lo que pasó en Nueva Zelanda. Jacinda Arden, la primera ministra, una mujer fabulosa, la líder mundial en este momento después del Papa diría yo, esta señora promulgó una ley sobre los derechos humanos del río sagrado de los indígenas, y no fue simplemente eso, ha dado plata para regenerar, revitalizar los ciclos vitales del río. Es una revolución que no logró efecto en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, como sí en Nueva Zelanda. Debemos articular los conflictos sociales con esa idea de Naturaleza porque esta es territorio, cultura, memoria, pasado, espíritu, conocimiento, incluso sentimiento paisaje".

Pienso que las constituyentes van a ser un marco del futuro para deslegitimar el neoliberalismo y volver a la soberanía popular que va a permitir la soberanía alimentaria, que muchos países no tienen hoy. soberanía industrial, ¿cómo es posible que los Estados Unidos no produzcan mascarillas ni guantes, ni respiradores? Por eso, ¿es un país desarrollado? No sé. Sudáfrica ha defendido mejor la vida de la gente que los Estados Unidos.

--El gobierno de Alberto Fernández comenzó en diciembre y tres meses más tarde debió enfrentar la pandemia, a la que se sumó la herencia de un país endeudado y una economía destruida. ¿Qué nos recomendaría a los argentinos, a los latinoamericanos, en este momento?


--Yo soy un intelectual de retaguardia, no de vanguardia. No doy consejos: mi solidaridad, que es grande, es conversar con la gente. Yo pienso que es un continente en el que siempre ha habido una creatividad política enorme, y estas experiencias han dejado cosas muy interesantes. He hablado de Chile, también Bolivia, las elecciones ahora en Brasil. Alberto Fernández es un caso muy interesante y los describe mi último libro, porque es el único presidente que llega al poder y después viene la pandemia. Viene con un programa, pero el programa se vuelve la pandemia. Alberto Fernández tuvo un coraje enorme para enfrentarla. Un gran problema es la herencia brutal de neoliberalismo, de destrucción del Estado, de las políticas sociales, de la economía. Esa herencia es brutal y lleva tiempo la reconstrucción. Además, es una sociedad muy movilizada, con movimientos sociales y populares fuertes, el de mujeres es fortísimo y en estos días se expresa en la lucha por el aborto legal. Hay toda una sociedad muy creativa, y eso se nota. Esta es una gran oportunidad para repensar un poco la política y para volver a una articulación continental; yo pienso que la idea de matriz de articulación regional, como el ALCA, o UNASUR, fueron muy interesantes. Esta semana mirá lo que China y los países asiáticos están haciendo: el más grande conjunto de libre comercio, de articulación económica. Sin los Estados Unidos, y sin Europa; es mucho más grande que cualquier acuerdo europeo, mucho más grande que el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, ¿por qué no entender que el continente no es el patio trasero de los Estados Unidos? Y tiene que tener más autonomía, porque son todos de desarrollo intermedio, de mucha población. Hay que reinventar y en este momento, sobre todo, hay que hacer una autocrítica. A las personas de izquierda no les gusta, porque viene de la época de Stalin, pero la autocrítica es la auto reflexión, es repensar las izquierdas.

América Latina: el patio trasero


Para entender los procesos políticos latinoamericanos, Boaventura de Sousa Santos pone la lupa en las asimetrías, en lo cultural. Estudia las democracias tribales, mira las economías urbanas, critica los sistemas educativos, se enfoca en lo múltiple, lo pluricultural. Sostiene que el Estado tiene que ser refundado porque esta democracia liberal ha llegado a su límite. Dice que las izquierdas del Norte global sean eurocéntricas no es novedad, pero que las izquierdas del sur sean racistas con los pueblos indígenas y afrodescendientes, es producto de la exclusión que produjo el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.

--¿Cómo deberían plasmarse estos cambios en América Latina, la cual aparece como una Región en disputa?

--Es esperanzador lo que está ocurriendo y nos tiene que llevar a reflexionar. Por ejemplo, el caso de Bolivia, es el único país que tiene la mayoría indígena del continente, 60% de la población. Yo pienso que los occidentales de izquierda, nosotros los blancos de izquierda, intelectuales, no entendemos los pueblos indígenas. Hay que ser muy humildes, porque no tenemos conceptos. Cuando ganó el MAS de nuevo, la sorpresa fue enorme, porque no imaginaban que los indígenas volverían tan rápido al gobierno. Porque no entienden el alma indígena. Después de la salida de Evo reconstruyeron el MAS, los liderazgos, se animaron de otra manera, con otra gente.

--¿Hubo reflexión? ¿Hubo aprendizaje?

--Estamos repensando todo y las cosas están cambiando. El contexto internacional de esos años hasta el 2014 permitió que en algunos países de América Latina como Brasil o Argentina la gente fuera menos pobre, sin que los ricos dejaran de enriquecerse. Hubo políticas de redistribución por parte de los gobiernos populares pero el ciclo de las comodities cambió y los modelos entraron en crisis. Cualquiera que hayan sido los errores cometidos en los procesos populares, sabemos que no pueden repetirse. Porque los precios de los commodities no están como estaban, porque las condiciones son muy distintas, y porque hay una deslegitimación de todo el modelo neoextractivista. La agricultura industrial tiene que disminuir, puede ser una transición, pero debe lograrse; si no diversificamos la economía, es un desastre. Eso ya lo sabemos. Me parece que ahora estamos en un punto de repensar las cosas. Con Alberto Fernández en Argentina, AMLO en México, son las dos esperanzas. AMLO es un poco más complejo que Alberto, a mi juicio. Tenemos bastantes avances en Chile, y la corriente para iniciar el proceso constituyente, que va a ser muy conflictiva de aquí en adelante. Entonces me parece que las cosas están cambiando, y que de alguna manera en América Latina se están dando respuestas porque la gente está, los movimientos sociales siguen luchando, aunque sea en pésimas condiciones como en Colombia.

* Bernarda Llorente es la presidenta de la agencia Télam.

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