Más de 30 mil colombianos fueron desplazados de sus sitios de residencia en 2018

El número acumulado de desplazados internos por el conflicto armado en Colombia es mayor que el de toda la población de Costa Rica, según informa la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Esa organización e instituciones del país sudamericano apoyan un proyecto para ayudar a las víctimas que ahora se encuentran en asentamientos informales.

De acuerdo con un reporte de ACNUR, más de 30 500 colombianos han tenido que desplazarse forzosamente entre enero y noviembre de este año. La cifra se suma a los 7.7 millones de desplazados internos que ha ocasionado el conflicto armado desde 1985.

El número es mayor que toda la población de Costa Rica y desde el sistema nacional de atención a las víctimas admiten que en algunas zonas del país no paran los desplazamientos forzados.

Desde 2018, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, junto con las instituciones colombianas, apoyan un proyecto para ayudar a las víctimas que ahora se encuentran en asentamientos informales. Actualmente, el programa opera en nueve comunidades en cinco municipios y beneficia a unas diez mil personas.

“Este programa realmente hace una gran diferencia en la vida de estas comunidades. Puede ser un proyecto modelo para que después sea replicado en otras comunidades”, afirmó Jozef Merkx, representante de ACNUR en Colombia.
Los datos de ACNUR confirmaron que en 2017 que Colombia volvió a ser el país con más desplazados internos en el mundo. El informe Tendencias globales, presentado por esa agencia en junio de 2018, reveló que en 2017 un total de 91 431 colombianos fueron desplazados.

En julio pasado, un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que al menos 17 825 personas fueron desplazadas en Colombia durante el primer semestre de 2018 por causas asociadas al conflicto armado en once de los 32 departamentos que conforman el país.

El departamento más afectado es Norte de Santander, donde se registró el 54 por ciento de los desplazamientos, y también han sido afectados los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Guaviare, Arauca y Meta.

(Con información de Noticias ONU, ACNUR y EFE)

 

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Rusia vira hacia China por las sanciones occidentales

La firma de acuerdos energéticos clave estrecha el abrazo entre Moscú y Pekín. La planta de gas licuado de Yamal LNC, el proyecto de mayor participación del gigante asiático, funciona a pleno rendimiento en el Ártico

 


Son las tres de la tarde y es noche cerrada en la península de Yamal, en el norte de Siberia (Rusia), un paraje desértico y helado 600 kilómetros dentro del circulo polar ártico donde se halla uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo. Allí, con temperaturas que rondan los 30 grados bajo cero, funciona ya a pleno rendimiento la planta de Yamal LNG. Liderada por la compañía privada Novatek, la instalación es el proyecto energético con mayor participación china en el país. También se trata de una de las manifestaciones más evidentes del giro diplomático de Moscú hacia Pekín. Un viraje alimentado por las sanciones que Occidente empezó a imponer contra Rusia por la anexión de Crimea en 2014 y que se ha fortalecido en sectores clave.

 

Rusia ha sellado con China lo que muchos analistas suelen definir como un matrimonio de conveniencia. Ambos países mantienen una relación estratégica a través de acuerdos en infraestructuras, defensa, agricultura o medios de comunicación. Pero es la energía el área que ha alumbrado algunos de los pactos de colaboración más relevantes. "La alianza natural entre ambos países en ese sector —por los enormes recursos del primero y la gran demanda del segundo— se está ahora apuntalando gracias a otros elementos geopolíticos, como las sanciones y la expansión de la guerra comercial de Estados Unidos con China", analiza por teléfono James Henderson, director del programa de Gas Natural del Instituto Oxford para el Estudio de las Energías, de la Universidad de Oxford, Reino Unido.


En el puerto de Sabetta, un ruido ensordecedor indica que ha empezado a bombearse gas natural licuado al metanero Christophe de Margerie. El buque viajará a China desde el tercer brazo —y por ahora último— de la planta Yamal LNG, que ha costado unos 25.000 millones de euros y que busca abastecer a los mercados europeos y asiáticos a través de la ruta del Mar del Norte. La simbólica operación se produjo este mes bajo la atenta mirada del primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, y una nutrida delegación de alto nivel rusa, china y europea. Y, como reconoció Medvedev, marca la conclusión de un proyecto geoestratégico decisivo para Rusia que se produce, además, un año antes de lo previsto.


El consorcio de Yamal LNG, en la región autónoma de Yamal-Nenets, a 2.250 kilómetros de Moscú y que empezó a operar paulatinamente en diciembre de 2017 (con la destacada presencia inaugural del presidente ruso, Vladímir Putin), representa la pieza central en los esfuerzos del Kremlin por desarrollar sus exportaciones de gas licuado y rivalizar con Qatar y Estados Unidos. También es un ejemplo muy elocuente de las alianzas estratégicas que Rusia ha ido tejiendo en los últimos años, apunta Erica Downs, investigadora experta en estudios de China del Centro Global de Política Energética de la Universidad de Columbia. “La relación energética entre China y Rusia es más sólida que en cualquier otro momento de la última década”, sostiene.


Novatek, la segunda gasista más importante de Rusia (tras la estatal Gazprom) y propiedad de Leonid Mijelson —el hombre más rico de Rusia, según la revista Forbes, y uno de los oligarcas más exitosos durante los mandatos de Vladímir Putin—, posee un 50,1% del proyecto, que lleva gas hacia el oeste durante todo el año y durante seis meses a Asia. El resto lo comparten la francesa Total (un 20%), la compañía china estatal CNPC (20%) y el Fondo Nacional de la Ruta de la Seda de China (9,9%).


Pese a su carácter privado, la planta supone una gran apuesta del Gobierno ruso, que tras las sanciones occidentales profundizó su implicación. Su desarrollo ha supuesto un esfuerzo hercúleo logístico, financiero y político que no se hubiera alcanzado sin la inversión china, que aprovechó el momento crítico para hacerse con una buena parte del proyecto. Hoy, donde hace cuatro años no había más que un erial en el que solo habitaban grupos de pastores nómadas autóctonos, se ha erigido un aeropuerto, complejos de apartamentos en los que viven unas 20.000 personas —que suelen pasar un mes trabajando y otro fuera—, gimnasio, hotel y cantinas. Junto al puerto de Sabetta, a 160 kilómetros de la ciudad más cercana, siguen paseando algunos alces. Y a orillas del congelado mar de Kara —donde aguas adentro se alcanzan fácilmente los 60 grados bajo cero— se ven osos polares.


El de Yamal LNG —con el yacimiento Iuzhno-Tambei, que cuenta con unas reservas de 955.000 millones de metros cúbicos de gas probadas y probables— es uno de los pocos proyectos de cooperación que ha logrado sobrevivir con éxito a las crecientes sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, afirma la investigadora del International Peace Instituto de Estocolmo (IPI) Ekaterina Klimenko.


Con un 80% de la producción de gas natural en Rusia y el 15% la producción mundial —licuado a muy baja temperatura (-162º) para reducir su volumen y permitir su transporte en colosales buques metaneros—, Novatek se está convirtiendo rápidamente, y mal que le pese a la estatal Gazprom, en el líder del negocio de gas licuado del país eurasiático, con un enfoque particular en el mercado asiático. Sus clientes de esa parte del mundo (China, Japón, Corea del Sur, India) representan alrededor del 54% de sus contratos, mientras que el resto se vende al mercado europeo, con acuerdos como el sellado con Gas Natural para llevar energía a España.


Poder de Siberia


No es el único proyecto energético clave relacionado con Pekín. Destaca otro, el llamado Poder de Siberia, de la estatal Gazprom, un oleoducto de unos 3.000 kilómetros desde el este de Siberia hasta la frontera del sureste de China. Pero con un coste de unos 55.000 millones de dólares (más de 48.000 millones de euros al cambio actual) y considerado el proyecto energético más ambicioso y crítico desde el derrumbe de la Unión Soviética, no comenzará a funcionar hasta el año que viene. Y eso si todo va según lo previsto. Así, desde que Putin y el presidente chino, Xi Jinping, firmaron el acuerdo bilateral de suministro de gas en 2014, los bancos y las empresas chinas han invertido más de 40.000 millones de dólares en negocios rusos del sector.


El gigante asiático ha aprovechado la necesidad de las empresas energéticas rusas para asegurarse contratos de gran volumen a largo plazo, pero también para desarrollar otros intereses estratégicos, coinciden los expertos Jensen y Dawns. Estos acuerdos están suponiendo, por ejemplo, una oportunidad para que empresas chinas se abran camino hacia occidente; sobre todo hacia Europa del este.


Pero el avance de los buques metaneros a través de las aguas heladas hacia Oriente —que se está intensificando, además, debido al cambio climático—supone no solo otro paso en el abrazo energético entre Pekín y Moscú. Ante la pasividad de Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Rusia está expandiendo su poder en el Ártico —uno de los lugares donde tiene un verdadero poder de negociación— y China está logrando acceso a las rutas de navegación en la región más septentrional del planeta. Pekín lleva años tratando de expandir sus intereses allí, como ha explicado en sus informes la profesora de la London School of Economics (LSE) Kristina Spohr, y ya habla de una “ruta de la seda polar” que pondría una pica en la que algunos románticos consideran todavía la última frontera.

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¿Por qué inquieta Huawei a EE UU y sus aliados?


El gigante chino de las telecomounicaciones lidera la carrera mundial por la implantación de la telefonía 5G, una tecnología con puertas al espionaje


La detención el 1 de diciembre de la ejecutiva china Meng Wanzhou en el aeropuerto de Vancouver ha desatado una tormenta diplomática entre el gigante asiático y Canadá con la guerra comercial y tecnológica entre Washington y Pekín como telón de fondo. La vicepresidenta e hija del fundador de Huawei —el mayor proveedor mundial de telecomunicaciones— obtuvo el pasado 11 de diciembre la libertad condicional. El pasaporte de Meng, de 46 años, ha sido requisado por las autoridades canadienses, a la espera de que se resuelva la solicitud de extradición de EE UU. En represalia, Pekín ha detenido a al menos dos canadienses a los que acusa de ser una amenaza para su seguridad nacional. Estas son las claves del triángulo China-Canadá-EE UU.


Irán como excusa


La fiscalía estadounidense ha solicitado 30 años de cárcel para Meng, a la que acusa de fraude al haber esquivado las sanciones que Washington impone a Teherán. Huawei accedió supuestamente de manera irregular al mercado iraní a través de SkyCom Tech, una empresa con sede en Hong Kong. Al menos otros diez ciudadanos sin nacionalidad iraní han sido acusados de delitos similares. Sin embargo, el gigante chino de las telecomunicaciones lleva en el punto de mira de Washington y de algunos de sus principales aliados desde hace años por motivos que nada tienen que ver con el embargo a Irán.


La empresa fundada en Shenzhen en 1987, que cuenta con casi 200.000 empleados en los cinco continentes, lidera la carrera tecnológica en el desarrollo de la tecnología 5G. “Neveras, cámaras, sensores de todo tipo, vehículos o hasta drones irán todos conectados a la misma red. [También] Los futuros coches autónomos, por ejemplo”, explica Jorge Villagrá, jefe del Autopia Program en el Centro de Automática y Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).


Además de las chinas Huawei y ZTE, las otras empresas dominantes que ofrecen toda la infraestructura de red 5G son las europeas Ericsson y Nokia y la japonesa NEC. China cuenta con dos millones de antenas de telefonía móvil, diez veces más que EE UU, según la consultora Deloitte.


La guerra por la información


“Estamos perdiendo (…). Quien domine el mercado del 5G tendrá una tremenda ventaja para comandar las alturas de la información”, rezaba un informe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos filtrado a principios de año. El dossier, que equipara el 5G a la imprenta de Gutenberg, plantea los beneficios para la seguridad nacional que supondría tener una red 5G centralizada y con tecnología exclusivamente estadounidense. El espionaje estadounidense considera que la tecnología de Huawei es un caballo de Troya que Pekín pretende implantar en las telecomunicaciones occidentales. Por eso, Washington ha pedido a sus aliados que descarten la tecnología china en sus nuevas infraestructuras de red móvil, argumentando que toda la información recopilada quedará a expensas de los servicios de inteligencia de Pekín.


Los Cinco Ojos


Los consejos de Washington han tenido mejor acogida entre los miembros del Five Eyes (Cinco Ojos), una organización que se remonta a la colaboración entre estadounidenses y británicos para espiar sobre todo a los soviéticos a partir de los años cuarenta, y a la que se añadieron más tarde Canadá, Australia y Nueva Zelanda.


El veto de Australia a Huawei se remonta a 2012, cuando anunció que la empresa china no podría participar en un proyecto nacional de telecomunicaciones en el que se invirtieron 33.500 millones de euros. El pasado agosto, Camberra excluyó a Huawei y ZTE de la subasta del 5G alegando motivos de seguridad. En el caso neozelandés, fue Spark, empresa privada de telecomunicaciones, la que anunció a finales de noviembre, tres días antes de la detención de Meng, que no podría contratar tecnología de Huawei para sus proyectos de 5G.


Los problemas con Reino Unido comenzaron en julio. Un informe del Centro Nacional de Ciberseguridad alertó de “los nuevos riesgos” que suponía Huawei para la seguridad británica. Tres meses antes, el mismo organismo había avisado de los “efectos negativos a largo plazo” que supondría usar la tecnología de ZTE, otra empresa china de telecomunicaciones.


El 5 de diciembre, horas antes de que Canadá anunciara la detención de Meng, British Telecom anunció que Huawei no participaría en la infraestructura del 5G en Reino Unido, y que además retiraría toda la tecnología de la empresa china que estuviera ya en el núcleo de las redes 3G y 4G. Un par de días antes, Alex Younger, el jefe del MI-6 (el servicio de inteligencia británico) había expuesto públicamente sus recelos al uso de tecnología china en la instalación del 5G en Reino Unido. Algunos expertos calculan que el veto de Londres a Huawei y ZTE retrasará hasta en un año la llegada del 5G al país.


En Canadá, en pleno ojo del huracán, se debate en los medios de comunicación entre los que abogan por vetar a Huawei y los detractores, que alegan que las acusaciones son infundadas y que rechazar su tecnología supondrá un gasto extra y un retraso innecesario. La semana pasada, Huawei emitió un comunicado en el que se mostraba dispuesto a “hacer todo lo necesario” para solucionar las dudas en materia de seguridad que pueda tener Ottawa.


El 10 de diciembre, un día antes de que Meng obtuviera la libertad condicional tras abonar 10 millones de dólares canadienses (6,5 millones de euros), Japón vetó a Huawei y a ZTE de su red 5G. Sin embargo, India, que había anunciado en septiembre a petición de Washington que prohibiría la tecnología 5G de Huawei, dio marcha atrás este viernes.


Francia y Alemania, sin embargo, han reiterado en diversas ocasiones que la empresa china no supone ningún riesgo para su seguridad.


Las puertas de atrás


Uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea Andrus Ansip acusó a China, nada más estallar el caso Huawei, de estar exigiendo a sus tecnológicas que instalaran backdoors (puertas traseras) para poder espiar a los usuarios de sus dispositivos.


Un backdoor es una herramienta por la que el programador del software puede acceder al sistema para hacer lo que quiera y cuando quiera. Una opción es entrar para robar datos, pero otra es tirar abajo toda la red con una simple instrucción. Las backdoors pueden estar preprogramadas o colocarse allí para que se activen en futuras actualizaciones.


Huawei confirmó hace días que dedicará 2.000 millones de dólares en los próximos cinco años para mejorar su seguridad y solucionar los asuntos técnicos sobre los que habían hecho hincapié los servicios de inteligencia británicos.


Apple, Facebook y Google


Algunos expertos consideran que detrás del cerco a Huawei también subyacen intereses meramente económicos. Las empresas chinas están ganando una cuota de mercado en el sector de las telecomunicaciones —tradicionalmente de dominio estadounidense— que resultaba inimaginable en los años noventa. Huawei desbancó este año a Apple como el segundo vendedor de smartphones (teléfonos inteligentes) del mundo, solo por detrás de la surcoreana Samsung. “Ya podemos expulsar nosotros a Apple”, escribió en una red social Fang Xingdong, fundador de Chinalabs, un think tank de ciberseguridad.
“No debería preocuparnos más Huawei solo por el hecho de que sea china. Con casos como el de [Edward] Snowden o Cambridge Analytica hemos visto que las garantías procesales de EE UU se pueden vulnerar fácilmente”, asegura Narseo Vallina-Rodríguez, profesor adjunto de investigación en el Instituto IMDEA Networks. “Nadie sabe más de sus usuarios que Facebook o Google”, añade

EE UU acusa a agentes chinos de robar secretos comerciales a 12 países

El Departamento de Justicia informa de que los ciberataques se dirigieron a varias agencias gubernamentales y a corporaciones estadounidenses, europeas y asiáticas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado este jueves a dos agentes chinos de realizar ciberataques desde el 2006 a varias agencias gubernamentales estadounidenses y 45 empresas en una docena de países de Europa y Asia. Las autoridades aseguraron que Zhu Hua y Zhang Jianguo lideraron “una campaña global de intrusión informática" para robar datos confidenciales y secretos comerciales "sensibles" en asociación con el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

 

"El objetivo de China, en pocas palabras, es reemplazar a EE UU como la superpotencia líder del mundo, y están usando métodos ilegales para llegar allí", sentenció el director del FBI Christopher Wray. Los documentos judiciales denuncian que los presuntos piratas informáticos consiguieron los datos personales (nombre, número de Seguridad Social y salario, entre otras) de unos 100.000 miembros de la Armada estadounidense. También robaron información sensible de parte del equipo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, y a Proveedores de Servicios Gestionados (MSP, en inglés), que son empresas que otras compañías contratan para almacenar, procesar y proteger datos comerciales, por lo general confidenciales. Entre las que han sido víctimas de los ataques figuran firmas bancarias y financieras, de telecomunicaciones, biotecnológicas, compañías dedicadas a la minería y a la exploración de petróleo y gas, entre otras.


La acusación aclara que a pesar de que los piratas trabajaban para una compañía china llamada Compañía de Desarrollo de Ciencia y Tecnología Huaying Haitai, no hay dudas sobre una presunta autorización y dirección del régimen chino sobre la ofensiva.


El número dos del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, anunció los cargos en Washington y especificó que los ataques también han afectado a otros países que están tomando medidas. Los presuntos criminales formaban parte de un escuadrón de piratería conocido como "Amenaza Persistente Avanzada 1o" o "Panda de Piedra", apuntaba la acusación presentada por los fiscales federales de Manhattan. Los dos agentes chinos ahora se enfrentan a una serie de cargos, incluido el de fraude electrónico y el robo de identidad agravado. La imputación busca ser una respuesta a la "agresión económica de China" y sus "ciberactividades ilegales".


China, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, negó tajantemente estas acusaciones e instó a Estados Unidos a "dejar de desprestigiar a China en cuestiones de ciberseguridad". La portavoz del organismo, Hua Chunying, pidió la retirada de estos cargos "para evitar daños graves a las relaciones" entre ambos países. El Gobierno chino, dijo, "nunca ha participado o apoyado a otros para robar secretos comerciales" y puso bajo sospecha las prácticas en materia de ciberseguridad por parte de Washington: "Es un secreto a voces desde hace tiempo que Estados Unidos dirige una red a gran escala de robo y vigilancia contra gobiernos, empresas e individuos en el extranjero", informa Xavier Fontdeglòria.


Los acusados, según Estados Unidos, emplearon una técnica en la que engañaban a los usuarios de computadoras de las oficinas comerciales y gubernamentales para que abrieran correos electrónicos infectados con malwarey les daban acceso a los detalles de inicio de sesión y contraseña. Ese tipo de virus informático fue el mismo que se empleó en el ciberataque global el año pasado conocido como ransomware y que afectó a países como España, Portugal, Reino Unido y Rusia.


La investigación que identificó a los dos agentes fue coordinada entre EE UU y sus aliados en Europa y Asia. En conjunto también condenaron a China por presuntamente violar un acuerdo del 2015 sobre no participar en campañas de ciberataques. El gigante asiático se comprometió en un encuentro con el entonces presidente Barack Obama y también durante la Cumbre del G20 a "no efectuar ni apoyar el robo de propiedad intelectual o secretos comerciales mediante soportes cibernéticos".


A las condenas de Estados Unidos se sumaron las de Reino Unido y se espera que Australia, Canadá, Japón y Alemania también se pronuncien. Todos ellos han sido objeto de la campaña de espionaje de 12 años de los agentes chinos. Esta respuesta forma parte de un impulso cada vez mayor de EE UU y sus aliados en Europa y Asia de enfrentar a China por su supuesta agresión en las esferas económicas y militares.

 

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Banca Rothschild y Goldman Sachs en fraudes y blanqueos en Malasia y otros lados

Se han develado 5 mil millones de dólares en transacciones irregulares y lavado de dinero en 10 países que implican al inimputable banco de inversiones Goldman Sachs y a la Banca Rothschild en un escandaloso megafraude contra 1MDB –fondo soberano de riqueza de Malasia– que ha sacudido al mundo financiero: desde Estados Unidos (EU) pasando por Suiza hasta Singapur (https://bloom.bg/2rJGnkc).

 

Los fondos buitre, encabezados por el israelí-estadunidense Paul Singer (http://bit.ly/2rFNZEj), que descuartizaron a Argentina (http://bit.ly/2rFPPoJ), ahora se enfilan sobre México con su cándida tenencia de bonos Texcoco provistos por la dupla apátrida de Videgaray/Peña.

 

Bloomberg se engancha con la historia de 1MDB de Malasia, el escándalo que sacudió al mundo de las finanzas (https://bloom.bg/2LljlsV).

 

Rothschild Bank AG rompió seriamente (sic) las reglas del lavado de dinero en su corrupción en Malasia que ha entrampado a los prestamistas en todo el mundo (http://bit.ly/2Lml8h5).

 

En forma extraña, el regulador financiero suizo Finma –que todavía debe a la opinión pública mexicana la lista de pletóricos evasores del México neoliberal itamita de HSBC Papers (http://bit.ly/2rHduFl), Panama Papers (https://goo.gl/8xvaRR) y Bahamas Leaks (http://bit.ly/2rJGegB)–no exhibe la relación comercial significativa (sic) de Banca Rothschild con un cliente innombrable (sic) en el blanqueo de dinero.

 

Pregunta tonta: ¿quién será ese cliente innombrable? ¿Será George Soros, el filántropo (sic) socio de los banqueros Rothschild? ¿Lavará Soros cuando uno de sus peleles literarios Mario Vargas Llosa ha sido expuesto en los pestilentes Panamá Papers? (http://bit.ly/2rIqDO9) Mario Vargas Llosa, con sus dos aliados narco-literarios en México (http://bit.ly/2rJ0PSi), ha defendido ferozmente la Universidad Centro Europea fundada por Soros en Budapest donde es un pestífero (http://bit.ly/2rIdViI).

 

El megacorrupto Vargas Llosa arremetió contra el populismo del gobierno húngaro. Apuesto que el blanqueador peruano ni sabe el significado de populismo.

 

Según Tom Wright del WSJ, Malasia entabló un juicio criminal contra Goldman Sachs acusada de malversación por 2 mil 700 millones de dólares sustraídos del fondo estatal de inversiones 1MBD (https://on.wsj.com/2Bmei6O).

 

la FBI se sumó hace tres años a la investigación criminal multinacional que abarca Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos, Seychelles y Australia, que llevó a la detención del anterior primer ministro de Malasia Najib Razak, lo cual fue uno de los motivos del retorno triunfal del ex primer Mahathir Mohamad, connotado enemigo del megaespeculador George Soros (http://bit.ly/2rHNRUD).

 

El fondo soberano de riqueza de Abu Dabi, International Petroleum Investment Company, ha entablado otra demanda criminal contra Goldman Sachs en los tribunales de Nueva York (https://bit.ly/2rISH46).

 

Por cierto, el israelí-argentino Martin Werner Wainfeld, culpable del Fobaproa, el máximo fraude contra México, fue director asistente de Telecomunicaciones con Zedillo socio de Goldman Sachs para luego pasar a dueño de Banca Mifel (http://bit.ly/2rGqISw).

 

¿Cuánto no habrán hurtado del impagable Fobaproa los tres entes: Goldman Sachs, Zedillo y Werner Wainfeld? (http://bit.ly/2rDdDcO)

 

No son nuevos los escándalos crapulosos de Goldman Sachs que había resumido Matt Taibbi (http://bit.ly/2rJHYWV). Por cierto, el artículo original de Taibbi en Rolling Stones fue censurado (https://read.bi/2rFixpD).

 

Hace mucho que Las monstruosidades y los monstruos de Goldman Sachs eran ya inocultables: desde el efecto tequila (http://bit.ly/2rIu3At).

 

Llama la atención el estallido del enésimo fraude/blanqueo financiero del inimputable Goldman Sachs, conglomerado de banqueros israelí-estadunidense, cuya influencia es tan descomunal que presidentes demócratas y republicanos van y vienen, mientras el legendario banco defraudador/blanqueador permanece en el poder: como ahora su ex directivo el israelí-estadunidense Steven Mnuchin, secretario del Tesoro del gabinete Trump.

 

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Domingo, 16 Diciembre 2018 11:26

Un claro en el cielo asiático

Gabriel Beltrán, Vuelo, escultura, 134 x 97 X 48 cm. (Cortesía del autor)

Existe un país en el que, a diferencia de lo que sucede en Brasil, la Justicia persigue a ex presidentes conservadores, los condena por malversación de fondos y los envía a la cárcel. Un país en el que la derecha, la extrema derecha y los fundamentalistas protestantes se sienten traicionados por Donald Trump. Un país en el que el presidente de Estados Unidos, en vez de volver a poner en discusión un acuerdo de desarme nuclear, como hizo con Irán, o un tratado sobre los misiles de mediano alcance, como hizo con Rusia, parece querer resolver un conflicto para el que ninguno de sus predecesores encontró solución. Ni siquiera el último, premio Nobel de la Paz.

Está claro que esto sucede en algún país del Lejano Oriente y que es demasiado complejo para ingresar en el gran relato maniqueo que forma y deforma nuestra mirada sobre el mundo. Ahora bien, en una situación planetaria sombría como la actual, el discurso voluntarista y optimista del presidente surcoreano Moon Jae-in no debería haber pasado desapercibido. El pasado 26 de septiembre, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, anunció: “Ocurrió un milagro en la Península de Corea”.


El milagro


¿Un milagro? Un vuelco completo, podría decirse. Nadie ha olvidado la seguidilla de tuits devastadores que Trump y el presidente norcoreano intercambiaron hace solo un año: “fuego y furia”, “botón nuclear”, etc. Es más, la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, acaba de confesar que, el 2 de septiembre de 2017, esgrimió la amenaza de una invasión estadounidense en Corea del Norte ante su par chino para empujar a Pekín a actuar sobre su vecino y aliado. Hoy, Trump aplaude el “coraje” del presidente Kim Jung-un, “un amigo”. Incluso, durante un mitin republicano, ¡pretendió experimentar “amor” por el mandatario!

Los coreanos, tanto los del Norte como los del Sur, avanzan a paso forzado aprovechando que los astros se alinearon. La derecha surcoreana está fragmentada y el régimen de Pyongyang finalmente parece privilegiar el desarrollo económico del país. Por su parte, la Casa Blanca, vilipendiada por los demócratas y los medios estadounidenses por su acercamiento con Corea del Norte –una imprudencia–, nunca admitirá por motu propio que el autoproclamado maestro del “arte de la negociación” haya sido timado por alguien más taimado que él. De todos modos, si Estados Unidos quisiera volver al “fuego y furia”, la rápida degradación de sus relaciones con Pekín y Moscú impedirían que China y Rusia le siguieran los pasos.


En este cuadro general, el desarme nuclear de Corea no puede convertirse en una exigencia previa para la concreción de otros puntos de la negociación, como la suspensión de las maniobras militares de ambas partes, el levantamiento de las sanciones económicas o un tratado de paz. Pyongyang nunca renunciará a su seguro de vida sin sólidas garantías, ya que Trump no es eterno y sus sentimientos de clemencia tampoco... Por más paradójica que sea, se trata de una razón de más para ser optimista acerca de la posibilidad de que, en los próximos meses, se resuelva un conflicto que ya lleva más de tres cuartos de siglo. g

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Georgina Fraser

Viernes, 14 Diciembre 2018 05:52

Un Plan Marshall para centroamericanos

Un Plan Marshall para centroamericanos

AMLO le explicó a Trump que el plan de inversión mexicano, en acuerdo con Guatemala, El Salvador y Honduras, propone la creación de un fondo para implementar programas y proyectos que generen empleo y combatan la pobreza en Centroamérica.

 

El flamante presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron afrontar en conjunto las causas de fondo que promueven la migración de países centroamericanos hacia Estados Unidos con un pacto de inversión conjunta, según informaron ambos gobiernos. El mandatario mexicano dijo, además, que su par lo invitó a Washington para tratar el acuerdo, que AMLO consideró como más importante que el acuerdo comercial con Estados Unidos.

“Fue muy buena la conversación, amistosa y respetuosa. Y hablamos del tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión par apoyar proyectos productivos y de lograr un acuerdo de inversión”, señaló ayer, AMLO en su rueda de prensa diaria. El mandatario especificó que había explicado a Trump que el plan mexicano para tratar el fenómeno migratorio contempla 5.000 millones de dólares, ya dispuestos en el presupuesto de 2019. El líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó, además, que en esta conversación se acordó mantener las conversaciones entre mandatarios y también entre equipos cuyo objetivo final sería suscribir un acuerdo de inversión conjunta.


Dicho plan de inversión mexicano, en acuerdo con Guatemala, El Salvador y Honduras, propone la creación de un fondo para implementar programas y proyectos que generen empleo y combatan la pobreza en Centroamérica, que junto con la violencia criminal son los principales móviles del éxodo. El proyecto, que ha sido equiparado por México con el Plan Marshall, busca sumar el apoyo de los gobiernos y empresas de Estados Unidos y Canadá.


“Considero que es de mayor importancia o de la misma importancia que el tratado de libre comercio, entonces sí es para nosotros algo muy importante, es atender las causas del fenómeno migratorio”, declaró AMLO. Para ilustrar el peso de las palabras del mandatario, para México, el comercio con Estados Unidos es vital ya que ese país es destino del 80% de sus exportaciones.


López Obrador insistió, asimismo, en que la eventual firma del pacto sería motivo para que decidiera viajar a Washington a reunirse con Trump. “El me invitó, yo también estoy en posibilidades de ir a Washington, pero creo que tanto para él como para nosotros tiene que haber un motivo y yo creo que lo más importante sería el suscribir este acuerdo y reunirnos con este propósito”, afirmó.


El mandatario, no obstante, dijo que el tema del muro en la frontera entre ambos países no se había tratado en la conversación. “No hemos tocado el tema, en ninguna conversación. No se ha tratado ese tema”, dijo López Obrador en conferencia de prensa, después de hablar con Trump por teléfono el miércoles por primera vez desde que asumió la Presidencia mexicana el 1 de diciembre.


Tras la conversación telefónica del miércoles, López Obrador escribió en Twitter que había hablado del tema migratorio con Trump y de las posibilidades de impulsar el desarrollo para evitar que la gente tenga que emigrar. “Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país”, dijo.


La llamada telefónica del miércoles dio lugar a la primera conversación sobre migración entre ambos presidentes, en momentos en que la ya de por sí caliente frontera atraviesa una crisis por las multitudinarias caravanas de ciudadanos centroamericanos que llegaron a México buscando refugio en Estados Unidos. La caravana de migrantes, que llegó a sumar unos 7.000 centroamericanos, la mayoría hondureños, salió de Honduras el 13 de octubre para llegar hasta Tijuana la frontera noroeste de México y distante a más de 4.300 kilómetros. El presidente estadounidense busca endurecer los requisitos para concesión de refugio y ya ha reforzado la frontera. El pasado 25 de noviembre, durante una manifestación, unos 500 centroamericanos se arrojaron sobre la muralla fronteriza, pero fueron repelidos por gases lanzados desde Estados Unidos. No obstante, la caravana se ha ido dispersando luego de que los migrantes fueron colocados en un albergue distante de la zona fronteriza.

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Jueves, 13 Diciembre 2018 09:08

Divide et impera

Rosenell Baud, detalle de la serie “Florilegio”, temple sobre papel hecho a mano, 10 x 15 cm (Cortesía de la autora)

El presidente Trump canceló una vez más su anunciada visita a su par colombiano, en esta ocasión prevista para diciembre con escala en Bogotá en su viaje para la reunión del G 20 en Argentina. Trump, pese a su reciente pérdida de las mayorías en la Cámara de Representantes, mantiene su decisión de imponer a Colombia la falsa guerra contra las drogas y usar al país en sus designios sobre Venezuela.

 

La agenda del gobierno de Donald Trump con Colombia puede ser comprendida como una guía tóxica envuelta en el celofán perfumado de nobles ideales patrióticos y loas a la amistad. La agenda real está perfilada por las líneas estratégicas regionales adoptadas por Trump conforme a los intereses que representa en un escenario global abordado con la divisa America First, consigna que se traduce para nuestra región en el conjunto de medidas desnudas y encubiertas dirigidas a profundizar el dominio territorial en el marco del enfrentamiento geoestratégico que sostiene con China por la supremacía planetaria.


Desde su posesión como Presidente de los Estados Unidos en enero de 2017, el gobierno de Trump desató un conjunto de acciones que varían cursos de política regional sostenidos por el establecimiento demócrata. En el caso de Colombia, los asuntos y los enfoques que privilegia la administración Trump afectan de manera grave diversos y vitales intereses nacionales, de un país considerado en la región como estrecho aliado y amigo de los Estados Unidos.


En la primera reunión que Trump sostuvo con el presidente Duque el 25 de septiembre de este año en Nueva York, la lucha contra los cultivos ilícitos y la situación con Venezuela fueron los ejes centrales del encuentro. Trece días antes de la reunión el presidente Maduro había viajado a China en busca de mayor soporte financiero para enfrentar las severas dificultades de su economía. En este momento Venezuela exporta hacia China el doble de la cantidad de petróleo que embarca hacia los Estados Unidos. En este siglo Venezuela se ha convertido en el receptor del 52 por ciento de la inversión del gigante asiático en la región latinoamericana. Y Venezuela es el país que posee las más grandes reservas de petróleo en el mundo.


Trump se dirigió a Duque en estos términos: “Su victoria fue monumental, lo cual quiere decir que el pueblo de Colombia está de acuerdo con lo que usted representa y usted ha librado una lucha y seguirá librando una lucha muy fuerte contra el narcotráfico. Y agregó: “Usted ha sido un gran amigo de Estados Unidos y estamos deseosos de seguir trabajando con usted”.


De la reunión de los dos mandatarios resultó revelador el hecho de que Trump llegase acompañado de algunos de los más destacados miembros de su gabinete y con mayor poder de decisión en asuntos militares. Con el mandatario estadounidense estuvo el vicepresidente Mike Pence, quizás el más notable cerebro republicano de una política exterior fundada en el uso sin restricciones del poderío militar y del despliegue de todo tipo de inteligencia para mantener la preeminencia planetaria de los Estados Unidos de América.


También fueron agendados el secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien es el responsable de tomar cualquier decisión en cuestiones militares, y el general John Kelly, el jefe de su gabinete. Provienen del sector más ultraconservador del ala republicana y se han caracterizado por alentar el uso del poder militar estadounidense en diversos lugares del mundo, en aras de recuperar lo que consideran cómo una dramática pérdida de influencia. Pompeo viene de dirigir la CIA y se encarga ahora de la política exterior de los Estados Unidos. Kelly es un General del Cuerpo de Marines, con extraordinario conocimiento de América Latina; su dirección durante cuatro años (2012-2016) del Comando Sur da fe de ello.


Por su parte, Duque aprovechó la reunión para compartir con Trump la firma del decreto que le permite a la Policía confiscar la dosis mínima de marihuana en Colombia, dando de baja la despenalización que sobre el particular regía en el país desde 1974. Unos días antes, el miércoles 12 de septiembre, el presidente Duque señaló que no descartaba la posibilidad de que los cultivos de coca volviesen a ser fumigados con glifosato. El decreto y el anuncio eran las modestas señales de su disposición a cumplir con prontitud las directrices que le fueran trazadas en la reunión privada.


Justo un año antes, el 13 de septiembre de 2017, un memorando de la Casa Blanca había esgrimido la posibilidad de que Colombia fuese descertificada por no cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico, debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína durante los últimos tres años. En marzo de ese mismo año, en el informe anual que elabora el Departamento de Estado para que el poder Ejecutivo de la potencia del Norte decida si certifica o no a los países que decide examinar, señaló: “Colombia es el primer productor mundial de cocaína, así como un país fuente de heroína y marihuana. Aunque el Gobierno colombiano continúa contrarrestando la producción y el tráfico de drogas ilícitas a través de las operaciones de erradicación, la agresiva interdicción y la actividad policial, la producción potencial de cocaína en 2015 aumentó en un 60% a 495 toneladas métricas”.


Lo que no reveló el informe del Departamento de Estado fue el anunció que en julio del 2018 realizó el entonces del vicepresidente de la Republica Óscar Naranjo: entre 1999 y 2015 los gobiernos sucesivos fumigaron 1.800.000 hectáreas y esa acción sostenida no acabó con el arbusto, ni con la siembra. Generó más desplazamiento de comunidades y más talas de selva para nuevas siembras. Los campesinos también idearon formas de rociar con preparados de panela los cultivos, para impermeabilizarlos. Las fumigaciones elevaron los costes previsibles para la siembra industrial, pero también el precio de venta en las calles, y los márgenes de utilidad para los que lograban mantenerse o ingresar en el negocio.


La decisión sobre el uso del glifosato, compartida por el presidente Duque a Trump, tenía el antecente de lo decidido por Juan Manuel Santos, quien antes de entregar el poder ya había decidido el retorno del uso de tal agrotóxico, esta vez con drones. En el año 2015 se habían suspendido las fumigaciones aéreas con glifosato, por conceptos del Ministerio de Salud y de Medio Ambiente por los daños ocasionados en el ecosistema y en la salud de las comunidades.


Menos de un mes después del anuncio de la Casa Blanca del 13 de septiembre sobre una posible descertificación, el cinco de octubre de 2017, en la vereda Tandil, cerca de Tumaco, más de dos mil quinientos campesinos cultivadores de coca, desarmados, se movilizaron para tratar de impedir la erradicación forzosa de los cultivos de coca por parte de la Fuerza Pública. Muchos campesinos habían llegado de manera voluntaria a la protesta porque habían firmado acuerdos de erradicación voluntaria, otros habían recibido la orden de los propietarios de los cultivos de concurrir a la movilización. Estaban presentes quinientos soldados del Ejercito Nacional, doscientos policías, trescientos erradicadores e integrantes del Esmad. Se produjo un incidente y la Fuerza Pública disparó cegando la vida de siete campesinos. En ese tiempo, en menos de seis meses, se dieron más de ciento diez enfrentamientos violentos entre comunidades y grupos de erradicación forzada, con más de 20 civiles muertos.


Los erradicadores, unas veces son civiles protegidos por la policía, y otras veces son policías o soldados. Recuerdo la respuesta de los campesinos al preguntarles el año pasado cómo funcionaban las fumigaciones antes del cese de las mismas en el 2015: muy sencillo doctor –me respondieron– donde estábamos los pequeños cultivadors, indígenas o campesinos, nos fumigaban a todos. Y donde estaban los cultivos industriales inmensos, no fumigaban.


El retorno a la erradicación forzada violenta con fumigaciones significa que la política de erradicación se militariza de nuevo, en un país con más de quinientas mil personas que derivan su sustento de los cultivos de la hoja de coca. 77.000 familias habían firmado pactos de sustitución en el marco del punto cuarto de los Acuerdos de paz. Las familias se comprometían a tumbar la coca, a sustituir cultivos, y el Gobierno les pagaría unos auxilios económicos e implementaría unos proyectos productivos agrarios. Se trataba de privilegiar un enfoque de eliminación de los cultivos de coca fundado en el acuerdo, en la concertación con las comunidades. Existían también 90.000 familias que estaban a la espera de nuevos acuerdos de sustitución. Lo usual es que los pequeños cultivadores tengan entre una y cinco hectáreas. Retornar a la erradicación violenta significa abrir de nuevo un frente de guerra interno.


Después de la masacre del 5 de octubre de 2017, el gobierno de los Estados Unidos anunció que certificaba a Colombia, con el mensaje tácito, pero insoslayable, de que el nuevo Presidente colombiano tendría que cumplir las tareas que le asignaran.


El 24 de septiembre de 2018, tuvo lugar la reunión de delegados de 124 países organizada por el gobierno de Trump para definir acciones frente al problema global de las drogas. Al día siguiente, en el encuentro bilateral entre los presidentes Trump y Duque ya referenciado, el primero le señaló al segundo: si no logra resultados concretos en un asunto considerado de Seguridad Nacional, “será un presidente más para Colombia”.


Por supuesto, es claro que el gobierno de los Estados Unidos no ignora la inutilidad de las fumigaciones para eliminar, o al menos mitigar de manera severa, el problema del narcotráfico comprendido como el consumo que afecta a su población. Es necesario, entonces, preguntarse qué intereses y qué razones están detrás de sus decisiones en este campo. De la amenaza de descertificación y de la presión ejercida para que retornen las fumigaciones aéreas y se recrudezca una persecución con la Fuerza Pública que termina lucrando a quienes estan vinculados al comercio de narcóticos, y a algunos de los mandos encargados de la persecución. La militarización de la erradicación y la autorización al poder policial para perseguir las dosis mínimas, aumentan el control policial sobre la vida cotidiana de millones de personas. Eleva también de manera notoria el número de ciudadanos que no han delinquido y que son apresados por porte de pequeñas cantidades de una sustancia sicoactiva, arrojando a una parte de ellos a las fauces de un sistema penitenciario atiborrado, en el que las cárceles son todo lo contrario al eufeminista ideal de “centros de corrección”. (Ver recuadro)


El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, en 2017, señaló que en Colombia se cultivaron 171.000 hectáreas de coca y se produjeron 1.379 toneladas de cocaína (1). En 1995 existían 50.000 hectáreas de coca, multiplicadas a 170.000 en 2001 (2), año en el que ya estaba en pleno vigor el mal llamado Plan Colombia, difundido y justificado ante la opinión pública con el mismo discurso de protección de la nación estadounidese con en el que ahora se exige al país retornar a la “guerra contra las drogas”. Como se recordará, con aquel Plan, diseñado y aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno colombiano los autorizaba a enviar cientos de asesores y contratistas militares para enfrentar a las Farc, catalogada como la más poderosa fuente de producción y tráfico de narcóticos del mundo.


Con el paso de los años el Plan fue catalogado como un notable éxito transformador de la diplomacia estadounidense y las políticas bipartidistas en asuntos exteriores por la Comisión presidida por los senadores Roy Blunt (republicano) y Bent Cardin (demócrata), que elaboraron el Informe A Roadmap for U.S. Engagement with Colombia. Una de las bondades del Plan Colombia, señala el Informe en cuestión, consistió en que más del 90 por ciento de sus costos fue sufragado por los colombianos. El Informe fue entregado de mano al presidente Santos el 17 de mayo de 2017. Es importante recordar que Roy Blunt, de acuerdo a medios de comunicación de su país es “El hombre de la Monsanto” en el Congreso norteamericano (3).


En el 2016 dejaron de existir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero la mediciones del 2017 mostraron que lejos de cesar o disminuir la producción y tráfico de cocaína, ambos niveles no sólo se mantuvieron sino que crecieron.


Si a la geopolítica del enfrentamiento de Estados Unidos con China, incorporamos la geopolítica del petróleo y de las drogas, y tenemos en cuenta que William Brownfield, embajador de Estados Unidos en Colombia hace algunos años, y actual Secretario de Estado Adjunto para asuntos de narcóticos, aseveró que en este momento –más de la mitad de la droga producida en Colombia sale por Venezuela (4), no es difícil comprender la presión del gobierno de Trump para encender de nuevo una guerra interna contra las drogas, librada entre colombianos.


Prender de nuevo esa guerra inocua contra el problema del consumo de cocaína de los estadounidenses significa seguir condenando a decenas de miles de niños y jóvenes estadounidenses a la adicción letal y al uso zafio de una planta milenaria que en muchas de nuestras comunidades indígenas cumple una función medicinal, de energía y claridad gracias a los sabedores que reciben sus conocimientos generación tras generación.


Pero también significa demoler la vía del acuerdo eficaz para reducir de modo real la extensión de los cultivos de coca para cocaína en Colombia. Un complejo consenso arduamente alcanzado en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc. Un logro histórico del gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc que permanece sin ser conocido y valorado en todas sus repercusiones posibles para superar la doble plaga que nos ha azotado, aquí y allá, durante casi siete décadas: la cocaína como producto de exportación y la falsa guerra contra las drogas.

 

1. https://www.semana.com/nacion/articulo/coca-aumento-en-17-y-la-produccion-de-cocaina-en-31-segun-naciones-unidas/583537
2. http://www.proyectohombre.es/archivos/2.pdf
3. Contra el Miedo
4. https://www.voanoticias.com/a/droga-colombia-pasa-por-venezuela/3034639.html

 


Recuadro

 

Acostumbrados a la unilateralidad

 

En este escenario es indispensable visibilizar, primero, la unilateralidad y la no reciprocidad del procedimiento de descertificación, y la naturalidad con la que la asume el poder hegemónico en Colombia gracias, en el mejor de los casos, a la labor no reflexiva de los medios oficiosos de comunicación.
Y es necesario también preguntarse por la historia del uso geopolítico de los mercados de producción y de tráfico de narcóticos*. Como señala el investigador Michel Fonte: El concepto de geopolítica de la droga nace del hecho de que el narcotráfico es muy importante no solo por el flujo de dinero que mueve (las ganancias anuales las estiman entre 426.000 y 652.000 millones de dólares, informe “Transnational Crime and the Developing World” elaborado por la la organización Global Financial Integrity en marzo de 2017 con actualización de los datos 2014 , sino también por ser el principal instrumento de aportación para las organizaciones criminales y rebeldes de diferente inspiración ideológica, étnica y religiosa. Ninguna nación que quiere conservar o conseguir una posición dominante en el escenario planetario puede desatender las implicaciones que este comercio conlleva a nivel global, eso EE. UU. lo sabe muy bien desde siempre, a tal punto que derrocha muchos recursos y energías en la que es impropiamente apodada como “Guerra contra las drogas ”, de hecho, al gobierno norteamericano no le importa y nunca le interesó acabar con el narcotráfico, sino controlarlo a su antojo y de manera conforme a los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
La DEA es la agencia encargada, con la supervisión y colaboración de la CIA, de condicionar las dinámicas del mercado para determinar: 1) El sitio o los sitios de producción de la droga (países, regiones y departamentos) 2) La cantidad y la cualidad de las sustancias psicotrópicas elaboradas 3) Los sujetos que deben fabricar la droga y los que deben comercializarla 4) Los territorios de destinación de los narcóticos (continentes, naciones y macrorregiones) 5) Los beneficiarios de la venta 6) Los damnificados por el consumo 7) La logística del tráfico de los estupefacientes (por donde deben pasar y la cadena o cadenas de intermediación) 8) Los lugares, sectores y finalidades de la inversión de las ganancias originadas por el narcotráfico.

* Ver Politics of Heroine de Alfred Mc Coy, Cocaine Politics de Peter Dale Scott y Geopolítica de la droga de Michel Fonte.

Publicado enColombia
Ecuador recurre a China para obtener créditos de 1.000 millones con los que poder cerrar el año

El Gobierno de Lenín Moreno había puesto en tela de juicio las negociaciones de Rafael Correa con el gigante asiático para acceder a financiación durante una década


En una suerte de déjà vu económico, Ecuador ha vuelto este mes de diciembre a China en busca de financiación que le ayude a cerrar el año. Como ya hiciera el expresidente Rafael Correa, el Gobierno de Lenín Moreno ha acudido al gigante asiático para conseguir créditos por un total de 1.000 millones de dólares que le servirán para completar los gastos de cierre de ejercicio, incluida la paga extra navideña de los funcionarios y el pago de los compromisos de deuda.


Moreno, de gira por China y Qatar anunció este miércoles, tras reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, que el país ha conseguido tres préstamos de su socio comercial. El más abultado es un crédito de 900 millones de dólares que concede el Bando de Desarrollo Chino, con una tasa de interés del 6,5 % y un plazo de seis años con dos de gracia. Unas condiciones muy similares a las negociadas durante el régimen de Correa, pese a que en el comunicado oficial se anuncie como la “tasa de interés más baja de la historia”. En lo que sí se desmarca el nuevo acuerdo es en no comprometer el petróleo ecuatoriano a futuro, a diferencia de las preventas petroleras que Moreno heredó de su predecesor.
Dos líneas de crédito abiertas


Por los otros dos préstamos, Ecuador recibirá casi 100 millones de dólares más: 69,3 millones del Eximbank chino para la reconstrucción tras el terremoto de 2016, con condiciones más ventajosas (2% de interés y 20 años de plazo), y otros 30 millones no reembolsables para seguridad militar. Además, se han dejado apalabradas dos líneas abiertas de financiamiento por hasta 3.500 millones, con lo que Ecuador se garantiza una alternativa para sostener el presupuesto del próximo año en el que ya se prevé un agujero fiscal en el entorno de los 9.000 millones de dólares.


El ministro de Finanzas, Richard Martínez, —uno de los miembros del gabinete que acompañó al presidente en su gira por China—, reconoció días antes del viaje que el país sudamericano tenía previsto levantar nuevos recursos para “fortalecer las reservas [del banco central] y terminar de financiar proyectos de inversión”. El analista económico Walter Spurrier es más específico a la hora de contabilizar el desajuste en las cuentas de cierre de ejercicio. "El año pasado", explica, "Ecuador gastó 4.000 millones de dólares en diciembre y este año también hay que pagar los décimos [el nombre que recibe la paga extra navideña], más los intereses y amortización de la deuda. Pero en el Tesoro solo hay 600 millones. Es una muestra del desfase existente", explica.


De ahí que los 900 millones de dólares obtenidos en China tengan como destino completar las cuentas del tramo final del año, a pesar de que la ley ecuatoriana impide que la deuda contratada se gaste en otra cosa que no sea inversión. "Desde la época de Correa se hizo una ingeniería para considerar gastos corrientes como gastos de inversión. Eso no ha cambiado", cuestiona Spurrier, en línea con los informes de la Contraloría que señalaron meses atrás irregularidades en la contratación de deuda que cerró el expresidente con China. Pero reconoce que el nuevo Gobierno está haciendo un esfuerzo para poner las cuentas en orden sin someterse a medidas de ajuste drásticas. Solo con China, Ecuador tenía una deuda pendiente de 6.500 millones de dólares antes de este nuevo compromiso.


Además de la financiación, Moreno ha aprovechado la visita para afianzar sus lazos comerciales con China. Ecuador ha suscrito un acuerdo para incorporarse a la Franja y Ruta de la Seda promovida por el país asiático y ha mostrado su interés por adherirse al Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones. Tras reconocer que en Ecuador hay 145 firmas chinas haciendo negocios y destacar las inversiones ya materializadas del régimen de Jinping en minería, infraestructura, energía y logística, Moreno aseguró que el presidente chino se ha comprometido a revisar “cómo mejorar y ampliar la oferta exportable de Ecuador hacia China de quinua, pitahaya, flores, plátano y camarón”. China es, recordó, un enorme mercado de 1.500 millones de consumidores.


Los buenos gestos cosechados durante la gira por China entre ambos mandatarios apuntan, además, a que los roces que enfrentaban a ambos países por los problemas en obras desarrolladas por empresas chinas en Ecuador finalmente no han pasado factura. Semanas antes del viaje, la Contraloría ecuatoriana publicaba en un informe que la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, obra emblemática de la gestión correísta y construida por la china Sinohydro, presentaba miles de fisuras. El conflicto, que no es el único que afecta a la obra pública, se sometió a una auditoría de una tercera parte. El embajador chino en Ecuador, Wang Yulin, ya adelantó que la empresa china asumirá su responsabilidad si se confirman los fallos.

Por Sara España
Guayaquil 12 DIC 2018 - 18:29 COT

Publicado enInternacional
Miércoles, 12 Diciembre 2018 07:09

Profundizando la inequidad

Profundizando la inequidad

Estamos ante un gobierno de los ricos y para los ricos, así se intuía al ganar la presidencia Iván Duque, su propuesta de reforma tributaria no hace más que reafirmar tal realidad.

 

La propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, o ley de financiamiento, profundiza la inequidad. Es decir, lleva a una mayor desigualdad. Así lo confirma la lectura de los tres pilares que le dan soporte a la misma.

 

Es interesante constatar que los gobiernos suelen aceptar que Colombia es un país que tiene una enorme concentración del ingreso y de la riqueza. En todas las reformas tributarias se dice que el objetivo es mejorar la equidad. El gobierno también acepta que en las comparaciones internacionales Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) publicó un estudio que tituló “El ascensor roto”, en él, muestra que la desigualdad impide el ascenso social. Mientras que en Dinamarca una persona pobre logra alcanzar el ingreso promedio del país en un período equivalente a una generación (25 años), en Colombia se requieren 11 generaciones (unos 280 años). El gobierno de Duque acepta estos datos, y en su visita a París reconoció la conveniencia de que se tomen las medidas necesarias para alcanzar los estándares de la Ocde. Ni este gobierno, ni los anteriores, han desconocido la pésima situación de Colombia en los aspectos distributivos.

No obstante las evidencias, y a pesar de las declaraciones contundentes a favor de la equidad, los mecanismos fiscales que se proponen no van a modificar la situación. Y la nueva reforma tributaria, tal y como ha sido presentada al Congreso, va a agudizar la desigualdad. En la exposición de motivos del proyecto de ley se dice que la norma busca mejorar la equidad, pero en realidad la reforma va en sentido contrario. Y la explicación es sencilla. El proyecto tiene tres pilares que, por su naturaleza misma, no reducen la desigualdad. El primero es la extensión del IVA a todos los bienes de la canasta básica de consumo. El segundo es la disminución del impuesto de renta a las empresas. Y el tercero es un timidísimo impuesto a los patrimonios altos.

De estos tres pilares el más importante es el IVA, ya que de los 14 billones de pesos que se recaudarían con la reforma, 11,5 billones provendrían del IVA.
Existe consenso en que el IVA es un impuesto muy inequitativo porque los pobres tienen una tarifa igual a la de los ricos. Unos y otros pagan el mismo IVA por bienes como la papa, la carne, la leche, etcétera. Mientras que para un hogar de altos ingresos, los alimentos apenas representan el 5 por ciento de su gasto, en las familias pobres este porcentaje es superior al 30 por ciento de su gasto. Es evidente, entonces, que cuando el IVA se extiende a todos los bienes básicos, los más afectados son los pobres.

Sobre este resultado no hay discusión. El gobierno y los analistas reconocen que el IVA es especialmente nocivo para los pobres. Y por esta razón se propone una compensación de unos 50 mil pesos al mes, que le entregarían a las familias de más bajos recursos, de acuerdo con los puntajes del Sisbén. Pero esta devolución tiene tres graves inconvenientes. El primero es que no puede cubrir a todas las familias afectadas por el IVA. Mientras que el impuesto es universal, la devolución es focalizada y nunca puede llegar a todos los hogares perjudicados por la ampliación del IVA. Segundo, el Sisbén tiene problemas de focalización porque no están todos los que deberían estar y, además, porque algunos de los que están no deberían estar. Son errores de exclusión y de inclusión, que se deben a fallas técnicas del instrumento y a manipulaciones políticas. Tercero, el monto de la devolución es insuficiente, ya que la familia fácilmente paga en IVA más de 50 mil pesos, que es el monto que reintegrarían.

El IVA es tan perjudicial para los pobres que hasta Uribe y el Centro Democrático se han rebelado. El expresidente es consciente de los impactos altamente negativos que tendría la aprobación de la reforma tributaria en las elecciones del año entrante de alcaldes y gobernadores.

El segundo pilar de la reforma es la disminución del impuesto de renta a las empresas. De manera equivocada y sin datos claros, el gobierno y los gremios ha dicho que el impuesto que pagan las empresas es muy elevado, y que habría que reducirlo para mejorar la competitividad. Esta apreciación no es cierta. Un estudio reciente del Banco de la República muestra que la tarifa efectiva de las empresas apenas es del 20 por ciento de sus utilidades, mientras que en países desarrollados –como Japón– es del 40. Además, los impuestos no son la principal causa de la falta de competitividad. Hay otros factores más determinantes: la baja cobertura de la educación superior, la ausencia de vías, la congestión en las grandes ciudades, el deterioro ambiental, la falta de estímulo a la ciencia y la tecnología, las altas tasas de interés, la ausencia de servicios en el campo, la tasa de cambio, etcétera. Los grandes contribuyentes (Ecopetrol, Éxito, empresas del Grupo Aval y del Sindicato Antioqueño, etc.), han tenido altos márgenes de ganancia. No habría razón para disminuirles los impuestos. Y a pesar de las cifras contundentes que ponen en evidencia la poca relevancia que tienen los impuestos en las ganancias y la competitividad, la reforma propone reducir la tarifa del 33 al 30 por ciento.

Y el tercer pilar de la reforma es el impuesto al patrimonio. Para quienes tienen un patrimonio entre 3 mil y 5 mil millones de pesos la tarifa sería de 0,75 por ciento, y los patrimonios mayores de 5 mil millones pagarían el 1,5 por ciento. Estas tarifas son bajísimas y, de nuevo, no alcanzan a tener efectos significativos en la distribución de la riqueza. Habría que recordar que después de la guerra, Alemania tenía impuestos al patrimonio del 50 por ciento. Las tarifas propuestas por Carrasquilla, el Ministro de Hacienda, son risibles. No sobra recordar, además, que cuando se filtraron los llamados “Panamá papers”, el Ministro escondía parte de su patrimonio en Panamá, que continúa siendo un apreciado paraíso fiscal.

Sin estridencias, y con guitarra en mano, el gobierno de Duque acaba de presentar una reforma tan regresiva que hasta ha incomodado a su elector, el expresidente Uribe.

Publicado enColombia