Viernes, 31 Agosto 2018 07:58

“Mi casa no está en venta”

“Mi casa no está en venta”

A la sombra de la crisis social en Nicaragua avanza un proyecto minero de la multinacional Condor Gold que amenaza con erradicar al pueblo Santa Cruz de la India, gracias a una flexibilización de las evaluaciones de impacto ambiental decretada por el gobierno de Daniel Ortega. Durante tres meses los pobladores le bloquearon la entrada a la minera. Siguen resistiendo.


En medio de la profunda crisis social y política que enfrenta Nicaragua, la empresa trasnacional minera Condor Gold aprovecha para conseguir el permiso ambiental que la habilita a comenzar el proyecto Mina La India, una mina a cielo abierto para extraer oro en la comunidad Santa Cruz de la India, a 176 quilómetros de Managua.


Santa Cruz de la India, perteneciente al municipio de Santa Rosa del Peñón, en el departamento de León, tiene una larga historia vinculada a la minería aurífera. A finales de la década de 1930 se instaló allí la empresa canadiense Noranda Inc para desarrollar un proyecto de minería subterránea, con túneles en los cerros. La empresa dejó de operar en 1950, cuando reventó la represa sobre el río La Simona que la proveía de energía. Esta catástrofe casi hizo desaparecer al poblado; cerca de 50 personas perdieron la vida, mayoritariamente mujeres y niños, y además de la planta eléctrica quedó destruido gran parte del material de la mina.


Los pobladores siempre cuestionaron que se tratara de un simple accidente. “La empresa minera quería intensificar más y despojar de sus casas a los pobladores. La población no aceptó. Según nos contaban nuestros abuelos, existía una represa y los dueños de la empresa la dinamitaron”, apuntó a Brecha Carolina Hernández Ramírez, representante del nicaragüense Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (Monafmi). Carolina Hernández participó de la Caravana Internacional de Solidaridad con Nicaragua organizada en Montevideo entre el lunes y miércoles pasados por Amnistía Internacional y Cotidiano Mujer. Brecha conversó con ella acerca de la política de inversiones en minería del gobierno de su país, los posibles efectos irreversibles de ésta y sobre la larga historia de las luchas populares relacionadas con la minería en Nicaragua.


Desde la tragedia de 1950, quienes quedaron viviendo en Santa Cruz de la India fueron reconstruyendo el pueblo, la comunidad empezó nuevamente a poblarse y la mayor parte de ella se dedica a la minería artesanal.


En 2011 La India Gold SA, subsidiaria de la empresa británica Condor Gold, llegó a Nicaragua para desarrollar proyectos vinculados a la minería extractiva del oro en diversas regiones del país, y consiguió varias concesiones del gobierno, entre ellas la de Mina La India. Entonces comenzó una vital y desigual batalla entre la empresa y los casi 5 mil pobladores de Santa Cruz de la India.
—¿Cómo fue la primera experiencia con Condor Gold?


—Cuando la empresa entró al pueblo pensábamos ingenuamente que iba a reflotar el proyecto de los túneles de la antigua mina subterránea. Empezaron a hacer el estudio de prefactibilidad, cerca de las casas, y a algunas personas les pagaban 100 dólares para hacer perforaciones de prospección en sus terrenos.


En la comunidad había cinco pozos artesanales de agua, de más de 50 años. Cuando comenzaron la perforación, los pozos se secaron completamente, de manera inmediata. Tuvieron que traer pipas (camiones cisterna) para echarle agua a los pozos. Eso nos despertó. Cuando posteriormente comunicaron que el proyecto era de una mina a cielo abierto, ya teníamos ese antecedente.


—¿Qué hicieron frente a esta amenaza?


—Cuando nos enteramos de que esta mina a cielo abierto significaba despojarnos totalmente de nuestras casas, de nuestra tierra y de nuestro trabajo empezamos a organizarnos, a manifestarnos, a protestar, a expresar que no aceptamos el proyecto; y formamos el Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, con el que ya llevamos cinco años de lucha.


Nos afecta económicamente, porque nosotros vivimos de la minería artesanal y nos quedaríamos sin trabajo, y también sentimentalmente, porque ahí nacimos, crecimos, vivimos y queremos morir. Y cuando esta minería empieza a trabajar se lleva hasta el cementerio. Nosotros decimos que si no respetan a los vivos menos van a respetar a los muertos.


—¿Cuál es, concretamente, la propuesta de la empresa?


—La propuesta es realojarnos a siete quilómetros por la carretera y luego cinco quilómetros hacia interior y construirnos unas viviendas económicas, porque la mina se va a hacer en el mismo terreno del pueblo. Pero la rechazamos de plano, porque nuestra comunidad tiene para nosotros un valor sentimental y un valor económico, y además el impacto social y ambiental sería irreversible.
—¿Cómo surgió el Monafmi?


—El año pasado fundamos el movimiento junto a otras comunidades, porque es un problema que no sólo se da en nuestra zona. Yo represento a cuatro departamentos de Nicaragua: Matagalpa, Segovia, León y Chontales. Y en las comunidades que formamos el Monafmi el rubro principal en el que se trabaja es la pequeña minería artesanal, o “güirisería”.


Se han entregado ya varias concesiones mineras a diversas empresas, pero todas tienen la misma manera de operar; cuando se plantan en las comunidades no dan a conocer cuál será la manera en la que van a trabajar.


Existe una gran complicidad del Estado con las trasnacionales. Ellos no nos han dejado decidir, han entregado concesiones de explotación, a pesar del grave problema sociopolítico que vive el país, y lo más grave es que la protesta ha sido criminalizada.


—¿Cómo se fue dando la criminalización?


—En mayo del año pasado Condor Gold acusó falsamente a siete miembros del movimiento de Santa Cruz de la India, y la jueza de la municipalidad aceptó la acusación por el delito de “daño agravado”.


En realidad lo que pasó fue que éramos muchos en una manifestación frente a las oficinas de la empresa y simplemente hicimos rodar siete sacos de tierra que tenían en el frente. Este es el delito de daño agravado, para ellos.


A medida que se fue dando el proceso judicial la población se empezó a molestar, a protestar más intensamente, se hicieron caravanas de vehículos, empezamos con 200, luego 400, 600, después 1.000 personas; entonces la empresa se sintió presionada y fue a visitar a cada uno de estos siete acusados y les dijo que desistiría de la acusación a cambio de que dejaran de formar parte del movimiento, que con esa condición ellos quitaban todos los cargos, y los atemorizaban diciéndoles que iban a ir presos.


Los compañeros le dijeron que no, que estaban dispuestos a ir presos, que iban a seguir siendo parte y manifestándose. Al final la empresa desistió de la querella judicial porque se dio cuenta de que la fuerza del movimiento era mayor.


—¿Tuvieron más conflictos?


—Una madrugada de agosto del año pasado, a las 3 de la mañana, Condor Gold envió una máquina de perforación a Santa Cruz de la India; nos empezamos a avisar por teléfono. Había un solo punto de acceso para que pudiera entrar la máquina, y decidimos plantarnos ahí, negando el acceso al vehículo. Durante tres meses y medio estuvimos las 24 horas del día allí, haciendo lo que llamamos el primer “tranque” (bloqueo) de Nicaragua.


La empresa vio que no desistiríamos, las mujeres de día y los hombres de noche cubrían el lugar. A raíz de esto la comunidad fue totalmente militarizada.


—¿Qué argumentos para seguir avanzando esgrime La India Gold SA frente a la comunidad?


—Más que argumentos, la empresa intenta intimidarte diciéndote: “Esto es del gobierno, es del hijo de Ortega, acá ustedes no son dueños de nada”.


* * *


Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es el encargado de traer la inversión extranjera a Nicaragua. El proyecto de megaminería Mina La India llegó, en efecto, bajo los auspicios de Pro Nicaragua, la agencia oficial de promoción de inversiones del gobierno. Pro Nicaragua existe desde 2002, y desde 2015 es un ente del Estado que funciona bajo la dirección de la Presidencia de la República, administrada por una junta directiva público-privada en la que Laureano Ortega Murillo funge como asesor.


Mediante el Plan Nacional de Desarrollo del país se han multiplicado las concesiones de exploración y explotación minera, entre las que se encuentran los proyectos de la Condor Gold. El proyecto de Mina La India también cuenta con los auspicios del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (Ifc, por sus siglas en inglés).


En el documento del Banco Mundial “Country Partnership Framework for the Republic of Nicaragua for the Period FY18-FY22” (“Estrategia de alianza con Nicaragua para el período 2018-2022”, publicado el 12 de febrero pasado) se expresa que el “Ifc también ha respaldado los esfuerzos del gobierno por hacer que las industrias mineras locales sean más sostenibles desde el punto de vista ambiental, desarrollando e integrando prácticas que aborden el impacto ambiental de las operaciones mineras”. Las expectativas del BM apuntan a que se mejoren “las condiciones para una comunidad que actualmente depende en gran medida de la minería artesanal”.


Como lo expresa el documento, en octubre de 2014 el Ifc realizó una inversión de capital de aproximadamente 5,6 millones de dólares en Condor Gold Plc, que “respalda exploraciones para el proyecto estrella de Condor Gold, Mina La India, ubicado en el centro de Nicaragua”. El apoyo financiero al “proyecto estrella” incluye la contratación de “un consultor social experimentado” para “actualizar el plan de participación de las partes interesadas, un mecanismo y procedimiento de quejas”, y para desarrollar un programa de comunicación que identifique y mapee interesados clave y permita “comprometerse y comunicarse con la comunidad afectada y partes interesadas de manera frecuente y efectiva”, indica el informe del Banco Mundial.


* * *


—¿Ha habido instancias de diálogo? ¿Se realizó la consulta previa libre e informada de la comunidad respecto del proyecto extractivo?


—El 13 de julio pasado el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (Cosep) llamó a un paro general como signo de repudio a los asesinatos que estaban ocurriendo en el país. En esa jornada de paro general y nacional, la Condor Gold decidió hacer la audiencia pública del proyecto de Mina La India. Estaba representado el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), había medios de prensa y llevaron a personas que no eran de la comunidad, a las que no las afectaba en nada el proyecto minero. Aquello estaba lleno de policías y de guardias armados. Nosotros decidimos hacer una protesta en las calles y al final ingresamos al lugar; no se nos permitía el acceso, pero como éramos muchos empezamos a entrar.

Como hemos decidido ser nosotros nuestros propios periodistas y utilizar la fuerza de las redes sociales, entré con mi teléfono grabando y trasmitiendo por Facebook Live, diciendo que estas personas (que habían sido invitadas) no eran de la comunidad, que el pueblo estaba en las calles y que nosotros nos oponíamos, y fui agredida. Una trabajadora simpatizante de la empresa me dijo que era una atrevida, y le respondí que todas esas personas habían sido llevadas en buses y que no podían decidir por el futuro de nuestras familias y por nuestros trabajos. Me agredieron.


—¿Qué apoyos han buscado y encontrado?


—Buscamos el apoyo de la Iglesia. Visitamos al obispo de la diócesis de León para conseguir su respaldo, y nos dijo: “Cuando la comunidad está militarizada tendría que oír a las dos partes”. Quienes nos han dado acompañamiento son el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh, véase Brecha, “La lista macabra”, 3-VIII-18) y el Centro Humboldt. A través del Centro Humboldt empezamos a conectarnos con las otras comunidades de otros centros mineros, donde las empresas trabajaban de la misma manera, con intimidación. En Santo Domingo, por ejemplo, líderes del movimiento también fueron encarcelados; en el Chipote la comunidad fue militarizada.


—¿Qué han aprendido en estas instancias?


—Hemos visto los daños que provocan estos proyectos. En una parte del sector de Santo Domingo, por ejemplo, donde se construyó una mina a cielo abierto, antes había un túnel azul de donde el pueblo obtenía el agua. Por el trabajo de la mina el túnel primeramente se contaminó y ahora ya se secó; sólo dejó el gran cráter y esa tierra quedó muerta.
En una hora de trabajo un proyecto de megaminería utiliza el agua que una familia demoraría 20 años en gastar. El agua se contamina, entre tantos daños irreversibles que se provocan al ambiente. Dejan un lugar muerto. Dicen que nos oponemos al progreso, pero eso no es progreso. Estos proyectos tampoco traen trabajo. La empresa trasnacional en nuestra comunidad no brinda trabajo, salvo tareas de limpieza y cocina.


* * *


El diario oficial del Estado nicaragüense, La Gaceta, publicó el 28 de agosto de 2017 un decreto del presidente Ortega (el 15/2017) que flexibiliza las condiciones para los proyectos de inversión.


El decreto precisa que “el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (Grun), desde sus principios cristianos, socialistas y solidarios, se ha comprometido con la preservación de nuestros recursos naturales, promoviendo su cuidado y protección, basado en la formación de valores humanos en la ruta del bien común de la madre tierra y la humanidad”, teniendo como “eje de prioridad la lucha contra la pobreza mediante el desarrollo de acciones que estén en apego a la legislación ambiental vigente”. Sin embargo, el decreto deroga totalmente el sistema de evaluación ambiental vigente desde 2006 y habilita al ministro del Ambiente y los Recursos Naturales a “actualizar, unificar y fomentar la eficiencia y la eficacia de las disposiciones que regulan el sistema de evaluación ambiental de permisos y autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales de Nicaragua”, lo cual redundó, en la práctica, en la eliminación de los procesos de estudio de impacto ambiental. Así la Condor Gold recibió el permiso ambiental por parte del Ministerio del Ambiente a comienzos de mes para la construcción y operación de una planta de procesamiento que tendrá una capacidad de 2.800 toneladas por día y que permitirá una producción anual de 80 mil onzas Troy (casi dos toneladas y media) de oro.


* * *


—¿No tienen ninguna instancia legal de protección nacional o internacional?


—Asesorados por el Centro Humboldt supimos que el arma que teníamos era el estudio de factibilidad, pero ahora con esta flexibilización (el decreto de 2017) estamos sin defensa. Nicaragua quedó vulnerable a las empresas trasnacionales. Si es declarada de interés nacional tenés que irte.


Con el Monafmi interpusimos una denuncia contra el gobierno de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), básicamente por las violaciones a los derechos humanos que significan las amenazas y el hostigamiento por defender a nuestras comunidades.


Igual sabemos que no hay ninguna medida cautelar de ningún organismo de derechos humanos que el gobierno respete, porque todas las instituciones son corruptas.
—¿Cómo ven el futuro inmediato?


—Incierto. El permiso para construir la mina ya está. Quieren hacer un cementerio de gente viva. Nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestra comunidad, nuestro patrimonio. Es algo bastante duro, sabemos que nos pueden matar, ellos saben que los paramilitares tienen derecho a hacerlo.


Hasta el momento la empresa no ha hecho nada, están ahí calladitos, quietos, estudiando la situación, no han ingresado máquinas, y saben que nosotros somos personas decididas, que la población no se va a quedar quieta.


Soy ingeniera de sistemas y mi esposo trabaja en la minería artesanal. Hemos luchado todos desde siempre. Un día, mi hijo pequeño, que era aún más chico, estaba triste, llorando, y me dijo: “¿Es verdad que si la empresa trabaja nosotros nos tenemos que ir de aquí? Mamita, no me quiero ir de mi casa, no quiero dejar a mis a amiguitos”. Los mismos niños chiquitos, cuando nosotros estamos manifestando, caminan con sus tamborcitos. Las oficinas de la empresa están en el centro del pueblo y los niñitos iban a la empresa y gritaban una de las consignas que utilizamos: “Fuera Condor Gold, mi casa no está en venta”.

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Viernes, 31 Agosto 2018 07:51

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Las consultas populares tienen una extensa historia en América Latina. Se han multiplicado en los años recientes, buena parte de ellas organizadas por los movimientos sociales. En algunos casos, para apoyar o rechazar una legislación determinada avanzada por el gobierno o el parlamento. En otros, para fortalecer la posición de los movimientos ante el modelo extractivista. Siempre tienen ventajas y problemas serios.

Uruguay es uno de esos países donde han sucedido una decena de plebiscitos, con resultados muy diversos y hasta desastrosos. Voy a abordar sólo aquellos casos que están directamente vinculados a los movimientos, o sea que no han sido iniciativa de los gobiernos, o que éstos han aceptado por presión de aquellos para zanjar luchas sociales importantes.


En 1989 un amplísimo movimiento popular contra la impunidad llevó a plebiscito la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, o ley de impunidad, con la que el primer gobierno pos dictadura pretendía no juzgar a los militares violadores de los derechos humanos.


La ley había sido aprobada en diciembre de 1989 bajo fuertes presiones del entonces presidente Julio María Sanguinetti, con la excusa de que los uniformados no iban a aceptar ser juzgados y que podían amenazar nuevamente la democracia. Sólo la izquierda se opuso en el parlamento, cuando tenía apenas 20 por ciento de los votos.


Apenas aprobada la ley, un tsunami social recorrió el país. En pocas semanas se formaron más de 300 comités en Montevideo para recoger firmas y derogar la ley. El proceso fue largo y complejo, hubo trampas burocráticas que obligaron a una impresionante movilización social: 30 mil brigadistas recorrieron todas las viviendas del país pidiendo firmas, dialogando con los vecinos y retornando hasta seis y siete veces para hacer efectiva la rúbrica.


Ese movimiento cambió el país y estuvo en la base del crecimiento imparable del Frente Amplio hasta que superó 50 por ciento de los votos. Pero el plebiscito se perdió (60 por ciento votó amarillo, en favor de la impunidad) y la derrota del “voto verde” supuso un batacazo para el movimiento popular del cual nunca se repuso.


Moraleja: las cuestiones éticas no deben someterse a plebiscito, hay que luchar por ellas toda la vida, como nos dijeron en su momento Madres de Plaza de Mayo.


A partir de aquel momento hubo varios plebiscitos, varios de ellos victoriosos, como aquel de diciembre de 1992 que frenó las privatizaciones. Sesenta y cinco por ciento de los uruguayos votamos por anular los artículos más importantes de la ley, caminando a contracorriente del continente donde se expandía una fiebre privatizadora, en particular en Argentina de Carlos Menem. Fue un triunfo importante del movimiento popular, pero a diferencia del plebiscito de 1989, la movilización no generó entramados y redes organizativas duraderas.


En Argentina hubo un plebiscito que cambió la lucha contra la minería a cielo abierto. Sucedió en Esquel en 1993 y fue, según Página 12, “la primera gran derrota de la megaminería en Argentina”(goo.gl/3NWpYi). El movimiento lo inició una comunidad mapuche que advirtió la presencia de la minera en sus territorios. Los vecinos hicieron múltiples reuniones hasta crear la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina.


Las numerosas marchas y asambleas forzaron a la autoridad local a convocar un plebiscito: 81 por ciento de los vecinos votaron No a la mina de oro y plata de Meridian Gold, pese a la campaña de los principales partidos de la provincia, en una ciudad de 30 mil habitantes en la sureña provincia de Chubut. Fue el comienzo de un amplio movimiento nacional contra la minería y el extractivismo que se agrupa en la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde participan personas de más de 100 pueblos y ciudades de todo el país.


Un año antes había sucedido algo similar en Tambogrande (Perú) y en los años siguientes hubo decenas de plebiscitos en varios países de la región, entre los que cabe destacar los más recientes realizados en Colombia contra mineras. En Guatemala decenas de municipios han accedido a las peticiones de la población rechazando la minería y otros emprendimientos extractivos.


Llegados a este punto, es necesario sacar algunas conclusiones. La primera es que los plebiscitos pueden fortalecer a los movimientos cuando son convocados bajo su influencia y en las condiciones dictadas por ellos, siempre que no afecten cuestiones éticas, que nunca deben ser sometidas a votación.


La segunda es que siempre que se ha convocado a los habitantes de sitios donde hay emprendimientos mineros o grandes obras de infraestructura (hidroeléctricas, aeropuertos y puertos), la respuesta ha sido invariablemente negativa y esto ha fortalecido la resistencia.


La tercera es quiénes debe pronunciarse. No tiene sentido que todo un país decida lo que se va a hacer en un territorio; le corresponde sólo a la población afectada. En no pocas ocasiones los gobiernos han tomado la iniciativa pero sólo para desactivar resistencias.

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Política petrolera:  en un régimen y gobierno de seguridad

En el 2002, junto a la implementación en el país del nuevo Régimen Político de la Seguridad Democrática que reemplazó al frentenacionalista –y que con el nuevo gobierno a instalarse va a cumplir veinte años de vigencia–, el presidente Uribe Vélez realizó un cambio en la política petrolera a tono con la internacionalización y privatización globalizada de la economía, y el debilitamiento de la coalición obrero-sindical (USO). Esos cambios de la política en el sector inauguraron el periodo extractivista-neoconcesionado, el cuarto a lo largo de sus ciento trece años de historia.

 

Desde sus orígenes la política petrolera colombiana es una Política Pública Económica Transnacional (Ppet), que realiza las creencias, valores, metas básicas y otras percepciones de las dos coaliciones que la hegemonizan: la Coalición Transnacional y la Coalición Estatal o Gubernamental Administrativa, en donde la Transnacional es su actor fundamental y la Estatal Gubernamental es su actor mediador. (Hernández. 2018).

 

En esta dinámica destaca el hecho que sus respectivos periodos están relacionados con el modelo capitalista de crecimiento económico y social del empleo, dominante en el mundo; y al papel asignado al recurso fósil petrolero y carbonero, a través del sistema de contratación.

 

Así, el periodo extractivista concesionado: 1905-1950 está ligado con el modelo de crecimiento económico liberal clásico, cuyos productores y consumidores se comportan en el marco de las fronteras de los mercados y precios nacionales, y el empleo queda atado a la fortuna de la “mano invisible” del libre cambio que regenta las empresas privadas, y supone equilibra la oferta de mercancías con la demanda de empleo; en el sector petrolero esa creencia y quehacer queda definido en los contratos de Concesión.

 

El periodo Extractivista Estatal: 1951-1973, se ajusta con el crecimiento económico Keynesiano planeado y regulado por el Estado, que a través de sus empresas productivas y su poder soberano para emitir moneda, asume como suya la política social de empleo; en el sector tendrá como agente fundamental a la empresa estatal Ecopetrol.

 

En el Extractivista Asociado: 1974-2002 –un periodo de transición para revertir el modelo de desarrollo keynesiano–, se ajusta con una mixtura de políticas estatal-privadas; viabilizadas en el subsistema petrolero a través de los contratos de Asociación.

 

Y, en el actual Extractivista neoconcesionado: 2003-2022, se traduce y agencia las creencias y valores del modelo de crecimiento neoliberal desregulador y privatizador de las actividades y empresas económicas estatales, a través de la apertura de la economía del país, es decir, sus recursos humanos, naturales, financieros, productivos y comerciales, al mercado globalizado liderado por las corporaciones financieras; que, en su efecto, requieren de los estados incentivos para mantener sus tasas de ganancia –sinónimo de crecimiento económico– como la seguridad a la propiedad e inversiones, rebaja de los impuestos y subsidios a la inversión y, lo más importante, una política social eficiente y eficaz, sustentada en los bajos salarios por la vía de la flexibilización o tercerización laboral. Que para su viabilidad revive como nuevo (neo) la decimonónica “mano invisible” liberal, operando un mercado de productores, propietarios, precios y consumidores transnacionalizados.

 

Traducida en política económica y social asume la denominación de Nueva Política Pública (NPP), diseñada por sus coaliciones hegemónicas y administrada ahora por gerentes exitosos de empresas o corporaciones privadas (Donald Trump), expresión de la fusión del interés privado con los intereses generales; un verdadero esperpento lógico y político, pues la parte, es decir el fetiche, se revela como el todo. Práctica político-administrativa propia de un Estado corporativo que, por la experiencia histórica, agencia un modelo de desarrollo anti-social que le disminuye los impuestos e imposiciones presupuestales directas a los detentadores de la propiedad y la ganancia, para cargárselos al trabajo y a los consumidores por la vía indirecta y de los precios; además de reducir la inversión en las funciones sociales y judiciales del Estado, y privilegiar la privatización y el presupuesto del aparato coercitivo o de defensa. Estado ideal para unos beneficiados que, sin patrocinarlo, lo administran a su favor. ¡Colombia un país de propietarios!

 

Una política que como sistema opera a la inversa del anterior modelo Keynesiano en donde la política económica, regulada estatalmente, sostenía la seguridad social, jurídica y de defensa; ahora calificada de populista.

 

En el subsistema petrolero ese modelo se realiza a través de los contratos de Perforación & Exploración (E&E) o de regalías/impuestos, una versión reencauchada de los originales contratos de Concesión del primer periodo, pero que amplía las garantías a los inversores: menos impuestos, menos regalías, explotación hasta el agotamiento de los campos, licencias ambientales Fast Track, precios internos internacionalizados, tercerización laboral, entre otros, que sustenta la política o locomotora petrolera y minera neoconcesionada del régimen de seguridad.

 

De Ecopetrol a Ecopetrol S.A.

 

Ecopetrol emerge en 1951 de la reversión de la concesión de Mares, a contrapelo del Estado que, apoyado por la Andi, prefería prorrogarle la concesión a la Tropical o concederla al sector privado nacional –que se sintió incapaz de asumirla–, pero que terminó constituyéndose como empresa estatal por la presión entonces ejercida por la coalición sindical popular liderada por la USO. Desde entonces Ecopetrol sería la encargada de administrar el recurso petrolero, hasta el 2002 cuando cambian la política en el sector.

 

Ecopetrol es la columna vertebral de ese cambio, pues pasó de empresa estatal a Sociedad Anónima: Ecopetrol S.A., una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente de las deudas sociales; cuyos objetivos se corresponden con los valores, creencia y estrategias propias de una empresa capitalista, es decir, privada –en donde el gobierno, por tanto, participa como un socio capitalista más que espera ganancia de su “inversión”: el recurso y el sello de marca de la empresa. Que funciona ahora como una empresa y holding transnacional para invertir en otros países, operar como sociedad financiera de acciones, y jugar en la bolsa de valores. Dónde sus altos directivos, por efecto de la política en pro de los incentivos a los emprendedores, reciben ingresos acorde con las gerencias de corporaciones multinacionales, y los trabajadores son tercerizados de acuerdo al modelo, en aras de la eficacia y eficiencia productiva.

 

El cambio la desvinculó de la coalición estatal y su responsabilidad en la conducción de la política en el sector, –ahora a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos: ANH–, y la llevó a formar parte de la coalición transnacional, con cuyos actores debe competir –aunque no con el mismo pulso económico, técnico y financiero internacional– estimulada entre otros, por los precios internos del crudo y de los derivados transnacionalizados –en la actualidad el precio interno de producción en Colombia de un barril es de 16,3 dólares y el internacional es de a 60 dólares, el precio del galón de gasolina en EE .UU es de 2,50 dólares y en Colombia de 2,73–, pese a la diferencia de ingresos de los consumidores: EE.UU 7,25 dólares/hora, Colombia 1,13 dólar/hora (2018).

 

La polémica entonces respecto a Ecopetrol no es por el carácter privado o público de Ecopetrol S.A, sino por su sobrevivencia, por cuanto va siendo una empresa obsoleta e inviable, por efecto de la misma política neoconcesionada que no la hace objeto de reversiones –que hasta entonces la sostenían–; sus reservas se agotan –tiene para unos siete años–; las inversiones en exploración interna y externa como los contratos neo concesionados (E& E) firmados no han reportado algún descubrimiento significativo –el boom financiero ha sido producto del alza de precios–; su infraestructura en producción y transporte va quedando obsoleta; su deuda va en aumento –$76 billones a 2016–, y lo más grave, como lo ilustra Reficar, la corroe la corrupción.

 

Ante este escenario muy pronto estaremos pidiendo que vendan sus restos, “pues del ahogado el sombrero”, tal como sucedió con Carbocol S.A hace 16 años con su traspaso, por un precio irrisorio, a las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore International AG –involucrada en Reficar–. Y ya sabemos que en Colombia la historia y sus personajes se repiten como tragedia y como farsa.

 

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de Pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

 

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Política petrolera:  en un régimen y gobierno de seguridad

En el 2002, junto a la implementación en el país del nuevo Régimen Político de la Seguridad Democrática que reemplazó al frentenacionalista –y que con el nuevo gobierno a instalarse va a cumplir veinte años de vigencia–, el presidente Uribe Vélez realizó un cambio en la política petrolera a tono con la internacionalización y privatización globalizada de la economía, y el debilitamiento de la coalición obrero-sindical (USO). Esos cambios de la política en el sector inauguraron el periodo extractivista-neoconcesionado, el cuarto a lo largo de sus ciento trece años de historia.

 

Desde sus orígenes la política petrolera colombiana es una Política Pública Económica Transnacional (Ppet), que realiza las creencias, valores, metas básicas y otras percepciones de las dos coaliciones que la hegemonizan: la Coalición Transnacional y la Coalición Estatal o Gubernamental Administrativa, en donde la Transnacional es su actor fundamental y la Estatal Gubernamental es su actor mediador. (Hernández. 2018).

 

En esta dinámica destaca el hecho que sus respectivos periodos están relacionados con el modelo capitalista de crecimiento económico y social del empleo, dominante en el mundo; y al papel asignado al recurso fósil petrolero y carbonero, a través del sistema de contratación.

 

Así, el periodo extractivista concesionado: 1905-1950 está ligado con el modelo de crecimiento económico liberal clásico, cuyos productores y consumidores se comportan en el marco de las fronteras de los mercados y precios nacionales, y el empleo queda atado a la fortuna de la “mano invisible” del libre cambio que regenta las empresas privadas, y supone equilibra la oferta de mercancías con la demanda de empleo; en el sector petrolero esa creencia y quehacer queda definido en los contratos de Concesión.

 

El periodo Extractivista Estatal: 1951-1973, se ajusta con el crecimiento económico Keynesiano planeado y regulado por el Estado, que a través de sus empresas productivas y su poder soberano para emitir moneda, asume como suya la política social de empleo; en el sector tendrá como agente fundamental a la empresa estatal Ecopetrol.

 

En el Extractivista Asociado: 1974-2002 –un periodo de transición para revertir el modelo de desarrollo keynesiano–, se ajusta con una mixtura de políticas estatal-privadas; viabilizadas en el subsistema petrolero a través de los contratos de Asociación.

 

Y, en el actual Extractivista neoconcesionado: 2003-2022, se traduce y agencia las creencias y valores del modelo de crecimiento neoliberal desregulador y privatizador de las actividades y empresas económicas estatales, a través de la apertura de la economía del país, es decir, sus recursos humanos, naturales, financieros, productivos y comerciales, al mercado globalizado liderado por las corporaciones financieras; que, en su efecto, requieren de los estados incentivos para mantener sus tasas de ganancia –sinónimo de crecimiento económico– como la seguridad a la propiedad e inversiones, rebaja de los impuestos y subsidios a la inversión y, lo más importante, una política social eficiente y eficaz, sustentada en los bajos salarios por la vía de la flexibilización o tercerización laboral. Que para su viabilidad revive como nuevo (neo) la decimonónica “mano invisible” liberal, operando un mercado de productores, propietarios, precios y consumidores transnacionalizados.

 

Traducida en política económica y social asume la denominación de Nueva Política Pública (NPP), diseñada por sus coaliciones hegemónicas y administrada ahora por gerentes exitosos de empresas o corporaciones privadas (Donald Trump), expresión de la fusión del interés privado con los intereses generales; un verdadero esperpento lógico y político, pues la parte, es decir el fetiche, se revela como el todo. Práctica político-administrativa propia de un Estado corporativo que, por la experiencia histórica, agencia un modelo de desarrollo anti-social que le disminuye los impuestos e imposiciones presupuestales directas a los detentadores de la propiedad y la ganancia, para cargárselos al trabajo y a los consumidores por la vía indirecta y de los precios; además de reducir la inversión en las funciones sociales y judiciales del Estado, y privilegiar la privatización y el presupuesto del aparato coercitivo o de defensa. Estado ideal para unos beneficiados que, sin patrocinarlo, lo administran a su favor. ¡Colombia un país de propietarios!

 

Una política que como sistema opera a la inversa del anterior modelo Keynesiano en donde la política económica, regulada estatalmente, sostenía la seguridad social, jurídica y de defensa; ahora calificada de populista.

 

En el subsistema petrolero ese modelo se realiza a través de los contratos de Perforación & Exploración (E&E) o de regalías/impuestos, una versión reencauchada de los originales contratos de Concesión del primer periodo, pero que amplía las garantías a los inversores: menos impuestos, menos regalías, explotación hasta el agotamiento de los campos, licencias ambientales Fast Track, precios internos internacionalizados, tercerización laboral, entre otros, que sustenta la política o locomotora petrolera y minera neoconcesionada del régimen de seguridad.

 

De Ecopetrol a Ecopetrol S.A.

 

Ecopetrol emerge en 1951 de la reversión de la concesión de Mares, a contrapelo del Estado que, apoyado por la Andi, prefería prorrogarle la concesión a la Tropical o concederla al sector privado nacional –que se sintió incapaz de asumirla–, pero que terminó constituyéndose como empresa estatal por la presión entonces ejercida por la coalición sindical popular liderada por la USO. Desde entonces Ecopetrol sería la encargada de administrar el recurso petrolero, hasta el 2002 cuando cambian la política en el sector.

 

Ecopetrol es la columna vertebral de ese cambio, pues pasó de empresa estatal a Sociedad Anónima: Ecopetrol S.A., una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente de las deudas sociales; cuyos objetivos se corresponden con los valores, creencia y estrategias propias de una empresa capitalista, es decir, privada –en donde el gobierno, por tanto, participa como un socio capitalista más que espera ganancia de su “inversión”: el recurso y el sello de marca de la empresa. Que funciona ahora como una empresa y holding transnacional para invertir en otros países, operar como sociedad financiera de acciones, y jugar en la bolsa de valores. Dónde sus altos directivos, por efecto de la política en pro de los incentivos a los emprendedores, reciben ingresos acorde con las gerencias de corporaciones multinacionales, y los trabajadores son tercerizados de acuerdo al modelo, en aras de la eficacia y eficiencia productiva.

 

El cambio la desvinculó de la coalición estatal y su responsabilidad en la conducción de la política en el sector, –ahora a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos: ANH–, y la llevó a formar parte de la coalición transnacional, con cuyos actores debe competir –aunque no con el mismo pulso económico, técnico y financiero internacional– estimulada entre otros, por los precios internos del crudo y de los derivados transnacionalizados –en la actualidad el precio interno de producción en Colombia de un barril es de 16,3 dólares y el internacional es de a 60 dólares, el precio del galón de gasolina en EE .UU es de 2,50 dólares y en Colombia de 2,73–, pese a la diferencia de ingresos de los consumidores: EE.UU 7,25 dólares/hora, Colombia 1,13 dólar/hora (2018).

 

La polémica entonces respecto a Ecopetrol no es por el carácter privado o público de Ecopetrol S.A, sino por su sobrevivencia, por cuanto va siendo una empresa obsoleta e inviable, por efecto de la misma política neoconcesionada que no la hace objeto de reversiones –que hasta entonces la sostenían–; sus reservas se agotan –tiene para unos siete años–; las inversiones en exploración interna y externa como los contratos neo concesionados (E& E) firmados no han reportado algún descubrimiento significativo –el boom financiero ha sido producto del alza de precios–; su infraestructura en producción y transporte va quedando obsoleta; su deuda va en aumento –$76 billones a 2016–, y lo más grave, como lo ilustra Reficar, la corroe la corrupción.

 

Ante este escenario muy pronto estaremos pidiendo que vendan sus restos, “pues del ahogado el sombrero”, tal como sucedió con Carbocol S.A hace 16 años con su traspaso, por un precio irrisorio, a las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore International AG –involucrada en Reficar–. Y ya sabemos que en Colombia la historia y sus personajes se repiten como tragedia y como farsa.

 

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de Pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

 

Publicado enEdición Nº249
Sí se puede: Pueblos frenan minería en Perú

La carretera entre Cajamarca y Celendín viborea montaña arriba, en una sucesión interminable de curvas cerradas. El veterano dirigente campesino Hugo Blanco, con sus 83 años, ni se inmuta. Los demás vamos dando tumbos en el carromato, apenas distraídos por un paisaje de montañas y valles de tonos verdes, gracias al clima suave del norte del Perú.

A escasa distancia de Celendín, un pueblo grande de unos 25 mil habitantes, se yergue el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, que pretende extraer oro y otros metales ubicados debajo de las lagunas. Conga consiste en el secamiento de todo el sistema hídrico que integran cuatro lagunas, cinco ríos, unos 700 manantiales, 103 hectáreas de humedales, 18 canales de riego y 102 fuentes de agua para consumo humano.


El Estado buscó imponer el proyecto aurífero mediante la declaratoria de dos estados de emergencia, la militarización de la zona, convenios entre el Ministerio del Interior y la minera Yanacocha y la criminalización de las rondas campesinas. Hubo cinco campesinos muertos y más de 200 lesionados, además de medio centenar de encauzados por la justicia.


Como el 80% de la economía de a región consiste en la agricultura y la ganadería familiares, la oposición a Conga fue siempre contundente y maciza. A fines de julio el encuentro de movimientos regionales en Celendín, convocado por la Plataforma Interinstitucional Celendina, mostró tanto el rechazo a la minera como la diversidad de actores en los pueblos.


Nicanor Huaipata de la Junta de Vecinos de Chonta denunció la escasez de agua para riego, la contaminación que provocan las reservas turísticas y la compra de dirigentes comunitarios por las empresas. Varios miembros de frentes de defensa y de las rondas campesinas recordaron que las regalías mineras que pagan las empresas son ridículas, apenas del 1%, y que nadie fiscaliza lo que se llevan.


Alan Arguedas representa a los trabajadores de Yanacocha. Enseñó estudios de contaminación en sangre y orina con metales pesados, luego de 15 años de trabajo en la mina, que afectan a decenas de empleados.
Las comunidades llevan casi una década resistiendo el proyecto Conga, en un país donde la minería ha causado estragos. Sólo Conga espera extraer oro por valor de 5.000 millones de dólares, lo que permite comprender el empeño de la empresa y de las autoridades en la continuidad del proyecto.


El principal símbolo de la resistencia a Conga es una mujer menuda, campesina y pobre: Máxima Acuña. En 1994 compró una parcela cerca de las lagunas donde Yanacocha pretende extraer oro. Desde 2011 viene siendo agredida. La empresa destruyó su casa de adobe y su huerto, pero el empeño en permanecer y resistir le ha valido el reconocimiento nacional e internacional. En abril de 2016 recibió el Premio Medioambiental Goldman.


Milton Sánchez pertenece al colectivo Guardianes de las Lagunas y es el referente de la plataforma de Celendín. Carga con varios juicios interpuestos por la empresa y el municipio. Acusan a Sánchez y a otros 15 vecinos de secuestro agravado, coacción e irreverencia a los símbolos patrios, por haber interrumpido una reunión y retener a los directivos.


Las comunidades de Cajamarca consiguieron una importante victoria al haber paralizado el proyecto Conga, aunque tienen muy claro que ganaron apenas una batalla. El largo proceso de resistencia les permite sacar algunas conclusiones.


La primera es que sólo una fuerte resistencia y organización comunitarias son la base de su resistencia. Hay fisuras y debilidades, mucha pasividad y comuneros que se pasan al lado de la empresa por necesidades, pero predomina la conciencia de que la minería es su condena a muerte como campesinos.


La segunda es que sólo la acción directa pacífica y masiva les permite avanzar. Los costos son muy altos, en presos y en juicios, pero no conocen otro camino que bloquear con sus cuerpos el trabajo de las multinacionales mineras y de sus socios locales. En ocasiones apoyaron candidatos en las elecciones, pero saben que eso no es solución sino apenas alianzas para defenderse.


La tercera es que la empresa y el Estado volverán a intentar poner en marcha la mega-minera. La lucha será muy larga para lo cual necesitan prepararse y formarse en el debate colectivo, el estudio y la construcción de alianzas. Para eso pusieron en pie la Escuela de Líderes y Lideresas Hugo Blanco Galdos, como un espacio para articular las luchas en el que participan 31 comunidades que resisten a Conga y a las mega-represas en el río Marañón a cargo de la brasileña Odebrecht.

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La militarización de la seguridad nacional: una tendencia que va más allá de los signos políticos

La creciente utilización de las FFAA en temas de seguridad interior se expande por América Latina, pese a los notables fracasos y a la larga historia de violaciones de los derechos humanos. Primero fue Colombia, le siguió México, Brasil y ahora es el turno de Argentina. La militarización avanza mientras las sociedades se sienten desprotegidas.

El gobierno de Mauricio Macri decidió que las Fuerzas Armadas se desplieguen para proteger objetivos estratégicos en la frontera norte. El presidente anunció la medida el lunes 23 en Campo de Mayo, uno de los mayores cuarteles del país. Como era previsible, la oposición y los organismos de derechos humanos lo criticaron argumentando que se rompe así una tradición nacida luego de la dictadura militar (1976-1983), que provocó la desaparición de 30.000 personas y de la cual las Fuerzas Armadas salieron muy desprestigiadas.


Desde ese momento el presupuesto de defensa ha ido en disminución, a tal punto que los 40.000 miembros con los que cuentan en la actualidad, son menos de la mitad de los que tenían cuando entregaron el poder a los civiles hace 35 años. Diversas leyes aprobadas en democracia, como la Ley de Defensa de 1988, la de Seguridad Interna en 1991 y la de Inteligencia en 2001, prohíben expresamente la participación de los militares en el orden interno.


Aunque el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) acotó aún más las tareas de las FFAA, su sucesora Cristina Fernández (2007-2015) decidió que los militares colaboren con la vigilancia del espacio aéreo de las fronteras con Bolivia, Brasil y Paraguay, donde el narcotráfico tiene presencia. Sin embargo, la decisión de Macri va más allá, pasando por encima de la propia legislación y sin consultar siquiera al Parlamento.


Las relaciones del Gobierno argentino con las FFAA no son buenas. Semanas atrás hubo un encontronazo con la cúpula militar cuando se anunció un aumento salarial para este año del 8%, cuando la inflación supera el 30 %. La crisis llevó a la suspensión del desfile militar previsto para la fecha patria del 9 de julio y dar marcha atrás decidiendo un aumento del 20%.


La polémica desatada en Argentina puede ser una buena oportunidad para revisar el papel de las FFAA en los países latinoamericanos, lo que conlleva ciertas sorpresas. Sabemos que se utilizan legalmente en Brasil, Colombia, México y ahora en Argentina, pero la realidad nos dice que en la mayoría de los países del continente los militares participan en el orden interior, más allá del signo político del gobierno, sea conservador o progresista.


La mayoría de los países de Centroamérica que poseen fuerzas armadas (Costa Rica y Panamá no las tienen), contemplan la posibilidad de que sean utilizadas para garantizar el orden interno, en particular para combatir el terrorismo y el crimen organizado, pero también para la protección del medio ambiente o la "seguridad en el campo", como sostiene el Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua de 2005.
Pero su uso también está contemplado en la Ley de la Defensa Nacional de Cuba, de 1994, para "mantener el orden interior"; y en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de Venezuela, de 2002. En Brasil, las fuerzas armadas participan en tareas de policía de forma indistinta, por decisiones de gobiernos de derecha y de izquierda.


Las utilizó Dilma Rousseff durante los Juegos Olímpicos de 2016 y en el Mundial de Fútbol de 2014, entre otras ocasiones. El actual presidente Michel Temer llevó al Ejército a grandes ciudades como Río de Janeiro. Según el Ministerio de Defensa de Brasil, entre 1992 y junio de 2018, las FFAA fueron utilizadas en 132 ocasiones para actuar en lugar de la Policía.


El caso más notorio es el de México: en los 12 años de 'guerra contra las drogas' han sido asesinadas alrededor de 200.000 personas, más de 30.000 están desaparecidas y el desplazamiento forzado supera los 250.000 habitantes. Pese a todo, la violencia sigue creciendo, ya que 2017 fue "el más violento en la historia contemporánea de México".


Pese a que ya nadie puede ocultar el fracaso de la participación de los militares en el orden interior, la tendencia sigue creciendo. Incluso The New York Times, portavoz de una parte de las elites estadounidenses, sostiene que la militarización equivale a una "adicción al fracaso" de las políticas de los gobiernos latinoamericanos y en particular del de México.


Encuentro varias razones para que este proceso siga adelante sin interrupciones, pese a que no obtiene los resultados esperados y profundiza la crisis social.


La primera es que asistimos a una "militarización del poder" en América Latina, como sostiene el analista Marcos Roitman Rosenmann. En su opinión, "el asesinato de cientos de dirigentes medioambientales, activistas, militantes populares, defensores de los derechos humanos y periodistas", es un genocidio ya que las fuerzas de seguridad del Estado convierten en objetivo a los movimientos sociales.


Lo anterior es enteramente cierto, pero no alcanza para explicar las razones por las cuales los gobiernos que se proclaman progresistas, o de izquierda, también forman parte de la misma tendencia hacia la militarización. Quiero decir que estamos ante una cuestión sistémica, de carácter estructural, que va mucho más allá de las tendencias de tal o cual gobierno.


En segundo lugar, en el mundo gobierna algo que se ha llamado "fascismo financiero", que consiste en el dominio del sistema bancario/financiero en los principales países de Occidente, como sostiene el sociólogo Boaventura de Sousa. Este tipo de dominación nos lleva hacia "una espiral de barbarie", como sostiene un reciente y documentado trabajo, está "fagocitando las últimas reservas de civilización".
Todo indica que la militarización en curso, impulsada por el complejo militar-industrial de EEUU y por el sistema financiero mundial, que promueven grandes obras de infraestructura, la minería a cielo abierto y los monocultivos que suponen despojo de los pueblos y veloz acumulación de capital, es la causa última de la militarización. Porque vulnera la soberanía estatal y margina al 50% de la población.
Ignorar las tendencias de fondo nos impide observar la totalidad del panorama y hablar apenas de lo que nos conviene.

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Defender la tierra costó la vida a 207 personas en un año

Son líderes indígenas, activistas y ecologistas asesinados por proteger sus comunidades. La agroindustria desplaza a la minería como origen de la violencia. Desde 2015, más de la mitad ocurre en Latinoamérica

El año 2017 ha sido el más letal para activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 países, denuncia la ONG británica Global Witness en su tercer informe anual sobre las luchas por los derechos humanos ligadas a los recursos naturales. El reporte ¿A qué costo?, lanzado hoy, señala a la agroindustria como el sector más violento, a diferencia de la minería en los años anteriores: 46 personas murieron por enfrentarse a esta actividad.


Al menos 207 líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de vida y su modo de vida, indica la ONG.


Brasil fue el país con el mayor número de asesinatos: perdió a 57 activistas medioambientales —de los cuales un 80% defendía los recursos en la Amazonia— y Colombia a 24. “En México y Perú aumentaron los homicidios de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente”, refiere el reporte.


En 2015, Global Witness registró 78 casos de personas asesinadas, un 66% de ellas en América Latina. En 2017, el porcentaje llegó a casi 60%. Por otro lado, las víctimas en Filipinas fueron 48, la cifra más alta documentada en un país asiático.


“Un factor en común entre los países con mayor números de asesinatos son los altos índices de corrupción gubernamental. Y aunque se podría decir que hay menos ataques en contra de defensores en países más democráticos, vale la pena someter a escrutinio el papel de los países inversionistas que facilitan la entrada de sus empresas en contextos donde opositores y activistas son atacados. No hay tantos asesinatos en Canadá o España, pero tienen inversiones relacionadas con ataques en el extranjero”, explica a Planeta Futuro el encargado de campañas de Global Witness, Ben Leather.


Blancos de la violencia


“Una persona defensora de la tierra o del medio ambiente es alguien que toma medidas pacíficas, voluntaria o profesionalmente, para proteger los derechos ambientales o de la tierra”, describe el informe. A menudo son personas comunes y corrientes, “otras son líderes indígenas o campesinos que viven en montañas remotas o bosques aislados, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos mineros, agronegocios a gran escala, represas hidroeléctricas y hoteles de lujo. Otros son guardabosques, que abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También podrían ser abogados, periodistas o personal de ONG, que trabajan para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras”, añade.


En Colombia, por ejemplo, Hernán Bedoya se manifestaba contra plantaciones de palma aceitera y de plátano en tierras robadas a su comunidad y fue asesinado con 14 disparos de un grupo paramilitar en diciembre último.

De las 207 personas asesinadas el año pasado, la cuarta parte eran indígenas, en comparación con el 40% en 2016. La población indígena representa el 5% de la población mundial, por ello la ONG destaca que “siguen estando enormemente sobrerrepresentados entre las personas defensoras asesinadas”.


A diferencia de los habitantes urbanos, que pasan de una casa rentada a otra o se mudan de barrio sin sentir una desposesión, la relación con la tierra es muy distinta en el mundo rural e indígena. ¿Por qué es tan indispensable? Una frase de un investigador peruano de literatura andina puede dar una respuesta. “La tierra nos orienta, el árbol sabe más”, asegura el catedrático Mauro Mamani, nacido en Arequipa y que creció cultivando una parcela cedida por un terrateniente. “Ese pedazo de tierra no se cansaba de parir y alimentó a toda la familia”, relató en una conferencia.


2017 no fue solo el año más sangriento desde que se tiene registro de asesinatos de defensores de la tierra, también el de más masacres. En siete casos, más de cuatro personas defensoras fueron asesinadas al mismo tiempo. “Brasil fue el escenario de tres horribles masacres en las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar incidentes, en los que murieron más de cuatro personas a la vez", informa Global Witness.


En una de esas matanzas en Brasil, 20 indígenas Gamela quedaron gravemente heridos, tras un ataque de agricultores brasileños que portaban machetes y rifles: a algunos les cortaron las manos.
En Filipinas, ocho miembros de una comunidad que se oponían a una gran plantación de café de la empresa Silvicultural Industries, en su tierra, fueron matados por miembros del Ejército. La ONG sospecha que esa fuerza armada es responsable del 56% de asesinatos en el país: el 67% de las muertes ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos; y el 41% está relacionado a la agroindustria.
“El telón de fondo de este creciente número de víctimas mortales incluye un presidente descaradamente anti-derechos humanos, la militarización de las comunidades, múltiples grupos armados y el hecho de que los organismos gubernamentales no brinden protección”, sostiene la ONG.


¿Cómo evitar más agresiones?


Ante el incremento de la violencia, la organización británica recomienda en casi todos los casos que los Gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, ofrezcan mecanismos de seguridad a las personas amenazadas, y garanticen la rendición de cuentas y transparencia del Estado, dado que la corrupción y la participación de agentes del orden en las muertes están asociadas al incremento de las agresiones.


Sin embargo, en América Latina, la mayoría de Gobiernos no tiene una práctica de transparencia ni da prioridad al balance de sus acciones. Pese a ello, Leather remarca algunas iniciativas. “Existen propuestas desde la sociedad civil que los Gobiernos de la región deben de aplicar. En Honduras, se ha solicitado una Fiscalía Especial para delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. En Brasil, se ha pedido la federalización de asesinatos emblemáticos de personas defensoras cuyas investigaciones no avanzan a escala local. En México también urgen a las fiscalías a cambiar la metodología para que consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la víctima”, detalla.


El informe cita los ineficientes mecanismos de protección para tres líderes mexicanos en el último año. “Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras ancestrales. Según Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre, siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia”, asegura.


En 2014, González empezó a ser amenazada de muerte por ser parte de una campaña contra las concesiones, las autoridades mexicanas le entregaron un botón de pánico y le ofrecieron la posibilidad de solicitar escolta policial, pero en marzo de este año la activista dijo a Global Witness que no se sentía protegida.


Para México, el informe plantea que el Gobierno garantice evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos “antes del otorgamiento de cualquier permiso o concesión para proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales”, dado que la imposición de proyectos en las comunidades “sin su consentimiento libre, previo e informado es la raíz de los ataques contra personas”.
El mismo diagnóstico es aplicable en Perú, donde decenas de proyectos mineros, de infraestructura o de agroindustria se han implantado sin procesos de consulta a los pueblos indígenas, una obligación porque el Estado es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo desde 1989, y aprobó la Ley de consulta previa en 2011.


Desde 2013, el Ministerio de Cultura de Perú ha realizado 41 procesos de consulta previa. La ministra Patricia Balbuena precisó a Planeta Futuro que esa entidad está esperando la decisión del Tribunal Constitucional para saber qué hacer con decenas de proyectos energéticos o mineros no consultados a pueblos indígenas entre 1995 y 2012. Dos comunidades de la región Puno (al sur de Perú) esperan, desde 2011 y 2014, respectivamente, que el Constitucional responda las demandas de amparo contra concesiones mineras que el Estado otorgó sin su conocimiento, y que se superponen a sus tierras.


El portavoz de Global Witness también ve “potencial práctico en las instituciones independientes internacionales cuando se les permite operar”, y pone como ejemplos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o el Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que acompañaba la investigación del caso de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en 2016, por enfrentarse a la empresa construcción de una hidroeléctrica en tierras indígenas”.


La responsabilidad de los privados


Además de Silviculture Industries para Filipinas, el informe menciona también a Desarrollo Energético SA en Honduras como empresas privadas ligadas a los asesinatos. “El umbral de evidencia para poder acusar a una empresa es bastante alto, y ya es complicado nombrar los sectores a los cuales los defensores asesinados se habían opuesto”, comenta el jefe de campañas de la ONG británica.


“Sin embargo, queda claro que ciertas industrias —y en particular la agricultura a gran escala y la minería— no están haciendo el debido proceso para prevenir la violencia en contra de los activistas. Si Global Witness puede identificar este riesgo, quienes invierten en estos sectores también podrían hacerlo, y deberían evitar los países más peligrosos para personas defensoras hasta que sus Gobiernos tomen medidas genuinas para abordar las demandas de las comunidades afectadas”, agrega Leather.


“Somos parte de la coalición Defenders in development, que este año va a publicar un informe demostrando que muchos defensores de derechos humanos han sido agredidos por protestar contra un proyecto financiado por bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Holandés de Desarrollo y el Banco Interamericano. Hasta la fecha ningún banco de desarrollo ha generado una política específica sobre defensores y defensoras, solo el Banco Holandés se ha comprometido a hacerlo”, apunta el activista.


Una resolución del Parlamento Europeo aprobada el 3 de julio alerta de que, ante la “fiebre global por la tierra”, la Comisión Europea debe considerar mecanismos efectivos sobre las obligaciones de debido proceso de las empresas, “para asegurar que los productos importados no estén vinculados a acaparamiento de tierras y graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas”.

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El municipio que obligó al Estado colombiano a repensar su sistema económico

En Colombia los ciudadanos se oponen a la extracción de metales y de petróleo. A través de las consultas populares cuestionan un sistema económico que tiene su base en la Colonia. Visita a Pijao, un pequeño pueblo que llevó su lucha hasta la Corte Constitucional. 


Los buscadores de oro están bien informados cuando encaran con sus camionetas las curvas hacia Pijao, ubicado en el departamento de Quindío, al suroeste de Bogotá. En su equipaje traen un mapa detallado del valle y los números de teléfono de doce lugareños, que indicarán a los geólogos de la ciudad bogotana como llegar a los sitios marcados en el mapa.


Son lugares, donde Anglogold Ashanti (AGA) sospecha que existen grandes reservorios de oro. La empresa británica-sudafricana es la tercera más grande del mundo en explotaciones de oro y lo que quiere es saber, si en la tierra de Quindío realmente hay este tesoro.


Después de una infinidad de curvas, que suelen provocar vómitos en los niños del valle, a la altura del Mirador Café, hay una bajada donde los últimos kilómetros antes de llegar a Pijao no necesitan los frenos.  Este lugar queda un poco atrás de la calle principal en el Circo del Valle a 1700 metros sobre el nivel del mar.


Pijao tiene seis mil habitantes y está bordeado por plantaciones de café, bananas y árboles de aguacate recién sembrados. Su gente vive de la agricultura porque acá hay que ganarse la vida. Y por esa misma razón, los doce hombres de la vecindad dijeron: sí, cuando un representante del municipio los contactó.


Ellos querían ser guías en la expedición de Anglogold Ashanti. También Gonzalo Gómez*, un vacunador de vacas de Pijao, de cabeza pelada, manos grandes y fuertes, una mirada afilada y la alegría de un indignado, decía que sí. El hombre tiene alrededor de treinta años y necesita dinero urgentemente, no duda ni un segundo cuando lo llaman del municipio. Lo que podría pasar con su pueblo, si realmente se encuentra oro en la zona, no lo sabe. Gonzalo Gómez todavía no conoce el término megaminería.


Todo eso pasó en el 2011.


Al mismo tiempo que Gonzalo Gómez y sus compañeros suben hacia las montañas, la antropóloga Mónica Flores, la alumna Estefanía Herrera y el estudiante Jairo Choa están meditando sobre sus trabajos y tareas. Los tres no saben que en este momento una docena de conciudadanos ponen en juego la existencia de toda una región. Y aún menos piensan que en pocos años van a iniciar un proyecto político que repercutirá en otros países de América Latina. El apoyo va a venir de una protagonista inesperada: la Corte Constitucional en Bogotá.


Refugio para aves migratorias


En las afueras de Pijao, rumbo hacía los valles, el asfalto se convierte rápidamente en una pista de ripio y de allí en una especie de camino rural con piedras y pasto. Sin un 4 x 4 termina el viaje aquí mismo. Pijao tiene la misma superficie de Ibarra, ciudad ecuatoriana, su punto más bajo está a 1100msnm y el más alto a 3800.


Hace unos años atrás, el Foro Mundial para la Naturaleza investigó la flora y fauna del valle y encontró pumas de montaña, osos de anteojos, lobos, zorros, comadrejas y zarigüeyas. Por su clima templado también descansan allí las aves migratorias. En las coronas de los cedros, de los robles y de las palmas de cera, el árbol nacional de Colombia encuentra comida y un lugar de descanso antes de seguir el viaje. Los pocos habitantes humanos de la zona usan los árboles para la renovación de sus casas o para cocinar, ya que el acceso a otros recursos es difícil por la lejanía. Se vive de la cría de ganado y de la plantación de papas.
De repente, el terreno se empina y exige la amortiguación de la camioneta. “Y eso es sólo el principio, – dice Roberto Tejedor* (43) – y se agarra del andamio del Jeep. Más arriba solo se puede subir cuando está seco, sino el carro resbala”. También hoy resbalamos dos o tres veces, pero el chofer Francisco Sarango* (40), un amigo de la infancia de Roberto, conoce el territorio tan bien como el vacunador Gómez. Él lleva a los habitantes casi todos los días hacia Pijao en un tiempo de 45 a 60 minutos.


Durante los años noventa, Roberto y Francisco callejearon mucho tiempo en la zona. Con sus amigos descubrieron el bosque, acamparon en el Abra y pescaron en los arroyos y ríos. Pero al margen de los animales les esperaban otros peligros, ya que la guerra entre el gobierno central en Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también se extendió en las montañas y valles alrededor de Pijao.


La FARC aprovechó el territorio fragoso, el bosque con niebla y la lejanía del orden capitalista para esconderse. También, los paramilitares de la ultraderecha se mueven en la zona, a veces obligan a los choferes de Pijao, que pasan por casualidad por el mismo lugar, a llevar armas de una base a otra, cuenta Francisco Sarango.


Si se cruzan con un peaje del otro partido los ejecutan en el mismo sitio, sean las FARC o los paramilitares. “Varios de nuestros chóferes nunca volvieron de sus recorridos”, relata.


Esqueletos con joyas de oro


Media hora después llegamos a una zona alta, desde ahí se observa bien el valle que causo un interés particular en Anglogold Ashanti. “Ahí, atrás se quiso construir una mina, dice Francisco indicando con la mano”.  Mucho no se ve ese día, la niebla se colgó en los árboles, pero a quien ha visto una megamina de oro en imágenes o en fotografías satelitales y se fija en los valles mayormente vírgenes de Pijao, le queda claro: sería como la detonación de una bomba. “Yo trabajé tres años como chófer en el Choco”, dice el conductor y se pone serio. “Vi lo que significa una megamina para humanos y naturaleza. No quiero que eso se repita aquí”.


En el noroeste de Colombia, en la frontera con Panamá, se explota hace siglos minas de oro bajo condiciones nefastas. Parte de la vida cotidiana son niños muertos por haber tomado agua con cianuro o las minas clandestinas ocupadas por habitantes desesperados en busca de oro. Regularmente mueren por derrumbes inesperados. Casi ochenta por ciento de los habitantes del Chocó no tienen cubiertas sus necesidades básicas. “La riqueza que se saca de allí”, dice Francisco y prende el motor, “no se queda en la región, se lleva a otros países”. Por ejemplo, a Sudáfrica, Gran Bretaña  o Suiza. Un tercio de todo el oro colombiano llega al país de los Alpes.


La cantidad de oro acumulada en los suelos de Pijao no está clara, dice la autoridad departamental de Quindío, pero escribe en su informe de Impacto Ambiental 2012 que “las unidades de roca y el ambiente geológico en la cordillera central muestran una alta potencialidad de yacimientos de minerales metálicos asociados a cuerpos ígneos”.


Para la mayoría de los habitantes de la región no hay ninguna duda: bajo sus pies hay oro. Hace unos años atrás, cuentan Roberto y Francisco durante el regreso del viaje se descubrió una tumba en las afueras de Pijao, justo donde hoy se plantan arboles de aguacates para la exportación a Europa. Se encontró un esqueleto con joyas de oro, aparentemente una reliquia de tiempos previos a los colonos europeos.


Por lo tanto, no sorprende que el Ministerio Nacional de Minas y Energía de concesiones durante los últimos años  por un total del 80% de la superficie del departamento Quindío para la explotación minera. Veintitrés de los títulos mineros están en el municipio de Pijao, nueve de ellos en el páramo de Chili que se encuentra bajo protección.


Cuando los geólogos pasaron en el 2011 con sus camionetas por la zona, sabían, más o menos, lo que les estaba esperando. En ese momento, AGA Colombia ya había adquirido concesiones mineras en todo el país, equivalentes a más de un millón de hectáreas.


Pero: ¿Quién pudo llevar a los geólogos por los caminos intrincados y protegerlos de los pumas y los lobos? “Yo conozco a alguien”, dice Roberto Tejedor y tiene su Nokia 3210 en la mano. “Él te puede contar bien como fue en ese entonces”.


La locomotora minera colombiana

 


La antropóloga Mónica Flores y la joven Estefanía Herrera buscan preservar Pijao como alternativa turística y productiva opuesta a la empresa minera. Foto: Romano Paganin


Sobre concesiones y leyes mineras, Mónica Flores (50) investigó durante años, pero antes de contar sus conclusiones pone café en el fuego, casi un acto obligatorio en Pijao, no importa la hora. Los tres gatos la siguen en la cocina y piden comida sin maullar. Mónica se inclina y acaricia la cabeza rasguñada del macho. “Te peleaste de nuevo”, le dice y pone las tasas sobre la mesa inmensa del salón. Los abuelos de Mónica han tomado café aquí, en ese entonces el siglo pasado, antes que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) definiera a Pijao como Paisaje Cultural Cafetero. La anfitriona se arrodilla en el banco y habla con el gato aleccionado.


Mónica, después de vivir largos años en Bogotá, Estados Unidos y Europa, volvió a mitad de los años cero a su lugar de nacimiento y abrió un alojamiento boutique en Pijao. Cocina omeletts con ají a sus huéspedes y solo quiere una cosa: que la gente esté bien en el pueblo. Como promotora de Citta-Slow, una organización italiana cuyo objetivo es una vida más lenta y relacionada con la naturaleza, tuvo  claro desde el primer momento: una megamina no tiene lugar acá. Ella se enteró en el 2008, todavía trabajando como concejal, y por casualidad, de las concesiones en el Quindío.


La locomotora minera, empujada por Álvaro Uribe, presidente colombiano en ese entonces (2002-2010), agarró viaje, pues la demanda de materia prima fue enorme. En diez años el número de concesiones mineras saltó de 3000 a 9500; de los 114 millones de hectáreas de tierra firme que constituye Colombia casi un tercio fue, en el 2013, prevista para minería.


Durante el mandato de Uribe no sólo se aflojaron los estándares ambientales para sacar materia prima, sino que también bajaron los impuestos para su explotación. Como consecuencia: empresas transnacionales mandaron a sus equipos de perforación a Colombia con dinamita, latas de cianuro y mercurio, indispensables para la explotación minera industrial.


Mónica empezó a juntar información sobre AGA. Se enteró de las intrigas entre la empresa y los rebeldes en el Congo, las contaminaciones en Ghana, conoce los juegos que esconden para conseguir las concesiones y el cambio de nombres de empresas en Colombia, y por supuesto, sabe de la situación en la ciudad vecina de Cajamarca.


En la mina La Colosa AGA presume reservas de oro por más de 30 millones de onzas. Según la minera, son las reservas de oro más grandes del planeta. La cresta de la montaña, donde el trabajo de exploración termina en el año 2019, llega hasta el Quindío. Y cuando el gobierno en Bogotá declaró Cajamarca juntos con Pijao y otros municipios en la región, como distritos mineros, algo quedó claro para Mónica Flores: no importa cuánto oro, plata o nicle estén en el municipio, si Pijao no se defiende podría desaparecer en breve del mapa.


Los geólogos y sus secretos 


Parecido a un toro, Gonzalo Gómez está sentado en una de las mesitas de aluminio, bajo unas sombrillas, con su gorra hasta la nariz. Es mediodía y el café en la plaza municipal de Pijao, frente a la iglesia y el municipio, se llena rápido. Pedimos café y entramos, en su interior está más tranquilo. Apenas se sentó el vacunador, vuelve a la posición de combate. Aparentemente está esperando solo una cosa: la primera pregunta.


¿Cuál fue exactamente tu tarea para Anglogold Ashanti? 
“Lo primero que se hizo fue una muestra de sedimento en todo el municipio, también en parte de Génova, Buenavista, Córdoba, Calarca y Salento. Después, hicimos una perforación de doce a quince metros cerca de acá. Los geólogos encontraron ceniza volcánica. Ellos traían su propio mapa y nosotros les mostrábamos como llegar a los puntos marcados. Los geólogos seguían más o menos el ramal de La Colosa en Cajamarca, pero mantenían esas informaciones con mucho cuidado. Como herramientas tuvimos solo una palita de jardinero de plástico y un tamiz para lavar las pruebas del suelo que ellos se llevaron. Todas las pruebas que se tomaron allí fueron superficiales”.


La exploración por Quindío pasó por cuatro etapas de veintiún días. Los hombres de Bogotá trataron a los hombres de Pijao con mucha gentileza. Ellos saben muy bien lo que está en juego, ya que se trata de mucha más plata de lo que puedan cobrar los doce ayudantes del campo. Les brindaron alojamiento, comida y cinco millones doscientos mil pesos colombianos. En otras palabras: un poco más de 2500 dólares por 84 días de trabajo, más de tres veces el sueldo básico de ese momento. El dinero fue transferido a las cuentas bancarias de los ayudantes.


¿Hubo dinero entre el municipio y AngloGold Ashanti para facilitar que la empresa pueda recorrer el territorio de Pijao?
“No se sabe”, responde Gonzalo Gómez. “Pero aparentemente la empresa estaba en reuniones con concejales y ellos no tenían nada en contra. El municipio hizo el contacto conmigo”.


La humanidad y los metales


Mónica Flores trae una pila de papeles desde la oficina y lo pone en la mesa de madera. Huelen a leyes y reglamentos. “Aquí no se puede construir una mina así no más”, dice y sorbe con la nariz. Como si lo quisiera confirmar acústicamente. Manosea en la pila de papeles, buscando la sentencia del 2016.


La lista de las razones por las cuales la explotación minera es un tema controvertido, es larga y vale para todo el planeta: contaminaciones múltiples del ambiente, intoxicación y muerte de flora y fauna, división y expulsión de comunidades locales y riqueza que no queda en la zona ni en el país. Además, dice Mónica, “¿Quién consume todos estos metales? Son los países de América del Norte y de Europa, que necesitarían al menos un planeta más para mantener su estilo de vida. Ellos exigen a pueblos como Pijao contaminar su tierra y su gente como si fuese lo más normal del mundo”. Su vista se pierde en el jardín. Vuelve a sorber la nariz y pregunta: “¿Existe la minería responsable?”


En Abya Yala –así fue llamada América antes de 1492– se extraían metales mucho antes de la llegada de los europeos. Como elementos clave no se usó mercurio ni cianuro, sino agua o fuego. En hornos de piedra y bajo mucho calor se separaban los metales de las piedras, un proceso mucho más lento que con los métodos industriales y químicos de hoy en día. 1500 años antes del nacimiento de Cristo, así dice el museo de oro en Bogotá, se recolectaba oro y cobre, usados por los caciques y chamanes en sus ritos religiosos.


El Museo de Oro es un cubo de cemento austero en el centro de Bogotá y pertenece al Banco de la República de Colombia. En su interior, el ambiente se presenta moderno y hasta noble, los objetos están pulidos y los visitantes son numerosos. Admiran la artesanía y los símbolos religiosos de culturas que en la América colonial ya no tenían razón de existir. Como hoy en día ninguna duda de ese hecho deja el vídeo que se muestra sin fin en una sala oscura dentro del museo.


“La vida moderna”, dice una voz del off, “es posible gracias a que conocemos los metales y sabemos cómo usarlos. Estos soportan nuestros edificios y puentes, nos permiten volar, navegar y desplazarnos, sustentan la producción industrial y el comercio. Con los metales medimos el tiempo, hacemos movimientos, rendimos cultos. Producimos arte y hacemos la guerra. (…) La historia de la humanidad de los últimos 9000 años es la historia de los metales. Con ellos hemos construido el mundo en el que vivimos”.


La voz en off suena un poco como Margareth Thatcher y su monólogo There is no alternative. Al final del corto la voz termina con una frase llamativa. Se refiere al uso espiritual de metales por los poderosos de la era precolombina: “Los objetos espirituales y simbólicos comunicaban una visión del mundo que compartía toda la sociedad”.


Toda la sociedad, eso suena a mucha gente. Contemplando la digitalización de nuestras sociedades del siglo 21, cuya expansión no hubiese sido posible sin la materia prima como oro, cobre o litio, es permitida la pregunta: ¿Será posible que la influencia de un Iphone o una computadora en nuestra existencia sea mucho más grande de lo que suponemos? ¿Se convirtieron en objetos o símbolos espirituales?


La oposición del pueblo crece


Sea como sea: la industria extractivista con empresas como AGA, Glencore (Suiza) o BHP Billinton (Inglaterra/Australia), cuyos nombres ocupan los primeros puestos de las listas de los críticos al capitalismo, ya no pueden hacer lo que les pinta, ni en este lado de la orilla ni en la otra. Al menos en los medios de comunicación europeos el tema de la extracción de recursos en países del sur llegó a la agenda política y de a poco se va instalando en la conciencia de la sociedad. Jóvenes alemanes ocupan minas de carbón y exigen su cierre.


En Inglaterra están los municipios que se convierten en transition-towns, apuestan a la economía local y por lo tanto disminuyen la dependencia del mercado global y sus materias primas. Y en Suiza, que por sus bajos impuestos es uno de los lugares preferidos para las empresas transnacionales, crece de a poco la conciencia sobre las consecuencias que causa la industria al planeta. El plebiscito con el nombre Konzernverantwortungsinitiative, por ejemplo, exige que las empresas con sede en Suiza posean reglas vinculantes en sus prácticas para cumplir estándares sociales y ambientales. Algo parecido inició Francia.


Y también en América Latina el pueblo se está defendiendo más y más a través de consultas populares. Desde el comienzo del milenio hubo alrededor de cien consultas relacionadas con minas metálicas. En casi todos los casos los votantes dijeron que no; en Costa Rica y El Salvador se prohibió la extracción minera por completo. En Mendoza, una provincia al oeste de Argentina, se prohibió el uso de químicos tóxicos para sacar metales.


En cambio, en países como Colombia, el gobierno no sólo trata de disimular los resultados de las consultas populares. Simplemente no las reconoce. La razón es obvia: hace siglos la economía del país se basa en la extracción de materia prima, independientemente lo que piense el pueblo. En esa cuenta no se considera la intoxicación de los ecosistemas, la expulsión de indígenas, la militarización de la zona y la extinción de especies enteras. Para satisfacer los mercados internacionales y a sus consumidores –la mayoría de la materia prima va a la exportación– las empresas no dudan en matar a los que se oponen a esa lógica.


Después de Brasil e Indonesia, Colombia es el país con más activistas ambientales asesinados en el mundo. La Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó, en un informe reciente, su preocupación por esta situación refiriéndose especialmente a los líderes indígenas, campesinos y afro colombianos, es decir, los grupos étnicos más afectados por la industria extractivista.


De vuelta hacia sus raíces


Unas de las razones por las cuales Mónica Flores volvió a su lugar de origen es la urbanización veloz en los grandes centros, que avanza en un ritmo abismal. Vio el mundo afuera de Pijao y llegó a la conclusión de que su pueblo es un buen lugar para vivir. Escribió un libro sobre la arquitectura local, ofrece cursos en ecología social y organizó caminatas públicas con ornitólogos que indican los nombres y comportamientos de las aves del valle. Quiso que sus vecinos vean lo que ella vio: el agua cristalina de los ríos, la tierra fértil, la biodiversidad. “Y paso a paso los habitantes volvieron a reconocer su riqueza y a valorarla”, dice Mónica.


Los niños dibujaron la diversidad en la vereda, los cafeteros plantaron un café especial y generaron puestos de trabajo, los apicultores empezaron a producir miel orgánica, las caseras cocinaron mermeladas con frutas de la región y con Citta-Slow llegaron también turistas de otros continentes. Nacieron alojamientos familiares como el de Mónica Flores.


Hace diez años nadie quería ir a Pijao, por las casas que parecían derrumbarse en cualquier momento y porque durante la noche existían esquinas en el pueblo por las cuales mejor no pasar. El lugar se convirtió en un pueblo pintoresco que tiene el carisma de un pueblito en la Toscana, Italia. Sin ese cambio cultural, dice Mónica Flores, la gente no hubiese tomado dimensión de la megaminería y la discusión pública que se dio a partir de 2013 no se hubiese dado. Los ciudadanos se juntaron en ese entonces y decidieron de organizar una consulta popular. Quisieron defender la riqueza local.


Lo que suena fácil terminó en el 2016 en la Corte Constitucional. “Aquí está”, dice Mónica Flores y pone la sentencia de 118 páginas sobre la mesa.


La nena curiosa de al alado


Cuando la nueva Constitución entró en vigencia en 1991, unas de las constituciones más avanzadas en el continente respecto a la participación política y el derecho a la auto determinación territorial, Estefanía Herrera ni siquiera  estaba planeada. Pero hoy en día, veintisiete años después, la chica de 18 años hace uso de ella y dice frases como: “Gracias a la posibilidad de la participación política hoy en día ya los niños están informados sobre las consecuencias de la megaminería”.


Estefanía está de visita en la casa de Mónica Flores, como tantas otras veces durante los últimos años. Sentada en la mesa de madera, frente a una taza vacía de café, mira atentamente a través de sus anteojos cuadriculares. Describe de forma detallada lo que pasó en Pijao antes de la consulta de julio del 2017: las charlas con los vecinos, los eventos informativos en la escuela, la visita de los campesinos en los valles y por supuesto las discusiones con los que estaban a favor de una producción megaminera. “Dios mío”, dice y menea la cabeza, “Pensaron realmente que la mina trae trabajo y progreso y que se van a hacer ricos”. A ellos les respondió: “donde están parados hoy en día, ya no van a poder estar”. Porque como el oro no se puede comer tampoco se puede tomar el agua con mercurio.


Como la mayoría de los habitantes de Pijao, también la familia de Estefanía vive de la agricultura. El padre planta bananos y su tía tiene una finca. Durante su infancia sembró lechugas y calabazas, jugó con los animales, pero también observó cómo su papá fumiga con pesticidas sintéticos. A su vez, su vecina Mónica la invitó desde temprana edad a formaciones y charlas. Tema principal: el medio ambiente. Además, cosechan juntas tomates orgánicos y observan a los colibríes que se nutren de los geranios. Mónica, que no tiene hijos de repente es mamá y Estefanía, la nena curiosa de la vecindad quiere saber lo que significa consulta popular.


Generar confianza después de la guerra


La alumna se da cuenta rápido de la diferencia entre teoría y práctica. Antes de la consulta habló con los pijaenses, y aunque dice las cosas francamente, no le tienen confianza. “Una y otra vez tuvimos que explicar que no tenemos nada que ver con el gobierno y que somos del mismo pueblo”, dice Estefanía. Inseguros por la guerra civil de más que cincuenta años, inclusive un ataque armado en el 2001 de las FARC, se necesita mucha empatía para que los vecinos de Pijao se abran y hablen con un desconocido sobre sus necesidades. En última instancia, Estefanía habla de la sentencia de la Corte Constitucional. Dice entre otras cosas: “La Constitución Política establece que es obligación del Estado no solo conservar y proteger los recursos naturales, sino también prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.


La Corte Constitucional creó con su sentencia en 2016 un precedente y provocó una ola de consultas populares en el país. Solo el año pasado hubo nueve consultas relacionadas con proyectos extractivistas. Más que cincuenta municipios quieren hacer lo mismo porque en su sentencia la Corte Constitucional afirma que los gobiernos regionales y locales pueden hacer consultas y provocar una prohibición de grandes proyectos de minería o petróleo. Llama la atención ya que cuestiona estructuras sociales y económicas que nacieron durante la Colonia. El poder judicial de Colombia da más importancia a la opinión pública que a la industria extractiva. Para América Latina, donde las leyes muchas veces solo existen en los papeles, es una gran excepción.


La espía de la capital


Encrespado por las múltiples consultas populares, el ministerio de Minas y Energía en Bogotá envió unas semanas antes de la consulta en Pijao, a una joven empleada hacía el valle, aparentemente para ver cómo está la onda en el pueblo. Pero no solo por eso. “Fue al mediodía, yo justo estaba comprando un pollo cuando ella me empezó a hablar”, se acuerda Jairo Choa (28) y todavía no lo puede creer.


El joven concejal, vestido con jeans, barba de cuatro días y gel en el pelo, pertenece al ala derecha del Concejo Municipal. Comparte ideas del ex presidente Álvaro Uribe, pero de ninguna manera la política extractiva de Colombia. En parte por su abuelo, quien trabajaba la tierra en los cerros de Pijao y su nieto, que se crió con él, quería un día sobre tomar su finca. Pero al Jairo adolescente se le cruzó la realidad: los precios bajos, el trabajo duro y un estudio en el horizonte. Dejó la herencia familiar y estudió en la capital del Departamento la carrera de cómo se administran negocios internacionales.


Pero si viene alguien cuestionando la agricultura, como ahora lo hace la señorita de Bogotá, se defiende con lo que tiene a su alcance. Igual, al final estuvo menos brusco de lo que pensó en su momento. “Venite”, le dice, “te muestro las bellezas de nuestro municipio, los campos y ríos y montañas y valles. ¡Te vas a enamorar!”.


La enviada del ministerio rechazó la invitación y Jairo embaló su pollo. “¿Qué vamos a dejar a las próximas generaciones?”, preguntó. “¿Una herencia de destrucción? Claro, tenemos acá en el municipio un problema de drogas, pero si construimos una megamina eso implica una destrucción total, tanto para el ambiente como para nuestra sociedad”.


Se calla la señorita y el monólogo del activista ambiental de la derecha terminó.

 

 


Antes de la consulta hubo una fiesta


Jairo Choa está dentro del comité para la consulta y se junta regularmente con Mónica Flores y la joven Estefanía. Los promotores de la consulta tejen una red: por un lado, con otros comités en el país y por otro, se conectan con Marcha Carnaval, un grupo diverso de músicos y activistas, “para la defensa del territorio”. Marcha Carnaval nació hace once años, cuando AGA empezó a trabajar en Cajamarca. Se formaron sindicatos, comunidades indígenas, campesinos, estudiantes y profesores e hicieron durante las coloridas manifestaciones lo mismo que Mónica Flores en Pijao: fortalecer pacíficamente la cultura del lugar. Durante la Marcha en Ibagué 2017, la capital del Departamento donde AGA está explorando La Colosa,  participó una sexta parte de la población.


Hoy en día la Marcha Carnaval está funcionando en 35 ciudades del país. Y si es necesario los organizadores también viajan a municipios potencialmente afectados como Pijao. Sienten que su apoyo es necesario. Y gente alegre con tambores en el pecho generan más confianza que uniformados con armas.


Docenas de activistas llegan los días antes de la consulta a Pijao, reparten folletos, visitan escuelas, viajan con Jairo Choa y Estefanía a las fincas más lejanas y tamborean a través de las calles angostas del pueblo. El asunto serio se convierte en una fiesta popular. Mónica, de izquierda, está parada al lado de Jairo Choa, de derecha, y los dos saben: en este momento no se trata de Uribe, ni de su persecutor Juan Manuel Santos, ni de la locomotora. Se trata de la defensa del territorio y por lo tanto de la propia existencia. Aquí no importa cuales son las alianzas políticas.


Bogotá, molestando hasta el último momento


En el día de la consulta llegan camionetas a la plaza municipal. La administración de Quindío las mandó gratis para que los ciudadanos del campo pueden viajar hasta las urnas. Tanto Roberto Tejedor como Francisco Sarango están trabajando. Y también el vacunador Gonzalo Gómez está en la calle. Seis años después de haberle mostrado a AGA el camino por los valles quiere poner un No en la urna. “Yo no tenía ni idea lo que podría significar una megamina para el pueblo”, cuenta al final de nuestra conversación”. Se habla de ganancias grandes como en Perú o Chile, pero al final no queda nada para nosotros. Por el politiqueo la plata queda a los que están sentados allí arriba”.


Temprano se demostró que la consulta iba a favor de los que no quieren una mina. Pero tenían que alcanzar una participación de al menos 33 por ciento. Sino la consulta no tiene valor. Y Bogotá metió sus dedos hasta el último momento. En el día de la consulta, cuenta Jairo Choa durante el segundo café, faltaba infraestructura como mesas o urnas. Algo que nunca falla cuando hay elecciones nacionales. “Además apareció un funcionario del Ministerio del Interior que nos exigió abandonar el lugar. Incluso me amenazó con denunciarme por hacer ‘propaganda’ como concejal en el mismo día de la consulta”. El funcionario vino acompañado por un comandante de policía que también presionó a Jairo Choa y a su equipo. “Por suerte estaba también el presidente de la provincia de Quindío”, dice Jairo. “Él nos respaldó y nos decía que solo teníamos que seguir”.


Al final participó un 44 por ciento del pueblo y un 97 por ciento puso un No en las urnas. Decisivos fueron los votos de la generación mayor y de la gente del campo. Los jóvenes, así suponen los promotores, no pudieron dimensionar lo que hubiese implicado un Sí. Además: muchos de ellos  quieren irse de Pijao lo antes posible…


El gobierno sigue poniendo piedras en el camino


Llegó la noche a Pijao y los cafés en la plaza municipal de a poco se van vaciando. Mónica Flores cierra un poco la puerta hacía su jardín. “A la noche el aire refresca”, dice y envuelve su cuello con una bufanda. Los gatos se fueron, el macho probablemente volvió a pelearse en algún lugar de la vecindad. En la mesa de madera todavía está la pila de papeles que documenta la historia de Pijao de los últimos años. Estadísticas, diagramas, leyes, mapas, tabularios de Excel, sentencias, fotos. Y de alguna manera esa imagen con Mónica Flores en primer plano, la luchadora que ha vuelto a los Andes colombianos con sus pumas, osos de anteojos y lobos, en alguna manera esa imagen hace acordar a una película de Hollywood con un final feliz.


¿Eso fue todo?


Obviamente que no.


Los funcionarios de Bogotá ya están trabajando en una reforma sobre las leyes con el objetivo de complicar las consultas populares que tengan que ver con proyectos extractivos. En Córdoba, municipio vecino de Pijao, quisieron organizar una consulta popular en noviembre, pero no se pudo por una falta de apoyo financiero de parte del Estado. Pero no solo eso:   el Ministerio de Energía y Minas tuteló al Tribunal de Quindío por haber aprobado la consulta popular en Córdoba, es decir, el baile con el poder central sigue. Tanto como el politiqueo.


Pero gracias a las consultas populares de los últimos meses se formó una red de solidaridad en todo el país que no va a ser fácil romper. “Si el gobierno sigue poniendo piedras en el camino”, dice Mónica Flores, “el pueblo se va a la calle”. Se durmió profundamente, pero la locomotora minera despertó a la gente. “Vamos a defender la tierra”.


*Nombres cambiados
* Periodista independiente y vive entre el Atlántico y el Pacífico. Recién publicó su primer libro titulado “Manos de la Transición – Relatos para empoderarnos” (Apuntes para la Ciudadanía, Quito/Diciembre 2017).
Ese artículo  nació también gracias a las investigaciones de Kristina Dietz (GLOCON), FU Berlin. 

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La guerra sigue para las defensoras de la naturaleza en Colombia

Colombia está en los noticiarios internacionales por las elecciones. Cambios en la presidencia, instituciones, buenas palabras. En Europa, la gente de la calle casi no conoce los nombres del saliente Santos, o del nuevo presidente uribista, Iván Duque y su opositor en la segunda vuelta, Petro. Y eso que estos días, al calor electoral, algo sale en la prensa.

 

Pero hay muchos otros nombres en Colombia que merecen ser recordados. Hace dos meses, se otorgaba el premio Goldman a la defensora de derechos humanos Francia Elena Márquez. Estos premios, conocidos como “Los Nobel del medio ambiente”, se otorgan cada año, coincidiendo con el Día de la Tierra, a personas que destacan por su labor de defensa de la naturaleza. La afrocolombiana Francia E. Márquez se lo ha ganado por la labor que ha venido desempeñando a lo largo de varios años, por poner su vida en juego para preservar el territorio y frenar la desmedida actividad minera. Denuncia que la minería se caracteriza por el uso de mercurio y cianuro, que contaminan los ríos y sus afluentes, afectando gravemente el ecosistema de la región colombiana de Cauca, al suroeste del país. Es este uno de los departamentos y municipios más afectados por el conflicto armado, a pesar de haber firmado los acuerdos de negociación para la construcción de paz estable y duradera, entre el Estado Colombiano y las Farc.

Las transnacionales mineras amenazan la vida


En casi todos los departamentos de Colombia, cientos, quizás miles de familias viven en zonas rurales y su único medio de supervivencia es la pesca artesanal y el cultivo de alimentos de pan coger (de subsistencia:maíz, plátano y yuca). Sin embargo, esta actividad que se ha realizado de generación en generación, se ha visto afectada por los intereses y la disputa histórica por el territorio. La llegada de las transnacionales, especialmente de las extractivistas de recursos mineros y energéticos, ha incrementado los riesgos no solo para las familias, si no para los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Francia Elena Márquez, por ejemplo, tuvo que abandonar su pueblo de origen en el año 2014, debido a su denuncia de la minería. ¿Cómo va a enfrentar el nuevo gobierno el poder de las transnacionales?


La llegada de las transnacionales se vincula, en los últimos dos años, a un aumento sustancial de los homicidios selectivos y sistemáticos de las lideresas y los líderes sociales y de defensores de los derechos humanos en Colombia. Estos líderes y defensores han venido realizando procesos de resistencia por permanecer en el territorio en que nacieron o en el que han cimentado sus historias de vida en torno a sus familias y la comunidad.


Los violentos le apuestan a condenar al país a la guerra, y sumen Colombia en el miedo, en el odio y la falta de oportunidades. Son quienes han cometido una serie de actos atroces, con el único objetivo de sabotear la respectiva implementación y los pertinentes avances de los acuerdos de paz. A la fecha no se tiene precisión del número de homicidios ocurridos en este primer semestre del 2018. Algunos informes hablan de más de cincuenta y siete; otros, de sesenta y tres. ¿Cuál es la cifra exacta de homicidios perpetrados? No se tiene la respuesta concreta, pero son demasiados. Lo cierto es que sus nombres, Hector Janen Latin, María Magdalena Cruz, Belisario Benavides Ortiz, María del Carmen Moreno, Luis Alberto Torres Montoya, Hugo Albeiro George, Iber Angulo Zamora, que sigue “desaparecido” … casi nadie los conoce, y mucho menos fuera de Colombia. Se caracterizaron por ser personas que trabajaban por preservar el medio ambiente en sus comunidades, oponiéndose a los macroproyectos. Sus rostros valientes y su incansable labor en pro de la defensa de los derechos humanos, nos han sido arrebatados. Los rostros que deberían conocerse también en Europa.

Un Estado cómplice: la impunidad


Las autoridades competentes, especialmente la Fiscalía, no realizan de manera eficaz y ágil las investigaciones que conlleven a la captura de los responsables de estos deplorables hechos, con lo cual se puede afirmar que más de un ochenta por ciento de los casos actualmente se encuentran en total impunidad. Mientras se escriben estas líneas, mientras se leen, un líder o lideresa, un defensor o defensora de derechos humanos está siendo asesinado o está en alto riesgo en Colombia. El Estado se mantiene incapaz de efectuar una política pública contundente y eficaz, que permita preservar la vida e integridad física de esta vulnerable franja de la población. La reforma judicial, para acabar con la impunidad, es una tarea pendiente para la nueva presidencia.


Se necesitan con urgencia verdaderas garantías estatales de que no volverán a ocurrir amenazas, asesinatos. Para no privar a la sociedad en general de compartir, reír y aprender de las personas que dan verdadero ejemplo: Erlendy Cuero Bravo, defensora que por culpa de las balas ha perdido a tres seres queridos (su padres y dos hermanos) en los últimos dos años y, sin embargo, actualmente ella lidera el trabajo que segó la vida de sus familiares, y quien ha sido revictimizada en diferentes oportunidades y por diferentes sectores armados.


Se busca realmente la capacidad de tejer los lazos de una verdadera convivencia y reconciliación. Queremos caminar por calles y senderos donde se pueda respirar un aire limpio, cálido y liviano, que inunde de manera tan profunda la esencia del ser, que no permita lastimar al otro o la otra. Pretendemos tener la capacidad de reconocer en los ojos y en la sonrisa del similar la belleza de la vida, que la tibieza de la piel no tenga que soportar los horrores de la guerra. Que se permita disfrutar el susurro de los ríos y la montaña.


Se necesitan con urgencia más reconocimientos y menos señalamientos, Por ello, la gran sonrisa de Francia al recibir tan honorable reconocimiento a tan sublime labor nos reconfortaba, y es esa misma sonrisa la que se capta frente a los gigantes defensores y defensoras de derechos humanos que han hecho aportes , contagiando de alegría y esperanza de pensarse en un país y en un mundo diferente. Aportaciones mucho más grandes que ganar una presidencia. Esto son los retos para el próximo gobierno de Iván Duque: una paz basada en la justicia y la defensa de la vida y el territorio. Reconocer la defensa de los derechos humanos. Ponerse a la altura de estos hombres y mujeres de corazones gigantes.

 

Por Erika Gómez Ardila
Defensora de DDHH del CPDH
2018-06-18 07:00:00

 

Dedicado a los más de trescientos cinco líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos vilmente silenciados, asesinados, pero no olvidados, a los gigantes que nos han sido arrebatados. De igual manera, a aquellos hombres y mujeres que decidieron dejar las armas por construir un nuevo país y quienes también les cegaron su existencia en pleno proceso de reincorporación a nuevos caminos.

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Una nueva economía desde la naturaleza con derechos

“Alejada de la naturaleza, la existencia humana queda vacía de contenido” (Masanobu Fukuoka)


América Latina está llena de contradicciones y contrastes. En ocasiones, los países con gobiernos conservadores sorprenden positivamente, mientras que -con frecuencia- los países con gobiernos progresistas defraudan. Ese es el caso de los Derechos de la Naturaleza.


Hace algunas semanas Colombia asombró al mundo. En un país donde neoliberalismo y extractivismos marcan la senda desarrollista, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una tutela para frenar la persistente degradación de la Amazonía, provocada por los extractivismos. Tal fallo histórico reconoce a esta región como sujeto de derechos, lo cual permitirá –desde los seres humanos- exigir su protección. Ya en 2017, esta Corte Constitucional marcó otro hito histórico, al otorgar la misma categoría al río Atrato .


Estas decisiones sintonizan con los pasos dados en la Asamblea Constituyente de Montecristi, en Ecuador. En 2008 dicha Asamblea estableció un hito cuando aprobó una Constitución que reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos (Derechos de la Naturaleza que ya cumplen 10 años de haber sido proclamados), sumándole el derecho a ser restaurada cuando ha sido destruida. Un paso que no tuvo el eco esperado desde el gobierno ecuatoriano. El entonces presidente Rafael Correa se llenó la boca de “revolución”, pero impulsó una oleada de extractivismos nunca vista en ese país, al tiempo que preparaba el retorno neoliberal [1].

Justo cuando Correa reconoció que le quedó grande la Iniciativa Yasuní-ITT, un 15 de agosto de 2013, diría que “ el mayor atentado a los Derechos Humanos es la miseria, y el mayor error es subordinar esos Derechos Humanos a supuestos Derechos de la Naturaleza ”. A la par de demostrar una total incomprensión del significado de los Derechos de la Naturaleza, Correa defendía tales Derechos para combatir los destrozos ambientales ocasionados por mineros informales… para abrir paso a grandes mineras transnacionales. Correa -un verdadero charlatán- quiso vender el mensaje de que “fue el mundo el que nos defraudó”, cuando en realidad fue él quien defraudó a su país y al mundo .


Es crucial tener claro cuán importantes son los Derechos de la Naturaleza en la construcción de sociedades democráticas, justas y libres, con economías solidarias y sustentables (como puerta de entrada a otro mundo posible ). A contrapelo de las alergias provocadas a conservadores de todas las ideologías, la cristalización de la Naturaleza como sujeto de derechos es parte de la senda a seguir para pensar en otro mundo, y son varios más los esfuerzos que se mueven en esa dirección en diversas partes del globo a nivel nacional [2] y también a nivel local [3] .


A lo largo de la historia del derecho, cada ampliación de derechos fue antes impensable. Hasta el “derecho a tener derechos” se consiguió siempre con una intensa lucha política. Por ello, reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos y liberarla de la condición de mero objeto de propiedad exige un esfuerzo político; más aún si aceptamos que todo ser vivo tiene igual valor ontológico, sin implicar que todos sean idénticos.


Los cambios demandados para alcanzar tal fin son profundos en todos los ámbitos…


Para empezar, la Humanidad debe entender que también es Naturaleza y que cualquier empeño de dominarla y manipularla es suicida; tendencia agudizada en el capitalismo. La Naturaleza no es infinita, tiene límites que -peligrosamente- se están superando. Esto implica cuestionar toda institucionalidad y organización social, política y económica que destruye a la Naturaleza y, en definitiva, a la Humanidad misma.


En vez de mantener el divorcio Humanidad-Naturaleza, urge un reencuentro. Esto empieza por desmercantilizar la Naturaleza, así como todos los bienes comunes, sin implicar su estatización. Precisamos un manejo y un control comunitarios de dichos bienes y, por cierto, de las relaciones con la Naturaleza (liberándolos tanto de las fauces del mercado como de las fauces del Estado centralizado).


La economía y sus objetivos deben subordinarse a las leyes naturales, asegurando siempre la calidad de vida humana. Como parte de una “gran transformación”, en palabras de Karl Polanyi en 1944 , urge superar la religión dominante del crecimiento económico y, también, de la acumulación incesante de bienes materiales que nutre al capitalismo.


Salir de la sociedad del crecimiento, es crucial. No se trata solo de reducir físicamente el metabolismo económico. La búsqueda permanente de ganancias obtenidas explotando a seres humanos y Naturaleza debe cesar y, sobre todo, urge imaginar opciones de vida fuera de los límites utilitaristas y antropocentristas de la Modernidad. Eso implica, entre otras cosas, desmitificar a los fetiches del “desarrollo” y del “progreso”, con el fin de superar el laberinto capitalista .
Así, una nueva economía deberá priorizar la suficiencia, en donde se amplíe solo la producción de lo que realmente reproduce a la vida ( objetivo que jamás debió separarse de la economía ). Ampliación que respete siempre los ciclos de la Naturaleza, en vez de buscar mayor eficiencia -e incontrolada competitividad- para saciar un desbocado y asesino consumismo. La equidad de ingresos y riqueza son también pilares de esa nueva economía. Hasta podríamos plantear un principio: que los privilegiados -tanto de estratos altos como medios- vivan con menos hasta que todos vivamos con dignidad y armonía.


Esta aproximación demanda cada vez más un abastecimiento simple y autónomo, una “subsistencia creativa” vía autoproducción, con usos comunes y con mayor durabilidad de los bienes. En las empresas, habría que atenuar la obligación de crecer reduciendo la especialización. Todo encaminado a que el capital -en cuanto relación social- abandone la producción (reduciendo desde la presión por la ganancia infinita hasta los créditos y la especulación). Se trata de producir local y regionalmente para desenredar el comercio internacional y las cadenas de producción -ambos enmarañados-, generando cercanía y confianza. Además, cabe reducir y redistribuir el horario laboral, abriendo espacio a ocupaciones social y culturalmente productivas (y no degradantes). Pero, sobre todo, individuos y comunidades deberán “ejercitar su capacidad de vivir diferente” (todos y todas viviendo con dignidad, en armonía con la Naturaleza, NdA), como plantea el alemán Niko Paech, y los países deben “aprender a vivir con lo nuestro, por los nuestros y para los nuestros”, como recomendaba el argentino Aldo Ferrer .


Esa nueva economía no puede ser ni productivista, ni consumista, ni aspirar al crecimiento absurdo. Esa nueva economía demanda otro posicionamiento frente a los mercados, al Estado, -e incluso frente a nuestra propia concepción de qué es el trabajo y la producción- teniendo a lo comunitario y lo popular como bases. Transformación posible si, desde ya, reconstruimos relaciones armoniosas entre Humanidad y Naturaleza, lo cual exige cristalizar los derechos de ésta desde iniciativas políticas, como el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza , tribunal que sanciona -al menos moralmente- los crímenes en contra de la Madre Tierra y de quienes la defienden, al tiempo que informa sistemáticamente sobre dichas violaciones; e incluso en los diversos observatorios ciudadanos creados para denunciar los atropellos contra la Naturaleza y las comunidades como el Observatorio Petrolero Sur , el Observatorio Oil Watch, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina , el Atlas Mundial de la Justicia Ambiental: conflictos ecológico-distributivos o el reciente Observatorio de los Derechos de la Naturaleza .


El reto económico de los Derechos de la Naturaleza también está planteado: ¿lo aceptamos o avanzamos desquiciadamente a un mundo en donde el capital se coma a la vida misma?.-


Notas:


[1] Para comprender mejor lo que representó este gobierno recomendamos revisar los artículos recogidos en el portal La Ecconomía Política del Antipoder
[2] En 2010 Bolivia se aprobó una Ley de los Derechos de la Madre Tierra. En noviembre 2016 la Corte Suprema de Uttarakhand, al norte de la India, sentenció que los ríos Ganges y Yumana son seres vivientes. En marzo de 2017, en Nueva Zelanda, se permitió que el río Whanganui sea representado judicialmente a través de sus dos representantes, uno de la tribu Whanganui iwi y otro de la comunidad Crown; años antes en el mismo país, en 2013, el Parque Nacional Te Urewera fue reconocido como una entidad legal con los derechos de una persona, a cargo de los Crown y los Tuhoe. En Nepal está en proceso una iniciativa para reconocer los derechos de la Naturaleza a través de una enmienda constitucional.


[3] En los EEUU, el condado de Tamaqua, Pennsylvania fue el primer municipio en aprobar una ordenanza local reconociendo los Derechos de la Naturaleza de existir, prosperar y evolucionar en 2006; desde entonces más de 36 comunidades en siete estados de los Estados Unidos -Pennsylvania, Ohio, New Mexico, New York, Maryland, New Hampshire y Maine- tienes similares ordenanzas que codifican los Derechos de la Naturaleza. En ese mismo país un grupo de ciudadanos presentó una demanda para que las Montañas Rocosas o el desierto de Nevada puedan demandar legalmente a individuos, corporaciones y al gobierno.
Alberto Acosta es economista ecuatoriano, profesor universitario, exministro de Energía y Minas, expresidente de la Asamblea Constituyente y excandidato a la Presidencia de la República.

 

Por Alberto Acosta
Rebelión

5 de junio del 2018, Día Mundial del Medioambiente

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