Racismo y violencia de Estado en Venezuela. Entrevista a Keymer Ávila

Venezuela vive inmersa en un clima de inseguridad urbana que la ubica entre los países con más muertes violentas en la región, pero la particularidad es que una gran parte de esas muertes provienen de las operaciones antidelictivas de fuerzas estatales, marcadas por su elevada letalidad. Esa violencia de Estado afecta particularmente a la juventud pobre y menos «blanca» de las barriadas populares. Sin una politización de las cuestiones raciales como en otras partes, en Venezuela el racismo aparece como un fenómeno latente y poco problematizado en la sociedad y la política. Keymer Ávila es investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (ucv) y profesor de Criminología en pre y posgrado de la misma universidad. Es uno de los principales estudiosos y críticos de la violencia institucional y del sistema penal de la Venezuela contemporánea.

 

¿Qué formas toma la opresión racial en Venezuela? ¿Qué grupos enfrentan discriminación sistemática racializada?

Lo primero que debo aclarar es que mi área de investigación no se concentra en el tema racial sino en la violencia institucional, específicamente la del sistema penal. Los sistemas penales se caracterizan por ser selectivos, clasistas, racistas y xenófobos. Es dentro de este marco que podría acercarme al tema racial. De una manera muy general, lo que les puedo comentar es que el racismo en Venezuela es un problema no admitido ni asumido, es casi un tema tabú. Se trataría más de un racismo simbólico, cultural, latente, que se presenta en ocasiones como algo simpático o humorístico, estético, junto a un cúmulo de prejuicios, así como sutiles e indirectas formas de opresión, discriminación, estigmatización y exclusión. Esto va desde el no reconocimiento u ocultamiento de la propia herencia africana o indígena hasta la autodiscriminación. Es lo que Esther Pineda ha definido como «endorracismo», que es básicamente el racismo ejercido por los propios discriminados1. Por ello también cuesta tanto asumirlo. No alcanza los niveles institucionalizados y extremos que tiene en Estados Unidos, pero sin duda alimenta un sustrato para legitimar posteriormente otras formas de violencia en contra de estos grupos.

¿Quiénes formarían estos grupos? Pobres, afrodescendientes e indígenas. Hasta hace pocos años, Venezuela era un país receptor de migrantes y en estos grupos también se encontraban haitianos, trinitarios, colombianos, ecuatorianos y peruanos. En contraste, a los migrantes provenientes de España, Italia y Portugal se les otorgaba un trato mucho más privilegiado. No se trataba entonces solo de xenofobia, había también implícitos racismo y clasismo en contra de estas personas. Ahora esa situación se revierte, ya que actualmente son los venezolanos quienes sirven de chivo expiatorio en muchos países, dado el enorme éxodo de al menos 13% de nuestra población.

¿Cómo se entrecruzan clase y raza en el caso de Venezuela?

Están íntimamente vinculadas, como lo están en la mayoría de los países coloniales que explotaron a los esclavos traídos de África entre los siglos xvi y xviii. En el caso de Venezuela, las clases altas y sus familias tradicionales –algunas que se remontan a la Colonia– son predominantemente blancas y endogámicas, no se mezclan2. En otro nivel podría considerarse también a los inmigrantes italianos, españoles y portugueses que vinieron a mitad del siglo pasado huyendo de las guerras y que llegaron como mano de obra calificada y luego lograron ascender en la escala social. Esta oleada migratoria europea fue promovida por el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez en un intento de «modernizar» y «blanquear» el país, «mejorar la raza». De este grupo algunos se mezclaron, aunque no la mayoría. Acá pueden verse, entonces, las capas más altas de la sociedad, que serían las minoritarias, con un importante poderío económico, pero actualmente venidas a menos en lo político.

Luego vendría la mayoría del país que es fundamentalmente mestiza: mezcla de indios, negros y blancos. Precisamente esta condición de asumirnos como producto de esta mezcla es lo que hace que nos cueste aceptar que tenemos problemas de racismo.

En las clases populares hay mayor cantidad de afrodescendientes e indígenas que en las clases medias. Podríamos afirmar que el mestizaje dentro de nuestra estructura social tiene la forma de un rombo o diamante: en la medida en que te acercas a la cúspide o a la base de la estructura social venezolana el mestizaje es menor, cuanto más arriba menor melanina, más abajo ocurre lo contrario y en las capas medias el mestizaje es mucho mayor.

Por lo tanto, en Venezuela, la segregación de clase suele estar muy vinculada a la segregación racial.

¿Hasta qué punto representó el chavismo un avance contra el racismo?

Algunos posiblemente podrían considerar la victoria de [Hugo] Chávez en 1998 como un éxito simbólico, al ser el primer presidente zambo y de extracción popular en el país. Sin embargo, esto tuvo más una impronta de clase que de raza. Por parte de la oposición tradicional, afloraron los discursos racistas y clasistas. Pero a dos décadas de este evento, no puede afirmarse que las clases más excluidas estén mejor que antes, ni que el chavismo haya significado un empoderamiento de estos sectores. Todo lo contrario, hoy en día hay mayor pobreza, desigualdad, exclusión y represión.

En el presente, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ¿cómo interactúan las fuerzas policiales o de seguridad con grupos racializados u oprimidos por el racismo? ¿Cómo responden estas fuerzas cuando estos grupos se organizan por sus derechos?

Cuando denunciamos que en Venezuela la policía lleva una masacre por goteo en contra de jóvenes de los sectores populares, nos referimos a jóvenes pobres y racializados. En el país, el sistema penal es tan clasista y racista como en otros de la región; la diferencia podría estar en sus altos niveles de letalidad. Las llamadas fuerzas del orden, como en todas partes, están destinadas al disciplinamiento, control y represión de las clases populares, a las que las elites gobernantes siempre consideran peligrosas. Esa es la razón real de su existencia, que se encubre detrás de distintos tipos de discursos, predominantemente normativos, que invocan el interés general y la seguridad pública, pero que en esencia se reducen a la protección de los pocos que detentan el poder político y económico.

Todo esto se remonta a la historia colonial. La Colonia fue siempre un Estado policial. El advenimiento del llamado Estado de derecho, que ponía límites normativos al poder en los países centrales, no llega de la misma forma a sus periferias. Los habitantes de las colonias no eran considerados ciudadanos, sino salvajes, privados de derechos y sujetos a un estado de excepción. Esa idea aún se encuentra muy arraigada en nuestros países. De allí algunas de las justificaciones de los excesos de la violencia institucional, y especialmente la policial.

En el caso venezolano particular, los cuerpos de seguridad, desde sus orígenes, estuvieron signados por su militarización e instrumentalización político-partidista, así como por sus excesos contra las clases populares. La lógica bélica, impuesta para hacer frente a la lucha armada de las décadas de 1960 y 1970, que dejó un saldo de miles de casos de violaciones a los derechos humanos, se trasladará en los años siguientes a las prácticas cotidianas de los organismos de seguridad. Masacres como los «pozos de la muerte», «El Amparo» o «El Caracazo» serán emblemáticas para las últimas décadas de nuestro siglo xx.

El siglo xxi en Venezuela venía acompañado de la promesa de un cambio radical, de una ruptura con todo lo anterior. Sin embargo, lo que sucedió fue la continuidad e incluso la profundización de todo lo que ya venía muy mal. Entre los años 2010 y 2018 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas3. 69% de estos casos ocurrió entre 2016 y 2018. La tasa de homicidios a manos de efectivos del Estado por cada 100.000 habitantes se sextuplicó entre 2010 y 2018, llegando a 16,6, un registro superior a las tasas de homicidios totales de la mayoría de los países del mundo. Asimismo, la proporción de estos casos frente al total de homicidios se incrementó, en ese mismo periodo, de 4% a 33%. Es decir, actualmente uno de cada tres homicidios que ocurren en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto, en un país cuya tasa de homicidios es de 50 por cada 100.000 habitantes, puede considerarse como una masacre: durante 2018 murieron diariamente 15 jóvenes venezolanos por estas causas.

Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil este tipo de casos apenas ocupan 7% de los homicidios. En 2017, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil, 4.670 muertes y Venezuela, 4.9984. Otro contraste que puede resultar de interés: Patrick Ball estima que entre 8% y 10% de los homicidios ocurridos en eeuu son consecuencia de la intervención de sus fuerzas de seguridad5. En Venezuela ese porcentaje es tres veces mayor.

Estos son algunos de los saldos que caracterizan al actual gobierno, que lejos de debilitarlo lo fortalecen, porque opera con una lógica necropolítica: en la medida en que se deterioran las condiciones materiales de vida, la vida misma parece también perder su valor. En ese proceso se ejercen mayores y más efectivos controles sobre la población. Mientras más se lo acusa de autoritario y dictatorial, de generador de terror, más se envilece. Allí yace su principal capital político. Su legitimidad no se encuentra ni en los votos ni en la voluntad popular, sino en el ejercicio ilimitado del poder y de la fuerza. El miedo es una de sus principales herramientas.

Con la pandemia, esta excepcionalidad solo ha seguido extendiéndose, otorgándoles más poder a quienes ya controlaban todo el aparato del Estado. Durante los primeros cinco meses de cuarentena –periodo en el que se esperaba que, al reducirse la movilidad social, se redujera también la violencia callejera–, murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado más de 1.171 personas. 125 de ellas eran privadas de libertad que huyeron, intentaban huir o manifestaban contra las precarias condiciones en que se encontraban en calabozos policiales o centros penitenciarios. Son ocho muertes diarias, que no escandalizan a nadie. En ese mismo lapso el covid-19, según cifras oficiales, había acabado con la vida de 259 personas, es decir, dos personas cada día. Para los venezolanos, las fuerzas de seguridad del Estado son cinco veces más letales que la pandemia que azota al mundo6.

Es importante distinguir algo que se manipula mucho en los medios de comunicación cuando se aborda el tema Venezuela, desde los prejuicios de clase y de raza: las cifras de miles de muertes que acabo de señalar se refieren a jóvenes de los sectores populares que son masacrados con el argumento de la lucha contra la inseguridad ciudadana. No se trata de disidentes políticos ni de manifestantes. Es importante señalar estas diferencias. Esto no significa que en Venezuela la represión contra las manifestaciones no sea brutal, pero la violencia institucional de carácter letal no se expresa en estos contextos de manera tan masiva como la que se aplica de manera sistemática, permanente y cotidiana contra los jóvenes de los sectores populares.

La represión del Estado siempre es política, la seguridad ciudadana solo sirve como excusa para ello. Esta represión se distribuye socialmente de manera diferenciada: en los barrios pobres es ilimitada y letal, mientras que en las manifestaciones depende de quiénes protesten. Cuando los pobres son los que se movilizan la represión es mayor, como se pudo observar con las protestas de finales de enero del año pasado, con un saldo aproximado de 50 personas fallecidas en menos de dos semanas. En contraste, cuando son jóvenes de las capas medias o estudiantes universitarios quienes salen a la calle, la violencia institucional generalmente se expresa de formas menos letales, como detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos masivos ilegales, procesamientos de civiles en jurisdicción militar, etc.

Usted dice que hubo una profundización de lo que ya venía muy mal. ¿Qué políticas condujeron a esto? ¿Qué transformaciones se dieron en las instituciones policiales bajo el chavismo que explican este incremento de los homicidios a manos de las policías?

Como señalé, el periodo entre las décadas de 1960 y 1980 no era ni un cuento de hadas ni Disneyland en Venezuela. Desde 1998 hasta la muerte de Chávez, el discurso para abordar el problema de la inseguridad tuvo un enfoque predominantemente social. A partir del año 2013 el discurso gubernamental cambió a uno más represivo, muy próximo ideológicamente al de sus supuestos adversarios ideológicos. De esta manera pueden distinguirse claramente dos etapas en el discurso y la política oficial respecto a la seguridad ciudadana en la Venezuela del siglo xxi. Una primera etapa puede ubicarse entre 1998 y 2013. Se inicia con el primer gobierno de Chávez, que logra capitalizar el descontento hacia un sistema político deslegitimado. Chávez transforma ese descontento en esperanza y en un proyecto político que prometía una transformación radical, de ruptura con el viejo orden. Eso pasaba por la refundación de la República, la nueva Constitución y una serie de reformas institucionales. Los grandes temas eran la política y lo social. La seguridad ciudadana no estaba en la agenda o se terminaba diluyendo en el discurso de las políticas sociales. La línea era el discurso mertoniano clásico: la falta de oportunidades crea condiciones para que los más pobres cometan delitos. ¿Qué receta exige esto? Mejorar entonces sus condiciones de vida. En consecuencia, el enfoque se concentró –en apariencia– en lo social, en el tema de la inclusión, y no se atendieron los espacios que son propiamente securitarios: las policías, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (cicpc), los fiscales, los tribunales y las cárceles. Estas instituciones permanecieron inmutables a los cambios. Venían ya muy mal y se fueron convirtiendo progresivamente en parcelas autónomas de poder respecto al propio Estado. Esto no fue una novedad del gobierno de Chávez, solo se agudizó durante este periodo. Fue una especie de continuidad de un proceso de precarización y deterioro institucional.

En materia legislativa también se siguió con la misma racionalidad de los gobiernos anteriores: aumento de penas, disminución de beneficios, extensión de conductas criminalizadas, etc. Lejos de contribuir al mejoramiento del sistema, todo esto lo colapsa y enlentece, haciéndolo también más arbitrario y violento. Desde lo ideológico, es importante destacar que la retórica de algunos formadores de opinión pretendidamente progresistas intenta trazar un vínculo causa-efecto entre pobreza y violencia. El enfoque en este vínculo inadvertidamente puede coincidir con el discurso clasista de la derecha más conservadora. Por otra parte, también puede sugerir de manera superficial que el Estado solo debe intervenir socialmente. Esta idea, junto con la visión romántica e idealizada del delincuente, ha sido superada por la criminología crítica –en especial la inglesa– desde finales de la década de 1970, cuando se encargó de analizar, comprender e incidir en la política criminal concreta. Desde ese tiempo se tiene la conciencia de que los más afectados por el problema de la violencia y la inseguridad son los más pobres y que se tiene que hacer algo al respecto.

Sin embargo, Chávez mantuvo el discurso «social» respecto de esta problemática desde que tomó el poder hasta el día de su despedida. En él, las causas de la violencia se entendían entonces como factores asociados a la exclusión, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. En consecuencia, tendrían que reducirse de manera prioritaria estos factores. Más allá del tema de la seguridad, lo que habría que preguntarse en estos momentos es si hubo durante todos esos años una real satisfacción de necesidades de manera estructural, universal, institucionalizada, permanente, ininterrumpida, no coyuntural. Si ese pretendido Estado social llegó efectivamente a ser tal y si logró ser sostenible. O por el contrario, si solo se trató de otro reparto coyuntural de la renta petrolera en tiempos de abundancia.

En términos estrictamente discursivos, la política criminal durante este periodo parece haberse disuelto en la política social. Esta fue una de las grandes advertencias del criminólogo crítico Alessandro Baratta: una política de seguridad debe estar integrada a una política social general que la abarque. Una política de seguridad sin una política social general que le sirva de marco no tiene sentido. La política social no debe ser confundida con la política de seguridad; mucho menos debe «criminalizarse» la política social utilizando lógicas securitarias para elaborarla. Este es un error común y muy seductor para enfoques pretendidamente progresistas.

Por otro lado, una política social general que no garantice la presencia institucional del Estado como mediador e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable en situaciones que constituyan amenazas o riesgo a su integridad física o en el disfrute de sus derechos puede sufrir crisis internas, como en el caso venezolano. La política concreta más emblemática en materia de seguridad ciudadana durante esta primera etapa fue el diseño en 2006 de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). Esta fue creada en el contexto de un año electoral, que coincidió con un aumento de los homicidios en el país y con casos que impactaron a la opinión pública (Kennedy, Sindoni y Faddoul)7. Estos casos, instrumentalizados por la oposición con fines electorales, involucraban a funcionarios policiales y a víctimas con un alto poder de reclamo social.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante esta demanda? La Conarepol. La creación de este espacio fue una decisión política acertada por parte del gobierno, porque ante una crisis creó consensos, además ejerció de forma racional y seria la elaboración de políticas públicas. Se diseñó un nuevo modelo policial plasmado en una legislación y en decenas de resoluciones de avanzada entre los años 2006 y 2013.

Con este impulso se inicia una nueva institucionalidad en términos normativos-formales. Sin embargo, es importante advertir que un asunto es el diseño de la política y otro su implementación. Los aparatos policiales y militares llevan su propia agenda, tienen intereses corporativos que se ven afectados con cualquier reforma que procure imponerles límites y controles legales e institucionales a sus actuaciones.

Así, mientras la reforma policial era objeto de la propaganda oficial, en la calle se llevaba realmente una «contrarreforma» por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Contrarreforma que, paradójicamente, se oculta detrás del nuevo modelo y de su bloque normativo que no se aplica. Ambos sirven para ser exhibidos en momentos de crisis de la policía, la maquillan, la relegitiman política, social y mediáticamente. Su uso meramente declarativo invisibilizó prácticas rutinarias de la policía que terminaron por ser cada vez más peligrosas y dañinas8. Podría decirse que todo el proceso de la reforma policial, usando términos de la sociología de Robert Merton, cumplió una función manifiesta de diseñar un nuevo modelo policial, dignificar el servicio, hacerlo congruente con la protección de derechos humanos y el discurso progresista. Pero también tuvo varias funciones latentes: encubrir lo que ocurría en la realidad, oxigenar y expandir el aparato policial, mientras se profundizaban su discrecionalidad y las lógicas militaristas. La idea de la «unión cívico-militar» nunca dejó de estar presente en la operatividad real de estas instituciones.

Con la muerte de Chávez se dejan de lado el enfoque y el discurso de corte social, así como las menciones al «nuevo modelo policial» de naturaleza civil y preventiva, para dar inicio a una nueva etapa que arranca en 2013 y se extiende hasta la actualidad. Se asume un discurso distinto y se deja de lado la perspectiva más social para enfocarse principalmente en lo represivo. El nuevo presidente, Nicolás Maduro, toma el tema de la seguridad como eje central de acción política.

El discurso oficial y la política criminal dan entonces un giro radical, acercándose ideológicamente al realismo de derecha. Ahora, el pobre pasa de víctima a victimario, a ser una especie de desagradecido que a pesar de las políticas sociales del gobierno insiste en seguir delinquiendo. Desde una visión de la izquierda más conservadora, sería el «lumpen» que obstaculiza el avance de la revolución. Estas serían las excusas ideológicas para darles un cheque en blanco a los militares y las policías para que realicen una especie de «profilaxis social», en la que todo el que cumpla con los rasgos que los estereotipos de clase y raza promocionan como la imagen de un delincuente debe ser sacado del juego, ya sea intimidándolo, privándolo de libertad o eliminándolo físicamente.

El gobierno redefine sus «enemigos». Antes, tenía a unos todopoderosos en el «Imperio», el «capitalismo», la «burguesía». Ahora suma al grupo de enemigos a los pobres de los barrios, los «lúmpenes» mal agradecidos. Se pasa así de la «lucha de clases» a una especie de «lucha intraclase» que criminaliza la pobreza. De esta manera el gobierno ha endurecido sus políticas de control policial y militar. Contra los marginados tiene operativos policiales militarizados con consecuencias cada vez más letales, tal como ya se los describí en la respuesta a la pregunta anterior. Sus ejemplos más recientes son las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y las actividades de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Finalmente, el panorama de estas últimas dos décadas confirma la existencia de un problema estructural con la continuidad y el seguimiento de políticas. En 58 años de democracia, Venezuela ha tenido 43 ministros de Interior. Estos, en promedio, no duran ni un año y medio en el cargo. No se aprecia la existencia de una política basada en acuerdos mínimos de institucionalidad y un seguimiento consistente que trascienda a los actores que detentan coyunturalmente el poder. La única continuidad que se puede observar es el deterioro y la corrupción de las instituciones, que ahora han alcanzado otros niveles y que incrementan la vulnerabilidad e indefensión de la ciudadanía frente a la violencia institucional y delictiva, que cada vez son más difíciles de distinguir entre sí.

¿De qué manera los indicadores sociales y económicos (como acceso a educación, salud, empleo, vivienda, entre otros) evidencian también formas de discriminación social?

Los datos y estadísticas sobre Venezuela actualmente son precarios. Como comenté, el tema del racismo no se ha asumido como problema, por lo tanto no se aborda ni se registra.

Según el Censo Nacional de 2011, en términos de autopercepción racial, solo 2% de la población se reconoció como «negra» o «afrodescendiente», mientras que 49% se identificó como «morena». No hay conciencia de la negritud. Esto dificulta la formación de organizaciones fuertes con perspectiva de raza como ocurre en eeuu y Brasil. En consecuencia, los debates, movilizaciones y luchas en este sentido son escasos, de corto alcance y rigurosidad.

Además, en un contexto de crisis generalizada vinculada a la satisfacción de las necesidades más básicas de la población, la agenda de prioridades es también de otra naturaleza. En Venezuela durante los últimos años los derechos sociales han retrocedido severamente, con una escasez general de alimentos y medicinas, que tiene como correlato la aparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, tales como malaria, difteria, sarampión, dengue, mal de Chagas, meningitis, tétanos y tuberculosis. Durante los últimos 13 años, la moneda ha perdido más de 100 millones de veces su valor, alcanzando una tasa de inflación estimada en más de 1.000.000% según algunos cálculos, semejante a la de Zimbabwe de la década de 20009. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), entre 2014 y 2017 se pasó de un porcentaje de pobreza por ingreso de 48% a 87%, mientras que la pobreza extrema creció de 23,6 % a 61%. En el último informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), solo Siria y Libia, dos países con prolongadas guerras, han perdido más puestos en el Índice de Desarrollo Humano que Venezuela, que retrocedió 25 puestos entre 2012 y 201810. El más reciente reporte del Programa Mundial de Alimentos [wfp, por sus siglas en inglés] ubica a Venezuela como el cuarto país en el mundo «necesitado de ayuda urgente», con 9,3 millones de personas, 32% de la población, sufriendo de inseguridad alimentaria11.

¿Qué conciencia hay en Venezuela sobre el racismo en eeuu, el movimiento Black Lives Matter y la rebelión antirracista en curso? ¿Y qué significado toman las discusiones sobre ello en el contexto político venezolano?

Agradezco esta pregunta porque permite decir varias cosas que considero importantes y que veo que no se abordan en el debate público. Venezuela es un territorio objeto de una disputa imperial entre eeuu, China y Rusia; lamentablemente la dirigencia nacional ha ido llevando a los venezolanos a una situación de mayor indefensión. Esto hace que el país se cosifique de distintas maneras: para las potencias somos una especie de laboratorio, donde los venezolanos no somos más que cobayos. Es a su vez, en términos foucaultianos, una enorme institución de secuestro.

En este contexto, no es solo inútil sino además inocente tratar de reducir esta complejidad a visiones dicotómicas entre gobierno/oposición, o aún de manera más absurda izquierda/derecha. En realidad –a pesar del enorme rechazo hacia el gobierno, que cada vez es mayor– la oposición es casi inexistente y el gobierno prácticamente juega solo en el tablero nacional. De izquierda tiene poco, más allá de la estética y la propaganda que consumen acríticamente –ya sea desde el desconocimiento o la complicidad– sectores de una izquierda conservadora, que, afortunadamente, son cada vez más reducidos.

Así, podemos ver sectores que condenan la violencia policial en eeuu pero legitiman y justifican la masacre que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en Venezuela. Estos también tienen su reflejo inverso en el espejo: los que legitiman y justifican la violencia policial en eeuu pero condenan con vehemencia cuando esto ocurre en Venezuela. Al final los fans de Donald Trump y Maduro, respecto a estos temas, son bastante similares, porque siguen proyectos estructuralmente autoritarios, represivos y antidemocráticos. Aunque se autodefinan como antagónicos, son más bien complementarios y se legitiman recíprocamente. Usan los excesos del otro como propaganda oficial para así encubrir o justificar sus propios excesos.

En Venezuela, por ejemplo, el gobierno usa el terrible caso del asesinato de George Floyd para sus arengas y propagandas contra el gobierno de los eeuu, con la finalidad de engatusar a incautos de buena fe del progresismo internacional. Con ello distraen la atención para ocultar el desastre que han hecho en el país, así como las masacres que ejecutan sus propios cuerpos de seguridad. Por parte de los sectores de la oposición más tradicional, Black Lives Matter no va a encontrar mayor eco porque en el fondo esos sectores son conservadores, racistas y clasistas, y no les quita el sueño ese tipo de excesos en contra de sectores excluidos. Solo levantan la voz por esos casos cuando las víctimas son sus propios militantes, algún joven de clase media en el contexto de una manifestación política o cuando le conviene a su propia agenda mediática. Los miles de jóvenes pobres y racializados que mueren por intervención de la fuerza pública en el país les importan muy poco.

Como comenté, creo que la «conciencia de raza» en Venezuela está aún en estado de gestación. La izquierda en el país es predominante y mayoritariamente conservadora y eurocéntrica. No se plantea estos temas, y la cuestión del racismo no entra bien en su cartilla de la lucha de clases. Además, gran parte de ella está actualmente en un proceso de extinción autodestructiva al haber sido cooptada por los aparatos, las lógicas y las retóricas oficiales. De allí su oscilación entre las justificaciones, el negacionismo y el silencio cómplice con los excesos gubernamentales y las violaciones a los derechos humanos en el país. Solo sectores minoritarios y con poca incidencia se mantienen en pie de lucha. Afortunadamente la izquierda internacional y sectores progresistas se hacen cada vez más conscientes de lo que realmente sucede en Venezuela y poco a poco han dejado de lado las solidaridades automáticas con el gobierno.

La violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos deben ser siempre condenadas de manera enérgica. No existen buenos violadores de derechos humanos y sus conductas no deben justificarse de ninguna manera. Ese doble rasero para condenar a unos y justificarles a otros los mismos excesos les hace un daño enorme a las sociedades, a los Estados y a la política misma.

Nota: una versión de esta entrevista se publicó en inglés en No Borders News, 6/7/2020, <https://nobordersnews.org/>.

 

 

Publicado enInternacional
El Pentágono distribuirá 600 millones de dólares en contratos para &quot;la experimentación de 5G de doble uso&quot; en varios sitios militares de EE.UU.

El plan constituirá la mayor prueba mundial para aplicaciones de doble uso de la tecnología 5G.

El Pentágono ha anunciado que destinará 600 millones de dólares en premios para promover las capacidades 5G en una experimentación a gran escala, que se llevará a cabo en cinco sitios de pruebas militares de EE.UU. Un total de 15 contratistas privados se harán cargo de la realización de las pruebas.

El Departamento de Defensa anunció que se tratará de los ensayos de mayor envergadura mundial para aplicaciones de doble uso de esa tecnología, a la que describe como un "habilitador fundamental para todos los programas de modernización de la defensa de EE.UU. y vital para la seguridad nacional y económica" del país.

Los sitios donde se llevarán a cabo las pruebas son la base aérea Hill en Utah, la base conjunta Lewis-McChord en Washington, la base logística del cuerpo de Marines en Albany (Georgia), la base naval de San Diego en California y la base de la Fuerza Aérea Nellis en Las Vegas, Nevada.

"El Departamento de Defensa está a la vanguardia de las pruebas y la experimentación 5G, que fortalecerán las capacidades de guerra de nuestra nación, así como la competitividad económica de Estados Unidos en este campo crucial", dijo Michael Kratsios, subsecretario interino de Defensa para Investigación e Ingeniería.

Los proyectos incluirán una prueba piloto de realidad aumentada y virtual habilitada para 5G para la planificación y capacitación de misiones, y una prueba de almacenes inteligentes habilitados para 5G, así como la evaluación de tecnologías 5G para mejorar el comando y control distribuidos. Entre los objetivos, el Pentágono cita el desarrollo de "un banco de pruebas para el uso de tecnologías 5G para ayudar en la letalidad en el aire, el espacio y el ciberespacio mientras se mejora la capacidad de supervivencia del comando y control".

Entre las firmas seleccionadas para el proyecto figuran las telecomunicaciones AT&T, Nokia y Ericsson, el contratista de inteligencia e infotecnología Booz-Allen Hamilton, GE Research y una subsidiaria del gigante aeroespacial General Dynamics, entre otras.

Publicado: 9 oct 2020 05:36 GMT

Slavoj Zizek: &quot;El covid-19 provocó el temor al ascenso de China como superpotencia, pero la mejor forma de prevenir el comunismo es seguir a Pekín&quot;

Según el filósofo, el 'establishment' de todo el mundo es "consciente de las radicales consecuencias sociales" de la pandemia, por lo que en algunos países se introducen estrategias que, en principio, podrían interpretarse como "fascistas".

 

La crisis del coronavirus ha suscitado temor al comunismo y al ascenso de China como superpotencia, pero la mejor forma de prevenir el comunismo es seguir a esa nación asiática, declaró este miércoles el filósofo cultural Slavoj Zizek en un artículo de opinión para RT.

A su parecer, el 'establishment' de todo el mundo es "consciente de las radicales consecuencias sociales" de la pandemia, por lo que en algunos países se están introduciendo estrategias y pensamientos que, en principio, podrían interpretarse como "fascistas".

El filósofo cita como ejemplo la decisión recientemente adoptada por las autoridades británicas de ordenar a las escuelas que no utilicen recursos de organizaciones que "han expresado su deseo de acabar con el capitalismo". Una guía del Departamento británico de Educación clasificó el 'anticapitalismo' como una "posición política extrema" y lo equiparó con la "oposición a la libertad de expresión, el antisemitismo y el respaldo a actividades ilegales".

De acuerdo con Zizek, esta medida representa una "reacción de pánico al comunismo", ya que las autoridades temen que la pandemia, el calentamiento global y otras crisis sociales puedan brindar una oportunidad para que China se afirme como la "única superpotencia que queda". No obstante, afirma que la mejor forma de prevenir el comunismo es seguir al gigante asiático, puesto que la amenaza a las democracias liberales es hoy interna y se debe a la "mezcla explosiva de crisis que acosan" a las sociedades.

"La pandemia en curso empujó a nuestras sociedades en dirección a lo que asociamos con el comunismo", señaló el filósofo, argumentando su postura de la manera siguiente: 

  • Las autoridades toman decisiones que "claramente" violan las leyes del mercado, como que el Estado intervenga directamente en la industria, distribuyendo "miles de millones" para prevenir el hambre o para medidas de salud
  • Los Estados no solo se ven obligados a promulgar nuevos modos de control y regulación social, sino que incluso solicitan a las personas que denuncien a aquellos familiares y vecinos que oculten su infección a las autoridades
  • Se acepta comúnmente que la eventual vacuna debe ser accesible para todos, y que ninguna parte de la población mundial debe ser sacrificada al virus
  • Se proclama confianza en las personas, ya que se sabe que la mayoría de las medidas contra la pandemia solo funcionan si la gente sigue las recomendaciones
  • Se acepta la socialización parcial de la economía impuesta por la pandemia.

Muchos gobiernos, como el británico, actúan de manera preventiva para tratar de "sofocar" radicales consecuencias sociales antes de que adquieran una forma política completa, opina Zizek. 

"Lo que estamos obteniendo hoy, no solo en China, es la combinación de Estados autoritarios fuertes con dinámicas capitalistas salvajes. La forma más eficiente de capitalismo es actualmente lo que Henry Farrell llamó 'autoritarismo en red': si un Estado espía lo suficientemente a la gente y permite que los sistemas de aprendizaje automático incorporen su comportamiento y respondan a él, es posible satisfacer las necesidades de todos mejor que en una democracia", señala el filósofo.

Al final, Zizek llega a dos conclusiones, una a corto plazo y otra a largo plazo. La primera es que la tarea de la izquierda radical es ahora, como señaló la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, salvar a nuestra democracia "burguesa", cuando el centro liberal es demasiado débil e indeciso para hacerlo.

Por su parte, la segunda conclusión "debería ser nuestra respuesta al 'establishment' obsesionado por los escenarios apocalípticos". "Sí, su viejo mundo está llegando a su fin, pero las opciones que vislumbran no son las únicas: otro fin del mundo es posible", concluyó Zizek.

Publicado: 8 oct 2020 01:39 GMT

Publicado enSociedad
¿Qué está en riesgo después de que la justicia de Brasil autorizara la venta de las refinerías de Petrobras?

La oposición considera que la operación es una "traición" al país, cuya cadena de producción de petróleo y de gas representa 45 % del PIB industrial.

 

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó la venta de ocho de las 13 refinerías de la estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), sin contar con la aprobación del Congreso del gigante sudamericano.

Con seis votos a favor de la venta y cuatro en contra, el máximo tribunal brasileño rechazó un recurso presentado por la mesa directiva del Legislativo, que acusaba al Ejecutivo de Jair Bolsonaro de querer dividir la empresa en subsidiarias sin su aprobación.

Con la venta de estas refinerías, la estatal petrolera brasileña espera recibir cerca de 8.000 millones de dólares; pero, además, pretende vender otros activos, por un monto total de 23.000 millones de dólares hasta el 2023, según establece el plan de inversiones de Petrobras.

En su decisión, el STF determinó que con la venta, el Gobierno no eludía al Parlamento y que, además, no se violaba otra decisión de la Corte, tomada el año pasado, que determinó que era necesario el aval del Legislativo para vender la "matriz" de Petrobras, pero no para la privatización de las filiales.

Además, los magistrados concluyeron que el plan de desinversión de la empresa tiene como objetivo asegurar una mayor rentabilidad, eficiencia y eficacia para la gestión.

"La soberanía nacional está en riesgo"

A propósito del 67 aniversario de la fundación de Petrobras (su creación se llevó a cabo el 3 de octubre de 1953) y ante el fallo del STF, el expresidente de Brasil Lula Da Silva se pronunció para denunciar que, con esta medida, "la soberanía nacional está en riesgo".

En un breve comunicado divulgado en Twitter, Lula consideró a la petrolera como un "símbolo" de la soberanía de Brasil, por lo que rechazó que hubiese políticos que "vendan sus almas al diablo", en referencia a quienes pretenden privatizar la estatal.

El exmandatario destacó, además, que la compañía garantiza el bienestar de los 210 millones de brasileños, sea cual sea su origen social.

Por su parte, la exmandataria Dilma Rousseff acusó al gobierno de Bolsonaro de actuar de manera deliberada para "desnacionalizar" la riqueza del país, mediante la defensa del liberalismo "y al servicio de los intereses de EE.UU.". "Todo esto es una traición a Brasil y a nuestra gente", recalcó.

Congresistas continuarán denunciando 

"Lamentablemente, luego de muchos años de lucha que culminaron en la consecución de nuestra autosuficiencia petrolera, estamos asistiendo a un verdadero desmantelamiento de la que es una de las empresas más importantes del país", lamentó el senador Jean Paul Prates, presidente del Frente Mixto de Defensa Parlamentaria de Petrobras.

El congresista explicó que el impacto negativo de esta estrategia de privatización es más evidente cuando se toma en cuenta que "la cadena de producción de petróleo y gas representa actualmente el 45 % del Producto Interno Bruto (PIB) industrial" de Brasil, incluso —añadió— "con la desaceleración de las actividades de Petrobras".

Por ello, deploró que la Corte "no haya reconocido la urgencia y el riesgo que representa la decisión del Gobierno de enajenar bienes públicos sin autorización legislativa". Sin embargo, destacó que "es solo una decisión preliminar, que debe ser confirmada o revisada en cuanto al fondo"; por lo que mantendrá el debate sobre este tema ante la opinión pública, para que —según dijo— "la gente entienda lo que está en juego".

"Esta decisión de la Corte Suprema daña mucho la lucha que venimos librando en el Congreso, pero seguiremos siendo un escollo por cada ataque al patrimonio nacional, en la base, con los trabajadores", manifestó, por su parte, el diputado Ivan Valente.

De igual forma, la joven diputada Natália Bonavides ha llamado a proteger a la petrolera. "Actualmente, en momentos en los que la empresa está bajo constantes ataques del gobierno de Bolsonaro, necesitamos defender a la estatal y a sus trabajadores que tienen mucho que aportar al desarrollo, la independencia y la soberanía de Brasil".

En el plan de Bolsonaro

La privatización de Petrobras es parte del plan de privatizaciones que prometió Bolsonaro durante las elecciones de 2018. Durante la campaña, el ahora mandatario llegó a decir públicamente que iba a "extinguir gran parte de las estatales".

Además de Petrobras, el plan de privatizaciones incluye a Eletrobras, cuya proceso de desnacionalización tuvo luz verde en 2019. Su antecesor, Michel Temer, ya había iniciado la venta de varias distribuidoras.

El año pasado también se anunciaron las privatizaciones de Correos de Brasil, conocida simplemente como Correios, la mayor compañía de logística de América Latina; y el puerto de Santos, el más importante del país.

Asimismo, entraron en ese paquete Telecomunicaciones Brasileñas (Telebrás), Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO) —que era la mayor empresa pública de tecnología de la información del mundo—, la Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social (DATAPREV, por sus siglas en portugués), así como la Agencia Brasileña de Gestión de Fondos de Garantía y Garantía (ABGF) y la Empresa Gestora de Activos (EMGEA).

En julio de 2019, se terminó de privatizar, mediante la venta de la mayoría del paquete accionario a fondos de inversión, la compañía BR Distribuidora, la principal proveedora de combustibles, que era una subsidiaria de Petrobras.

"El Estado está hinchado y debe deshacerse de sus empresas deficitarias, así como de las que pueden ser mejor gestionadas por la iniciativa privada", dijo Bolsonaro en agosto pasado, al ratificar que las privatizaciones continuarán.

Publicado: 5 oct 2020 21:52 GMT

Por Edgar Romero

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La “Ley Antibloqueo” de Maduro: un infame salto adelante en el entreguismo nacional y las privatizaciones

UNA LEY ESCANDALOSA

Con ese aparatoso nombre se trata de legitimar una política aperturista, muy lejos de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos. Incluso se plantea la reversión de “nacionalizaciones” del período de Chávez.

 

El Gobierno de Maduro ha presentado la llamada “Ley Antibloqueo”. Un aparatoso nombre para dar toda una cobertura “legal” a una política más ofensiva en el plano aperturista que viene teniendo el Gobierno que lejos está de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos, incluso plantea la reversión de “nacionalizaciones” llevadas adelante durante el período de Chávez. Y para “protegerse” le dan rango de ley al secretismo en los negocios de la entrega nacional.

En esta nueva “Ley” al que le dan rango constitucional, como ya es costumbre en el Gobierno, en los preámbulos la presentan con frases al estilo de “la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”, “el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano” y el “goce de los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores”. Justamente todo lo contrario en sus objetivos reales. Fue lo mismo que se hizo cuando lanzaron el brutal paquetazo de agosto del 2018 que significó un ataque en toda la línea contra la clase trabajadora y las mayorías populares bajo el nombre de “el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”.

La misma ha sido presentada ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, donde el poder real lo tienen el Gobierno, pues es un lugar donde no se delibera absolutamente nada y se vota todo lo que determinan las altas camarillas del chavismo gobernante junto a las Fuerzas Armadas, y por tanto se sabe con antelación su aprobación.

Esta “Ley” ni es “antibloqueo” menos aún que defienda “la plena soberanía”, estando en las antípodas de cualquier medida antiimperialista contra las sanciones de Washington, pero que se usa como pretexto para todo un curso entreguista y privatizador que ya vienen tomando desde hace algunos años, y que entre sus principales leyes iniciadoras está la llamada “Ley de Inversiones extranjeras”, para abrirse luego con una serie de leyes en el sector petrolero de entrega a transnacionales. Y en esto justamente comparten con la oposición, solo que unos en clave de ser el que controla la entrega para buscar una sobrevida y el otro de apertura abierta de la mano del imperialismo.

En la nueva “Ley”, que no pretendemos aquí tomar en su totalidad sino en sus puntos más gruesos, en su Capítulo II referido a “Medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones”, ya arranca afirmando que “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan (…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Agregando que se hará cuando “tal desaplicación es indispensable para la adecuada gestión macroeconómica, la protección e impulso de la economía nacional, la estabilidad del sistema productivo y financiero locales, la captación deinversión extranjera, sobre todo a gran escala” (negritas nuestras). ¿Qué es lo que se quiere indicar con la “desaplicación de normas legales”? No puede dejar de entenderse como la abierta anulación de normas y leyes preestablecidas (incluyendo las orgánicas), incluso contenidas en la propia Constitución del país, para su avanzada económica eliminando todo tipo de obstáculo “legal”. Lo que de paso, es bien decirlo, no es nuevo, solo que ahora le dan “rango constitucional” a la anulación de facto a un sin número de leyes cuando bien le convenga a las camarillas gobernantes, como explicamos más adelante.

Acelerando el curso aperturista y entreguista

En la parte referida a la “Optimización de la gestión empresarial” de dicha Ley, es partir donde salen a relucir los verdaderos objetivos. En el Artículo 24 se indica que “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior (…)”. Para intentar “cubrirse” de cierta “constitucionalidad” para este salto agregan que esto se hará “sin prejuicio del artículo 303 de la Constitución”. Un artículo que indica que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera (…)”. Pero es que PDVSA como empresa puede seguir existiendo y lo será seguramente, pero ya siendo una empresa irrelevante en manos del Estado frente al paso de la explotación y producción petrolera a manos de transnacionales y operadores locales; así “cumpliendo” supuestamente con dicho dictamen constitucional, pueden avanzar en una mayor privatización real de la industria petrolera nacional. En otras palabras, lo de “sin prejuicio” no pasa más que de un eufemismo del mayor de los descaros.

Para complementar, en su Artículo 25 se indica en cuanto a “Operaciones de administración” que “(…) se podrá elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales (…)”. Y en su Artículo 26 que “(…) el Ejecutivo Nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios (…)”. Aunque el Gobierno de Maduro ya viene avanzando desde hace varios años en eso de “modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas” (como lo hemos explicado aquí), lo nuevo está, como lo hemos venido afirmando, es que lo elevan a rango constitucional y de Ley abriéndose el camino para sus políticas económicas.

Como hemos explicado, en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en todo un proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera, solo que ahora buscan dar saltos mayores. En un extenso artículo de inicios de febrero hemos dado cuenta toda una serie de iniciativas y leyes que en los últimos seis años han venido marcando este curso aperturista en el sector petrolero, gasífero y petroquímico.

Un camino más abierto a la privatización y reversión de empresas “nacionalizadas”

En lo que dice respecto a “Impulso a la inversión privada”, es donde se concentra ya no solo en el curso aperturista sino también privatizador, incluyendo la vuelta atrás de medidas que se habían tomado previamente en el marco de “nacionalizaciones” o “expropiaciones”. En las primeras líneas del Artículo 27 reza que el Ejecutivo “(…) podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (…)”, y pasa a determinar que “Cuando dichas medidas impliquen la gestión u operación de activos se encuentren bajo administración del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos cuando ello implique la pronta puesta en producción de dichos activos mediante un plan debidamente sustentado.” (Subrayados nuestros).

Con todas las letras establecen directamente el camino a “restituir” a “su legítimo propietario”, empresas que incluso fueron pagadas hasta con creces en períodos anteriores. Pero en este Capítulo de la Ley no es que se refiera a aquellas pequeñas empresas que de una u otra forma fueron afectadas por alguna determinación gubernamental, es el camino abierto a la privatización de grandes empresas que fueron “nacionalizadas” o “expropiadas” pero que fueron indemnizadas. Pudiendo ser retomadas por empresarios extranjeros y locales en ese proceso que llaman “restitución de sus activos”, con la sola estipulación de que “implique la pronta puesta en producción”, sin hacer mención alguna a los fuertes pagos que se hicieron cuando se compraron las mismas.

Para esto seguramente empezando por las transnacionales petroleras que han demandado al Estado nacional cuando se avanzó en el régimen de las empresas mixtas. Pero no solo esto, sino también con empresas de gran calado como la industria siderúrgica, sectores eléctricos, y otras compañías de gran calado hoy bajo la órbita estatal. Dicho sea de paso, esto es algo que ya se viene operando, como ha sido el caso de los establecimientos de cadenas de supermercados, como “Éxito”, y que hoy son entregados al sector privado, sin saberse ni en qué marco ni condiciones, pero que pasan al sector privado.

Para complementar esta parte, y de manera que se establezca el principio de “la mano del mercado”, se tiende a eliminar o se elimina directamente, la interferencia del Estado en la economía. Así en su artículo 28, se dictamina que “(…) se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional (…)”. Se sabe que con el término de “determinadas categorías” entrarían las que consideren a bien establecer. En otras palabras, la vía al laissez faire para los negocios de las grandes empresas transnacionales o de capitalistas nacionales.

Y hasta la propia jurisprudencia nacional en lo que se refiere a la cuestión de eventuales litigios con empresas internacionales van desapareciendo. En la parte referida a las “Garantías para la inversión”, en el Artículo 31 se dictamina que “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad.” Agregándose que “Siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos disponibles y se haya pactado previamente, la República Bolivariana de Venezuela podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias.” Es decir, ni si quiera se hace mención ni se especifica en todo este artículo, a fin de que los llamados “inversionistas” (las transnacionales que vienen a hacer sus negocios) tengan “confianza y estabilidad”, que eventuales “controversias” serán resueltas en tribunales venezolanos, sino abiertas a serlo en el rapaz arbitraje internacional, como los que se determinan dirimiendo en Nueva York, por ejemplo.

Una descarada e insólita garantía “legal” del “secreto” para la entrega, privatizaciones y la corrupción

Y para darles mayor “seguridad” a los negocios a los capitalistas, se establece en la parte referida al “Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”, el mayor de los secretos de las negociaciones que se establezcan o véngase a acordar, abriendo el camino, ya no solo de corrupción como indican muchos observadores críticos de esta Ley, sino al curso entreguista sin el más mínimo control, siendo que se trata de riquezas del Estado o de activos existentes en el territorio nacional o en el extranjero, u otros negociados oscuros, cuando se supone que deben ser de la mayor “transparencia pública”. Se busca amparar con una “Ley” la opacidad en todo lo que hace a la entrega nacional. En otras palabras, se establecen leyes, para hacer “legales” todo tipo de entreguismo y componendas, ventas de activos en forma oscura, y a la corrupción.

Así vemos que en el Artículo 34 se dictamina que “Se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano (…)”, y se agrega que “Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional”. Rematando en el Artículo 35 con que “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma”.

Ni en la década de los 90, de mayor avance neoliberal, se tomaban tanta “prevenciones” elevándolas a “Ley”. El argumento de que Washington no se “entere” no es más que un burdo argumento e insólito subterfugio. De manera “silenciosa”, y hay que aclarar, para usar esa expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación bajo el mayor de los secretismos, solo que ahora legalizan el secretismo para los grandes negociados. Y es que hay que tomar en cuenta que ya no se trata solo de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económico empresarial y capitalista de todo linaje, sino decisiones que implican grandes cambios que llevan a una mayor dependencia del país.

Anulando Leyes orgánicas anteriores de un plumazo

Y para que no quede ningún espacio abierto a Leyes anteriores que contravengan el actual curso político y económico, pasan a abolir de facto las preexistentes. Así en lo referente a las “Disposiciones transitorias”, en la segunda disposición se dictamina directamente que “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones, aún ante el régimen derivado del Decreto mediante el cual se acuerda el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional”.

Es decir, todas las otras Leyes orgánicas existentes, como la Ley de Hidrocarburos entre muchas importantes del país, son eliminadas de un zarpazo por simple orden gubernamental, pues sabemos que la actual Asamblea Nacional Constituyente, órgano más fraudulento si los hay, no es más que un instrumento de las camarillas gobernantes para sus fines políticos, y carece en absoluta de la más mínima deliberación de cualquier parlamento burgués aunque sea para cubrir las apariencias.

Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo, nuevo saqueo y curso privatizador

Como vemos, en este rápido recorrido de esta “Ley”, se trata de una de las leyes más antinacionales que hasta el momento el Gobierno de Maduro ha venido estableciendo, y que deja al país a la deriva de la rapacidad capitalista internacional y nacional, y de una burocracia estatal –incluyendo la militar- antiobrera y antipopular con intereses materiales propios. Es un andamiaje al entreguismo y al curso privatizador como no se había visto. Por eso, no por casualidad, titulábamos un artículo a principios de año como que estábamos en la puerta de “Nuevo “gran viraje” donde solo ven la apertura depredadora como “salida” a la catástrofe y ruina del país.

En fin, con esta Ley, y usando de pretexto las sanciones imperialista –que hay que rechazar con todas las fuerzas–, mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial.

En el país hay un colapso brutal, una destrucción de industrias claves, que tienen que ver con las propias políticas del Gobierno y que las sanciones imperialistas han venido a agravar ahogando más la situación, pero la salida pasa por tomar toda una serie de medidas antiimperialistas y anticapitalistas ante esta ruina haciéndose realmente el país soberano de todos sus recursos y rompiendo todas las ataduras y compromisos que mantienen al sujeción del país a intereses de potencias extranjeras, y no el mayor de los entreguismos y curso privatizador que toma el Gobierno de Maduro que seguramente la oposición de derecha debe estar aplaudiendo. Esto implicaría claramente sustentado en una gran movilización obrera y popular donde los trabajadores tomen el destino del país en sus manos.

La clase obrera, así como las grandes mayorías populares deben rechazar con todas las fuerzas esta ofensiva. Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como por la de la oposición de derecha. Es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Sábado 3 de octubre | 17:12

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Dibujo de Carlos Latuff, caricaturista político brasileño

 Bolsonaro quiere colocar en el Tribunal Supremo a un candidato “terriblemente evangélico” antiderechos.

El juez Celso Mello está cercano a cumplir 75 años, la edad límite para ser funcionario público, anunció el próximo 13 de octubre que se retira para disfrutar de su jubilación, después de que en este último año pidió dos permisos por cuestiones de salud.

¿Quién quedará en su lugar?

Jair Bolsonaro es quien designará a uno de los candidatos que sustituirá a Mello, entre estos están Jorge Oliveira, abogado y policía militar André Mendoça, abogado y pastor evangélico, Joao Otávio de Noronha y Humberto Martins, ambos abogados y parte del Tribunal Supremo, aún no se sabe a quien impondrá Bolsonaro para ocupar el cargo de Mello, lo que sí está claro es que será alguien “terriblemente evangélico”, palabras del mandatario.

Esto no es de sorprender ya que los dos pilares con los que se sostiene el Gobierno de Bolsonaro son por un lado el Ejército, con el que revindica la dictadura y es utilizado para reprimir a los trabajadores y todos los que luchan, y por otro lado la Iglesia Evangélica, con la que se apoya para atacar los derechos de las mujeres y las diversidad sexual y de género.

De esta forma, la Iglesia Evangélica avanza en América Latina y en el mundo de la mano de gobiernos de derecha y golpista.

¿Cuál ha sido el avance de la Iglesia Evangélica?

La Iglesia Evangélica representa a uno de cada cinco latinoamericanos. La Iglesia Católica en las últimas décadas ha disminuido su influencia de 80% al 59%, a pesar de que el último Papa salió de estas latitudes, mientras que la Iglesia Evangélica ha crecido de 4% a 19%.

Pero ¿Cómo se refleja en el tablero político?

Por ejemplo en Costa Rica en las elecciones del 2018 quedó en segundo lugar en las elecciones el político y predicador Fabricio Alvarado, a pesar de lanzar discursos anti derechos, como contra los derechos de la diversidad, el derecho al aborto, la fecundación in vitro, etc. Otro ejemplo es el caso de Jimmy Morales que hace poco fue el presidente de Guatemala.

En muchos casos como sucedió en los golpes en Bolivia y Brasil donde la derecha de la mano de la Iglesia Evangélica, Católica y los militares apoyaron y apoyan los gobiernos de Jeanine Áñez y Jair Bolsonaro respectivamente, lo mismo pasa en EE.UU. donde las iglesias pentecostales apoyaron a Donald Trump.

En el caso de México la Iglesia Evangélica se ha visto representada en el Partido Encuentro Social, que en las elecciones del 2018 participó en coalición con MORENA (del actual presidente López Obrador), lo cual le permitió tener varios diputados, incluso una gobernación. El Partido Encuentro Social junto con diputados de varios partidos como PAN(Partido de la Acción Nacional), PRI (Partido de la Revolución Institucional), Movimiento Ciudadano, Partido Verde e incluso el MORENA han votado a favor del "PIN parental", una ley que ataca el derecho a la Educación Sexual Integral, además de votar contra el derecho al aborto.

El Partido Encuentro Social incluso apoyó la movilización convocada por el Frente Nacional por la Familia que rechazaba la prohibición de las terapias de conversión, que históricamente se han ocupado para tortura a la diversidad sexual y de género.

Pero a pesar de que la derecha intenta avanzar de la mano con las distintas iglesias y empresarios para ir contra los derechos de los trabajadores, las mujeres, la diversidad sexual y de género, es importante continuar la lucha por nuestros derechos, por la separación efectiva de la Iglesia y el Estado, por una Educación Sexual e Integral y por plenos derechos para la diversidad sexual y las disidencias.

Por Diego Juárez

@diego_enp2

Viernes 2 de octubre | 13:16

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Domingo, 04 Octubre 2020 05:03

Proyectos en disputa

Proyectos en disputa

 Existen sólidos fundamentos para caracterizar que en China no impera un régimen capitalista, ni tampoco socialista. Al cabo de varias décadas prevalece una formación intermedia con signo indefinido y desenlaces pendientes. La nueva clase capitalista no ha logrado el control del Estado, que permanece en manos de una capa política autónoma de la burguesía.

Ese status singular de una formación burocrática puede desembocar en varios resultados. Un curso futuro estaría signado por la consolidación definitiva del capitalismo y otro contrapuesto por una recreación de la transición socialista. Ambos caminos dependerán de circunstancias externas, luchas políticas y acciones del movimiento popular. Esta mirada es compartida por varios enfoques, inspirados en evaluaciones convergentes.

Una tesis afín a nuestra visión destaca que la economía china no está sujeta al regulador pleno de la ganancia, mantiene sectores estratégicos en manos del Estado, garantiza el control de los capitales y procesa una irresuelta disputa entre sectores pro-capitalistas y críticos de ese devenir. Remarca el continuado predominio del Partido Comunista sobre los centros neurálgicos de la economía y explica las altas tasas de crecimiento por la preeminencia de activos del sector público (Roberts, 2017, 2016a: 209-212, 2018, 2016b). Este retrato resalta los distintos rasgos de un régimen no capitalista, sin proveer una denominación específica para ese sistema.

Las categorías actuales no ofrecen un término satisfactorio para dar cuenta del modelo chino. Algunos estudiosos utilizan el término de “managerialismo” para destacar la primacía del funcionariado en la gestión de la economía. Ilustran cómo los administradores comandan ese desenvolvimiento, mediante supervisiones y asociaciones con el segmento capitalista (Duménil; Lévy, 2014, 2012).

Otros pensadores proponen combinar los componentes capitalistas y socialistas del esquema chino en la sintética noción de “social-capitalismo” (O’Hara, 2006). La dificultad para encontrar un nombre adecuado deriva del carácter inédito del contexto actual. Las categorías utilizadas por los marxistas entre 1917 y 1989 -socialismo, comunismo, Estado obrero burocratizado, colectivismo burocrático- se contrastaban con el capitalismo liberal o keynesiano de la época, con la mira puesta en el objetivo pos-capitalista. Ese contrapunto ya no presenta la nitidez del pasado.

Pero lo importante no es la denominación, sino la caracterización del régimen chino. Allí prevalece una sociedad con clases capitalistas ya constituidas que no ejercen el poder del Estado. Como destacan otros analistas esa combinación retrata una restauración no concluida (Heller, 2020). Ese escenario sitúa al país en un área de tránsito variable entre el capitalismo y el socialismo. Prescindiendo de estos dos conceptos básicos, la localización histórica de China carece de guías para evaluar su devenir.

Los enfoques que adoptan estas brújulas ubican el debate en coordenadas reconocibles. Habitualmente se discute si la reintroducción del capitalismo en China altera, cancela o facilita el avance hacia el socialismo. Las miradas intermedias no avalan, ni justifican esa regresión y destacan tanto los límites como la potencial reversión de ese proceso.

¿Socialismo de mercado? 

Muchas caracterizaciones de China coinciden en la descripción de una formación intermedia pero evitan esa denominación. Discrepan con ubicarla en el universo pleno del socialismo o del capitalismo, pero optan por situarla en alguna sub-variante de esas dos grandes opciones. Los principales exponentes de la primera corriente identifican al país con el socialismo de mercado.

Esa mirada resalta la naturaleza socialista de China, en una enfática reacción contra la vertiente opuesta. Cuestiona los argumentos “simplistas” e “ingenuos” que localizan al país en el universo del capitalismo (Guigue, 2018).

Pero esa contraposición limita el análisis y no ofrece respuestas al complejo perfil de una formación económico-social, que nunca se adoptó formas acabadas de los dos sistemas en debate. Atravesó períodos de transición al socialismo y ahora de restauración al capitalismo, sin madurar ninguna de esas opciones.

Es cierto que China difiere cualitativamente de las grandes economías occidentales y que no afronta todas las contradicciones de capitalismo (Lo Dic, 2016). Pero ha incorporado muchas tensiones de este sistema y comienza a exportarlas al resto del mundo. No es una economía financiarizada, ni neoliberal, pero debe lidiar con la sobre-inversión, la superproducción y la búsqueda de mercados, para los excedentes generados en su actividad industrial. Esos desequilibrios no presentan ninguna familiaridad con las tensiones de una economía socialista.

Es un error situar a China en un ámbito de socialismo de mercado por los deslumbrantes resultados que logró en materia de crecimiento. Con ese argumento desarrollista se podría exaltar también el enorme desenvolvimiento logrado por Corea del Sur u otros regímenes brutales del capitalismo asiático.

La identificación actual de China con el socialismo de mercado observa continuidades donde hubo rupturas. Se concibe a la expansión mercantil de los 80 y a las privatizaciones de los 90 como dos momentos de un mismo curso pos-capitalista. En esa presentación se omite la diferencia cualitativa que separa la ampliación del mercado dentro de la planificación con la preeminencia del beneficio, la competencia y la explotación.

La denominación “socialismo de mercado” podría quizás aplicarse al primer momento de esa secuencia, pero no al segundo. En este último período se forjó una clase propietaria de grandes empresas, que choca abiertamente con las metas igualitarias del socialismo.

La presencia de ese sector capitalista no expresa la simple extensión de la gestión mercantil. Indica un punto de ruptura o eventual gestación de una “economía mixta”. No es lo mismo la existencia de múltiples formas de propiedad (pública, provincial, comunal, cooperativa, privada) que la vigencia de normas de privatización. Los millonarios chinos ubicados en el ranking de Fortune no son partícipes de ningún conglomerado socialista.

El desconocimiento de esos datos impide evaluar el sentido de las luchas políticas que se libran en el país. Esas tensiones no expresan sólo las habituales disputas entre fracciones por el manejo poder que describe la prensa occidental. Tampoco responden a meras oleadas de limpieza de corruptos. En esos conflictos subyace la confrontación por acelerar o contener la restauración capitalista. Con la óptica del “socialismo de mercado” resulta difícil comprender el sentido de esos choques.

El énfasis analítico puesto en contraponer el próspero modelo asiático con su decadente contraparte occidental suele obstruir la evaluación de esas tensiones internas de China. Es totalmente cierto, que sin pilares socialistas China no hubiera podido erradicar la pobreza, en un conglomerado tan gigantesco y en un plazo tan breve (Jabbour, 2020). El capitalismo no permite consumar mejoras de esa envergadura. Pero esa extraordinaria conquista no se obtuvo con una simple y uniforme gestión socialista, que fue mutando de facetas a lo largo de 70 años. El impulso revolucionario inicial sentó las bases para una expansión posterior, que no tuvo signos unívocos, ni benefició exclusivamente a las mayorías populares.

La tesis de la continuidad socialista acepta todas las variantes seguidas por China, como un curso necesario para el desarrollo de las fuerzas productivas. Esa expansión es acertadamente destacada como una condición imprescindible para forjar alternativas al capitalismo (Andreani; Herrera, 2013).

Pero la mirada indiferenciada y acrítica de todos los periodos atravesados por el país, omite que no existe un sólo camino para ese desenvolvimiento. Tasas elevadas de crecimiento pueden lograrse expandiendo el mercado interno o la Ruta de la Seda, apuntalando o restringiendo la tasa de ganancia, favoreciendo o contrarrestando la desigualdad social.

Ese desarrollo puede exigir una enorme incidencia del mercado en la fijación de precios y en la escala de negocios privados. Pero traspasada cierta frontera, ese curso deja de constituir un desvío hacia el socialismo para transformarse en un sendero opuesto de retorno al capitalismo. Si esta disyuntiva no es explicitada, la restauración puede simplemente consolidarse a través de la auto-propulsión que genera el imperio del lucro.

Algunos pensadores suponen con cierta crudeza o ingenuidad que cierto desarrollo capitalista permitirá retomar luego la vía al socialismo, como si esos giros pudieran implementarse con la sencillez de una disposición ministerial. La historia brinda abrumadoras pruebas de la feroz defensa que despliegan los capitalistas para defender sus privilegios. Si afianzan estructuralmente sus beneficios de clase, no renunciarán a esas conveniencias cuando el timbre del socialismo suene en sus portones.

¿Capitalismo consumado?

En el polo opuesto de los teóricos del socialismo de mercado se ubican los pensadores que diagnostican la restauración total del capitalismo. Consideran que China se ha transformado en una pieza más del tablero global y que el status social de la nueva potencia no se distingue de sus pares de Occidente.

Esa visión es frecuentemente presentada en polémica con los analistas, que ponen reparos a la caracterización de un capitalismo completado e irreversible. Los intérpretes de ese cierre remarcan que “ya no hay vuelta atrás”, en la definitiva preeminencia del mismo sistema que impera en el resto del mundo (Sáenz, 2018).

El principal argumento económico para evaluar esa consolidación es la vigencia de todos los mecanismos del capitalismo. Estiman que en China prevalecen las normas de la explotación, la ganancia y la concurrencia (Carccione, 2020).Consideran que allí impera el mercado de trabajo, la propiedad privada de los medios de producción y la competencia entre las empresas (Au Loong, 2018).

¿Pero la ausencia de financiarización y neoliberalismo no obstruye el funcionamiento pleno de esas normas? ¿La alta regulación estatal, las restricciones al movimiento de capitales, la propiedad pública de la tierra, el control oficial de los bancos y las empresas estratégicas no influyen sobre el curso de la acumulación?

Los teóricos del capitalismo consumado relativizan la presencia de esas limitaciones y no explican por qué razón persisten en ese país, los controles que el neoliberalismo erradicó en el grueso del planeta. La privatización, la desregulación financiera, la apertura comercial y la flexibilización laboral fueron introducidas, para oxigenar al capitalismo de los obstáculos al beneficio que interponía el modelo keynesiano previo. En China no se concretó ese giro.

Quienes estiman que esa nación sepultó por completo su trayectoria previa, tampoco aclaran cuándo se produjo el entierro. La caracterización de ese viraje es clave para definir qué significado se asigna al concepto de capitalismo o socialismo.

Algunos pensadores estiman que la restauración ha sido un proceso ascendente desde fines de los años 70, que contó con el beneplácito de toda la dirigencia. Por eso resaltan el consiguiente aburguesamiento de las capas dirigentes (Laufer, 2020). Consideran que la era Deng, la fase de las privatizaciones y el equilibrio de Xi Jinping constituyen distintos momentos de un mismo proceso.

Pero con esta mirada se ignora la diferencia cualitativa que separa a un modelo de gestión mercantil en el marco de la planificación, de otro con expansión de la propiedad capitalista y de un tercero que limita esa extensión. La importancia de esas distinciones desborda la evaluación de China e involucra el proyecto general del socialismo. El ejemplo asiático justamente interesa para considerar ese futuro.

Quienes rechazan en forma indiscriminada todas las políticas económicas de últimas décadas, implícitamente objetan la reintroducción del mercado. No registran que esa gestión fue compatible con la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin en los años 20 y resulta insoslayable para cualquier proyecto pos-capitalista en los países subdesarrollados. ¿O acaso era mejor el esquema opuesto de planificación compulsiva y centralizada de la URSS en 1950-60?

El debate sobre China entre los marxistas no es meramente descriptivo. Exige opiniones sobre esas alternativas, para explicitar cuál es el proyecto económico socialista concebido por cada analista.

Burguesía y funcionarios sin fusión 

Los teóricos del capitalismo completado consideran que esa concreción se consumó con gran protagonismo del Estado. Estiman que los conductores del sistema anterior encabezaron la restauración, transformando a la antigua crema de Partido Comunista en la nueva élite del capitalismo (Carccione, 2020).

Pero esa mirada registra identidades donde prevalecen separaciones. La nueva clase burguesa y la burocracia que controla el Estado permanecen como dos sectores diferenciados. El primero no capturó el poder y el segundo no se transformó en un mero grupo de propietarios enriquecidos.

La continuidad de esta distinción no invalida que varios millonarios ocupen altos cargos oficiales o que las familias de muchos jerarcas exhiban un nivel de vida ultra-acomodado. Lo que interesa conceptualmente no ese cómputo de riquezas, sino el papel objetivo que cumple cada sector en una formación económico-social.

Lo que distingue a China de Rusia o Europa de Este es la continuada diferencia entre la estructura de la sociedad y el Estado, que mantiene a la clase capitalista alejada del control del poder político. Esa brecha podría disiparse con el tiempo, pero aún no se ha disuelto. Quienes estiman que la fusión ya se ha consumado aceptan el contraste entre la trayectoria seguida por China y el fenecido “bloque socialista”, pero sin extraer conclusiones de ese contrapunto.

También subrayan la gravedad de la crisis capitalista contemporánea y enfatizan los límites históricos de este sistema. Pero eluden indagar cómo ha podido un régimen social en declive expandirse con tanta facilidad e intensidad, en el país más poblado del planeta. No es muy lógico remarcar la asfixia objetiva que afronta el capitalismo occidental y describir sin ningún asombro, cómo ese mismo sistema florece en la principal nación asiática.

La presentación del crecimiento chino como un resultado del empalme funcional con el capitalismo global ilustra tan sólo una cara de la moneda. El país logró su extraordinario desarrollo como un efecto combinado de pilares socialistas, regulaciones estatales y restricciones a la financiarización. La creciente afluencia del capitalismo no frenó esa expansión, pero introdujo grandes desequilibrios de sobreinversión, sobreproducción y desigualdad.

Es muy controvertido suponer que el capitalismo penetra sin ningún escollo bajo el comando consciente del Partido Comunista. Se extrema un razonamiento inspirado en ironías de la historia, al imaginar que la restauración avanza naturalmente por ese insólito carril. No parece muy sensato considerar que los textos de Marx, Lenin o Mao sean utilizados para implantar el sistema que esos escritos repudian. Más lógico es lo ocurrido en Rusia y Europa del Este, donde se alaba al capitalismo incinerando esos libros. La permanencia del marxismo como literatura oficial en China ilustra lo obvio: la restauración no ha concluido y afronta resistencias.

Lucha, represión y legado

La tesis del capitalismo completado atribuye ese resultado a una derrota histórica de la clase obrera. Considera que esa regresión se afianzó a fines de los 80 con Tiananmén, se consolidó con los grandes despidos en empresas estatales durante los 90 y se reforzó definitivamente con un sistema político dictatorial (Au Loong, 2016). Esa visión es coherente con el presupuesto que el capitalismo avanza con tasas crecientes de explotación y pérdidas de conquistas sociales.

Pero ese diagnóstico choca con incontables evidencias de mejora del salario, reducción de la pobreza y expansión del consumo. El enorme crecimiento económico ha sido acompañado de un incremento mayúsculo de la desigualdad, pero sin la tragedia social imperante en los países bajo gestión neoliberal. Las condiciones generales de vida en el país han seguido un rumbo muy contrapuesto, por ejemplo, al observado en América Latina.

Estos avances no retratan los méritos del retorno capitalista. Ilustran la fuerza social de los trabajadores y el impacto de sus demandas efectivas o potenciales. En las últimas dos décadas emergió un nuevo proletariado, con expresiones de resistencia y alta capacidad para hacer valer sus exigencias.

Los propios teóricos de la restauración culminada describen esas protestas como la “peor pesadilla” de la burocracia (Yunes, 2018). Recogen registros de la significativa capacidad exhibida por los operarios para imponer sus derechos (Hernández, 2016)

Esos informes indican que los gerentes de las empresas y los altos funcionarios actúan con cautela, frente al revulsivo potencial de la clase obrera. Esa conducta añade otro argumento a favor de la tesis de un modelo capitalista no concluido.

La misma evaluación se extiende a la caracterización del régimen político. Es evidente que en China no rige una democracia socialista. Esa meta se encuentra muy lejos de su implantación y son numerosas las evidencias de inadmisibles restricciones a los derechos democráticos. Pero los teóricos de la restauración plena no se limitan a constatar o criticar este hecho. Postulan la vigencia de una descarnada dictadura que funciona con normas cuartelarías y consecuencias sanguinarias. Estiman que ese sistema es análogo a la tiranía derrotada por la revolución socialista (el Koumintang) o a la terrorífica junta militar coreana de 1961-1987 (Au Loong, 2016).

China no sólo padecería un retorno del capitalismo, sino también una regresión a la tragedia política de la primera mitad del siglo XX. El país estaría bajo el control de una clase dominante despiadada, que sojuzgaría a los desposeídos mediante un sistema político análogo a las formas pre-modernas que utilizaban los emperadores y mandarines.

Pero resulta muy difícil congeniar estas descripciones con la modernización que ha protagonizado el país y la consiguiente complejidad de su estructura político-social. Si la imagen de un capitalismo meramente destructor contrasta con los avances en el nivel de vida, la presentación de un tirano al comando de 1500 millones de personas, no condice con la variedad de tendencias políticas actuantes en China. Ese contexto es imperceptible con mirada atadas a un razonamiento convencional de contraposición de totalitarismos con democracias (Mobo, 2019).

La presentación de China como una simple dictadura capitalista también presupone que el legado socialista ha sido completamente demolido. Se estima que esa tradición ha quedado profundamente desacreditada, en un marco de viraje nacionalista de la intelectualidad y apatía política de la juventud (Au Loong, 2016).

Pero ese retrato no coincide con la aparición de nuevas vertientes de izquierda, ni con la continuada gravitación del marxismo. Esa corriente de pensamiento mantiene actualmente mayor vivacidad en China que en sus tradicionales centros de Europa. Ese dato no es irrelevante e indica un escenario mucho más promisorio, que el expuesto por los diagnósticos pesimistas.

¿Un transitorio capitalismo de Estado? 

La restauración no está concluida, pero es una tendencia en curso que podría efectivizarse a través de ciertos episodios decisivos. La sustitución china de Occidente en el comando de la globalización constituiría uno de esos desencadenantes. No se sensato suponer que una formación burocrática asumirá el timón de capitalismo mundial, sin ejercitar a pleno las reglas de la ganancias, la competencia y la explotación. Su captura del liderazgo mundial bajo las normas imperantes en la actualidad, no sería otro jalón del renacimiento histórico de China. Constituiría un punto de viraje hacia la consolidación definitiva del capitalismo.

Otra variedad de ese curso se verificó en los momentos de mayor euforia de “chinamerica”. En el cenit de esa asociación algunos analistas concibieron, que las monumentales acreencias asiáticas de Estados Unidos se convertirían en propiedades del gigante oriental. Supusieron que grandes empresas norteamericanas quedarían bajo el control de socios o gerentes chinos. Estimaron que esa conversión podría constituir el primer paso hacia la conformación de la tan debatida, pero inexistente clase dominante transnacional.

En los hechos la concreción de ese proceso fue abortada por el acoso imperialista que inició Obama y reforzó Trump. Esa escala de agresiones dio lugar a la reacción defensiva de Xi Jinping y a un cambio de escenario. El contexto de amigable globalización ha quedado sustituido por un perdurable marco de tensiones.

El resultado de esa confrontación es incierto. Puede abrir caminos de internacionalización capitalista de China, con sus empresas rivalizando más intensamente por lucros, mercados y cuotas de plusvalía. Pero también puede desembocar en choques geopolíticos, depresiones económicas y protestas populares, que algunos pensadores identifican con el debut de un escenario pos-capitalista (Dierckxsens; Formento; Piqueras, 2018). La actual formación intermedia china con sus clases adineradas, su regulación estatal y su retórica oficial marxista redefinirá su perfil en el escenario que se avecina.

El status transitorio de esa formación económico-social es destacado por muchos pensadores. A falta de una denominación más adecuada, algunos utilizan el término de “capitalismo de Estado” para tipificar ese régimen. Recurren a ese concepto para resaltar el papel del Estado como un gran timonel de la economía, en la fijación de todos los parámetros y las restricciones de la acumulación (Brenner, 2019).

Pero justamente por ese motivo el término es inadecuado. El capitalismo de Estado obviamente presupone que el capitalismo ya impera con plenitud en la sociedad y en el aparato estatal. Opera a través de ese organismo para forzar el cumplimiento de las metas de inversión, acumulación o desarrollo que ambiciona la clase dominante. Fue la dinámica que imperó por ejemplo en Japón.

Lo que distingue a China de ese antecedente ha sido la preexistencia de una revolución socialista, que cortó una trayectoria inicial del capitalismo. Ese componente socialista estuvo ausente en todas las versiones que adoptó el capitalismo de estado a lo largo del siglo XX.

Esa singularidad es registrada por otro enfoque, que utiliza el mismo concepto para destacar que China retomará un desemboque en el socialismo (Amin, 2013). Sugiere que el capitalismo de Estado constituye un eslabón hacia ese objetivo. Pero también da a entender que formas de capitalismo regulado son indispensables para la paulatina gestación de una sociedad igualitaria. Lo que resulta muy difícil de imaginar es cómo el socialismo emergería de una secuencia de capitalismos de distinto molde. La tesis de un status intermedio evita esos inconvenientes.

Confrontación de intereses y programas

China no es una sociedad uniforme, acallada y sometida. En el propio Partido Comunista coexisten millones de personas, que confrontan propuestas y posturas a través de distintos canales.

Las discrepancias que salieron a la superficie durante la pandemia constituyen un indicador de esos contrapuntos. En esa emergencia actuaron junto al oficialismo distintas asociaciones que no pertenecen al partido hegemónico. Es importante conocer esas actividades para superar los estereotipos que difunden los medios de comunicación, en su presentación de una sociedad simplemente esclavizada a los mandatos de una autocracia (Prashad, 2020).

Esa imagen no evalúa a Estados Unidos con la misma vara. Omite que en ese país impera en los hechos una dictadura bipartidista de la misma elite, que intercambia periódicamente el timón presidencial entre exponentes Demócratas y Republicanos. Esa manipulación no impide la existencia de un escenario multifacético de tendencias políticas de variado tipo. La misma (o mayor) diversidad impera en China.

La tesis del monolitismo asiático choca con el simple registro de las corrientes políticas del país. Una analista distingue seis vertientes significativas. Los neoliberales proponen expandir las privatizaciones, reducir el estado de bienestar y anular las leyes de salario mínimo. Los socialistas democráticos propician una economía mixta gestionada con formas políticas multipartidarias. La Nueva Izquierda defiende las empresas públicas, cuestiona la inserción en la globalización y rechaza desigualdad. Los milenaristas retoman los ideales de Confucio, para postular una reorganización del país con parámetros éticos. Las marxistas singulares exigen combinar normas de eficiencia con ideales altruistas y sus colegas tradicionalistas retoman ideas de Mao, para priorizar la defensa del país y la continuidad de las empresas estatales (Enfu, 2012).

Ese retrato sugiere una diversidad que no es perceptible con las anteojeras del institucionalismo burgués. Refuta la imagen de homogeneidad en una nación que alberga a un sexto de la población mundial. No es la brecha cultural o la barrera idiomática lo que impide tomar contacto con esa realidad. La obstrucción deriva de un prejuicio que contrapone el autoritarismo asiático con la floreciente diversidad occidental.

Los pensadores que tuvieron más familiaridad con la vida política china, resaltaron en los últimos años la intensa confrontación entre la corriente neoliberal y antiliberal. Describieron la pugna entre los partidarios del librecomercio globalista y los promotores de la regulación estatal (Amin, 2013).

Pero un proceso más interesante se desarrolla en torno a la denominada Nueva Izquierda. Esta corriente surgió a mitad de los años 90 cuestionando los proyectos de privatización y postulando la redistribución del ingreso, mediante un curso de modernización alejado del patrón capitalista (Ban Wang; Jie Lu, 2012).

La Nueva Izquierda denuncia el fetichismo del crecimiento, defiende el sistema de seguridad social y condena la amnesia de la herencia revolucionaria. Auspicia la acción colectiva y estima que Tian An Men fue una rebelión contra la corrupción y la injusticia (Keucheyan, 2010: 177-185).

Los partidarios de esta corriente también objetan la mirada angelical de los cultores de Confucio (Rofel, 2012). Critican la despolitización y reivindican las protestas populares (Wang Hui, 2015). Promueven, además, una revisión de la Revolución Cultural alejada de la demonización prevaleciente, cuestionando el énfasis unilateral en las facetas negativas de ese episodio (Mobo, 2019).

La evaluación del maoísmo es uno de los principales temas en debate en la Nueva Izquierda. Algunos analistas destacan la existencia de varias corrientes herederas de Mao. Una vertiente de peso en las estructuras oficiales prioriza la defensa nacional frente a la agresión de Estados Unidos. Otra se desenvuelve fuera de ese ámbito y propicia la organización autónoma de los sindicatos (Quian Benli, 2019).

La Nueva Izquierda convoca a renovar el proyecto socialista, en confrontación con el presupuesto de conveniencia (o inexorabilidad) de una etapa capitalista. Estima que la instauración de ese sistema entraña consecuencias nefastas y despliega una intensa batalla contra la cultura de la mercantilización (Lin Chun 2013:197-215).

Los exponentes de esta mirada denuncian los desequilibrios que ha introducido el capitalismo, reconociendo las mejoras registradas en el nivel de vida y la complejidad creada con la gestación de una nueva clase media urbana (Lin Chun 2009).

Objetan la primacía asignada a la expansión externa, destacando que China no necesita transformarse en una potencia mundial, ni actuar como faro del libre-comercio. Debe priorizar el cúmulo de mejoras pendientes en la esfera doméstica (Lin Chun 2019). Señalan que en lugar de comprometer a la economía con riesgosas inversiones foráneas convendría canalizar el ahorro excedente hacia los circuitos locales, para revitalizar las empresas estatales e incrementar los gastos sociales.

Esta orientación privilegia la actividad económica interna buscando una reconciliación entre el socialismo y el mercado (Lin Chun 2009). En el plano externo promueve retomar las ideas antiimperialistas que el país alentaba antes de amoldarse a la euforia de globalismo (Lin Chun 2019).

Este programa de la Nueva Izquierda es coherente con un diagnóstico de limitada reconversión capitalista de China. La implantación definitiva de ese sistema puede ser contenida mediante un curso opuesto de renovación socialista basado en el protagonismo popular.

Lo que está en juego es una confrontación de intereses. La discusión sobre la naturaleza capitalista, socialista o intermedia de China no es una controversia académica sobre la clasificación de la nueva potencia. Sintetiza distintas miradas y propósitos para el país que definirá el curso del escenario global.

 

18-9-2020

Por Claudio Katz, es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

Referencias

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-Duménil, Gérard; Lévy, Dominique (2014), Propos recueillis par Cédric Durand et Razmig Keucheyan. 11 may. www.contretemps.eu/a-propos-de-la-grande-bifurcation-entretien

-Enfu, Cheng (2012). Seven Currents of Social Thoughts and their Development in Contemporary China with a Focus on Innovative Marxism The Marxist, XXVIII 4, October-December.

-Guigue, Bruno (2018). El socialismo chino y el mito del fin de la historia, 29-11- http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249582

-Heller, Pablo (2020). ¿China es un país imperialista? 11/04 https://prensaobrera.com/

-Hernández, Mario (2016). La situación de la clase obrera en China ¿A dónde va China?, Editorial Metrópolis.

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-Yunes, Marcelo (2018). Una década de crisis global, Estado y perspectivas de la economía mundial, https://www.mas.org.ar/?p=809

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Lunes, 21 Septiembre 2020 06:08

Milton Friedman a 50 años

Milton Friedman a 50 años

Por distintas circunstancias éste es un momento oportuno para repensar la idea propuesta por Milton Friedman hace exactamente 50 años en un artículo publicado en la revista del New York Times. Se trata de "La responsabilidad social de la empresa es incrementar sus ganancias".

El de Friedman (1912-2006) es un caso de interés y relevante en cuanto al contexto histórico y el ambiente político-social en que se generan las ideas y logran progresar hasta convertirse en predominantes. Su influencia se gestó en un proceso largo de formulación de principios de una teoría económica con un alto impacto en el diseño e implementación de las políticas públicas que, en buena medida, se asentó en la mayor parte del mundo.

En 1964, durante la campaña por la presidencia de Estados Unidos del senador republicano Barry Goldwater, uno de los economistas en su equipo de asesores era Friedman. En un artículo publicado en marzo de ese año se cita que era considerado un hombre "brillante" y "enormemente articulado", pero también "completamente irresponsable" y que "no ofrece ningún consejo que alguien seguiría". Las cosas fueron muy distintas.

Desde entonces Friedman se oponía a la existencia de los sindicatos; la regulación gubernamental de los negocios; las funciones de la Reserva Federal, al sistema de salud "Medicare", que consideraba un desvarío socialista y al "Nuevo Trato" de Roosevelt del que decía que fue un error. En resumidas cuentas: menos gobierno y menos impuestos eran la fórmula más adecuada de encauzar la economía.

La historia de Friedman y la "escuela de Economía de Chicago", de la que se convirtió en representante indiscutible, expresa el desenvolvimiento de la confrontación que surgió entre lo aquí podría, por conveniencia, denominarse como el pensamiento libertario planteado por Friedman en su libro Capitalismo y Libertad de 1962 y el liberalismo de raíz keynesiana. Desde lo años 1980, la primera tendencia ha sido ideológicamente predominante.

En medio de las controversias que desató la formulación de Friedman sobre el funcionamiento de las empresas, enfocadas en acrecentar sus ganancias (https://cutt.ly/ufKrIQB), ésta consiguió establecerse progresivamente como la verdad acerca de que no sólo las ganancias son esenciales para la supervivencia de un negocio, sino incluso es lo único que importa.

En todo caso, las ideas de Friedman y la escuela de Chicago se posicionaron de modo cada vez más firme en el debate económico y político. Incidieron decisivamente en la definición del sistema de producción, financiamiento y distribución. De modo práctico esa misma visión se aplicó de modo brutal en Chile desde 1973 y se estableció de manera decisiva, paralela y gravosa con los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990) y Reagan en Estados Unidos (1981-1989).

La ideología concentrada en la obra de Friedman, desde aquella querella en torno al objetivo esencial de la ganancia en las empresas y la separación de lo que concierne al orden económico versus el orden político, encajó con precisión en la formación del orden neoliberal.

En su esencia, el neoliberalismo concibe las relaciones sociales en términos de la competencia y a los ciudadanos como consumidores que ejercen sus preferencias en el mercado, donde se sanciona la ineficiencia. Las ventajas que así se obtienen se confrontan con la ineficacia de la planificación estatal.

El término se acuñó en 1938 en París y se definió la ideología que lo sustentó. Ahí asentó la influencia de sus dos pensadores seminales Frederick Hayek y Ludwig von Mises que concebían las políticas intervencionistas de Roosevelt y las del estado de bienestar británico como formas de colectivismo, asimilables al comunismo e incluso al nazismo. En el fondo ése es el meollo de la controversia neoliberal: el papel del individuo a la manera de El manantial de Ayn Rand o de la misma Thatcher que afirmaba que la sociedad no existe, sólo los individuos.

En 1947, a instancias de Hayek, se creó la Sociedad Mont Pèlerin (una aldea Suiza) para debatir sobre el destino del liberalismo clásico y la resistencia que debía armarse en contra del "intervencionismo" estatal y la planeación, ya fuera de índole marxista o keynesiana.

Entre sus fundadores estaba Friedman. Con esto pretendo apuntar a la manera en que las ideas de tanto raigambre se van configurando, insisto, hasta convertirse en modelo de un cierto orden social con un papel que pretende ser muy definido para lo privado (como es el de las ganancias de las empresas) y el Estado, que no debe intervenir, aunque lo hace todo el tiempo, aunque sea por omisión, como es el caso de la desregulación lo más amplia posible. Caso en cuestión, por ejemplo, el del sector financiero.

La lectura del ensayo cincuentenario de Friedman exhibe la fuerza y la resistencia de esas ideas, cuando menos hasta la crisis de 2008, por el severo impacto redistributivo que ha tenido y la fuerte intervención gubernamental que ha propiciado en la asignación de los recursos financieros. Al cuestionamiento de las políticas neoliberales se ha sumado ahora el efecto de la pandemia. Alternativas sustentables están aún en proceso en el mejor de los casos.

No olvidemos la advertencia de Keynes: "Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando aciertan o yerran, son más poderosas de lo que comúnmente se piensa. En efecto, el mundo está regido por poco más que eso. La gente práctica, que piensa que está exenta de toda influencia intelectual, es usualmente esclava de algún difunto economista". Seguramente lo aplicaría a sí mismo.

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Lunes, 21 Septiembre 2020 05:53

Historia desobediente

El presidente Donald Trump denunció la semana pasada que el gran historiador Howard Zinn –junto con otros progresistas– tiene la culpa de &quot;desorientar y engañar a generaciones de estudiantes al adoctrinarlos con nociones izquierdistas y antipatrióticas&quot; y llamó a &quot;defender el legado de la fundación de Estados Unidos y enseñar a nuestros hijos la verdad sobre nuestro país&quot;.Foto del sitio de Internet https://www.howardzinn.org

El gran historiador Howard Zinn sigue siendo peligroso para las cúpulas a una década de su muerte, tan peligroso que el presidente acusó que él –junto con otros historiadores, periodistas y educadores progresistas– tiene la culpa de desorientar y engañar a generaciones de estudiantes al adoctrinarlos con nociones izquierdistas y "antipatrióticas" (el macartismo nunca está lejos).

En su discurso el jueves pasado dentro del Museo de los Archivos Nacionales –donde están exhibidos los documentos originales de la Declaración de Independencia y la Constitución– Trump atacó una serie especial del New York Times llamado Proyecto 1619 (por el año en que llegaron los primeros esclavos africanos a estas tierras), y las obras de Zinn.

“Nuestra misión es defender el legado de la fundación de Estados Unidos... tenemos que sacar la telaraña de mentiras en nuestras escuelas y aulas, y enseñarle a nuestros hijos la verdad magnífica sobre nuestro país… y que son los ciudadanos de la nación más excepcional en la historia del mundo”, declaró Trump.

Acusó que "turbas izquierdistas" que han tumbado estatuas de "nuestros fundadores" están buscando "bulear a estadunidenses para que abandonen sus valores, su herencia y su misma forma de vida". Afirmó que “la revolución cultural izquierdista está diseñada para derrocar a la revolución americana”.

Denunció que las protestas y expresiones de disidencia por la justicia racial en las calles hoy día “son un resultado directo de décadas de adoctrinamiento de izquierda en nuestras escuelas… Nuestros niños reciben instrucción de textos de propaganda, como aquellos de Howard Zinn, que buscan que los estudiantes se avergüencen de su propia historia”.

Por todo esto, Trump declaró que firmará una orden ejecutiva para restaurar la "educación patriótica en nuestras escuelas". O sea, cualquier crítica de la historia oficial –incluidos esclavitud, racismo, actos antimigrantes, sexismo y más– será considerada "antipatriótica" por Trump y sus aliados.

Claro, con esta óptica, no se menciona que gran número de los fundadores y héroes oficiales del país eran dueños de esclavos, ni tampoco que realizaron guerras y prácticas genocidas contra indígenas y posteriormente contra otros pueblos mas allá de las fronteras, ni su represión política y laboral, sus políticas antimigrantes hasta el presente.

Zinn –quien era colaborador de La Jornada– insistía en contar la historia de este país desde abajo (su gran obra, Peoples History of the United States, sigue siendo el texto de historia más vendido en este país), no sólo para criticar la versión oficial, sino también para revelar y destacar quiénes eran los héroes reales desde el inicio hasta hoy día, los cuales incluyen los rebeldes populares a lo largo de la historia de este país, una historia en gran medida invisible en las escuelas y hasta universidades estadunidenses (https://www.howardzinn.org).

“Tú dices que nuestro problema es la desobediencia civil, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema son el número de personas a través del mundo que han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, y millones han muerto por esta obediencia... Nuestro problema es que la gente es obediente por todo el mundo frente a la pobreza y la hambruna y la estupidez y la guerra y la crueldad… Ese es nuestro problema”. Howard Zinn, mayo 1970.

Zinn es más peligroso que nunca ante un régimen que necesita borrar la historia real de su pueblo para imponer "la ley y el orden", sea, la obediencia civil, requisito para consolidar su proyecto de poder. La lucha por la conciencia histórica es parte esencial de la lucha por la democracia.

https://www.jornada.com.mx/ 2004/09/18/04091802.pdf

https://www.jornada.com.mx/ 2007/08/23/index.php?section=opinion&article=036a1mun

https://www.jornada.com.mx/ 2008/11/08/index.php?section=opinion&article=026a1mun

https://www.jornada.com.mx/ 2003/07/04/029a1mun.php?origen=index.html&fly=2

https://www.democracynow.org/shows/2006/ 2/20?autostart=true

Publicado enInternacional
Misión de la ONU constata violaciones de DDHH en Venezuela y responsabiliza a funcionarios del Gobierno de crímenes de lesa humanidad

"Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes"

16-09-20.- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó hoy que funcionarios del Estado venezolano, han cometido "violaciones flagrantes" de Derechos Humanos, altamente coordinadas con políticas del Estado, lo cual constituye crímenes de lesa humanidad, según un primer informe de la Misión Internacional encargada de investigar la situación de Derechos Humanos en Venezuela.

La investigación constató que el Gobierno venezolano, funcionarios estatales y grupos que trabajaban con ellos, han cometido "violaciones flagrantes de los Derechos Humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad," reza un comunicado de prensa emitido por el Consejo de DD.HH. de la ONU.

La Misión, cuyo reporte cubre el periodo desde 2014 hasta ahora, investigó 223 casos, de los cuales 48 fueron exhaustivos, y examinó otros 2.891 casos de froma parcial para corroborar los patrones de violaciones y crímenes, y pudo constatar evidencias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por motivos políticos, violaciones de DDHH durante protestas, así como una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho.

El informe responsabiliza a altos personeros el gobierno venezolano, incluyendo al Presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros. "La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes," reza el comunicado.

El informe ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado, tanto a nivel presidencial como ministerial, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el Presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.

Las graves violaciones de los Derechos Humanos denunciadas, fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

Los investigadores han recogido evidencias de que, a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora, incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", denuncia el informe, que será presentado la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Cabe mencionar que el pasado 14 de septiembre el Gobierno de Venezuela renovó su acuerdo de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, y aceptado que sus funcionarios en el país tengan una mayor autonomía jurídica a lo que Bachelet valoró como "un salto cualitativo" en la colaboración con las autoridades.

A continuación, el comunicado de prensa de la ONU:

 

Venezuela: Informe de la ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad

 

El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

"La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad," dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno."

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular "enfrentamientos", un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar "semillas". Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales "luz verde para matar". Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a "matar criminales sin compasión".

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

"Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen," dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en "casas seguras" no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un "comportamiento cultural" de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

"Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante," dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

"Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro" dijo Francisco Cox.

"Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados."

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

"La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta," dijo Paul Seils.

"Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara."

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

"Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido," dijo Marta Valiñas.

"Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó."

 

Por: Aporrea | Miércoles, 16/09/2020 01:29 PM |

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