Miércoles, 02 Enero 2019 08:06

Previsiones económicas para 2019

Previsiones económicas para 2019

Hace mucho tiempo que no comenzaba un año como este. El gobierno de Estados Unidos es un caos. El Presidente de los Estados Unidos comienza la segunda mitad de su mandato de cuatro años después de haber perdido su mayoría en la cámara baja del Congreso ante los demócratas, en una dura derrota electoral en noviembre pasado. Comienza, además, con un jefe de gabinete en funciones, un secretario de defensa en funciones, un fiscal general en funciones, un administrador de la EPA (Agencia de Medio Ambiente) en funciones, sin secretario del Interior y sin embajador en la ONU. Su antiguo jefe de campaña, el subdirector de la campaña, el asesor de seguridad nacional y su abogado personal se han declarado culpables de delitos. Y la investigación realizada por el fiscal especial Mueller sobre las conexiones entre la campaña presidencial de Trump y la inteligencia rusa cobra nuevo vigor. Mientras tanto, una cuarta parte de los departamentos gubernamentales están cerrados por la lucha sobre el presupuesto de Trump con el Congreso.

El entorno geopolítico ha convertido también en tóxico. La administración Trump ha comenzado un conflicto con China sobre el comercio y el know-how técnico que amenaza con intensificarse cuando la 'tregua' actual sobre los aranceles comerciales -“ojo por ojo”- termine en marzo.


El año pasado por estas fechas, Trump se jactaba de que la economía de Estados Unidos estaba en auge, con máximos históricos en el mercado de valores de Estados Unidos. Entonces dije que “Lo que parece haber sucedido es que ha habido una recuperación cíclica corta desde mediados de 2016, después de una recesión global, desde el final de 2014-mediados de 2016. Si el punto más bajo de este ciclo Kitchin fue a mediados de 2016, el pico debe ser en 2018, con una caída posterior”.



Y en abril de 2018, escribí que creía que el breve boom de 2017 tras la mini-recesión de 2015-16 había terminado y que el crecimiento mundial había alcanzado su punto máximo. Y así se ha demostrado. 2018 ha terminado con el crecimiento del PIB real reduciéndose en casi todas partes.


Y a finales de 2018, los mercados de valores sufrieron la caída más importante desde la crisis financiera global de 2008. El actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, entró en pánico y convocó una reunión de los seis principales bancos de Estados Unidos la víspera de Navidad para comprobar que todo iba bien: sólo empeoró las cosas.



Como he afirmado antes, según Marx lo que impulsa los precios del mercado de valores es la diferencia entre las tasas de interés y la tasa general de ganancia. Lo que ha sostenido los precios del mercado de valores desde 2009 ha sido el muy bajo nivel de los tipos de interés a largo plazo, fijados deliberadamente por los bancos centrales, como la Reserva Federal, de todo el mundo, con tasas a corto plazo cercanas a cero y la flexibilización cuantitativa (compra de activos financieros con inyecciones de crédito). La diferencia entre los rendimientos de las inversiones en el mercado de valores y el coste de los préstamos para hacerlo ha sido grande.

Sin embargo, en 2018 los inversores de capital ficticio (acciones y bonos) percibieron que la situación está cambiando. Las tasas de interés están aumentando (impulsadas por la Reserva Federal de EE.UU.) y hay indicios de que la recuperación de la tasa de rendimiento del capital en las principales economías ha tocado techo y se está revirtiendo. El crecimiento de Estados Unidos alcanzó su punto máximo en el T2 con una tasa anual del 4% y se espera un crecimiento en el T4 más cerca del 2.5%. El más reciente indicador del crecimiento de Estados Unidos, el indicador de actividad comercial de Richmond, sugiere una fuerte caída en el crecimiento a principios de 2019 - tal vez incluso su estancamiento.



En Europa, la esperanza de una expansión sincronizada similar a la de los EE.UU. se han desvanecido, ya que las principales economías europeas, Francia y Alemania, han frenado su crecimiento, mientras que las más débiles, como Italia, han vuelto a caer en recesión. El crecimiento del PIB real del Reino Unido también está cayendo más rápido en la medida que las empresas aplican una huelga de inversión debido a la incertidumbre sobre el Brexit. La economía de la zona euro está creciendo a sólo un 1,6% en comparación con una tasa casi el doble hace un año.



Y no es sólo en las principales economías capitalistas avanzadas donde se han malinterpretado las previsiones del fin de la Larga Depresión desde 2008. También en Asia, se ha producido una desaceleración en la segunda mitad de 2018. El PIB real de Japón se ha congelado en el T3 de 2018.



La mayor economía manufacturera del mundo, China, también se ha ralentizado.



Corea también se está desacelerando.



Todas las previsiones oficiales de crecimiento (desde el FMI, la OCDE, el Banco Mundial, etc.) son de una tasa más baja en 2019 en comparación con 2018.

Una recesión se define técnicamente por la teoría económica dominante como dos contracciones trimestrales consecutivas del crecimiento del PIB real. El consenso mayoritario no espera que eso suceda en 2019. Pero, ¿se equivocan los principales expertos?; ¿sufrirán las principales economías una depresión este año que viene?


Muchos argumentan que los pronósticos, en especial las previsiones económicas, no valen ni el papel en el que se escriben. No estoy seguro de estar de acuerdo. Me gustaría hacer una distinción entre las predicciones con una base científica y las previsiones. Pero no voy a abordar ese tema ahora. En su lugar voy a hacer mi pronóstico para 2019.

¿Qué nos espera en 2019? Para empezar, ¿qué dije que eran los factores clave en 2018?. Escribí que “hay dos cosas que abren una interrogante para un crecimiento más rápido de la mayoría de las economías capitalistas en 2018 y aumentan la posibilidad de lo contrario. La primera es la rentabilidad y las ganancias” y la segundo “es la deuda ... la deuda global, la deuda del sector privado en particular (empresas y familias) que ha seguido aumentando a nuevos niveles”.

Sigue siendo cierto para 2019. La deuda global creció en 2018 y, lo más importante, el coste del servicio de la deuda también comenzó a aumentar, a medida que la Reserva Federal de Estados Unidos continuó aumentando su tasa política - con su última subida justo antes de final de año.



La tasa de la Fed establece el suelo para las tasas de interés en los EE.UU., y también es el punto de referencia para las tasas a nivel internacional, dado el papel dominante del dólar en las reservas internacionales y los flujos de capital. Y otros bancos centrales han puesto fin a sus inyecciones de dinero barato - la flexibilización cuantitativa - que ahora se ha convertido en un ajuste cuantitativo.



Por lo tanto, “las condiciones financieras” (el coste de la deuda, el estado de los mercados de valores y el valor del dólar frente a otras monedas) han comenzado a endurecerse.

Justo después de que Janet Yellen terminase su mandato como presidenta de la Reserva Federal (su mandato no fue renovado por Trump porque dijo que era “demasiado corta”), declaró que “no habría más crisis financieras en nuestra vida”, gracias a las nuevas medidas adoptadas para asegurar que los bancos no quebrarían de nuevo. Pero el mes pasado, corrigió su punto de vista. Al parecer, hay “agujeros gigantescos en el sistema financiero” que presidió y que ahora le preocupa que “pueda haber otra crisis financiera” después de todo. Esto se debe a que la regulación financiera está “sin terminar” y no está segura de que la Fed y el gobierno de EE.UU. estén haciendo algo al respecto “en la forma debida”.

En un artículo reciente, Carmen Reinhart, una historiadora ortodoxa de las crisis financieras, llamó la atención sobre el fuerte aumento de la deuda corporativa sin respaldo (no los llamados préstamos apalancados), cuya emisión ha alcanzado niveles récord en 2018. Reinhart llega a la conclusión de que “las redes de contagio financiero , de ponerse feas cosas, ya están ahí”.



El escenario, por tanto, está listo para una nueva contracción del crédito en 2019 si las ganancias dejan de crecer y el coste del servicio de la deuda corporativa acumulada sigue en aumento. Si la Reserva Federal continúa con sus alzas de la tasa política, al igual que en 1937, durante la Gran Depresión de la década de 1930, amenaza con provocar una fuerte caída, no sólo en el precio del capital ficticio, sino también en la llamada economía 'real'. Este temor hizo que Trump considerase cesar al presidente de la Fed, Jay Powell, para Año Nuevo.

El Banco de Pagos Internacionales (BPI), la agencia internacional de investigación de los bancos centrales, advirtió que lo que llama el 'ciclo económico' implica que se acerca una nueva contracción del crédito. “Los auges del ciclo financiero pueden terminar en crisis y, aunque no lo hagan, tienden a debilitar el crecimiento. Una vez que los ciclos financieros tocan techo, la economía real sufre normalmente. Esto es más evidente en las crisis financieras, que tienden a seguir a la exuberancia de crédito y al crecimiento de los precios de activos, es decir, es decir al auge del ciclo financiero. Las crisis, a su vez, tienden a marcar el comienzo de una profunda recesión, ya que los precios de los activos caen, se hacen insostenibles las altas cargas de deuda y la necesidad de equilibrar los balances arrastra negativamente el crecimiento”. Y lo más importante, ‘la ratio del servicio de la deuda es particularmente eficaz en este aspecto’.

Todos los indicadores de crédito para una recesión están ahora en color naranja, si no rojo. El más popular es la llamada curva de rendimiento invertida, es decir, cuando la tasa de interés de los bonos gubernamentales a largo plazo caen por debajo de la tasa política de la Reserva Federal. Cada vez que eso ocurre, casi siempre indica una recesión dentro de un año. ¿Por qué? Porque lo que la curva invertida nos dice es que los inversores creen que se aproxima una recesión, por lo que compran 'activos seguros' como los bonos del gobierno, mientras que la Fed cree que la economía va bien y está subiendo sus tasas - pero el mercado decidirá.

Como lo resume un analista: “Piense en una curva de rendimiento invertida como una fiebre. Cuando su cuerpo tiene fiebre, la fiebre no es la causa de la enfermedad. Sólo es la señal de que algo anda mal en su cuerpo. Usted tiene la gripe, una apendicitis, o alguna otra dolencia. La fiebre indica que está enfermo, pero no necesariamente de qué enfermedad se trata. Y por lo general, cuanto mayor es la fiebre, más grave es su situación. Lo mismo ocurre con la curva de rendimiento. Cuanto más invertida sea la curva de rendimiento y cuanto más tiempo se mantenga así, más seguros estamos de que algo va mal económicamente, que puede aparecer una recesión en algún momento en el futuro”. La curva de rendimiento de EE.UU. se ha aplanado, pero todavía no se ha invertido. Este fiable indicador todavía no se ha puesto en rojo.



Otro indicador importante de que se avecina una recesión se puede encontrar, no en los mercados de crédito, sino en la economía mundial. Es el precio del cobre y otros metales industriales. Los metales son componentes fundamentales en la producción industrial en todo el mundo y si sus precios caen, esto indica que las empresas están reduciendo la inversión en la producción y por lo tanto utilizan menos componentes metálicos.

En 2018, el precio del cobre cayó después de julio desde un máximo de 320 a 270. Pero desde entonces se ha estabilizado y se mantiene muy por encima de 200, que fue el nivel al que cayó en la mini-recesión de comienzos de 2016. Así que esto sugiere que, si bien la economía mundial alcanzó su punto máximo el verano pasado, la recesión aún no está cerca.



Otro indicador de que la economía mundial se está desacelerando desde su mini-auge en 2017 es la fuerte caída de los precios del petróleo. El precio se ha desplomado desde $ 75/b en octubre a $ 45/b en la actualidad. Lo que afectará a las ganancias de las empresas de energía y las balanzas comerciales de los países productores de petróleo.



El factor más importante para el análisis de la salud de la economía capitalista sigue siendo la rentabilidad del sector capitalista y el movimiento de las ganancias a nivel mundial. Es lo que determina si la inversión y la producción continuarán. He presentado pruebas abrumadoras de que los beneficios y las inversiones están altamente correlacionados y en ese orden - ver nuestro último libro, Un mundo en crisis.

El sector empresarial estadounidense terminó 2018 con niveles récord de beneficios/ingresos, aumentando un 20%, la tasa más alta desde 2010, cuando la economía de Estados Unidos se recuperó de la Gran Recesión. Pero este salto en las ganancias fue un hecho aislado. Ha sido impulsado por los enormes recortes y exenciones de impuestos a las empresas en la repatriación de las reservas de efectivo depositados en el extranjero por las principales compañías de Estados Unidos. Y los ingresos corporativos estadounidenses se han visto impulsados por una caída muy fuerte en los costes de inputs, en concreto, la caída del precio del petróleo en 2018.

A nivel mundial, las ganancias seguían creciendo a mediados de 2018. Pero el crecimiento de las ganancias se ha desacelerado en Alemania, China y Japón. Sólo en los EE.UU. han experimentado alguna aceleración. Y si el crecimiento de las ganancias de Estados Unidos es un hecho aislado, como he señalado anteriormente, el crecimiento de las ganancias globales es probable que caiga bruscamente en 2019.



La desaceleración del crecimiento de los beneficios y un aumento del coste de la deuda (corporativa), junto con todos los factores político-económica de una guerra comercial internacional entre China y los EE.UU., sugieren que la probabilidad de una recesión global en 2019 nunca ha sido mayor desde el final de la Gran Recesión en 2009.

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

 

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Sábado, 15 Diciembre 2018 06:33

La casa de papel en versión latinoamericana

La casa de papel en versión latinoamericana

En la pasada década, Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra y Japón han impreso el equivalente a 10 billones de dólares. Sus respectivos bancos centrales pusieron la maquinita de imprimir billetes a toda velocidad. La Reserva Federal de Estados Unidos duplicó su balance entre 2008 y 2014 y luego siguió imprimiendo aunque a un ritmo algo inferior. El Banco Central Europeo duplicó el suyo entre 2015 y 2017. El Banco de Japón comenzó a incrementar el ritmo de impresión a partir de 2013 y al día de hoy su balance tiene casi el mismo tamaño que el de su economía. En el caso del Banco de Inglaterra, su balance se multiplicó por 15 en términos de producto interno bruto.

Y con tanto dinero por el mundo, con este exceso de liquidez global, cabe hacerse esta doble pregunta desde una perspectiva latinoamericana: 1) ¿ha servido esto para mejorar la economía? 2) ¿quiénes fueron los afortunados que se quedaron con buena parte de esa cantidad ingente de billetes impresos? En este caso, en la realidad, a diferencia de lo que ocurre en la famosa serie La casa de papel, los ganadores no son los ciudadanos de la calle. Tampoco hay tiros ni rehenes, pero sí hay otro método, no basado en un robo como tal, pero sí en una estafa milimétricamente planificada.

La secuencia es la siguiente. Primero, lo dicho: se imprimen billetes a raudales que, de inmediato, son prestados en su mayoría a la gran banca a una tasa de interés ridícula, en muchas ocasiones cercana al cero por ciento, o incluso con tasa de interés real negativa. La excusa fue que había que "salvar" a la banca, considerada "demasiada grande para caer". Así que se les regaló dinero. Literalmente a coste cero.

Segundo, la banca demasiado grande para caer, ya salvada, y con el fondo lleno, tenía el gran objetivo de prestar ese dinero sobrante a economías periféricas, como las latinoamericanas, deseosas de nutrirse de nuevo capital. Este préstamo en segunda instancia ya no sería a tasa cero o a un interés muy bajo, sino que se hacía a una tasa de interés más elevada, garantizándose así un negocio redondo.

Hay un tercer paso: identificar a dónde fue a parar este dinero que aterrizó recientemente en algunas economías latinoamericanas. Llegados a este punto, lo importante antes que nada es tener un dato claro: este "nuevo dinero" no se orientó a actividades económicas productivas ni a la economía real. De cada 10 dólares nuevos, nueve terminaron en actividades financieras, especulativas y ociosas. Entonces, ¿cuál fue el destino del dinero logrado mediante estos nuevos préstamos? En muchos países, como son los casos de Colombia y México, se empleó para pagar deudas anteriores. En Argentina la situación fue otra debido a que Macri recibió un país desendeudado. Así que los dólares nuevos se colocaron en modo de libre oferta a disposición de quienes pudieran comprarlos. Y así fue: los dólares acabaron en su gran mayoría en manos de unos pocos fondos de inversión y de la misma banca que había previamente prestado los dólares; también hubo dólares para bancos locales y para otros actores económicos de grandes ligas (especialmente, lo que en Argentina se llama el "campo"), y el resto, un porcentaje ridículo, para una mayoría que no tenía pesos suficientes para comprarlos al nuevo tipo de cambio tras las devaluaciones.

Así es como llegamos al cuarto capítulo de esta serie. Ahora es cuando el mundo financiero se frota las manos. ¿Por qué? Porque aún restan muchos más dólares que prestar. Diez billones de dólares son muchos dólares y no se gastaron todos en la primera fase. Con todo lo que queda por colocar, ahora es el turno del FMI, quien llega con los bolsillos llenos de dinero impreso por las maquinitas de sus bancos centrales con una única misión: prestar de nuevo para que el país cancele su deuda, es decir, devuelva lo que pidió anteriormente prestado. Y así la deuda externa se va constituyendo en deuda eterna.

Dado el dominio actual del capitalismo neoliberal, se impide que el dinero nuevo, el que se logra por préstamo, sea usado para la economía real. Esto provoca que las economías latinoamericanas, que se insertan en el mundo por los canales regulares, acaben sumamente endeudadas, con una economía real cada vez más raquítica e ineficiente. El gran boom global de impresión monetaria es un factor condicionante del creciente endeudamiento externo latinoamericano, que determina hacia delante un modelo de desarrollo dependiente, financiarizado e improductivo y, en consecuencia, con una demanda interna cada vez más débil.

La casa de papel en versión latinoamericana tiene un final diametralmente opuesto a lo que ocurre en la serie. En la ficción, el dinero se lo queda un grupo de gente anónima, pero en la realidad el botín impreso va a parar a la cuenta de resultados de unos cuantos bancos a costa de las economías de la región. Veremos qué pasa en la próxima temporada.

Por Alfredo Serrano Mancilla, doctor en economía y director del Celag

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El FMI advierte del freno de la economía mundial por la guerra comercial entre EEUU y China

Los problemas también se han traslado a los países emergentes, que hasta hace poco han mantenido el impulso de la economía global mientras los avanzados cicatrizaban sus heridas tras la profunda crisis de 2008.


La economía global crecerá menos de lo previsto, 3,7% en 2018 y 2019, ante la constatación de que la escalada de las tensiones comerciales desatada por el presidente estadounidense Donald Trump y respondida por China no tiene visos de detenerse, advirtió este martes el Fondo Monetario Internacional.


"La agenda comercial refleja cuestiones políticas, y la política permanece sin resolución en varios países, lo que aumenta los riesgos aún más", dijo Maurice Obstfeld, economista jefe del FMI, en rueda de prensa al presentar el informe "Perspectivas Económicas Globales" en Bali (Indonesia).


Obstfeld destacó que "el impacto de las políticas comerciales y la incertidumbre se están volviendo más evidentes a nivel macroeconómico".


"Dos grandes acuerdos comerciales regionales están en el aire. Tratado de Comercio de América del Norte (donde un nuevo acuerdo trilateral espera aprobación legislativa) y la Unión Europea (con esta última negociando los términos del Brexit). Los aranceles de EEUU a China pueden alterar las cadenas de suministro, especialmente si hay represalias", agregó.


Hasta la fecha, el Gobierno de Trump ha gravado importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares, y ha advertido de su disposición a agregar aranceles a los 267.000 millones restantes de la balanza comercial con Pekín.
Estados Unidos, la primera economía global, crecerá en 2018 un 2,9%, en línea con lo esperado, pero en 2019 su expansión será del 2,5%, dos décimas menos de lo anticipado en julio. Para el gigante asiático, asimismo, el crecimiento de 2018 se mantendrá en el 6,6%, pero se desacelerará hasta el 6,2% en 2019, dos décimas menos que lo contemplado tres meses atrás.


Pero los problemas también se han traslado a los emergentes, que hasta hace poco han mantenido el impulso de la economía global mientras los avanzados cicatrizaban sus heridas tras la profunda crisis de 2008. "Las revisiones negativas para los mercados emergentes y en desarrollo son más severas (...) Vemos señales de menor inversión y manufactura, que se suma un más débil crecimiento en el comercio", subrayó Obstfeld.


En concreto, el economista jefe del Fondo citó los casos de Argentina, que encadenará dos años de recesión tras la abrupta depreciación del peso que llevó a Buenos Aires a solicitar un paquete de rescate al organismo internacional, o Turquía, cuyas previsiones han pasado de un 3,5% en 2017 a apenas un 0,4% este año.


El Fondo ha alertado, a su vez, de los riesgos del elevado endeudamiento -la deuda global se encuentra en los 182.000 billones de dólares, un 60% más que al comienzo de la crisis financiera de 2007-, que oscurece el horizonte en un momento de previsible encarecimiento de la financiación tras años de masivos estímulos monetarios.


La Reserva Federal ha elevado los tipos de interés en tres ocasiones en lo que va de año, hasta el rango actual de entre el 2% y 2,25%, unas cifras no vistas desde hace una década. Y se prevé que suba una vez más el precio del dinero en su reunión de final de año en diciembre, lo que añadirá presión sobre los países con elevados déficit y abultada deuda en dólares.


Obstfeld fue especialmente directo en este sentido: "Los gobiernos tienen menos munición fiscal y monetaria que la que tenían cuando la crisis financiera global estalló hace 10 años".


La reunión de Bali, que se prolongará hasta el 14 de octubre, se produce más de dos décadas después de la crisis financiera del sudeste asiático en el que se vivieron multimillonarias salidas de flujos de capital y varios países tuvieron que recurrir al apoyo del FMI.
El viernes está prevista la asistencia a la asamblea del presidente indonesio, Joko Widodo, en un momento especialmente difícil para el país tras el seísmo de magnitud 7,5 y el posterior tsunami que golpearon la isla de Célebes el 28 de septiembre causando casi de 2.000 muertos y 5.000 desaparecidos.

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Miércoles, 26 Septiembre 2018 09:31

La caída de Lehman Brothers y el pánico financiero

La caída de Lehman Brothers y el pánico financiero

El modelo capitalista sufre una crisis profunda desde el 2007-2008, cuando el pánico financiero se espació por todo el mundo. Una década después, el modelo no logra reponerse y al parecer se avecina una nueva crisis aún más profunda.



“En un sistema de producción en el cual todo el complejo edificio del proceso de reproducción social se basa en el crédito, si este se interrumpe de forma repentina y sólo tienen curso los pagos en efectivo, es evidente que debe producirse una crisis, una corrida en procura de medios pagos. En consecuencia, a primera vista, toda la crisis se presenta como una simple crisis de crédito y dinero”.
Carlos Marx.

 

La experiencia del pánico financiero es propia del capitalismo. En el siglo XIX se vivieron varias situaciones de ese tipo y Marx en el tercer tomo de El Capital se ocupó de dilucidar la lógica intrínseca de ese acontecimiento histórico que ninguna sociedad humana había vivido. Ese hecho es fundamental para captar la especificidad del modo de producción capitalista, y también para reconocer sus limitacionesm así como para poder pensar y obrar más allá de ese modo de producción.

 

Hoy existe un consenso entre los economistas sobre la pauta que caracteriza la crisis financiera: se detiene la economía porque ningún banco presta y el dinero se esfuma. Al así ocurrir se espera que el Estado salga a rescatar los bancos para poder garantizar de nuevo el funcionamiento del crédito y la inversión.

 

Ejemplo de una crisis financiera

 

La caída del banco Lehman Brothers, acaecida el 15 de septiembre de 2008, fue uno de los puntos culminantes de la crisis financiera que desencadenó el desinfle de la burbuja inmobiliaria en el año 2007. Richard Fuld, el presidente ejecutivo de ese banco, un año después de la desaparición súbita de esa institución centenaria, declaraba en una comparecencia en la Cámara de Representantes que no entendía porque las máximas autoridades de las finanzas norteamericanas (la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro) no habían salvado el banco, y dijo que esa certeza íntima lo acompañaría: “[…] hasta el día en que me entierren”.

 

Las vicisitudes del proceso que culminó con la desaparición del banco se pueden seguir en el libro del secretario del Tesoro Henry M Paulson Jr. El título es un acierto: “On The Brink” (*). Efectivamente, la experiencia vivida por esos actores de la crisis fue la de estar frente el abismo. El libro escrito al modo de un diario, cuenta la angustia padecida ante la posibilidad de la desaparición de la red de instituciones financieras globales que mantienen el capitalismo en esta fase de su existencia. Y la caída de Lehman fue el detonante que los puso frente a esa posibilidad. Hoy, una década después, la élite dirigente del capitalismo global no ha podido superar los efectos de ese dramático acontecimiento y lo que se vislumbra en el horizonte inmediato es la posibilidad de otra crisis.

 

¿Se acerca una crisis de tipo política global?

 

Lo interesante del proceso en desarrollo es que el catalizador de esta nueva crisis es de tipo político. El presidente de los Estados Unidos para el periodo 2016-2020 Donald Trump, durante lo que lleva de su ejercicio ha quebrantado los consensos mínimos que las élites globales venían tratando de consolidar, después del pánico del 2007 y 2008. Este personaje logra la Presidencia de los Estados Unidos aprovechando el resentimiento y la impotencia de los norteamericanos afectados por esa crisis, pero también porque al final quienes se beneficiaron de los esfuerzos de la sociedad para superar la crisis fueron los mismos que la desencadenaron.

Trump centró su discurso de campaña en la crítica a Wall Street y a los políticos de Washington. Esa crítica fue perfectamente asimilada por la mayoría del electorado norteamericano. Lo que no se asimiló fue la autenticidad del personaje que levantaba la crítica. Ahora la sociedad norteamericana tiene al frente del Estado a alguien que recuerda a Luis Napoleón Bonaparte, el personaje que surgió de la crisis capitalista de 1848 y a Hitler, el personaje que surgió de la crisis de la década del 30 del siglo XX y que condujo a la humanidad a la carnicería de la Segunda Guerra Mundial.

 

Ahora (agosto de 2018), la élite norteamericana desesperada con el personaje trata de llevarlo a juicio. Ante esa posibilidad, Trump advirtió que su destitución podría ser el detonante de la nueva crisis. En una entrevista con Fox New dijo: “Si se me sometiera a un proceso de destitución, los mercados financieros se hundirían”.

 

Estamos, por tanto, frente a una coyuntura político-económica sin antecedentes en el capitalismo contemporáneo. La solución que se encuentre para salir de la crisis que se avecina podría ser el comienzo de la construcción de un modo de producción más allá del capitalismo o, de nuevo, una solución que prolongue el funcionamiento del agónico modo de producción capitalista.

 

* Paulsons H. On the Brink. Business Plus, NeW York, 2010.

 

Publicado enEdición Nº250
Un corredor de bolsa se sienta en el edificio de la Bolsa de Nueva York (NYSE, según sus siglas en inglés), el 15 de septiembre de 2008, el día de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. EFE/ Peter Foley

La "exuberancia irracional" del capitalismo no tiene límites. Diez años después del estallido de la crisis financiera, el peligro a una nueva réplica sigue latente. Con el agravante de que la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado hasta límites insostenibles y la clase media brilla, aún, por su ausencia.

 

La primera lectura que se puede extraer diez años después del 15-S de 2008 (cuando en EEUU, la mayor potencia capitalista, decidió nacionalizar el banco de inversión Lehman Brothers y, casi al unísono, las autoridades monetarias de Rusia, cuna y estandarte del comunismo, interrumpía las negociaciones de la Bolsa de Moscú ante la caída libre de los valores de sus cotizadas) es que la mayor convulsión que ha sacudido los mercados en la era moderna se podría volver a repetir. Es decir, que el armazón forjado para resguardarse de futuros tsunamis de extraordinaria magnitud como el de hace un decenio, presenta puntos débiles de calibre. Y no pocas contradicciones sin resolver. Como las proclamas que exigían una tregua al capitalismo, un paréntesis, para tratar de explicar por qué la Casa Blanca estatalizaba su banca y el Kremlin se apresuraba a salvar su mercado de capitales.

El nudo gordiano es que esta catarsis podría surgir de nuevo. Y de forma inminente. A juzgar por las voces inversoras que, desde Wall Street, vislumbran un clima bursátil que recuerda los meses que precedieron al estallido de la crisis. Con sobresaltos inversores por la excesiva volatilidad de los mercados globales. Entonces, el epicentro tuvo un foco indiscutible: los insostenibles avales de liquidez de Fannie Mae y Freddie Mac, las inmobiliarias de EEUU que se hundieron con sus tristemente famosas hipotecas subprime y se llevaron por delante a bancos de inversión como el mencionado Lehman Brothers o Bear Stearns, por su alta exposición crediticia en el mercado de la vivienda americano.

Las subprime se inyectaron a mansalva y endeudaron a familias (en especial, a las de escasos recursos), engatusadas por la permisividad prestamista de contratos que contenían cláusulas abusivas por doquier y que ejercieron su virulencia con el estallido de la turbulencia, cuando los empleos desaparecieron y la disponibilidad monetaria de los hogares se tornó en alarmantes números rojos.

La fulminante caída de Fannie Mae y Freddie Mac contagió, en semanas, a bancos de inversión como Lehman Brothers, icono de la opulencia artificial de los años de bonanza desenfrenada, y comerciales como el alemán Sachsen, o el Northern Rock británico. Y, sin razón de continuidad, desencadenaron, con una urgencia y una virulencia inusitadas, una oleada de rescates bancarios y programas de estímulo económico por todas las potencias industrializadas. No por casualidad, el tsunami había sumergido, por vez primera en su historia, al conjunto de las economías del G-7 en una profunda recesión.

 

 


La sede del banco Lehman Brothers, en Nueva York, en una imagen de junio de 2008.. EFE/ Justin Lane


Diez años después, la "exuberancia irracional" de los mercados (como diría el que fuera presidente de la Reserva Federal de EEUU, Alan Greenspan) no ha llegado a los históricos récords bursátiles de 2008. Ni mucho menos. Más bien al contrario, el ciclo de negocio surgido de la crisis ha dado muestra de fragilidad, pese al elevado dopaje proporcionado por las arcas públicas (sobre todo, las de las naciones de rentas altas, las más afectadas por este fenómeno) para costear las multibillonarias recapitalizaciones de las entidades financieras (en especial, las sistémicas, con dimensión global y, por tanto, con una capacidad de contagio sobre la totalidad de la arquitectura bursátil internacional) y afrontar la astronómica deuda absorbida desde el ámbito privado.

Pero el fanatismo inversor por adquirir pingües beneficios, lo que lleva implícito un factor de riesgo extraordinario, permanece igual de inalterable. A pesar de que la primera de las facturas que tuvieron que atender desde los Tesoros del primer mundo, la que se usó para sanear activos tóxicos disimulados en los libros contables de los bancos (productos de alto riesgo como swaps, derivados o estructurados) se valoró en un primer instante, desde el FMI, en más de 2,5 billones de dólares, equivalente al PIB británico, y años más tarde, en más del doble, como el tamaño de la economía japonesa. O de que todavía no se haya desinflado el montante total de la deuda global, que sigue en hinchando los globos en todas las latitudes del espectro industrializado.

Mientras, en el orden financiero, restablecido contrarreloj en medio de urgentes peticiones de tregua en el modus operandi del capitalismo, retorna a la laxitud. Regulatoria y supervisora. Para más inri, la Administración Trump empuja al mundo hacia otra dimensión, tan incierta en lo geopolítico como peligrosa en lo económico.

Vista del patio de negociación de la Bolsa de Nueva York, (NYSE, según sus siglas en inglés), en Wall Street, el 15 de septiembre de 2015, el día de la quibra de Lehman Brothers. AFP/Nicholas Roberts


¿Cómo se puede apreciar, entonces, esta huida hacia adelante? El propio análisis del mercado se afana en buscar las respuestas. Estas son cinco de las encrucijadas a las que se enfrentará el capitalismo en el futuro inmediato. Poco halagüeñas. En gran medida, por su resistencia al orden y a las transformaciones estructurales.

 

1.- Lecturas que siguen sin entenderse 10 años después


En realidad, la primera interpretación correcta es la vinculación de los ataques terroristas del 11-S, de 2001, y la quiebra de Lehman Brother’s, el 15-S de 2008.

El día en que, por primera vez en su historia, EEUU sufrió un ataque masivo en su territorio nacional, se acabó abruptamente la denominada siesta geo-estratégica. La Pax Global que se inició el 9 del 11 (de 1989) con la Caída del Muro de Berlín que puso colofón a la Guerra Fría y que concedió al mundo más de un decenio de entente cordiale. Si el 11-S convulsionó el planeta y dirigió a las potencias occidentales a guerras abiertas en Afganistán (con el plácet inmediato de la OTAN y sin cortapisas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o Irak, con falacias sobre la existencia de armas nucleares y demasiado fervor nacionalista e ínfulas de poder por parte del llamado Eje de las Azores), y al límite de un choque de civilizaciones, el estallido de la crisis corroboró la fragilidad del modelo capitalista en el que se asientan sus patrones de crecimiento y prosperidad. Dos hitos con un mismo daño colateral: una crisis de identidad en el primer mundo sin precedentes.

 

Humo y llamas en una de las Torres Gemelas de Nueva York, tras el ataque terrorista del 11-S de 2001. AFP/Henry Ray Abrams



El colapso de Lehman Brothers aireó una alarmante falta de liquidez. Activos tóxicos sin control se apropiaron de las carteras de inversión y de las finanzas de los bancos dejando sin ahorros ni patrimonios ni acceso a dinero efectivo a familias y empresas. Especialmente a los del primer mundo. La fiesta se acabó, tituló entonces la prestigiosa revista The Economist. Término que utilizó también al analizar el final del mal llamado milagro económico en latitudes como España. El caos fue total. Las acciones se desplomaron por todos los parqués, el mercado inmobiliario de EEUU se hundió, igual que la economía real, a la que dejaron de fluir, sólo en la primera potencia global, más de 2 billones de dólares por restricciones urgentes del crédito.

Los fenómenos se precipitaron. Austeridad económica, el mayor salto en la desigualdad entre ricos y pobres de la historia reciente, desaparición de gran parte de la clase media, inseguridad y precariedad laboral, quiebra de los sistemas financieros y asunción de unos niveles de deuda soberana sin parangón; debido, en una alta proporción, a la nacionalización de las elevadas tasas de endeudamiento privado, de hogares y empresas, a los Tesoros estatales, que asumieron así una losa adicional sobre sus cuentas públicas.

Y, algunos años más tarde, aunque la semilla se propagara entonces, la irrupción del nacional-populismo. Las naciones de rentas altas pueden dar fe de varios vestigios de estos movimientos ideológicos, xenófobos y excluyentes, que rayan (o se jactan, según sus variantes) el nazismo.

Las repercusiones del tsunami financiero aún se aprecian en la actualidad. En EEUU, por ejemplo, una porción de la economía, valorada en 1,4 billones de dólares, el equivalente al PIB español, se ha perdido irremediablemente. Es decir, nunca volverá a formar parte del modelo productivo del país. Su desaparición ha supuesto, cómo no, un castigo a las clases más desfavorecidas.

 

Los operadores de la Bolsa de Chicago (Illinois, EEUU), el 15 de septiembre de 2008, el día de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. EFE/ Kamil Krzaczynski



En un momento en el que su presidente, surgido del populismo más exacerbado, maneja el poder con una diplomacia sin rumbo, a golpe de órdenes ejecutivas, desmantelando los progresos de la era Obama (MediCare o regulación bancaria) y poniendo en cuestión el compromiso de EEUU con el libre comercio y la estabilidad económica. Su doble rebaja tributaria, sobre las rentas y los beneficios empresariales, y su despilfarro presupuestario en el terreno militar tienen en vilo al resto del planeta, al establishment del país y a los mercados. Donald Trump representa, mejor que cualquier otro dirigente, la época triunfal de esta nacional-populismo.

 

2.- Qué ha cambiado (y qué no)


Susan Lund, de la consultora McKinsey, explora en cinco puntos determinantes dónde se ha avanzado y en qué se ha retrocedido:

a) La deuda sigue creciendo. A pesar de que los bancos centrales y las autoridades políticas y regulatorias tomaron medidas extraordinarias y fulminantes para devolver a la banca a sus actuales índices de capitalización, por encima de la cota que alcanzaron en meses previos al estallido de la crisis y de que, en conjunto, los virajes económicos, financieros y monetarios hayan dejado menos dinero en circulación en el sistema, los riesgos siguen en el desfiladero. La deuda global combinada de gobiernos, empresas, hogares y bancos ha crecido en más de 72 billones de dólares desde finales de 2007. Sin visos de que pare.

China acapara más de la tercera parte de este incremento. Ha multiplicado por más de cinco veces su deuda, hasta totalizar 29,6 billones a mediados de 2017. En relación a su PIB, ha pasado de significar el 145% al 256 en ese periodo. EEUU también ha catapultado su deuda más allá de la barrera del 100% de su PIB. En cotas desconocidas en tiempos de paz. Es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En general, los gobiernos superan los 60 billones de deuda desde 2008. Con Japón, Grecia, Italia, Portugal, Bélgica, Francia, España y Reino Unido por encima de ese umbral. En los mercados emergentes, la cota es más moderada. Del 46% del PIB, frente al 105% de las economías avanzadas. Pero la mayoría de sus compromisos están denominados en moneda extranjera, con coyunturas monetarias que debilitan sus divisas y ponen en riesgo casi insostenible sus calendarios de vencimientos.

Por si fuera poco, la deuda no financiera de las empresas se mantiene disparada. Se ha duplicado con creces en este decenio. Hasta 66 billones de dólares. Pese a los rescates bancarios y a los programas de estímulos a sectores. Sólo las firmas chinas han elevados sus ratios en 15 billones de dólares. Desarticular la bomba de la deuda es, pues, uno de los retos más acuciantes. De difícil solución.

 

Operadores del mercado de divisas, en Tokio. REUTERS/Kim Kyung-Hoon


b) Las familias, menos endeudadas, pero lejos de la calma financiera. La dura recesión, la pérdida de empleos y la contracción del crédito dejó a los hogares en situación precaria. Entre otras razones, porque en los años de bonanza, de 2000 a 2007, el alza de hipotecas fue más que notable. La deuda de las familias en EEUU aumentó por este concepto 28 puntos porcentuales. En Reino Unido, más del 30%, hasta significar el 93% del PIB. La deuda privada en España triplicaba holgadamente el tamaño de su economía. El impago de hipotecas llegó a rebasar el 11% del total de préstamos por vivienda en EEUU.

La buena noticia en este punto es que este decenio las fórmulas de refinanciación, la dación en pago, en según qué países, y la reestructuración de los bancos -rescatados o no- que incluye una valoración más precisa de los riesgos y una merma de las firmas de contratos hipotecarios, ha saneado las cuentas de las familias. En EEUU, el recorte de la deuda de los hogares ha sido del 19%, aunque también ha disminuido la porción de propietarios de inmuebles, muchos de los cuales han pasado a integrar el patrimonio de bancos o fondos buitres. En España, ha sido del 21% desde el máximo, en 2009. Pese a ello, una nueva burbuja se cierne sobre ciertas naciones. La deuda ha subido en Australia, Canadá, Suiza o Corea del Sur. Aunque también ha subido por otros motivos. En EEUU, la cobertura sanitaria se ha encarecido en 400 dólares de media para el 40% de los adultos y los préstamos estudiantiles llegan a los 1,4 billones de dólares, más que la deuda contraída con tarjetas de crédito.

c) Bancos más seguros, aunque menos rentables. El cambio regulatorio elevó la ratio de capital desde una cota algo inferior al 4% en los bancos europeos y estadounidenses en 2007 a más del 15% en 2017. En esencia, las nuevas normas exigían colchones holgados de capital y una cantidad mínima de activos líquidos. La presión regulatoria fue más dura en los primeros episodios de la crisis en EEUU; pero, con posterioridad, las exigencias se han tornado más rígidas entre los bancos europeos. De 2012 a 2017, la industria global declaró un alza de ingresos del 2,4%, frente a los repuntes del 12,3% de los meses antes de la quiebra de Lehman Brothers. La banca se queja de que su reducción de ingresos, tras años de reconversiones de plantillas y recortes de gastos, les está perjudicando su tránsito hacia la digitalización. En general, han reducido su negocio internacional.


Pero este clima regulatorio puede tocar a su fin. Trump quiere restablecer la doctrina neoliberal y prepara el derribo de la Ley Dodd-Frank, creada por Obama en 2010 con el fin de añadir supervisión y vigilancia al sistema bancario y mayor rigor normativo a una industria infectada de activos tóxicos. Las economías anglosajonas ya han mostrado su disposición a seguir la estela americana para no perder competitividad, arguyen.

d) La arquitectura financiera internacional se encuentra menos interconectada. Luego, resulta menos vulnerable al contagio. Globalmente, los bancos han vendido activos por un valor superior a los 2 billones de dólares desde 2008. Algo que deja una evidencia más que palpable: los flujos de capital transfronterizos se han reducido un 53% desde la crisis y los intercambios de inversión extranjera directa han pasado de los 3,2 billones de dólares de 2007 a los 1,6 billones de 2017.

Sin embargo, queda por saber cómo reaccionarán los bancos ante otro nuevo episodio de calado. Porque algo huele en el mercado a los meses previos a la crisis de 2008. La volatilidad reciente por el encarecimiento del crédito y del acceso a liquidez, debido al abandono de las políticas monetarias laxas en EEUU y Reino Unido, especialmente, son buenas muestras de ello.

e) Nuevos riesgos sistémicos. Los niveles de endeudamiento corporativo y la fragilidad de las divisas emergentes. El 40% de la deuda empresarial ajena a EEUU tiene nota BBB entre las principales agencias de rating, un escalón por encima del bono basura, en el que podrían caer cuatro de cada diez de ellas si la Reserva Federal sube dos puntos básicos más el precio del dinero. En total, las necesidades de refinanciación de deuda empresarial pasarán, en los próximos cinco años, de suponer 1,6 billones de dólares a 2,1 billones. Los riesgos inmobiliarios también aparecen en escena. Con mercados en ebullición en San Francisco, Shanghai o Sidney. Por si fuera poco, el aterrizaje, que aún puede calificarse de controlado y suave, del PIB chino suma tensiones. Al igual que una debacle de las criptomonedas. O tensiones geoestratégicas. El retorno al proteccionismo comercial. El incierto panorama de los movimientos nacionalistas. O la proliferación de los algoritmos, que ya han propiciado la pérdida de interés informativo por parte de los inversores sobre los valores a los que dirigir sus carteras de capital.

 

3.- La desigualdad social aumenta


El arsenal monetario de billones de dólares puesto en el mercado por los grandes bancos centrales para sostener el efecto dominó de quiebras de bancos evitó un credit-crunch mundial. A duras penas. Y con un elevado coste económico. Diez años después, la capacidad económica y el ritmo del comercio están todavía por debajo de sus registros de 2007.

Igual que el MSCI (antes denominado Morgan Stanley Capital Internacional) indicador que mide la evolución ponderada de los fondos de inversión por todo el mundo, permanece un 22% por debajo de su nivel de hace diez años. Aunque está marcando un ritmo alcista desconocido desde 2003. Alerta roja en los mercados. Porque el fantasma de una próxima crisis acecha ante la débil manifestación del ciclo de negocios.

La inflación brilla aún por su ausencia. Es decir, que las subidas de precios permanecen lejos de los límites que los bancos centrales emplean para encarecer los tipos de interés y que la Reserva Federal de EEUU, por ejemplo, se ha saltado a la torera al iniciar un rally alcista sin vestigios claros de presiones inflacionistas. En gran medida, la plana evolución de los precios se han debido al lento aumento de los salarios, la tecla que más y primero tocaron los responsables económicos, una vez más, para afrontar la emergencia global, y que sigue debilitando la demanda interna y retrasando las decisiones de compra de viviendas o adquisición de bienes duraderos.

La OCDE, el club de los ricos, admite que el 10% más pobre que habita en su órbita de influencia -las economías con mayores rentas per cápita y condición de economías de mercado- no serán capaces de recuperarse de la crisis ante la persistente caída de sus retribuciones. La brecha entre ciudadanos con alto poder adquisitivo y los que sobreviven bajo el umbral de la pobreza no sólo se ha ensanchado alarmantemente. Es, para la mayoría de economistas y académicos que han investigado los efectos colaterales de la crisis, la píldora más difícil de digerir para la sociedad global. Los datos son elocuentes. La ONG Oxfam afirma que el 82% de la riqueza que se generó en 2017 la atesoró el 1% de la población más pudiente. Mientras que la mitad demográfica con menores recursos vieron, un año más, reducida su fuente de ingresos. Oxfam enfatiza desde el inicio de la crisis y la instauración de la austeridad que el sistema de la economía global falla sistemáticamente. Tiene demasiadas fallas tectónicas. Entre otras, fugas impositivas, influencias insostenibles de las empresas en la toma de decisiones políticas (los lobbies del sector privado y la industria financiera, mencionan), erosión de los derechos de los trabajadores y recortes de gastos sociales masivos y generalizados. Todo ello está detrás de esta lacra universal.

Un 'sintecho' cena en un albergue en la ciudad francesa de Niza. REUTERS/Eric Gaillard



Oxfam también lo interpreta desde otro punto de vista. El patrimonio combinado de los 85 más ricos del mundo es similar al que disponen el 50% con menores recursos del planeta. Es decir, que las 85 personas con mayor riqueza manejan una cantidad semejante a la que poseen 3,5 millones de habitantes. Los menos favorecidos.

El llamado coeficiente Gini es el método que determina el grado de desigualdad de rentas. Este indicador considera el nivel cero como el estado de equidad absoluta -el ideal de distribución de los recursos- mientras que el uno equivale a que una persona absorba toda la riqueza mundial. Con este barómetro, la OCDE elabora el top-ten de sus socios que más han deteriorado sus ratios de igualdad. Japón (0,336 de índice Gini) en 2018. País que se llama a sí mismo de la clase media ha visto como en el último decenio su emblemático estrato social ha reducido en dos veces su tasa de ingresos medios. Con 3,3 millones de japoneses buscando sólo empleos temporales. La tercera potencia mundial es la décima en desigualdad de la OCDE. Todavía los hay peores. Por orden decreciente, hasta el primero de esta lista negra, el que más ha empeorado su brecha, así queda el ranking.

Grecia (0,337): Su economía, sometida a evasiones tributarias a raudales y manejada con falsas estadísticas, protagonizó la mayor crisis de deuda en Europa. Necesitó varios rescates. Ahora es el país, sólo superado por México, cuya población trabaja menos números de horas al año.

España (0,338): También tuvo que acudir a un rescate -nunca reconocido por su Gobierno de la época- financiero para sanear su sistema bancario. Los salarios se congelaron e, incluso, bajaron todavía en 2014 mientras subían las tarifas eléctricas, de agua o de transporte, entre otras. Con la segunda tasa de desempleo más elevada de la UE, a pesar de la salida de casi dos millones de jóvenes con talento e inmigrantes, sus índices de precariedad laboral son alarmantes. Más del 90% de los nuevos contratos de trabajo siguen siendo eventuales.

Reino Unido (0,341): El coeficiente más alto de los últimos 30 años. Los británicos más ricos son los que controlan el 31% de la renta del país; el 10% más pobre apenas gestiona el 1% de esos ingresos.

Portugal (0,344): Pese a sus progresos. El país, también rescatado, ha recuperado los niveles de empleo y producción económica previos a la crisis. Saltándose la austeridad exigida en Bruselas, lo que le ha conducido, además, a casi igualar la renta per cápita de 2007. Su gran escollo es la pobreza estructural. Histórica y cíclica.

Los cinco con mayor desigualdad son Israel (0,376), con la mitad de las familias musulmanas en declaración de pobreza; EEUU (0,38), cuyo 1% más rico absorbió, entre 2009 y 2012, el 95% de las ganancias de la recuperación económica; Turquía (0,411), junto a Grecia, los países que más han abierto su brecha social, debido a un injusto código fiscal que sitúa la dos terceras partes de la presión impositiva sobre los impuestos indirectos, lo que pagan indistintamente, a gravamen similar, ricos y pobres. México (0,466), con la legislación laboral más dura para los trabajadores de todo el mundo, lo que se traduce en muchas horas de trabajo a cambio de salarios ridículos, y Chile (0,501), al que pasa factura el neoliberalismo de la era de Pinochet con grandes porciones de ingresos que sus ciudadanos deben destinar al pago de créditos estudiantiles o a sus fondos de pensiones privados.

Un caso clínico es el de EEUU. Más de la mitad de la clase media no está en disposición de asumir un gasto extraordinario leve, de 400 dólares al mes, sin acudir a solicitar un préstamos personal.

 

4.- La globalización, en riesgo de quiebra técnica


El FMI ha contabilizado 124 crisis bancarias de mayor o menor dimensión desde 1970 hasta 2007. Aunque cada vez, de mayor envergadura. En sintonía con los avances globalizadores de los mercados. Quizás uno de los mejores ensayos de esta doble quiebra, de los mercados y la globalización, que ha dado lugar a un nuevo orden geoestratégico y económico internacional, sea el de Ian Bremmer, politólogo estadounidense y experto en política exterior americana. Titulado Nosotros contra ellos (los políticos): El fallo de la globalización, no se cansa de pregonar que la errática diplomacia de la Administración Trump es una amenaza para el orden global, especialmente por los ataques a sus aliados tradicionales. Aunque, a renglón seguido, dice que la globalización, germen del populismo de derechas, es la responsable de la ruptura brusca de la aspiración clásica de las clases medias por desarrollar su trayectoria profesional e instalarse con esfuerzo y trabajo en la prosperidad. Esos estándares -resalta Bremmer- han saltado por los aires.

Por eso la derecha recalcitrante y retrógrada que posibilitó la victoria del Brexit en Reino Unido, el triunfo de Trump en EEUU o la oleada de nacional-socialismo por el Este y el Centro de Europa -también en Italia- está de enhorabuena. Porque han sabido trasladar a la opinión pública el descontento que han generado, básicamente, las elites políticas, económicas y empresariales. Al igual que líderes culturales y sociales. Incapaces de gobernar la globalización. De armar otro contrato social. Más bien al contrario, han generado el abono que han utilizado Steve Bannon y otros acólitos de las fake news.

La exaltación del patriotismo ha llegado a las tres grandes potencias. El America, first, la Madre Rusia o la Revolución Cultural del Gran Timonel chino del Siglo XXI. Son los detonantes del Nuevo Orden Global. Más gasto militar, con escalada atómica, y cambios económicos de calado con el beneplácito de sus sociedades civiles, dominadas por la censura o la post-verdad de las redes sociales y los medios de comunicación.

Bruce Kasman, economista jefe de JP Morgan, traslada este panorama al ámbito económico. La guerra comercial iniciada por este año Trump contra Europa, China y sus socios norteamericanos del Nafta y, más recientemente, a Turquía, a base de órdenes ejecutivas, “induce a preguntarse si no estamos ante el comienzo de la desglobalización”. Porque las subidas arancelarias que se están sucediendo -y que en el caso de la batalla abierta contra China ha traído consigo la idea de Trump de ampliar el encarecimiento de tarifas a bienes que importa del gigante asiático por un valor superior a los 200.000 millones de dólares, además de 360.000 millones adicionales si se contabiliza su intención de obstruir la adquisición de automóviles foráneos-, sus embestidas contra la OMC, a la que dice querer liquidar, y los intentos estadounidense, estos ya reales, de bloquear la renovación de nombramientos de los futuros jueces de la Corte de Apelaciones de esta institución, auguran, al menos, una globalización distinta. “Puede que sea prematuro hablar de una era de la des-globalización pero, desde luego, no resulta descabellado”, aclara Kasman. “La invocación de la Casa Blanca a la defensa de la seguridad nacional para justificar la subida de tarifas legitima espacios jurídicos para promover políticas proteccionistas con mayor barrera de aranceles”, asegura.

Bremmer, además, alerta contra otro fenómeno colateral, la robotización y, en general, la era de la digitalización. Esta llamada Cuarta Revolución Industrial pone patas arriba las relaciones laborales. A su juicio, y basándose en datos de la Unctad, la agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, esta transformación en las cadenas de valor de las empresas y en los ecosistemas de comercialización de bienes y servicios, pone en riesgo el 47% de los empleos en EEUU, el 65% de Nigeria, el 69% en India o el 77% en China. A lo que hay que unir los efectos, no cuantificados aún con rigor, del cambio climático, el riesgo de ataques terroristas o la presión demográfica. Para este politólogo, la amortiguación de estos cambios e, incluso, la oportunidad de negocios que pueden generar, pasa por políticas eficaces y activas en áreas como la mejora educativa, la formación profesional de los asalariados, la reestructuración de unos modelos de fiscalidad decimonónicos o el impulso de iniciativas público-privadas para la construcción y la gestión de infraestructuras o redes de abastecimiento y transporte. “Sólo así -advierte- se logra poner orden en el capitalismo, impulsar los mercados y gobernar la globalización”, frente a las falacias nacionalistas y el proteccionismo comercial de los neo-liberales recalcitrantes.

 

5.- ¿Está Europa preparada para otra crisis?


“Obviamente, debería estar alerta”, dice Lutz Jaede, socio de la consultora Oliver Wyman. Dos de cada tres empresarios la esperan en menos de tres años, según una encuesta entre directivos de grandes corporaciones. Europa es aún demasiado vulnerable. Por su sistema bancario, con riesgos latentes, inestabilidades políticas surgidas de los movimientos nacionalistas, un desapego a la digitalización, que no acaba de generar grandes multinacionales del sector, si se compara con las economías asiáticas o la estadounidense, y una reacción contraria a los proyectos de inversión a medio plazo por parte de las firmas privadas. A la espera de mejores coyunturas para los negocios.

Esas mismas voces de alarma la han emitido también expertos como el financiero George Soros. O Kenneth Rogoff, antiguo economista jefe del FMI y profesor en ejercicio de la Universidad de Harvard. Para Rogoff, “varios de los líderes europeos se niegan aún a reconocerlo, pero su status quo actual no resulta sostenible. O crean una mayor y más efectiva integración fiscal, financiera, presupuestaria y monetaria del euro o el proyecto europeo se resquebrajará”. Sin remedio. En su opinión, y a corto plazo, el escenario, incluso, invita al optimismo. Con el PIB creciendo, hasta finales de 2017, al mayor ritmo en doce años, en medio de un sólido despegue de la actividad, y el tándem Emmanuel Macron y Angela Merkel con mandatos despejados en sus respectivos países, engrasando de nuevo el eje franco-alemán y reanimando la fiabilidad del euro. Pero su suerte -explica Rogoff- está echada. Su misión es “cómo maniobrar para que el euro sobreviva y sea sostenible”. Con mayor integración o permitiendo que estalle por los aires de forma caótica. “Porque es del todo punto improbable que la divisa europea no se enfrente a un nuevo examen de resistencia en los próximos cinco o, a lo sumo, diez años; si no antes”.

De momento, impera el nein de Merkel a una agenda reformista (la de la Comisión Europea con el denominado informe Juncker), secundada por Macron, pero a la que se opone el bloque de contribuyentes netos, con los países nórdicos, Holanda y Austria a la cabeza. No desean ni oír hablar de presupuesto anticrisis, ni completan la unión bancaria con medidas de mutualización de riesgos, como los eurobonos. Ni siquiera de un ministro de Finanzas del euro o de convertir el mecanismo de rescate Mede en el Fondo Monetario Europeo. El empuje de la ultraderecha, cuyo último botón de muestra se produjo el pasado fin de semana en las elecciones suecas, en la que los Demócratas de Suecia, se convirtieron en la tercera fuerza del país, a escasos escaños de socialdemócratas y conservadores, se ha impuesto a los criterios que reclaman, con aplastante dosis de lógica, un paso decidido hacia la supranacionalidad de la UE. Más Europa, en definitiva, para abordar futuras crisis sistémicas. Económicas y políticas. La próxima -y posiblemente última oportunidad- será en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de diciembre. De momento, en junio, claudicó el plan Macron.

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Cárcel a corruptos y prohibirles a volver a contratar con el Estado
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Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

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 Del dicho al hecho hay mucho trecho, y este también cuenta. Es cierto que en la confrontación de la corrupción hay que echar mano de todas las herramientas posibles, pero no sin ser realistas, sobre todo con respecto a la realidad del poder global, a la incidencia que en éste tienen las multinacionales y el marco jurídico creado por estas en el mundo que hoy habitamos. Realismo que debe extender su vista hasta visualizar la real pérdida de la soberanía jurídica por parte de la mayoría de Estados.

 

¿Cómo llegamos a esta nueva realidad? A esta nueva realidad de la geopolítica global llegamos como parte de un novísimo coloniaje, revestido de nuevas prendas. Para constituirlo, el capital internacional dedicó gran cantidad de años a tejer un nuevo andamiaje jurídico al cual han quedado supeditados los códigos jurídicos locales. La pretensión del capital internacional, al así proceder, no fue ni es sana, fue y sigue siendo la de proteger sus intereses y para ello le dieron paso, incluso, a los Acuerdos internacionales de inversiones, así como a los Tratados de Libre Comercio, en los cuales, y con letra menuda, las naciones otrora invadidas hoy son controladas por esta nueva vía, sin necesidad de tropas ni violencia directa.

 

No solo esto. En la senda del control de todo tipo de negocios y los capitales de ellos desprendidos, imperios como el de los Estados Unidos urdieron todo un tramado leguleyo que les permite infringir castigos económicos a todo aquel que consideren que rompió las leyes que ellos, solo ellos, han creado. Detrás, como soporte para su “legalidad”, está la fuerza económica –bloqueos comerciales, industriales, financieros, como los que hoy están en curso contra Irán, Turquía, Venezuela y otros países– o, de ser necesario, la misma fuerza directa.

 

Entonces, conscientes de esta realidad, a la hora de proponer acciones contra la corrupción hay que ser sensatos. Así nuestros códigos Penal y Comercial estipulen una u otra cosa, si de verdad se está por confrontar y colocarle diques a la corrupción en sus diversas manifestaciones, es obligatorio reparar con mucho cuidado los acuerdos y contratos firmados con multinacionales, las que blindadas con grandes departamentos jurídicos, redactan de acuerdo con sus intereses los contratos que firman con los “países soberanos”. No es casual que multinacionales que salen sancionadas de uno y otro país por incumplimientos, mala calidad de las obras, etcétera, lleven a los estrados judiciales internacionales a los Estados obligándolos, con el paso de los años a entregarles millones de dólares como indemnización por los contratos cancelados, de acuerdo a ellos, sin causa justa. Hay que recordar que las leyes favorecen, una y otra vez, a quienes las redactan.

 

¡Claro que debe penalizarse a todo tipo de contratistas por su fechorías que terminan por dilapidar los ahorros que son de todos, pero para que así sea lo primero que debe garantizarse es la soberanía jurídica de nuestros países, soberanía que no está ajena de la soberanía política, militar, alimentaria, geoespacial, comunicativa, cultural, etcétera.

 

Es decir, aquí también estamos ante un reto inmenso para los movimientos sociales, los cuales deben alimentar el voto de todos los suyos y de quienes viven en sus territorios de influencia para que salgan a votar las siete preguntas de la consulta del 26 de agosto, pero los cuales, al mismo tiempo, tienen el reto de explicarle a la sociedad lo limitado de esta iniciativa y los retos que la misma nos abre como proyectos que estamos por la convivencia pacífica entre naciones, lo que implica la igualdad, el hermanamiento como miembros de una misma especie y habitantes de un mismo territorio global, así como la efectiva soberanía de todos los países que integran el actual orden mundial.

 

Ahora, en el plano local es más fácil operar y sancionar a los empresarios y sus razones jurídicas o empresas, y ahí no debe haber contemplaciones, impidiéndoles que vuelvan a contratar con el Estado, pero lo que no tiene procedencia es pensar que la cárcel es la solución para resarcir a la sociedad. Aquí hay un error profundo, pues como dicen los presos: “La cárcel, a quien no mata lo deforma”, es decir, la cárcel no cumple el propósito para el cual fue diseñada, la cárcel no propicia la resocialización de ninguna persona y sí, por el contrario, potencia la formación y operatividad de miles de –nuevos– delincuentes.

 

En tanto no cumple con la misión que le encargaron, la cárcel debe llegar a su fin, y como reemplazo la sociedad, si de verdad piensa en la resocialización del condenado y no en su destrucción ni muerte, debe diseñar nuevos mecanismos sancionatorios o castigos. En este caso en particular, al haber robado a un conjunto humano llamado sociedad el o los implicados deben regresar lo hurtado a ese conjunto humano, para lo cual la justicia debe investigar hasta el rincón más profundo de cada uno de los implicados, los cuales por voluntad propia ni por convicción ni por arrepentimiento devolverán todo lo hurtado. La expropiación de todos sus bienes debe evitar la burla del fallo judicial. Es por ello que a la hora de firmar todo tipo de contratos, el Estado debe exigir que el contratista –persona natural y jurídica– presente su declaración de renta como la de su familia hasta último grado de consanguineidad, con lo cual se entienda que todo aquello no declarado y que aparezca años después como “legalmente” conseguido, pero que no logre demostrar plenamente su origen lícito, podrá asumirse como parte de lo hurtado y, por tanto, objeto de expropiación.

En este mismo sentido, y para evitar la fuga de capitales, hay que avanzar más allá de lo ya propuesto, actuando sobre los paraísos fiscales, los cuales deben ser objeto de control jurídico global, impidiendo su existencia y funcionamiento. Sin duda, esta banca y todas las redes que las protegen y potencian son parte del sumo de la corrupción, como lo es el neoliberalismo.

Como penas alternativas, la sociedad puede aplicar trabajos sociales por 10 o más años para quienes sean condenados, trabajos por realizar cada día por espacio de 8 o más horas, bajo vigilancia social y policial, sin poder salir de la ciudad origen de su delito. Cualquier burla de esta condena daría paso a trabajos ya no sociales sino físicos.

Estamos en nuevos tiempos y ante nuevos retos. Para hacer efectiva la lucha contra la corrupción hay que adentrarse en lo profundo del poder global dejando a un lado lo inmediato o lo más evidente. A no ser que la bandera anticorrupción sea una simple bandera para ganar imagen.

 

 

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Publicado enColombia
El imperio y la militarización del sistema financiero

Hace tres meses Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo con Irán en materia nuclear, que fue firmado en 2015 e incluyó a ese país, a los miembros del Consejo de seguridad de Naciones Unidas y Alemania. Los demás signatarios y la Agencia Internacional de Energía Atómica consideran que Teherán está cumpliendo los términos del acuerdo; pero el ocupante de la Casa Blanca ha preferido denunciar el pacto e imponer sanciones económicas y financieras sobre la república islámica.

El castigo tendrá serias consecuencias sobre la economía iraní. Las actividades afectadas en lo inmediato rodean el sector automotriz, la compra de aviones comerciales y hasta la adquisición de metales preciosos. Por eso es que el rial, la divisa iraní, se ha devaluado 40 por ciento en los últimos tres meses. Y en noviembre entrará en acción una segunda ola de sanciones que afectarán al sector petrolero y al sistema financiero de la república islámica, incluyendo el banco central.


La Unión Europea (UE) ha lamentado la decisión estadunidense. Pero Trump ha respondido amenazadoramente que “aquellos que no reduzcan sus vínculos económicos con Irán tendrán que atenerse a las consecuencias”. ¿Podrán los europeos proteger sus empresas frente a las amenazas de Estados Unidos? La Comisión Europea ha reiterado su compromiso de mantener los canales financieros con Irán, así como sus importaciones de petróleo y gas. Pero algunos proyectos económicos que hoy se encuentran amenazados incluyen una inversión de la empresa francesa Total de 5 mil millones de dólares (mmdd) para desarrollar el campo de gas natural más grande del mundo, otra inversión de una empresa noruega para construir plantas solares y el compromiso de Airbus para vender cien aviones a Iran Air.


Para proteger estos y otros proyectos la UE ha activado el llamado Estatuto de bloqueo, un mecanismo adoptado en 1996 para contrarrestar los efectos de sanciones económicas impuestas por otros países. El estatuto permite a empresas europeas desconocer resoluciones judiciales impuestas extraterritorialmente. Pero las nuevas sanciones financieras van mucho más lejos que cualquier medida relacionada con un bloqueo o boicot comercial.


El 6 de agosto venció el plazo fijado por Washington para que las empresas europeas no energéticas cerraran todas las transacciones en dólares con entidades iraníes y para las empresas en el sector energético el plazo vence el 4 de noviembre. A partir de esas fechas una empresa europea podría, por ejemplo, establecer una empresa fantasma para evadir el boicot comercial. Pero ningún banco europeo aceptaría poner en riesgo su acceso al espacio financiero en el que sigue dominando el dólar estadunidense.


En 2010 el Congreso estadunidense aprobó la Ley 111-95, que recurre al arma más importante en el arsenal económico: el bloqueo de las transacciones financieras. Esa norma establece un castigo letal, no sólo a los bancos iraníes, sino a cualquiera que tenga tratos financieros con esas entidades. Básicamente la ley estipula que cualquier banco extranjero con relaciones de corresponsalía con bancos en Irán sería excluido del espacio financiero estadunidense. En 2011 el castigo se extendió para cubrir transacciones con el banco central de Irán.


Esas son las sanciones que hoy enfrentan los bancos europeos. Si deciden mantener relaciones con entidades iraníes perderán sus cuentas de corresponsalía con el sistema bancario y financiero de Estados Unidos. Eso tendría como efecto en cascada la pérdida de una cantidad importante de su cartera de clientes y todas sus operaciones en las que intervienen dólares se verían seriamente perturbadas.


Estas sanciones secundarias colocan a las economías europeas directamente en la línea de fuego. Con razón el ministro de finanzas francés ha declarado con irritación que Europa no puede convertirse en un vasallo de Estados Unidos. Pero una encuesta reciente reveló que la mayoría de las empresas y bancos europeos creen que el Estatuto de bloqueo es un tigre de papel.


A Irán le queda el apoyo de Rusia y China. Será un recurso importante y quizás Teherán fortalezca su alianza con esas potencias, algo que Washington seguramente ya estará anticipando. Pero aun para las empresas de esos países la amenaza de quedar fuera del espacio financiero estadunidense será un elemento a tomar en cuenta y tendrán que tomar sus providencias.


Sabemos que el gasto militar de Estados Unidos supera el de los siguientes 10 países en esa escala. Pero si las sanciones impuestas contra Irán son susceptibles de tener más impacto que antes, eso no se debe al gigantesco arsenal militar estadunidense sino a la capacidad de Washington de utilizar su hegemonía monetaria en la economía mundial. Y si bien es cierto que algún día la supremacía del dólar llegará a su fin, mientras se mantenga esa posición dominante el mundo no podrá evadir los efectos de la militarización del espacio financiero.

Publicado enEconomía
Martes, 07 Agosto 2018 09:01

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enColombia
Sábado, 28 Julio 2018 08:35

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enEdición Nº248
Lunes, 02 Julio 2018 08:01

Crítica del pensamiento financiero

Crítica del pensamiento financiero

Un lugar común de la filosofía del siglo XX dictaminó que era posible hacer cosas con palabras. Desde luego, las más antiguas filosofías siempre supieron que era posible hacer política con palabras, y más aún, casi exclusivamente con palabras, y en caso extremo, con una única palabra. Por eso vale la pena detenerse en una cuestión principal. Es decir, bajo qué condiciones una palabra está indisociablemente unida a una cadena de hechos, por lo cual lo que entendemos habitualmente por palabra se convierte en una pieza al rojo vivo, acero laminado de una realidad política inmediata. Es el caso de la palabra incautación, que aparece en uno de los folios del entendimiento con el FMI, con la cual se interpretan los acontecimientos que bajo el gobierno de Cristina Kirchner llevaron a la restitución al Estado de los fondos jubilatorios, que habían sido apropiados por el sistema financiero. Si hubiera sido una incautación, tal como lo interpreta en su maquinaria de significados el mundo capitalista en general, queda limpio el conducto ávido y oscuro que los vuelva a ser presa de las especulaciones sostenidas en la teoría neoliberal. Esta convierte el aporte de la solidaridad intergeneracional entre trabajadores en otro excedente de la circulación privada de capitales.

El acontecimiento libre que en que debería convertirse la ciudadanía, en las grandes tesis heredadas de las revoluciones clásicas burguesas, se torna ahora en una coacción que impone la bancarización obligada de los ex sujetos sociales. En el período arcaico de las burguesías, la bancarización del sujeto público no era coactiva, por eso se podía seguir hablando de sujetos. No lo somos ya, aunque los gigantes financieros, comunicacionales e informáticos fusionados, nos hablen de vos y de ir juntos y de acompañarnos siempre. Este acompañamiento sí que preocupa.

Al señalar la presencia de esta palabra en el memorándum de entendimiento con el FMI, se revela uno de los gravísimos basamentos que lo constituyen. Y esa reveladora palabra, sobre la que descansa una red de decisiones que serían adversas y ruinosas para la población, es motivo de un proyecto de ley para que se la retire. Al presentar ese proyecto en el Senado, la senadora Cristina Kirchner produce una singular novedad que se une a la invitación siempre necesaria a refinar las luchas políticas. Se trata de aguzarlas por medios no convencionales, esto es, medir el alcance, significado y sedimentación de las palabras, en las acepciones en conflicto que siempre caracterizan lo político. ¡Una Ley para cuestionar una Palabra! Es evidente que las formas heredadas de las políticas de resistencia tienen siempre una aureola épica, masiva, perentoria. En ellas siempre late el justo deseo de continuidad y de agregados constantes de nuevos resistentes en virtud de los nuevos capítulos que va escribiendo una pedagogía de luchas sociales, intelectuales y morales. Sabemos, en tanto, que ellas no serían igualmente efectivas si no fueran punteadas con una rigurosa observación de las palabras, unidades de sentido a través de las cuales se lucha, pero que son asimismo los sentidos por los cuales se lucha.

Los que descartan la vida política testimonial –abundan–, tanto como los que ahora se arrepienten de no haber integrado un número de parlamentarios resistentes, aunque no alcance el quórum –pues no hay nada efectivo en política que no sea acompañado por su símbolo testimonial respectivo–, deben aleccionarse de cómo la realidad efectiva tan cantada y la actividad testimonial se complementan absolutamente. Y hasta se pueden fusionar, como el hierro con el carbono, en un sutil testimonio como lo es un Proyecto de Ley, que también quiere hacer de la palabra una fuerza operativa y social. Entonces, un hecho que parece una intervención ocasional, que no iría al pleno de las cosas, se convierte en una pieza esencial de la crítica a los tientos de acero revestidos de túnicas benévolas, con los que el FMI avasalla a una nación.

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