El extractivista más grande del continente: Brasil

Extractivismo es la apropiación de enormes volúmenes de recursos naturales o bajo prácticas intensivas que, en su mayor parte, son exportados como materias primas a los mercados globales. Parece estar pasando desapercibido que, según esta definición, el mayor extractivista de América del Sur es Brasil.

 

Esa situación no siempre es reconocida, ya que cuando se habla de extractivismo en primer lugar se piense en la minería, y en segundo lugar se dirán que los ejemplos destacados son países como Chile, Perú o Bolivia. Las imágenes populares conciben a esas naciones andinas como los líderes mineros continentales, e incluso globales.

 

La realidad de los últimos años es otra. Brasil se ha convertido en el más grande productor y exportador minero del continente. Este país extrajo más de 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011, mientras que todas las demás naciones sudamericanas sumadas, se apropiaron de poco más de 147 millones de toneladas. Estos indicadores se basan en la extracción en América del Sur de cobre, cinc, plomo, estaño, bauxita, carbón y hierro (que expresan a los principales minerales por su volumen de extracción y exportación). Es impactante advertir que Brasil extrae casi el triple que la suma de todos los demás países sudamericanos que tienen minería de relevancia (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela).

 

Esos enormes volúmenes brasileños se deben especialmente a la apropiación de hierro y bauxita. Pero este país es también el que tiene una de las canastas mineras más diversificadas (además es un importante productor de carbón, plomo, algunos "tierras raras", etc.).  Que Brasil sea el mayor minero continental tampoco es un hecho reciente, y ya en el año 2000 extraía el doble de volumen que todos los demás países sudamericanos.

 

Como se sabe, por cada tonelada de mineral extraído existen distintas proporciones de una "mochila ecológica", que representa todo el material no aprovechado. Al sumar esa mochila las cifras de recursos naturales apropiados aumentan todavía más. Este es un indicador importante para el caso del oro, ya que su volumen final es pequeño para incidir en los indicadores de arriba, pero tiene una altísima mochila ecológica (un kilogramo de oro requiere remover 540 toneladas de materia, según el promedio de referencia global), y en muchos casos se lo obtiene por procedimientos muy contaminantes y destructivos (tales como deforestación asociada y uso de mercurio). En este rubro el primer productor sudamericano en 2011 fue Perú (188 toneladas), pero Brasil fue el segundo (con 67 ton), y por detrás le siguieron Argentina y Chile.

 

El extractivismo en su sentido estricto es mucho más que la minería. La apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales o bajo procedimientos intensivos, para alimentar las exportaciones, se repite en otros sectores, destacándose los hidrocarburos y la agricultura. En esos rubros Brasil también es un "campeón".

 

Si bien Brasil es actualmente es un productor petrolero de nivel medio (ocupando el tercer lugar en América Latina), y se enfoca en su propio consumo, también es cierto que se está preparando para explotar yacimientos marinos. Su gobierno espera ubicar al país entre las primeras potencias petroleras mundiales.

 

Los nuevos yacimientos se encuentran en la plataforma costera, a enormes profundidades, condiciones exigentes de perforación, y altas temperaturas. Esa extracción es de un enorme riesgo ambiental, tal como ha dejado en claro el accidente de la plataforma de BP en el Golfo de México en 2010. A pesar de esa catástrofe y de la evidencia sobre esos riesgos, la discusión brasileña está mucho más enfocada en los niveles de las regalías o su distribución, que en sopesar sino sería más sensato una moratoria en ese tipo de extractivismo.

 

Esto es muy diferente de lo que sucede, por ejemplo, en varias localidades amazónicas, donde la experiencia ciudadana frente a distintos impactos sociales y ambientales, no está dispuesta a aceptar más compensaciones económicas, sino que reclama moratorias.

 

Finalmente, Brasil también es el líder en el extractivismo agrícola. Actualmente es el primer productor mundial de soya; en la zafra 2011-12 superó los 66 millones de toneladas métricas (en nuestro continente le sigue Argentina con 40 millones ton m). Es también el primer exportador mundial, y buena parte de lo que comercializa lo hace sin procesamiento. Este fenómeno va de la mano con un enorme aumento del área de cultivo, que ha superado los 24 millones de hectáreas.

 

De esta manera, el extractivismo avanza en Brasil en varios frentes. Si se agrupan la extracción de recursos naturales mineros, hidrocarburíferos y agrícolas, el nivel de apropiación es de recursos naturales en Brasil es escalofriante, y deja muy atrás a cualquier país sudamericano. Ese estilo de desarrollo genera presiones ambientales y sociales fortísimas, que van desde los conflictos en el medio rural al drama ecológico que se observa en el Cerrado o la Caatinga, ecoregiones que pueden desaparecer al convertirse en tierras agrícola-ganaderas.

 

El extractivismo exagerado hace que la economía brasileña sea muy dependiente de exportaciones como las de hierro o soya para crecer. La proporción de productos primarios aumenta en el comercio exterior y caen las manufacturas. El país se vuelve muy dependiente de las condiciones globales, tales como los precios internacionales de las materias primas o la llegada de inversores extranjeros.

 

Por estos motivos, un examen riguroso muestra que la economía brasileña se está pareciendo más a la de los países andinos de lo que usualmente asumen analistas convencionales, que una y otra vez dicen que es un ejemplo de industrialización. Es más, durante las dos administraciones de Lula da Silva, la economía se primarizó en lugar de industrializarse.

 

A diferencia de lo que sucede en otros países sudamericanos, esta expansión del extractivismo no se debe solamente a las inyecciones de capital internacional, sino a los propios fondos internos estatales. El gobierno brasileño empuja decididamente este extractivismo, por medidas directas o financieras (en especial desde su banco de desarrollo BNDES).

 

Hay varios ejemplos. Petrobrás es una corporación petrolera mixta. Vale, la segunda empresa minera más grande del mundo, si bien es formalmente privada, aproximadamente la mitad de sus acciones depende de los fondos de pensión de los funcionarios del Banco de Brasil, y su principal fuente es el BNDES. Por esos y otros canales, el gobierno tiene amplios poderes de control sobre esa corporación.

 

Entretanto, el extractivismo agrícola también es apoyado directamente por el gobierno. Este se beneficia del más grande paquete de ayuda financiera estatal del continente (el llamado Plan Agrícola y Pecuario), que para los años 2012/13, totalizó 115,2 miles de millones de reales destinados al crédito, lo que favorece directamente la expansión de la agroindustria exportadora en lugar de los pequeños agricultores.

 

Esta es una situación de enormes paradojas: una parte nada despreciable del dinero recaudado por el Estado se utiliza en fomentar, apoyar e incluso subsidiar el extractivismo, el que alimenta en primer lugar la globalización antes que las necesidades internas del propio Brasil. En cambio, quedan dentro del país aquella mochila ecológica y otros impactos ambientales, y un amplio abanico de efectos sociales, políticos y económicos.

 

Son estas medidas de apoyo del extractivismo, la persistencia de una inserción internacional funcional a la globalización, y la contención de la protesta social, las que explican que el gobierno brasileño sea una y otra vez presentado como ejemplo económico a seguir para la economía convencional. Allí se originan las felicitaciones que se encuentran en las páginas de The Economist o en los foros de Davos. Pero si la perspectiva se coloca en la sociedad civil o en la Naturaleza, está claro que Brasil debería dejar de ser el campeón del extractivismo, y comenzar cuanto antes a discutir una estrategia postextractivista.

 

- Eduardo Gudynas es analista en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). www.ambiental.net  Twitter: @EGudynas

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Domingo, 19 Febrero 2012 09:02

Las razones de la minería

Las razones de la minería

Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales.

La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.

Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).

El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).

Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.

Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.

En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.

La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.

Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).

Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.

Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.

Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
www.eldiplo.org

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Voy a tocar cuatro aspectos en relación al tema del vínculo que existe entre el extractivismo y la redistribución de la riqueza, entendiendo que este vínculo implica relaciones de poder.

Falta de debate sobre el modelo

Una primera tensión es la falta de debate que tenemos sobre el modelo. En general, se ha aceptado, se ha asumido, por parte de los gobiernos, de que éste es el modelo viable y posible; de que éste es el modelo necesario para seguir adelante. Y no hay debate. Las izquierdas, nos hemos fortalecido, los movimientos nos hemos fortalecido, en la trayectoria, discutiendo, debatiendo, interpelando, confrontando. No es necesario rebajar el nivel del debate, rehuir el debate para seguir siendo de izquierda o para tener un cierto nivel de apoyo a los gobiernos.

Si no discutimos, si no elevamos la temperatura de los debates, se va a seguir haciendo lo mismo, se va a seguir continuando con un modelo que ya tiene un camino hecho. Podría aceptar si los gobiernos progresistas y de izquierda argumentaran “a fin de mes, el Estado tiene que pagar a los funcionarios, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a los militares; pagar las obligaciones que tiene todo Estado, pagar los salarios, como mínimo. Y para eso necesitamos ingresos”. Pero no se argumenta así, se nos dice que éste es el modelo bueno, cuando hay una mínima interpelación. Si aceptáramos ese debate, entonces estaríamos en ese otro lugar para decir “hoy esto es lo que hay, pero veamos de qué manera se puede intentar salir de este modelo”. Hay un mínimo avance en ese sentido en el caso del proyecto ITT. Es un espacio interesante pero absolutamente insuficiente. Lo que predomina es la continuidad: la continuidad, sin debate. ¿Cómo vamos a fortalecer alternativas al extractivismo? ¿Diciendo que el extractivismo es bueno, que hay que hacer represas hidroeléctricas gigantes, que hay que continuar con la minería, que hay que continuar con la soja, que hay que continuar con la caña de azúcar para hacer biocombustibles, con la forestación, etc.? Es necesario abrir un debate profundo en los movimientos y entre los movimientos y los gobiernos. Abriendo un debate, ya estaríamos en otro lugar, en otra situación.

Difícil construcción de nuevos actores sociales

El secundo problema que veo, es que aún no hay actores sociales suficientemente consolidados para combatir el modelo extractivista. Voy a dar un ejemplo: durante la fase de privatizaciones del modelo neoliberal, existían actores, por lo menos en el cono sur, en torno al movimiento sindical. Lo que se privatizaba eran empresas estatales. Entonces, los sindicatos y buena parte de los trabajadores del Estado y de otros sectores - aunque no fueran del Estado - ya tenían una clara consciencia de que esas empresas, si se privatizaban, iban a implicar una perdida para los trabajadores y para el país. Y había una consciencia de derechos que giraba en torno a esta propiedad estatal; de las empresas de telecomunicaciones, de petróleo, de gas, de electricidad, de correos y otras. Hoy en día es más complejo: los emprendimientos extractivistas están lejos de la grandes ciudades, en la cordillera andina, o en la Pampa, o en situaciones que no afectan, o solo indirectamente, al grueso de la población; las poblaciones de las grandes capitales (y hoy tenemos una población mayoritariamente urbana en  América Latina), no están inmediatamente afectadas por una concesión minera a quinientos, a mil kilómetros de la cuidad, o porque se abren campos para la soja o para la forestación. Y muchas de esas áreas son territorios poco poblados. El año pasado, estaba en Ecuador. Solamente yendo a las comunidades más afectadas por la contaminación de las nacientes de los ríos, uno puede comprender esa dificultad para que aquella comunidad, que está cerca de cuenca, le transmita a la gente de la cuidad: “a nosotros ya nos llega el agua contaminada, dentro de un tiempo Uds. van a tener un problema gravísimo”. Hay una dificultad enorme que está trancando, trabando, enlenteciendo la constitución de actores sociales.

Entonces es natural que la construcción de actores sociales para enfrentar el extractivismo sea una tarea más compleja, más larga, más dificultosas; porque salvo en el caso de unas cuantas comunidades quienes combaten los efectos inmediatos del extractivismo, estos efectos no son claramente perceptibles para el grueso de la población. Y en este periodo, es imprescindible abrir un debate necesario para la constitución de actores sociales. Los actores sociales no se constituyen sino en conflicto. Y el papel del debate, de la clarificación de ideas, es fundamental. Debate y conflicto van de la mano.

Efecto domesticador de las políticas sociales

La tercera tensión que observo, por lo menos desde el cono Sur, es la cuestión de las políticas sociales. Por un lado, las políticas sociales alivian la pobreza. Han conseguido disminuir la población bajo la línea de pobreza. Han conseguido que las personas tengan más alimentación, más salud, etc. No han sido suficientes para disminuir la desigualdad (en mi país, Uruguay, la desigualdad sigue creciendo, aunque la pobreza bajó de la mitad), lo que es un indicador de que el patrón de acumulación sigue siendo polarizador. Y lo mismo sucede en Argentina, en Brasil y por supuesto en Chile.

Pero además, esas políticas sociales tienen otro problema, y ahí está la tensión y la contradicción. Tienden, y lo voy a decir con todas las letras, a domesticar a los actores sociales, a dificultar el relanzamiento de los conflictos. Tienden a dividir, a cortar, a fragmentar; ya no a dirigentes puntuales sino a organizaciones enteras. Y a los que no se someten a esa domesticación, se los criminaliza.

Entonces tenemos una necesidad de discutir las políticas sociales, que por ahora no están en el debate. Se acepta que ayudan a mejorar la situación de pobreza, pero no se ven los problemas que crean en el debilitamiento de los movimientos. Las políticas del combate a la pobreza no son nuevas; las inventó, a raíz de la derrota del Vietnam, un señor que se llamaba Robert McNamara, que fue presidente de la Ford y después fue ministro de defensa. Después de la guerra del Vietnam, fue durante años presidente del Banco Mundial e inventó el combate a la pobreza, diciendo: “si no combatimos ciertos niveles extremos  de pobreza, nunca ganaremos”. Pensaba como un militar.

Entonces, el Banco Mundial fue el pensamiento duro de las políticas sociales; y los gobiernos de nuestra región, pienso sobre todo en el cono Sur, han asumido el combate a la pobreza con algunos cambios. Las políticas sociales siguen siendo políticas compensatorias y facilitan la acumulación del extractivismo, acumulación por despojo, por robo de los bienes comunes.

¿Hasta qué punto y de qué modo las políticas sociales desarticulan movimientos? Conozco - porque he trabajado con ellos y mantenemos un dialogo desde hace años - el caso del Cauca, de los Nasa, de Colombia. Están siendo atenazados por un lado, por la guerra, feroz, terrible - todo los meses dirigentes indígenas muertos, asesinados - y por el otro lado por políticas sociales. En algunos casos se trata simplemente de repartir dineros y, en otros casos, crear organizaciones sociales que se llaman indígenas que hablan de la “pluri” y de la “multi”, pero que son creadas desde el Ministerio del interior, y eso es política antisubversiva.

Entonces creo que aquí tenemos una contradicción, porque las políticas sociales son duales: mejoran indicadores de pobreza pero domestican. Tenemos un trabajo importantísimo por hacer con algunos de los conductores de esas políticas que son o bien trabajadores y trabajadoras sociales, o bien sociólogos y sociólogas, o bien dirigentes sindicales o dirigentes sociales, ex piqueteros, ex asambleístas o aún piqueteros que son incrustados en los movimientos y que conducen las políticas sociales en el territorio.

En el cono Sur, las políticas sociales de última generación, que se pretenden no compensatorias, son políticas territoriales. Y la usina de pensamiento ya no es el Banco Mundial, sino la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Entonces cuando estamos discutiendo de eso, estamos discutiendo para pelear, en parte, contra nosotros mismos, porque esas políticas nos atraviesan y muchos y muchas estamos implicados en esas políticas. Y creo que hay que tratar de discutir para ver cómo hacemos para que esos flujos faciliten la organización y el conflicto, sirvan para fortalecer a los movimientos, no para debilitarlos. Es una batalla que algunos movimientos ya están desarrollando, en la Argentina y en varios países más. Aquí hay un escenario abierto, una tensión muy fuerte que no sabemos aún cómo manejarla y que muchas veces nos maneja a nosotros.

Nueva élite en el poder

La cuarta y la última tensión es la más complicada de formular. Sospecho que está surgiendo una nueva elite en el poder, que tal vez sea una nueva clase, una nueva nomenclatura, integrada por algunos sindicalistas (sobre todo los vinculados a los fondos de pensión, los que han trabajado en la banca), por cuadros políticos de izquierda (los que han hecho carrera en municipios, en ministerios, que están allí dirigiendo políticas, dirigiendo empresas  públicas, estatizadas en el caso de que han sido privatizadas), y también por viejos funcionarios del Estado, funcionarios de carrera del Estado, cómo Samuel Pinheiro Guimarães que diseña estrategias en Brasil. En algunos países también hay militares en esa nueva elite.

Entonces ahí está formándose algo, que como dice un pensador brasileño, Chico da Ribeira, las categorías que teníamos antes – cooptación, traición, clase dominante, burguesía – tal vez ya no son tan útiles para pensar la nueva realidad que estamos viviendo. Pero miremos la realidad de frente, y muchas veces nos vamos a encontrar con partes nuestras en esa nueva elite. Quizá no nosotros directamente, pero amigos, vecinos, familiares, y nosotros incluso colaborando para eso.

Está surgiendo una elite dominante que maneja nuestro discurso, que maneja nuestras palabras: derechos humanos, etc. Entonces, el continente está transformándose. Radicalmente. En esa transformación, los movimientos están debilitados, surge un nuevo sector dominante que nos conoce muy bien porque viene de nosotros, de nuestros movimientos, que sabe cómo manejarnos y cómo manejar los vínculos.

Hay un conjunto de tensiones que están fortaleciendo un modelo que en sí mismo jamás podrá distribuir, y que en su costado más perverso implica brutales niveles de acumulación. Nuestros países son exportadores de oro, de plata, de materiales que son fundamentales para la acumulación de riqueza. Y en el otro extremo del mismo modelo, políticas sociales que nos debilitan, que hacen que para mucha gente sea más interesante anotarse a un movimiento, ya no para combatir, sino para hacer trámites en un ministerio y entrar en una rosca que finalmente no aporta nada al conflicto social. El conflicto social, el debate social, es lo único que nos puede sacar de este modelo extractivista y abrir las puertas para que – quizá - haya en el futuro un modelo que aún no tenemos claro, pero que sea más justo, más horizontal, más redistribuidor. 

Transcripción por Donatien Costa

Intervención de Raúl Zibechi, periodista e investigador uruguayo, en el taller “Tensiones entre extractivismo y redistribución en los procesos de cambio de América Latina”, Foro Social de las Américas, Asunción, Paraguay, agosto 2010.
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