Jueves, 23 Abril 2015 15:29

Bogotá y sus inquilinos de la ira

Bogotá y sus inquilinos de la ira

La reciente apertura del Hospital San Juan de Dios (HSJD), y su inclusión en lo que será el proyecto Ciudad Salud, reabre el tema de la planificación urbana en Bogotá. ¿Para quiénes se está planeando la ciudad?

"...He sido expulsado de mi casa
junto con los libros de la nutrida
biblioteca que,
libro a libro, levanté a lo largo de la vida.
Alguien debería consignar ese hecho,
como un punto más del programa,
Bogotá capital mundial del libro.
Espero que en el futuro el horror
sea patrimonio de la ficción
y no de la realidad".

Jairo Aníbal Niño, Allí crecieron los hijos

El centro de Bogotá, sus calles, su arquitectura colonial y variada oferta cultural, es la ventana de presentación de la ciudad a los foráneos, uno de los lugares más importantes del Distrito y también el más apetecido por su gran potencial turístico.

Desde el año 2004, este sector empezó a ser parte del nuevo plan de renovación urbana propuesto por la entidad de planeación del Distrito: El Plan Zonal del Centro –PZCB–. Formulado inicialmente con la intención de fortalecer y posesionar el Centro como nodo internacional, nacional y regional, y valorizar cuatro de sus localidades: La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires y Teusaquillo, que comprenden un aproximado de 59 barrios. Todo eso teniendo en cuenta que dentro de los planes de innovación debería estar incluida la protección del patrimonio cultural del sector.

El tema del Plan Centro había estado pausado en la agenda pública hasta que el pasado 11 de febrero se realizó la reapertura simbólica del complejo hospitalario San Juan de Dios, que hace parte del centro ampliado de la ciudad y que es uno de los pilares fundamentales del PZCB, al ser la matriz de uno de sus proyectos: Ciudad Salud.
El Plan Ciudad Salud, planteado con una similitud al Plan Zonal del Centro, promete hacer del sector un clúster de servicios de salud con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Éste, tal y como quedó proyectado en el Plan Centro, contará con una inversión tanto pública como privada, que efectivamente traerá una renovación urbana. La pregunta es: ¿a quiénes beneficiará esta renovación?

El centro, ¿para quiénes?

El centro alberga más de 1.707.745 de población flotante y un aproximado de 259.580 de población residente, por lo que ha sido llamado en varias oportunidades como el lugar de nadie, ignorando el apego aún existente de sus residentes al territorio. Entre esos residentes se encuentra Alejandro García Corzo, antropólogo de la Universidad Nacional y habitante del centro de Bogotá desde hace más de diez años, lo que le permite tener una mirada como habitante y académico del sector.

Estar observando diariamente esta zona de gran valor patrimonial para el país ha impulsado a García, desde hace siete años, a estudiar los cambios que vive el sector en materia de planeación y descentralización; tanto así que ha hecho de este tema su tesis de doctorado para la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Para García, el Plan Centro y Ciudad Salud, son planes vitales para la revitalización del centro ampliado de la capital, con grandes retos de financiación por afrontar. "El reto de la administración de ahora y de las futuras es la financiación. Además de los recursos distritales habrá recursos nacionales, sin embargo tal como está planeada Ciudad Salud, al igual que el Plan Centro, la inversión también llegará del capital privado, como sucedió en el proyecto de la Avenida Comuneros que inicialmente buscaba la realización de una avenida, pero luego también aparecieron construcciones inmobiliarias", expone.

El problema para García no es propiamente que exista capital privado, sino que sean las entidades públicas las que encaren proyectos que traerán beneficios particulares. "Siempre se involucran los intereses públicos diciendo que son intereses generales y se aplica de esa forma. Sin embargo no dicen que los intereses privados también operarán allí y son las entidades públicas las que encaran la situación para el beneficio de esos intereses. El caso más claro es Transmilenio", agrega.
Así como el caso del Transmilenio, que aunque es del Distrito funciona a través de concesiones con empresas privadas, está el de la construcción de la Avenida Comuneros o Calle Sexta; la primera intervención hecha para iniciar el plan del renovación urbana en el centro.

Esta construcción tuvo como objetivo inicial, la compra de los predios de la zona para la construcción de la Avenida, pero luego el plan contó con un nuevo proyecto: la construcción de zonas residenciales de estratos 3 y 4, liderado por empresas inmobiliarias. Un proyecto que causaría el desplazamiento de los antiguos residentes de la zona para poder cumplir con el objetivo de una innovación.

Como éste, poco a poco se han ido llevando a cabo diferentes proyectos que encabezan inicialmente un interés público, pero termina siendo apropiado por intereses privados. Este es el caso del plan Fenicia.

El plan Fenicia

Para el 2014, el Distrito da vía libre a un nuevo proyecto de renovación urbana, el Plan Progresa Fenicia, liderado por la Universidad de los Andes, que pretende transformar el barrio Las Aguas del centro histórico de Bogotá y potenciar a su vez el eje turístico de la zona considerada como patrimonial.

En pocas palabras "Progresa Fenicia", pretende convertirse en un parque lineal de piedemonte desde Monserrate hasta el parque de La Independencia. "Una 'Maloka' a cielo abierto donde la ciencia y la tecnología se empoderen del conocimiento", según un artículo realizado por el periódico El Tiempo.

"Maloka" que estaría impactando parte de lo que para el Instituto de Patrimonio del Distrito, es considerado como zona de reserva. Lo que para García resulta preocupante. "Son sectores que deben ser preservados y restaurados, porque originalmente en el Plan Centro están referidos como Zona de Reserva y no se están respetando, principalmente por las universidades", opina.

Entre otras cosas, el plan busca una transformación de toda la población que reside alrededor del campus, que son, en su mayoría, familias de estratos 2 y 3, por lo que para la primera etapa proponen "la construcción de 412 viviendas para reubicar a las familias. Viviendas que tendrán un reemplazo metro a metro. Es decir que si un propietario de un inmueble en el barrio Las Aguas tiene una casa de 200 metros, se le entregará un espacio de 200 metros".

¿Qué sucede entonces con los dueños de los predios? Según la Constitución Política de Colombia el habitante del sector, como propietario del predio deberá ceder su interés personal por el interés general, en este caso la construcción del Plan Fenicia y con ella el posicionamiento de nuevas empresas inmobiliarias, que aunque obedecen a un interés privado se promocionan como general.

El habitante tiene entonces tres opciones: optar por un reasentamiento, participar en el proyecto –en el que deberá pagar la suma restante por la nueva valorización del terreno– o ser indemnizado por su predio cuando inicie su expropiación. De no elegir una de esas tres posibilidades la entidad pública puede recurrir al desalojo.

De esta forma, el habitante del centro, acentúa su condición como poblador flotante, ya adquirida por el hecho de vivir en una zona de alto atractivo turístico y patrimonial, transformándose, en palabras de Alejandro García: en un nómada, "que está a la expectativa de que en cualquier momento sea desplazado".

Los inquilinos de la ira

Así tituló el escritor colombiano Jairo Aníbal Niño uno de sus primeros trabajos de dramaturgia, fruto de la investigación social realizada en Puerto Asís, Putumayo. En esta obra, un grupo de desplazados sufre el desplazamiento y un brutal asesinato debido a que ocupaban unos terrenos baldíos. Lo que no sabía Niño es que tiempo después él también se convertiría en un inquilino más, sometido a los intereses particulares con ropaje público.

Fue el 18 de enero del 2006 cuando un funcionario de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) le informó a Niño y a los demás propietarios de los 35 inmuebles ubicados entre las calles 19 y 20, y entre la carrera 3ra y el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez de la ciudad de Bogotá, que sus predios serían utilizados para la constricción del Proyecto Manzana 5.

El proyecto de renovación urbana Manzana 5, que prometía apoyar el carácter cultural patrimonial de la zona, proyectó entre sus construcciones la apertura de un Centro Cultural, cuyo dinero sería donado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), y un complejo de vivienda que incluía una plataforma comercial.

Sin embargo, ninguno de estos proyectos se realizó. Para el 2012 el Primer Ministro de España, Mariano Rajoy, comentó con el alcalde Gustavo Petro la decisión de no liberar recursos para el Centro Cultural, desembolsando un año después 381 millones de pesos a Bogotá por motivo de gastos de licencia de construcción de dicho centro.

Todo al parecer volvia a la normalidad, de no ser por los más de 200 habitantes de la zona que fueron desplazados y obligados a recibir un pago irrisorio por sus predios en nombre de la renovación urbana.

Durante todo el proceso, el escritor colombiano Jairo Anibal Niño defendió a los propietarios. "Él incluso estuvo en un debate en el Concejo y le dijo a Renovación hasta de qué se iban a morir, pero con palabras muy diplomáticas por el robo que nos estaban haciendo", dijo en su momento Amelia Sanabria en el Periódico de Bogotá.

En agosto de 2008 el mismo Niño escribió un documento titulado "Allí crecieron los hijos" donde plasmó la impotencia que sintió al tener que ser desalojado del lugar donde había trascurrido gran parte de su vida.

"Centenares de narraciones y novelas se han escrito sobre el despojo al que han sido sometidos propietarios de casas o de predios que son expropiados con innumerables pretextos pero con la constante de la arbitrariedad y la injusticia. La realidad y la ficción comparten fronteras y como autor de historias, recientemente fui protagonista real de una página más del libro de la infamia", decía Niño en su texto.

Dos años después Jairo Aníbal Niño, autor de La alegría de querer, Historia y Nomeolvides, Zoro, entre otras grandes obras de patrimonio literario de la nación, murió viviendo en la casa de su hijo al ser desplazado de su propia casa y no tener los recursos para adquirir un apartamento de condiciones similares al que le fue expropiado.

El proceso de renovación continúa, ¿hasta dónde lo hará la resistencia social de quienes habitan esta parte de la ciudad?

Publicado enEdición Nº 212
Martes, 24 Marzo 2015 15:15

¿Volver? ¿Para qué?

¿Volver? ¿Para qué?

Año tras año, doctores y posdoctores que salen del país a desarrollar sus carreras investigativas, intentan regresar a Colombia a aplicar sus conocimientos y estar al lado de los suyos. Sin embargo, la falta de una visión en investigación, ciencia y tecnología nacional conlleva que los programas de repatriación planteados por Colciencias siempre sean improvisados.

Es septiembre de 1992. El césped de las calles de Cambridge empieza a colorearse de naranja, advirtiendo la llegada del invierno. El vaivén de los transeúntes sigue con normalidad. Para muchos de ellos es un mes más en la fría ciudad del estado de Massachusetts, mientras que para Iván Junis, este será el mes en el que se materializará la decisión que días antes había tomado y que le dará otro rumbo a su vida profesional.

Meses atrás, Junis se encontraba en uno de los laboratorios de la Universidad de Harvard, desempeñándose como instructor en el área de inmunogenética y biología molecular, como normalmente lo hacía desde nueve años atrás. Su vida académica estaba en su mejor época, ganaba más de 20 mil dólares, se engranaba a la perfección a la dinámica de investigación norteamericana, tanto así que tiempo después recibió una oferta de aproximadamente 30 mil dólares para trabajar en Atlanta. Sin embargo, el hecho de extrañar a los suyos lo complicaba todo. Junis había empezado a sentir un profundo deseo de devolverse a Colombia.

Él sabía que si decidía regresar el futuro que le esperaba era inestable, aunque el programa de Colciencias le asegurara lo contrario, pues Junis sería el primer investigador en ser repatriado por la entidad, y ellos improvisarían al no tener ningún tipo de proyecto pensado para el retorno de grandes académicos que habían estudiado en el exterior.

Aún así, con cuarenta años de edad, Iván Junis, decidió irse por lo incierto. No por su país, sino por él; por dejar de sentirse extranjero en un lugar que no tenía mucha importancia para él; por dejar de extrañar a los suyos.

Fue así como este médico se convirtió en el primer investigador colombiano en ser repatriado por Colciencias. Lo que quiere decir que el programa que hoy tiene por nombre "Es tiempo de volver", no es nuevo y empezó a ser aplicado desde hace 20 años. En fin, por ahora, sigamos con la historia.

Futuro incierto

Antes de llegar a Colombia, Iván Junis había acordado junto a Colciencias, ser recibido por el Instituto Nacional de Salud en el que desarrollaría un proyecto financiado por la entidad.

El primer aterrizaje a la realidad fue cuando de 20 mil dólares que ganaba en Harvard, empezó a recibir 360 mil pesos. Sin embargo, esperaba que con el proyecto pudiera aumentar esos ingresos, pero la financiación prometida por Colciencias nunca se dio.

El tiempo corría y todo se fue diluyendo; Junis comprendió que, aún existiendo voluntad por parte de la entidad, no existía el mecanismo para operatibizarla, y como era el primero en ser repatriado eso, según pensaba él, podría ser normal.

Luego de la improvisación, Iván se quedó en el Instituto Nacional de Salud desempeñándose como Investigador y Subdirector de Investigación y Desarrollo, para finalmente retirarse de allí al entrar en conflicto con el Sistema de Ciencia y Tecnología reinante en el país.

Hoy, cuando ya está a punto de cumplir 60 años, recuerda las razones por las que se desligó del Instituto:

Hice una evaluación de sumas y restas y me pregunté: ¿cuánto dinero había recibido el Instituto para financiar los proyectos de los 13 grupos de investigación en los últimos diez años? Dividí eso por el número de artículos de investigación que habían producido esos 13 grupos en ese periodo, y me dio que aquí costaba 2 mil millones de pesos hacer un artículo de investigación, cuando afuera costaba 20 mil dólares en ese momento. Y segundo, que la investigación era aquí una forma de docencia. No era más. Entonces, en su momento hice esas cuentas y dije: un investigador en 20 años de vida útil en Colombia está condenado a realizar 1,7 artículos de primer orden, mientras que en Estados Unidos o en cualquier otro centro de investigación son centenares. Eso no se debe premiar, eso es un fracaso.

La desazón de Junis por el sistema de investigación en Colombia fue la razón por la que se desligó de ella, pero más que eso Junis trató desde ese mismo día de desvincularse de Colciencias. Por lo que decidió abrir un centro de Medicina Funcional, junto con el médico Hugo Zapata, que trata de ver la medicina desde otra perspectiva.

A la pregunta de si se arrepiente o no de la decisión tomada, Iván no vacila al responder que fueron válidas las razones por las que se fue, sin embargo hoy se pregunta si lo siguen siendo y comenta que no le aconsejaría a ningún científico devolverse para Colombia.

-Si un muchacho me dice que va a realizar un doctorado y que va a regresar, le digo, no, ¡¿por qué va a regresar?!, "que el país", le digo, no, se equivoca, "que la política de investigación", se equivoca, "que los estudiantes". Eso es una estupidez. Si a uno le interesa la ciencia debe hacerla allí donde realmente sea factible. Todo lo demás son carretas, demagogias. O uno estudia e investiga o uno enseña, que es lo opuesto, no complementarias.- enfatiza Junis criticando lo que es el futuro de la mayoría de doctores y posdoctores que regresan a Colombia, que terminan enseñando en una universidad con la excusa de investigar-.

Pero veamos un caso más cercano. El de Vladimir Corredor, que también fue repatriado por Colciencias cuatro años más tarde.

Hacer investigación en Colombia

Nueva York 1993. Vladimir Corredor recibe su diploma de doctorado en Parasitología Médica y Molecular en la Universidad de Nueva York. Y decide realizar un posdoctorado en un hospital de esa ciudad. Todo va bien en la vida de este biólogo, hasta que la embajada le recuerda que ha culminado el periodo de dos años permitido para residir en Estados Unidos. Debía regresar a Colombia.

Corredor, al no encontrar razones para volver a su país, decide poner una tutela al Gobierno pidiendo estar dos años más.

Fue un tiempo más para investigar y desarrollar su vida académica, pero también fue un tiempo para extrañar cada vez más a los suyos, y en el que se volvían difusas las razones por las que debía quedarse. Meses más tarde Vladimir aplicó en el programa de repatriación de Colciencias en 1996, sin pensar muy bien en las consecuencias.

Corredor ha dedicado la mayor parte de su vida en la investigación de la Malaria, es un hombre delgado y de piel trigueña, que expresa de manera metódica sus ideas. Sin embargo al preguntarle la razón por la que se vino de Estados Unidos, titubea, busca las palabras con inseguridad y al final dice:

-Por que soy un poco loco -sonríe- Pienso, que si le ofrecen a alguien algo muy atractivo allá es muy difícil que se regrese, porque no va a perder su vida profesional por regresar ¿Qué personas regresan? Los que, como yo, no estaban interesados en hacer una carrera académica allá. En ese momento conocía el sistema norteamericano, me parecía muy competitivo, y ese no es mi carácter. Aparte de eso no tenía mucho interés de vivir en los Estados Unidos. Prefería correr el riesgo aquí. La vida cotidiana es mejor aquí y la vida profesional es mejor allá, entonces yo escogí mejor la vida cotidiana aquí.

¿Pero qué pasó con el programa de repatriación de Corredor? A pesar de que ya no era el primero, como sucedió con Iván, lo que exigía que no existiera una improvisación en el sistema, los resultados fueron semejantes.

-¿Qué ofrecía el país? Nos decían: ustedes escriben un proyecto, hablan con una organización, nosotros nos comprometemos a coordinar con una institución receptora para que los reciba y para que les dé un trabajo y puedan iniciar entonces una carrera en el país. El proyecto debe pasarse a Colciencias y de ser aprobado lo financian –algo semejante a lo que le ofrecían a Junis en su momento–. El primer problema es que las instituciones aquí no son lo suficientemente sólidas para cumplir objetivos a largo plazo, instituciones que le permitan decir a la persona que llega: bueno, voy a trabajar en esta área y voy a desarrollar un programa a largo plazo, sino que está uno sujeto a los vaivenes de los cambios de dirección en un sitio, que fue lo que me pasó a mí.

Finalmente Corredor presentó el proyecto a Colciencias, que en esa época era evaluado por pares externos. En su caso, los pares evaluadores dijeron que su proyecto merecía la financiación pero que el presupuesto que demandaba era muy poquito, y que les preocupaba que con ese presupuesto no pudiera llevar a cabo la investigación.

¿Qué ocurrió? Cuando le llegó la carta de Colciencias, le expresaron que el proyecto había sido aprobado pero que ellos solamente podían darle la mitad del presupuesto. Corredor no aceptó.

-Yo simplemente les dije: con ese dinero no puedo llevar a cabo el proyecto, así que me quedé sin la financiación de Colciencias.

Fue así como Corredor quedó casi en la calle y la entidad se desentendió totalmente del caso.

-Nadie me hizo seguimiento, a nadie le importó si ese señor tuvo éxito o fracasó, para poder evaluar y decir si esa plata de la repatriación que habían invertido había dado resultados. De ahí en adelante he tratado de no tener que ver con Colciencias en la medida de lo posible porque el sistema de ciencia y tecnología es un sistema, a mi juicio, un poco autoritario.

Y aunque Vladimir, inicialmente prefirió la vida cotidiana aquí que la vida académica allá, estuvo muchas veces entre el dilema de desarrollar su vida profesional o su vida cotidiana. Tanto así que años después de estar en Colombia regresó a Estados Unidos a trabajar en la Universidad de Emory, aburrido de la falta de productividad en el país, y en el 2002 regresó nuevamente a Colombia a falta de esa tranquilidad en su vida cotidiana.

Luego de un tiempo se volvió a ir del país, esta vez para Londres, donde permaneció tres años haciendo investigación, para luego regresar a desempeñarse como docente en la Universidad Nacional y realizar investigaciones de manera independiente con la Secretaría de Salud del Cauca, en colaboración con organizaciones de Inglaterra. Aun así piensa, como Junis, que la docencia no debe ser el destino de los investigadores repatriados.

-La docencia no va a contribuir con una transformación real para el país, es necesaria una transformación práctica, donde se vean los frutos de un talento. Esto no lo veo en Colombia. Las personas que hemos regresado, en general llegamos a tratar de conseguir un espacio adecuado para tratar de comprar unas herramientas y formar el equipo de investigación que se requiere. Lo que es peor es que esto no parece ser lo que desea Colciencias.

Colciencias hoy

Colombia, 2015. Colciencias aplica el programa "Es tiempo de volver", que al parecer es nuevo, luego del lanzamiento del "Programa nacional de incentivos para el retorno de científicos altamente calificados en el exterior", en diciembre de 2013, pero en aplicación en el país, con diferentes nombres, desde su primer repatriado en el 92.

Los investigadores que aplicaron al programa, dicen, como hace 20 años, que la entidad "improvisó" e incumplió con lo que les aseguraba a los 200 doctores y posdoctores que dejaron sus productivas vidas académicas por estar cerca de los suyos.

De un presupuesto inicial asignado de $17 mil millones, finalmente Colciencias adjudicó $11 mil millones a este programa. ¿Qué es lo que sucede?

Según Mario Hernández, que ha trabajado por varios años en el Centro de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional, el problema va más allá de Colciencias y se deriva de la política nacional de ciencia, tecnología e innovación que ha tenido siempre el país.

Empezó en la década de los 60, precisamente con la creación de los fondos que estaba impulsando la OEA para vincular ciencia y tecnología al desarrollo de los países. Más o menos empezados al mismo tiempo que Argentina, Brasil, México, con la creación de Colciencias. Pero en los 70 y 80 empezó a existir una divergencia entre nuestro país y el resto. Argentina empezó un programa muy fuerte de becas para formarse en Posgrados con muy buenas condiciones y fortaleció las instituciones de investigación con un financiamiento muy fuerte. Mientras que Colombia la financiación continuaba brillando por su precariedad.

Hernández hizo parte de Colciencias en la década de los 90 y opina, de primera mano, que se intentó reorientar esa política en la ley 29 del 90, creada antes de la Constitución Política del 91 y que fundó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

-Estuve tratando de armar el programa de ciencia y tecnología de la salud, con 11 programas nacionales que pretendían articular al sector académico con los sectores de la sociedad, con el Estado. Pero otra vez la inversión fue muy precaria y empezaron a desarrollarse los programas que siempre tenían esa espada de Damocles, como: Beca- crédito, que si usted no termina, tiene que devolver 80 o 100 millones de pesos, es decir una lógica muy contractualista, no de decisión de política pública.

La situación que hoy enfrenta Colciencias es el claro resultado de falta de financiación, pero también responde, como lo recalcó Vladimir Corredor, a los problemas graves que existen en administración "En la manera como se ve la investigación, la manera como clasifica a los investigadores y a los grupos, y la manera como a su vez dice quién es un investigador y qué es un grupo de investigación", opina Corredor.

Tanto así que, según él, si hoy el doctor Rodolfo Llinás, médico neurofisiólogo colombiano de reconocida trayectoria a nivel mundial por sus aportes al campo de la Neurociencia, decidiera regresar al país, "no clasificaría como top del top" porque no tendría la experiencia necesaria de investigación en el país. Lo cual dice mucho del sistema de clasificación de Colciencias.

Es debido a esto que un conjunto significativo de los más importantes investigadores de las humanidades en el país, decidió recientemente no participar en la convocatoria que pretende medir a los grupos de investigación en Colombia, porque no creen en esa medición y están en contra, además, de los múltiples requisitos que deben cumplir para obtener respaldo a sus productos académicos.

"Colciencias ve la ciencia y la tecnología necesariamente vinculado al sector productivo. Pero no hay proyectos a largo plazo, cada vez es más burocrático, productivista y cortoplacista y tratan a la educación como si fuera hacer pan", comenta Hernández, quien además agrega que es el momento de poner en entredicho tanto ese programa como la política de ciencia e innovación en el país. "Estamos en esa discusión tanto en la Universidad Nacional como en las demás universidades públicas e incluso privadas porque tal como vamos, vamos mal".

Publicado enEdición 211
Acuerdo por lo superior 2034 y la educación para la paz

En un posible escenario de aceptación por vía referendo e implantación de los acuerdos que alcancen en la Mesa de La Habana el Gobierno y los delegados de las Farc –cuestión ya de por sí complicada–, y en un posible escenario de paz territorial, esto es, que estos acuerdos contribuyan a la transformación de las condiciones políticas, económicas y sociales que propicien el cierre de la actual brecha social –escenario aún más complicado de conseguir–, el papel de la educación pública en Colombia debe sufrir grandes cambios.

Cambios que deben trascender una transformación financiera del modelo de educación superior –necesario desde hace tiempo–, hacía un cambio mismo de los componentes, resultados y procesos en su interior. Cambio que en caso de no darse, denotaría que la educación pública pensaba de manera errónea el conflicto, o que la educación pública no sería necesaria ni para el posconflicto ni para la paz. Respecto a esto último, sólo quisiera añadir que si abordaran el conflicto de manera errónea o de no ser necesarias sus construcciones teóricas e históricas, no habrían conformado la Comisión Histórica del Conflicto –y sus víctimas– con personajes asociados a la educación pública, y no habrían desplegado tan grande participación de profesores y estudiantes en torno a las mesas de conversaciones.

El reto de pensar una educación para la paz ya fue abordado por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), quienes lanzaron, con gran algarabía, no hace poco, el Acuerdo por lo Superior 2034: propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de paz. Si bien el título no está exento de un lenguaje adornado, el texto en sí está cargado de ribetes y detalles que pretenden denotar una gran revolución para el sistema educativo superior, el cual queda incompleto (situación que es explicable por la supuesta segunda parte en construcción), y se logra resumir en una iniciativa de ampliar la educación técnica y tecnológica hasta un 60-70 por ciento del total de estudiantes matriculados en este modelo de educación terciaria.

Lo primero que llama la atención de la propuesta real del Acuerdo por lo Superior es la serie de conceptos aparentemente neutros y necesarios, con los cuales es difícil estar en desacuerdo, tales como "educación inclusiva; calidad y pertinencia; investigación; regionalización; articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano; comunidad universitaria y bienestar; nuevas modalidades educativas; internacionalización; estructura y gobernanza del sistema y sostenibilidad financiera del mismo" (pág. 94). Conceptos que estarían incluidos en un nuevo modelo de educación terciara, llamada así porque, según el documento, ella abarcaría por un lado la educación superior, dividida a su vez en la educación profesional, técnica profesional, tecnológica, y por otro, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, de la que nacen la técnica laboral y la llamada de artes y oficios.

Así pues, según los parámetros de acceso, permanencia y graduación, la finalidad del Acuerdo es conseguir para el año 2034, en el escenario de un 80 por ciento de cobertura de acceso, una participación en volumen de estudiantes para la educación profesional solo de un 30 por ciento, y para el resto del 70.

En este caso, el énfasis en la educación tecnológica, técnica, de artes y oficios, que según el documento sería mayoritaria, si bien propone un menor tiempo de estudio y facilidad en la inserción al mercado laboral, en realidad propende por una serie de conocimientos que carecen de la capacidad de facilitar el desarrollo humano y posibilitar la transformación de las condiciones de vida de este porcentaje de la población. Además, esta apuesta, promueve un conocimiento demasiado específico, destinado al desempeño en labores singulares y limitadas del mercado laboral. Situación que vulnera el acceso a una educación crítica, constructiva y transformadora, y que, además, refleja la apuesta del Cesu por la polémica igualdad liberal de oportunidades, que aspira a superar las condiciones de desigualdad con la responsabilidad individual de cada uno de los futuros estudiantes.

Así se demuestra, que si bien la palabra paz, al igual que muchos otros conceptos –como el mismo de "acuerdo" utilizado para encubrir una consulta simple y pretender incluir las posiciones del movimiento estudiantil– que hacen parte del discurso legitimador del Cesu, son artimañas que encubren la intención de limitar una educación democrática, deliberante y amplia, que posiblemente quede menguada por un modelo de financiamiento a la demanda que contribuya con los déficit de las universidades públicas y con el acceso estratificado a la educación de calidad.

Parte de los retos de la educación pública, dentro de la paz territorial, radican en ampliar la universidad a todas las regiones, especialmente a las más golpeadas por el conflicto, y las más carentes de presencia estatal, en aras de procurar nuevos escenarios y nuevas posiciones para los y las jóvenes constructores y constructoras de una nueva nación; pero resultaría completamente desastroso para estas apuestas un modelo ampliado de educación bajo la estructura de financiación que ya se ve venir y la configuración de aprendizaje propuesto.

¿Qué queda ahora? Me arriesgo a pensar que el paisaje de la educación pública, por lo menos para el próximo año, deberá concitar a una gran movilización estudiantil, similar a la del 2011, esta vez destinada a desmantelar y desmontar la nefasta propuesta de "educación para la paz" del Acuerdo por lo Superior 2034, movilización volcada a la construcción de una nueva propuesta de educación superior crítica, constructiva y transformadora de cara a las realidades territoriales y nacionales que caracterizan a nuestro país.

Publicado enCultura
Pacto con el diablo: la campaña de Obama y la financiación de las empresas

“El presidente se equivoca”, afirma uno de los flamantes directores de la campaña de reelección del Presidente Barack Obama.

 
Esas cuatro palabras encabezan el sitio web de la organización Progresistas Unidos (Progressive United) fundada por el ex Senador estadounidense y actual asesor de la campaña de Obama, Russ Feingold, en referencia al reciente anuncio de Obama de que aceptará fondos de los comités de acción política (súper PAC, por sus siglas en inglés) para su campaña de reelección. Feingold escribió: “El Presidente se equivoca al adherir a la política empresarial corrupta de Citizens United mediante la utilización de los Súper PAC. Se trata de organizaciones que recaudan sumas ilimitadas de dinero de empresas y de individuos ricos, a veces en secreto absoluto. No solamente es una mala política, sino que además es una estrategia tonta”. Y agrega: “Es hacer un pacto con el diablo”.

 
En 1905, el presidente Theodore Roosevelt dijo ante el Congreso “Los aportes de las empresas a comités políticos o con cualquier fin político deberían estar prohibidos por ley”. Roosevelt promulgó una ley para la prohibir dichas contribuciones en 1907. En 2012, este control del financiamiento de las campañas electorales que tenía 100 años de historia se terminó gracias a cinco magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos que tomaron la decisión en 2010, en el caso Citizens United, de que las empresas pueden utilizar su dinero para ejercer la libertad de expresión, con el objetivo de influir en las elecciones del país.

 
Tras haber representado al estado de Wisconsin en el Senado de Estados Unidos durante 18 años, Feingold perdió su reelección ante Ron Johnson, un candidato republicano multimillonario y miembro del tea-party que autofinanció su campaña. Desde entonces, Feingold ha dictado clases de derecho, fundó Progresistas Unidos y, a pesar de haber apoyado los esfuerzos de destituir al gobernador de Wisconsin Scott Walker, tomó la firme decisión de no candidatearse como gobernador de dicho estado ni a la banca del Senado de Estados Unidos que quedará vacante tras la jubilación del Senador Demócrata Herb Kohl.

 
Feingold fue el único miembro del Senado que votó en contra de la Ley Patriota de Estados Unidos. Fue un acérrimo crítico del programa de escuchas telefónicas sin órdenes judiciales del gobierno de Bush. Si bien Obama, cuando era senador, amenazó en un principio con apoyar una medida obstruccionista para impedir la aprobación de cualquier legislación que le otorgara inmunidad retroactiva a las empresas de telecomunicaciones que participaron en las escuchas telefónicas, cambió de postura antes de la Convención Demócrata de 2008 y votó a favor del proyecto de ley. Feingold se opuso en todo momento a la ley. Y acerca de la guerra de Afganistán, Feingold me dijo: “Fui el primer miembro del Senado que solicitó un plazo para la retirada de Afganistán. Incluso antes de que Obama fuera electo, cuando la contienda era entre [John] McCain y Obama, pregunté: '¿Por qué estamos hablando de enviar más soldados?'...Enviar a nuestros soldados allí, gastar millones y millones de dólares en Afganistán no tiene sentido. Y creo que fue un error que el presidente enviara más soldados y también creo que está comenzando a darse cuenta de que debemos retirarnos de allí”.

 
Feingold se opuso al proyecto de ley de reforma de Wall Street propuesto por Obama por ser demasiado débil en su opinión y apoyó a los fiscales generales estatales, entre los que se encontraban el fiscal de Nueva York Eric Schneiderman y la también flamante co-directora de campaña de Obama, la fiscal de California Kamala Harris, quienes en un principio se opusieron al acuerdo con los cinco bancos más importantes del país por acusaciones de fraude hipotecario y la firma de documentos sin previa verificación. La reacción de Feingold al acuerdo de 25.000 millones de dólares promovido por la Casa Blanca fue la siguiente: “Fuimos de los pocos que nos negamos a celebrar tras el anuncio...cuando se trata de Wall Street, siempre algo acaba mal”.

 
Durante la entrevista a Feingold apenas horas después de que fuera nombrado como uno de los 35 co-directores de campaña de Obama le pregunté, teniendo en cuenta su crítica al presidente, si no consideraba que su designación era un poco curiosa. Feingold respondió: “¿Qué me dice de un director de campaña que se enorgullece de que el Presidente haya brindado asistencia médica a los estadounidenses por primera vez en 70 años? ¿Qué me dice de un director de campaña que cree que el Presidente ha hecho algo bueno con la economía y que ayudó a aprobar el paquete de estímulo económico que nos ha permitido tener 22 meses seguidos de crecimiento del empleo? ¿Qué me dice de un director de campaña de un presidente que tiene mejor reputación en el extranjero que cualquier presidente de que se tenga memoria, que revirtió el terrible daño realizado por el gobierno de Bush, que en conflictos como los de El Cairo, India e Indonesia logró acercarse al resto del mundo? Créame, si hacemos un balance, no caben dudas. Y por último, ¿qué me dice de un director de campaña de un presidente que, creo, nos ayudará a designar magistrados que reviertan el fallo de Citizens United?”

 
Hasta que eso suceda, y especialmente ahora que la campaña de Obama ha decidido “hacer un pacto con el diablo”, los súper PAC, quizá el co-director de campaña Russ Feingold nos ayude a seguir el rastro del dinero.

 
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Publicado el 24 de febrero de 2012
 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
 
 
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 

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En septiembre de 2007, Chiquita Brands International, una de las mayores multinacionales dedicadas a la exportación de productos frutícolas, fue condenada a pagar 25 millones de dólares por un tribunal federal de Washington.

Al parecer la corporación había financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (grupo paramilitar colombiano de extrema derecha), para canjearse así su simpatía y protección en un estado que vive un perpetuo clima de violencia. La propia transnacional reconoció poco después, que desde 1997 y hasta 2004 había capitalizado a este grupo irregular con más de un millón de dólares.
 

Siguiendo la pauta, en los últimos años la transnacional ha sido demandada cuatro veces en su propio país por este mismo motivo. Han sido más de 600 familias que sufrieron el asesinato de alguno de sus miembros en manos de este grupo terrorista, quienes encabezaron los procesos judiciales para exigir a la compañía indemnizaciones que superarían los 11.000 millones de dólares, aunque según la misma fuente, algunos de estos casos pudieron ser sobreseídos por los tribunales estadounidenses.
 
No han sido los únicos ya que según organizaciones de derechos humanos, familias de cinco misioneros norteamericanos liquidados por las FARC, demandaron a Chiquita por el mismo motivo en un tribunal de Florida. Contrariamente a los casos de colombianos asesinados por grupos de extrema derecha, en febrero de 2010, sí que fue aceptado por el juez este caso en los que los exterminados eran religiosos norteamericanos y los verdugos supuestos guerrilleros, de izquierda, supuestamente también claro está [1].

 
A Chiquita se le señala no sólo por haber financiado económicamente, sino también por transportar armas para dotar y suministrar a esta banda armada. En marzo de 2007, la revista colombiana “Semana” revelaba detalles del diario íntimo de uno de los cabecillas de las AUC. En él, aparte de reconocer el financiamiento directo por parte de la compañía, se desvelaba que sus barcos fueron usados para transportar armamento destinado a los “paras” [2].
Los desembolsos a las AUC y otros grupos, fueron efectuados por BANADEX, su otrora filial en el país Sudamericano. Se localizaron fundamentalmente en dos regiones donde esta compañía compraba el banano cultivado industrialmente para la exportación: Urabá y Santa Marta.
 
Es curioso porque a 35 km. de Santa Marta se encuentra Ciénaga, un municipio que en diciembre de 1928 albergó un oscuro pasaje de la historia colombiana conocido como “la masacre de las bananeras”. Ese mes, del amarillo del banano se pasó al rojo de la sangre, cuando el ejército colombiano masacró a cientos de trabajadores bananeros colombianos que habían iniciado una huelga indefinida para exigir condiciones dignas de trabajo.

 
Este aciago capítulo encontró la eternidad gracias a la magistral pluma de García Márquez. En “Cien años de soledad”, el autor colombiano rememoró la tragedia y escribió:

 
“Una semana después seguía lloviendo. La versión oficial, mil veces repetida y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse: no hubo muertos, los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias, y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba, en previsión de que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pública del aguacero interminable, pero la tropa estaba acuartelada. Durante el día los militares andaban por los torrentes de las calles, con los pantalones enrollados a media pierna, jugando a los naufragios con los niños. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. «Seguro que fue un sueño -insistían los oficiales-. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz.»
 
En aquellos años, la tierra en donde brotaban los bananos y en donde miles de campesinos eran explotados pertenecía a la United Fruit Company, la mítica bananera que durante décadas configuró Centroamérica a su libre antojo, orquestando golpes de estado, campañas de desestabilización y colocando a políticos cómplices para lograr sus fines comerciales que aspiraban al monopolio total del comercio, no sólo del banano sino de cualquier cultivo y producto. Sin duda alguna fue la empresa que exploró con más vigor y persistencia los insondables caminos del “republicanismo bananero”.

 
La United fue inmortalizada como “Mamita Yunai” por el escritor costarricense Carlos Luís Fallas. Y aparte de éste y García Márquez, otros novelistas plasmaron en el papel los peculiares métodos de enriquecimiento, subordinación y control de la gran bananera. A destacar entre muchos al Premio Nóbel, Miguel Ángel Asturias, con la “trilogía bananera”, al costarricense Joaquín Gutiérrez con “Puerto Limón” y “Murámonos Federico”, al hondureño Ramón Amaya y su obra “Prisión verde”, al nicaragüense Emilio Quintana con “Bananos” y finalmente el propio Neruda, que en su “Canto general” dedicó un poema al “trust de los plátanos”.

 
Y lo realmente curioso de todo esto, una vez recorridos algunos pequeños recovecos amarillos de la literatura y la historia en América Latina, es que con el transcurrir de los años, la United -O la “Mamita Yunai”, como prefiera- cambió de nombre y pasó a ser -redoblen clarines y timbales- Chiquita Brands.

 
Como se visualiza claramente, lo único que se alteró fue el nombre. Los métodos violentos siguen siendo los mismos. Sus prácticas agrícolas agreden al medio ambiente, devastan el territorio y focalizan la riqueza. Con este modelo productivo de alimentos pasan hambre los pueblos destinados a cultivar postres exóticos, mientras las multinacionales siguen imponiendo su agenda sí o sí. Antes lo hacían con golpes de estado y las balas de los ejércitos nacionales, y ahora con la ayuda de grupos armados irregulares.
 
NOTAS:
[1] Ver en Nizkor
[2] Ver en Semana


 

Atrocidad Social Corporativa (I): Dole y Shell


En la primera parte de este reportaje se narraba cómo la frutera Chiquita Brands fue acusada y sentenciada por armar y financiar a grupos armados paramilitares en Colombia. En este apartado se detallará un hecho idéntico protagonizado esta vez por Dole Food, la compañía exportadora de fruta más fuerte del mercado internacional en la actualidad.
Ambas -Chiquita y Dole- poseen un impecable currículum en Atrocidad Social Corporativa. Fueron incluidas en “El libro negro de las marcas”, en donde sus autores, los escritores Klaus Werner y Hans Weiss, desmenuzaban algunas de sus prácticas más comunes y desconocidas.
 
Su antisindicalismo es visceral y las condiciones laborales en las que trabajan muchos de sus obreros siguen siendo decimonónicas. Su condición de “intermediarias” en la cadena alimentaria les permite designar los precios y las condiciones del producto que adquieren a hacendados locales.
 
El modelo agrícola para suministrar frutas y verduras al supermercado global está fuertemente tecnificado. Grandes extensiones de terreno donde imperan los monocultivos, fuertemente mecanizadas y atiborradas con un selecto cóctel de agroquímicos. La tierra, en lugar de parir alimentos que puedan soportar la pobreza, se destina a sembrar productos que después se exportan hacia los mercados del norte.
 
No es de extrañar por lo tanto, que este modelo origine paradojas tan rocambolescas como el hecho de que el 70% de los hambrientos del mundo sean agricultores y campesinos. En este escenario, no es de extrañar tampoco que surjan tensiones entre las comunidades locales menos pudientes y grandes terratenientes que luego venden a las exportadoras.
Pero en lugar de consensuar entendimientos y limar asperezas con los pobladores locales, algunos intereses prefieren contratar a mano de obra armada para que las aguas vuelvan a su cauce, por A o por B.
 
En 2009 y al igual que le ocurrió a la transnacional Chiquita, se presentó una demanda contra Dole Food por haber financiado a grupos de extrema derecha colombianos que acabaron, supuestamente, con la vida de 57 sindicalistas y campesinos. Según relató a un diario colombiano el abogado estadounidense que introdujo el pleito “...las víctimas eran sindicalistas de la multinacional o eran contrarios a los tratos que la empresa les daba o simplemente eran campesinos que habitaban en las zonas donde la bananera quería sembrar.” [1]
 
La demanda fue introducida en una corte de Los Ángeles y la empresa, lógicamente, negó las acusaciones. Según declaraciones del letrado de las víctimas, la transnacional frutera pudo financiar a las AUC desde 1997 hasta 2006, y lo que es más grave, este apoyo económico podría haberse extendido por más tiempo e incluso perdurar a día de hoy.
 
Shell
Nigeria ha sido el país que más ha sufrido el intervencionismo corporativo de Shell. En 1995, el pueblo Ogoni fue reprimido con violencia por el dictador Sani Abacha, con el resultado de 9 personas ejecutadas tras un juicio ilegal, entre los que destacó el escritor y activista Ken Saro Wiwa. Dicho pueblo había protestado por los impactos ambientales en el delta del Níger, protagonizados por Shell y otras empresas petroleras. Después de las presiones de organizaciones internacionales, la multinacional reconoció que había entregado armas a la policía para que protegiera las instalaciones.
 
Poco antes de los asesinatos, Naemeka Achebe (gerente de Shell en Nigeria), confesó el apoyo de la multinacional a la dictadura militar, diciendo que “Para una empresa comercial que se propone realizar inversiones, es necesario un ambiente de estabilidad... Las dictaduras ofrecen eso” [2].
Recientes investigaciones realizadas por el diario británico The Guardian -que ha tenido acceso a documentos secretos de la petrolera- muestran como la multinacional tuvo que lubricar su maquinaria de relaciones públicas y emplearse a fondo para controlar los ataques que recibió desde la prensa y las organizaciones con motivo del asesinato de Saro Wiwa.
 
Documentos confidenciales que formaban parte de un sumario en Nueva York, explican que en 1996, Shell realizó una reunión confidencial en Ascot, justo dos meses después de la muerte de Saro Wiwa. En la misma se trazó un “plan de crisis” que pretendía incansablemente lavar la imagen de la compañía tras los trágicos sucesos acaecidos en el país africano.
La estrategia de Shell se encaminó en varias direcciones. Se trató de suavizar el discurso y trasladar su versión de los hechos a los medios de comunicación, especialmente a los más hostiles para sus intereses. También se buscó confrontar a las organizaciones sociales para dividir y finalmente vencer. Y por último se realizó un trabajo de lavado y maquillaje de la imagen de la compañía, para lograr una apariencia más verde y ecológica. La avalancha mediática por la ejecución del intelectual nigeriano fue tan perjudicial para la compañía, que incluso barajó la opción de abandonar el país [3].
 
Nota del autor: El Dibromo Cloropropano (DBCP) fue un producto químico utilizado en las fincas bananeras de varios países del mundo. Sus efectos nocivos fueron conocidos incluso en las pruebas efectuadas en animales de laboratorio, pero eso no impidió que el producto se registrara y se diseminara en varios países del mundo, especialmente en los años 70.
 
Décadas después, miles de personas que supuestamente se vieron afectadas y enfermadas por este producto químico, iniciaron decenas de procesos legales contra las empresas que lo fabricaron y lo aplicaron en los campos. Las corporaciones implicadas se mantuvieron siempre distantes y ajenas al daño que pudieron hacer. También se emplearon a fondo para retrasar, hundir y socavar los diversos procesos legales. Nunca hicieron el más mínimo gesto para entender y por lo menos escuchar a los afectados.
Una de las empresas que lo fabricó fue Shell. Tiene varias causas abiertas por este caso y en Nicaragua fue condenada a pagar indemnizaciones millonarias. Ha desconocido los veredictos.
 
Dos de las empresas que lo aplicaron en sus campos fueron Chiquita y Dole. La primera ha sido demandada en Panamá. La segunda ha sido denunciada en más países, sentenciada también a pagar compensaciones en Nicaragua y hasta hace bien poco lo estaba en su propio país, Estados Unidos. Desconoció la soberanía de las cortes nicaragüenses y varias veces las señaló como corruptas. Respecto a la sentencia en contra en Estados Unidos, una sorprendente y polémica decisión judicial en una corte estatal de Los Ángeles sucedida en mayo de 2009, finiquitó los casos arguyendo que todos los procesos formaban parte de un gran fraude organizado por los bananeros y sus abogados. Testimonios e información aparecida en los medios de comunicación hacen pensar que quién realmente pudo estar detrás del fraude es la propia multinacional, que pretendía desembarazarse de varias sentencias y procesos en su contra.
 
Toda la funesta historia del DBCP fue recogida en mi libro “El parque de las hamacas”
Vicent Boix
Publicado en Belianís, 21 de diciembre de 2010.
 

NOTAS:
[1] Ver en TeleSur
[2] Galeano, E.: “El escritor ahorcado”, en La Jornada, México DF, 16 de diciembre de 1997, en http://www.jornada.unam.mx/1997/dic97/971216/galeano.html
[3] Ver en The Guardian
 

 
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Jueves, 20 Agosto 2009 20:33

Clima y proteccionismo comercial


Un tema nuevo surgió en las negociaciones de Bonn: el proteccionismo comercial en nombre del cambio climático. Medidas recientes adoptadas por países desarrollados imponen cargas o impuestos a bienes importados provenientes de países en desarrollo con el argumento de que éstos no están haciendo suficientes esfuerzos en materia climática.
Un proyecto de ley sobre clima aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos (ley Waxman-Markey), que contiene el referido mecanismo de protección comercial, originó la preocupación de los países en desarrollo, que lo perciben como una tentativa de los países ricos de evadir su obligación de asistirlos -mediante financiamiento y transferencia de tecnología- y, en cambio, les imponen multas.

El Grupo de los 77 y China dio la alarma en una declaración. Los países desarrollados están diseñando medidas que tienen efectos de distorsión del comercio -en especial para ajustar los impuestos fronterizos, aranceles por carbono y etiquetas de huella de carbono- y restringen las exportaciones de los países del Sur, obstaculizando su desarrollo.

India y China propusieron nuevos párrafos en el texto para la Conferencia de diciembre en Copenhague en cuanto a que los países desarrollados no recurrirán a medidas unilaterales contra bienes y servicios importados de los países en desarrollo con el argumento de que se trata de una protección del clima. Esas medidas unilaterales violarían los principios y disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, advirtió India, y citó cuatro cláusulas que resultarían lesionadas.

La Secretaría de la Convención también hizo circular un documento que revela en cuánto está dispuesto a reducir sus emisiones cada país desarrollado, según sus propias declaraciones públicas. Si se excluye a Estados Unidos, la reducción global sería sólo de trece a veinte por ciento para 2020, comparada con los niveles de 1990. Si se lo incluye, la cifra sería aún más baja.

Esto está muy por debajo de la reducción de emisiones que numerosos grupos de países en desarrollo reclaman a los países desarrollados y que se ubica, como mínimo, entre cuarenta y cuarenta y nueve por ciento para 2020, con respecto al nivel de 1990. También está por debajo del veinticinco al cuarenta por ciento mencionado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y del treinta por ciento al que se comprometería la Unión Europea si otros países desarrollados hicieran lo mismo.
Frente a las nuevas medidas de protección comercial, a los bajos objetivos de reducción de emisiones fijados por los países desarrollados y sin nada a la vista en materia de financiamiento y transferencia de tecnología, la situación no se presenta para nada auspiciosa.

Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.
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Miércoles, 18 Febrero 2009 17:39

¿El fin del financiamiento global?

Durante la peregrinación anual del mes pasado a Davos, los políticos caminaron unidos por un consenso: el mayor peligro que enfrenta la economía mundial es el proteccionismo. Muchos de los sermones de la montaña se enfocaron en el riesgo del mercantilismo financiero, un reflujo de capitales desde mercados extranjeros a los mercados domésticos. Gordon Brown, primer ministro británico, lanzó una prédica contra “un retorno al crédito doméstico y mercados domésticos financieros”. Pero en el mundo real las barreras al libre flujo de capitales prosperan con rapidez. ¿Será que los políticos son hipócritas, o están equivocados o temerosos? Un poco de las tres cosas.

No hay duda de que existe una disminución del crédito transfronterizo. En Gran Bretaña, la información del Banco de Inglaterra muestra que en el cuarto trimestre de 2008 los bancos locales redujeron de manera drástica sus créditos a clientes extranjeros. Los acreditados británicos padecen la retirada de prestamistas extranjeros: islandeses, irlandeses y otros, quienes representaron una parte importante del crédito durante el pico de la burbuja. El gobierno australiano creó un fondo de 2 mil 600 millones de dólares (mdd) para ayudar a los inversionistas en propiedades comerciales que no pueden renovar su deuda extranjera. En muchos mercados, los deudores corporativos están a punto de poner a prueba a sus acreedores bancarios extranjeros, ya que se disponen a refinanciar sus créditos sindicados.

Las cosas son peores en los mercados emergentes. Las proyecciones del Instituto de Finanzas Internacionales (IFI) muestran que este año los flujos netos de capital privado se reducirán a 165 mil mdd por debajo de su pico de 929 mil mdd en 2007. La mayor parte de este retroceso sucederá en los mercados de capitales, pero en la banca es aún más veloz. Este año el IFI pronostica un flujo de salida neto de fondos bancarios desde países en vías de desarrollo, conforme los deudores amortizan financiamientos superiores a los que obtienen (ver gráfica 1).


Europa central y occidental están bajo mayor tensión, pues en años recientes se indigestaron con el crédito internacional. En relación con el PIB, los activos de bancos extranjeros en la región exceden con mucho a los de los mercados asiáticos emergentes durante la crisis que devastó Asia a finales de los años 1990 (gráfica 2). En países como Rusia y Ucrania, los bancos locales que dependían de los empréstitos extranjeros para financiar su expansión fueron los primeros en padecer cuando el crédito se secó.

Los bancos con matrices en el extranjero también pasan estrecheces. “La idea de que las propiedades en el extranjero ayudarían a contener las pérdidas funcionó hasta el cuarto trimestre de 2008”, dice Simon Nellis, de Citigroup. Al menos un banco foráneo en la región ha sido exhortado a formalizar su compromiso de proporcionar liquidez en caso de que su unidad local tenga problemas. El mes pasado, bancos occidentales y organismos multilaterales como el Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) lanzaron iniciativas independientes para garantizar dinero adicional a Europa.

La incógnita es cuánto de esta retractación del financiamiento de la banca extranjera se debe a presiones políticas para concentrar el crédito en clientes domésticos. “El funcionamiento natural del sistema tiene igual efecto que el nacionalismo financiero”, dice David Mayes, de la Universidad de Auckland.

Después de todo, los balances bancarios disminuyen en todas partes. Los bancos tienen buenos motivos para concentrarse en sus mercados nacionales. Uno es la escasez de capital. Entre las pocas formas en que los bancos todavía pueden recabar dinero sin perjudicar sus perspectivas a largo plazo está la venta en el extranjero de activos no fundamentales: el Banco Real de Escocia, UBS y el Bank of America han decidido vender participaciones accionarias a bancos chinos. (Las cosas son diferentes para bancos occidentales con franquicias bien desarrolladas en mercados emergentes. Sus directivos insisten en permanecer comprometidos con sus filiales, incluso si el crecimiento es menor conforme se hacen más selectivos).

El demonio conocido

Otra razón para quedarse en casa es el creciente riesgo crediticio, más fácil de manejar en mercados nacionales, donde los prestamistas pueden aventajar de su mejor entendimiento e información. Según Julian van Kan, de BNP Paribas, los acuerdos de Basilea 2 sobre capital bancario fomentan también la reducción al elevar los gastos de capital sobre los activos de los mercados emergentes. Ciertos créditos en Europa central y occidental han sido particularmente delicados. Según el Banco de Pagos Internacionales, el crédito en divisas extranjeras, la mayor parte para vivienda, a largo plazo y sin cobertura, representa entre 40% y 55% del total en países como Hungría y Rumania.

Así, los políticos ya no pueden detener el agotamiento del crédito transfronterizo. Hay pocas señales de que quieran hacerlo. Muchos emplean lo que un banquero llama “la presión moral” de reiterados exhortos para prestar más en casa. El mes pasado George Provopoulos, gobernador del banco central de Grecia, pidió a los bancos griegos que no enviaran fondos del rescate financiero al exterior. Los bancos que no han tomado dinero de los contribuyentes pueden oponerse a esto con mayor facilidad que otros; por ejemplo, a Barclays se le ha permitido integrar su adquisición de la parte estadunidense de Lehman Brothers. Pero, en este clima, los riesgos de la expansión al extranjero van a gravitar en todas las salas de consejo.

El apoyo estatal se condiciona cada vez más, de manera explícita, a colocar créditos en el país de origen. El gobierno de Obama ha señalado que exigirá que los bancos estadunidenses beneficiarios de su próximo paquete de rescate otorguen más préstamos. Los bancos franceses que aprovechan la ayuda de gobierno han prometido aumentar sus créditos en 3-4% anual. El banco holandés ING, que anunció otra ronda de ayuda gubernamental el 26 de enero, prometió a su vez 25 mil millones de euros (32 mil mdd) para empresas y consumidores holandeses. “Hay que esperar un elemento nacionalista cuando actores privados han sido sustituidos por estatales”, dice John Hele, director de finanzas de ING.

Un olor desagradable

Es un nacionalismo económico, pero engañoso. Los gobiernos occidentales no intentan excluir a la banca extranjera de sus mercados: de hecho, el crédito extranjero sería bienvenido. Pero el objetivo es conducir a la banca a apoyar negocios y empleos en el país, no en el extranjero. Y esto tiene un tufo evidente a proteccionismo.
Las autoridades de competencia no están seguras sobre qué deben hacer. La razón por la cual los esquemas de nueva capitalización bancaria de Europa han sido aprobados por la Comisión Europea es que los bancos tienen un importante papel en la economía: el aumento del financiamiento justifica la intervención. Usar dinero de los contribuyentes para aumentar el crédito al extranjero no sería visto con buenos ojos. Por ejemplo, algunos rivales ya se quejan de que ING obtiene depósitos en sus mercados al amparo del Estado.

Tanto el mercado como los políticos podrían estar atrás del fenómeno del nacionalismo financiero a corto plazo. No sucede lo mismo con la amenaza para los flujos de capitales transfronterizos a largo plazo, es decir, los cambios que los reguladores hacen al panorama para los bancos trasnacionales, sobre todo en Europa.
Sí habrá cambios, gracias en gran parte al fracaso de los bancos de Islandia el año pasado. Su implosión, después de años de rápida expansión en el extranjero, dejó la desagradable lección de que los bancos pueden ser globales en vida, pero son nacionales a la hora de morir. Los depositantes de otros países, que eran titulares de los fondos islandeses de seguros de depósito, hallaron que el fondo de Reikiavik era demasiado pequeño para indemnizarlos cuando los bancos quebraron. Sus propios gobiernos tuvieron que intervenir. “Es difícil exagerar el daño que Islandia causó a la confianza en los reguladores”, dice Roberto Penn, de Allen & Overy, un despacho de abogados. “Concretó problemas que sólo habían existido en teoría.”

Una respuesta sería conjuntar a los reguladores de matrices extranjeras y sus filiales locales, incluso crear un supervisor único de bancos transfronterizos. Un análisis de los convenios europeos, encabezado por Jacques de Larosière, ex director administrativo del FMI, entregará sus recomendaciones iniciales a finales de este mes. El problema de regular enormes bancos globales está también en la agenda de los países del G-20. Sin embargo, muchos observadores dudan que surjan propuestas radicales, debido al tema de la soberanía. Hasta ahora, las evidencias sugieren que los reguladores se enfocan en consolidar su territorio, no en compartirlo con otros.
En Suiza, los reguladores han introducido un régimen de capital para UBS y Credit Suisse, los dos bancos más grandes del país, el cual restringe su apalancamiento total y mide su activo ponderado de riesgo. No hay nada malo en ello, pero el índice de apalancamiento excluye del cálculo del capital los préstamos domésticos que otorga la banca. Reducir el volumen de activos extranjeros que poseen los bancos suizos es razonable, pero privilegia de manera alarmante el crédito doméstico.

La Autoridad de Servicios Financieros (FSA), el regulador financiero británico, también ha emitido propuestas sobre el manejo de liquidez por los bancos (incluso sucursales de instituciones extranjeras) en su dominio. Las propuestas están diseñadas para fortalecer la autosuficiencia de los bancos si el desastre golpea a una matriz. La FSA dice que podría conceder excepciones a estas reglas, sólo si el supervisor principal de un banco toma medidas similares. Es probable que otros sigan este ejemplo.

Cierto, se necesitan nuevas reglas sobre liquidez –el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea trabaja sobre un esquema–, pero éstas amenazan con revertir dos tendencias importantes de la banca europea durante las dos décadas pasadas. La primera es el manejo centralizado de la liquidez, lo que permite que la banca transfronteriza movilice su dinero en territorios diferentes según la demanda. Las reglas de la FSA podrían prefigurar un mundo donde enormes fondos de liquidez y capital permanecerían atrapados dentro de sus fronteras como un seguro contra lo peor. Esto no sólo es ineficaz, sino que podría exacerbar los problemas si se retiene dinero en un lugar cuando se requiere con urgencia en otro.

La segunda tendencia es la cada vez mayor responsabilidad confiada por los supervisores de sucursales (reguladores “anfitriones”) a los supervisores de un banco matriz (reguladores “de origen”) para acreditar que una institución está correctamente capitalizada y opera debidamente. Al fortalecer el régimen de liquidez los supervisores anfitriones ejercen mayor control; sin embargo, esto mina los ideales del mercado único.

Los bancos que operan más allá de las fronteras se preparan ya para un futuro más difícil. Hele dice que ING estudia cada aspecto de sus operaciones para encarar un escenario fragmentado donde es más difícil movilizar dinero y cuesta más cumplir con la regulación. Una opción es usar los activos excedentes para aumentar la liquidez, documentando los préstamos en un país y trasladarlos a otro para garantizar ciertas responsabilidades.
La amenaza del mercantilismo financiero podría parecer exagerada. Los flujos internacionales de capital no están a punto de desaparecer: los mercados de bonos corporativos, por ejemplo, tuvieron un enero dinámico. Y los riesgos de globalización financiera podrían desestimarse con demasiada facilidad. Es evidente que existen razones para que los reguladores locales se preocupen si se han visto muy expuestos a la banca extranjera (como en Europa central y occidental). Pero el riesgo de que el reciente reflujo de activos bancarios genere un sistema bancario transfronterizo menos eficiente y menos flexible es real y crece cada día.

Fuente: EIU
Traducción de texto: Jorge Anaya
Publicado enInternacional
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