La pandemia refuerza la miseria de los sectores empobrecidos

La brecha económica y social, más profunda que nunca

Los más ricos del mundo se recuperaron en 9 meses 

Los más pobres del planeta, necesitarán 10 años

 

Mientras los más pobres del mundo necesitarán al menos una década para recuperarse de la crisis actual, los multimillonarios –las mil mayores fortunas del planeta- recuperaron en solo 9 meses sus pérdidas momentáneas.

Así lo sostiene el Informe El virus de la desigualdad publicado este 25 de enero (https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad) por la ONG internacional Oxfam. Aparece el mismo día en que el Foro de Davos comienza su edición virtual 2021. Denominado la Agenda de Davos, el Foro Económico Mundial se da cita entre el 25 y el 29 de enero conectando a más de mil participantes, representantes del mundo económico y del poder político.

El informe de Oxfam refuerza, acompaña y fundamenta, también, las múltiples reflexiones que a partir el pasado sábado 23 y hasta el 31 de enero promueve el Foro Social Mundial virtual. Según los organizadores, al 24 de enero, se registraban 7660 inscriptos de 134 países y 660 actividades previstas. En muchas de las cuales el tema central gira en torno al impacto de la pandemia y las alternativas sociales y populares para superarlo.

Oxfam hace parte de la Protesta Global para luchar contra ladesigualdad(https://www.fightinequality.org/ ), una alianza internacional que convoca a movilizaciones en diversos países de Asia, África y América Latina en esta última semana de enero.

En su informe se pregunta cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus ( https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad) en el cual más de dos millones de personas han perdido la vida, y cientos de millones se están viendo arrastradas a la pobreza. Y anticipa una respuesta global: se ha demostrado que “es posible poner en marcha políticas transformadoras que antes de la crisis eran impensables. No hay vuelta atrás. No podemos volver a donde estábamos. En lugar de ello, la ciudadanía y los gobiernos deben responder a la urgente necesidad de construir un mundo más justo y sostenible”, enfatiza. Con el convencimiento que la acción de los gobiernos es esencial para proteger la salud y los medios de vida, acota.

El diagnóstico pre-crisis, según la ONG, evidencia “la fragilidad colectiva, así como la incapacidad de nuestra economía, profundamente desigual, de beneficiar al conjunto de la sociedad”. Y recuerda, por ejemplo, que según Forbes, entre marzo y diciembre del 2020, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo (milmillonarias) creció en 540.000 millones de dólares. Se refiera a: Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault (y familia), Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Warren Buffett, Zhong Shanshan, Larry Page y Mukesh Ambani.

Para la elaboración de El virus de la desigualdad se entrevistaron a 295 economistas de 79 países. El 87 % de ellos comparte esta caracterización de la crisis y de las opciones futuras. Y concuerda con el pronóstico que la desigualdad de ingresos va a seguir creciendo en sus respectivos países a consecuencia de la crisis sanitaria.

La ONG cita a Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, con quien comparte el diagnóstico actual de la civilización humana. “Se ha comparado al COVID-19 con una radiografía que ha revelado fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido y que por doquier está sacando a la luz falacias y falsedades: la mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos; la ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es trabajo; el engaño de que vivimos en un mundo post-racista; el mito de que todos estamos en el mismo barco. Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en superyates mientras otros se aferran a desechos flotantes”.

Datos desgarradores

Y la ONG hace su propia descripción del planeta Tierra. Un mundo en el que casi la mitad de la humanidad tiene que sobrevivir con menos de 5,50 dólares al día, en el que, durante 40 años, el 1 % más rico de la población ha duplicado los ingresos de la mitad más pobre de la población mundial y, en el cual el último cuarto de siglo, el 1 % más rico de la población ha generado el doble de emisiones de carbono que el 50 % más pobre, agravando la destrucción provocada por el cambio climático.

Analizando datos esenciales, Oxfam afirma que la pandemia de COVID-19 tiene el potencial de aumentar la desigualdad económica en prácticamente todos los países del mundo al mismo tiempo, realidad hasta ahora desconocida –en cuanto a ese nivel de impacto global- desde hace más de un siglo, cuando se comenzaron a registrar datos esenciales.

El aumento de la desigualdad podría obligar a que se tarde, como mínimo, 14 veces más en reducir la pobreza -hasta el nivel previo a la pandemia- que el tiempo que han tardado las mil personas más ricas del planeta -en su mayoría hombres blancos- en recuperar su riqueza. 

“La recesión ya ha acabado para los más ricos”, afirma Oxfam. Desde el inicio de la pandemia, incluso, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo ha aumentado en medio billón de dólares, cifra que permitiría financiar sin problema alguna la vacuna universal contra el COVID 19. En paralelo, esta situación sanitaria desencadenó “la peor crisis laboral en más de 90 años, y cientos de millones de personas se encuentran subempleadas o sin trabajo”.

Una vez más las mujeres y los sectores marginalizados pagan los precios más altos de la crisis, afirma la ONG coincidiendo con diversos informes que en los últimos meses han publicado organismos de las Naciones Unidas, como la OIT, FAO, PNUD etc. A nivel mundial, las mujeres están sobrerrepresentadas en trabajos mal remunerados y precarios, que han sido los que más se han visto afectados por la crisis del COVID-19, enfatiza. Las mujeres constituyen aproximadamente el 70 % de la fuerza laboral a nivel mundial en el ámbito de la salud y la atención social, empleos esenciales, pero a menudo mal remunerados que además las exponen a un mayor riesgo de contraer el virus.

En Brasil, por otra parte, las personas afrodescendientes tienen un 40 % más de probabilidades de morir a causa del coronavirus que las personas blancas. En Estados Unidos, si la tasa de mortalidad de las personas de origen latino y afroamericano hubiese sido la misma que la de las personas blancas, se hubieran podido evitar 22.000 decesos de esos grupos.

Las zonas más pobres de países como España, Francia e India presentan tasas de infección y mortalidad más elevadas. En el caso de Inglaterra, las tasas de mortalidad de las regiones más pobres duplican a las de las zonas más ricas.

Un reciente estudio científico muestra que el impacto del COVID 19 en los barrios más populares de la ciudad suiza de Ginebra -sede principal europea de las Naciones Unidas- es significativamente mayor que en las zonas de población rica de la misma ciudad. El estudio fue dirigido por el doctor Idris Guessous, responsable de uno de los servicios del Hospital ginebrino HUG. ( https://lecourrier.ch/2021/01/19/plus-dimpact-dans-les-quartiers-pauvres/ ).

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas estima que, a causa de la pandemia, el número de personas en situación de hambre extrema alcanzaría los 270 millones de personas a finales de 2020, lo que supone un incremento del 82 % con respecto a 2019. Con estas cifras, Oxfam calculó que la crisis provocada por la pandemia sería la causa de que murieran de hambre entre 6.000 y 12.000 personas al día a finales de 2020.

Perspectivas

En cuanto al futuro, OXFAM no duda en desarrollar su hipótesis rectora. La clave para lograr una rápida recuperación económica frente a la pandemia es la adopción de modelos económicos más justos.

Y tomar medidas que están a la mano y que solo exigen una clara voluntad política de los Gobiernos. Por ejemplo, la imposición de un impuesto temporal sobre los beneficios excesivos obtenidos por las 32 multinacionales que mayor riqueza han acumulado desde que comenzara la crisis, hubiera permitido en 2020 una recaudación de 104.000 millones de dólares. Cantidad suficiente para financiar prestaciones por desempleo para trabajadores y trabajadoras, así como para proporcionar apoyo económico al conjunto de niños, niñas y personas mayores de los países de renta media y baja.

Oxfam finaliza su informe proponiendo Cinco pasos para conseguir un mundo mejor. Mas igualdad; economías más humanas; libre de explotación y con seguridad de ingresos; donde los más ricos paguen los impuestos que les correspondan de manera justa; y se priorice la seguridad climática.

Y sostiene que la construcción de “nuestro nuevo mundo debe basarse, en primer lugar, en una reducción radical y sostenida de la desigualdad”. Los gobiernos deben establecer metas concretas de reducción de la desigualdad, y sujetas a plazos precisos. El objetivo no debe limitarse a volver a los niveles de desigualdad previos a la crisis, sino que debe ir más allá para construir, con carácter de urgencia, un mundo más justo.

La lucha contra la desigualdad, incluyendo la desigualdad racial y de género, debe ser un elemento central del rescate económico y de las iniciativas de recuperación. Para las personas en situación de pobreza, las mujeres, las personas negras y personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y demás comunidades históricamente excluidas y oprimidas de todo el mundo, esto significaría que por fin sus gobiernos darían prioridad a sus necesidades, concluye

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Una mujer sostiene la bandera de Venezuela en una protesta por la muerte en un naufragio de migrantes venezolanos, el 17 de diciembre.YURI CORTEZ / AFP

Un informe de IDEA Internacional alerta sobre la profundización de la desigualdad, la pobreza y la polarización política

 

Un informe de IDEA Internacional, una organización intergubernamental que apoya la democracia sostenible en todo el mundo, ha alertado que durante la pandemia se ha profundizado en América Latina la desigualdad, pobreza, polarización política, corrupción, altos niveles de delincuencia y debilidad estatal, aunque la resiliencia se mantiene. De acuerdo al documento In focus, dado a conocer en las últimas horas, la crisis sanitaria “ha golpeado severamente” a una región “asediada por problemas estructurales no resueltos”, donde algunos países sufrían de “procesos de erosión y retroceso democrático” o de “fragilidad y debilidad democrática” incluso antes de que se desatara en marzo la pandemia en esta zona del planeta.

La covid-19 no solo ha segado la vida de cientos de miles de personas, sino agravado más aún problemas estructurales como la desigualdad, pobreza, polarización política, corrupción, altos niveles de delincuencia y debilidad estatal”, analiza Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional.

El informe destaca que las reformas políticas y socioeconómicas, largamente pospuestas en Latinoamérica, han agravado las crisis económicas y de salud pública provocadas por la pandemia. Se le suma un nuevo factor: las medidas restrictivas a los derechos fundamentales para contener la propagación del coronavirus han incrementado el riesgo de afianzar o exacerbar aún más las preocupantes tendencias que presentaba la democracia en la región antes de la crisis sanitaria.

La magnitud de la emergencia llevó a emplear a las Fuerzas Armadas para reforzar cuarentenas, transportar pacientes y distribuir insumos médicos, que vinieron a complementar la acción de las policías. “Pero ni eso detuvo los avances de la delincuencia y la violencia persistente”, añade Zovatto. “En algunos casos, la misma respuesta estatal contempló abusos por parte de agentes del orden, vulneración a la privacidad de datos para rastrear contagios (Ecuador) y restricciones a la libertad de expresión para evitar la alarma pública (en México, el jefe de Estado atacó verbalmente a periodistas y medios por su cobertura)”, agrega el director regional de IDEA Internacional.

En al menos ocho países de la región se ha instruido a las Fuerzas Armadas a intervenir para manejar la atención de la pandemia, especialmente en áreas como logística, transporte, servicios de salud y rastreo de contactos. Pero en algunos países también se les ha otorgado poderes más controversiales, tales como el mantenimiento del orden público y la implementación de medidas restrictivas a la libertad de circulación y asamblea, durante toques de queda y estados de sitio y emergencia. Ejemplifican con Chile, donde los toques de queda y el despliegue de las Fuerzas Armadas se han vuelto comunes desde las revueltas que arrancaron en octubre de 2019. Debido a la pandemia, el país ha decretado el estado de excepción constitucional desde finales de marzo, con prohibición para circular entre medianoche y las cinco de la mañana, actualmente.

No todos los sectores se vieron igualmente perjudicados por la pandemia: mujeres, la comunidad LGTBI y pueblos originarios han padecido con creces la desprotección y el desigual acceso a la justicia, explica Zovatto. El informe indica que en estos meses ha aumentado la violencia doméstica y las brechas entre hombres y mujeres: “Las desigualdades de género se han ido ensanchando durante la pandemia, con el cierre de escuelas y las medidas de confinamiento, lo que ha incrementado la carga de trabajo doméstico de las mujeres, a lo que se le suma una participación ya desequilibrada en las tareas domésticas entre hombres y mujeres en la región”, señala In focus. De acuerdo al estudio, es probable que esto afecte la capacidad de las mujeres para permanecer en el mercado laboral, postularse a cargos públicos y participar en igualdad de condiciones en las esferas económica y política.

Entre los desafíos para la democracia en la región durante la pandemia se incluyen el aplazamiento de procesos electorales. “Hubo una postergación generalizada de elecciones de todo tipo, por atendibles razones sanitarias, pero que en su mayoría pudieron realizarse”, añade Zovatto. Pero pese a los impactos negativos de la pandemia en las democracias, afortunadamente siguen siendo mayoritarias en la región, agrega el director de IDEA Internacional, “con las excepciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde los regímenes han profundizado aún más su naturaleza autoritaria”.

Es un cuadro donde no resulta extraño que las protestas sociales del 2019 estén sufriendo un rebrote que desafía hasta las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, como se ha visto en Colombia, de forma reciente en Argentina y en Guatemala. “La frustración en ciertos sectores más que suspenderse, parece haber estado alimentándose de nuevas razones de descontento”, comenta Zovatto que, sin embargo, ve posibilidades en esta crisis. “Existe un sentido de urgencia que puede ser aprovechado positivamente para hacer reformas largamente postpuestas para optimizar la gobernabilidad democrática y desactivar el clima de frustración reinante, aquel que se expresó en las protestas de 2019 y que abre la puerta a los populismos de distinto cuño”, analiza el politólogo argentino

 

Santiago De Chile - 18 DIC 2020 - 17:41 COT

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Las mujeres, las más afectadas en la perdida de sus ingresos a causa de la crisis sanitaria mundial. Foto OIT]

La disputa creciente por la redistribución del ingreso

19% de asalariados ganan menos que un sueldo mínimo

 

Mil millones de seres humanos padecerán de extrema pobreza en 2030. La pandemia acelera la crisis y los salarios caen en picada. Las mujeres, así como los trabajadores con remuneraciones más bajas, pagan el precio más alto.

Según diversos organismos internacionales en torno a 207 millones de personas van a caer por debajo de la línea de pobreza en los próximos años como consecuencia de la crisis económica resultante del COVID-19. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anticipa cifras no menos dramáticas para el fin de la década: mil millones de personas padecerían de extrema pobreza en el 2030.

El PNUD,  (https://www.undp.org/content/undp/es/home.html y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, (https://unctad.org/webflyer/least-developed-countries-report-2020)  hicieron públicos la primera semana de diciembre dos estudios donde advierten sobre los altos costos de la situación actual “para los países menos desarrollados”, donde vive la mitad de la población mundial.

Ambas organizaciones coinciden que este año los seres humanos que viven con menos de 1.9 dólares por día aumentarán en 32 millones, implicando un incremento de la tasa de pobreza a nivel global del 32.5% al 35.7%.

La proyección más pesimista anticipa que la crisis económica inducida por el COVID-19 persistiría diez años. La UNCTAD recuerda que la pandemia ha afectado especialmente a los países más debilitados porque constituyen las economías más vulnerables y de menos nivel de resiliencia. Se trata de los 47 países menos desarrollados que producen cerca del 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y albergan 1.060 millones de personas. En 2019, el PIB per cápita promedio en esas naciones había sido de apenas 1.088 dólares en el marco de un promedio mundial de 11.371 dólares.

De acuerdo con la UNCTAD, en 2020 esos países tendrán su peor desempeño económico en 30 años, con una caída significativa en sus ingresos, pérdida generalizada de empleos y déficits fiscales cada vez mayores, lo que revertirá años de esfuerzos para alcanzar leves progresos en la reducción de la pobreza, y la mejora de la nutrición y de la educación.

Drama salarial

Según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado también al inicio de diciembre en Ginebra, debido a la pandemia, en el primer semestre de 2020, los salarios mensuales de 2/3 de los países -de los que se cuentan datos oficiales- se redujeron o crecieron más lentamente.  En otros países, el salario medio aumentó, pero solo como producto de cálculos artificiales. Ya que ese incremento -solo estadístico- fue la consecuencia de la pérdida sustancial de puestos de trabajo en los sectores con sueldos más bajos.

Tendencialmente, según el organismo internacional, el horizonte será tormentoso. Estima como probable que en el futuro cercano se produzca una fuerte presión a la baja sobre los salarios dada la actual crisis internacional.

El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 constata que, en América Latina, la pandemia borró rápidamente el leve avance que se había logrado en materia salarial, en particular a partir de 2018, cuando se comenzó a sentir una cierta recuperación.

En este continente se da una situación particular. Una buena parte de asalariados trabaja en la economía informal, razón por la cual muchos han sido excluidos de las medidas de ayuda que han dado algunos gobiernos. En países como México y Brasil, las familias que incluyen personas que tienen empleos informales, han perdido el 60% de sus ingresos a partir de la pandemia.

Principales perjudicadAs

La crisis no ha afectado del mismo modo a todas y todos. Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres. Un sondeo realizado en 28 países europeos concluye que, sin los subsidios estatales, en el segundo trimestre de 2020, la pérdida salarial para las mujeres hubiera sido del 8,1 % frente al 5,4 % para los hombres. La OIT sostiene que “por lo general las mujeres predominan entre los trabajadores mal pagados…En todas las regiones, la proporción de mujeres es mayor entre quienes perciben un salario mínimo o un monto inferior que entre quienes perciben un monto superior al salario mínimo”. También son penalizados los trabajadores jóvenes de menos de 25 años, los que tienen un nivel de instrucción inferior y los trabajadores rurales.

El golpe más fuerte lo sufren los sectores menos pudientes. En esos mismos países, sin los subsidios temporarios, el 50 % de quienes ganan menos hubiera perdido aproximadamente el 17,3 % de su salario. Sin embargo, dichas prestaciones actuaron como amortiguadores. Y compensaron casi la mitad (un 40%) de esa pérdida.

Guy Ryder, Director General de la OIT, al presentar el nuevo estudio, afirmó que “el crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y económica de enormes proporciones”.

Y anticipó que la estrategia de recuperación “debe centrarse en las personas. Necesitamos políticas salariales adecuadas que tengan en cuenta la sostenibilidad del empleo y de las empresas, en las que se aborden también las desigualdades y la necesidad de sostener la demanda”. Ryder lanzó una crítica directa a paradojas inexplicables en el actual sistema: si se quiere reconstruir pensando en un futuro mejor, hay que plantearse cuestiones incómodas, como por qué con tanta frecuencia las ocupaciones de gran valor social, como el personal docente y de la salud son sinónimo de sueldo bajo.

Tema esencial, el salario mínimo

El estudio de la OIT incluye un análisis de los sistemas de salario mínimo, que, podrían constituir un factor determinante para conseguir una recuperación sostenible y justa.

El 90 % de los Estados Miembros de la OIT tiene establecida alguna modalidad de salario mínimo. Sin embargo, aproximadamente 327 millones de asalariada-os (es decir el 19% del total) reciben una remuneración equivalente o menor al salario mínimo por hora vigente.  Y enfatiza que ya “antes de la pandemia

266 millones de personas –el 15 por ciento de todas las personas asalariadas del mundo– percibían una remuneración inferior a la del salario mínimo por hora” (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_762645/lang–es/index.htm).

Las causas principales de esa situación son el incumplimiento de la ley o bien la exclusión de ciertas actividades laborales de la normativa marco. El estudio indica que prácticamente 1 de cada 5 países (el 18 % de los mismos a nivel mundial) que reconocen un ingreso mínimo por ley, excluyen de esa normativa a la-os trabajadora-os agrícolas y doméstica-os, o bien a ambos.

El desafío de un “ajuste salarial suficientemente frecuente” es crucial, enfatiza la organización internacional. Quien constata que en la práctica solo un país de cada dos -que cuenta con un salario mínimo reconocido por ley-, lo ajustó al menos cada dos años en la década 2010-2019. En ese periodo, el aumento real fue, en promedio, de 1.1% en África, 1.8% en las Américas, 2.5 % en Asia y 3.5% en Europa y Asia Central.

La organización internacional mira hacia al futuro. Y lanza como desafío que al prepararse para una nueva y mejor “normalidad”, la existencia de salarios mínimos adecuados- definidos por ley o negociados- podría contribuir a lograr más justicia social y menos desigualdad.

El PNUD, por su parte, estima que con voluntad política se podría evitar lo peor. Si se hicieran inversiones en la dirección establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sería posible rescatar de la extrema pobreza a 146 millones de personas. Para ello, insiste, debería invertirse en esta década en programas de protección y bienestar social, gobernanza, digitalización, y en un cambio hacia la economía verde, así como en mejorar las capacidades productivas. Con un plan ambicioso de impulso a los Objetivos de Desarrollo también se disminuiría la brecha de pobreza en relación al género y se podría reducir en 74 millones el número de mujeres en estado de pobreza, concluye el organismo.

Realidad económica, caída salarial y aumento de la pobreza son tres ángulos de una misma figura. La disputa principal de los actores sociales -sindicatos, movimientos sociales- a nivel mundial es asegurar una mayor participación en la redistribución desde los ingresos sociales. Intentar, al menos, que el triángulo sea equilátero…

Por Sergio Ferrari | 16/12/2020

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El Índice de Desarrollo Humano 2020 desvela cómo los países más acomodados lo son a costa del planeta

Los más prósperos no lo son tanto si se considera cuánto perjudican al medio ambiente, además de las habituales mediciones sobre condiciones de vida, salud y educación de las personas, según un cálculo experimental del PNUD que hoy se presenta

 

Noruega es el país más desarrollado del mundo, según el último Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU que mide la prosperidad en función de las condiciones de vida de la población, así como el acceso a la educación y la salud. Pero si en la ecuación se incluye la presión que ejerce sobre el planeta ―sus emisiones de CO₂ y la huella que deja su consumo― cae 15 posiciones en la lista. Islandia cae 26 escalones, Australia 72 y Estados Unidos 45. El batacazo se lo llevan Singapur (-92) y Luxemburgo (-131). En resumen, sus habitantes viven acomodadamente a costa del medio ambiente. En la parte baja de la tabla, sin embargo, los países más pobres apenas obtienen una calificación de desarrollo distinta si se tiene en cuenta su impacto sobre el medio ambiente. Casi no tienen, aunque son los que más sufren catástrofes climáticas.

 “Como muestra este informe, ningún país del mundo ha logrado un desarrollo humano muy alto sin ejercer una gran presión sobre el planeta. Pero podríamos ser la primera generación en corregirlo”, explicó Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un encuentro con periodistas previo a la presentación este martes del nuevo Índice de Desarrollo Humano 2020.

En el 30 aniversario de este documento que calcula la prosperidad de los países, el PNUD propone redefinir el desarrollo. No es la primera vez. Su creación en 1990, supuso una disrupción: el IDH buscaba medir el progreso más allá del ingreso, el PIB e indicadores meramente económicos. Desde entonces, ha ajustado el cálculo a la desigualdad de sus sociedades y también a la brecha de género. Ambos parámetros ocasionan ligeros cambios en las posiciones de la lista base (condiciones de vida, educación y salud). La inclusión de indicadores relacionados con el impacto de los países sobre el medio ambiente ocasiona, sin embargo, importantes variaciones en la parte alta de la tabla.

“Ahora mismo hay un espacio vacío entre alcanzar el desarrollo humano alto y una baja presión en el planeta”, anotó Pedro Conceição, director de la oficina del PNUD responsable de este estudio, en la cita virtual con la prensa. Ningún país logra altísima prosperidad sin impactar en demasía al medio ambiente, pero hay buenos ejemplos. Uno de los que destacan los autores es Costa Rica, que ocupa la posición 62 de 189 en el IDH, pero que asciende 37 posiciones si se tiene en cuenta su nivel de emisiones y la huella ecológica de su consumo. “Ya ha aprovechado la energía hidroeléctrica y ha descarbonizado en gran medida la producción de electricidad”, anotan. España, por su parte, sube 11 puestos desde la casilla 25.

El objetivo de esta nueva medición, aseguró Steiner, no es “señalar con el dedo” a los países, sino que tomen “decisiones inteligentes” para llenar ese espacio sin dueño de un desarrollo humano elevado compatible con los límites planetarios y más equitativo. En su opinión, la crisis de la covid-19 brinda una oportunidad para conseguir que crecimiento económico no sea sinónimo de destrucción medioambiental e incremento de la desigualdad. Para ello, la reactivación de la actividad, paralizada por los confinamientos y la limitación de la movilidad para frenar la pandemia, debe contemplar medidas muy distintas de lo que se venía haciendo antes de 2020. “Lo de siempre no funciona”, insistió en esta idea que ha remarcado en cada presentación, intervención o entrevista durante el año.

Así, el administrador del PNUD apuntó que “los combustibles fósiles están altamente subsidiados”. Concretamente con cinco billones de dólares, o lo que es lo mismo, el 6,5% del PIB global, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, citado en el informe del IDH. Unas ayudas que, por contra, no está recibiendo la gente vulnerable. “Hemos sugerido a los países que aprueben un ingreso mínimo temporal para los más pobres, los más golpeados por esta crisis. Si cierras las economías para contener al virus, no puedes condenar a la gente a quedarse sin ingresos y, básicamente, a la inanición. Tenemos una emergencia de hambre y la pobreza está en aumento. Estos son solo síntomas de corto plazo de una senda de desarrollo que nos ha dado progreso material, pero que nos ha acercado cada vez más al precipicio, no solo en términos climáticos, sino también sociales; solo hay que ver las protestas que suceden por todo el planeta. El riesgo es que volvamos a donde estábamos al comienzo de 2020″, analizó Steiner.

“En el desarrollo no se trata de elegir entre personas o árboles; sino que tenemos que repensar de qué modo progresamos”, remarcó Steiner. Hay que hacerlo, agregó Conceição, porque “la actividad humana están cambiando los procesos naturales en un nivel planetario”. La presión es tal que “no solo nos ponemos en riesgo a nosotros mismos como especie, sino a toda la vida en la Tierra”, advirtió el experto.

En esta era geológica que algunos científicos han convenido en llamar del Antropoceno, pues pone el foco en el impacto humano en el planeta, se puede conseguir tomar el control para variar el rumbo actual hacia la destrucción. “Los humanos ejercen más poder sobre el planeta que nunca. Es hora de usar ese poder para redefinir a qué llamamos progreso, uno en el que nuestras huellas de carbono y consumo ya no estén ocultas”, anotó Steiner.

El informe enumera alguno de esos mecanismos posibles para el cambio. “Primero, a través de las normas sociales (como lo es el uso de bolsas de plástico, por ejemplo). Lo segundo son los incentivos: sabemos que actualmente los precios determinan nuestras elecciones, pero no incorporan los daños al planeta. Lo tercero, hay que dejar de considerar la preservación del medio ambiente como algo que limita lo que podemos hacer; sin embargo, tenemos que ver en la naturaleza una oportunidad de continuar el desarrollo con menos presión sobre el planeta”, resumió Conceição.

La clasificación del IDH tradicional comparada con la nueva ajustada a la presión sobre el planeta se puede consultar en la página 241 del análisis que el PNUD ha redactado para sostener una idea: el bienestar de las personas es indivisible de la habitabilidad de la Tierra. Por eso, el desarrollo humano no puede ser definido como hasta ahora nunca más, ignorando al medio ambiente. De momento, el organismo de la ONU ha puesto sobre la mesa esta propuesta “experimental”, según sus términos, de medición del progreso. El objetivo: que los dirigentes tomen decisiones para mejorar la vida humana y preservar lo que la hace posible.

 

Paracuellos De Jarama - 14 DEC 2020 - 18:10 COT

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Jueves, 03 Diciembre 2020 05:58

El virus arrasó con el salario en el mundo

El virus arrasó con el salario en el mundo

Informe de la Organización Internacional del Trabajo

 

La crisis tiene un impacto mucho más fuerte en los segmentos más desprotegidos del mundo laboral, que además son los peores pagos. En consecuencia, la pandemia aceleró la desigualdad hacia el interior del mundo del salario. 

La pandemia no sólo destruyó empleo a lo largo y ancho de la economía global sino que también generó una caída de los salarios en dos tercios del mundo, alertó este miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La crisis tiene un impacto mucho más fuerte en los segmentos más desprotegidos del mundo laboral, que además son los peores pagos. En consecuencia, la pandemia aceleró la desigualdad hacia el interior del mundo del salario. El informe destaca que la caída de las horas de trabajo derivó en una baja de la masa salarial del 6,9 por ciento entre las trabajadores mujeres, superior a la merma del 4,7 en los varones. Y pone el foco en un fenómeno inusual de esta crisis: la masiva reducción voluntaria de salarios y los subsidios masivos de parte del Estado.

Según la OIT, en los años previos a la pandemia (2016-2019) el poder adquisitivo del salario registró un leve incremento, de entre el 0,4 y el 0,9 por ciento en las economías avanzadas. En ese grupo, el mejor desempeño se dio en la República de Corea, en donde el salario subió un un 22 por ciento y en Alemania (15 por ciento). En cambio, en Italia, Japón y Reino Unido el salario real se redujo. Entre 2008 y 2019, el salario real se más que duplicó en China. A contramano del mundo, en la Argentina el salario real se redujo en promedio alrededor de un 15,7 por ciento desde fines de 2015 hasta fines de 2019, calcula la UMET. Ese deterioro se explica por una inflación desbocada durante el gobierno de Mauricio Macri junto a caída de la producción y deterioro financiero.

El impacto de la crisis

"La crisis imprimió una presión a la baja en el nivel o en la tasa de crecimiento de los salarios medios de dos terceras partes de los países. En otros países como Brasil, Canadá, Francia, Estados Unidos e Italia, el salario medio aumentó como reflejo de la pérdida sustancial de puestos de trabajo entre los trabajadores con salarios más bajos", indica la OIT. 

El informe detalla que la crisis "afectó muy especialmente a los trabajadores con salarios más bajos y en consecuencia aumentó las desigualdades salariales". Por otro lado, "la crisis no ha tenido las mismas consecuencias para las mujeres que para los hombres. Son ellas quienes más sufren los efectos adversos", advierte el organismo, y muestra que "la masa salarial perdida a consecuencia de la caída de las horas de trabajo fue del 6,9 por ciento en el caso de las mujeres, frente al 4,7 por ciento en el de los hombres".

Sostén estatal y reducción voluntaria

"Para una selección de 10 países europeos los subsidios al salario permitieron compensar el 40 por ciento de la pérdida de masa salarial, incluido el 51 por ciento de la pérdida de masa salarial provocada por la reducción de las horas de trabajo", dice la OIT.

Muchos gobiernos definieron que la ayuda sea una porción del salario mínimo, como los casos de Croacia y Letonia (75 por ciento del salario mínimo) y Polonia (del 50 al 90 por ciento). En el caso de la Argentina, el salario mínimo se estableció como un techo, al definir un tope de dos veces ese monto, mientras que en Luxemburgo se puso ese máximo en 4,5 veces.

Una de las particularidades que tuvo el comienzo de la crisis de la pandemia es que el cierre violento de la oferta global de la economía amenazó con la quiebra masiva de empresas, con lo cual se negociaron en muchos rubros en países de todo el mundo reducciones temporarias de manera voluntaria en los salarios. El informe de la OIT muestra que el 35 por ciento de los trabajadores de los Estados Unidos, 30 por ciento del Reino Unido y 20 por ciento de Alemania cobraron menos en marzo que en febrero y enero de este año. 

La OIT destaca en este punto el caso de la Argentina "en donde el gobierno prohibió los despidos sin causa a través de acuerdo que incluyó el recorte del 25 por ciento de los salarios por sesenta días en los sectores bajo confinamiento". También menciona el caso de Chile, en donde "la proporción de empresas que llegaron a acuerdos de reducción temporaria de salarios pasó del 6,6 por ciento en abril al 8,4 por ciento en julio y hasta el 15 por ciento en algunos rubros". También se detalla medidas similares aplicadas en Paraguay, Uruguay, Etiopía, India y Burkina Faso.

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La covid-19 precipita a América Latina a otra década perdida: 45 millones más de pobres en 2020

 

La Gran Pandemia -sanitaria y económica- ha desembarcado con especial virulencia en la comunidad latinoamericana, donde varias decenas de millones de personas se verán inmersas en la extrema pobreza. Unos 45 millones sólo este año, según cálculos de Cepal, la agencia de la ONU para el desarrollo económico de la región.

21/09/2020 07:18

DIEGO HERRANZ

El año de la pandemia será otro ejercicio maldito para América Latina. Unos 45 millones de personas pasarán a sobrevivir en situaciones de pobreza extrema en una de las latitudes con uno de los diferenciales de riqueza más acusados del planeta. Un reciente estudio de Cepal, la agencia de Naciones Unidas, advierte de un repunte substancial de ciudadanos de la comunidad latinoamericana que soportarán los rigores de la pandemia. Con más de una tercera parte de su población bajo una amenaza real de perder sus empleos y el yugo de que la inseguridad alimenticia impacte directamente sobre su estabilidad familiar.

También por el déficit de fondos que han puesto en marcha los gobiernos de la región. Frente a las inversiones próximas al 40% del PIB que ha movilizado Europa para combatir la doble crisis, sanitaria y económica, los planes de gasto instaurados por las autoridades latinoamericanas no alcanzan, ni de lejos, el 10% de su capacidad productiva anual. Para la secretaria ejecutiva de Cepal, la diplomática mexicana Alicia Bárcena, el escenario es de suma gravedad. Hasta el punto de asegurar que el Hemisferio Sur de América se enfrenta a una década perdida. La covid-19 ha puesto a sus países ante la disyuntiva de articular medidas como la renta básica, los subsidios a los productos alimenticios y una táctica geoestratégica en toda línea de renegociación de sus, cada vez, más voluminosas ratios de deuda si desean tener éxito en la instauración de un ciclo de negocios sostenible en el tiempo. En otro diagnóstico de situación, la Cepal y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dan por descontado que "sólo si se logra revertir la curva de contagio de la pandemia se podrán reactivar las economías de la región".

Para lo cual, ambas instituciones proponen un enfoque en tres fases, que incluye una agenda reformista con políticas sanitarias, económicas, sociales y de índole productivo dirigidas a reactivar, con salvaguardas de protección, una reconstrucción de sus patrones de crecimiento que favorezcan la prosperidad y la distribución inclusiva de riqueza. El coronavirus aterrizó en América Latina el 26 de febrero, cuando Brasil confirmó el primer caso en Sao Paulo. Desde entonces, certifica uno de cada cuatro casos de contagio en el mundo. Tras superar, a comienzos de mes, los 7,5 millones de afectados y los 280.000 fallecidos. Con Brasil, -más de 4,2 millones de contagiados y más de 130.000 muertes-; Perú (más de 657.000 casos y 29.000 decesos); Colombia (unos 624.000 enfermos y unas 20.000 defunciones); México (más de 606.000 casos y más de 70.000 fallecidos) y Argentina (428.200 infectados y 8.971 decesos) entre las diez naciones con más defunciones por covid-19.

El coste humano "continúa siendo demasiado alto, inaceptable, porque se certifican casi 4.000 muertes al día en nuestra región", afirma la directora de la OPS, Carissa Etienne. La epidemia "ha afectado profundamente, no sólo a la vida diaria de las personas en la región, sino también sus medios de vida", además de dirigir al conjunto de Latinoamérica a "la recesión más abrupta de su historia". Según Cepal, el receso de actividad en 2020 será del 9,1%, con un alza del desempleo que superará la barrera del 13,5% de la población activa en la totalidad de sus territorios y un repunte de la tasa de pobreza de 7 puntos básicos, hasta alcanzar al 37,3% de la población, que se traducirá en un empeoramiento notable de la brecha social. Por si fuera poco, ambas organizaciones señalan otro foco de tensión con daños colaterales directos sobre las sociedades civiles de la región: "Sus sistemas de Salud, ya infradotados financieramente y muy fragmentados" antes de la covid-19, se enfrentan a una respuesta incierta ante la pandemia por las debilidades de gestión de sus rectores".

El gasto público en Sanidad apenas registra de promedio el 3,7% del PIB, por debajo del 6% recomendado por la OPS. Lo que supone que una tercera parte de la población todavía enfrenta algún tipo de barrera para acceder a los servicios de salud que necesita.

América Latina contabiliza uno de cada cuatro contagios del planeta, con Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina entre las diez naciones con más defunciones por covid-19.

Sistemas sanitarios débiles

"Los elevados niveles de desigualdad, junto a las altas tasas de pobreza, la lacra estructural de unas economías con grandes dosis de informalidad -contratación opaca y actividad sumergida- y el limitado acceso a una atención médica de calidad, explican -a juicio de Cepal y la OPS- los cuantiosos costes sociales que la epidemia está teniendo en la región". Además del fenómeno de urbanización y metropolización -más de un tercio de la población habita en ciudades de un millón o más habitantes- y de los déficits acumulados en las capitales del área latinoamericana en materia de hacinamiento e infraviviendas, falta de servicios públicos esenciales como el agua y sus instalaciones de saneamiento o un transporte urbano atestado. Todo ello se suma a la gran fragilidad histórica de sus modelos sanitarios, que ha contribuido a su vulnerabilidad. En materia de salud, "los hogares financian más de un tercio de los gastos en atención de salud con pagos directos; cerca de 95 millones de personas han afrontado desembolsos familiares por covid-19 y casi 12 millones se han empobrecido por ello. Además, y según la OCDE, "la disponibilidad de médicos y de camas hospitalarias no llega ni a la mitad de la que tienen países más desarrollados.
El estudio habla de varios grupos sociales especialmente vulnerables: las personas mayores (85 millones), trabajadores informales (54% del empleo regional), mujeres (mayoría en actividades informales, con trabajo no remunerado aumentado y mayor exposición a violencia doméstica), pueblos indígenas (60 millones y con comunidades que pueden desaparecer), afrodescendientes (130 millones de personas en 2015), con discapacidad (70 millones de personas) y migrantes.

En una entrevista en Foreign Policy, Bárcena explica más pormenorizadamente los efectos de la pandemia social, derivada de la sanitaria y, por supuesto, de la económica, con datos sobre la década perdida que se avecina en la región. "El PIB per cápita volverá a los niveles de 2010 y se retrocederá 14 años en términos de tasa de pobreza -cuantitativamente, se pasará de 186 a 231 millones de los 630 de su censo poblacional, con 44 millones de personas fuera de los mercados laborales". Al menos 491 millones tendrán que sobrevivir con menos de 500 dólares al mes. Pero también pasa revista a las tensiones con productos de primera necesidad como la alimentación. Bárcena hace referencia, sobre todo, a las naciones caribeñas. "Por ejemplo, Bahamas importa el 60% de su consumo y Antigua y Barbuda, el 55%; así que algo de vulnerabilidad existe también en este ámbito", explica.

Al igual que en materia de malnutrición. "Otro gran problema en estos países y en América Central, incluido México". Muchos de ellos relacionados con la obesidad y que son factores que empeoran los contagios por covid-19, afirma Bárcena.

La Cepal alerta de que el PIB per cápita volverá a los niveles de 2010 y se retrocederá 14 años en términos de tasa de pobreza; al menos, 491 millones tendrán que sobrevivir con menos de 500 dólares al mes

Soluciones de cooperación internacional

La máxima autoridad de la Cepal precisa la ayuda multilateral. El FMI, con sus recursos contra el coronavirus, por las que ha desplegado 88.000 millones de dólares por todo el mundo, ha hecho llegar a veinte naciones latinoamericanas 51.000 millones. "Pero dispone de mayor margen de asistencia financiera. A través de una ampliación de sus derechos especiales de giro, la moneda de la institución. Podría alcanzar los 275.000 millones que inyectó en 2009 para contener el daño colateral del credit crunch. Esa debe ser su prioridad número uno".

Una segunda opción sería la búsqueda de fórmulas para capitalizar créditos multilaterales. En principio, mediante los bancos que operan con préstamos a la prosperidad de la región. Todos ellos pueden llegar a mayores arsenales financieros. En tercer término, incentivando un proceso de renegociación de la deuda. Para las naciones caribeñas, con exigencias de adaptación jurídica para combatir el cambio climático. La mayor parte de ellas tienen una losa de endeudamiento que les impide un crecimiento inclusivo. Y, finalmente, promoviendo instrumentos de innovación, con objeto de sufragar las capacidades económicas de la comunidad latinoamericana.

Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del FMI, según la denominación de la jerga multilateral, incide en un reciente blog personal en que el desconfinamiento de la covid-19 precisa de soluciones "guiadas por la ciencia y los datos empíricos" si quiere dejar de ser el epicentro de la pandemia y animar con suficiente brío la recuperación. "La distancia social y las medidas de prevención están íntimamente relacionadas con el despegue de la actividad en este segundo semestre del año", asegura. Y restablecer los indicadores de comercio y generación de empleo.

A su juicio, las políticas monetarias a lo largo y ancho de la región pueden aún reducir el precio del dinero y recortar así los riesgos financieros, demasiado elevados, y contribuir con ello a una corrección de los niveles de desigualdad. Y, desde la órbita fiscal, activar medidas para llegar a los estratos más débiles de las sociedades. Para, más tarde, a medio plazo, adoptar mecanismos de consolidación presupuestaria combinadas con políticas activas de empleo; en especial, la de los desempleados de larga duración. Pero, en estos momentos, la urgencia es activar todos los recursos precisos para evitar una segunda oleada de contagios. Porque la coyuntura se ha deteriorado con suma rapidez.

El FMI reclama a los bancos centrales rebajas más agresivas de tipos y a los gobiernos medidas dirigidas a los estratos más desfavorecidos porque la urgencia es evitar una segunda oleada; a medio plazo, consolidación fiscal

Una región en recesión sincronizada

Argentina. El FMI espera una recesión del 10% en 2020. Con crecientes riesgos. Porque el Fondo admite que se revisará a la baja, dada la prolongada cuarentena impuesta por Buenos Aires, así como la drástica pérdida de demanda externa y el descenso del precio de las materias primas y las dudas que levanta el proceso de reestructuración de su deuda, que resta confianza inversora.

Brasil. Las proyecciones de comienzo del verano hablan de unos números rojos del 9% y de una reactivación del 3,6% en 2021. Ensalza los programas fiscales y la política monetaria, pero afirma que la retirada de ayudas podría perjudicar el crecimiento del próximo ejercicio. Tras un ciclo de negocios demasiado corto, tras la contracción de 2015-2016. Una agenda de reformas sociales y económicas de carácter estructural será ineludible si la mayor economía regional desea volver a su potencial de prosperidad.

Chile. Caída del PIB del 7,5% y rebote del 5% el próximo año. Con el punto de inflexión en el tercer trimestre. A pesar de las impredecibles medidas fiscales, monetarias y financieras que se han implantado en el país.

Colombia. Tampoco eludirá su primera recesión en dos décadas. Del 7,8%, aunque con un alza del 4% para 2021, si la emergencia sanitaria se estabiliza. Su banco central ha cumplido con unos precios del dinero laxos. Pero el gobierno no ha seguido sus pasos. Ha suspendido dos años los recursos previstos para, en teoría, proveer de mayor flexibilidad a la respuesta sanitaria y la crisis económica.

México. La contracción de la segunda economía regional responde a un compendio de factores. Desde la caída de los precios del petróleo, a la volatilidad de los mercados de capitales, pasando por la interrupción de las cadenas de valor empresariales, la debilidad de la confianza del sector privado o el descenso de inversiones. El PIB mexicano retrocederá un 10,5% con un despegue modesto el próximo año. El banco central tiene margen de maniobra para bajar tipos y devolver su poder de atracción de capitales foráneos. También el Ejecutivo, que ha activado el programa fiscal más pobre entre los socios del G-20. Un riesgo para frenar la contracción y facilitar un ciclo de negocios dinámico. Los esfuerzos de protección social por la pandemia requerirán un proceso de consolidación fiscal creíble a medio plazo capaz de corregir la brecha de desigualdad del país.

Perú. La crudeza de la epidemia y la baja demanda externa dirige su PIB a una recesión del 14%. A pesar del "significativo respaldo económico" del Gobierno, el desempleo se ha disparado. Aun así, el FMI espera una reactivación notable para 2021, del 6,5%. Un despegue que depende más que en ningún otro país de la región de que se logre frenar la pandemia y se reactive la economía global.

América Central, República Dominicana y Panamá. Todos sus países tienen como denominador común unas profundas contracciones este año con graduales recuperaciones en 2021, una vez pueda superarse las trabas al turismo, se reanime el comercio y vuelvan a entran remesas de su población en el exterior. El freno de los flujos comerciales está teniendo un impacto mayor en Panamá, El Salvador y Nicaragua. El colapso del turismo, en República Dominicana y Costa Rica y el parón de entrada de remesas en el triángulo del norte centroamericano y Nicaragua. En esta zona también tienen un efecto negativo los desastres naturales, particularmente, en El Salvador. Todos ellos han elevado sus tasas de vulnerabilidad social, ante la interrupción de ingresos en la órbita familiar. Los tipos de interés bajos, las garantías crediticias y el apoyo financiero al sector privado con recursos presupuestarios han relajado las condiciones prestamistas.

Países caribeños. Son los que han logrado doblegar la curva de contagios de la covid-19. Pero sus coyunturas no lograrán eludir la recesión. Esencialmente, por el freno turístico. Volverán a sus niveles de renta per cápita y capacidad productiva en tres años. El descenso de cotización del crudo ha dañado su vigor exportador y ha hecho mella en las arcas de sus Haciendas. La caída de recaudación fiscal también se ha interrumpido por la estación de huracanes.

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Apremia la ONU a cambiar modelo de desarrollo en AL

A finales de año 230 millones de personas en la región serán pobres

 

La desigualdad en América Latina se ha vuelto insostenible; por ello es necesario abordar los problemas estructurales y transformar el modelo de desarrollo en la región, explicó António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas; implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social", pronunció, a propósito de la publicación El impacto de Covid-19 en América Latina y el Caribe.

El documento estima que la contracción en la actividad económica de la región –ahora epicentro de la crisis sanitaria– será de 9.1 por ciento en 2020. Ello se traduce en que a finales de año 230 millones de personas serán pobres, uno de cada tres habitantes de América Latina, y que 96 millones no tendrán ingresos suficientes para comida.

En el caso de México, la ONU estima que 50.3 por ciento de la población se encontrará en pobreza y 18.2 por ciento en pobreza extrema a finales de 2020, ambos por encima de los promedios de América Latina, que son de 37.2 y 15.5 por ciento, respectivamente.

La desigualdad aumentará 4.7 por ciento en la región, particularmente en Brasil y México, donde alcanzará hasta 5 por ciento, explicó aparte Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el caso del desempleo se estima que alcance una tasa de 13.5 por ciento que representa a 44 millones de latinoamericanos. Todos estos factores harán que la región pase por la crisis más profunda en 100 años.

Necesario, apoyo internacional

En este contexto, Guterres señaló que "la situación requiere urgentemente un mayor apoyo internacional" para los países de esta región. "No deben quedar excluidos de la asistencia mundial".

A excepción de Haití, los países de América Latina se consideran de ingresos medios. De hecho 77 por ciento de las personas en la región se consideran de ingreso medio, pero no tienen capacidad de ahorro, es una condición muy frágil y que en muchas ocasiones está sostenido en el endeudamiento de los hogares, explicó la secretaria ejecutiva.

Bárcena subrayó, además, que la región trae a cuestas limitaciones de balanza de pago, crisis cambiarias y alta informalidad, todos problemas que se suman a la crisis del coronavirus, por lo que serán necesarias condiciones favorables de financiamiento, exenciones, aplazamiento de pagos por servicio de la deuda y ampliar la asignación de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.

"Nuestra región tiene interés político de invertir, pero no necesariamente tiene espacio fiscal necesario. Eso hace que tenga problemas de liquidez muy pronto y por tanto una respuesta multilateral y de las organizaciones financieras internacionales será necesaria, porque nuestros países, por ser considerados de ingreso medio, no son a veces incluidos en esta medida multilateral que ha tomado el G-20 para países de ingreso bajo", detalló.

De vuelta a los cambios estructurales y de modelo de desarrollo que son necesarios en América Latina, Guterres subrayó que también implican una mayor integración económica regional y supone que las mujeres participen plenamente y en condiciones seguras en la vida pública y económica.

También se debe reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, dado que la ciudadanía se siente excluida, así como la rendición de cuentas y la transparencia que "son fundamentales".

Primero que todo, se debe "hacer más" por reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, priorizar la educación a distancia, dar continuidad a los servicios dedicados a la infancia y enfocar apoyos a los grupos más vulnerables: las mujeres y los indígenas.

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Sábado, 08 Febrero 2020 06:32

“Curva de elefante” y clase media

“Curva de elefante” y clase media

Thomas Piketyy en su más reciente libro, Capital e ideología, retoma una gráfica de Milanovic para representar las desigualdades en el mundo en las últimas décadas. Lo notable de esa curva que mide los ingresos de la población es que toma la forma de una “curva de elefante”. Los primeros deciles, que abarcan a las personas del planeta más pobres han experimentado un crecimiento porcentual notable de su capacidad adquisitiva. Los deciles intermedios, es decir los “sectores medios“ han tenido un aumento, pero moderado, en tanto que el decil superior, especialmente el uno por ciento más rico ha experimentado un crecimiento exponencial de sus ingresos, tomando la forma de una pronunciada trompa.

Salvando las diferencias numéricas es posible también representar la distribución de los ingresos en Bolivia desde el año 2006 al 2018 como una “curva de elefante” moderada.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2006 y 2018, el 33 por ciento de los bolivianos anteriormente pobres alcanzaron ingresos medios (entre 5 y 50 dólares/día), pasando de 3.3 a 7 millones. El salario mínimo del país, que reciben la mayoría de los asalariados, subió de 440 bolivianos a 2 mil 122 (de 55 a 303 dólares, es decir, 550 por ciento). Como señala el Banco Mundial, Bolivia fue la nación que más favoreció en la pasada década –con distintas políticas redistributivas– los ingresos de 40 por ciento de la población vulnerable, en promedio 11 por ciento anual; por lo que está claro que la primera parte de la curva de Piketty está verificada.

Las clases altas por su parte, después de la nacionalización de los hidrocarburos, electricidad agua y telecomunicaciones, han tenido también un notable crecimiento de sus ingresos. La rentabilidad anual de la banca ha saltado de 21 a 208 millones anuales. Los productores mineros privados y la agroindustria han pasado de exportar 794 y 160 millones de dólares en 2006 a 4,001 y 434 en 2018. Por su parte, el monto global de la ganancia registrada del sector empresarial ha pasado de 6 mil 700 en 2005 a 29 mil 800 millones de bolivianos en 2018, 440 por ciento más. Lo que verifica la trompa de la curva; con una diferencia respecto a lo que sucedió escala mundial: una reducción drástica de la desigualdad entre el 10 por ciento más rico con respecto al 10 por ciento más pobre que se redujo de 128 veces a 36, fruto de las cargas impositivas a las empresas ( government take gasífero de 80 por ciento, bancario de 50 por ciento y minero de entre 35 y 40 por ciento); por lo que debemos hablar de una trompa de elefante recortada o moderada.

Lo que falta ahora es saber que pasó con el sector medio de la sociedad.

Las clases medias tradicionales

Se trata de un sector social muy diverso en oficios y propiedad formado después de la revolución de 1952 con los retazos de la vieja oligarquía derrotada, pero cohesionada en torno al reciclado sentido común de un mundo racializado en su orden y lógica de funcionamiento. Son profesionales de segunda generación, oficinistas, oficiales uniformados, intermediarios comerciales del Estado, pequeños empresarios ocasionales, ex latifundistas, propietarios de inmuebles alquilados, políticos de oficio, etcétera.

A primera vista han tenido un incremento de sus ingresos y del valor de sus bienes inmuebles. La tasa de crecimiento de la economía en 14 años, en promedio 5 por ciento anual, ha favorecido en general a toda la sociedad. Pero mientras las clases plebeyas tuvieron un incremento de sus ingresos de al menos 11 por ciento cada año y los asalariados más pobres 500 por ciento en 13 años. En el caso de los salarios altos, el presidente Evo Morales fijó como remuneración máxima el salario presidencial, que se redujo de 26 mil bolivianos a 15 mil; y en 13 años sólo subió a 22 mil, es decir, 46 por ciento, lo que llevó a que los ingresos de los profesionales con cargos más altos tengan que apretarse como acordeón por debajo del techo presidencial. Así, mientras la economía nominalmente pasaba de 9 mil 500 a 41 mil millones de dólares, un aumento de 430 por ciento, las clases medias profesionales sólo tuvieron un incremento menor a 95 por ciento por ciento de su salario promedio. Para las nuevas clases medias populares ascendentes era una gran conquista de igualdad, pero para las tradicionales, posiblemente un agravio.

Los propietarios de bienes inmuebles no sufrieron una depreciación de sus propiedades ni mucho menos una expropiación, pero el riguroso control de la inflación que ejerció el gobierno (alrededor de 5.4 por ciento en promedio en los pasados 13 años) y la gigantesca política de fomento a la construcción de viviendas, ya sea mediante cientos de miles viviendas estatales donadas y la obligatoriedad de crédito bancario a la construcción de vivienda a una tasa de interés de 6 por ciento, llevó a una amplia oferta que atempero el aumento de los precios de las viviendas en un tope no mayor a 80 por ciento en toda una década.

De esta manera las clases medias tradicionales tuvieron un incremento moderado de sus ingresos, porcentualmente mucho menor que el de las clases populares y las clases altas, lo que completa la parte baja de la “curva de elefante” de las desigualdades nacionales.

Si a ello sumamos que en este mismo tiempo a los 3 millones de personas de “ingresos medios” que ya existían en 2005 se sumaran otros 3.7 millones, resulta que para un puesto laboral donde habían tres ofertantes, ahora habrán seis; llevando a una devaluación de facto de 50 por ciento de las oportunidades de la clase media tradicional.

Esta “devaluación” de la condición social de la clase media se vuelve tanto más visible si ampliamos la forma de medir los bienes de las clases sociales a otros componentes más allá de los ingresos monetarios y el patrimonio, como el capital social, cultural y simbólico.

Toda sociedad moderna tiene mecanismos formales e informales de regulación de influencias sociales sobre las decisiones estatales. Ya sea para debatir leyes, defender intereses sectoriales, ampliación de derechos, acceso a información relevante, puestos laborales, contratación de obras, créditos, etcétera, los partidos, pero también los lobbys profesionales, los bufetes de abogados y las redes familiares funcionan como herramientas de incidencia sobre acciones estatales. En el caso de Bolivia hasta hace 14 años, los “apellidos notables”, los vínculos familiares, los círculos de promoción estudiantil, las fraternidades, las amistades de residencia gatillaban una economía de favores en el aparato estatal.

Un apellido siempre ha sido un certificado de “honorabilidad” y, a falta de ello, el paso por determinados colegios, universidades privadas, lugares de esparcimiento o pertenencia a una logia desempeñaban el resorte de parcial blanqueamiento social.

Ya sea en gobiernos militares o neoliberales siempre había una lógica implícita de los privilegios estatales y de los lugares preestablecidos, social y geográficamente, que las personas debían ocupar.

Por eso cuando el “proceso de cambio” introduce otros mecanismos de intermediación eficiente hacia el Estado, las certezas seculares del mundo de la clase media tradicional se conmocionan y escandalizan. La alcurnia, la blanquitud y la logia, incluidas su retórica y su estética, son expulsadas por el vínculo sindical y colectivo. Las grandes decisiones de inversión, las medidas públicas importantes, las leyes relevantes ya no se resuelven en el tenis club con gente de suéteres blancos, sino en atestadas sedes sindicales frente a manojos de hojas de coca. La liturgia colectiva sustituye la ilusión del mérito: 80 por ciento de los alcaldes han sido elegidos por los sindicatos; 55 por ciento de los asambleístas nacionales y 85 por ciento de los departamentales provienen de alguna organización social. Los puestos laborales en la administración pública, las contrataciones de obras pequeñas, la propia atención ministerial requiere el aval de algún sindicato urbano o rural. Hasta la “servidumbre doméstica”, vieja herencia colonial del sometimiento de las mujeres indígenas, ahora impone derechos laborales y de trato digno. Los “indios están alzados”, y la indianitud anteriormente arrojada como estigma o veto al reconocimiento, ahora es un plus que se exhibe para decir quien tiene el poder. En todo ello hay una inversión de la polaridad del capital étnico: del indio discriminado se pasa al indio empoderado.

La plebe, anteriormente arrinconada a las villas y anillos periféricos, invade los barrios de las “clases bien” comprando y alquilando domicilios vecinos rompiendo las tradicionales geografías de clase. Las universidades se llenan de hijos de obreros y campesinos. Los exclusivos shoppings se vulgarizan con familias populares que traen sus costumbres de cargar su comida en aguayo y meterse a los jardines de los prados. Y las oficinas antes llenas de traje, corbata y falda tubo, ahora están atravesados por ponchos, chamarras y polleras.

Para la clase media es el declive del individuo frene al colectivo, del “buen gusto” frente al cholaje que lo envuelve todo y en todas partes. Hasta las clases altas más hábiles en entender el nuevo relato social se agrupan también como gremio y se vuelven diestras en las puestas en escena corporativas.

Pero la clase media tradicional no. La simulación siempre ha sido un estilo de su clase, pero que ahora no le da réditos. Otras apariencias más cobrizas, otros hábitos e incluso otros lenguajes ahora desplazan lo que siempre consideró un derecho hereditario. Y antes que racionalizar el hecho histórico, prefiere ahogarse en las emociones de una decadencia social inconsulta. El resultado será un estado de resentimiento de clase contra la igualdad que lo irradiará hasta sus hijos y nietos. Por eso su consigna preferida es “resistencia”. Se trata de resistir la caída del viejo mundo estamental. Y para ello el fascismo es su modo de encostrarse.

Así, más que una querella por los bienes no adquiridos la rebelión de la clase media tradicional es un rencor encolerizado por lo que considera un desorden moral del mundo, de los lugares que la gente debiera ocupar y de la distribución de reconocimientos que por tradición les debiera llegar.

Por eso el odio es el lenguaje de una clase envilecida que no duda en calificar de “salvajes” al cholaje que la está desplazando. Y es que al final no se puede ganar impunemente la lucha contra la desigualdad. Siempre tendrá un costo social y moral para los menos, pero lo cobrarán.

Esta es también una de las preocupaciones de Piketty en su libro, pues está dando lugar a un surgimiento de un tipo de populismo de derechas y de fascismo alentado por la insatisfacción de estos sectores medios con nulo o bajo crecimiento de sus ingresos. Y en el caso de Bolivia a un tipo de neofascismo con envoltura religiosa.

* Ex vicepresidente de Bolivia en el exilio

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Domingo, 10 Febrero 2019 06:05

¿Por qué Honduras?

¿Por qué Honduras?

La migración hondureña se hace nuevamente presente con el formato de caravana, tres meses después de la de octubre de 2018 que llamó la atención por su masividad, beligerancia, impacto mediático y solidaridad desplegada.

La de 2019 sigue siendo muy numerosa: 11 mil 366 personas registradas el 27 de enero, y es preponderantemente hondureña (73 por ciento), en menor medida salvadoreña (13 por ciento), guatemalteca (11 por ciento) y de algunos otros países (3 por ciento).

No obstante, ya no se presenta de manera beligerante, en buena parte porque hay una nueva política migratoria de acogida al migrante y de ingreso ordenado y legal. Ya no hubo un asalto a la entrada como la escena del puente en octubre, debido a la política anterior de contención. Tampoco hay banderas hondureñas e himnos nacionales. A su vez, la caravana ha recibido menos impacto mediático que la anterior y también menos solidaridad de la población.

En otros artículos sobre el tema, había mencionado que el saldo de la caravana de octubre pasado no era favorable. Si bien no hay estadísticas precisas, sólo un grupo minoritario logró pasar la frontera, otro grupo espera en Tijuana, uno más regresó a su lugar de origen y otro recibieron condición de refugiados o visas humanitarias en México.

Pero al parecer este balance no ha impactado en la población hondureña que persiste en su afán de llegar a Estados Unidos. Tampoco han impactado las amenazas y exabruptos del inquilino de la Casa Blanca. Y las condiciones en Honduras siguen igual que antes, al presidente en turno tampoco le afectan las denuncias de sus connacionales, ni siquiera que su hermano, apresado en Miami, sea líder de un cártel hondureño. Juan Orlando Hernández cuenta con el apoyo de Estados Unidos, del Congreso y de las fuerzas armadas.

En otros casos, como en México y Colombia, la violencia sistémica suele generar desplazamientos interno más que emigración internacional. Pero en el caso de Honduras, dado el tamaño del país y de la población (nueve millones), no hay dónde ir, por eso se plantea la alternativa internacional. Es también el caso de El Salvador y Guatemala.

Las alternativas de cambio y desarrollo se han cerrado para estos países centroamericanos. La revolución armada fue un baño de sangre, del que escapó Honduras, pero lo vivió de cerca. La democracia, de derecha o de izquierda, no ha podido detener la sangría que huye de la pobreza, la violencia y las carencias institucionales. Los gobiernos corruptos se encadenan y justifican en elecciones democráticas.

La migración hondureña tiene un fuerte componente político, como en el caso de Venezuela. Este se hizo presente a lo largo de todo el trayecto de la caravana de octubre, con las banderas en alto y comunicados a la prensa. El éxodo fue acompañado por líderes políticos y de opinión como el ex diputado Bartolo Fuentes, quien asiste a reuniones de muy alto nivel en México y el comunicador Milton Benítez quien fue el interlocutor designado ante la representación de la ONU, en México, cuando se exigían camiones para el transporte de la caravana. Hay una organización y dirigencia política detrás las caravanas, por más que se afirme que se trata de un éxodo "sin Moisés". Y también hay organizaciones detrás, que "acompañan y asesoran" a los migrantes.

Los últimos datos del Pew Hipanic, para 2015 informan que el contingente de hondureños en Estados Unidos, era de tan sólo 630 mil, mientras que los guatemaltecos sumaban 980 mil y los salvadoreños un millón 420 mil. Los números responden a procesos históricos y de maduración diferente, la migración salvadoreña repunta en 1980, la guatemalteca en 1990 y la hondureña en 1998 con el huracán Mitch. Los hondureños llegaron al final de todos y tienen prisa, por probar las bondades y mezquindades del sueño americano.

Quedan pendientes muchas preguntas. Los tiempos de las caravanas no han podido ser peor escogidos. En las tres ocasiones: abril, octubre y enero le dieron en la yema del gusto a Trump. También han puesto a prueba al gobierno mexicano, el de Peña Nieto libró como pudo y el actual, con un nuevo "paradigma" de visas humanitarias, ha resuelto momentáneamente el tránsito, pero el tiempo dirá si no ha provocado un efecto llamada. A las caravanas siempre se han sumado migrantes de otras nacionalidades: cubanos, haitianos, ecuatorianos, brasileños africanos y rusos.

Por lo pronto la política de contención se da ahora en Estados Unidos, con el muro, pero también con el acuerdo aceptado por México de que EU puede devolver a solicitantes de refugio para que esperen por su proceso legal. El hondureño Carlos Gómez Perdomo de 55 años es el primero de una larga lista que ha sido retornado a México. Esta noticia tampoco parece afectar a la caravana, pero en la práctica es una medida adicional de contención para los migrantes centroamericanos y un problema adicional para México.

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Uno de cada 10 latinoamericanos vive en pobreza extrema, el máximo en una década

La desigualdad baja y la carestía por ingresos se mantiene en América Latina y el Caribe, según la Cepal

Cuando se recorre el sector oriente de Santiago de Chile, lleno de altos y modernos edificios de hasta 300 metros en un barrio conocido como Sanhattan–en un guiño a Manhattan–, parece difícil de entender que en el mismo país haya un 8% de la población que reside en una vivienda sin agua potable o un inodoro. La tendencia ha ido en aumento en los últimos cinco años y hoy son más de 1,4 millones de chilenos los que subsisten en estas condiciones. La precarización de algunos de los servicios básicos está ligada directamente a la pobreza extrema, que según el informe Panorama Social 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado este martes en Santiago, ha alcanzado sus más altos índices de la última década en la región. Aunque la tasa general de pobreza medida por ingreso se ha mantenido estable, ligeramente por encima del 30%, y la desigualdad por ingresos se ha reducido considerablemente desde 2000, uno de cada 10 latinoamericanos vive actualmente en pobreza extrema (10,2%), la cifra más alta en una década.


En 2002 había 57 millones de personas en situación de carestía extrema en América Latina, cifra que creció hasta los 62 millones en 2017 y que ha vuelto a aumentar en un millón más, hasta alcanzar los 63 millones de latinoamericanos en 2018, según la proyección de la Cepal. "Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema", ha alertado Alicia Bárcena, responsable del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico en la región, al tiempo que hacía un llamamiento a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.


Sin datos de Venezuela


El aumento de la pobreza extrema de América Latina se explica, en buena medida por la mala evolución de Brasil, por mucho el país más poblado de la región, que en entre 2015 y 2017 vio cómo este problema pasó de afectar del 4% al 5,5% de su población. "Si bien en muchos países hubo reducciones o estancamiento de la pobreza extrema [Paraguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile o Ecuador], al momento de analizar la situación conjunta de la región, impacta lo que sucede en países con mucha población, como Brasil", ha explicado este martes en Santiago de Chile el oficial a cargo de la división estadísticas de la Cepal, Xavier Mancero.


El informe, que incide en la discrepancia entre los datos nacionales y los del propio organismo –que fija sus propios criterios para unificar la información–, una constante en todos los países de la región, no pudo siquiera analizar las cifras de Venezuela, una de las economías que peor evolución ha registrado en los últimos años: "Desde 2015 no tenemos datos de ese país", ha indicado Bárcena. La nula credibilidad de los datos que aporta el Gobierno de Nicolás Maduro hace imposible que el brazo de Naciones Unidas pueda ofrecer una cifra certera mediante el filtro estadístico que aplican a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas.


La tasa de pobreza general por ingreso, por su parte, se mantuvo en 2017 en el 30,2% (184 millones de personas) en toda Latinoamérica, una tasa idéntica a la registrada un año antes.


Mejoras en desigualdad


Mejores noticias vienen por el lado de la desigualdad de ingresos, uno de los grandes talones de Aquiles de América Latina y el Caribe, la región más dispar del mundo, que acoge a algunas de las mayores fortunas del planeta y también a millones de personas en condiciones de fragilidad extrema. La inequidad de ingresos entre los hogares y las personas se ha reducido "apreciablemente" en la región desde principios de la década de 2000: el promedio simple de los índices de Gini —el indicador más utilizado globalmente— de los 18 países de América Latina analizados bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 el año pasado. Sin embargo, el ritmo de reducción se ralentizó en los años recientes: mientras que entre 2002 y 2008 la disminución anual media de la desigualdad fue del 1,3%, entre 2008 y 2014 el ritmo bajó hasta el 0,8% y entre 2014 y 2017, hasta el 0,3%.


Colombia, El Salvador y Paraguay mostraron grandes reducciones de su desigualdad por ingresos en el periodo total analizado, mientras que otros, como Honduras y República Dominicana sufrieron deterioros. Pese a esta mejora, la todavía abrupta diferencia de ingresos entre latinoamericanos sigue "trabando el desarrollo" y permanecen como una "barrera" para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y la propia gobernabilidad democrática. "Nos queda una gran brecha por cerrar respecto a los países desarrollados", ha subrayado la secretaria ejecutiva de la Cepal.


Los indicadores, destacan los técnicos del organismo de la ONU, "confirman un panorama con interrogantes para una región que enfrenta desafíos de gran magnitud para la inclusión social y laboral de su población y en la que persisten profundas desigualdades, especialmente ante el actual contexto económico [con un crecimiento que tiende al debilitamiento tanto en el bloque desarrollado como en el emergente] y las transformaciones en curso en el mundo del trabajo". Vienen curvas y América Latina tiene que prepararse para un escenario marcado por la incertidumbre.


El salario del 40% de trabajadores, por debajo del mínimo legal


El trabajo sigue siendo el camino más rápido para salir de la carestía, pero los mercados laborales de los diferentes países de la región siguen caracterizándose por una oferta de empleos insuficiente y por brechas "significativas" en la calidad de esos empleos, en el acceso a la protección social y en los ingresos laborales, "que en una alta proporción son inferiores a los salarios mínimos legales [un abrumador 40% del total de trabajadores latinoamericanos, sobre todo jóvenes, mayores y mujeres, según los últimos registros] y a lo requerido para superar la pobreza y lograr niveles adecuados de bienestar, a raíz de lo cual una proporción importante de ocupados trabajan largas jornadas". Otra señal de la disfuncionalidad de los mercados de trabajo de la región: uno de cada cinco trabajadores latinoamericanos recibe ingresos laborales inferiores a la línea de la pobreza de su país, cifra que se dispara hasta el 35% en el caso de la población rural. Todo, a pesar de completar largas jornadas diarias, en muchas ocasiones por encima de lo pautado por ley.

La lacra de la informalidad sigue siendo, año tras año, marca de la casa de los mercados laborales latinoamericanos y caribeños. ¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores estar fuera de los canales formales de contratación? La Cepal es clara: falta de acceso a cobertura de la seguridad social en salud y pensiones, a jornadas de trabajo definidas –incluidos descanso semanal y vacaciones anuales remuneradas–, a seguros por desempleo, accidentes y enfermedades laborales, así como a la protección de la maternidad y de la paternidad. Se llevan, por tanto, la peor parte. Y la evolución futura no parece augurar un cambio de tendencia a favor de la formalización de sus puestos de trabajo: "Las transformaciones en el mundo del trabajo asociadas a la revolución tecnológica pueden aumentar aún más la proporción de ocupados en esta situación", sentencia el estudio en referencia implícita a plataformas digitales que han favorecido el trabajo por cuenta propia.


Evolución positiva del gasto social


A pesar de un frenazo en el último año analizado, 2016, el gasto social mantuvo su tendencia al alza, al pasar en algo menos de dos décadas del 8,5% del PIB a 11,2%. En términos per cápita, esta partida prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, hasta rozar los 900 dólares. "Hay que reconocer que los países han hecho avances muy importantes para incrementar el gasto social", ha apreciado la jefa de la Cepal. Protección social, educación y salud se mantienen como los tres principales destinos de este tipo de gasto. Por países, Chile y Uruguay son los países que disponen de más recursos por persona para políticas sociales (2.387 y 2.251 dólares, respectivamente), seguidos por Brasil (1.631), Argentina (1.469) y Costa Rica (1.176). En el lado contrario, la región centroamericana y Bolivia quedan muy rezagadas: El Salvador y la citada nación andina alcanzan un promedio anual de 310 dólares y Guatemala, Nicaragua y Honduras quedan por debajo de los 220 dólares.


A pesar del "importante avance" de la región en el capítulo de gasto social, los técnicos del organismo supranacional inciden en los "grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales", en especial en los países que registran las mayores tasas de pobreza. Además, acotan, "los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados". "Frente a un contexto económico débil", ha concluido Bárcena, "es imperativo desarrollar simultáneamente políticas de inclusión social y laboral. La política social no puede dejar a nadie atrás".

Por IGNACIO FARIZA / ROCÍO MONTES
México / Santiago de Chile 16 ENE 2019 - 02:35 COT

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