Luces y sombras de la «república amorosa» de Andrés Manuel López Obrador

Descolocado por el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inicia su tercer año en el poder. El mandatario tabasqueño combinó una política de mejora de los ingresos populares con perspectivas conservadoras en varios niveles. Su programa parece ser neoliberal, desarrollista, redistributivo y asistencialista al mismo tiempo. Con todo, mantiene altos niveles de apoyo social.

 

Político tenaz, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se sobrepuso a dos elecciones adversas en Tabasco (1988, 1994), la segunda groseramente fraudulenta, antes de competir por la jefatura de gobierno del Distrito Federal en 2000, que ganó apretadamente frente al aspirante del Partido Acción Nacional (PAN). Esto, más el liderazgo construido cuando fue presidente del Partido de la Revolución Democrática (1996-1999) y el fracaso del primer gobierno de la alternancia encabezado por Vicente Fox (PAN), despejaron el terreno al político tabasqueño para contender por la presidencia de la República en la cuestionada elección presidencial de 2006. En el tercer intento, finalmente López Obrador ganó la presidencia en julio de 2018 al frente de la coalición Juntos Haremos Historia. En esa ocasión, obtuvo una mayoría contundente (53,19%) y se verificó una caída estrepitosa del voto de los tres partidos por entonces más importantes: el PAN, el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Partido de la Revolución Democrática (PRD), nacido como una escisión del PRI y liderado alguna vez por el propio López Obrador.

La corrupta administración de Enrique Peña Nieto (PRI), la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y decisiones puntuales como el aumento del precio de los combustibles en 2017, favorecieron la candidatura de López Obrador quien, todavía en las filas perredistas, se deslindó del Pacto por México, acuerdo cupular de las tres fuerzas políticas principales para realizar las reformas estructurales (energética, educativa, entre las más importantes) en el regreso priista. Fuera de la trama palaciega, el fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quedó en buena posición para capitalizar el descontento y la crisis moral de las elites (políticas, económicas, intelectuales) que condujeron al país en tres pistas: la desregulación económica, la transición democrática y la guerra al crimen organizado. Ofreciendo un «cambio verdadero», el político tabasqueño logró concentrar en un polo a la izquierda política e ilusionar a un electorado que en un 85% se pronunció por el cambio en 2018. La pregunta es si tras dos años de gestión, el lopezobradorismo ha cumplido esa expectativa y en qué consiste la llamada Cuarta Transformación que materializaría ese cambio.

Los hilos del poder

Juntos haremos historia reunió alrededor de Morena a un grupo de partidos electoralmente insignificantes, oportunistas y retardatarios, congregados únicamente por la urgencia de conservar el registro: el Partido Encuentro Social (PES), un partido confesional ultraconservador; el Partido Verde Ecologista (PVM), una fuerza que lejos de apoyar la defensa del ambiente fue impulsor de la pena de muerte y aliado sucesivamente del PAN, del PRI y de Morena; el Partido del Trabajo (PT), formación de origen maoísta alentada por el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, con una militancia tan reducida que solo una maniobra oscura del tribunal electoral le permitió recuperar el registro legal que perdió en las urnas, y no oculta sus simpatías por la dictadura de Kim Jon-un en Corea del Norte. Y, finalmente Morena, conformado por un núcleo que acompaña a López Obrador desde hace veinte años y por remanentes comunistas y de la izquierda nacionalista. Morena está, además, densamente poblado por todos quienes quisieron labrarse un futuro con el lopezobradorismo sin importar la filiación política precedente.

El gabinete presidencial, si bien variopinto, no integró en la primera línea de responsabilidad a miembros de estos partidos, aunque sí en niveles menos visibles en los cuales, además, el presidente colocó a sus paisanos tabasqueños y compañeros de antaño, independientemente de que sus perfiles y de su experiencia profesional correspondieran a los cargos. Esta es una herencia nefasta del PRI sobre los usos de la gestión pública. Lo cierto es que la coalición lopezobradorista, tanto en las cámaras legislativas como en el interior de su gabinete, se dedica apenas a cumplimentar automáticamente las decisiones del Ejecutivo.

En estos años, López Obrador revitalizó el presidencialismo del régimen de la Revolución Mexicana, con un Ejecutivo fuerte capaz de subordinar a los poderes Legislativo y al Judicial. La mayoría en la Cámara de Diputados concede poco a la oposición, mientras que la robusta minoría en el Senado se muestra más propensa a pactar. En cuanto al Poder Judicial, el presidente logró inclinar la balanza a su favor con la incorporación de ministros afines y el allanamiento a sus directrices por parte del titular de ese poder. Menos terso es el trato con los gobiernos estatales, en particular los del PAN, que formaron un bloque para confrontar a la federación (algo que no sucedía en mucho tiempo), sobre todo en las asignaciones presupuestales y en la política sanitaria. Cabe señalar que el conflicto se inició con la designación presidencial de delegados en las entidades federativas, quienes manejan los recursos de los programas sociales y son candidatos potenciales para las contiendas por las gobernaciones, consideración relevante dado el peso de las clientelas políticas en las elecciones mexicanas.

La centralización lopezobradorista dirige sus baterías contra los organismos reguladores –en particular los del sector energético–, con la presunción de que sirven más a los intereses privados que a los públicos, además de ser fuente de corrupción. La estrategia consiste en colocar incondicionales al frente de estos o reabsorberlos dentro de la administración central. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha ganado una relativa autonomía ganada en los últimos años, colocó al frente a Rosario Piedra Ibarra, una militante de Morena con muy escasa acreditación en el medio. Adicionalmente, con los contrapesos dentro del Estado mermados, el presidente busca legitimar sus acciones por medio de consultas populares poco representativas y sesgadas, mal organizadas y sin instrumentos de certificación confiables. Con este mecanismo, el presidente canceló el aeropuerto de Texcoco y decidió realizar un proyecto hidroeléctrico en Morelos, soslayando el rechazo de las comunidades afectadas y deshonrando el compromiso hecho en campaña. De manera bastante sistemática, López Obrador pacta con organizaciones y movimientos sociales corporativos, que por cierto defienden privilegios (por ejemplo, los sindicatos de maestros) e ignora a los movimientos sociales independientes, como por ejemplo, los feminismos.

Aunados a su popularidad, los bastiones lopezobradoristas son las corporaciones caras al conservadurismo clásico: el Ejército, las iglesias y la familia. Las competencias del instituto armado, más las de la Marina, desbordan su mandato constitucional, ya que se extienden a la seguridad pública, la administración de puertos y aduanas, la construcción de aeropuertos y sucursales bancarias, la distribución de medicamentos y un larguísimo etcétera. Esto es, el Ejecutivo ha debilitado el poder civil dentro del Estado en favor del brazo militar. Las iglesias ganan terreno dentro del espacio público –tendencia que venía desde la reforma del gobierno de Carlos Salinas de Gortari–, además de intervenir explícitamente en organizaciones políticas como, el PES, que como señalamos forma parte de la coalición gobernante. En esta visión, la familia no solo deposita los valores morales de la sociedad, sino también de las asignaciones directas de los programas sociales. De acuerdo con los dichos del presidente, esta es «la principal institución de seguridad social que existe en el país». Y el duopolio televisivo se ha sumado al bloque lopezobradorista, fiel al contubernio histórico entre el poder público y la televisión privada. El disenso se expresa en una parte de la prensa, de poca circulación en México, que recibe la desmesurada respuesta del presidente en sus conferencias matutinas. Y funciona como el adversario necesario para activar el discurso binario (amigo/enemigo, conservador/liberal) desde el Palacio Nacional.

La política pública

Hay una desconfianza recíproca entre López Obrador y el gran capital –nativo y global–, tanto por el amago constante de revisar los contratos firmados con gobiernos anteriores, como por los cambios del talante presidencial con respecto de ciertos temas, particularmente el energético, en el que suma o resta la inversión privada de acuerdo con la circunstancia y el auditorio. No obstante, los magnates mexicanos participan en distintos renglones y proyectos. Si bien en algunos casos los forzaron a pagar elevados montos de impuestos atrasados, estos tienen la garantía verbal del presidente de que no habrá una reforma fiscal que grave de manera más progresiva sus fortunas. Silenciosa y consistentemente crecen los depósitos de capitales mexicanos en los bancos estadounidenses, al tiempo que los migrantes han incrementado los envíos hacia México, amén de la cifra negra del blanqueo de capitales de la economía criminal camuflado como remesas. Incondicional de Estados Unidos, el López Obrador se plegó a la criminal política migratoria de Trump, con la Guardia Nacional cumpliendo la función de una patrulla fronteriza extraterritorial, además de no hacer una presión diplomática suficiente para proteger los derechos de los migrantes mexicanos, aunque sí para recatar a un exsecretario de Defensa capturado por el cargo de narcotráfico en Estados Unidos. El triunfo demócrata alteró las coordenadas en que López Obrador se había movido hasta entonces. Y el presidente reaccionó tarde y mal al triunfo de Biden.

Otra dimensión de la era de López Obrador es la política frente a los funcionarios públicos. Los reales e incluso escandalosos privilegios de la «burocracia dorada» cebada por muchos años con el dinero público y agigantada durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), fueron cercenados sin la ponderación adecuada. Y por ello, el Estado ha perdido a personal altamente especializado en enclaves de la administración pública. Llevado al extremo, incluso derechos laborales como el aguinaldo han quedado en suspenso para este sector. Las clases medias, que votaron mayoritariamente por López Obrador, también se consideran privilegiadas dentro del discurso presidencial, no solo en cuanto a recursos económicos sino por el acceso a bienes intangibles. Es por ello que tampoco caben en la «república amorosa» propugnada por el presidente mexicano. La lucha de clases en la concepción lopezobradorista –si tal noción existe en ella– es entre estos sectores privilegiados (burocracia y clases medias) y el pueblo, entendido este como una totalidad sin contradicciones, uniforme y bueno.

La vocación redistributiva del nuevo gobierno es innegable. Esta fue, justamente, la gran dimensión ausente en las administraciones explícitamente neoliberales. El salario mínimo ha tenido el mayor incremento en los últimos 25 años, los programas sociales fueron incorporados al texto constitucional, hay una iniciativa para regular el outsourcing (subcontratación o tercerización) y se legisló la libertad sindical, como consecuencia (hay que decirlo) de la presión de los congresistas demócratas para aprobar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). López Obrador concibe la economía en tres niveles. El primero es el del sector externo ligado al mercado global con el T-MEC, instrumento suficiente para que se desarrolle por sí mismo. El segundo es el del mercado interno, al que hay que impulsar con las obras de infraestructura, en especial en la producción energética. Y el tercero es un segmento informal fuera de ambos que habrá de integrarse a través de programas sociales basados en asignaciones directas. Su programa es neoliberal, desarrollista, redistributivo y asistencialista a la vez. En el radar lopezobradorista no aparece la intención de sentar las bases de un Estado de bienestar ni de propiciar la autoorganización de las clases populares. La ingeniería financiera para sostener la política actual se concentra en las reasignaciones presupuestarias más que en la recaudación fiscal, por lo que resulta insuficiente y costosa, dado que se desarrolla a cambio de sacrificar otros sectores prioritarios como la ciencia, la cultura y parte de las instituciones preexistentes, como ha ocurrido en el campo de la salud pública.

Horizonte

El discurso lopezobradorista asumió el tópico de la derecha nacional y de los populismos contemporáneos: la corrupción. Según López Obrador no se trata solo de una «enfermedad neoliberal» que contaminó la política con el dinero, sino también la causante de la desigualdad social. Como dicha desigualdad no es producto del sistema económico, no trata de sustituirlo por otro más justo, sino de desterrar la corrupción. El adversario, que antes de alcanzar la presidencia era «la mafia del poder», se desplazó, ya con López Obrador en la presidencia, hacia los «conservadores». El actual presidente se asume juarista y el término puede emplearse de manera tan laxa que reúne a la derecha, las feministas o las comunidades originarias que se oponen a los proyectos desarrollistas.

López Obrador prometió una «república amorosa», basada en la fraternidad y el amor al próximo, pero los duros reveses de su administración en campos sustantivos como la seguridad pública, la economía y la emergencia sanitaria, endurecieron el discurso en el segundo año de la gestión, subiendo de tono la confrontación con sus adversarios. Estos, para fortuna presidencial, no logran recomponerse después del colapso electoral de 2018, pero la ofensiva constante desde Palacio Nacional los acicatea a congregarse, favorecidos además por los recursos de algunos capitales grandes y medianos opuestos al lopezobradorismo. Aunque la transformación prometida no da visos de materializarse y López Obrador perdió a las clases medias, todavía mantiene un considerable apoyo popular, controla los hilos del poder y dispone de los recursos presupuestarios asignados a los programas sociales y a paliar la pandemia (y del padrón de beneficiarios que los reciben). Al mismo tiempo, tiene una oposición con muy poco que ofrecer a las mayorías. Esto le permite a la coalición lopezobradorista arrancar con una ventaja apreciable en las elecciones intermedias de 2021.

Por Carlos Illades

Diciembre 2020

Publicado enInternacional
“La Renta Básica tiene más apoyos por parte de partidos políticos cuando más alejados están del poder”. Entrevista a Daniel Raventós

Desde España, en una entrevista exclusiva para Revista Mugica, el doctor en Ciencias Económicas y presidente de la Red Renta Básica, Daniel Raventós, brinda los principales fundamentos de lo que, considera, debe ser una propuesta progresista que tenga como eje la renta básica.

Un elemento central de la Renta Básica es su condición de universal en sentido fuerte, esto es, para todos los ciudadanos y de manera incondicionada. ¿Por qué este tipo de renta sería más justa que una renta dirigida a sectores socioeconómicos desaventajados? Se lo pregunto porque intuitivamente no parecería del todo justo que el hombre más rico y el más pobre de un mismo país reciban la misma renta cuando evitando darle al más rico podría dársele el doble al más pobre.

La pregunta tiene una respuesta clara que voy a dar a continuación, pero antes es preciso decir que lo que a usted no le parece justo, en realidad nadie lo propone. Dice usted que no le parece justo que “el hombre más rico y el más pobre de un mismo país reciban la misma renta cuando evitando darle al más rico podría dársele el doble al más pobre”. No sería justo, efectivamente. En todo proyecto de financiación que en mi opinión valga la pena tener en cuenta, la RB debe financiarse mediante una reforma fiscal que suponga una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. La confusión puede residir en equiparar el hecho de que la RB la recibe toda la población con la idea (errónea) de que todo el mundo gana. La recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Vayamos ahora a responder propiamente a la pregunta.

Los problemas asociados a la condicionalidad son diversos y su contraste con la RB son ilustrativos. Solamente voy a referirme a algunos: costos administrativos, trampa de la pobreza,  non-take-up y estigmatización.

Los costos administrativos. Los subsidios condicionados tienen unos costes de administración muy elevados. Esto es un viejo y conocido problema. Si se debe seleccionar quién “merece” y quién no un subsidio condicionado se debe controlar que las personas realmente encajen en el modelo condicionado. Costos inmensos en distintas vertientes, pero una es especialmente interesante: costos muy altos proporcionalmente a las pocas personas que perciben estos subsidios. La condicionalidad implica control, el control implica gastos de gestión y administración. La razón es muy conocida: se trata de controlar si la persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos legales y, no menos importante, si una vez que esta persona ha logrado sortear todas las condicionalidades burocráticas percibe el subsidio condicionado, sigue cumpliendo las condiciones que la continúan haciendo merecedora de la percepción. Control en el momento de conceder el subsidio y control posterior mientras se lo está percibiendo. Miles, decenas de miles, según la población y el lugar, de personas dedicadas a controlar la condicionalidad de los subsidios condicionados. Un monumento a la irracionalidad y a la ineficiencia. La RB no tendría costos derivados de la condicionalidad puesto que es incondicional y no se precisaría de un ejército de controladores para identificar quién debe y quién no debe recibir el subsidio condicionado. La recibiría toda la población, incondicionalmente. Pero los costes no solamente son para la administración, son también para los solicitantes. Aunque no formen parte de los costes administrativos, los sufren las personas que solicitan subsidios. A menudo deben desplazarse e incluso realizar algún viaje para acceder a las oficinas de prestaciones, esperar, hacer colas, rellenar formularios difíciles para determinadas personas. Y esto son costes no solamente económicos sino de tiempo: otro monumento a la irracionalidad.

La trampa de la pobreza.Este problema es muy grave. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implica la pérdida total o parcial del subsidio. En claro contraste, la RB funciona como una base o un suelo, no como un techo: la realización de trabajo remunerado no implica la pérdida de la RB con lo que el desincentivo a la actividad desaparece. En 35 estados de EE.UU. la trampa de pobreza que surge de las ayudas condicionadas implica que las personas que reciben prestaciones en caso de aceptar un trabajo con un salario mínimo perderían dinero. Para evitar la trampa de la pobreza se han diseñado todo tipo de trucos, pero aunque puede mejorar algo determinadas situaciones, el problema de la trampa de la pobreza es intrínseco a la condicionalidad. La RB supera muy bien este grave problema de la trampa de la pobreza.

El non-take-up (NTU) o tasa de solicitud de prestaciones condicionadas: la fracción de las personas que no solicitan una prestación a pesar de cumplir todos los requisitos de elegibilidad y tener derecho, por tanto, a ser perceptores. Las proporciones de las personas que no solicitan las prestaciones son de unos porcentajes impresionantes, en algunos casos llega al 60%. Las razones son de distinto tipo: personales, de diseño del tipo de subsidio, de gestión, etc. Pero que un 60% de las personas potencialmente beneficiarias no pidan los subsidios condicionados es un grave problema. Para una RB no es necesario apuntar que el fenómeno del NTUdesaparece.

Estigmatización. Esta lacra está asociada a los subsidios condicionados: la obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener que significarse, en las ventanillas de la administración, como “pobres” o como “enfermos” para no decir como directamente “culpables” de ser unos “fracasados” o “extremamente” pobres. Los subsidios condicionados comportan a menudo preguntas intrusivas, incluso sobre las relaciones personales más íntimas de las personas solicitantes, que pueden ser complementadas con controles de visitas en el domicilio. A veces la administración burocrática parece tratar a las personas solicitantes de los subsidios condicionados como si se tratase de delincuentes potenciales a punto de defraudar a la menor ocasión. Este trato, qué duda cabe, estigmatiza. La RB no estigmatiza por una razón muy evidente: la recibe toda la población del área geográfica que se implante. Se estigmatiza a colectivos sociales o personas determinadas, no se puede estigmatizar a toda la población. No hay nada estigmatizador por el hecho de recibir una RB que se otorga a todos los miembros de la sociedad.

La Renta Básica no es necesariamente una propuesta de izquierda. De hecho hay sectores de derecha que son parte de una tradición que va desde Friedman hasta Murray y que encuentra en ella la posibilidad de acabar con el Estado de Bienestar. ¿Cuál es la diferencia entre las propuestas de izquierda y de derecha respecto a la Renta Básica?

Las propuestas y apoyos de la RB provienen de posiciones políticas, académicas y sociales muy diversas. Algunos partidos de derechas y otros de izquierda han defendido en algún momento la RB en distintos lugares del mundo. Hay partidos que circunstancialmente coquetean con la RB y la defienden durante un tiempo. Una de las razones de la brevedad temporal de la defensa de la RB por parte de algunos partidos está en lo que podríamos establecer como “ley de la lejanía del poder” que puede ser anunciada así: la RB tiene más apoyos por parte de partidos políticos cuando más alejados están del poder. O también: la RB recibe menos apoyos cuando más cerca están los partidos del poder. A ello se refieren Van Parijs y Vanderborght cuando hablan del “apoyo barato” de algunos partidos a la RB cuando están muy lejos del poder. Y la falta de apoyo cuando están cerca.

Pero aún así, sigue siendo cierta la afirmación de que algunos partidos y académicos de derechas, así como otros de izquierda han defendido en el pasado o defienden en la actualidad la RB. Esta realidad ha comportado que algunas personas se hayan sentido perplejas ante lo que este “prodigio” supone: ¿derechas e izquierdas defienden algo tan especial como la RB de forma común? No, no hay tal prodigio. Las diferencias más importantes entre las propuestas de RB de derechas e izquierdas pueden agruparse en los siguientes ítems.

En cómo se financia la renta básica. O, lo que es lo mismo, qué parte de la población gana y qué parte pierde. Para las propuestas claras de izquierda, la financiación de la RB significa una reforma fiscal que suponga una redistribución de la renta de las decilas más ricas al resto de la población. La derecha pretende otros objetivos, no precisamente una redistribución de la renta de los más ricos al resto.

En las medidas de política económica que adicionalmente se proponen junto a la RB. La izquierda asume la defensa de la sanidad y la educación públicas, y en general, del Estado de bienestar. La derecha no. Los defensores de derechas pretenden desmantelar el Estado de bienestar (o lo que queda en algunos lugares del mismo) “a cambio” de la RB —sería el caso por ejemplo del que usted cita, Charles Murray (Milton Friedman no defendía una RB, defendía un impuesto negativo sobre la renta también a cambio de desmantelar el estado de bienestar), el economista que defiende la RB en las páginas del Wall Street Journal: el título de uno de sus libros, de 2006, es suficientemente explícito In Our Hands: A Plan to Replace Welfare State.—, persiguiendo sus clásicos objetivos de “adelgazamiento” del Estado —excepto la policía, el ejército y los tribunales de justicia, significativamente— y de reducción de la presión fiscal a los ricos. La izquierda no concibe la libertad de forma independiente de las condiciones materiales de existencia. Para la izquierda, una RB podría, y debería, ir acompañada de más y mejores servicios públicos. La Red Mundial de Renta Básica (BIEN por sus siglas en inglés) que fue fundada en 1986 y que ahora tiene secciones en todos los continentes, es clara en este aspecto, afirmando en una resolución aprobada en la Asamblea General de la BIEN en Seúl en 2016, que su versión de la RB es:

“[E]stable en cantidad y frecuencia y lo suficientemente alta como para ser, en combinación con otros servicios sociales, parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y posibilitar la participación social y cultural de cada individuo. Nos oponemos a la sustitución de derechos o servicios sociales si esa sustitución empeora la situación de personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de ingresos bajos.”

Los defensores de izquierdas de la RB también entienden que aumentaría el poder de negociación de los trabajadores. Cuando la relación laboral es tan institucionalmente asimétrica aunque los contratos entre una multinacional o gran empresa y cualquier trabajador tomen legalmente a ambas partes como “iguales”, no es complicado ver cómo una RB mejoraría la posición de la parte más vulnerable, que al menos tendría un ingreso por encima o al menos igual al umbral de la pobreza sobre el que apoyarse. El aumento del poder de negociación de los trabajadores y de las mujeres que supondría la RB, según defiende la izquierda, no es admitido como bueno o deseable por la derecha. Adicionalmente, la derecha prefiere cantidades pequeñas de RB por debajo del umbral de la pobreza para “incentivar” el trabajo remunerado. Sobre el cada vez más desarrollado porcentaje de “trabajos de mierda”, como los catalogaba el recientemente fallecido David Graeber, la derecha es insensible a la cuestión puesto que justifica que siempre se han tenido que desarrollar trabajos desagradables y poco interesantes para hacer posible el crecimiento.

En la neutralidad del Estado. Para la derecha la neutralidad significa que el Estado no intervenga en las negociaciones y disputas de los distintos agentes y sectores sociales. Para la izquierda  significa que debe intervenir activamente para impedir que los grandes poderes privados, como las multinacionales gigantes, impongan su voluntad privada a los Estados, con el ataque a la libertad de la mayoría no rica que eso supone. Con una defensa de una renta máxima, por ejemplo. Un Estado republicano debe intervenir activamente para que la neutralidad sea un hecho, y no una superficial consigna de “equidistancia entre los distintos proyectos de buena vida”. Republicanamente, se presupone que el Estado deba ser equidistante entre las distintas concepciones de la buena vida, pero, cuando grandes poderes privados disponen de la capacidad de imponer a la ciudadanía su concepción privada del bien, cuando la constitución oligopólica de los mercados permite el secuestro del Estado por parte de los inmensos imperios privados, la neutralidad republicana significa intervención activa, no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte.

En las medidas que deberían acompañar a una RB. La RB sería una medida propia de la esfera de la política económica, pero no es una “política económica” por sí sola, como ya se ha explicado. La diferencia entre las propuestas de izquierdas y de derechas también se hace evidente por la cantidad y tipo de medidas adicionales que éstas implican en el campo de la política económica. Por ejemplo, gravar con impuestos a los ricos para que éstos de hecho paguen la RB del resto de la población es inadmisible para la derecha. Para la izquierda republicana gravar de forma severa a las grandes fortunas sería una medida muy necesaria. El hecho de que tres personas en los Estados Unidos –Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett– poseían en 2017 más riqueza que la que tenía en conjunto la mitad más pobre del país es tout court inadmisible republicanamente.

¿Cómo se podría financiar un programa de Renta Básica? ¿Están pensando en algún tipo de impuesto progresivo en particular? ¿Acaso un impuesto sobre las grandes fortunas? 

Junto con Jordi Arcarons y Lluís Torrens llevamos años exponiendo con detalle algún modelo de financiación de una RB para el conjunto de la población del reino de España. Explicarlo aquí con detalle sería muy largo. Puede verse por ejemplo aquí: https://www.sinpermiso.info/textos/nuevos-modelos-para-financiar-una-renta-basica-incondicional-y-universal Lo que sí puedo es resumir los resultados. Es posible financiar una RB para todas las personas adultas que residen en el reino de España de 7.500 euros al año (cantidad que puede sufrir pequeñas modificaciones al alza o a la baja en el resultado final que estamos elaborando, pero que serían insignificantes) y del 20% a los menores de edad.

Para la financiación de esta RB, además de lo recaudado hasta ahora, es decir, sin tocar ni un euro de ninguna otra partida actual (sanidad y educación públicas no se tocarían, por si alguien tiene alguna duda) excepto las prestaciones monetarias que fueran redundantes con la RB, el dinero saldría de: una reforma del IRPF.

La gran mayoría de la población declarante actual en el IRPF y no declarante saldría ganando respecto a la situación actual. Solamente las decilas superiores perderían con la reforma propuesta. Un porcentaje cercano al 80% de la población situada en los niveles inferiores de renta por debajo del 20% más rico saldría ganando con la reforma. Quien realmente ganaría más de forma proporcional sería quien no tiene nada absolutamente: 7.500 euros anuales de RB que no quedarían sujetos al IRPF. Así que la reforma propuesta significa una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos al resto de la población. Es decir, lo contrario de lo que se ha producido a lo largo de las últimas décadas, especialmente en los últimos años.

El índice de Gini pasaría de ser uno de los más desigualitarios de Europa a convertirse en uno de los más igualitarios del mundo.

Más allá de que la estructura y la presión impositiva varían en cada país, ¿han calculado cuánto más deberían aportar los sectores más aventajados para que el modelo sea sustentable?

En los modelos de financiación de una RB que anteriormente he resumido sus resultados, no se incluye una carga impositiva específica a las grandes fortunas. Si se implantase un impuesto del 10% a la decila de mayor riqueza de la población del reino de España (sin contar su vivienda de residencia por lujosa que fuera), podrían obtenerse más de 96.000 millones de euros. Exactamente sería aplicar un recargo al cruce de la decila de mayor patrimonio (riqueza) y de la decila de mayor renta, que según la Encuesta Financiera de las Familias del año 2014 acumula las nada despreciables cifras de más de 0,085 billones de euros de renta y de 0,96 billones de euros de patrimonio (descontando la vivienda habitual). La cantidad de 96.000 millones supone mucho más dinero que todas las pensiones de jubilación. Y solamente se trataría del 10%. Un 20% al 10% más rico patrimonialmente recaudaría claro está el doble, es decir, 192.000 millones. Aun así, este 10% de la población seguiría siendo rico en patrimonio, sin lugar a dudas. Otro ejemplo: también podría implantarse un impuesto según el nivel de riqueza, tal como propone Piketty en su último libro Capital e ideología: a quien disponga de 100 veces el patrimonio medio, se le aplicaría un tipo del 10%; a quien lo tenga de 1.000 veces, del 60%; a quien lo tenga de 10.000 veces, del 90%.

Hay otros recursos, claro está. Como por ejemplo los vergonzosos 11.000 millones que anualmente el Estado español, formal que no realmente laico, aporta a la iglesia católica. En fin, posibilidades hay más de una, por supuesto.

En general, las perspectivas liberales afirman que las rentas o subsidios brindados por el Estado, sean universales o a través de una discriminación positiva, quitan incentivos y promueven valores poco encomiables para la vida en sociedad. Si la renta básica es ambiciosa y pretende garantizar vivienda, comida y ocio en el marco de un Estado de Bienestar que paralelamente garantiza salud, seguridad y educación, ¿qué tipo de incentivos de mayor productividad encontrarían los beneficiarios? 

Esta crítica es habitual. Con una RB la gente no trabajaría, acostumbran a decir algunos de sus críticos. Los experimentos realizados en distintos lugares del mundo a lo largo de los últimos años (en Namibia, India, Barcelona, Finlandia…) muestran que esta crítica no se basa en hechos sino en perjuicios. En cualquier caso, acostumbra a preocupar a algunos críticos de la RB que los pobres puedan “perder los incentivos” para buscar otras fuentes de renta, en cambio los ricos, por mucho dinero que tengan, parece que nunca pierden estos incentivos. O  bien los ricos son más virtuosos, o bien tienen un amor al trabajo superior al resto, o bien los pobres son unos viciosos, o bien unos vagos casi genéticos… pero lo que sirve para unos no sirve para otros, parece ser. Sabemos que precisamente en los experimentos mencionados las personas, liberadas de la angustia vital para encontrar un trabajo aunque sea de mierda, por utilizar una muy buena y académica expresión del ya mencionado David Graeber, trabajo que en ocasiones no se llegará a lograr, se consideran capaces de emprender actividades que sin la RB no se veían capacitados o con ánimos de emprenderlas. Curioso: las evidencias no corroboran que con una RB las personas sean menos activas laboral y económicamente. En realidad, tienden a serlo más. Pero para algunos críticos de la RB si la realidad les lleva la contraria, peor para la realidad. Manera poco científica de evaluar la realidad.

24/11/2020

Daniel Raventós 

es editor de Sin Permiso. En enero, la editorial Catarata publicará su libro "Renta Básica: ¿Por qué y para qué?”, con prólogo de Guy Standing y epílogo de María Julia Bertomeu.

Publicado enSociedad
Lunes, 30 Noviembre 2020 05:38

Margaret Thatcher 30 años después

Margaret Thatcher 30 años después

 Margaret Thatcher fue primera ministra del Reino Unido entre mayo de 1979 y noviembre de 1990. Ahora se cumplen, pues, tres décadas desde que la relevó en el puesto su compañero John Major, tras renunciar al perder el apoyo de su propio partido, el Conservador.

Eso marcó el fin de una era que transformó significativamente la política en ese país y su influencia se extendió al resto del mundo. Una etapa política en la que coincidió con el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989) y con el muy largo, políticamente activo y relevante papado de Karol Wojtyła (1978-2005).

Así que se entrelazaron los hechos de la muerte de Albino Luciani (Juan Pablo I), 33 días después de haber sido electo Papa el 26 de agosto de 1978 y remplazado por Wojtyła, con la elección de Thatcher y poco después la de Reagan. Los tres fueron personajes muy distinguidos en la reconformación ideológica del capitalismo como sistema social y que incluyó el fin de la Unión Soviética en 1989. La relación que mantuvieron con Gorbachev fue crucial.

Los cambios sociales, políticos y económicos de ese periodo se asocian con el surgimiento del orden neoliberal, el Consenso de Washington se gestó en 1989 y sus prescripciones en materia de gestión social se extendieron ampliamente. En ese mismo paquete se concibió la noción contemporánea del Fin de la historia, una fase en que la democracia de mercado se instalaría como régimen predominante. La historia, sin embargo, se agita constantemente.

Hoy esa configuración social está en abierto cuestionamiento, luego de crisis económicas recurrentes y graves conflictos distributivos, regreso del nacionalismo y autoritarismo, y la crisis medioambiental. Estos rasgos marcan las contradicciones que se han expresado fehacientemente en lo que va del siglo XXI.

Una etapa que sobrevive como una especie de “viuda embarazada”, según la expresión creada por Alexander Herzen en sus ensayos titulados: Desde la otra orilla. Ahí propuso que “La muerte de formas sociales contemporáneas deberían regocijar más que perturbar el alma. Pero lo que atemoriza es que el mundo que parte deja tras de sí no un heredero, sino una viuda embarazada. Entre la muerte del primero y el nacimiento del segundo, mucha agua correrá, una noche larga de caos y desolación”. Esto, cita textual, sólo pretende ser una referencia literaria, con lo que eso significa, por supuesto.

Thatcher se encontró con un país en condiciones frágiles en materia económica, especialmente alta inflación, baja productividad, conflictos laborales y pérdida de competitividad en la industria y las finanzas. Los conservadores tomaron el poder de un laborismo maltrecho y Thatcher empezó lo que veía como un proceso impostergable de recomposición del Estado, la sociedad y la economía.

La base de su concepción política era que el Estado debía ser pequeño, sin activismo en la planeación y la regulación; el espacio debía ser llenado por los mercados, mientras más libres, mejor. El gobierno debía limitarse a funciones esenciales como la defensa y el valor del dinero. Lo demás correspondía a los individuos, quienes debían responsabilizarse de sus propias vidas.

Como apelaría Reagan un par de años después, para ambos el Estado era el problema y no la solución. Esto llevaría a un creciente conflicto con los sindicatos, como fue el muy sonado caso de los mineros del carbón que años antes habían ya ido a una huelga nacional muy costosa para todas las partes. Los trabajadores, en general, debían ser disciplinados por las exigencias del mercado y la necesidad de elevar la productividad.

El entorno intelectual en materia económica y política estaba dado para que el gobierno conservador empujara su proyecto. Desde la década de 1930 el keynesianismo había sido cuestionado como eje de la política económica. En 1944, fue enfrentado por Friedrich Hayek en su muy influyente libro El camino de la servidumbre, que argumenta en contra de la planeación central, a la que veía como una manera de limitar las libertades individuales.

En la década de 1960 esa línea de pensamiento político y de teoría económica se desarrolló esencialmente bajo el liderazgo de Milton Friedman y la formulación del monetarismo. Cuando, a mediados de los años 1970, las políticas keynesianas de gestión de la demanda mediante la política fiscal se enfrentaron a una creciente inflación y un elevado desempleo, perdieron el respaldo como una plataforma para impulsar el crecimiento y un entorno de estabilidad de precios.

Friedman ganó el premio Nobel en 1976 y para entonces había construido un modelo de gestión sustentado en el control de la oferta monetaria y la menor presión fiscal. Así, de modo efectivo se limitaba la injerencia estatal y, en efecto, desbrozaba el terreno para la expansión de los mercados desregulados.

La economía británica se adaptó mucho mejor a las condiciones económicas internacionales con las políticas de Thatcher, pero el costo social fue altísimo. Su influencia se dejó sentir de modo notorio en el partido Laborista cuando fue liderado por Tony Blair y estuvo en el gobierno entre 1997 y 2007; aún no se repone de ese embate. El conservadurismo de Thatcher sentó también la simiente que ha llevado al Brexit.

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Productos de higiene femenina. EUROPAPRESS/JOHN MARSHALL MANTEL/ZUMA PRESS

Los parlamentarios escoceses han aprobado la legislación por unanimidad después de cuatro años de campaña que han logrado cambiar el discurso público en Escocia

 

Escocia se ha convertido en la primera región del mundo en proporcionar acceso gratuito y universal a los productos de higiene femenina, después de una campaña de cuatro años que ha cambiado fundamentalmente el discurso público en torno a este tema.

La Ley de Productos del Período (suministro gratuito), aprobada por unanimidad el martes por la noche, impondrá a las autoridades locales la obligación legal de poner los productos de la menstruación a disposición de todas las personas que los necesiten, basándose en la labor realizada por municipios como el de North Ayrshire, que desde 2018 proporciona gratuitamente tampones y compresas en sus edificios públicos.

La campaña, refrozada por el apoyo de las bases a nivel nacional, ha estado encabezada por la portavoz de salud del Partido Laborista Escocés, Monica Lennon, que ha declarado que este era "un día de orgullo para Escocia".

"Esto marcará una gran diferencia en la vida de las mujeres y niñas y de todas las personas que tienen la menstruación. Ya ha habido un gran progreso a nivel comunitario y a través de las autoridades locales para dar a todas la oportunidad de tener dignidad menstrual", ha señalado Lennon a The Guardian.

"Ha habido un cambio radical en la forma en que se discute en la esfera pública sobre el periodo. Hace unos años nunca había habido una discusión abierta sobre la menstruación en el Parlamento (unicvameral) de Escocia y ahora es un tema normal. Los miembros del Parlamento han disfrutado siendo parte de este debate, que ha abarcado la menopausia, la endometriosis, así como los tipos de productos que usamos y su sostenibilidad".

La pobreza menstrual –dificultad para pagar los productos sanitarios básicos mensualmente– ha aumentado durante la pandemia del coronavirus, según las organizaciones benéficas.

Una investigación previa del grupo Women for Independence (Mujeres por la Independencia) reveló que casi una de cada cinco mujeres había sufrido pobreza menstrual, lo que tiene un impacto significativo en su higiene, salud y bienestar. Se estima que las mujeres gastan un promedio de 13 libras al mes (14,5 euros) en productos sanitarios y varios miles a lo largo de su vida.

El plan, con un coste estimado de alrededor de 8,7 millones de libras (9,7 millones de euros) al año, estará disponible para todas las mujeres, independientemente de sus ingresos. El Gobierno escocés había impugnado inicialmente la disposición universal, pero modificó su postura para unirse al de otros partidos en la primera fase del debate del proyecto de ley en febrero. El SNP (Partido Nacional Escocés) se había enfrentado una presión creciente de sus propios activistas, así como de una amplia coalición de sindicatos y grupos de la sociedad civil impulsados por Lennon.

La legislación también consagrará en la ley el requisito de que las escuelas, colegios y universidades proporcionen los productos de forma gratuita, lo cual fue anunciado por la primera ministra, Nicola Sturgeon, en 2017, convirtiéndose en los primeros del mundo en ofrecer este servicio. Mientras, el Gobierno escocés también ha financiado un proyecto en Aberdeen para entregar gratuitamente productossanitarios a los hogares de bajos ingresos, así como otros 4 millones de libras (4,4 millones de euros) para que los ayuntamientos amplíen los puntos de suministro en otros lugares públicos.

Mientras tanto, varios negocios individuales –restaurantes, pubs e incluso clubs de fútbol– han comenzado a ofrecer productos gratuitos de forma independiente. Cada vez es más común en Escocia entrar en un baño de mujeres y encontrar productos gratuitos junto a los lavabos, o con una cesta para dejar una pequeña propina.

Lennon sostiene que los activistas de todo el mundo habían estado observando muy de cerca el progreso en Escocia. "Es un mensaje importante: en medio de una pandemia mundial, todavía podemos poner los derechos de las mujeres y las niñas en un lugar prioritario de la agenda política".

Por Libby Brooks

Escocia — 25 de noviembre de 2020 12:36h

Traducido por Lara Lema

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Margaret MacMillan, historiadora (Emilia Gutiérrez)

La historiadora critica que la política exterior de Trump “ha sido tan incoherente y dependiente de sus caprichos que no ha contrarrestado los movimientos de potencias como China, Rusia o Turquía”

 

Catedrática de Historia de las Relaciones Internacionales en Oxford y Toronto y autora de obras que son best sellers siempre con el largo plazo por guía, Margaret MacMillan (Toronto, 1943), biznieta del premier británico que negoció el tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, David Lloyd George; nieta de un médico que sirvió al virrey británico en la India, e hija de un padre que luchó en la Segunda Guerra Mundial en las filas canadienses, considera que pese a la victoria de Biden en las presidenciales y el adiós de Trump a la Casa Blanca EE.UU. evitará dar un vuelco total a su política exterior. Lo novedoso, resalta, es que el populismo parece batirse en retirada.

El resultado de las elecciones en EE.UU. ha sido muy ajustado: la victoria de Biden sólo se ha confirmado cuatro días después del voto, y llega de la mano de una evidente tensión social... ¿Afectará a su liderazgo y capacidad de influencia global?

Es muy pronto para decirlo. El hecho de que EE.UU. haya logrado celebrar las elecciones con éxito, sin evidencias de fraude y relativa poca tensión sugiere que los valores e instituciones democráticas están más fuertes de lo que muchos habíamos pensado. Es cierto que bajo Trump EE.UU. ha mermado bastante su soft power, pero éste puede ser restaurado. En política exterior Biden pondrá por delante los intereses de EE.UU. y, ciertamente, será menos internacionalista que muchos de sus predecesores, pero sí que entiende que EE.UU. necesita trabajar con otros y armar coaliciones.

¿Las diferencias entre Trump y Biden son menores de las que se les suponen?

La diferencia entre Biden y Trump no es pequeña. El primero es un centrista y moderado que quiere mantener a los norteamericanos unidos y respeta las instituciones; el segundo ha dañado la política e instituciones americanas y apela sólo a una parte del electorado.

Donald Trump durante un mítin este 2020. (Doug Mills / Bloomberg L.P. Limited Partnership)

¿El trumpismo sin Trump puede marcar las relaciones internacionales los próximos años? Porque no son pocos los que repiten que el populismo ha llegado para quedarse sea en América que en Europa.

Eso es mucho decir. ¿Y si el populismo está en declive? Puedes interpretar la derrota de Trump como tal. Cuando los populistas alcanzan el poder, no pueden llevar a cabo todas las promesas que hacen y el electorado se aleja de ellos. El resultado de los populistas en Italia y en algunos otros países europeos lo demuestra.

¿La disputada elección presidencial, más allá de quién ha ganado, debilita la posición de EE.UU. respecto a por ejemplo China, el otro gran actor en la política y economía internacional? ¿Pekín, por ejemplo, podría considerar a EE.UU. menos fuerte de lo que fue en el pasado y dar pasos adelante en sus intereses globales?

Los chinos miran con gran interés lo que está pasando en EE.UU. ¿pero quieren enfrentarse con él? Yo creo que preferirían una relación razonable, aunque sea un rival más que un amigo. China, como otras potencias como por ejemplo Rusia o Turquía, ha tomado ventaja del paso atrás dado por EE.UU. en sus compromisos globales bajo la Administración Trump y ha extendido su influencia e intereses. La política exterior de Trump, a su vez, ha sido tan incoherente y dependiente de sus caprichos personales que no ha contrarrestado tales movimientos. Pero la Administración Biden trabajará con gobiernos afines para contener poderes como el de China.

El presidente de la República Popular china, Xi Jinping, en 2013 junto al entonces vicepresidente Joe Biden, hoy presidente electo. (POOL New / Reuters)

En otras ocasiones ha repetido que, normalmente, pequeños cambios, crisis o sucesos son claves al hacer estallar luego un conflicto más extenso. Dada la división entre demócratas y republicanos en EE.UU., que parece profunda, ¿qué consecuencias pueden esperarse? ¿Ello puede pasar en EE.UU.?

Imposible decirlo. Los accidentes son impredecibles, y cuando llega uno, el daño que causa depende de factores contingentes como el liderazgo, los tiempos o la acción de otros además de que no estoy muy segura sobre cómo de profunda es la división en EE.UU. Yo diría que la mayoría de norteamericanos son centristas y que las opiniones y políticas de los demócratas y republicanos se les superponen. En algunos estados los votantes escogen a un demócrata para presidente pero a representantes republicanos. Así que sí, hoy EE.UU. tiene problemas, pero las sociedades pueden atemperar estas tormentas si cuentan con instituciones políticas y sociales fuertes.

En sus obras ha repetido que hay personas con poder que hacen grandes cosas y son muy inteligentes, pero que después algo va mal y simplemente no saben parar. ¿De alguna forma es lo que le ha pasado a la política exterior de EE.UU.?

Si te refieres a que EE.UU. no conoce los límites a su poder, yo diría más bien lo contrario, ya que la principal razón por la que quiere retirarse de sus enredos internacionales es por todo lo que pasó en Afganistán e Irak.

Biden será menos internacionalista que muchos de sus predecesores

Las tensiones políticas dentro de EE.UU. se añaden a la emergencia del coronavirus y a la paralela crisis económica global. También a finales del siglo XIX se repitió un escenario parecido, con la figura polarizante del republicano Grover Cleveland, la pandemia de cólera, etcétera. ¿Si en el XIX marcó la ascensión de EE.UU. como superpotencia el XXI señala su decadencia?

En realidad EE.UU. no se tornó en una superpotencia a finales del siglo XIX sino que necesitó de dos guerras mundiales en el siglo XX para trasladar su potencia social y económica a la militar, y ésta todavía continúa siendo muy fuerte aunque comparada con el pasado no lo sea tanto como lo fue. Está de moda hablar de la decadencia y del declive de Roma, pero es muy pronto para ello.

Por Alexis Rodríguez-Rata

23/11/2020 06:00 | Actualizado a 23/11/2020 09:42

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EEUU dejó al descubierto la real intención de las criminales sanciones contra Venezuela

18.11.20 - El subsecretario de la Oficina de Recursos Energéticos (ENR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, Francis R. Fannon, dejó al descubierto la real intención de las criminales sanciones contra Venezuela y la intención gringa de frenar el desarrollo del país-.

Las declaraciones del funcionario se producen en medio del debate sobre los efectos nocivos de las sanciones contra la economía venezolana.

“Las sanciones contra Pdvsa fueron en parte porque el (gobierno) de Maduro ha utilizado los ingresos del petróleo para financiar su propia cleptocracia y otras malintencionadas actividades en la región”, aseveró el funcionario que trabajó en una parte del paquete de sanciones contra el gobierno de Venezuela y su principal empresa estatal.

El más reciente informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos estima que las sanciones "sí están generando repercusiones importantes" en su economía, "trayendo como consecuencia una pérdida importante de bienestar en la población".

"Luego de tres años, los resultados son bastante mediocres (...) la crisis ha empeorado y no se ha logrado el cambio político", señala el texto, tras remarcar que las sanciones no iniciaron la recesión económica ni el colapso financiero en el país pero sí han profundizado el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos.

Asimismo, aseguró que la asfixia contra el pueblo venezolano continuará hasta lograr derrocar al gobierno legítimo de Venezuela.

“Estas sanciones continúan porque el problema de Venezuela es Maduro, no nuestras sanciones, y esto lo hemos dicho alto y claro”, contó Fannon al finalizar una conferencia sobre el sector energético.

La idea, señaló el principal funcionario estadounidense en materia de política energética, era “eliminar cientos de miles de barriles de petróleo del mercado que él (Maduro) estaba utilizando para sus actividades ilegítimas”.

Tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente imaginario en enero de 2019, EEUU recrudeció su política de sanciones en contra del país, en especial, ahogando a su industria petrolera al bloquear sus activos que se encuentran en suelo estadounidense y prohibir las transacciones de individuos estadounidenses con la empresa.

Por: Aporrea. Viernes 20/11/2020

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EFE/ Paolo Aguilar

El régimen político peruano apostó al centroderechista Francisco Sagasti para aplacar el descontento del pueblo

 

Pasadas las 17:00 hora local, luego de tomar lista a los legisladores presentes, juramentó como presidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, la esperanza del régimen peruano para cerrar la crisis abierta luego de la vacancia (destitución) del presidente Vizcarra el 9 de noviembre.

Sagasti, del Partido Morado, no votó a favor de la vacancia y por eso es visto como uno de los pocos políticos que no están manchados por la corrupción. Asumirá la presidencia hasta el 28 de julio del 2021, cuando le entregará las riendas del ejecutivo al ganador de las elecciones de abril del próximo año. Mirtha Esther Vásquez del neorreformista Frente Amplio quedará como presidenta del Congreso. Con estas designaciones se pretende quedar bien con la juventud que fue la principal participante de las manifestaciones que se desataron la semana pasada.

La sesión fue presidida por Vazquez que comenzó recordando a los muertos por el covid-19 e hizo un homenaje a los dos fallecidos a manos de la policía durante la brutal represión policial el pasado sábado. Una muestra de cinismo por parte de todo el arco político que es responsable de la crisis profunda que vive el país.

Al momento de su juramentación, Sagasti se comprometió a respetar y hacer respetar la Constitución fujimorista de 1993 y a reconocer la “importancia de la iglesia católica en la formación de los peruanos”. Al iniciar su discurso de asunción saludo y agradeció a los dos jóvenes “lamentablemente fallecidos” y sus familias, presentes en la ceremonia, y más adelante hizo un llamado a que los jóvenes mantengan la calma y ecuanimidad. Este guiño a los jóvenes, a los que también llamó “defensores de la democracia” es un claro reconocimiento a la energía de una juventud a la que las décadas de neoliberalismo dejaron en una situación terrible y que hoy tiene poco que perder.

Dedicó varios pasajes de su discurso a describir las crisis de la pandemia y el cambio climático, pintando la realidad del Perú como catastrófica pero no sería responsabilidad de ninguno de los políticos actuales. No dijo ni una palabra de la larga noche del neoliberalismo de la que el país aún no ha salido. En el terreno económico dijo que “garantizarán estabilidad económica y equilibrio fiscal”, lo cual implica más medidas de ajuste para el pueblo trabajador.

Reconoció que los miembros de la clase política “no hemos estado a la altura” y “no hemos sabido escuchar y responder” a las legítimas demandas de peruanos y peruanas. A renglón seguido apeló a esa misma clase política, profundamente deslegitimada, a trabajar unidos en pos de un futuro para el país, sin explicar mucho en qué consiste ni cuándo vendrá ese futuro.

En un claro reproche a quienes impulsaron la vacancia presidencial sin tener un plan de salida dijo que los mecanismos de control democrático no deben desestabilizar al país, parándose claramente como el último defensor del régimen político. En un paso más allá instó al Tribunal Constitucional a que, con la sentencia que deberá emitir el miércoles 18, “permita un mejor uso de los pesos y contrapesos de la constitución”. Concluyó su discurso haciendo un llamado a la confianza y la esperanza en los jóvenes lo cual tiene que ver con oxigenar al régimen de 1993.

Recordemos que el Perú se encontraba desde el mediodía del domingo en medio de un vacío de Gobierno. El presidente ilegítimo que había asumido tras la destitución de Martín Vizcarra, Manuel Merino, cayó tras una semana de movilizaciones. Completamente cuestionado, el mandato de Merino solo duró 5 días.

Luego de frenéticas negociaciones y maniobras, finalmente el lunes se llegó a un acuerdo entre los partidos del régimen para presentar una lista para la presidencia del congreso y así, por linea sucesoria, a la presidencia del país. Toda esta situación mostró la profunda descomposición del régimen político peruano y su deslegitimación ante el pueblo trabajador. Se presentaron y retiraron listas, se realizaron varias votaciones el domingo que no llegaron a ningún lado. El mismo lunes, en el espacio de una hora, se presentó una lista para la mesa directiva del congreso y se retiró 5 minutos antes de la votación.

El nuevo Gobierno encabezado por Sagasti expresa la concertación entre la mayoría de los grupos políticos que representan a las diversas facciones burguesas que desde buen tiempo atrás se enfrentan por el control de los poderes del estado. La principal motivación que ha llevado a estos sectores a unificarse en torno a la figura de Sagasti, es el temor a que las movilizaciones que se iniciaron con el cuestionamiento a Manuel Merino alcancen dimensiones mayores y comprometan la participación de la clase trabajadora que ya anunció una movilización nacional para el miércoles 18 de noviembre.

Redacción LID Perú

Martes 17 de noviembre | 19:59


Perú: el modelo neoliberal en crisis

 

Por Alfredo Zaiat

La crisis política que vive Perú desde hace varios años, y que en estos días adquirió niveles dramáticos, se agudizó con el impacto de la pandemia, exponiendo con mayor nitidez la decadencia de su modelo neoliberal.

En América Latina, en las últimas décadas, las fuerzas conservadoras han puesto como ejemplo el modelo peruano. La actual crisis deja al desnudo su fragilidad en términos de bienestar general y de estabilidad política.


Desde la década del '90 se instaló en la sociedad peruana la ilusión de que muchos problemas serían resueltos sólo con un sostenido crecimiento económico gracias al efecto derrame. No fue así.

Tres de cada cuatro trabajadores siguen en la informalidad, miles de familias continúan viviendo en condiciones de hacinamientos, los niveles de pobreza superan el 30% de la población y muchos sectores del país tienen acceso parcial al agua potable.

La rebelión popular de estas semanas tiene una base material que la explica: desempleo en alza, exclusión social, aumento de la pobreza, falta de perspectivas de mejoras para los jóvenes y desilusión con una clase política que en su mayoría sostiene un modelo económico que concentra riquezas.

Modelo

El denominado modelo peruano se inauguró con el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que introdujo reformas económicas neoliberales luego del cierre ilegal del Congreso en 1992, y de elaborar una Constitución que allanó el camino a esas políticas regresivas.

A partir de la primera década de este siglo, la economía peruana empezó a crecer a tasas importantes. Durante los últimos veinte años fue de 4,9% en promedio, un registro por encima de la mayoría de los países latinoamericanos.

El impulso estuvo en la primera década con el ciclo de elevados precios internacionales de materias primas, en el cual Perú se benefició con las exportaciones mineras.

En 2008, por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó un poco por arriba del 9%.

​A partir de 2014, con la caída del impulso minero y el precio de las materias primas que afectó a toda la región, la economía bajó el ritmo de crecimiento, aunque continuó destacándose en relación al resto.

El modelo peruano seguía mostrando crecimiento, bajo nivel de deuda, inflación reducida y cuentas fiscales ordenadas hasta este año.

Desempeño

En el último informe del FMI sobre la economía de Perú se advierte que el país debía mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo reduciendo las grandes brechas de infraestructura y abordar el gasto social, así como la corrupción.

Las conclusiones principales del reporte son las siguientes:

  • Desempeño económico:Perú ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de la región, pero en 2019 el crecimiento se debilitó a 2,4% debido a una combinación de factores externos e internos.
  • En el frente externo:la demanda de exportaciones de productos primarios se redujo, en tanto que la minería y las exportaciones de combustible se contrajeron durante el año. En el ámbito interno, la ejecución de proyectos de inversión pública fue menor de lo previsto en el presupuesto, mientras que los factores relacionados con el clima afectaron a la producción pesquera.
  • Brechas de infraestructura:La infraestructura de Perú se compara desfavorablemente con la de sus competidores, y la inversión es particularmente necesaria en materia de transporte, saneamiento, salud, telecomunicaciones y agua.
  • La corrupción:En los últimos tres años, la investigación Lava Jato sobre la corrupción ha tenido un impacto tanto a nivel político como económico.

Pandemia

La crisis del coronavirus dejó al modelo desnudo. El crecimiento económico no se reflejó en beneficio de la mayoría de la población y, para muchos, ese avance fue un espejismo.

El especialista Felipe Gálvez Condori publicó La realidad ficticia: el crecimiento económico del Perú, destacando que los problemas económicos y sociales siguen siendo la baja productividad, la pésima educación, el deficiente sistema de salud, las debilidades en infraestructura física, la desigualdad social, la corrupción y el elevado nivel de informalidad. 

Rescata la opinión del filósofo, sacerdote y teólogo peruano Gustavo Gutiérrez Merino: "Contraviniendo la ley de la gravedad, aquí la economía cuando derrama, derrama hacia arriba. Sé que no somos de respetar mucho las leyes, pero al menos la de Newton habría que respetarla".

Para agregar: "se dice que el país crece, pero, ¿cómo están los pobres? Además el país crece porque la riqueza aumenta en quienes ya tenían muchas posesiones. El mundo de los pobres disminuye poco".

Pobreza

La UNICEF estimó que la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes peruanos aumentará de 26,9% en el 2019 a 39,9% en el 2020 como consecuencia directa de la pandemia. En el caso de la población en general, el incremento proyectado es de 10 puntos porcentuales, de 20,2% a 30,3%.

El estudio de UNICEF cuantificó en 1.200.000 menores de edad que caerán en pobreza en 2020. Se estima que las niñas, niños y adolescentes de hogares rurales serán los más afectados, pues la pobreza se incrementará de 47,3% en 2019 a 62,3% en 2020.

Pero los que viven en hogares urbanos también tendrán una afectación considerable, con un aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza monetaria en Lima Metropolitana y de 13 puntos porcentuales en la costa urbana, donde por lo menos tres de cada diez personas de 0 a 17 años estarán en esta situación en 2020.

La UNICEF también destaca que la desnutrición y la falta de un acceso adecuado a la salud y educación son otras expresiones de esta crisis.

Migrantes venezolanos

Perú ha sido el segundo mayor receptor de migrantes venezolanos (detrás de Colombia). Según las estimaciones de las Naciones Unidas, registró la llegada de 800.000 inmigrantes entre comienzos de 2017 y mediados de junio de 2019, es decir, alrededor de 2,5% de la población de Perú.

Su absorción en la fuerza laboral ha creado algunas fricciones y, según las estimaciones del Banco Central de Perú, la competencia de los migrantes se ha sentido particularmente entre los trabajadores jóvenes y poco calificados en los sectores de servicios y comercio.

Sin embargo, esta absorción también se ha traducido en un mayor crecimiento. Según el Banco Central, alrededor de 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del PIB registrado en 2018 pueden atribuirse al aumento del consumo de la población inmigrante.

En el documento se calcula que este impacto puede alcanzar un máximo de alrededor de 0,4 puntos porcentuales en 2021. Sin embargo, a medida que las fricciones para integrar la fuerza laboral migrante se disipen a mediano plazo, se prevé que se materialicen beneficios mayores para el crecimiento.

Desempleo

En el informe de la UNICEF, Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, afirma que "millones de niñas, niños y adolescentes peruanos se encuentran en hogares cuyos ingresos han disminuido drásticamente, sin poder acceder a servicios básicos de educación o salud, y en muchos casos sin una adecuada nutrición".

El cese de actividades masivo condujo a una caída generalizada de los ingresos en los hogares peruanos. Según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), en el trimestre móvil abril-mayo-junio del 2020, la masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana tuvo una variación negativa de 59,7%.

La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada se ha reducido en 55,1%, comparando con el mismo trimestre del año pasado.

Asimismo, la tasa de desempleo entre abril y junio es del 16,3%, 10 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre en el 2019.

Decadencia

Hasta hace poco, era frecuente leer en los medios de comunicación respecto al crecimiento económico sostenido del Perú y su probable ingreso a la OCDE como país de renta media.

Sin embargo, con este cuadro socio laboral, la socióloga Anahí Durand Guevara explica en Pandemia, poder y protesta en el Perú neoliberal, publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que esta crisis ha develado que el crecimiento estuvo lejos de significar bienestar para las mayorías, persistiendo la desigualdad, el abandono del Estado, la desprotección social, la precariedad y la pobreza. 

La investigadora apunta que una estrategia de contención sanitaria exitosa durante la pandemia requería hacer aquello que los grupos de poder político económico y sus tecnocracias gobernantes de turno no hicieron: fortalecer y equipar la salud pública, asegurar sistemas de agua y saneamiento para todos, implementar políticas de viviendas dignas sin hacinamiento.

Durand Guevara menciona que se necesitaban medidas inmediatas como distribuir un ingreso básico universal por algunos meses para las mayorías o regular los precios de clínicas y medicamentos, "cosa que tampoco han hecho".

El estallido de la crisis política se explica entonces por esas carencias. Pero esta crisis que vive Perú viene de arrastre desde el 2018, cuando fue gatillada por los escándalos de corrupción del caso Lava Jato, y ahora se ha agudizado con los impactos del coronavirus. Un cuadro general que ha expuesto con mayor nitidez la decadencia del modelo neoliberal

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Lunes, 16 Noviembre 2020 06:57

El nuevo giro económico de Cuba

El nuevo giro económico de Cuba

Una serie de recientes acontecimientos en Cuba han castigado la ya precaria economía de la isla, lo cual ha llevado al gobierno a adoptar una serie de políticas económicas que apuntan a una mayor apertura al capital mientras mantiene los controles políticos del Estado unipartidista.

El primero en la lista de recientes desastres que han sobrevenido a la Isla es la pandemia de COVID-19. En comparación con otros países caribeños, a Cuba le ha ido mejor gracias a un sistema de salud pública que, a pesar de su deterioro en los últimos treinta años, aún es capaz de organizar una respuesta adecuada a desastres colectivos como la pandemia. Así, para detener el contagio, el gobierno cubano adoptó medidas drásticas como suspender el transporte público en su totalidad, y en respuesta a un rebrote de la infección que comenzó a finales de agosto, recurrió a medidas igualmente drásticas en muchas localidades, incluyendo el área metropolitana de La Habana, aunque a principios de octubre redujo las restricciones en la mayoría de esos lugares.

La industria del turismo, la tercera mayor fuente de divisas extranjeras tras la exportación de personal médico y las remesas enviadas por cubanos en el exterior, también se cerró, así como muchos establecimientos comerciales e industriales. La entrada de divisas a Cuba –tremendamente necesarias para adquirir esenciales productos de importación, incluyendo el 70 por ciento de los alimentos que se consumen- ya había sido restringida antes de la pandemia por la cancelación de la exportación de personal médico a países como Brasil y Bolivia, donde gobiernos de extrema derecha habían llegado recientemente al poder.

Además, los cargamentos de petróleo que la isla recibía de Venezuela ­–a cambio de la exportación de personal médico a ese país–, cruciales para el funcionamiento de la economía de la Isla, fueron reducidos como resultado de la crisis política y económica bajo el gobierno de Maduro.

Para colmo de desgracias, Donald Trump intensificó de manera decididamente agresiva el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba –motivado en parte por el apoyo de esta al régimen de Maduro– al reducir, o en algunos casos cancelar, varias de las concesiones que Obama había hecho durante su segundo período en la Casa Blanca. Entre otras medidas hostiles, Trump limitó el envío de remesas de cubanoamericanos a sus familiares, redujo significativamente los viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses de origen no cubano, prohibió que los visitantes estadounidenses en la Isla se hospedaran en hoteles propiedad del gobierno cubano, e impulsó una campaña para desalentar la inversión extranjera mediante la invocación, por primera vez en la historia, del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 (aprobada por el Congreso e instituida como ley por el presidente demócrata Bill Clinton), la cual sanciona a compañías extranjeras que utilicen propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano a principios de los años 60.

La administración de Trump también ha suspendido licencias que autorizan actividades económicas estadounidenses en Cuba, como la concedida por la administración de Obama a la Corporación Marriott para operar hoteles.

¿Cambiará la política de Washington bajo una posible administración de Joe Biden? El candidato presidencial demócrata prometió seguir los pasos del presidente Barack Obama, moviéndose hacia una normalización de las relaciones políticas y económicas con Cuba. El punto hasta el cual un gobierno de Biden podría hacerlo depende de una variedad de factores que van desde los resultados electorales en Florida hasta las relaciones con Venezuela.

Aunque lo último no fue muy importante con respecto a la política hacia Cuba durante los años de Obama, se convirtió en un aspecto primordial para Trump, quien, siguiendo el consejo del senador Marco Rubio y del entonces asesor para seguridad nacional John Bolton, hizo del apoyo de Cuba a Nicolás Maduro un asunto fundamental y lo utilizó para justificar el recrudecimiento de las sanciones. El hecho de que tanto Biden como los demócratas en el Congreso han apoyado la afirmación del líder opositor venezolano Juan Guaidó de ser el presidente legítimo de Venezuela no promete nada bueno al respecto de que una administración demócrata normalice las relaciones con la Isla.

Poderosos intereses corporativos, tales como importantes firmas de la agroindustria y la Cámara de Comercio de los EEUU, han estado por mucho tiempo en favor de sostener relaciones económicas plenas con Cuba, aunque es difícil predecir cuánto capital político están dispuestos a invertir para lograr ese objetivo. En cualquier caso, una normalización completa de las relaciones políticas y económicas requeriría que el Congreso revocara la Ley Helms-Burton de 1996. Ello es una posibilidad dudosa, teniendo en cuenta la composición probable de ambas cámaras del Congreso tras la elección del próximo mes, a pesar de que un número significativo de congresistas republicanos han apoyado, en nombre de intereses agrícolas y de otros negocios, la normalización de relaciones. No obstante, el presidente de los Estados Unidos tiene una considerable capacidad para mejorar dichas relaciones bilaterales, aunque la Helms-Burton se mantenga como ley vigente.

Mientras tanto, todos estos acontecimientos han exacerbado considerablemente los problemas de una ya débil economía cubana que ha sufrido de bajo crecimiento por varios años (0,5% en 2019), baja productividad industrial y agrícola, y un muy bajo índice de la sustitución de capital necesaria para mantener una economía al menos en su nivel actual de producción y nivel de vida, mucho menos para lograr un crecimiento económico significativo y mejores condiciones de vida. Para mayor desgracia, esta situación se ha ido desarrollando en el contexto de una población cada vez más envejecida, un proceso demográfico que comenzó a finales de los años 70 y que conducirá a una serie de graves problemas, como que una fuerza de trabajo en reducción tenga que sostener a un número creciente de jubilados.

En respuesta a las presiones creadas por la reciente profundización de la crisis económica, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que harán que el país dé un importante paso más cerca del modelo chino-vietnamita, el cual combina un Estado unipartidista autoritario con un creciente papel de la empresa privada capitalista. Estas nuevas medidas representan la decisión del gobierno cubano de ceder una parte de su control económico en un esfuerzo por adquirir divisas, importar capital y promover un mayor dinamismo y crecimiento de la economía.

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa privada

Una propuesta económica que ha sido rescatada es el establecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de gestión privada. Por más de una década, el gobierno cubano bajo el mandato de Raúl Castro ha permitido la existencia de muy pequeñas empresas privadas, las cuales en este momento ya emplean aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello incluye cerca de un cuarto de millón de agricultores privados que trabajan tierras en usufructo, lo que significa que la arrendan al gobierno por períodos renovables de veinte años, así como unas 600.000 personas que son dueñas de negocios en áreas urbanas o trabajan para ellos.

La mayoría de estas microempresas están concentradas principalmente en las esferas de los servicios gastronómicos (restaurantes y cafeterías), la transportación (taxis y camiones), y en el alquiler de habitaciones y apartamentos a turistas, probablemente la pequeña empresa privada más lucrativa de todas. En 2014, en un importante documento oficial titulado Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el gobierno anunció que permitiría la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Esta noción ha sido recientemente revivida y discutida, por ejemplo, por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha afirmado que es necesario «destrabar» las PYMES y las cooperativas.

Se han ofrecido pocos detalles acerca de qué podrían abarcar estas empresas en términos de tamaño y otras características. Lo más probable es que eso se mantenga en secreto hasta que el gobierno promulgue la nueva ley, que está programada para abril de 2022, referida tanto a las empresas estatales como privadas, aunque diputados del parlamento -la Asamblea Nacional del Poder Popular- han indicado que las regulaciones concernientes a las PYMES se formularán ya este año.

Aun así, se puede obtener una idea aproximada de en qué consistirán esas medianas empresas observando cómo han sido definidas en otros países latinoamericanos. En Costa Rica, por ejemplo, donde las PYMES están muy extendidas y desempeñan un importante papel en la economía, la mediana empresa se refiere a las que emplean entre 31 y 100 trabajadores; las microempresas son las que emplean a menos de cinco personas (el grupo más nutrido de las hoy presentes en Cuba), y la pequeña empresa es aquélla que contrata de 6 a 30 trabajadores. Chile aprobó una ley que define oficialmente el tamaño de las empresas según los siguientes criterios numéricos: Micro, hasta 9 empleados; Pequeña, de 10 a 25; Mediana, de 25 a 200; y Gran Empresa, más de 200 empleados.

Basándose en esas definiciones, está claro que por su tamaño, las firmas privadas medianas son empresas capitalistas tradicionales. Es poco probable que sean gestionadas únicamente por sus dueños y necesitarán algún tipo de administración jerárquica para conducir el negocio en términos de su planificación económica, su gestión y su producción. El establecimiento de estas firmas probablemente vaya a la par con la intervención de los sindicatos estatales oficiales para «organizar» a los trabajadores, como ya lo han hecho con los mucho menores «cuentapropistas» y sus pocos empleados. Como en China, los sindicatos oficiales en Cuba no harán nada para representar verdaderamente a los trabajadores en sus relaciones con los empleadores.

El Código de Trabajo de Cuba de 2014

En este contexto es muy importante considerar el Código de Trabajo que ha estado en vigor desde que lo aprobó el gobierno cubano en 2014. Este Código elimina el requisito de compensar a trabajadores cuya plaza haya sido cerrada y permite a empleadores privados despedir a trabajadores sin motivo como parte de su derecho como propietarios. En el caso de empleados estatales, el gobierno también despide a trabajadores al declararlos no idóneos para sus plazas, sin que los afectados tengan mucho a qué recurrir.

El nuevo Código también relaja la jornada de 8 horas, permitiendo que los empleadores la extiendan a 9 horas sin compensación adicional. De hecho, ya hay muchos trabajadores en el sector privado que trabajan turnos de 10 y hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra –lo hacen de todos modos porque su salario básico es más alto que en el sector estatal-.

El Código también permite que los empleadores privados solo concedan un mínimo de siete días de vacaciones anuales pagadas en lugar de los treinta días a los que tienen derecho los empleados estatales. Igualmente, suprime la descarga académica para la superación de todos los trabajadores, así que ello debe hacerse durante el tiempo libre del que dispongan, como el acumulado de vacaciones. Se espera que este Código de Trabajo también sea aplicable al sector económico de las PYMES.

La modificación del monopolio estatal sobre el comercio exterior

Además de abrir la puerta a la empresa privada, el régimen cubano ha relajado muy recientemente su monopolio sobre el comercio exterior, es decir, el control exclusivo que, hasta ahora, ha tenido sobre todas las actividades empresariales de importación y exportación.

Hace poco tiempo, Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que treinta y seis empresas estatales especializadas en comercio exterior se estaban preparando para ofrecer ayuda con sus servicios a importadores y exportadores privados, con el objetivo de procesar y perfeccionar sus operaciones extranjeras.

Como un incentivo adicional para estimular estas actividades de exportación privadas -en moneda fuerte-, el gobierno ha ofrecido aplicar un descuento al impuesto sobre las utilidades de las empresas estatales, privadas y las cooperativas si demuestran un incremento en ventas de productos y servicios en comparación con el año anterior.

En 1959, el primer año de la Revolución, cuando la mayor parte de la economía aún estaba en manos privadas, el Gobierno Revolucionario, ante un brusco descenso de sus reservas de divisas fuertes extranjeras, exigió que las firmas privadas cubanas que importasen del extranjero obtuvieran el permiso del Banco Nacional de Cuba para acceder a la divisa extranjera –a menudo dólares- que necesitaban para sus transacciones.

Así el gobierno intentaba ejecutar su plan de utilizar las escasas divisas en importaciones que eran fundamentales para el desarrollo económico del país, en vez de, por ejemplo, en artículos de lujo para uso personal. Aún no se conoce cuánto control tendrá ahora el gobierno sobre las iniciativas de importación/exportación propuestas por el sector privado.

La racionalización del sistema monetario

Las nuevas regulaciones para actividades de exportación, y en especial de importación, estarán estrechamente relacionadas y se verán sin dudas afectadas por las dificultades monetarias que hoy enfrenta Cuba, en particular las concernientes a la escasez de divisas. Esa escasez también está desempeñando un papel principal en la presente discusión de la unificación monetaria por parte del gobierno, un tema sobre el cual se ha vertido mucha tinta durante años y que adquiere cada vez más protagonismo en las nuevas políticas económicas, y cuya materialización puede que ocurra finalmente durante los próximos meses.

A medida que el gobierno cubano intente integrar cada vez más su economía con la economía internacional, más necesitará regularizar el tipo de cambio entre su moneda nacional y las divisas extranjeras utilizadas por el capital foráneo para sus transacciones. Ello permitiría un arreglo más racional para, entre otras cosas, establecer un sistema de precios e incentivos económicos, y para evaluar los datos económicos.

Por muchos años, Cuba ha tenido operando en su mercado interno un sistema de dos monedas coexistentes, con una parte en dólares y la otra en pesos cubanos. Hasta hace poco, ese sistema fue representado por el peso cubano y el CUC —una moneda cubana no convertible más o menos equivalente al dólar— que estuvo fijada a un cambio de aproximadamente 24 o 25 pesos cubanos por 1 CUC.

Pero el CUC perdió su valor y está en proceso de desaparecer debido a la falta de divisas para respaldarlo. Mientras tanto, la economía cubana se ha dolarizado directamente: los cubanos ahora obtienen acceso a artículos en tiendas especiales en dólares que venden una amplia variedad de productos, incluyendo alimentos, que son muy difíciles de obtener en otros lugares con pesos cubanos.

Los productos en esas tiendas en divisas extranjeras se compran con tarjetas magnéticas emitidas por el gobierno para evitar una especulación informal de monedas en efectivo en el mercado negro. Las tarjetas son el único tipo de pago aceptado en esas tiendas y se basan en depósitos hechos en dólares u otras divisas internacionales en los bancos cubanos, la mayoría de los cuales provienen de remesas desde el exterior.

Sin embargo, con la desaparición del CUC, ya no podemos hablar de unificación monetaria, sino de la racionalización de la política monetaria cubana, particularmente del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el economista cubano Pedro Monreal ha señalado, los cambios monetarios tendrán que ser parte de un paquete más amplio que implique ajustes de precios, subsidios, salarios y pensiones.

La regularización monetaria del cambio entre el peso cubano y el dólar que se discute hoy en la Isla supone para el gobierno una serie de complicaciones que serán muy difíciles de resolver. Provienen principalmente del hecho que, mientras la población en general ha estado cambiando de 24 a 25 pesos por un dólar, las empresas estatales han disfrutado del económicamente distorsionante tipo de cambio de un peso por un dólar –una tasa que claramente ha favorecido la importación de bienes extranjeros, pero ha dañado la exportación de bienes cubanos–.

La regularización de la moneda en este contexto significa que el gobierno tendrá que intentar lograr la cuadratura de varios círculos para tanto impedir el cierre de muchas firmas estatales que se beneficiaban del subsidio para importaciones del que disfrutaban con el tipo de cambio especial de uno por uno, como para bloquear un incremento de la inflación. Debido a presiones políticas internas y a expectativas populares, es posible que el gobierno se vea obligado a conceder un tipo de cambio favorable al peso. Si ese tipo de cambio favorable no está acompañado por una mayor disponibilidad de bienes y servicios, ello podría llevar a la inflación. Si se combinan problemas, una falta de sindicatos independientes dejaría a los trabajadores cubanos desprotegidos de las políticas monetarias de su gobierno.

Especialmente importante es el fundamental cambio de política que anunció por primera vez la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, el 6 de agosto –y que fue luego confirmado el 13 de octubre por Alejandro Gil, el Ministro de Economía y Planificación–, que aumentará sustancialmente la cantidad y variedad de ocupaciones urbanas que los cubanos podrán realizar en el sector privado.

Como parte de sus primeras reformas económicas, Raúl Castro permitió la apertura al trabajo por cuenta propia privado y a la contratación de personal en el caso de un número limitado de ocupaciones que con el tiempo se incrementó a más de doscientas, las cuales luego se reorganizaron en 123 grupos ocupacionales. Vale señalar que este incremento estuvo lejos de ser un proceso lineal y en más de una ocasión el gobierno recortó la cantidad de ocupaciones permitidas en el sector privado.

Según los ministros Feitó y Gil, esa lista de ocupaciones privadas permitidas será eliminada, y es de suponer que se preparará una nueva que relacione sólo aquellas ocupaciones que no se permitirán, tales como, por ejemplo, la práctica privada de la medicina. Ninguno de los ministros ha definido aún una fecha en la que estos cambios entrarían en vigor.

Finalmente, para facilitar tanto las operaciones del sector privado rural como del urbano, el gobierno anunció que aumentaría la cantidad de mercados mayoristas para que los pequeños y medianos emprendedores privados compren alimentos y otros productos al por mayor a precios reducidos. La falta de acceso a este tipo de mercados ha sido un gran problema que ha afectado seriamente la viabilidad de los negocios privados rurales y urbanos. Para mejorar las cosas, el gobierno anunció muy recientemente que a partir de septiembre comenzará a funcionar un mayor número de mercados mayoristas en las capitales provinciales, aunque las transacciones se realizarán exclusivamente en divisas, lo cual ha sido claramente el principal impulso para esto y para otros cambios económicos.

Si el gobierno cubano realiza todos los cambios que ha anunciado, la economía de la Isla se habrá alejado bastante de la economía altamente nacionalizada de finales de los 80 —más nacionalizada que las economías de la URSS y Europa del Este— para convertirse en una economía fundamentalmente mixta, acercándose así cada vez más al modelo chino-vietnamita. Queda por ver hasta qué punto los cambios propuestos mejorarán el mediocre rendimiento de la actual economía cubana, en la cual el bajo crecimiento económico y la baja productividad han caracterizado tanto a la economía rural como a la urbana por mucho tiempo.

Vale señalar, sin embargo, que a pesar de una baja producción agrícola generalizada, las granjas privadas ya han superado a las estatales en la producción de varios cultivos esenciales, como sucedió en Europa del Este durante los gobiernos comunistas. En sólo poco más de una década, desde que una cantidad sustancial de tierras fuera distribuida a agricultores privados, y a pesar de sus grandes dificultades para obtener acceso a créditos y al comercio al por mayor, instrumental agrícola y otros implementos, los agricultores privados, quienes aún poseen menos tierras cultivables que el Estado, ya producen el 83.3 por ciento de las frutas, el 83,1 por ciento del maíz y el 77.9 por ciento de los frijoles. Sin embargo, esto no es tanto un testimonio de las maravillas de la empresa privada como del desastre que ha sido para Cuba la agricultura estatal burocrática dirigida desde arriba y de manera centralizada –también fue desastrosa para varios países que componían el bloque soviético–.

En tales sistemas burocráticos, las personas que participan del nivel productivo carecen de incentivos materiales –como un mayor poder adquisitivo– y de incentivos políticos –como autogestión y control democrático de sus centros de trabajo–, cuya ausencia ha conducido históricamente a apatía generalizada, negligencia, irresponsabilidad y lo que Thorstein Veblen llamó «retirada de la eficiencia».

Es esta experiencia vivida y no la propaganda capitalista, la que ha hecho al modelo capitalista cada vez más atractivo para los cubanos.

El contexto político

Un tema crítico que surge de esta discusión es la naturaleza y composición de la dirección política cubana que se enfrenta a la actual crisis y que conduce las propuestas mencionadas quince años luego de que Fidel Castro se retiró, por razones de salud, de su mandato directo del país y fue sucedido por su hermano menor Raúl, el jefe de las fuerzas armadas cubanas y heredero forzoso desde los primeros días del Gobierno Revolucionario.

Al asumir el mando, Raúl introdujo una serie de reformas económicas que abrieron el sistema, de manera moderada, a empresas privadas normalmente muy pequeñas. También promovió un grado significativo de liberalización como, por ejemplo, cambiar en 2012 las regulaciones que controlaban las salidas al extranjero para permitir a los cubanos viajar a otros países. Pero esta liberalización no estuvo acompañada por forma alguna de democratización política. Todo lo contrario. Por lo tanto, la represión de la disidencia ha continuado. Así, por ejemplo, mientras liberalizaba los viajes al extranjero para la mayoría de los cubanos, el gobierno ha impuesto obstáculos para las salidas de muchos disidentes, ya sea demorando sus apariciones en tiempo en conferencias en otros países o imposibilitándoles viajar al exterior, para lo cual ha elaborado una lista de «regulados» conformada por unos 150 disidentes cubanos que no tienen permitido salir del país.

Debe señalarse que, como en el caso de muchas otras medidas represivas adoptadas por el gobierno cubano, esto sigue siendo, como en tiempos de Fidel Castro, una decisión política y administrativa al margen incluso al propio sistema judicial del régimen. Lo mismo se aplica a los miles de arrestos breves que el gobierno de Raúl Castro ha realizado cada año, en especial para impedir manifestaciones públicas no controladas por el gobierno.

El sistema de partido único continúa funcionando como bajo Fidel Castro, con su enorme control social, económico y político, implementado mediante sus cintas de transmisión, representadas por las organizaciones de masas (los sindicatos y las organizaciones femeninas) y otras instituciones, como las del sistema educativo. Los medios masivos de comunicación (radio, televisión y periódicos) continúan estando bajo el control del gobierno y siguen en su cobertura las «orientaciones» del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La única excepción de importancia son las publicaciones internas de la Iglesia Católica, la cual, sin embargo, practica una extrema prudencia política y limita la distribución de sus publicaciones a sus parroquias y otras instituciones católicas. Internet, la cual el gobierno ha sido incapaz hasta ahora de poner bajo su absoluto control, permanece como el principal vehículo para las voces críticas y disidentes.

Mientras tanto, ha estado ocurriendo un importante cambio generacional dentro de la dirigencia cubana que plantea preguntas sobre el futuro del sistema cubano. El nuevo Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nació en 1960, un año después del triunfo revolucionario. El ocupante del recién creado cargo de Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, un hombre con largos años de experiencia en el negocio del turismo, nació en 1963. Se podría considerar que estos dos hombres realizan una especie de aprendizaje de prueba bajo Raúl Castro, quien a sus 89 años de edad es aún el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque se retirará oficialmente en 2021.

Aún hay otros «líderes históricos» que también permanecen en lo más alto de la jerarquía política. José Ramón Machado Ventura, un médico que por un tiempo fue el número tres después de Fidel y Raúl Castro, y que es miembro del Buró Político, cumplirá 90 años el 26 de octubre. Ramiro Valdés, que ocupó muchos cargos superiores durante los más de sesenta años del Gobierno Revolucionario, incluyendo Ministro del Interior, y que hoy es miembro del Buró Político, tiene 88 años. Varios generales en posiciones de alto rango también pertenecen a la vieja generación. El general Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político del CC del PCC, tiene 81 años. En comparación, el general Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, es un joven de apenas 76 años. El general Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) tiene 79 años de edad.

Sin embargo, hay personan más jóvenes, menos visibles que Díaz-Canel Bermúdez y Marrero Cruz, quienes ahora ocupan cruciales cargos de gobierno y cuyo poder es probable que aumente en el contexto de una transición luego de que los viejos «históricos» hayan abandonado la escena. Uno de ellos es el general de 60 años Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un ex yerno de Raúl Castro, quien es el director de GAESA, el inmenso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, el cual incluye a Gaviota, la principal empresa turística en Cuba. Varios oficiales de alto rango del ejército, retirados o en activo, ocupan actualmente cargos importantes en otras esferas clave de la economía.

Las Fuerzas Armadas han capacitado a cuadros técnicos y empresariales quienes, junto a un grupo de técnicos y administradores civiles, han desempeñado por algún tiempo un importante papel en la economía. Muchos de ellos se han convertido en empresarios internacionales que operan en nombre del Estado cubano y han desarrollado amplias conexiones con bancos y otras instituciones capitalistas internacionales. A ellos debemos añadir a los gerentes de industrias estatales, a quienes el gobierno acaba de otorgar más autonomía. Todos estos funcionarios pueden acabar beneficiándose del anunciado establecimiento de las PYMES, mediante el uso de sus contactos de negocios para obtener el capital que les permita crear sus propias medianas empresas. Ellos constituyen el núcleo de una burguesía capitalista cubana en desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista.

Oposición, desafiliación y descontento

Existe oposición política en Cuba, principalmente —pero no de forma exclusiva— en el centro y la derecha del espectro político. Sin embargo, ha sido políticamente marginada por la represión del gobierno y por la práctica plattista –por la Enmienda Platt impuesta por los EEUU a Cuba a principios del siglo XX y que limitaba la independencia cubana– adoptada por sectores de esa oposición, que en lugar de organizarse y recaudar fondos entre los cerca de dos millones de personas de origen cubano en los EEUU y otros países —tal como hizo José Martí entre los tabaqueros cubanos en Florida para apoyar la independencia cubana en la década de 1890—, ha dependido de limosnas del gobierno estadounidense para sobrevivir a la persecución.

Aunque el gobierno puede haber marginado con éxito a la disidencia activa en la isla, no ha podido detener la considerable desafiliación política con respecto al régimen, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que crecieron desde el derrumbe de la URSS y el campo socialista a finales de los 80 y principios de los 90. Debe apuntarse que ha transcurrido casi el mismo tiempo entre 1990 y el presente que entre el triunfo revolucionario en 1959 y el derrumbe del bloque soviético. Este colapso —y la sustancial retirada de ayuda económica a Cuba que lo acompañó— produjo una catastrófica crisis económica y una considerable erosión de la legitimidad del régimen cubano.

Desde entonces, la corrupción pública y privada se ha incrementado notablemente, un fenómeno que fue incluso denunciado por Fidel Castro en un famoso discurso en la Universidad de La Habana en noviembre de 2005, donde advirtió que podría destruir la Revolución desde adentro y así lograr lo que el imperialismo estadounidense llevaba décadas sin haber podido causar.

La actual crisis económica, considerablemente agravada por la pandemia de la COVID-19, se ha sumado al ya extendido descontento originado por la escasez de bienes de consumo. Buena parte de este descontento se ha enfocado en los «coleros» –de «cola», la línea de personas que esperan–, un término comúnmente utilizado para personas que monopolizan los primeros lugares en las omnipresentes filas que se forman  por doquier para obtener los cada vez más escasos productos de primera necesidad o para vender esos lugares a quienes llegan tarde; y para personas que, aprovechándose de ocupar, de una forma u otra, los primeros lugares en la cola, compran todas las reservas de productos para revenderlos a precios exorbitantes.

El gobierno ha sacado partido de la comprensible indignación popular que despiertan los coleros al denunciarles y arrestarles, pero evita enfocarse en las causas económicas del fenómeno, es decir, la escasez de artículos de primera necesidad debido a una insuficiente producción nacional y/o importación. Sin embargo, el hecho es que, dada la falta de producción agrícola debido al régimen económico y político, no parece haber una alternativa práctica para este problema. Ni siquiera es probable que funcione racionar los productos en divisas que compran los coleros al incorporarlos al sistema de racionamiento en pesos cubanos que ya existe, pues puede que no haya cantidades suficientes para distribuir a todos.

Es difícil identificar las circunstancias bajo las cuales la presente desafiliación y el descontento puedan traducirse en una alternativa política —y aún menos en una democrática y progresiva— para el existente régimen antidemocrático de Estado unipartidista. Es cierto que el cierre por parte de Obama del camino de la emigración cubana hacia los Estados Unidos en los últimos días de su mandato eliminó una importante válvula de escape para la oposición y el descontento en Cuba. Trump no revocó esta medida concreta de Obama, prueba de que su oposición al comunismo es mucho más débil que su xenofobia y su racismo. No obstante, el cierre de la emigración hacia los Estados Unidos hasta ahora no ha parecido ser suficiente para estimular ninguna novedad política significativa en la isla.

Lo que está claro es que la adopción de las nuevas medidas económicas ya expuestas, en particular la legalización de las llamadas medianas empresas, pueden extender y profundizar considerablemente la doble explotación y opresión en Cuba: la que ha ejercido por mucho tiempo el Estado unipartidista altamente autoritario, y la otra, ejercida por las futuras medianas empresas privadas ayudadas por la falsa protección brindada a los trabajadores por los sindicatos estatales, que en la práctica funcionarán como sindicatos de empresas en el contexto de las PYMES. El Código de Trabajo aprobado en 2014 ya ofrece un indicio de lo que está por venir.

La nueva distribución económica del poder que tarde o temprano se desarrollará en Cuba demostrará aún más la urgente necesidad de contar con sindicatos verdaderamente libres, y la necesidad de sustituir el Estado unipartidista antidemocrático que por su naturaleza imposibilita la existencia de sindicatos independientes, por una república verdaderamente socialista y democrática en Cuba.

Traducción de La Joven Cuba

15/11/2020

Por Samuel Farber

 

nació en Marianao, Cuba. Profesor emérito de Ciencia Política en el Brooklyn College, New York. Entre otros muchos libros, recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books, 2016) y una nueva edición del fundamental libro Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018)

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Lunes, 16 Noviembre 2020 06:32

¿A dónde va la China de Xi?

¿A dónde va la China de Xi?

Para intentar comprender hacia dónde se dirige la China del presidente Xi Jinping, lo primero es echar una mirada hacia atrás, en concreto, a 1921.

Una de las campañas ideológicas más intensas de su mandato es la que lleva por título “permanecer fieles a la misión fundacional”. El relevo que debe acompañarle en la dirección del PCCh a partir de 2022, la sexta generación, tendrá en su bagaje haber vivido la China de la reforma de Deng Xiaoping pero la experiencia de Mao, la más dura y agria, constituirá para muchos un relato remoto.

El énfasis de Xi en sintetizar y nunca contraponer las Chinas de Mao y Deng pretende resaltar el hilo de continuidad de un mismo ideario. En buena medida, lo que algunos califican de manifestaciones de retorno a la época maoísta responden a esa lógica. Xi vivió esa etapa. Tenía 23 años cuando Mao falleció. La insistencia en rescatar términos o exaltar conmemoraciones de circunstancias de aquella etapa a modo de coqueteo con cierto neomaoísmo, tanto que pareciera sugerir la consideración del denguismo como un “desvío”, apunta a no perder de vista la motivación inicial del proyecto, donde radica el “espíritu” del PCCh. Es verdad que líderes anteriores también secundaban esta práctica pero con un sentido más ritual y plagado de advertencias.

De ese empeño surge el “nacionalismo rojo” como marca distintiva del xiísmo. De una parte, el propósito de revitalización nacional; de otro, la prosperidad común. El modelo político inaugurado en 1949 permanece prácticamente intacto; por el contrario, la realidad económica y social ha cambiado drásticamente, como también la significación de China en el concierto mundial. El hecho más notorio en esta trayectoria es la reconciliación operada con la propia cultura, también el más reciente de su metamorfosis ideológica.

Pesan por tanto en este desarrollo una ingente infinidad de claves locales, las singularidades chinas que el PCCh reivindica como justificación de una originalidad diferenciadora. Y aunque podemos contraponerlas a la experiencia occidental, ya sea en su formulación liberal o marxista, lo más que podemos inferir es el orgullo del PCCh por tener al alcance de la mano lo que la URSS no pudo alcanzar. Y lo manifiesta, sobre todo, desde la exhibición de la eficiencia, no desde la santificación de un dogma alternativo con vocación irradiadora de alcance global.

La argamasa que moldea la China de Xi viene conformada por dichas tres corrientes: la fundacional, la histórica y la cultural. A la postre, el PCCh no ha podido evitar dejarse influir por la fuerza de la cultura de su propio país. Ahí está el Instituto Confucio como mascarón de proa de su poder blando tras desatar, una tras otra, campañas ideológicas en su contra. No sorprende incluso que se llegue a defender la planificación económica atendiendo a la inspiración confuciana y huyendo de la lógica soviética.

La conjugación de estos factores define tanto el ritmo y orientación de su transformación interna como su papel en el mundo. Cuando Joseph Needham trataba de explicar la imposibilidad del nacimiento de la ciencia moderna en la China imperial centró su atención en la eficaz actuación de una burocracia confuciana que organizó el país creando un marco general de estabilidad e impidiendo la emergencia de una clase mercantil que compitiese con su hegemonía. Es lo mismo que hoy practica el PCCh a respecto de ese entorno que pulula alrededor de los sectores emergentes, impidiéndoles el asalto a un Estado que defiende a capa y espada como última garantía de un rumbo alternativo. El estricto control de la economía por parte del aparato del Partido tiene fuertes reminiscencias en la ideología imperial.

Por otra parte, lo queramos o no, el gigantismo chino hace inevitable la reestructuración del orden mundial. Hay quien ve en ello un propósito de revancha o quizá esa interpretación es mero producto de nuestra mala conciencia. En cualquier caso, acabamos de ser testigos de una importante inflexión. Del discurso de China campeona de la mundialización frente al unilateralismo y el proteccionismo de EEUU hemos pasado en un santiamén a las loas a la autosuficiencia económica y tecnológica para resistir las presiones occidentales. China se enroca para defender su soberanía y el derecho a transitar por una senda propia.

Este nuevo rumbo deja más en claro si cabe que no aspira a expandir su modelo, por lo demás difícilmente comprensible para terceros, ambiguo en muchas cuestiones y fuertemente impregnado de una cultura de escasa proyección global. Trasplantar mecánicamente valores del sistema político chino a Occidente no funcionaría como tampoco está claro que puedan funcionar sin más los valores políticos occidentales en China. En las experiencias históricas recientes en estos empeños predominan más los fracasos que los aciertos y, sobre todo, las tragedias.

Ahora, como consecuencia de la pandemia y las tensiones globales liderada por unos Estados Unidos temerosos de verse ultrapasados, el nuevo patrón de desarrollo que presidirá el impulso económico chino en los próximos años sugiere tomar distancias de un exterior en el que crece la hostilidad. Y no es probable que eso cambie con la nueva presidencia de Joe Biden.

Por Xulio Ríos | 16/11/2020

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China

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Imagen ilustrativa. El desmantelamiento de cruceros en Esmirna, Turquía, el 2 de octubre de 2020.Umit Bektas / Reuters

Según Patrick Kirby, el mundo es testigo de una de las mayores recesiones en 150 años.

 

La economía mundial podría no volver nunca al ritmo de crecimiento prepandémico, opinó Patrick Kirby, el economista jefe del Banco Mundial en una conferencia digital de Moscow Exchange Forum. 

Kirby declaró que los sólidos resultados del crecimiento económico mundial en el tercer trimestre de 2020 reflejan más la contracción de la profundidad de caída de la economía que un signo del crecimiento real.

Incluso después de estos resultados optimistas, la actividad económica en muchos países se mantiene en los niveles de los peores días de las crisis. Además, la propagación del coronavirus provocó la desaceleración de los precios, dado que la demanda se ha visto más afectada que la oferta, opinó el experto del Banco Mundial.

El economista enfatizó que el mundo tendrá que recorrer un largo camino de recuperación porque la pandemia deja un umbral de problemas: interrupciones en cadenas de suministro, lastre fiscal después de las medidas de apoyo implementadas por los gobiernos, posibilidad de quiebras de los negocios afectados por la pandemia y problemas en la esfera educativa y sanitaria. Todos estos factores podrían prevenir que la economía mundial volviera a crecer a los ritmos registrados antes de la pandemia de covid-19. 

El experto dijo que, en esta situación, los bancos centrales de los países continuarían imponiendo bajas tasas de interés. Al mismo tiempo, la inflación se mantendría en un nivel bajo, dado que muchos países hoy día luchan por recuperarla desde debajo de cero. "En general es una historia triste, esperamos que esta pandemia contribuya a una de las más grandes recesiones en 150 años, comparable a la registrada durante la gran recesión o la Segunda Guerra Mundial". 

Nick Carter llega a una reunión en la oficina del primer ministro para discutir la respuesta del gobierno al brote de coronavirus.Henry Nicholls / Reuters

Publicado: 8 nov 2020 21:24 GMT

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