Slavoj Zizek, en el salón del libro de Leipzig (2015).

El filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj Zizek ha sido uno de los protagonistas del debate intelectual en un mundo enfrentado a grandes cambios. Referente para buena parte de la izquierda, a principios de año afirmó que el coronavirus sería “un golpe letal para el capitalismo” y una oportunidad para reinventar la sociedad (la respuesta antagónica del filósofo Byung Chul Han, quien dijo “Zizek se equivoca, nada de eso sucederá”). No sólo ha estado atento a la pandemia, sino también a los estallidos sociales alrededor del mundo, a los que entiende como “dolores de parto” de una sociedad ya agotada en sus propias contradicciones: “Nuestra vieja sociedad ya está muerta, simplemente hay quienes no lo saben”.

En esta entrevista explica por qué las crisis sociales de hoy tienen resonancias globales. Además, reflexiona sobre el problema de la violencia, el pensamiento y la política del siglo XXI.

En distintas partes del mundo han ocurrido estallidos sociales, se han dicho muchas cosas al respecto, pero hay algo muy concreto y que coincide en varios de ellos, y es que la palabra que surge espontáneamente es “dignidad”. ¿Cómo lee eso?

Creo que este punto es crucial. A pesar de la pobreza, el hambre y la violencia, a pesar de la explotación económica, las protestas que estallan ahora en Chile, Turquía, Bielorrusia o Francia, evocan regularmente la dignidad. Recuerdo haber hablado con mis amigos en Estambul que me dijeron que, también allí, su lema principal era la dignidad: incluso más que la libertad política y las cuestiones económicas, no podían soportar cómo el régimen de Erdogan los humillaba tratándolos como idiotas. Creo que la dignidad es la respuesta popular al cinismo abierto de los que están en el poder. Como señaló Peter Sloterdijk hace casi medio siglo, la fórmula de la ideología actual no es “no saben lo que están haciendo” sino: “saben lo que están haciendo, y no obstante, lo siguen haciendo”. 

Ha dicho que la crisis chilena tiene relevancia universal…

Chile se encuentra en una situación específica, pero creo que esta misma especificidad hace que sea más universal que otras: marca el paso de un tipo a otro de protesta. Luchar contra la dictadura de Pinochet era la lucha por la democracia contra un régimen abiertamente autoritario; ahora se cuestionan los límites mismos de la democracia liberal capitalista. 

¿Se cuestiona la forma de la democracia de las sociedades liberales? 

Las protestas que están sacudiendo al mundo en los últimos años oscilan claramente entre dos tipos. Por un lado, tenemos las protestas de recuperación, que cuentan con el apoyo de los medios liberales occidentales: Hong Kong, Bielorrusia. Por otro lado, tenemos protestas mucho más preocupantes que reaccionan a los límites del proyecto liberal-democrático en sí: “chalecos amarillos”, Black Lives Matter, Extinction Rebellion en el propio Occidente desarrollado. La relación entre los dos se asemeja a la conocida paradoja de Aquiles y la tortuga. En una carrera, Aquiles le permite a la tortuga una ventaja, y cada vez que Aquiles llega a algún lugar donde ha estado la tortuga, todavía le queda algo de distancia antes de que pueda alcanzarla. Pero si dejamos que Aquiles corra 200 metros, y en la misma unidad de tiempo, la tortuga cubrirá sólo 4 metros, ésta será dejada muy atrás por Aquiles. Entonces, la conclusión que se impone es: Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga, pero puede pasarla fácilmente. Ahora reemplacemos a Aquiles por “fuerzas del levantamiento democrático”, y la tortuga por el ideal del “capitalismo liberal-democrático”: pronto nos damos cuenta de que la mayoría de los países no pueden acercarse demasiado a este ideal, y que su fracaso para alcanzarlo expresa debilidades del propio sistema capitalista global. Todo lo que estos países pueden hacer es la arriesgada maniobra de ir más allá de este sistema, que, por supuesto, conlleva sus propios peligros. Además, nos vemos obligados a darnos cuenta de que, mientras los manifestantes a favor de la democracia se esfuerzan por ponerse al día con el Occidente liberal-capitalista, hay signos claros de que, en la economía y la política, el propio Occidente desarrollado está entrando en un poscapitalismo, una era posliberal, por supuesto, distópica.

¿Es decir, le parece que la crisis tiene que ver con que las democracias liberales se han topado con su propia contradicción?

Yanis Varoufakis señaló una señal clave de lo que vendrá: la reacción de las bolsas de valores. Cuando se anunció la mayor recesión en Reino Unido y Estados Unidos, el mercado de valores registró un récord. Aunque parte de esto puede explicarse por hechos simples (la mayoría de los máximos del mercado de valores pertenecen a unas pocas empresas que prosperan ahora, desde Google hasta Tesla), lo que vemos es una disociación entre la circulación y especulación financiera con la producción y las ganancias. La verdadera elección es entonces: ¿en qué tipo de poscapitalismo nos encontraremos?

Precisamente Arendt escribe, a propósito de las protestas estudiantiles de principio de los 70, que los estallidos violentos son los dolores de parto de una sociedad que ya se encontraba en transición. 

Arendt dice esto en su polémica contra Mao, quien dijo que “el poder surge del cañón de un arma”. Arendt califica esto como una convicción “completamente no marxista” y afirma que, para Marx, los estallidos violentos son como “los dolores de parto que preceden, pero por supuesto que no causan, el nacimiento orgánico del evento”. Básicamente estoy de acuerdo con ella, pero agregaría dos cosas. Primero, recuerda la clásica escena de dibujos animados de un gato que simplemente continúa caminando por el borde del precipicio, ignorando que ya no tiene tierra bajo sus pies; se cae solo cuando mira hacia abajo y se da cuenta de que está colgando en el abismo. Nuestra vieja sociedad ya está muerta, simplemente no lo saben y tenemos que recordárselo, hacer que miren hacia abajo y vean el abismo bajo sus pies, pero ¿cómo? No creo que sea posible hacer ver, a los que están en el poder, que “ya están muertos”: en nuestro universo cínico, en cierto sentido ya lo saben, pero siguen como de costumbre. Así es cómo funciona la ideología en nuestra era cínica: no tenemos que creer en ella. Nadie se toma en serio la democracia o la justicia, todos somos conscientes de su corrupción, pero la practicamos, demostramos nuestra fe en ellas, porque suponemos que funcionan aunque no creemos en ellas. Lo que esto significa en nuestro caso es que nunca se producirá un traspaso del poder “democrático” plenamente pacífico sin los “dolores de parto” de la violencia: siempre habrá momentos de tensión en los que se suspendan las reglas del diálogo democrático y los cambios.

La violencia en las protestas es justamente lo que genera un problema para la izquierda, que tiene un pie en la calle y otro en la política institucional. No logran tomar posición.

Por lo que entiendo de la situación, creo que en este momento el foco debería estar en el “Apruebo”, que es un procedimiento institucional de votación. El objetivo no es asustar a la “mayoría silenciosa”, sino conseguir que el mayor número posible de ellos esté de nuestro lado. La violencia de nuestro lado debe ser estrictamente reactiva (autodefensa) para que se vea que claramente es el otro lado el que está perdiendo los nervios y actúa con violencia. Hay que evitar que surja el cliché de que hay extremistas violentos en ambos lados. Los que están en el poder provocaron la crisis y la inestabilidad, mientras que “Apruebo” está a favor de la paz y la estabilidad ciudadana. La violencia que preferiría es la violencia pasiva de abstenerse y boicotear, de NO hacer cosas donde se espera que uno haga algo. Como escribí al final de mi libro sobre la violencia, a veces lo más auténticamente violento es no hacer nada.

¿Hay algo que cambiarías, casi diez años después, de su libro Sobre la violencia?

Tal vez solo cambiaría algunos pequeños acentos. Insistiría más en la diferencia entre una violencia física o mental necesaria para reproducir el sistema y una “violencia” dirigida contra el sistema pero que puede respetar plenamente todas nuestras libertades y reglas democráticas. En este sentido, por loco que parezca, Gandhi era más violento que Hitler. Hitler no “tenía las pelotas” para cambiar las cosas. Todas sus acciones fueron fundamentalmente reacciones: actuó para que nada cambiara realmente; actuó para evitar la amenaza comunista. Su objetivo de eliminar a los judíos fue, en última instancia, un acto de desplazamiento en el que evitó al enemigo real: el núcleo de las propias relaciones sociales capitalistas. Gandhi, en cambio, hizo un movimiento que se esforzó efectivamente por interrumpir el funcionamiento básico del estado colonial británico respetando todas las reglas democráticas. La violencia directa es, por lo tanto, por regla general una reacción a la amenaza de un cambio. Cuando un sistema está en crisis, comienza a romper sus propias reglas. 

En El coraje de la desesperanza, decía que había que abrazar completamente la desesperanza. Esos días triunfaba Trump y aparecían en el mundo las derechas nacionalistas. Hoy, ¿tiene esperanza?

Sigo apegándome a esa fórmula de Agamben. Por “desesperanza” no me refiero a un tipo de pesimismo de “no hay salida”, solo me refiero a que no podemos imaginar un verdadero cambio dentro de las coordenadas básicas del orden existente, en el sentido de “radicalicemos nuestra democracia”. El camino hacia el verdadero cambio se abre solo cuando perdemos la esperanza en un cambio dentro del sistema. Si esto parece demasiado “radical”, recuerda que hoy, nuestro capitalismo ya se está transformando en algo nuevo, en un nuevo tipo de régimen opresivo. 

¿Es esa “desesperanza” táctica lo que le llevó a afirmar en las elecciones pasadas en Estados Unidos que era menos malo que ganara Trump que Clinton? ¿Qué piensas sobre las próximas elecciones?

Mi argumento fue que Trump es peor que Hilary Clinton, y ese era mi punto: esperaba que, como reacción a su gobierno, la izquierda en los Estados Unidos se constituyera como una fuerza política independiente. Esto sí sucedió con el surgimiento de los llamados socialistas demócratas dentro del Partido Demócrata, pero creo que hoy, con la pandemia, lo que está en juego es simplemente nuestra supervivencia, por lo que aconsejo a mis amigos de Estados Unidos que voten por Biden. Paradójicamente, la tarea de la izquierda es ahora, como señaló Alexandria Ocasio-Cortez, salvar nuestra democracia “burguesa”, cuando el centro liberal es demasiado débil e indeciso para hacerlo. ¡Qué vergüenza! Ahora tenemos que pelear incluso sus batallas.

Ha sido muy crítico con la culturalización de la política, también con las militancias anti-representación. ¿Cómo piensa la política del siglo XXI? 

El siglo XXI comenzó con los atentados del 11 de septiembre que marcan el fin de la visión de Fukuyama: ahora sabemos que el sueño de una expansión universal del capitalismo liberal-democrático ha terminado. Pero estoy dispuesto a dar un paso más aquí. Lo que hoy debería volverse problemático es precisamente un rasgo que Marx, Lenin y sus oponentes anarquistas tenían en común: destrozar los aparatos estatales existentes y reemplazarlos con algún tipo de autoorganización transparente de la sociedad que excluya la alienación y la re-presentación política. Por el contrario, pienso que hay que finalmente abandonar el mito de la inocencia perdida de la “Comuna de París”, como si los comunistas fueran comunistas antes del terror comunista “totalitario” del siglo XX, como si en la “Comuna” un sueño se hiciera realidad incluso si la gente efectivamente comiera ratas ¿Qué pasaría si, en contraste con la gran obsesión por superar la alienación de las instituciones estatales y lograr una sociedad auto-transparente, nuestra tarea hoy fuera, casi la opuesta? Es decir, promulgar una “buena alienación” ¿Qué pasa si necesitamos un conjunto de instituciones “alienadas”? Que, precisamente como “alienadas”, sustentan el espacio de nuestra libertad, de la misma manera que podemos pensar y hablar libremente solo a través del lenguaje, que no es sino una sustancia no transparente de nuestra vida mental. 

Pero da la impresión de que la idea de que no somos transparentes a nosotros mismos es poco popular, más bien son tiempos de extrema confianza en la voluntad y el “yo”. Supongo que esa es la parte en que incorpora el psicoanálisis y a Hegel en sus análisis.

Hago esto en un movimiento crítico contra el marxismo tradicional que también se basa en el progreso histórico general que conduciría al comunismo. Entonces los comunistas pueden así permitirse confiar en la Historia, actuar de acuerdo con sus leyes y saber lo que hacen. Pero creo que deberíamos darle la vuelta a la fórmula propuesta por Robert Brandom, el gran hegeliano liberal de hoy: “el espíritu de confianza”. ¿No es el rasgo más profundo de un verdadero enfoque hegeliano un espíritu de desconfianza? Es decir, el axioma básico de Hegel no es la premisa teleológica de que, por terrible que sea un evento, al final resultará ser un momento subordinado que contribuirá a la armonía general; su axioma es que no importa lo bien planificada y pensada que sea una idea o un proyecto, de alguna manera saldrá mal: la comunidad orgánica griega de una polis se convierte en una guerra fraterna, la fidelidad medieval basada en el honor se convierte en un halago vacío, el revolucionario luchar por la libertad universal se convierte en terror. El punto de Hegel no es que este mal giro de las cosas, podría haberse evitado, sino que tenemos que aceptar que no hay un camino directo hacia la libertad concreta, la “reconciliación” reside solo en el hecho de que nos resignamos a la amenaza permanente de destrucción que es una condición positiva de nuestra libertad. 

Eso mismo se puede decir acerca de otros temas que se planifican. Por ejemplo, en el campo sexual: incluso cuando se intenta liberar, sigue siendo complicado. 

La epidemia de la covid acaba de concluir el proceso de digitalización progresiva de nuestras vidas: las estadísticas muestran que los adolescentes de hoy dedican mucho menos tiempo a explorar la sexualidad que a explorar la web y las drogas. Incluso si se involucran en el sexo, ¿no es hacerlo en el ciberespacio (con toda la pornografía hardcore que se ofrece) mucho más fácil? Pero deberíamos dar un paso más aquí: ¿y si nunca hubiera habido un sexo completamente “real” sin un suplemento virtual o fantasioso? La masturbación se entiende normalmente como “hacértelo a ti mismo mientras imaginas a una pareja o parejas”, pero ¿y si el sexo es siempre, hasta cierto punto, masturbación con una pareja real? A esto agregaría la lección del psicoanálisis: algo está constitutivamente podrido en el estado de sexo, la sexualidad humana está en sí misma pervertida, expuesta a la mezcla de realidad y fantasía. Incluso cuando estoy solo con mi pareja, mi interacción (sexual) con él / ella está inextricablemente entrelazada con mis fantasías, es decir, utilizo la carne y el cuerpo de mi pareja como apoyo para realizar y representar mis fantasías. No podemos reducir esta brecha entre la realidad corporal de mi pareja y el universo de las fantasías a una distorsión abierta por el patriarcado y la dominación o explotación social; la brecha está aquí desde el principio. Es por esta misma razón que, como parte de la relación sexual, uno le pedirá al otro que siga hablando, generalmente narrando algo “sucio”, incluso cuando tenga en sus manos la “cosa en sí”. 

¿Es feminista?

Sí lo soy. A lo que me opongo es solo a cierto tipo de teoría de género que ve la diferencia sexual como una construcción social impuesta por el orden patriarcal opresivo, sobre una sexualidad fluida previa. Más bien pienso la diferencia sexual desde Lacan, que no es binaria en el sentido de una oposición simbólica fija: es una diferencia “imposible”, una brecha traumática que diferentes identidades sexuales intentan ofuscar. Otro problema adicional que veo con el feminismo contemporáneo en los países occidentales desarrollados es que, como ha demostrado Nancy Fraser, la forma predominante del feminismo estadounidense fue básicamente cooptada por la política neoliberal: debería haber más mujeres en posiciones de poder, pero la estructura de poder en sí no debería cambiar; debemos ayudar a los pobres, pero debemos seguir siendo ricos; no se debe abusar de una posición de poder en una universidad para obtener favores sexuales de aquellos que están subordinados a nosotros, pero el poder que no se sexualiza está bien.

A propósito de la hegemonía que va tomando la racionalidad de la técnica, y que, como decía Heidegger, la ciencia no piensa en consecuencias, ¿qué exigencia tiene el pensamiento en el tiempo que nos toca? 

Lo que se necesita es simplemente un pensamiento filosófico verdadero, un pensamiento que reflexione sobre los presupuestos e implicaciones de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, Musk y otras figuras corporativas están anunciando la posibilidad de “Neuralink”, la conexión digital directa entre nuestras mentes que hará que el lenguaje sea obsoleto; la pregunta que debemos plantear aquí es cómo afectará este cambio en lo que significa “ser humano”. Tendremos que aprender a plantear cuestiones tan básicas. Creo que está llegando una nueva era de la filosofía. 

Por Constanza Michelson 26/10/2020

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Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones de DDHH durante las protestas de 2019

Informe a casi un año del estallido social en Chile

Se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las víctimas denuncian que siguen estancadas las causas judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad.

 

Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social del año pasado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Además se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, explicó el director del organismo Sergio Micco. También dijo que el objetivo de la investigación es llegar a la verdad para que no se repitan estos hechos. A casi un año del estallido social del 18 de octubre las causas judiciales contra miembros de las fuerzas policiales chilenas siguen estancadas. Las víctimas exigen justicia y que avancen las investigaciones. A su vez, el 25 de octubre tendrá lugar el plebiscito donde los chilenos podrán decidir la modificación o no de la Constitución sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Información para llegar a la Verdad

El INDH reveló que durante las protestas hubo 3.023 víctimas de violación a los Derechos Humanos. De ese total 1.810 fueron hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes varones, 132 niñas y adolescentes mujeres, y 124 los calificó como “otros”. Además el organismo resaltó que 163 personas sufrieron trauma ocular. De ese número 110 tuvieron algún tipo de lesión en el ojo y 32 presentaron pérdida de la visión por “trauma irreversible”.

En cuento a las querellas el INDH destacó que 2.340 fueron dirigidas contra efectivos de Carabineros, 97 contra militares del ejército, 34 contra integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a “otros”. El organismo detalló que sólo se formalizaron 31 causas y se imputaron a 72 involucrados en violaciones a derechos fundamentales. La Región Metropolitana, a la cual pertenece Santiago, fue el principal centro de protestas en todo el país y también donde se presentaron 986 de las querellas. Le sigue la región del Biobío, cuya capital es Concepción, con 248. La tercera región con más querellas fue la de Los Ríos con 158.

Al momento de presentar el informe Micco señaló la importancia de avanzar en las investigaciones de estos casos. "Si no sabemos qué ocurrió ni por qué ocurrió, difícilmente podremos saber cómo no repetir esto", sostuvo el abogado. Además indicó que su trabajo debe ser la base para una reunificación del pueblo chileno. "El camino de la verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición es para encontrarnos”, dijo el académico. El INDH también presentó un mapa online de libre acceso donde ubicaron cada uno de los casos, informó la jefa de la Unidad de Estudios y Memoria del organismo Diana Rodrigo. “Lo que aquí se describe no es todo lo que sucedió en el marco de la crisis social. Pero se muestra lo que efectivamente ocurrió, permitiendo responder tres preguntas básicas: quién, cómo y dónde”, explicó Rodrigo.

El INDH es una de las principales organizaciones que denuncia el accionar represivo de fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones sociales del año pasado. Su financiamiento proviene del Estado, sin embargo no depende del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. El ente se define como independiente y autónomo. Está integrado por 11 personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos que permanecen en su cargo por un período de seis años.

Para Micco las cifras del informe hablan por sí solas. Sin embargo manifestó que los avances realizados en la investigación no son suficientes. Durante la Asamblea General de la ONU de septiembre pasado, el presidente de Chile Sebastián Piñera aseguró que su gobierno buscaría esclarecer los hechos. “Haremos todos los esfuerzos para que no haya impunidad. Ni para los que vulneran los Derechos Humanos ni para los violentistas", sostuvo el mandatario. Sin embargo el director del INDH señaló aún no hubo acciones concretas. "El compromiso de que no va a haber impunidad se expresa aumentando los recursos para el sistema procesal y con la reforma integral del cuerpo de Carabineros", sostuvo el abogado. Pero señaló que ninguna de las dos ocurrieron hasta ahora.

El lento camino de la Justicia

Entre las razones de los escasos avances judiciales, Micco destacó los problemas estructurales del sistema procesal chileno. Según el funcionario hay un bajo nivel de eficacia e insuficiente respuesta del gobierno a la sobrecarga del sistema, que se agravó con la pandemia de la covid-19. Desde la llegada del coronavirus al país austral en marzo pasado, se redujeron a un tercio las audiencias judiciales, lo que detuvo aún más las investigaciones. Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad siguen sin resolverse un año del estallido social.

Pasaron casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fue asesinado durante una manifestación en La Serena, al norte de Chile. Recién en los últimos días la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del ejército. Se lo acusó como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con la vida de Veloz. La madre del joven Mery Cortez describió la odisea que está pasando su familia. "Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero recién ahí fue cuando empezó mi calvario", reconoció Cortez. La lentitud judicial la llevó esta semana a tomar medidas extremas. La mujer marchó hasta el Palacio de La Moneda, la sede del gobierno chileno. Allí se desnudó para mostrar un mensaje que llevaba pintado en el pecho: "Justicia para Romario". "Cayó un herido antes que él. Debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo", lamentó Cortez.

Para Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la pandemia es una excusa para la inacción judicial. "Históricamente las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Carabineros se investigan poco", dijo Guevara. Varias organizaciones plantearon la necesidad de emplear recursos especiales para reforzar la PDI, el único cuerpo policial encargado de indagar este tipo de delitos. Además pidieron aumentar los recursos del Ministerio Público.

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Las consecuencias de la dolarización en países latinoamericanos

16.10.20 - Algunos economistas ven a la dolarización como una solución efectiva ante una hiperinflación, pero esta medida puede implicar un enorme costo social, dependencia política y hasta crear vulnerabilidades económicas.

Ecuador, Panamá y El Salvador fueron dolarizados en diferentes escenarios, mientras que Argentina y Venezuela practican una dolarización espontánea.

Varios analistas económicos consultados por BBC Mundo coincidieron en que la dolarización, considerada erróneamente como una fórmula mágica para solucionar la devaluación de la moneda local y la inflación a niveles incontrolables, es una receta llena de ventajas y desventajas que no garantiza efectos positivos en los países que la adoptan.

Según el economista Pablo Dávalos, esta medida puede causar efectos negativos a largo plazo porque se ha visto en la práctica que "la dolarización ha provocado estabilidad monetaria, pero con un costo social gigantesco".

Panamá

En 1904, este país decidió tener dos monedas nacionales, el dólar y balboa, pero con el tiempo esta última, si bien continúa vigente, ya no se imprimen billetes y casi no se la utiliza.

Cuando este país optó por esta medida, EEUU tenía el control del canal de Panamá y ahora esta nación es conocida por ser el paraíso fiscal donde varios políticos y personalidades realizan lavado de dinero.

Según Dávalos, la dolarización logró que "Panamá se convierta en un paraíso fiscal donde tienen sus cuentas los mafiosos del mundo".

Ecuador

Adoptó la dolarización en enero del año 2000 cuando la hiperinflación que había alcanzado el 96% y su moneda nacional, el sucre, se había devaluado.

Esta medida provocó masivas protestas que derivaron en una crisis política irreversible y le terminó costando la salida del Gobierno al presidente de ese entonces Jamil Mahuad.

Si bien la dolarización consiguió evitar una devaluación profunda y repentina, esto no evitó que el país atraviese por serios problemas económicos que siguen vigentes.

La economista Gabriela Calderón considera que la crisis económica de Ecuador se debe a un déficit fiscal de unos 8.000 millones de dólares y no tiene nada que ver con la moneda que usa el país.

Es cierto que la dolarización pudo detener la inflación, generar la estabilidad de precios y proteger los ahorros de las personas, pero esta medida también provocó la distorsión en los sistemas de precios internos y destruyó la industria local impidiendo la generación de empleos y la industrialización.

El Salvador

En 2001 este país se dolarizó para cumplir con una condición que imponía el Tratado de Libre Comercio con EEUU para eliminar los aranceles aduaneros de ambos países.

Entonces, para proteger sus intereses económicos optó por la implementación de dos monedas nacionales, el colón y el dólar. Al igual que en Panamá, la moneda local dejó de circular y el dólar se transformó en la única moneda utilizada en el país.

"La dolarización provocó un efecto de estabilidad de precios y redujo los costos de las transacciones internacionales", explicó el economista Pablo Dávalos.

No obstante, esta medida tuvo un costo social enorme que se está pagando con el dolor de los migrantes al convertirlos en "el principal producto de exportación", pues este país vive de las remesas que son enviadas por los salvadoreños que viven en el extranjero.

Argentina y Venezuela

Si bien estos países no optaron por la dolarización, practican una dolarización espontánea debido a la devaluación que continúan sufriendo sus monedas nacionales en medio de las crisis económicas que enfrentan.

En Argentina, la moneda nacional sufre devaluaciones cada vez que la situación económica se complica, por eso la gente busca en el dólar una protección a su dinero. Mientras que en Venezuela la dolarización es practicada de manera informal y cada vez hay más dólares que bolívares en circulación.

En todos los casos de dolarización, los economistas observan esta medida hace vulnerable a la economía de un país porque no puede defenderse de algún shock externo, ya que no es posible ajustar el tipo de cambio para amortiguar el impacto de los ciclos económicos. Además, los hace dependientes de las decisiones político-económicas que toma EEUU, sin mencionar que el consumo se vuelve inaccesible para gran parte de la población y se consolida la desigualdad que ya es un problema estructural latente en varias naciones.

 

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“Guerra” y “Paz” en el lenguaje paramilitar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

Desde el pasado 14 de septiembre está activa una campaña calumniosa,  difamatoria y ultrajante contra nuestra Comunidad de Paz, pues ese día comenzó a circular por WhatsApp un panfleto titulado “No te queremos comunidad de Paz”, que busca explícitamente colocar al campesinado de la zona en contra nuestra. Según se deduce de uno de sus párrafos, el panfleto se origina en las Juntas de Acción Comunal de las veredas Mulatos Medio y Mulatos Cabecera, pues el redactor o redactores invitan a funcionarios del gobierno a visitar esas sus veredas.

Aunque el panfleto haya sido redactado, según se deduce del texto, por campesinos miembros de juntas comunales, el contenido no deja ninguna duda de su origen paramilitar y militar. Hace ya varios años que el ejército y otras instituciones estatales vienen cooptando a varias juntas comunales para que se integren a la estrategia paramilitar de control de la región. Esto se hizo muy explícito cuando nuestra Comunidad de Paz cumplió sus 20 años de existencia, en marzo de 2017: en esos días el comandante de la Brigada 17 invitó a miembros ya cooptados de juntas comunales para que calumniaran a nuestra comunidad ante las delegaciones internacionales que pidieron una cita en la Brigada con ocasión del aniversario. Ante tan perversa actitud, las delegaciones extranjeras se retiraron de la reunión ofendidas. Se descubrió entonces con claridad que al desmovilizarse las FARC, los paramilitares querían controlar la totalidad del territorio, como de hecho lo han logrado, colocando “puntos” de espionaje y control en cada vereda, con total anuencia de la fuerza pública y demás instituciones del Estado.

Pero lo que más revela el origen paramilitar/militar del panfleto es su contenido: tratan de presentar la situación de la región como un remanso de paz, para lo cual tienen que ocultar la red de espionaje que han montado para controlar toda la vida de los pobladores a través de “puntos” instalados en cada vereda; tienen que hacerse los de la “vista gorda” sobre la circulación permanente de armados en motos por la carretera entre San José y Apartadó; sobre los impuestos ilegales que están cobrando; sobre las normas que les imparten a los pobladores en las reuniones que convocan, prohibiéndoles usar sus fincas para sus cultivos alimentarios e imponiéndoles modelos de “desarrollo” o de “progreso” que a la larga los van arruinar y a desplazar; tienen que esconder las amenazas permanentes a quienes no se someten a sus planes, así como las listas de gente para matar y las muertes que ya llevan a sus espaldas; tampoco mencionan allí los grupos de civiles con armas largas y cortas que patrullan las veredas, muchas veces con uniformes de camuflaje, y menos la convivencia permanente y amistosa entre los líderes paramilitares y las unidades de fuerza pública en el caserío de San José. Esconden, además, la llegada de empresas extranjeras extractivistas cuya labor arrasante del medio ambiente la camuflan a través de ilegales consultas y de ilegales trazados de vías financiadas y ejecutadas con dineros y maquinarias de los paramilitares. Tal es el remanso de paz que dibujan, donde, según dicen, los desmovilizados viven en absoluta tranquilidad.

Según el panfleto, el único grupo que rechaza esa “paz” es nuestra Comunidad de Paz, la cual, según ellos, implanta un modelo de “guerra”. Pero así como no se atreven a describir los componentes reales y concretos de lo que ellos llaman “paz”, porque evidentemente de paz no tienen nada, tampoco se atreven a describir nuestra “guerra”. El panfleto deja muy en claro que lo que les molesta es que nuestra Comunidad no transija con el paramilitarismo y no se calle ante los crímenes. Por eso es evidente que para ellos optar por la “guerra” es no aceptar los crímenes, ni las manipulaciones, ni los espionajes, ni los patrullajes ilegales, ni la imposición de modelos de “desarrollo” o de “progreso” que arruinan la libertad, la dignidad y la soberanía de las comunidades y la vida de la naturaleza. Para ellos, optar por la guerra es denunciar lo que está destruyendo a los pobladores y el ambiente y está hipotecando el territorio a intereses extranjeros destructivos. Tal es la “guerra” que ellos nos endilgan: no callarnos ante todo esto. No se atreven a confesar que nos han hecho seguimientos y espionajes y han llegado a concluir que no tenemos ni un cuchillo para defendernos y que por lo tanto es fácil asesinarnos. En cambio, ellos entraron armados el 29 de diciembre de 2017 a nuestra propiedad privada San Josesito, con intención de asesinarnos y, gracias a Dios y a nuestra comunidad que actúo rápidamente, se pudo evitar que nuestros líderes fueran asesinados, pero nunca los hemos enfrentado con armas. Sin embargo, en el panfleto, nosotros somos los que optamos por la “guerra” y ellos por la “paz”.

Pero toda esta difamación y ataques ultrajantes y perversos no son nuevos sino que hacen parte de una estrategia que lleva varias décadas y que ha tenido como meta el exterminio de nuestra Comunidad de Paz. Primero se propusieron nuestra eliminación física en una acción conjunta entre militares y paramilitares, logrando asesinar a más de tres centenares de nuestras compañeras y compañeros, incluyendo niños y ancianos, con derroche de sevicia. Esa acción genocida estuvo acompañada, como elemento de justificación, de una campaña de estigmatización criminal dirigida desde la Presidencia de la República, pues agentes del paramilitarismo que hoy han confesado sus crímenes ante las instituciones del Sistema Integral de Paz, han relatado cómo el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy sometido a numerosos procesos penales por un aparato de justicia que vive fluctuando entre innumerables mecanismos de impunidad que lo enredan, los convenció de que nuestra Comunidad era una comunidad guerrillera, para que asesinaran sin compasión a todos nuestros integrantes, pero ellos hoy no pueden ya soportar el peso de sus remordimientos cuando comprenden que fueron forzados a matar a tantos inocentes. Tal estigmatización ideológica fue apoyada por perversas campañas mediáticas, como las de los  diarios El Colombiano y El Mundo de Medellín y periódicos y emisoras de Urabá, que difundieron mentiras, calumnias y entraron en complicidad evidente con todos esos  crímenes horrendos, por los cuales no han pagado un solo día de cárcel, ni han dado garantía alguna a los familiares de no repetición de sus crímenes.

En un trayecto de varios años, la alianza militar/paramilitar se propuso además exterminar por hambre a nuestra Comunidad, cortando todo suministro de alimentos, para lo cual no tuvieron empacho en asesinar a varios conductores de chiveros, a todos los tenderos del caserío y a todos los pequeños comerciantes de alimentos y bebidas instalados en la carretera entre Apartadó y San José. Todo este afán de exterminio fue complementado con la labor corrupta y criminal del aparato judicial, haciendo montajes de increíble perversidad con falsos testigos, torturas, encarcelamientos arbitrarios y violación de todas las normas procesales. Cuando nuestra Comunidad acudió a las altas Cortes demostrándoles con precisión e identificando actores, los delitos judiciales de fiscales, jueces, magistrados, agentes criminalísticos, procuradores y defensores, las Cortes no se atrevieron a actuar y mantienen hasta hoy en sus puestos a los corruptos y criminales operadores de “justicia”.

Cuando ya nuestra Comunidad comprobó que no contaba con el auxilio de la justicia, quedando privada de sus derechos constitucionales y se acogió a una ética objeción de conciencia, se remitió sólo a  Cortes internacionales, pero simultáneamente decidió mantener sus llamados a la conciencia solidaria de las franjas humanas nacionales e internacionales que aún conservan principios éticos; por ello se ha mantenido las CONSTANCIAS que relatan por las redes sociales las agresiones concretas a que nos tienen sometidos.  También este último recurso a la solidaridad humana de los limpios, ha querido ser bloqueado: la Brigada 17 del ejército introdujo una Acción de Tutela, el 28 de septiembre de 2018,  para que se nos privara del derecho a la comunicación y a la denuncia y le exigió a una Jueza Promiscua de Apartadó que nos obligara a retirar de las redes sociales todos nuestras Constancias. Nos negamos a acatar semejante villanía. La corrupta Jueza Segunda Promiscua de Apartadó se dejó arrastrar por los militares para violar el derecho constitucional a la comunicación, el que en la jurisprudencia de los tribunales internacionales constituye “la esencia de la democracia”. Hasta ahora la Corte Constitucional mantiene en suspenso (y en un suspenso demasiado prolongado) tan absurdas sentencias.

No extraña, pues, que los redactores del sucio panfleto que mencionamos aquí, se quejen de que se ponga en cuestión su comportamiento como algo perverso, pero al mismo tiempo le piden al gobierno que los apoye en uno de los crímenes más graves: el de “acabar con nuestra comunidad” (crimen tipificado en el Derecho Internacional como Genocidio, y también bajo las modalidades de Crímenes de Exterminio y Persecución, ambos tipificados como Crímenes de Lesa Humanidad).

Quieren, además, los panfletarios, que se les deje circular por todos nuestros predios privados. Ya tuvimos la experiencia el 29 de diciembre de 2017 cuando incursionaron en San Josesito 5 paramilitares de los que departen día y noche en el caserío de San José con la fuerza pública, con el objetivo de asesinar a nuestro representante legal y a los miembros de nuestro concejo interno: ¿Quieren que  les abramos todos los candados para que puedan seguir entrando a asesinar? ¿No es acaso ese comportamiento el típico de las bandas criminales?

En todo el panfleto se está exigiendo que se llame “paz” a la guerra de exterminio que ellos practican, y que se llame “guerra” a nuestros afanes por no callar los crímenes, los ultrajes, agresiones y amenazas a que constantemente nos someten y sobre todo a nuestras constancias históricas y censuras morales.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos aquí con nuestras CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El sábado 19 de septiembre  de 2020en horas del día, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas en el camino que conduce de la vereda las Nieves hacia la vereda la Esperanza, de San José de Apartadó.
  • El martes 29  de septiembre de 2020, en horas del día, se percibió un tránsito intenso de hombres portando armas cortas, en motocicletas, por la carretera que pasa al lado de nuestro asentamiento de San Josesito. En horas de la tarde del mismo día, se vio cruzar por allí al paramilitar conocido como ALFREDO. Al parecer, todos estos paramilitares estaban ese día coordinando la repartición de panfletos que luego dos días después fueron encontrados en toda la zona y en muchos municipios de Antioquia y el país.
  • El miércoles 30 de septiembre de 2020, en horas de la noche, llegaron informaciones sobre un supuesto plan de exterminio que se estaría organizando en la zona contra nuestra Comunidad de Paz,  por parte de los paramilitares en asocio con algunos pobladores de la zona. Se afirma que nuestra Comunidad “no deja entrar el progreso a la región” y denuncia mucho la presencia paramilitar en las veredas del corregimiento, lo cual les perjudica y les impide ejercer el control con mayor fuerza sobre la población civil.
  • El jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, fueron encontrados muchos panfletos de los paramilitares impresos en papel y muchos grafitis en los árboles y casas, suscritos por las autodenominados AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que controlan esta región y muchas otras en el país. Dichos panfletos, al parecer, no solo fueron difundidos en el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, sino también en otros muchos municipios del país y sus corregimientos y veredas. En dicho panfleto protestan por la brutalidad de la Policía Nacional contra las manifestaciones populares de protesta y al mismo tiempo denuncian las actividades de las guerrillas en la zona. No deja de ser desconcertante que una estructura paramilitar cuya tolerancia por parte del Estado ha sido total, como el mismo Obispo de Apartadó lo denunció hace unos meses, al señalar que no se percibe ninguna voluntad del Estado en perseguirlos, quiera ahora ganar respaldo de la población al denunciar a su mismo Estado protector en un asunto que tiene tan enorme consenso nacional, como es el rechazo a la brutalidad policial.
  • El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra pasó una tropa de militares de la Brigada XVI del ejército, violando nuestra propiedad privada. Cerca de allí, según informaciones, se encontraba un grupo de paramilitares portando fusiles y vestidos de civil.
  •  El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas del día, llegaron  a nuestra Comunidad informaciones según las cuales los paramilitares conocidos como “JESUSITO” y WILFER HIGUITA eran los que habrían dejado los panfletos y los escritos en los árboles, en los frentes de las casas y hasta en las piedras, en la vereda la Unión de San José de Apartadó. Es sabido que  WILFER HIGUITA siendo parte de los paramilitares se integró en el 2009 a la Brigada XVII del ejército, prestando sus servicios como paramilitar. El 17 de enero de 2009 se hizo de mensajero del Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, para someter a un inmundo chantaje a un miembro de la Comunidad de Paz, conminándolo a ayudarle a destruir la Comunidad de Paz o de lo contrario le inventaría un proceso penal por narcotráfico o por rebelión, con falsos testigos. El 16 de noviembre del mismo año 2009, el mismo Wilfer Higuita hizo pública, en la vereda Caracolí de San José de Apartadó, una lista de personas para asesinar, varias de las cuales fueron asesinadas en los días siguientes, como Don Fabio Manco y Don Luis Arnelio Zapata. Según el anuncio de Higuita, por cada muerte  pagarían 7 millones de pesos. Durante esos años fue visto patrullando con militares de la Brigada XVII, como paramilitar.
  • El miércoles 7 de octubre de 2020, a las 7:00 a.m., un grupo de 4 militares de la Brigada XVII del ejército ingresó sin autorización alguna a nuestros espacios privados de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. Más tarde, a las 11:00 a. m., otros 3 militares violaron de nuevo nuestro predio, alegando que estaban verificando  unas coordenadas y simulando que estaban extraviados en la zona. Hay que anotar que el predio de la Aldea de Paz está suficientemente señalizado como territorio privado y menos se comprende que funcionarios del mismo Estado ignoren su inviolabilidad legal.

Es claro que los paramilitares han buscado cómo destruir nuestro proceso de vida y para ello utilizan diversos puntos de espionaje que están informando permanentemente sobre las actividades de nuestra comunidad día a día. Ahora se escucha que llega un supuesto nuevo comandante paramilitar a la zona el cual reemplazará a alias “Pueblito” o “Pueblo”, asesinado por la fuerza pública.  

Las empresas mineras son las más interesadas en apoderarse de esta región, pues estos últimos meses se han realizado muchas encuestas verbales ilegales para empezar a explotar los minerales y todo esto llevado a cabo por los mismos paramilitares que realizan el trabajo sucio del empresariado de Urabá y desafortunadamente el campesino va cayendo en el juego de esas empresas, sabiendo que ellas buscan sólo llenar sus arcas de divisas y desmantelar los precarios recursos de los campesinos, quienes terminan entregando la tierra y desplazándose, forzados por los que hoy defienden y apoyan ese despojo como “progreso y desarrollo” de la zona. Basta mirar cómo han quedado las otras regiones del país donde estas empresas han explotado los recursos, donde ahora sólo se vive en miseria, el desplazamiento, con dolor y rabia por haber hecho caso a las promesas falsas que las empresas habían propagado. Sabemos que existe un gran interés de las empresas mineras y de las mismas instituciones del Estado por arrebatarle las tierras colectivas a nuestra Comunidad de Paz y para lograrlo están utilizando el paramilitarismo y cooptando a una gran parte de la población civil de la zona, como estrategia para terminar con el estorbo que somos para ellos, que les impide robar los recursos naturales acabando con esta hermosa zona. Ese tipo de “progreso de muerte y de exterminio” nuestra Comunidad de Paz lo rechaza rotundamente.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 12 de 2020

Publicado enColombia
Racismo y violencia de Estado en Venezuela. Entrevista a Keymer Ávila

Venezuela vive inmersa en un clima de inseguridad urbana que la ubica entre los países con más muertes violentas en la región, pero la particularidad es que una gran parte de esas muertes provienen de las operaciones antidelictivas de fuerzas estatales, marcadas por su elevada letalidad. Esa violencia de Estado afecta particularmente a la juventud pobre y menos «blanca» de las barriadas populares. Sin una politización de las cuestiones raciales como en otras partes, en Venezuela el racismo aparece como un fenómeno latente y poco problematizado en la sociedad y la política. Keymer Ávila es investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (ucv) y profesor de Criminología en pre y posgrado de la misma universidad. Es uno de los principales estudiosos y críticos de la violencia institucional y del sistema penal de la Venezuela contemporánea.

 

¿Qué formas toma la opresión racial en Venezuela? ¿Qué grupos enfrentan discriminación sistemática racializada?

Lo primero que debo aclarar es que mi área de investigación no se concentra en el tema racial sino en la violencia institucional, específicamente la del sistema penal. Los sistemas penales se caracterizan por ser selectivos, clasistas, racistas y xenófobos. Es dentro de este marco que podría acercarme al tema racial. De una manera muy general, lo que les puedo comentar es que el racismo en Venezuela es un problema no admitido ni asumido, es casi un tema tabú. Se trataría más de un racismo simbólico, cultural, latente, que se presenta en ocasiones como algo simpático o humorístico, estético, junto a un cúmulo de prejuicios, así como sutiles e indirectas formas de opresión, discriminación, estigmatización y exclusión. Esto va desde el no reconocimiento u ocultamiento de la propia herencia africana o indígena hasta la autodiscriminación. Es lo que Esther Pineda ha definido como «endorracismo», que es básicamente el racismo ejercido por los propios discriminados1. Por ello también cuesta tanto asumirlo. No alcanza los niveles institucionalizados y extremos que tiene en Estados Unidos, pero sin duda alimenta un sustrato para legitimar posteriormente otras formas de violencia en contra de estos grupos.

¿Quiénes formarían estos grupos? Pobres, afrodescendientes e indígenas. Hasta hace pocos años, Venezuela era un país receptor de migrantes y en estos grupos también se encontraban haitianos, trinitarios, colombianos, ecuatorianos y peruanos. En contraste, a los migrantes provenientes de España, Italia y Portugal se les otorgaba un trato mucho más privilegiado. No se trataba entonces solo de xenofobia, había también implícitos racismo y clasismo en contra de estas personas. Ahora esa situación se revierte, ya que actualmente son los venezolanos quienes sirven de chivo expiatorio en muchos países, dado el enorme éxodo de al menos 13% de nuestra población.

¿Cómo se entrecruzan clase y raza en el caso de Venezuela?

Están íntimamente vinculadas, como lo están en la mayoría de los países coloniales que explotaron a los esclavos traídos de África entre los siglos xvi y xviii. En el caso de Venezuela, las clases altas y sus familias tradicionales –algunas que se remontan a la Colonia– son predominantemente blancas y endogámicas, no se mezclan2. En otro nivel podría considerarse también a los inmigrantes italianos, españoles y portugueses que vinieron a mitad del siglo pasado huyendo de las guerras y que llegaron como mano de obra calificada y luego lograron ascender en la escala social. Esta oleada migratoria europea fue promovida por el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez en un intento de «modernizar» y «blanquear» el país, «mejorar la raza». De este grupo algunos se mezclaron, aunque no la mayoría. Acá pueden verse, entonces, las capas más altas de la sociedad, que serían las minoritarias, con un importante poderío económico, pero actualmente venidas a menos en lo político.

Luego vendría la mayoría del país que es fundamentalmente mestiza: mezcla de indios, negros y blancos. Precisamente esta condición de asumirnos como producto de esta mezcla es lo que hace que nos cueste aceptar que tenemos problemas de racismo.

En las clases populares hay mayor cantidad de afrodescendientes e indígenas que en las clases medias. Podríamos afirmar que el mestizaje dentro de nuestra estructura social tiene la forma de un rombo o diamante: en la medida en que te acercas a la cúspide o a la base de la estructura social venezolana el mestizaje es menor, cuanto más arriba menor melanina, más abajo ocurre lo contrario y en las capas medias el mestizaje es mucho mayor.

Por lo tanto, en Venezuela, la segregación de clase suele estar muy vinculada a la segregación racial.

¿Hasta qué punto representó el chavismo un avance contra el racismo?

Algunos posiblemente podrían considerar la victoria de [Hugo] Chávez en 1998 como un éxito simbólico, al ser el primer presidente zambo y de extracción popular en el país. Sin embargo, esto tuvo más una impronta de clase que de raza. Por parte de la oposición tradicional, afloraron los discursos racistas y clasistas. Pero a dos décadas de este evento, no puede afirmarse que las clases más excluidas estén mejor que antes, ni que el chavismo haya significado un empoderamiento de estos sectores. Todo lo contrario, hoy en día hay mayor pobreza, desigualdad, exclusión y represión.

En el presente, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ¿cómo interactúan las fuerzas policiales o de seguridad con grupos racializados u oprimidos por el racismo? ¿Cómo responden estas fuerzas cuando estos grupos se organizan por sus derechos?

Cuando denunciamos que en Venezuela la policía lleva una masacre por goteo en contra de jóvenes de los sectores populares, nos referimos a jóvenes pobres y racializados. En el país, el sistema penal es tan clasista y racista como en otros de la región; la diferencia podría estar en sus altos niveles de letalidad. Las llamadas fuerzas del orden, como en todas partes, están destinadas al disciplinamiento, control y represión de las clases populares, a las que las elites gobernantes siempre consideran peligrosas. Esa es la razón real de su existencia, que se encubre detrás de distintos tipos de discursos, predominantemente normativos, que invocan el interés general y la seguridad pública, pero que en esencia se reducen a la protección de los pocos que detentan el poder político y económico.

Todo esto se remonta a la historia colonial. La Colonia fue siempre un Estado policial. El advenimiento del llamado Estado de derecho, que ponía límites normativos al poder en los países centrales, no llega de la misma forma a sus periferias. Los habitantes de las colonias no eran considerados ciudadanos, sino salvajes, privados de derechos y sujetos a un estado de excepción. Esa idea aún se encuentra muy arraigada en nuestros países. De allí algunas de las justificaciones de los excesos de la violencia institucional, y especialmente la policial.

En el caso venezolano particular, los cuerpos de seguridad, desde sus orígenes, estuvieron signados por su militarización e instrumentalización político-partidista, así como por sus excesos contra las clases populares. La lógica bélica, impuesta para hacer frente a la lucha armada de las décadas de 1960 y 1970, que dejó un saldo de miles de casos de violaciones a los derechos humanos, se trasladará en los años siguientes a las prácticas cotidianas de los organismos de seguridad. Masacres como los «pozos de la muerte», «El Amparo» o «El Caracazo» serán emblemáticas para las últimas décadas de nuestro siglo xx.

El siglo xxi en Venezuela venía acompañado de la promesa de un cambio radical, de una ruptura con todo lo anterior. Sin embargo, lo que sucedió fue la continuidad e incluso la profundización de todo lo que ya venía muy mal. Entre los años 2010 y 2018 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas3. 69% de estos casos ocurrió entre 2016 y 2018. La tasa de homicidios a manos de efectivos del Estado por cada 100.000 habitantes se sextuplicó entre 2010 y 2018, llegando a 16,6, un registro superior a las tasas de homicidios totales de la mayoría de los países del mundo. Asimismo, la proporción de estos casos frente al total de homicidios se incrementó, en ese mismo periodo, de 4% a 33%. Es decir, actualmente uno de cada tres homicidios que ocurren en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto, en un país cuya tasa de homicidios es de 50 por cada 100.000 habitantes, puede considerarse como una masacre: durante 2018 murieron diariamente 15 jóvenes venezolanos por estas causas.

Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil este tipo de casos apenas ocupan 7% de los homicidios. En 2017, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil, 4.670 muertes y Venezuela, 4.9984. Otro contraste que puede resultar de interés: Patrick Ball estima que entre 8% y 10% de los homicidios ocurridos en eeuu son consecuencia de la intervención de sus fuerzas de seguridad5. En Venezuela ese porcentaje es tres veces mayor.

Estos son algunos de los saldos que caracterizan al actual gobierno, que lejos de debilitarlo lo fortalecen, porque opera con una lógica necropolítica: en la medida en que se deterioran las condiciones materiales de vida, la vida misma parece también perder su valor. En ese proceso se ejercen mayores y más efectivos controles sobre la población. Mientras más se lo acusa de autoritario y dictatorial, de generador de terror, más se envilece. Allí yace su principal capital político. Su legitimidad no se encuentra ni en los votos ni en la voluntad popular, sino en el ejercicio ilimitado del poder y de la fuerza. El miedo es una de sus principales herramientas.

Con la pandemia, esta excepcionalidad solo ha seguido extendiéndose, otorgándoles más poder a quienes ya controlaban todo el aparato del Estado. Durante los primeros cinco meses de cuarentena –periodo en el que se esperaba que, al reducirse la movilidad social, se redujera también la violencia callejera–, murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado más de 1.171 personas. 125 de ellas eran privadas de libertad que huyeron, intentaban huir o manifestaban contra las precarias condiciones en que se encontraban en calabozos policiales o centros penitenciarios. Son ocho muertes diarias, que no escandalizan a nadie. En ese mismo lapso el covid-19, según cifras oficiales, había acabado con la vida de 259 personas, es decir, dos personas cada día. Para los venezolanos, las fuerzas de seguridad del Estado son cinco veces más letales que la pandemia que azota al mundo6.

Es importante distinguir algo que se manipula mucho en los medios de comunicación cuando se aborda el tema Venezuela, desde los prejuicios de clase y de raza: las cifras de miles de muertes que acabo de señalar se refieren a jóvenes de los sectores populares que son masacrados con el argumento de la lucha contra la inseguridad ciudadana. No se trata de disidentes políticos ni de manifestantes. Es importante señalar estas diferencias. Esto no significa que en Venezuela la represión contra las manifestaciones no sea brutal, pero la violencia institucional de carácter letal no se expresa en estos contextos de manera tan masiva como la que se aplica de manera sistemática, permanente y cotidiana contra los jóvenes de los sectores populares.

La represión del Estado siempre es política, la seguridad ciudadana solo sirve como excusa para ello. Esta represión se distribuye socialmente de manera diferenciada: en los barrios pobres es ilimitada y letal, mientras que en las manifestaciones depende de quiénes protesten. Cuando los pobres son los que se movilizan la represión es mayor, como se pudo observar con las protestas de finales de enero del año pasado, con un saldo aproximado de 50 personas fallecidas en menos de dos semanas. En contraste, cuando son jóvenes de las capas medias o estudiantes universitarios quienes salen a la calle, la violencia institucional generalmente se expresa de formas menos letales, como detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos masivos ilegales, procesamientos de civiles en jurisdicción militar, etc.

Usted dice que hubo una profundización de lo que ya venía muy mal. ¿Qué políticas condujeron a esto? ¿Qué transformaciones se dieron en las instituciones policiales bajo el chavismo que explican este incremento de los homicidios a manos de las policías?

Como señalé, el periodo entre las décadas de 1960 y 1980 no era ni un cuento de hadas ni Disneyland en Venezuela. Desde 1998 hasta la muerte de Chávez, el discurso para abordar el problema de la inseguridad tuvo un enfoque predominantemente social. A partir del año 2013 el discurso gubernamental cambió a uno más represivo, muy próximo ideológicamente al de sus supuestos adversarios ideológicos. De esta manera pueden distinguirse claramente dos etapas en el discurso y la política oficial respecto a la seguridad ciudadana en la Venezuela del siglo xxi. Una primera etapa puede ubicarse entre 1998 y 2013. Se inicia con el primer gobierno de Chávez, que logra capitalizar el descontento hacia un sistema político deslegitimado. Chávez transforma ese descontento en esperanza y en un proyecto político que prometía una transformación radical, de ruptura con el viejo orden. Eso pasaba por la refundación de la República, la nueva Constitución y una serie de reformas institucionales. Los grandes temas eran la política y lo social. La seguridad ciudadana no estaba en la agenda o se terminaba diluyendo en el discurso de las políticas sociales. La línea era el discurso mertoniano clásico: la falta de oportunidades crea condiciones para que los más pobres cometan delitos. ¿Qué receta exige esto? Mejorar entonces sus condiciones de vida. En consecuencia, el enfoque se concentró –en apariencia– en lo social, en el tema de la inclusión, y no se atendieron los espacios que son propiamente securitarios: las policías, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (cicpc), los fiscales, los tribunales y las cárceles. Estas instituciones permanecieron inmutables a los cambios. Venían ya muy mal y se fueron convirtiendo progresivamente en parcelas autónomas de poder respecto al propio Estado. Esto no fue una novedad del gobierno de Chávez, solo se agudizó durante este periodo. Fue una especie de continuidad de un proceso de precarización y deterioro institucional.

En materia legislativa también se siguió con la misma racionalidad de los gobiernos anteriores: aumento de penas, disminución de beneficios, extensión de conductas criminalizadas, etc. Lejos de contribuir al mejoramiento del sistema, todo esto lo colapsa y enlentece, haciéndolo también más arbitrario y violento. Desde lo ideológico, es importante destacar que la retórica de algunos formadores de opinión pretendidamente progresistas intenta trazar un vínculo causa-efecto entre pobreza y violencia. El enfoque en este vínculo inadvertidamente puede coincidir con el discurso clasista de la derecha más conservadora. Por otra parte, también puede sugerir de manera superficial que el Estado solo debe intervenir socialmente. Esta idea, junto con la visión romántica e idealizada del delincuente, ha sido superada por la criminología crítica –en especial la inglesa– desde finales de la década de 1970, cuando se encargó de analizar, comprender e incidir en la política criminal concreta. Desde ese tiempo se tiene la conciencia de que los más afectados por el problema de la violencia y la inseguridad son los más pobres y que se tiene que hacer algo al respecto.

Sin embargo, Chávez mantuvo el discurso «social» respecto de esta problemática desde que tomó el poder hasta el día de su despedida. En él, las causas de la violencia se entendían entonces como factores asociados a la exclusión, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. En consecuencia, tendrían que reducirse de manera prioritaria estos factores. Más allá del tema de la seguridad, lo que habría que preguntarse en estos momentos es si hubo durante todos esos años una real satisfacción de necesidades de manera estructural, universal, institucionalizada, permanente, ininterrumpida, no coyuntural. Si ese pretendido Estado social llegó efectivamente a ser tal y si logró ser sostenible. O por el contrario, si solo se trató de otro reparto coyuntural de la renta petrolera en tiempos de abundancia.

En términos estrictamente discursivos, la política criminal durante este periodo parece haberse disuelto en la política social. Esta fue una de las grandes advertencias del criminólogo crítico Alessandro Baratta: una política de seguridad debe estar integrada a una política social general que la abarque. Una política de seguridad sin una política social general que le sirva de marco no tiene sentido. La política social no debe ser confundida con la política de seguridad; mucho menos debe «criminalizarse» la política social utilizando lógicas securitarias para elaborarla. Este es un error común y muy seductor para enfoques pretendidamente progresistas.

Por otro lado, una política social general que no garantice la presencia institucional del Estado como mediador e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable en situaciones que constituyan amenazas o riesgo a su integridad física o en el disfrute de sus derechos puede sufrir crisis internas, como en el caso venezolano. La política concreta más emblemática en materia de seguridad ciudadana durante esta primera etapa fue el diseño en 2006 de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). Esta fue creada en el contexto de un año electoral, que coincidió con un aumento de los homicidios en el país y con casos que impactaron a la opinión pública (Kennedy, Sindoni y Faddoul)7. Estos casos, instrumentalizados por la oposición con fines electorales, involucraban a funcionarios policiales y a víctimas con un alto poder de reclamo social.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante esta demanda? La Conarepol. La creación de este espacio fue una decisión política acertada por parte del gobierno, porque ante una crisis creó consensos, además ejerció de forma racional y seria la elaboración de políticas públicas. Se diseñó un nuevo modelo policial plasmado en una legislación y en decenas de resoluciones de avanzada entre los años 2006 y 2013.

Con este impulso se inicia una nueva institucionalidad en términos normativos-formales. Sin embargo, es importante advertir que un asunto es el diseño de la política y otro su implementación. Los aparatos policiales y militares llevan su propia agenda, tienen intereses corporativos que se ven afectados con cualquier reforma que procure imponerles límites y controles legales e institucionales a sus actuaciones.

Así, mientras la reforma policial era objeto de la propaganda oficial, en la calle se llevaba realmente una «contrarreforma» por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Contrarreforma que, paradójicamente, se oculta detrás del nuevo modelo y de su bloque normativo que no se aplica. Ambos sirven para ser exhibidos en momentos de crisis de la policía, la maquillan, la relegitiman política, social y mediáticamente. Su uso meramente declarativo invisibilizó prácticas rutinarias de la policía que terminaron por ser cada vez más peligrosas y dañinas8. Podría decirse que todo el proceso de la reforma policial, usando términos de la sociología de Robert Merton, cumplió una función manifiesta de diseñar un nuevo modelo policial, dignificar el servicio, hacerlo congruente con la protección de derechos humanos y el discurso progresista. Pero también tuvo varias funciones latentes: encubrir lo que ocurría en la realidad, oxigenar y expandir el aparato policial, mientras se profundizaban su discrecionalidad y las lógicas militaristas. La idea de la «unión cívico-militar» nunca dejó de estar presente en la operatividad real de estas instituciones.

Con la muerte de Chávez se dejan de lado el enfoque y el discurso de corte social, así como las menciones al «nuevo modelo policial» de naturaleza civil y preventiva, para dar inicio a una nueva etapa que arranca en 2013 y se extiende hasta la actualidad. Se asume un discurso distinto y se deja de lado la perspectiva más social para enfocarse principalmente en lo represivo. El nuevo presidente, Nicolás Maduro, toma el tema de la seguridad como eje central de acción política.

El discurso oficial y la política criminal dan entonces un giro radical, acercándose ideológicamente al realismo de derecha. Ahora, el pobre pasa de víctima a victimario, a ser una especie de desagradecido que a pesar de las políticas sociales del gobierno insiste en seguir delinquiendo. Desde una visión de la izquierda más conservadora, sería el «lumpen» que obstaculiza el avance de la revolución. Estas serían las excusas ideológicas para darles un cheque en blanco a los militares y las policías para que realicen una especie de «profilaxis social», en la que todo el que cumpla con los rasgos que los estereotipos de clase y raza promocionan como la imagen de un delincuente debe ser sacado del juego, ya sea intimidándolo, privándolo de libertad o eliminándolo físicamente.

El gobierno redefine sus «enemigos». Antes, tenía a unos todopoderosos en el «Imperio», el «capitalismo», la «burguesía». Ahora suma al grupo de enemigos a los pobres de los barrios, los «lúmpenes» mal agradecidos. Se pasa así de la «lucha de clases» a una especie de «lucha intraclase» que criminaliza la pobreza. De esta manera el gobierno ha endurecido sus políticas de control policial y militar. Contra los marginados tiene operativos policiales militarizados con consecuencias cada vez más letales, tal como ya se los describí en la respuesta a la pregunta anterior. Sus ejemplos más recientes son las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y las actividades de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Finalmente, el panorama de estas últimas dos décadas confirma la existencia de un problema estructural con la continuidad y el seguimiento de políticas. En 58 años de democracia, Venezuela ha tenido 43 ministros de Interior. Estos, en promedio, no duran ni un año y medio en el cargo. No se aprecia la existencia de una política basada en acuerdos mínimos de institucionalidad y un seguimiento consistente que trascienda a los actores que detentan coyunturalmente el poder. La única continuidad que se puede observar es el deterioro y la corrupción de las instituciones, que ahora han alcanzado otros niveles y que incrementan la vulnerabilidad e indefensión de la ciudadanía frente a la violencia institucional y delictiva, que cada vez son más difíciles de distinguir entre sí.

¿De qué manera los indicadores sociales y económicos (como acceso a educación, salud, empleo, vivienda, entre otros) evidencian también formas de discriminación social?

Los datos y estadísticas sobre Venezuela actualmente son precarios. Como comenté, el tema del racismo no se ha asumido como problema, por lo tanto no se aborda ni se registra.

Según el Censo Nacional de 2011, en términos de autopercepción racial, solo 2% de la población se reconoció como «negra» o «afrodescendiente», mientras que 49% se identificó como «morena». No hay conciencia de la negritud. Esto dificulta la formación de organizaciones fuertes con perspectiva de raza como ocurre en eeuu y Brasil. En consecuencia, los debates, movilizaciones y luchas en este sentido son escasos, de corto alcance y rigurosidad.

Además, en un contexto de crisis generalizada vinculada a la satisfacción de las necesidades más básicas de la población, la agenda de prioridades es también de otra naturaleza. En Venezuela durante los últimos años los derechos sociales han retrocedido severamente, con una escasez general de alimentos y medicinas, que tiene como correlato la aparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, tales como malaria, difteria, sarampión, dengue, mal de Chagas, meningitis, tétanos y tuberculosis. Durante los últimos 13 años, la moneda ha perdido más de 100 millones de veces su valor, alcanzando una tasa de inflación estimada en más de 1.000.000% según algunos cálculos, semejante a la de Zimbabwe de la década de 20009. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), entre 2014 y 2017 se pasó de un porcentaje de pobreza por ingreso de 48% a 87%, mientras que la pobreza extrema creció de 23,6 % a 61%. En el último informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), solo Siria y Libia, dos países con prolongadas guerras, han perdido más puestos en el Índice de Desarrollo Humano que Venezuela, que retrocedió 25 puestos entre 2012 y 201810. El más reciente reporte del Programa Mundial de Alimentos [wfp, por sus siglas en inglés] ubica a Venezuela como el cuarto país en el mundo «necesitado de ayuda urgente», con 9,3 millones de personas, 32% de la población, sufriendo de inseguridad alimentaria11.

¿Qué conciencia hay en Venezuela sobre el racismo en eeuu, el movimiento Black Lives Matter y la rebelión antirracista en curso? ¿Y qué significado toman las discusiones sobre ello en el contexto político venezolano?

Agradezco esta pregunta porque permite decir varias cosas que considero importantes y que veo que no se abordan en el debate público. Venezuela es un territorio objeto de una disputa imperial entre eeuu, China y Rusia; lamentablemente la dirigencia nacional ha ido llevando a los venezolanos a una situación de mayor indefensión. Esto hace que el país se cosifique de distintas maneras: para las potencias somos una especie de laboratorio, donde los venezolanos no somos más que cobayos. Es a su vez, en términos foucaultianos, una enorme institución de secuestro.

En este contexto, no es solo inútil sino además inocente tratar de reducir esta complejidad a visiones dicotómicas entre gobierno/oposición, o aún de manera más absurda izquierda/derecha. En realidad –a pesar del enorme rechazo hacia el gobierno, que cada vez es mayor– la oposición es casi inexistente y el gobierno prácticamente juega solo en el tablero nacional. De izquierda tiene poco, más allá de la estética y la propaganda que consumen acríticamente –ya sea desde el desconocimiento o la complicidad– sectores de una izquierda conservadora, que, afortunadamente, son cada vez más reducidos.

Así, podemos ver sectores que condenan la violencia policial en eeuu pero legitiman y justifican la masacre que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en Venezuela. Estos también tienen su reflejo inverso en el espejo: los que legitiman y justifican la violencia policial en eeuu pero condenan con vehemencia cuando esto ocurre en Venezuela. Al final los fans de Donald Trump y Maduro, respecto a estos temas, son bastante similares, porque siguen proyectos estructuralmente autoritarios, represivos y antidemocráticos. Aunque se autodefinan como antagónicos, son más bien complementarios y se legitiman recíprocamente. Usan los excesos del otro como propaganda oficial para así encubrir o justificar sus propios excesos.

En Venezuela, por ejemplo, el gobierno usa el terrible caso del asesinato de George Floyd para sus arengas y propagandas contra el gobierno de los eeuu, con la finalidad de engatusar a incautos de buena fe del progresismo internacional. Con ello distraen la atención para ocultar el desastre que han hecho en el país, así como las masacres que ejecutan sus propios cuerpos de seguridad. Por parte de los sectores de la oposición más tradicional, Black Lives Matter no va a encontrar mayor eco porque en el fondo esos sectores son conservadores, racistas y clasistas, y no les quita el sueño ese tipo de excesos en contra de sectores excluidos. Solo levantan la voz por esos casos cuando las víctimas son sus propios militantes, algún joven de clase media en el contexto de una manifestación política o cuando le conviene a su propia agenda mediática. Los miles de jóvenes pobres y racializados que mueren por intervención de la fuerza pública en el país les importan muy poco.

Como comenté, creo que la «conciencia de raza» en Venezuela está aún en estado de gestación. La izquierda en el país es predominante y mayoritariamente conservadora y eurocéntrica. No se plantea estos temas, y la cuestión del racismo no entra bien en su cartilla de la lucha de clases. Además, gran parte de ella está actualmente en un proceso de extinción autodestructiva al haber sido cooptada por los aparatos, las lógicas y las retóricas oficiales. De allí su oscilación entre las justificaciones, el negacionismo y el silencio cómplice con los excesos gubernamentales y las violaciones a los derechos humanos en el país. Solo sectores minoritarios y con poca incidencia se mantienen en pie de lucha. Afortunadamente la izquierda internacional y sectores progresistas se hacen cada vez más conscientes de lo que realmente sucede en Venezuela y poco a poco han dejado de lado las solidaridades automáticas con el gobierno.

La violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos deben ser siempre condenadas de manera enérgica. No existen buenos violadores de derechos humanos y sus conductas no deben justificarse de ninguna manera. Ese doble rasero para condenar a unos y justificarles a otros los mismos excesos les hace un daño enorme a las sociedades, a los Estados y a la política misma.

Nota: una versión de esta entrevista se publicó en inglés en No Borders News, 6/7/2020, <https://nobordersnews.org/>.

 

 

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El Pentágono distribuirá 600 millones de dólares en contratos para &quot;la experimentación de 5G de doble uso&quot; en varios sitios militares de EE.UU.

El plan constituirá la mayor prueba mundial para aplicaciones de doble uso de la tecnología 5G.

El Pentágono ha anunciado que destinará 600 millones de dólares en premios para promover las capacidades 5G en una experimentación a gran escala, que se llevará a cabo en cinco sitios de pruebas militares de EE.UU. Un total de 15 contratistas privados se harán cargo de la realización de las pruebas.

El Departamento de Defensa anunció que se tratará de los ensayos de mayor envergadura mundial para aplicaciones de doble uso de esa tecnología, a la que describe como un "habilitador fundamental para todos los programas de modernización de la defensa de EE.UU. y vital para la seguridad nacional y económica" del país.

Los sitios donde se llevarán a cabo las pruebas son la base aérea Hill en Utah, la base conjunta Lewis-McChord en Washington, la base logística del cuerpo de Marines en Albany (Georgia), la base naval de San Diego en California y la base de la Fuerza Aérea Nellis en Las Vegas, Nevada.

"El Departamento de Defensa está a la vanguardia de las pruebas y la experimentación 5G, que fortalecerán las capacidades de guerra de nuestra nación, así como la competitividad económica de Estados Unidos en este campo crucial", dijo Michael Kratsios, subsecretario interino de Defensa para Investigación e Ingeniería.

Los proyectos incluirán una prueba piloto de realidad aumentada y virtual habilitada para 5G para la planificación y capacitación de misiones, y una prueba de almacenes inteligentes habilitados para 5G, así como la evaluación de tecnologías 5G para mejorar el comando y control distribuidos. Entre los objetivos, el Pentágono cita el desarrollo de "un banco de pruebas para el uso de tecnologías 5G para ayudar en la letalidad en el aire, el espacio y el ciberespacio mientras se mejora la capacidad de supervivencia del comando y control".

Entre las firmas seleccionadas para el proyecto figuran las telecomunicaciones AT&T, Nokia y Ericsson, el contratista de inteligencia e infotecnología Booz-Allen Hamilton, GE Research y una subsidiaria del gigante aeroespacial General Dynamics, entre otras.

Publicado: 9 oct 2020 05:36 GMT

Slavoj Zizek: &quot;El covid-19 provocó el temor al ascenso de China como superpotencia, pero la mejor forma de prevenir el comunismo es seguir a Pekín&quot;

Según el filósofo, el 'establishment' de todo el mundo es "consciente de las radicales consecuencias sociales" de la pandemia, por lo que en algunos países se introducen estrategias que, en principio, podrían interpretarse como "fascistas".

 

La crisis del coronavirus ha suscitado temor al comunismo y al ascenso de China como superpotencia, pero la mejor forma de prevenir el comunismo es seguir a esa nación asiática, declaró este miércoles el filósofo cultural Slavoj Zizek en un artículo de opinión para RT.

A su parecer, el 'establishment' de todo el mundo es "consciente de las radicales consecuencias sociales" de la pandemia, por lo que en algunos países se están introduciendo estrategias y pensamientos que, en principio, podrían interpretarse como "fascistas".

El filósofo cita como ejemplo la decisión recientemente adoptada por las autoridades británicas de ordenar a las escuelas que no utilicen recursos de organizaciones que "han expresado su deseo de acabar con el capitalismo". Una guía del Departamento británico de Educación clasificó el 'anticapitalismo' como una "posición política extrema" y lo equiparó con la "oposición a la libertad de expresión, el antisemitismo y el respaldo a actividades ilegales".

De acuerdo con Zizek, esta medida representa una "reacción de pánico al comunismo", ya que las autoridades temen que la pandemia, el calentamiento global y otras crisis sociales puedan brindar una oportunidad para que China se afirme como la "única superpotencia que queda". No obstante, afirma que la mejor forma de prevenir el comunismo es seguir al gigante asiático, puesto que la amenaza a las democracias liberales es hoy interna y se debe a la "mezcla explosiva de crisis que acosan" a las sociedades.

"La pandemia en curso empujó a nuestras sociedades en dirección a lo que asociamos con el comunismo", señaló el filósofo, argumentando su postura de la manera siguiente: 

  • Las autoridades toman decisiones que "claramente" violan las leyes del mercado, como que el Estado intervenga directamente en la industria, distribuyendo "miles de millones" para prevenir el hambre o para medidas de salud
  • Los Estados no solo se ven obligados a promulgar nuevos modos de control y regulación social, sino que incluso solicitan a las personas que denuncien a aquellos familiares y vecinos que oculten su infección a las autoridades
  • Se acepta comúnmente que la eventual vacuna debe ser accesible para todos, y que ninguna parte de la población mundial debe ser sacrificada al virus
  • Se proclama confianza en las personas, ya que se sabe que la mayoría de las medidas contra la pandemia solo funcionan si la gente sigue las recomendaciones
  • Se acepta la socialización parcial de la economía impuesta por la pandemia.

Muchos gobiernos, como el británico, actúan de manera preventiva para tratar de "sofocar" radicales consecuencias sociales antes de que adquieran una forma política completa, opina Zizek. 

"Lo que estamos obteniendo hoy, no solo en China, es la combinación de Estados autoritarios fuertes con dinámicas capitalistas salvajes. La forma más eficiente de capitalismo es actualmente lo que Henry Farrell llamó 'autoritarismo en red': si un Estado espía lo suficientemente a la gente y permite que los sistemas de aprendizaje automático incorporen su comportamiento y respondan a él, es posible satisfacer las necesidades de todos mejor que en una democracia", señala el filósofo.

Al final, Zizek llega a dos conclusiones, una a corto plazo y otra a largo plazo. La primera es que la tarea de la izquierda radical es ahora, como señaló la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, salvar a nuestra democracia "burguesa", cuando el centro liberal es demasiado débil e indeciso para hacerlo.

Por su parte, la segunda conclusión "debería ser nuestra respuesta al 'establishment' obsesionado por los escenarios apocalípticos". "Sí, su viejo mundo está llegando a su fin, pero las opciones que vislumbran no son las únicas: otro fin del mundo es posible", concluyó Zizek.

Publicado: 8 oct 2020 01:39 GMT

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¿Qué está en riesgo después de que la justicia de Brasil autorizara la venta de las refinerías de Petrobras?

La oposición considera que la operación es una "traición" al país, cuya cadena de producción de petróleo y de gas representa 45 % del PIB industrial.

 

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó la venta de ocho de las 13 refinerías de la estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), sin contar con la aprobación del Congreso del gigante sudamericano.

Con seis votos a favor de la venta y cuatro en contra, el máximo tribunal brasileño rechazó un recurso presentado por la mesa directiva del Legislativo, que acusaba al Ejecutivo de Jair Bolsonaro de querer dividir la empresa en subsidiarias sin su aprobación.

Con la venta de estas refinerías, la estatal petrolera brasileña espera recibir cerca de 8.000 millones de dólares; pero, además, pretende vender otros activos, por un monto total de 23.000 millones de dólares hasta el 2023, según establece el plan de inversiones de Petrobras.

En su decisión, el STF determinó que con la venta, el Gobierno no eludía al Parlamento y que, además, no se violaba otra decisión de la Corte, tomada el año pasado, que determinó que era necesario el aval del Legislativo para vender la "matriz" de Petrobras, pero no para la privatización de las filiales.

Además, los magistrados concluyeron que el plan de desinversión de la empresa tiene como objetivo asegurar una mayor rentabilidad, eficiencia y eficacia para la gestión.

"La soberanía nacional está en riesgo"

A propósito del 67 aniversario de la fundación de Petrobras (su creación se llevó a cabo el 3 de octubre de 1953) y ante el fallo del STF, el expresidente de Brasil Lula Da Silva se pronunció para denunciar que, con esta medida, "la soberanía nacional está en riesgo".

En un breve comunicado divulgado en Twitter, Lula consideró a la petrolera como un "símbolo" de la soberanía de Brasil, por lo que rechazó que hubiese políticos que "vendan sus almas al diablo", en referencia a quienes pretenden privatizar la estatal.

El exmandatario destacó, además, que la compañía garantiza el bienestar de los 210 millones de brasileños, sea cual sea su origen social.

Por su parte, la exmandataria Dilma Rousseff acusó al gobierno de Bolsonaro de actuar de manera deliberada para "desnacionalizar" la riqueza del país, mediante la defensa del liberalismo "y al servicio de los intereses de EE.UU.". "Todo esto es una traición a Brasil y a nuestra gente", recalcó.

Congresistas continuarán denunciando 

"Lamentablemente, luego de muchos años de lucha que culminaron en la consecución de nuestra autosuficiencia petrolera, estamos asistiendo a un verdadero desmantelamiento de la que es una de las empresas más importantes del país", lamentó el senador Jean Paul Prates, presidente del Frente Mixto de Defensa Parlamentaria de Petrobras.

El congresista explicó que el impacto negativo de esta estrategia de privatización es más evidente cuando se toma en cuenta que "la cadena de producción de petróleo y gas representa actualmente el 45 % del Producto Interno Bruto (PIB) industrial" de Brasil, incluso —añadió— "con la desaceleración de las actividades de Petrobras".

Por ello, deploró que la Corte "no haya reconocido la urgencia y el riesgo que representa la decisión del Gobierno de enajenar bienes públicos sin autorización legislativa". Sin embargo, destacó que "es solo una decisión preliminar, que debe ser confirmada o revisada en cuanto al fondo"; por lo que mantendrá el debate sobre este tema ante la opinión pública, para que —según dijo— "la gente entienda lo que está en juego".

"Esta decisión de la Corte Suprema daña mucho la lucha que venimos librando en el Congreso, pero seguiremos siendo un escollo por cada ataque al patrimonio nacional, en la base, con los trabajadores", manifestó, por su parte, el diputado Ivan Valente.

De igual forma, la joven diputada Natália Bonavides ha llamado a proteger a la petrolera. "Actualmente, en momentos en los que la empresa está bajo constantes ataques del gobierno de Bolsonaro, necesitamos defender a la estatal y a sus trabajadores que tienen mucho que aportar al desarrollo, la independencia y la soberanía de Brasil".

En el plan de Bolsonaro

La privatización de Petrobras es parte del plan de privatizaciones que prometió Bolsonaro durante las elecciones de 2018. Durante la campaña, el ahora mandatario llegó a decir públicamente que iba a "extinguir gran parte de las estatales".

Además de Petrobras, el plan de privatizaciones incluye a Eletrobras, cuya proceso de desnacionalización tuvo luz verde en 2019. Su antecesor, Michel Temer, ya había iniciado la venta de varias distribuidoras.

El año pasado también se anunciaron las privatizaciones de Correos de Brasil, conocida simplemente como Correios, la mayor compañía de logística de América Latina; y el puerto de Santos, el más importante del país.

Asimismo, entraron en ese paquete Telecomunicaciones Brasileñas (Telebrás), Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO) —que era la mayor empresa pública de tecnología de la información del mundo—, la Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social (DATAPREV, por sus siglas en portugués), así como la Agencia Brasileña de Gestión de Fondos de Garantía y Garantía (ABGF) y la Empresa Gestora de Activos (EMGEA).

En julio de 2019, se terminó de privatizar, mediante la venta de la mayoría del paquete accionario a fondos de inversión, la compañía BR Distribuidora, la principal proveedora de combustibles, que era una subsidiaria de Petrobras.

"El Estado está hinchado y debe deshacerse de sus empresas deficitarias, así como de las que pueden ser mejor gestionadas por la iniciativa privada", dijo Bolsonaro en agosto pasado, al ratificar que las privatizaciones continuarán.

Publicado: 5 oct 2020 21:52 GMT

Por Edgar Romero

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La “Ley Antibloqueo” de Maduro: un infame salto adelante en el entreguismo nacional y las privatizaciones

UNA LEY ESCANDALOSA

Con ese aparatoso nombre se trata de legitimar una política aperturista, muy lejos de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos. Incluso se plantea la reversión de “nacionalizaciones” del período de Chávez.

 

El Gobierno de Maduro ha presentado la llamada “Ley Antibloqueo”. Un aparatoso nombre para dar toda una cobertura “legal” a una política más ofensiva en el plano aperturista que viene teniendo el Gobierno que lejos está de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos, incluso plantea la reversión de “nacionalizaciones” llevadas adelante durante el período de Chávez. Y para “protegerse” le dan rango de ley al secretismo en los negocios de la entrega nacional.

En esta nueva “Ley” al que le dan rango constitucional, como ya es costumbre en el Gobierno, en los preámbulos la presentan con frases al estilo de “la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”, “el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano” y el “goce de los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores”. Justamente todo lo contrario en sus objetivos reales. Fue lo mismo que se hizo cuando lanzaron el brutal paquetazo de agosto del 2018 que significó un ataque en toda la línea contra la clase trabajadora y las mayorías populares bajo el nombre de “el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”.

La misma ha sido presentada ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, donde el poder real lo tienen el Gobierno, pues es un lugar donde no se delibera absolutamente nada y se vota todo lo que determinan las altas camarillas del chavismo gobernante junto a las Fuerzas Armadas, y por tanto se sabe con antelación su aprobación.

Esta “Ley” ni es “antibloqueo” menos aún que defienda “la plena soberanía”, estando en las antípodas de cualquier medida antiimperialista contra las sanciones de Washington, pero que se usa como pretexto para todo un curso entreguista y privatizador que ya vienen tomando desde hace algunos años, y que entre sus principales leyes iniciadoras está la llamada “Ley de Inversiones extranjeras”, para abrirse luego con una serie de leyes en el sector petrolero de entrega a transnacionales. Y en esto justamente comparten con la oposición, solo que unos en clave de ser el que controla la entrega para buscar una sobrevida y el otro de apertura abierta de la mano del imperialismo.

En la nueva “Ley”, que no pretendemos aquí tomar en su totalidad sino en sus puntos más gruesos, en su Capítulo II referido a “Medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones”, ya arranca afirmando que “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan (…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Agregando que se hará cuando “tal desaplicación es indispensable para la adecuada gestión macroeconómica, la protección e impulso de la economía nacional, la estabilidad del sistema productivo y financiero locales, la captación deinversión extranjera, sobre todo a gran escala” (negritas nuestras). ¿Qué es lo que se quiere indicar con la “desaplicación de normas legales”? No puede dejar de entenderse como la abierta anulación de normas y leyes preestablecidas (incluyendo las orgánicas), incluso contenidas en la propia Constitución del país, para su avanzada económica eliminando todo tipo de obstáculo “legal”. Lo que de paso, es bien decirlo, no es nuevo, solo que ahora le dan “rango constitucional” a la anulación de facto a un sin número de leyes cuando bien le convenga a las camarillas gobernantes, como explicamos más adelante.

Acelerando el curso aperturista y entreguista

En la parte referida a la “Optimización de la gestión empresarial” de dicha Ley, es partir donde salen a relucir los verdaderos objetivos. En el Artículo 24 se indica que “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior (…)”. Para intentar “cubrirse” de cierta “constitucionalidad” para este salto agregan que esto se hará “sin prejuicio del artículo 303 de la Constitución”. Un artículo que indica que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera (…)”. Pero es que PDVSA como empresa puede seguir existiendo y lo será seguramente, pero ya siendo una empresa irrelevante en manos del Estado frente al paso de la explotación y producción petrolera a manos de transnacionales y operadores locales; así “cumpliendo” supuestamente con dicho dictamen constitucional, pueden avanzar en una mayor privatización real de la industria petrolera nacional. En otras palabras, lo de “sin prejuicio” no pasa más que de un eufemismo del mayor de los descaros.

Para complementar, en su Artículo 25 se indica en cuanto a “Operaciones de administración” que “(…) se podrá elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales (…)”. Y en su Artículo 26 que “(…) el Ejecutivo Nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios (…)”. Aunque el Gobierno de Maduro ya viene avanzando desde hace varios años en eso de “modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas” (como lo hemos explicado aquí), lo nuevo está, como lo hemos venido afirmando, es que lo elevan a rango constitucional y de Ley abriéndose el camino para sus políticas económicas.

Como hemos explicado, en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en todo un proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera, solo que ahora buscan dar saltos mayores. En un extenso artículo de inicios de febrero hemos dado cuenta toda una serie de iniciativas y leyes que en los últimos seis años han venido marcando este curso aperturista en el sector petrolero, gasífero y petroquímico.

Un camino más abierto a la privatización y reversión de empresas “nacionalizadas”

En lo que dice respecto a “Impulso a la inversión privada”, es donde se concentra ya no solo en el curso aperturista sino también privatizador, incluyendo la vuelta atrás de medidas que se habían tomado previamente en el marco de “nacionalizaciones” o “expropiaciones”. En las primeras líneas del Artículo 27 reza que el Ejecutivo “(…) podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (…)”, y pasa a determinar que “Cuando dichas medidas impliquen la gestión u operación de activos se encuentren bajo administración del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos cuando ello implique la pronta puesta en producción de dichos activos mediante un plan debidamente sustentado.” (Subrayados nuestros).

Con todas las letras establecen directamente el camino a “restituir” a “su legítimo propietario”, empresas que incluso fueron pagadas hasta con creces en períodos anteriores. Pero en este Capítulo de la Ley no es que se refiera a aquellas pequeñas empresas que de una u otra forma fueron afectadas por alguna determinación gubernamental, es el camino abierto a la privatización de grandes empresas que fueron “nacionalizadas” o “expropiadas” pero que fueron indemnizadas. Pudiendo ser retomadas por empresarios extranjeros y locales en ese proceso que llaman “restitución de sus activos”, con la sola estipulación de que “implique la pronta puesta en producción”, sin hacer mención alguna a los fuertes pagos que se hicieron cuando se compraron las mismas.

Para esto seguramente empezando por las transnacionales petroleras que han demandado al Estado nacional cuando se avanzó en el régimen de las empresas mixtas. Pero no solo esto, sino también con empresas de gran calado como la industria siderúrgica, sectores eléctricos, y otras compañías de gran calado hoy bajo la órbita estatal. Dicho sea de paso, esto es algo que ya se viene operando, como ha sido el caso de los establecimientos de cadenas de supermercados, como “Éxito”, y que hoy son entregados al sector privado, sin saberse ni en qué marco ni condiciones, pero que pasan al sector privado.

Para complementar esta parte, y de manera que se establezca el principio de “la mano del mercado”, se tiende a eliminar o se elimina directamente, la interferencia del Estado en la economía. Así en su artículo 28, se dictamina que “(…) se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional (…)”. Se sabe que con el término de “determinadas categorías” entrarían las que consideren a bien establecer. En otras palabras, la vía al laissez faire para los negocios de las grandes empresas transnacionales o de capitalistas nacionales.

Y hasta la propia jurisprudencia nacional en lo que se refiere a la cuestión de eventuales litigios con empresas internacionales van desapareciendo. En la parte referida a las “Garantías para la inversión”, en el Artículo 31 se dictamina que “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad.” Agregándose que “Siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos disponibles y se haya pactado previamente, la República Bolivariana de Venezuela podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias.” Es decir, ni si quiera se hace mención ni se especifica en todo este artículo, a fin de que los llamados “inversionistas” (las transnacionales que vienen a hacer sus negocios) tengan “confianza y estabilidad”, que eventuales “controversias” serán resueltas en tribunales venezolanos, sino abiertas a serlo en el rapaz arbitraje internacional, como los que se determinan dirimiendo en Nueva York, por ejemplo.

Una descarada e insólita garantía “legal” del “secreto” para la entrega, privatizaciones y la corrupción

Y para darles mayor “seguridad” a los negocios a los capitalistas, se establece en la parte referida al “Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”, el mayor de los secretos de las negociaciones que se establezcan o véngase a acordar, abriendo el camino, ya no solo de corrupción como indican muchos observadores críticos de esta Ley, sino al curso entreguista sin el más mínimo control, siendo que se trata de riquezas del Estado o de activos existentes en el territorio nacional o en el extranjero, u otros negociados oscuros, cuando se supone que deben ser de la mayor “transparencia pública”. Se busca amparar con una “Ley” la opacidad en todo lo que hace a la entrega nacional. En otras palabras, se establecen leyes, para hacer “legales” todo tipo de entreguismo y componendas, ventas de activos en forma oscura, y a la corrupción.

Así vemos que en el Artículo 34 se dictamina que “Se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano (…)”, y se agrega que “Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional”. Rematando en el Artículo 35 con que “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma”.

Ni en la década de los 90, de mayor avance neoliberal, se tomaban tanta “prevenciones” elevándolas a “Ley”. El argumento de que Washington no se “entere” no es más que un burdo argumento e insólito subterfugio. De manera “silenciosa”, y hay que aclarar, para usar esa expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación bajo el mayor de los secretismos, solo que ahora legalizan el secretismo para los grandes negociados. Y es que hay que tomar en cuenta que ya no se trata solo de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económico empresarial y capitalista de todo linaje, sino decisiones que implican grandes cambios que llevan a una mayor dependencia del país.

Anulando Leyes orgánicas anteriores de un plumazo

Y para que no quede ningún espacio abierto a Leyes anteriores que contravengan el actual curso político y económico, pasan a abolir de facto las preexistentes. Así en lo referente a las “Disposiciones transitorias”, en la segunda disposición se dictamina directamente que “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones, aún ante el régimen derivado del Decreto mediante el cual se acuerda el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional”.

Es decir, todas las otras Leyes orgánicas existentes, como la Ley de Hidrocarburos entre muchas importantes del país, son eliminadas de un zarpazo por simple orden gubernamental, pues sabemos que la actual Asamblea Nacional Constituyente, órgano más fraudulento si los hay, no es más que un instrumento de las camarillas gobernantes para sus fines políticos, y carece en absoluta de la más mínima deliberación de cualquier parlamento burgués aunque sea para cubrir las apariencias.

Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo, nuevo saqueo y curso privatizador

Como vemos, en este rápido recorrido de esta “Ley”, se trata de una de las leyes más antinacionales que hasta el momento el Gobierno de Maduro ha venido estableciendo, y que deja al país a la deriva de la rapacidad capitalista internacional y nacional, y de una burocracia estatal –incluyendo la militar- antiobrera y antipopular con intereses materiales propios. Es un andamiaje al entreguismo y al curso privatizador como no se había visto. Por eso, no por casualidad, titulábamos un artículo a principios de año como que estábamos en la puerta de “Nuevo “gran viraje” donde solo ven la apertura depredadora como “salida” a la catástrofe y ruina del país.

En fin, con esta Ley, y usando de pretexto las sanciones imperialista –que hay que rechazar con todas las fuerzas–, mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial.

En el país hay un colapso brutal, una destrucción de industrias claves, que tienen que ver con las propias políticas del Gobierno y que las sanciones imperialistas han venido a agravar ahogando más la situación, pero la salida pasa por tomar toda una serie de medidas antiimperialistas y anticapitalistas ante esta ruina haciéndose realmente el país soberano de todos sus recursos y rompiendo todas las ataduras y compromisos que mantienen al sujeción del país a intereses de potencias extranjeras, y no el mayor de los entreguismos y curso privatizador que toma el Gobierno de Maduro que seguramente la oposición de derecha debe estar aplaudiendo. Esto implicaría claramente sustentado en una gran movilización obrera y popular donde los trabajadores tomen el destino del país en sus manos.

La clase obrera, así como las grandes mayorías populares deben rechazar con todas las fuerzas esta ofensiva. Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como por la de la oposición de derecha. Es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Sábado 3 de octubre | 17:12

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Dibujo de Carlos Latuff, caricaturista político brasileño

 Bolsonaro quiere colocar en el Tribunal Supremo a un candidato “terriblemente evangélico” antiderechos.

El juez Celso Mello está cercano a cumplir 75 años, la edad límite para ser funcionario público, anunció el próximo 13 de octubre que se retira para disfrutar de su jubilación, después de que en este último año pidió dos permisos por cuestiones de salud.

¿Quién quedará en su lugar?

Jair Bolsonaro es quien designará a uno de los candidatos que sustituirá a Mello, entre estos están Jorge Oliveira, abogado y policía militar André Mendoça, abogado y pastor evangélico, Joao Otávio de Noronha y Humberto Martins, ambos abogados y parte del Tribunal Supremo, aún no se sabe a quien impondrá Bolsonaro para ocupar el cargo de Mello, lo que sí está claro es que será alguien “terriblemente evangélico”, palabras del mandatario.

Esto no es de sorprender ya que los dos pilares con los que se sostiene el Gobierno de Bolsonaro son por un lado el Ejército, con el que revindica la dictadura y es utilizado para reprimir a los trabajadores y todos los que luchan, y por otro lado la Iglesia Evangélica, con la que se apoya para atacar los derechos de las mujeres y las diversidad sexual y de género.

De esta forma, la Iglesia Evangélica avanza en América Latina y en el mundo de la mano de gobiernos de derecha y golpista.

¿Cuál ha sido el avance de la Iglesia Evangélica?

La Iglesia Evangélica representa a uno de cada cinco latinoamericanos. La Iglesia Católica en las últimas décadas ha disminuido su influencia de 80% al 59%, a pesar de que el último Papa salió de estas latitudes, mientras que la Iglesia Evangélica ha crecido de 4% a 19%.

Pero ¿Cómo se refleja en el tablero político?

Por ejemplo en Costa Rica en las elecciones del 2018 quedó en segundo lugar en las elecciones el político y predicador Fabricio Alvarado, a pesar de lanzar discursos anti derechos, como contra los derechos de la diversidad, el derecho al aborto, la fecundación in vitro, etc. Otro ejemplo es el caso de Jimmy Morales que hace poco fue el presidente de Guatemala.

En muchos casos como sucedió en los golpes en Bolivia y Brasil donde la derecha de la mano de la Iglesia Evangélica, Católica y los militares apoyaron y apoyan los gobiernos de Jeanine Áñez y Jair Bolsonaro respectivamente, lo mismo pasa en EE.UU. donde las iglesias pentecostales apoyaron a Donald Trump.

En el caso de México la Iglesia Evangélica se ha visto representada en el Partido Encuentro Social, que en las elecciones del 2018 participó en coalición con MORENA (del actual presidente López Obrador), lo cual le permitió tener varios diputados, incluso una gobernación. El Partido Encuentro Social junto con diputados de varios partidos como PAN(Partido de la Acción Nacional), PRI (Partido de la Revolución Institucional), Movimiento Ciudadano, Partido Verde e incluso el MORENA han votado a favor del "PIN parental", una ley que ataca el derecho a la Educación Sexual Integral, además de votar contra el derecho al aborto.

El Partido Encuentro Social incluso apoyó la movilización convocada por el Frente Nacional por la Familia que rechazaba la prohibición de las terapias de conversión, que históricamente se han ocupado para tortura a la diversidad sexual y de género.

Pero a pesar de que la derecha intenta avanzar de la mano con las distintas iglesias y empresarios para ir contra los derechos de los trabajadores, las mujeres, la diversidad sexual y de género, es importante continuar la lucha por nuestros derechos, por la separación efectiva de la Iglesia y el Estado, por una Educación Sexual e Integral y por plenos derechos para la diversidad sexual y las disidencias.

Por Diego Juárez

@diego_enp2

Viernes 2 de octubre | 13:16

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