Con una creciente ola de despidos en las empresas más importantes del planeta como telón de fondo, los integrantes del G-20 elaboraron un plan de acción para superar la debacle global. Aunque criticada por empeñarse en evitar decisiones concretas, la declaración emitida la semana pasada apunta a limitar los efectos de la recesión de las economías centrales y emergentes mediante una reforma del sistema financiero mundial –en términos de regulación y transparencia–, un fuerte estímulo de las economías nacionales con políticas fiscales y monetarias, y una mayor participación de los países emergentes en la toma de decisiones políticas. En este contexto, Cash dialogó con el economista marxista Gérard Dumenil durante su visita a Buenos Aires, donde participó del IV Coloquio del Sepla. El investigador del Centre National de la Recherche Scientifique, que viene advirtiendo desde hace años sobre la “inminencia” de la actual crisis, opinó que sus causas centrales son los desequilibrios de la trayectoria económica de Estados Unidos, la aceleración de mecanismos financieros basados en un endeudamiento “insostenible” y el “financiamiento de los desequilibrios de la primera potencia por parte del resto del mundo”.

Desde hace años, usted viene planteando la posibilidad de una gran crisis financiera. ¿Analiza diferencias entre lo que pensaba que sucedería y la forma en que finalmente se desencadenó?
–En la crisis actual hay dos aspectos. El primero es la situación económica de Estados Unidos. Este aspecto lo preveía desde hace unos años. El crecimiento de ese país se caracteriza por un déficit creciente del comercio exterior: compra más en el mundo de lo que vende al resto del mundo. Como consecuencia, el mundo financia cada año más la economía estadounidense.

¿Cómo lo financia?
–Con inversiones financieras. Compra bonos del Tesoro y acciones. Ya en 2006 veíamos que esa trayectoria era insostenible, pero ahora es mucho más. Al desequilibrio exterior se agregan los desequilibrios internos, en particular, el crecimiento de la deuda de los hogares.

¿Cuál es el segundo de los dos aspectos de la actual crisis?
–La innovación financiera. Es el más evidente. Entre 2001 y 2006 se aceleraron nuevos mecanismos financieros, en particular los créditos subprime –que significó prestar dinero a hogares que no pueden pagar–, con mecanismos de titularización. Detrás de los subprime hay seguros. Si el tomador del crédito no paga, otra empresa pagará en su lugar. Es un sistema. Pero hay otros mecanismos complejos: lo que hacen los mercados.

¿A qué se refiere con “lo que hacen los mercados”?
–El hecho de comprar acciones a un cierto plazo o vender protección. Por ejemplo, una empresa va a usar cobre en una nueva fábrica. Hacen la inversión. Saben que en los diez próximos años van a necesitar y el precio del cobre es muy importante para ellos. Van a hablar con un fondo de cobertura cuyo trabajo es vender cobre a un cierto precio en uno, dos, diez años. Esta contratación significa protección, ya que esta empresa tendrá el cobre a ese precio cuando tal vez en el mercado sea más alto o más bajo. Es un mecanismo especulativo donde se trabaja con una incertidumbre enorme. Pero los mercados representan un montón de otros mecanismos.

¿Por ejemplo?
–Hay tasas de interés a corto y a largo plazo, pero los niveles son diferentes. Por ejemplo, en Brasil la tasa de interés es muy elevada. Los bancos piden prestado en un país con tasa de interés baja y prestan en uno con tasa de interés elevada. El riesgo es cambiario, porque la tasa de cambio del real puede bajar y tener pérdidas de un 30 por ciento del valor de la inversión. Es muy difícil controlar estos mecanismos financieros y saber exactamente lo que sucede. No hay sistema de control, ni seguimiento estadístico que pueda informar lo que pasará. Pero ésta es la base del sistema financiero actual.

Entre estos mecanismos, ¿qué rol jugó la “innovación financiera” en esta crisis?
–El carácter insostenible de la trayectoria de la economía de Estados Unidos tenía que aparecer de cierta manera y lo hizo a través de una crisis financiera, porque utilizaron el boom inmobiliario para prolongar el crecimiento económico durante 4 o 5 años. La recesión de 2001 fue el ensayo general de la actual. Fue muy difícil para los norteamericanos salir de esa situación, que significó contracción de la actividad y crisis bursátil.

¿Y cómo consiguieron salir?
–A través de una baja enorme de la tasa de interés de la Reserva Federal (FED) y de la nueva ola de inversiones de los hogares en viviendas a través de la titularización. Pero esa manera de prolongar su trayectoria positiva de la economía también se hizo insostenible porque es imposible basar el crecimiento de un país sobre el endeudamiento de hogares que no pueden pagar. Con una particularidad: en 2006, más de la mitad de los créditos “malos” se vendieron en el resto del mundo. Alan Greenspan, cuando era presidente de la FED, decía: “La titularización está muy bien porque diluye el riesgo. Los bancos no conservan los créditos malos, los venden. En particular exportan el riesgo en Japón, en Europa”. Así exportaron su crisis.

El consumo de los hogares es una parte significativa de los ingresos de Estados Unidos. ¿Cree que se podrían haber ensayado políticas que apuntaran a este sector para salir de esta crisis?
–El problema no es de falta de demanda. Entre 2001 y 2007, el problema fue de exceso de demanda. En conjunto, los hogares de ese país gastan en forma desenfrenada, aunque es un esquema heterogéneo, ya que el poder de compra del 95 por ciento de la población está estancado desde los años ’70. Pero considerando el conjunto de los hogares, consumen más de lo que ganan. Así, su tasa de ahorro es negativa.

Se calcula que el costo de la crisis hasta octubre ha sido de aproximadamente 4,5 billones de dólares, contando Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá. ¿Es posible estimar cuál será el monto de esta crisis?
–Es difícil de calcular. Cuando hablamos del “costo”, hablamos de factores heterogéneos: prestar dinero no es lo mismo que comprar una empresa que se nacionaliza o comprar una deuda mala. Nacionalizar significa que el Tesoro puede comprar las acciones de un banco a un valor muy bajo. Es difícil saber cuánto costará solventar el sistema porque con los créditos se puede tratar de comprar, pero también la modalidad del Plan Paulson (secretario del Tesoro) era comprar a los bancos los “créditos malos”.

Aproximadamente 10 millones de familias perderán su vivienda. ¿Qué sucedería si se tomaran medidas de ayuda a esas personas en lugar de salvar a los bancos?
–Esa decisión tendrían que haberla tomado más temprano. Ahora estamos en una situación de extrema urgencia. Evitar una crisis como la del subprime era muy simple. Se necesitaba una decisión de la Casa Blanca, pero no lo hicieron. En Francia, el subprime no puede existir. Una persona no puede pedir un crédito por el que tenga que pagar más de un 30 por ciento de su ingreso mensual. En Estados Unidos, una familia paga hasta un 80 por ciento de su ingreso para reembolsar y pagar los intereses.

¿Por qué cree no se tomó esa decisión?
–Porque así ganaron un dinero increíble entre 2001 y 2006. La tasa de ganancia de los bancos en ese período se disparó completamente. La otra razón es que necesitaban esa suba de los créditos de los hogares para salir de la crisis de 2001. Greenspan se preocupó mucho al ver cómo aumentaba el monto de los créditos. Cuando la economía salió de la recesión, se aumentó la tasa de interés de la FED, pero las tasas de los créditos hipotecarios no subieron. Era la primera vez que esto ocurría. La explicación de Greenspan fue: “Yo aumento el costo del crédito a los bancos y éstos no aumentan”. Porque pueden pedir dinero prestado al resto del mundo y el resto del mundo está disponible a prestar con una tasa de interés menos elevada. Y Greenspan descubrió que no podía controlar la tasa de interés de los créditos hipotecarios.

Hay cierta preocupación por la posibilidad de que esta crisis derive en proteccionismo comercial. ¿Cree que algunos países recurrirán a políticas de este tipo?
–Después de esta crisis, Estados Unidos necesita corregir su trayectoria económica. Eso significa salir de muchos aspectos del neoliberalismo. El proteccionismo es una cuestión, pero el problema es que el poder económico norteamericano se basa en sus empresas transnacionales, que necesitan el libre comercio, la libre movilidad del capital, mientras que la trayectoria de la economía es incompatible con la libre movilidad del capital.

¿Y cómo resuelven esa incompatibilidad?
–Haciendo trampas. Por ejemplo, el ejército norteamericano decide comprar aviones europeos, el gobierno dice que no. O si antes de la crisis China quería comprar una empresa de petróleo, el gobierno decía: “No. Seguridad nacional”. Todo esto antes de la crisis. Ahora es diferente porque están en una situación terrible y son más flexibles.


“El resto del mundo financia a EE.UU.”


Se habla de la importante deuda externa de Estados Unidos. Sin embargo, usted ha dicho que no se trata exactamente de una deuda. ¿Por qué?
–No es una deuda. La expresión correcta es que el resto del mundo financia la economía norteamericana. Financiar significa tener acciones, bonos del Tesoro. Esos títulos son una deuda. Pero una acción no es una deuda. Aunque esto no cambia el hecho de que el resto del mundo tiene un comportamiento más o menos rentista.

¿En qué sentido?
–Por ejemplo, una banca central como la de China compraba bonos del Tesoro a una tasa de interés del 5 por ciento anual. Pero cuando Estados Unidos hace inversiones directas en otros países logran tasas de rendimiento del 15 o 20 por ciento. El resto del mundo financiaba la economía norteamericana de forma bastante barata en términos comparativos. Pero ahora estamos entrando en una nueva fase porque el resto del mundo quiere entrar en el corazón del animal y beneficiarse también de rendimientos elevados. China, por ejemplo, va a usar sus dólares para hacer inversiones activas, no rentistas, entrando en las grandes entidades estadounidenses y con el mismo tipo de rendimiento en el mundo. Eso es una situación nueva.

Se dice que China financiará la crisis de Wall Street por la cantidad de bonos del Tesoro que posee. ¿Cree que China puede desplazar a Estados Unidos de su rol de primera potencia mundial?
–No estamos en esa situación, de ninguna forma. China desempeña un papel muy importante ahora porque tiene enormes reservas de divisas (dólares y euros) por su superávit comercial, que no es otra cosa que el déficit comercial norteamericano.

El problema es que muchos países emergentes tienen problemas de divisas. ¿Quién los podrá ayudar?
–El Fondo Monetario, pero sus recursos son muy limitados. Se dice que China debe prestar dinero al Fondo. China responde: “De acuerdo, pero necesitamos un nuevo sistema financiero internacional”, en el cual otras monedas, no sólo el dólar, jueguen un papel importante.


“América latina es una región de resistencia”


 
Antes de esta crisis, usted afirmó que América latina era la oportunidad para el cambio. ¿Lo sigue pensando?
–Sí, porque probablemente después de la crisis tengamos un proceso de diferenciación a escala mundial. El mundo no es uniforme. Estados Unidos se va a arreglar de alguna manera, Europa tal vez de otra y China de una completamente diferente. América latina fue históricamente una región de resistencia y eligió gobiernos de izquierda. El problema es lo que ocurre con gobiernos de izquierda. Por ejemplo, el caso de Brasil.

¿Por qué alude al caso de Brasil?
–Porque la política de Brasil es ciento por ciento neoliberal. El caso de la Argentina es particular porque, después de una década de locura neoliberal, tuvo esta crisis terrible de 2001 y salió de forma bastante hábil. En Francia, una persona de izquierda bastante radical considera que los tres países andinos –Venezuela, Ecuador y Bolivia– representan una esperanza, porque eligieron gobiernos de izquierda que piensan en la conformación de un bloque. Probablemente el caso más simple es el de Ecuador, porque es un gobierno muy serio con una voluntad nacional de recuperación de los recursos del país, de alcanzar un cambio social. Y tienen, en cierta manera, un grado de armonía social.

¿Y el caso de Bolivia?
–Es muy difícil. Mucha gente en Francia piensa que Bolivia está construyendo el socialismo. Hay un gobierno comprometido con un cambio social, con recuperar sus recursos, desarrollar el país, aunque con una alta tensión social. Y en Venezuela, el pueblo básicamente apoya a Chávez, pero también hay una burguesía con una relación muy difícil con el gobierno.

¿Eso dificulta el cambio?
–Es un país con una burocracia muy grande. El mismo Chávez tiene muchas dificultades para controlar esa burocracia.

¿La situación en la región es hoy más compleja que hace dos años?
–Exactamente. Y la Argentina estaba en situación de salir de la crisis y lo hizo de forma formidable. No salir del neoliberalismo, pero acabar realmente con esta variedad loca del neoliberalismo. Para mí, América latina sigue representando una esperanza. Es un continente de tradición de lucha.

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Domingo, 23 Noviembre 2008 10:53

Los monopolios del dinero y de la palabra

La dictadura militar terminó, pero Brasil continuó siendo el país más desigual de  América Latina – el continente más desigual del mundo. Continuamos siendo, de esta manera,  una dictadura social, en que las mismas elites se apropian, de generación en generación, de lo sustancial de la riqueza material y simbólica, al mismo tiempo que ocupan los lugares del poder político e ideológico.

La transición de la dictadura a la democracia fue política, de sustitución de un sistema por otro, pero ninguna reforma sustancial promovió la democratización económica, social y cultural del país. Al contrario, desde entonces el poder del sistema bancario y financiero solo aumentó, de la misma forma que el poder sobre la tierra, y lo mismo ocurrió con el monopolio privado de los medios de comunicación. (Recordemos que el Ministro de las Comunicaciones del primer presidente civil fue Antonio Carlos Magalhaes que consolidó la distribución del sistema de comunicaciones).

Estos son dos de los principales nudos que obstaculizan la construcción de una democracia con alma social en Brasil: romper la hegemonía del capital financiero y el monopolio privado de los medios.

Las mas altas tasas de intereses reales del mundo, la autonomía del Banco Central, son expresiones de esa hegemonía, lo cual representa una traba para un crecimiento mayor de la economía, para un proceso mucho más extenso y profundo de distribución de la renta, para disponer de muchos más recursos para las inversiones públicas y para las políticas sociales.

La misma política neoliberal que provocó la crisis económica actual en el mundo, llevó en Brasil, al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, a quebrar nuestra economía en tres oportunidades. La desregulación liberó el capital para buscar los mayores rendimientos, con menor – o ningún impuesto – y mayor liquidez. Se dio un gigantesco proceso de transferencia de capitales para el sector financiero y, más directamente, para la especulación, promoviendo la financeirización del Estado y de la economía.

Los diagnósticos de consenso sobre las causas de la crisis internacional fortalecen aún más la necesidad de quebrar esa hegemonía del capital financiero. Lo que sólo puede conseguirse acabando con la impunidad de su libre circulación, promoviendo inversiones productivas y desincentivando la especulación. Teniendo una orientación clara de disminución sistemática de la tasa de intereses – que remunera justamente el capital especulativo -, para lo cual es necesario terminar con la independencia de hecho del Banco Central, subordinándolo a una dirección económica única y centralizada del gobierno.

Sin quebrar ese poder del capital financiero, Brasil no podrá dar continuidad al ciclo expansivo de su economía, ahora en un contexto internacional desfavorable. Ese ciclo contó con un gran esfuerzo de inversiones por parte del Estado, con la diversificación del comercio exterior, con la extensión y profundización del mercado interno de consumo de masas. Todo eso a pesar de la tasa de intereses más alta del mundo, a pesar del capital financiero. Un lujo que el país no puede seguir dándose.

De la misma forma, urge quebrar el monopolio privado de los medios de comunicación, que fabrica una opinión pública restricta, condicionada fuertemente por los lazos de la publicidad que financian a los medios. La gran masa mayoritaria de la población brasilera ya demostró que piensa de forma totalmente contraria a lo que los medios afirman, pero no encuentra espacios propios para desarrollar y difundir sus opiniones.

Cualquiera sea la evaluación que se tenga del gobierno de Lula, esos dos nudos constituyen obstáculos al avance económico, social, político y cultural de Brasil en dirección a una sociedad justa, democrática, solidaria
y humanista.

Por, Emir Sader

*Traducción: Insurrectasypunto*
*Texto en portugués www.cartamaior.com.br       *
*Texto en español: www.insurrectasypunto.org*

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María Fernanda Campo, alcaldesa encargada, ante su conflicto de intereses por disponer de acciones de ETB en su propiedad, no pudo presentar el acuerdo de privatización que coincide en un ciento por ciento con el radicado por la otra alcaldesa ad hoc María Cristina Michelsen que nombró el presidente Santos. Samuel Moreno dejó lista la iniciativa en un desaire al Comité Ejecutivo Nacional y al Distrital de su partido Polo Democrático que rechazaron la iniciativa de ‘socio estratégico’ y la de enajenación total de ETB por violar el programa de gobierno y el ideario de unidad del PDA.
 
Fernando Carrizosa, ex liquidador de la Energía Eléctrica de Bogotá, presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), ya contrató por $395 millones a la banca de inversión “Valor y Estrategia” para valorar y subastar ETB a precio de huevo… la gallinita de los huevos de oro de Bogotá D.C. A la vez, la imposición del presidente Santos de una agenda ‘condicionante’ y su supuesta preocupación en los asuntos de Bogotá intenta de fondo la privatización de ETB. Una medida que viola el programa de gobierno del PDA.
 
Se trata de un programa de naturaleza contraria a la privatización que apuesta taxativamente al fortalecimiento del patrimonio público, salvo que se permita poner en riesgo un activo que vale 4,8 billones de pesos y dejemos la ETB a expensas de los especuladores de bolsa que calibran el valor de su acción en 600 pesos y subastarían el total en tan solo 1,9 billones.
 
Al respecto, el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 establece que “el alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del Alcalde elegido por voto popular”. Por tanto, la alcaldesa Clara López debe retirar el Proyecto de Acuerdo 172 de 2011 que propone enajenar el total de las acciones de Bogotá y sus entidades en la ETB. No es viable esperar a objetar1 una iniciativa que aprueben las mayorías gobiernistas del partido de la U y Cambio Radical. Tal espera es un riesgo innecesario para el patrimonio público.
 
El anuncio de la venta de la propiedad que tiene Bogotá en la ETB, durante la asamblea de accionistas del 22 de marzo de 2011 que realizó el alcalde Samuel Moreno, fue el preludio de la nueva estrategia de expropiación del patrimonio público de la ETB, promovido por las bancas de inversión y la familia de banqueros. Hoy, en cumplimiento de la ley que manda gobernar sobre la base del programa de gobierno, votado por cerca de un millón de ciudadanos, el único camino viable para Clara López es proceder a retirar el proyecto de acuerdo 1722.
 
Con sus fichas juegan
 
El Procurador General de la Nación con una intervención política suspendió con acelerada prontitud al alcalde, dando lugar, mediante el Decreto 1390 de 3 de mayo de 2011 al nombramiento de la Campo, ex presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, aliada del empresariado y desde luego asidua neoliberal amante del Tratado de Libre Comercio, quien por disponer de acciones le pidió al presidente Santos nombrar otra alcaldesa ad hoc. Así, el ministro Germán Vargas Lleras, por Decreto 1755 de mayo 26/2011, nombró a María Cristina Plazas Michelsen, secretaria del Consejo de Ministros –con aureola ilegítima de poder político y económico de origen en los hechos del banquero Jaime Michelsen y su fraude de autopréstamos del Grupo Grancolombiano durante el gobierno de Belisario– “para que conozca y decida lo relacionado con la presentación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo, que autoriza al Distrito Capital para enajenar la propiedad accionaria de la Empresa de Teléfonos (sic) de Bogotá-ETB” (ETB es Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y no Empresa de Teléfonos; sin rubor, mal escrito está el citado decreto). Más allá de esta falla de ‘ortografía’, observemos la ilegalidad en que incurre el gobierno nacional:
 
  • De un lado, el Presidente, con la terna del Polo en la mano para suceder a Samuel Moreno, nombra con agilidad sorprendente, de agache, a la alcaldesa ad hoc 14 días después que la encargada Campo manifestara su impedimento. Por el contrario, dilató el nombramiento titular correspondiente al PDA.
  • De otro, nombrar a María Cristina Plazas, que no recae en persona alguna del PDA, como manda el artículo 106 de la Ley 136 de 1994.
 
Además, en un claro exceso de funciones públicas, con la excusa de un impedimento para presentar un proyecto de acuerdo y de citar a sesiones extraordinarias del Concejo, le confirió derechos de Alcalde Mayor con un supuesto legal en la Carta Política, el Estatuto Orgánico de Bogotá (D.L. 142 de 1993) y el reglamento del Concejo de Bogotá. Pero es más grave aún.
 
En un claro fraude a normas superiores, sólo permitió la posesión de la alcaldesa Clara López, del PDA, en la tarde del 10 de junio de 2011, aunque el Decreto 2035 estuvo expedido el 9 de junio, para facilitar que en las horas de la mañana la furtiva alcaldesa ad hoc presentara el Proyecto de Acuerdo 172 de 2011 sobre la privatización total de ETB, acogiéndose a la también ilegal citación de sesiones extraordinarias del Concejo, convocadas por ella misma, quien de nuevo usurpó funciones públicas de competencia exclusiva del Alcalde Mayor y no de una desfigurada y temporal alcaldesa ad hoc.
 
De inmediato, en una decisión previsible, la presidenta del Concejo procedió a instalar las extras y a sortear dentro de la Comisión de gobierno a los ponentes (Laureano García, Edward Aníbal Arias y Andrés Felipe Arbeláez Vargas), malinterpretando la competencia de esta Comisión, pues no se trata de una autorización de asociación (es de enajenación) sino de una decisión que afecta el desarrollo económico de la ciudad. Por tanto, debió tratarse y sortearse en la Comisión de Hacienda, que preside Wilson Duarte, del PDA.
 
Al respecto, Clara López indicó las perjudiciales actuaciones de la Campo al suspender, además, los estudios del metro para la capital: “No podemos subestimar la gravedad de lo que está sucediendo en la capital de la República. Es complejo. Recordemos que todo está bajo el trato de la Presidencia a un partido que le declaró la oposición”, dijo ella. Es “la antípoda” de todo lo que representa el programa del Polo en Bogotá.
 
El PDA, la Alcaldesa y la movilización social son determinantes para detener a los banqueros y neoliberales.
 
*www.rodrigoacosta.com.
1Los artículos 24 a 26 del Decreto Ley 1421 de 1993 indican que la objeción por inconveniencia sería considerada por el Concejo y si las rechaza, el Alcalde deberá sancionar dicho acuerdo. Si no lo hace, el presidente de la Corporación lo sancionará y promulgará como acuerdo. Si la objeción tuviera razones jurídicas será enviado al Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca que en caso de declarar infundada las razones ordenará la sanción por el Alcalde y de negarse por el Presidente del Concejo.
2Si bien el Decreto 1921 de junio 1 de 2011 que aclara el Decreto 1755/2011 y establece que la alcaldesa Ad Hoc procederá a “la convocatoria a sesiones extraordinarias con sujeción al Decreto 1421/1993 y demás normas pertinentes, y sancionar y promulgar el acto una vez sea aprobado por el Concejo Distrital.”, cabe señalar que las normas superiores, la Carta Política, la ley 136/1994 y demás relacionadas prevalecen en todo caso sobre la competencia otorgada a la Alcaldesa Ad Hoc de sancionar y promulgar un acuerdo aprobado, por tanto la petición es de retirar el ilegal y perjudicial acuerdo radicado 172 de 2011. 

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Marzo del 2011 será recordado como el momento en que la ciudadanía itagüiseña se cansó de las arbitrariedades. Por responsabilidad del Concejo Municipal y la Alcaldía de Itagüí y los procedimientos injustos, el contrato costosísimo de actualizaciones y formaciones catastrales para aplicar las desproporcionadas tarifas del impuesto predial. Así como los rangos de avalúo engañosos y los milajes inequitativos de sus estatutos tributarios (Código de Bienes, Rentas e Ingresos. Acuerdo 006 del 5 de octubre de 2006) con base en la especulación inmobiliaria y su efecto de máxima renta tributaria a sus habitantes y comerciantes. La inequidad y la arbitrariedad alcabalera del recaudo del impuesto predial en Itagüí son motivos para profundizar tan masivo cacerolazo ciudadano en busca de atención de las autoridades municipales, departamentales y nacionales.

“Protestas en Itagüí por alza del
impuesto predial”.
(El Colombiano, 1º de marzo del 2011)
“Predial de Itagüí: doble, triple
y hasta más”.
(El Colombiano, 2 de marzo del 2011).
“Masiva manifestación en Itagüí en protesta del alza del impuesto predial”.
(Corporación Nueva Gente, en:
http://www.facebook.com/nuevagente)
“23 de marzo. Paro cívico
municipal en Itaguí…
¡Contra el desmesurado aumento
en el impuesto predial!”.
(Cartel de Convocatoria
del Comité Organizador)
“Y qué esperaban, que los aplaudan… y ahora se quejan porque
en la calle los reputean”.
(Escrache, Ignacio Copani,
cantautor argentino 1961)

“Que no se vayan a lavar las manos en víspera electoral”, exclamó Ana, airada manifestante de una de las movilizaciones cívicas en rechazo a las abusivas alzas.

Tan erguidas y masivas movilizaciones como la del pueblo itagüiseño para repudiar las altas tarifas del predial no se veían desde hace dos décadas y media, cuando cientos de miles de adjudicatarios de las urbanizaciones populares de Bello (Niquía Bifamiliares, Ciudadela Cacique Niquía, El Mirador, El Trapiche, Las Cabañas, Las Vegas, Villa Norte, Salento, Barrio Nuevo), Copacabana (El Recreo), Girardota (Girardota La Nueva) y Barbosa (Pepe Sierra II y Los Búcaros), unificados en comités cívicos y concurridas jornadas cívicas, obtuvieron exenciones por 10 años, entre el 50 y el 100 por ciento, y la modificación de arbitrarios cálculos tarifarios.

También resalta la Unidad Popular Contra Las Alzas en Manizales, que crearon los gremios, y las organizaciones sociales, sindicales y de usuarios de servicios públicos en febrero del 2011, con el fin de adelantar una portentosa lucha contra los desafueros cometidos con las alzas del impuesto predial, que obligó a la Alcaldía y al Concejo a presentar proyectos de acuerdo que contemplan soluciones parciales pero sólo para el 2012. Los organizadores, especialmente comerciantes, siguen alerta.

El impuesto para quien sólo habita y no tiene renta

Los sectores populares de sitios céntricos o futuras “renovaciones urbanas” son los más sobresaltados por las alzas de los importes prediales. Los nuevos avalúos tienen como base el valor especulativo de la tierra y otros procedimientos que usan los mercaderes de las lonjas, en vez de considerar los modestos ingresos de los propietarios de antiguas edificaciones, en su mayoría conformados por pensionados, obreros, empleados, y pequeños y medianos comerciantes e industriales. Aquí no valen las estadísticas de la inflación (IPC) ni del Dane ni el magro incremento del salario mínimo.

No. Pues la propiedad en Colombia está ligada al encarecer desbordado de los precios del suelo, del capital financiero y de los insumos de la construcción, cuyos sectores económicos son usufructuarios del crecimiento abismal del avalúo en términos del mercado comercial: “El avalúo de la actualización de la formación es el avalúo catastral corregido para eliminar disparidades provenientes de cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario” (Artículo 107. Código Tributario de Itagüí).

El impuesto predial es el tributo municipal que grava la propiedad raíz con base en avalúos catastrales con tecnicismos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y sus oficinas de catastro. Antes, el impuesto se fijaba por los milajes establecidos en la Ley 34 de 1920, y su recaudo financiaba el Fondo de Fomento Municipal y la Policía Nacional. Hoy, la Ley 14 de 1983, modificada por la Ley 44 de 1983, es la principal norma de los impuestos municipales.

La ley tiene origen en 1981, cuando la recomendó la Misión de Finanzas Intergubernamentales del gobierno de Belisario Betancur con el argumento de incrementar la cifra de tributos locales en el PIB, resolver las deficiencias administrativas en su recaudo, actualizar los avalúos con base en los precios comerciales y disminuir las exenciones de los inmuebles. La modificación unificó varios tributos bajo el concepto de “impuesto predial unificado” (antes, “impuesto predial y complementarios”: impuesto predial, impuesto de parques y arborización y sobretasa de levantamiento catastral). Es decir, un gravamen de carácter municipal con destinación específica, y de monto con base en las condiciones físicas, materiales y espaciales de los inmuebles y sus mutaciones, determinadas por la metodología proporcionada por el IGAC.

El milaje: una engañosa y arbitraria tarifa

Al modificar el milaje anterior, que oscilaba entre 1 y 12 pesos por cada 1.000 de avalúo, esta ley incrementó las tarifas que los concejos municipales pueden imponer. Entonces, quedó entre 1 y 16 pesos por cada 1.000 de avalúo. Además, creó una sobretasa del 1x1000 con destino a las áreas metropolitanas, que puede subir hasta el 2x1000 para gastos de funcionamiento (Ley 128 de 1994). En Itagüí, esta sobretasa es del 1,5 por ciento.

La apresurada y costosísima actualización catastral de 2010 disparó las tarifas entre 200 y 900 por ciento en el primer trimestre de 2011, a pesar del Decreto 4818 de 2010 de Planeación Nacional, que estipula que “los avalúos catastrales de los predios urbanos no formados y formados con vigencia del 1º de enero de 2010 y anteriores, se reajustarán a partir del 1º de enero 2011 en 3,0 por ciento”. Pero “hecha la ley, hecha la trampa”, reza un antiquísimo adagio popular.

Aparte del incremento en el milaje –cuando el avalúo de una propiedad pasa de un rango a otro de la tabla municipal (duplicado, triplicado, cuatriplicado… por la perversa actualización catastral quinquenal de 2010)–, se suma el fementido 3 por ciento autorizado para 2011 aplicado a los predios “formados” (artículo 8, Ley 44 de 1990): Tres alzas fundadas en la interpretación amañada de las normas y la añagaza administrativa.

Los habitantes de Itagüí no soportan tales abusos, que en mayor o menor proporción acogotan a miles de hogares del área metropolitana. Ya en 2010 hubo una inusitada alza cercana al 70 por ciento en las tarifas prediales de gran parte de las viviendas de los barrios céntricos, y las quejas de los moradores fueron desestimadas. Sometidas a trámites sin fin.

El milaje se cobra según el avalúo de una propiedad, expresada en fracciones de mil por ciento. Es decir, los pesos que se pagan por cada 1.000 pesos de avalúo catastral, que en Itagüí oscilan entre 5 y 15 pesos para las viviendas con valor entre 2.153.000 y 161.460.001 en adelante. Tiene como base el Código Tributario que se expidió en 2006. Mientras más aumenten los avalúos, más alto es el milaje (ver tabla adjunta al final).

La privatización de las funciones públicas

Las “labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles” (artículo 3 de la Ley 14 de 1983) pasó de las Secretarías de Planeación y Hacienda Municipales a manos privadas, ya que son actividades contratadas y subcontratadas con empresas particulares cada cinco años que no tienen presente ni les interesa la condición socio-económica de la población, como prevé el Artículo 10 de la Ley 14 de 1983: “El Gobierno Nacional, de oficio o por solicitud fundamentada de los Concejos Municipales, debido a especiales condiciones económicas o sociales que afecten a determinados municipios o zonas de éstos, podrá aplazar la vigencia de los catastros elaborados por formación o actualización, por un período hasta de un (1) año. Si subsisten las condiciones que originaron el aplazamiento, procederá a ordenar una nueva formación o actualización de estos catastros”.

Impuesto con nudo en la especulación del precio de la tierra

El impuesto predial está por completo atado a la especulación del precio de la tierra. En muchos casos, constituye un gravamen expropiatorio para cientos de familias, sin ingresos suficientes; ubicadas en zonas de interés para los linces de las finanzas y los acaparadores del suelo. En la Ley 44 de 1990 se dispone el mecanismo del “autoevalúo” como base para adquirir un predio. Tal recurso les permite a los grandes propietarios de terrenos no sólo decidir con agiotismo el valor de la tierra acaparada sino asimismo subirle un 25 por ciento más y ofrecerlos en venta a precios inflados, a los gobiernos y funcionarios municipales.

Por eso, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá grandes predios son acumulados por varios años, por parte de grupos de sociedades constructoras muy conocidas, con acceso a la información privilegiada y necesaria que bajo cuerda disponen los despachos oficiales y que luego ejecutan proyectos urbanísticos, cuyos moradores terminan por pagar las más altas tasas de impuesto predial que existan. Es así, porque el precio del lote es definido con antelación por la manipulación del avalúo y el precio del mismo. Al final, con amparo de la ley, tanto los adjudicatarios como los contribuyentes y los municipios terminan pagando a precios de oro áreas conseguidas a precio de huevo: “Los municipios que opten por establecer la declaración anual del Impuesto Predial Unificado podrán adquirir los predios que hayan sido objeto de autoavalúo, por un valor equivalente al declarado por el propietario para efectos del Impuesto Predial Unificado, incrementado en un 25 por ciento” (Artículo 15 de la Ley 14 de 1983) (!).

Vivienda para vivir, no para hacer negocio, será insostenible en 2012

La mayoría de propietarios, adjudicatarios y poseedores requieren su propiedad para vivir tranquilos con su familia y no para realizar pingües negocios, como hace una minoría de negociantes de predios. Por eso, las tarifas, además de tener que ser justas y equitativas, debieran concordar con el derecho fundamental a una vivienda en condiciones dignas, que estipula el artículo 53 de la Constitución. Unas tarifas para que su disfrute no se lesione con desafueros legales y administrativos como los aprobó el Congreso de la República a finales de 2010, con excepción de la bancada del Polo Democrático. Así lo denuncian diversos sectores que acaban de culminar unas exitosas jornadas cívicas en Manizales:

“El Plan de Desarrollo del gobierno Santos se propone reajustar las tarifas del impuesto predial de la siguiente manera: para el 2012, la tarifa mínima será del 3 por mil: para 2013, del 4 por mil; y para 2014, del 5 por mil. Esto quiere decir que para el estrato 1 en Manizales la tarifa, de aprobarse la propuesta del gobierno nacional, será del 7 por mil en 2014, incluyendo el 2X1000 de Corpocaldas. Si a eso sumamos que el Alcalde se niega a exigirle al IGAC la revisión del avalúo, lo que tendrán miles de propietarios el año entrante serán tarifas confiscatorias de sus pequeños ingresos” (comunicado de Unidad Popular contra las Alzas: CUT, CTC, Liga de Usuarios de Servicios Públicos, Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos, Observatorio de Políticas Públicas de Manizales, Educal, Sintraelecol.

Estos nuevos incrementos para el próximo año en el impuesto predial unificado terminarán por volverlo impagable y debe tener rechazo desde ya.

* Carlos Arturo Cadavid V.; Director y Asesor Laboral del Observatorio Vivienda, Salud y Trabajo (Ovisat). Socio y Directivo de la Escuela Nacional Sindical (ENS), del Club del Técnico Electrónico y de la Junta Cívica Paraje El Pinar-Fuente Clara (Robledo, Medellín). Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Milajes y el caso especial de los adjudicatarios de las urbanizaciones


Las inmoderadas alzas en los componentes de la carga predial afectan a los adjudicatarios de viviendas edificadas por las compañías urbanizadoras y sufragadas por las corporaciones financieras. La base gravable corresponde al precio real de adquisición del inmueble, efectivamente actualizado. En estos casos, se grava una “deuda” que no han finalizado de pagar sus adquirientes. En efecto, es sobre el valor escriturario que se establecen los denominados milajes, cuando lo cierto es que, para sus beneficiarios, sólo se trata de obligaciones hipotecarias en curso y por las cuales pagan crecidas cuotas mensuales de amortización que consumen la mayor parte de los ingresos del grupo familiar, quedando muy poco para satisfacer el resto de obligaciones, entre ellas el tributo de marras y unas sobrecargadas tarifas de servicios públicos (que también debieran ser motivo de reclamo).

Este sector de propietarios de casas y apartamentos, gran porcentaje de Interés Social y Prioritario, tiene derecho a la exoneración durante 10 años del pago del impuesto predial unificado, en virtud de que sus avalúos están actualizados desde el momento de la firma de la hipoteca y el plan de amortización por 10, 15 o 20 años. En realidad, son ‘dueños’ apenas del 30 por ciento del inmueble por el que tienen que desembolsar esquilmadoras cuotas mensuales de amortización. Este tipo de dificultades que sufren cientos de adjudicatarios –con crecidas obligaciones hipotecarias por cubrir en varios años– y de propietarios en firme debiera ser un objetivo central en la búsqueda de equidad, por parte del grueso de las juntas administradoras de la propiedad horizontal y las acciones comunales.


Los beneficios no son tenidos en cuenta por los Concejos


Para la comunidad es básico saber que en las dos leyes básicas que rigen el sistema tarifario del impuesto predial en Colombia, la Ley 14 de 1983 y la Ley 44 de 1990, aún persisten claros preceptos que autorizan a las administraciones municipales a otorgar exenciones totales y parciales, así como tarifas especiales.

Con la aplicación adecuada de estas normas, la tarifa que se debe tener en cuenta por los Concejos Municipales para gravar la vivienda popular debiera ser el milaje mínimo del 4x1000 establecido, y no el que se cobra con oscilación entre $10 y $15 por cada $ 1.000 de avalúo del inmueble: “A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el respectivo Concejo” (artículos 17 y 4, respectivamente). La tarifa mínima en Itagüí es del 4x1000 y es la “tarifa especial” que señala el artículo 94 del Código Tributario.

Inclusive, el artículo 38 de la Ley 14 de 1983 faculta a los municipios para conceder exenciones totales o parciales hasta por 10 años: “Los municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de 10 años, todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal”, gracia que se puede extender a los adjudicatarios, los poseedores y los propietarios de vivienda popular, y no beneficio exclusivo de grandes corporaciones privadas, como la Cámara de Comercio y algunas entidades sociales sin fines lucrativos (organizaciones no gubernamentales y acciones comunales).

Si los rangos de vivienda popular en la actualidad son los mismos para el otorgamiento del subsidio económico por parte del Fondo Nacional de Vivienda a la vivienda de interés social (De 1 a 100 SMLV), entonces mayor consideración cupiera para conceder el milaje mínimo de $4 por cada mil de avalúo a los inmuebles caracterizados como de Interés Social Prioritario con avalúos hasta de $26.780.000. Igualmente, se pudiera precisar esta clase de impuesto directo en proporción a los ingresos de sus posesionarios o propietarios.

Es muy paradójica o risible la norma de exclusión del pago de impuesto predial para viviendas con avalúos inferiores a los 10 salarios mínimos legales vigentes, fijada en el artículo 80 de Código Tributario: ¿Cuántas propiedades urbanas en este instante y en medio de esta barahúnda especulativa del precio del suelo y de los impuestos a la propiedad tienen avalúos iguales o inferiores a $5.356.000 en el municipio antaño más fabril de Colombia? No es un gazapo sino una burla que ofende al ciudadano común.
Publicado enEdición 168