Sábado, 28 Julio 2018 08:35

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enEdición Nº248
Lunes, 02 Julio 2018 08:01

Crítica del pensamiento financiero

Crítica del pensamiento financiero

Un lugar común de la filosofía del siglo XX dictaminó que era posible hacer cosas con palabras. Desde luego, las más antiguas filosofías siempre supieron que era posible hacer política con palabras, y más aún, casi exclusivamente con palabras, y en caso extremo, con una única palabra. Por eso vale la pena detenerse en una cuestión principal. Es decir, bajo qué condiciones una palabra está indisociablemente unida a una cadena de hechos, por lo cual lo que entendemos habitualmente por palabra se convierte en una pieza al rojo vivo, acero laminado de una realidad política inmediata. Es el caso de la palabra incautación, que aparece en uno de los folios del entendimiento con el FMI, con la cual se interpretan los acontecimientos que bajo el gobierno de Cristina Kirchner llevaron a la restitución al Estado de los fondos jubilatorios, que habían sido apropiados por el sistema financiero. Si hubiera sido una incautación, tal como lo interpreta en su maquinaria de significados el mundo capitalista en general, queda limpio el conducto ávido y oscuro que los vuelva a ser presa de las especulaciones sostenidas en la teoría neoliberal. Esta convierte el aporte de la solidaridad intergeneracional entre trabajadores en otro excedente de la circulación privada de capitales.

El acontecimiento libre que en que debería convertirse la ciudadanía, en las grandes tesis heredadas de las revoluciones clásicas burguesas, se torna ahora en una coacción que impone la bancarización obligada de los ex sujetos sociales. En el período arcaico de las burguesías, la bancarización del sujeto público no era coactiva, por eso se podía seguir hablando de sujetos. No lo somos ya, aunque los gigantes financieros, comunicacionales e informáticos fusionados, nos hablen de vos y de ir juntos y de acompañarnos siempre. Este acompañamiento sí que preocupa.

Al señalar la presencia de esta palabra en el memorándum de entendimiento con el FMI, se revela uno de los gravísimos basamentos que lo constituyen. Y esa reveladora palabra, sobre la que descansa una red de decisiones que serían adversas y ruinosas para la población, es motivo de un proyecto de ley para que se la retire. Al presentar ese proyecto en el Senado, la senadora Cristina Kirchner produce una singular novedad que se une a la invitación siempre necesaria a refinar las luchas políticas. Se trata de aguzarlas por medios no convencionales, esto es, medir el alcance, significado y sedimentación de las palabras, en las acepciones en conflicto que siempre caracterizan lo político. ¡Una Ley para cuestionar una Palabra! Es evidente que las formas heredadas de las políticas de resistencia tienen siempre una aureola épica, masiva, perentoria. En ellas siempre late el justo deseo de continuidad y de agregados constantes de nuevos resistentes en virtud de los nuevos capítulos que va escribiendo una pedagogía de luchas sociales, intelectuales y morales. Sabemos, en tanto, que ellas no serían igualmente efectivas si no fueran punteadas con una rigurosa observación de las palabras, unidades de sentido a través de las cuales se lucha, pero que son asimismo los sentidos por los cuales se lucha.

Los que descartan la vida política testimonial –abundan–, tanto como los que ahora se arrepienten de no haber integrado un número de parlamentarios resistentes, aunque no alcance el quórum –pues no hay nada efectivo en política que no sea acompañado por su símbolo testimonial respectivo–, deben aleccionarse de cómo la realidad efectiva tan cantada y la actividad testimonial se complementan absolutamente. Y hasta se pueden fusionar, como el hierro con el carbono, en un sutil testimonio como lo es un Proyecto de Ley, que también quiere hacer de la palabra una fuerza operativa y social. Entonces, un hecho que parece una intervención ocasional, que no iría al pleno de las cosas, se convierte en una pieza esencial de la crítica a los tientos de acero revestidos de túnicas benévolas, con los que el FMI avasalla a una nación.

Publicado enEconomía
Martes, 29 Mayo 2018 17:47

Socializar las finanzas*

Socializar las finanzas*

En términos elementales, las finanzas son mera contabilidad: un registro de obligaciones y compromisos monetarios. Sin embargo, las finanzas son también una forma de planificación: un conjunto de instituciones para organizar intereses sobre el reparto del producto social.

 

La fusión de estas dos funciones –contabilidad y planificación–, que obedecen a lógicas distintas, es tan antigua como el capitalismo y, durante casi tanto tiempo, ha soliviantado la conciencia burguesa. La creación de poder adquisitivo a través de préstamos bancarios es difícil de congeniar con la máxima ideológica del capitalismo de que los precios de mercado ofrecen una medida neutral de alguna realidad material preexistente. El fracaso manifiesto del capitalismo para ajustarse a esta idea de sistema natural ha sido atribuido, por los defensores de estas tesis, a la capacidad de los bancos (instigados por el Estado) para alejar los precios de mercado de sus verdaderos valores.

 

De alguna manera, separar estas dos funciones del sistema bancario –contabilidad y planificación–, es el hilo conductor de los 250 años de propuestas de reforma monetaria de economistas burgueses, demagogos y chiflados. Podemos rastrearlo desde David Hume, quien creía que una “circulación perfecta” era una en la que el oro solo se usaba para pagos, y que dudaba de si los préstamos bancarios deberían permitirse en absoluto; a los defensores decimonónicos de un patrón oro estricto o de la doctrina de billetes reales (dos propuestas enfrentadas que supuestamente restaurarían la automaticidad a la creación de crédito bancario); a las propuestas de Proudhon de otorgar al dinero una base objetiva vinculada al tiempo de trabajo; a los temores preconcebidos de Wicksell sobre la inestabilidad de un sistema no regulado de dinero bancario; a las propuestas, a menudo revividas, de reservas bancarias al 100%; a las propuestas de Milton Friedman para una regla estricta de creci-miento de la oferta monetaria; a las fantasías de la ortodoxia actual de un banco central que siga una regla in-violable que emule la “tasa de interés natural”.

 

Lo que todas estas admoniciones y propuestas tienen en común es que buscan restaurar la objetividad del sistema monetario; legislar para que existan los valores supuestamente reales que subyacen al precio del dinero. Buscan obligar al dinero a cumplir, de facto, sus presupuestos ideológicos: una medida objetiva del valor que refleja el valor real de las mercancías, libre de juicios de banqueros y políticos.

 

Los socialistas rechazamos esta fantasía. Sabemos que el desarrollo del capitalismo ha sido desde el principio un proceso de “financiarización”; de expansión de la esfera crediticia a todo ámbito de la actividad humana, y de representación del mundo social en términos de pagos y compromisos monetarios.

 

Sabemos que no hubo un mundo precapitalista de producción e intercambio sobre el cual el dinero, y luego el crédito, fueron superpuestos con posterioridad: las redes de crédito (de reclamos monetarios) son el sustrato sobre el que la producción de mercancías se ha desarrollado y organizado. Y sabemos que el excedente social bajo el capitalismo no es resultado de la asignación de los “mercados”, como dicen los cuentos de hadas de los economistas. El excedente es el resultado de la asignación realizada por bancos y otras instituciones financieras, cuyas actividades son coordinadas por planificadores, no por mercados.

 

Aunque descentralizada en teoría, la producción de mercado está de hecho organizada a través de un sistema financiero altamente centralizado. Y donde existe algo así como mercados competitivos, es generalmente gracias a una extensa intervención estatal: desde leyes antimonopolio hasta toda la compleja maquinaria del Obamacare para apuntalar un mercado desvencijado como el de seguros de salud privado. Como reconocieron Marx y Keynes, la tendencia del capitalismo es hacia el desarrollo de formas de producción más colectivas y sociales, ampliando el dominio de la planificación consciente y disminuyendo el ámbito del mercado. (Un pun-to que también han entendido algunos economistas liberales más avispados y con una aproximación más histórica a los problemas). Preservar el mercado se convierte en un proyecto cada vez más utópico, que requiere una intervención cada vez más activa por parte del gobierno. Piensa en la vasta financiación, inversión y regu-lación públicas que son requeridas para la provisión “privada” de vivienda, educación, transporte, etcétera.

 

En un mundo en el que la producción se guía por una planificación consciente, pública o privada, simplemente no tiene sentido pensar que los valores monetarios reflejan el resultado objetivo de los mercados, o el crédito simplemente como un registro de flujos “reales” de ingresos y gastos.

 

Pero es muy difícil resistir a la “ilusión de lo real”, como lo llama Perry Mehrling. Debemos recordar constantemente que los valores de mercado nunca han sido, y nunca podrían ser, una medida objetiva de las necesida-des y posibilidades humanas. Debemos recordar que los valores medidos en dinero –precios y cantidades, producción y consumo– no tienen existencia independiente de las transacciones de mercado que les dan forma cuantitativa.

 

De aquí se sigue que el socialismo no puede describirse en términos de la cantidad de mercancías producidas o distribuidas. El socialismo es la emancipación de la forma mercancía. No se define por la disposición de cosas, sino por la condición del ser humano. Es la extensión progresiva del dominio de la libertad humana, de esa parte de nuestras vidas gobernada por el amor y la razón.

 

Muchos críticos de las finanzas ven éstas como el enemigo de un capitalismo más humano o auténtico. Esta es la crítica tanto de reformistas gerenciales que se oponen a las finanzas por ser un parásito de las empresas pro-ductivas (recuérdese el “soviet de ingenieros” de Veblen), como de populistas que odian las finanzas como el destructor de su pequeño capital, o de sinceros creyentes en la competencia de mercado que ven a las finanzas como receptores de rentas ilegítimas. En términos prácticos, hay mucho terreno común entre estas posiciones y un programa socialista. Pero no podemos aceptar la idea de que las finanzas sean una distorsión de algunos valores verdaderos de mercado naturales, objetivos o justos.

 

Las finanzas deben comprenderse como un momento más del proceso capitalista, integral a él, pero con dos caras contradictorias. Por un lado, están las finanzas como institución concreta que genera y hace cumplir compromisos crediticios a cualquier tipo de agente social –personas, empresas, Estados–. Desde este punto de vista, su rol es extender y mantener la lógica de la producción de mercancías. (Los préstamos estudiantiles refuerzan la disciplina del trabajo asalariado, la deuda soberana mantiene la división internacional del trabajo).

 

Sin embargo, por otro lado, el sistema financiero es también donde la planificación consciente toma su forma más desarrollada bajo el capitalismo. Los bancos son, en palabras de Schumpeter, el equivalente privado de Gosplan, la agencia de planificación soviética. Sus decisiones de préstamo determinan qué nuevos proyectos obtendrán una parte de los recursos de la sociedad, e imponen (o infligen) el “juicio del mercado” sobre otras.

 

Un programa socialista debe responder a estas dos caras de las finanzas. Nos oponemos al poder de las finan-zas para reducir progresivamente el grado en que nuestras vidas se organizan en torno a la acumulación de dinero. Pero abrazamos la planificación ya inherente a las finanzas porque queremos expandir el dominio de la elección consciente y reducir el dominio de la necesidad ciega.

 

El desarrollo de las finanzas revela el desplazamiento progresivo de la coordinación del mercado en favor de la planificación. Capitalismo significa producción para obtener beneficio; pero, en la realidad concreta, los crite-rios de beneficio siempre están subordinados a los criterios financieros. El juicio del mercado solo tiene fuerza en la medida en que sea ejecutado por las finanzas. El mundo está lleno de negocios cuyos ingresos exceden sus costes, pero se ven obligados a reducir volumen o cerrar debido a las exigencias financieras en su contra. El mundo también está lleno de negocios que operan durante años, o indefinidamente, con costes que exceden sus ingresos, gracias a su acceso a la financiación. Las instituciones que toman estas decisiones de financiación lo hacen en función de su propio juicio subjetivo, y limitado solo en última instancia por los términos estable-cidos del banco central, y no por unos criterios objetivos de valor.

 

Existe una contradicción básica entre el principio de competencia y el de finanzas. Se supone que la compe-tencia es una forma de selección natural: las empresas que obtienen ganancias las reinvierten y crecen, mien-tras que las empresas que pierden no pueden invertir y merman, hasta finalmente desaparecer. Se supone que esto es una gran ventaja de los mercados sobre la planificación. Pero el objetivo de las finanzas es romper este vínculo entre las ganancias de ayer y las inversiones de hoy. El excedente pagado en forma de dividendos e intereses está disponible para la inversión en cualquier lugar de la economía, no solo donde se generó.

 

Y viceversa, hay empresarios que pueden emprender nuevos proyectos que nunca han sido rentables en el pasado si pueden convencer a alguien para que los financien. La competencia mira hacia atrás: los recursos de hoy dependen de cómo te haya ido en el pasado. Las finanzas miran a futuro: los recursos de hoy dependen de cómo (¡alguien!) se espera que lo hagas en el futuro. Por lo tanto, a diferencia de la idea de que las empresas triunfan o fracasan por selección natural, las empresas predilectas de las finanzas –desde Amazon hasta Uber y toda la manada de unicornios–, pueden invertir y crecer indefinidamente sin tener beneficios. Se supone que esto también es una gran ventaja de los mercados.

 

En el mundo sin fricciones imaginado por los economistas, la primacía de las finanzas sobre la competencia ya se ha llevado al límite. Las empresas no controlan ni dependen de su propio excedente. Todo el excedente se asigna de manera centralizada por los mercados financieros. Todos los recursos para la inversión provienen de los mercados financieros y todos los beneficios regresan inmediatamente a ellos en forma de dinero. Esto tiene dos implicaciones contradictorias. Por un lado, elimina cualquier consideración de la empresa como organismo social, de la actividad que realiza para reproducirse, de su búsqueda de fines distintos a la ganancia máxima para sus “dueños”.

 

De hecho, la empresa nace nueva cada día por el beneplácito de quienes la financian. Pero, por la misma razón, la lógica de la maximización de los beneficios pierde su base objetiva. El proceso cuasi evolutivo de la competencia deja de funcionar si los propios beneficios de la empresa ya no son su fuente de inversión, sino que fluyen hacia un fondo común. En este mundo, qué empresas crecen y cuáles fracasan depende de las deci-siones de los planificadores financieros que asignan capital a cada una de ellas.

 

La contradicción entre producción de mercado y finanzas socializadas se agudiza a medida que los propios fondos financieros se unen o se vuelven más homogéneos. Este fue un punto clave para los marxistas de inicios del siglo pasado como Hilferding (y Lenin), pero también está detrás del alboroto reciente en la prensa económica por el aumento de los fondos indexados. Estos fondos tienen acciones de todas las empresas que pertenecen a un determinado índice; a diferencia de los fondos administrados activamente, que tratan de in-vertir en la empresa que se cree irá mejor, éstos tienen acciones en muchas compañías que compiten entre sí.

 

Según un estudio reciente, “la probabilidad de que dos empresas seleccionadas al azar en el S&P 1500 de la misma industria tengan un accionista común con al menos un 5% de participación en ambas aumentó de me-nos del 20% en 1999 a alrededor del 90% en 2014”. El problema es obvio: si las empresas trabajan para sus accionistas, ¿por qué competirían entre sí si sus acciones están en manos de los mismos fondos?

 

Obviamente, una solución propuesta es una mayor intervención estatal para preservar la forma de los mercados, limitando o desfavoreciendo la propiedad accionarial a través de fondos. Otra respuesta, y quizás la más lógica, sería: si ya confiamos en los corporate managers para ser fieles representantes de la clase rentista en su conjunto, ¿por qué no dar el siguiente paso y convertirlos en representantes de la sociedad en general?

 

Además, los términos sobre los cuales el sistema financiero redirige el capital son fijados en última instancia por el banco central. Sus decisiones –la política monetaria en sentido estricto, pero también la regulación fi-nanciera o los rescates durante la crisis a entidades– determinan no solo el ritmo de expansión del crédito sino también el criterio de rentabilidad mismo. Esto es muy evidente en las crisis, pero también está implícito en la política monetaria rutinaria. A menos que los reducidos tipos de interés conviertan a algunos proyectos pre-viamente no rentables en rentables, ¿cómo sino podrían salir adelante?

 

Al mismo tiempo, la legitimidad del sistema capitalista –la justificación ideológica de su evidente injusticia y desperdicio– proviene de la idea de que los resultados económicos están determinados por “el mercado” y no por la elección de nadie. Por lo tanto, la función de planificación del banco central debe mantenerse fuera de la vista.

 

Los propios banqueros centrales son muy conscientes del papel que juegan. A principios de la década de 1980, cuando la Reserva Federal cambió su principal instrumento de política monetaria, sus responsables se preocu-paron porque su elección preservara la ficción de que eran los mercados los que establecían el tipo de interés. Como dijo el gobernador de la Fed, Wayne Angell, era esencial elegir una técnica que “tuviera el camuflaje de las fuerzas del mercado en acción”.

 

Los libros de texto de la economía dominante describen de manera explícita la trayectoria a largo plazo de las economías capitalistas en términos de un planificador ideal, que determina la producción y precios para toda la eternidad con el fin de maximizar el bienestar general. La contradicción entre esta visión macro y la ideología de la competencia de mercado queda relegada por la suposición de que a largo plazo esta trayectoria es la misma que la “natural” de un mercado competitivo perfecto sin dinero ni bancos.

 

Fuera del mundo académico es más difícil mantener la fe en que los planificadores del banco central eligen de manera infalible los resultados que el mercado debería haber alcanzado por sí mismo. Muchas críticas a los bancos centrales provenientes de la derecha –y también de la izquierda– entienden claramente que estos bancos se dedican a una planificación activa, pero lo consideran intrínsecamente ilegítimo. Su creencia en los resultados “naturales” del mercado les lleva a las fantasías de retorno a un patrón monetario independiente del juicio humano: ya sea el oro o el bitcoin.

 

Los socialistas, que vemos a través de la fachada del supuesto juicio experto neutro de los banqueros centrales y reconocemos su estrecha asociación con las finanzas privadas, podríamos vernos tentados por ideas simila-res. Pero el camino hacia el socialismo va por otro lado. No buscamos organizar la vida humana en una red objetiva de valores de mercado, libre de la influencia distorsionante de las finanzas y los bancos centrales. Más bien buscamos sacar a la luz la planificación consciente que ya existe, convertirla en terreno de la política y dirigirla hacia la satisfacción de las necesidades humanas, y no hacia el refuerzo de las relaciones de dominación. En resumen: socializar las finanzas.

 

En el contexto de los Estados Unidos, el análisis anterior sugeriría un programa de transición tal vez en las siguientes líneas:


Desmercantilizar el dinero

 

Aunque no haya forma de separar el dinero y los mercados de las finanzas, eso no significa que las funciones rutinarias del sistema monetario deban ser una fuente de beneficios privados. Migrar la responsabilidad de las infraestructuras monetarias elementales a organismos públicos o semipúblicos es una reforma no-reformista: aborda algunos de los abusos manifiestos e inestabilidad del sistema monetario existente al tiempo que abre el camino hacia transformaciones más profundas.

 

En particular, esto podría implicar:

 

1. Un sistema de pagos públicos.
En un pasado no muy lejano, si alguien quería dar algo de dinero a cambio de un bien o servicio, no teníamos que pagar a un tercero por el permiso para realizar el intercambio. Sin embargo, con el reemplazo del efectivo por cargos electrónicos, los pagos rutinarios se han convertido en una fuente de beneficio. Las transacciones y el resto de la fontanería rutinaria del sistema de pagos debe ser un monopolio público, al igual que la moneda.


2. Banca postal.
Los servicios bancarios deberían proporcionarse igualmente a través de las oficinas de correos, como en muchos otros países. Las transacciones rutinarias entre cuentas (verificar y guardar) son un servicio que puede ser proporcionado directamente por el Estado.


3. Calificaciones de crédito públicas, tanto para bonos como para individuos.
Esta información debe estar ampliamente disponible para realizar su función; incluso es un elemento im-portante para la provisión pública dentro de la lógica del capitalismo. Ello implica además desafiar la función coercitiva y disciplinaria que, cada vez más, realizan las agencias privadas de calificación crediticia en Estados Unidos.


4. Financiación pública de la vivienda.
Las hipotecas para primeras viviendas son otra área donde una pátina de transacciones de mercado oculta un sistema que ya es sustancialmente público. El mercado hipotecario a treinta años es totalmente una creación de la regulación, es mantenido por los creadores de mercado públicos, y los organismos públicos son, en gran medida, los prestamistas de última instancia. Los socialistas no tenemos especial interés en el cultivo de una sociedad de pequeños propietarios a través de la propiedad de la vivienda; pero mientras el Estado lo haga, exigimos que sea de manera abierta y directa en lugar de disfrazarse de transacciones privadas.


5. Pensiones de jubilación públicas.
Ahorrar para la jubilación, junto con la vivienda, es donde el Estado hace más por fomentar lo que Gerald Davis llama la “ficción de capital”: concebir la relación de cada uno con la sociedad en términos de propie-dad de activos.

Pero aquí, a diferencia de la propiedad de la vivienda, la provisión social bajo la apariencia de sistema financieros ha fallado incluso en sus propios términos. Muchos hogares de clase trabajadora en los Estados Unidos y en otros países ricos sí tienen sus casas en propiedad, pero solo un pequeño porcentaje puede acceder a una pensión digna solo con el ahorro privado. Del mismo modo, los sistemas públicos de pensiones están mucho más desarrollados que la provisión pública de vivienda. Esto sugiere apostar por la eliminación de programas existentes que fomentan el ahorro privado para la jubilación y por una gran expansión de la Seguridad Social y sistemas similares de seguro social.

 

Contención de las finanzas

 

No es tarea de los socialistas mantener al gran casino funcionando plácidamente. Pero mientras existan insti-tuciones financieras privadas, no podemos evitar la cuestión de cómo regularlas. Históricamente, la regulación financiera a veces ha tomado la forma de “contención financiera”, en la cual los tipos de activos que poseen las instituciones financieras son decretados sustancialmente por el Estado.

 

Esto permite que el crédito se dirija de manera más efectiva a la inversión socialmente útil. Lo cual también permite mantener bajos tipos de interés en el mercado, que -en un contexto de inflación mayor- disminuye tanto la carga de la deuda como el poder de los acreedores. El sistema financiero liberalizado ya tiene críticos muy elocuentes; no es necesario duplicar su trabajo con una propuesta de reforma detallada, pero podemos exponer algunos principios generales:

 

1. Si no está permitido, está prohibido.
La regulación eficaz siempre ha consistido en especificar funciones para cada institución, y prohibir cual-quier otra cosa. De lo contrario, es demasiado fácil escometar la norma con algo que es formalmente diferente pero sustancialmente equivalente. Los bancos centrales también necesitan este tipo de regulación para controlar el flujo de crédito, con independencia de que continúen o no siendo los principales impulsores de la demanda agregada


2. Proteger las funciones, no las instituciones.
El poder político de las finanzas se deriva de su capacidad de poner en peligro la contabilidad social rutina-ria y la seguridad de los pequeños propietarios. (“¡Si no rescatamos a los bancos, los cajeros automáticos cerrarán! ¿Qué pasa con mi pensión?”)
Mientras las instituciones financieras privadas desempeñen funciones socialmente necesarias, la política debe dirigirse a preservar esas funciones, y no las instituciones que las realizan. Esto significa que las inter-venciones deben ser lo más cercanas posible al usuario final (no financiero), y no en el ámbito del tejemaneje bancario. Un ejemplo en esta línea: el sistema de garantía de depósito.


3. Requerir grandes tenencias de deuda pública.
La amenaza de especuladores contra los bonos del gobierno federal estadounidense ha sido exagerada; así lo demostró, por ejemplo, la farsa del techo de deuda y la rebaja crediticia de 2012. Pero para los gobiernos más pequeños -incluidos los gobiernos estatales y locales en los Estados Unidos- no es tan fácil ignorar a los mercados. Las grandes tenencias de deuda pública reducen además la frecuencia y gravedad de las crisis financieras cíclicas que son, perversamente, una de las principales formas en que se mantiene el poder so-cial de las finanzas.


4. Controlar los niveles de deuda con menores tipos de interés y mayor inflación.
El apalancamiento de los hogares en los Estados Unidos ha aumentado dramáticamente en los últimos treinta años; algunos creen que esto se debe a que se recurrió al endeudamiento para elevar los niveles de vida ante el estancamiento o la disminución de los ingresos reales.

 

Pero este no es el caso; el crecimiento más lento de los ingresos simplemente ha significado un crecimiento más lento del consumo. O, mejor dicho, la causa principal del aumento de la deuda de los hogares en los últimos treinta años ha sido la combinación de baja inflación y elevados tipos de interés para los hogares de ma-nera continuada. En cambio, la forma más efectiva de reducir la carga de la deuda -para los hogares, y también para los gobiernos- es mantener bajos tipos de interés y, al mismo tiempo, permitir una mayor inflación.

 

Corolario: podemos rechazar cualquier reclamo moral en favor de las rentas derivadas de esos intereses. No hay derecho a ejercer ningún reclamo sobre el trabajo de otros derivados de la propiedad de activos financieros. Que la prestación privada de servicios socialmente necesarios como los seguros y las pensiones se vea socavada por los bajos tipos de interés, es un argumento para trasladar estos servicios al sector público, no para aumentar las exigencias de los rentistas.

 

Democratizar los bancos centrales

 

Los bancos centrales siempre han sido planificadores centrales. Las decisiones sobre tipos de interés y los tér-minos en los cuales las instituciones financieras son reguladas y rescatadas, inevitablemente condiciona la ren-tabilidad, así como la dirección y nivel de actividad productiva. Este papel se ha ocultado detrás de una ideología que imagina que el banco central se comporta de manera automática, de acuerdo con una regla que de alguna manera reproduce el comportamiento “natural” de los mercados.

 

Las propias actuaciones de los bancos centrales desde 2008 han dejado esta ideología en ruinas. La respuesta inmediata a la crisis ha obligado a los bancos centrales a intervenir más directamente en los mercados de crédi-to, a comprar una gama más amplia de activos e incluso a reemplazar a las instituciones financieras privadas para prestar directamente a las empresas no financieras. Desde entonces, el fracaso de la política monetaria convencional ha obligado a los bancos centrales a asumir involuntariamente una gama más amplia de inter-venciones, canalizando directamente el crédito hacia los prestatarios seleccionados.

 

Este giro hacia la “política crediticia” supone admitir, a regañadientes y forzados por los acontecimientos, que la anarquía de la competencia es incapaz de coordinar la producción. Los bancos centrales no pueden, como imaginan los libros de texto, estabilizar el sistema capitalista pulsando un simple botón con la etiqueta “oferta monetaria” o “tipo de interés”. Su propio juicio debe sustituir al resultado del mercado en una amplia y creciente gama de mercados de activos y crédito.

 

El desafío ahora es politizar a los bancos centrales: hacerlos objeto de debate público y presión popular. En Europa, los bancos centrales nacionales serán un terreno central de disputa para el próximo gobierno de iz-quierda que busca romper con la austeridad y el liberalismo. A pesar de la percepción errónea de la centralización de funciones en el Banco Central Europeo (BCE), los bancos centrales nacionales todavía ejecutan mu-chas de sus antiguas funciones.

 

En Estados Unidos podemos renunciar definitivamente a la idea de la política monetaria como dominio exclu-sivo de la pericia tecnocrática, y poner de manifiesto su programa de mantener un elevado desempleo para frenar el crecimiento salarial y el poder de los trabajadores. Como propuesta en positivo, podríamos exigir que la Fed use tenazmente su autoridad legal existente para comprar deuda municipal, privando a los rentistas de su poder sobre gobiernos locales con limitaciones financieras (como Detroit o Puerto Rico); y, con carácter general, atenuar el poder de “los mercados de deuda” que actúan como restricción de las políticas populares a nivel estatal y local. En definitiva, los bancos centrales deberían ser responsables de redirigir activamente el crédito hacia fines socialmente útiles.

 

Desempoderar a los accionistas

 

El capitalismo realmente existente consiste en limitados flujos de transacciones de mercado que fluyen entre grandes áreas no de mercado. Una función central de las finanzas es actuar como el arma en manos de la clase capitalista para hacer cumplir la lógica del valor en estas estructuras no de mercado. Las demandas de los ac-cionistas sobre empresas no financieras y las de tenedores de bonos sobre los gobiernos nacionales aseguran que todos estos dominios de la actividad humana permanezcan subordinados a la lógica de la acumulación. Queremos defensas más fuertes contra estas demandas; no porque tengamos fe en el capitalismo productivos o las burguesías nacionales, sino porque ocupan el espacio en el que la política es posible.

 

En particular, deberíamos apoyar a las empresas frente a los accionistas. La empresa, como Marx señaló hace mucho tiempo, es “la abolición del modo de producción capitalista dentro del propio modo de producción capitalista”. Dentro de la empresa, la actividad se coordina a través de planes, no de mercados; y la orienta-ción de esta actividad es hacia la producción de un valor de uso particular en lugar de dinero como tal.

 

“La tendencia de la gran empresa”, escribió Keynes, “es a socializarse”. La función política fundamental de las finanzas es mantener esta tendencia bajo control. Sin la amenaza de adquisición y la presión de los accionistas, la empresa se convierte en un espacio donde los trabajadores y otras partes interesadas pueden cuestionar el control sobre la producción y el excedente que genera; una posibilidad que los capitalistas nunca pierden de vista.

 

Huelga decir que esto no implica ningún apego a los individuos particulares en lo alto de la jerarquía empresa-rial, que en la actualidad son frecuentemente rentistas reales o potenciales sin ninguna conexión orgánica con el proceso de producción. Más bien, es el reconocimiento del valor de la empresa como organismo social; como un espacio estructurado por relaciones de confianza y lealtad, con motivaciones de “conciencia profesional”; y como el lugar de la planificación consciente de la producción de valores de uso.

 

El papel de las finanzas con respecto a la empresa moderna no es proporcionarle recursos para la inversión, sino garantizar que su orientación hacia la producción como fin en sí mismo esté en realidad subordinada a la acumulación de dinero.

 

Resistir esta presión no es un sustituto de otras luchas, como las que afectan al proceso de trabajo o el reparto de recursos y autoridad dentro de la empresa. (La historia da muchos ejemplos de producción de valores de uso como un fin en sí mismo que se lleva a cabo bajo condiciones tan coercitivas y alienadas como en la producción con fines de beneficio). Pero resistir la presión de las finanzas crea más espacio para esas luchas y para la evolución del socialismo dentro de la forma corporativa.

 

Cerrar las fronteras al dinero (y abrirlas a la gente)

 

Del mismo modo que el poder accionarial impone la lógica de la acumulación a las empresas, la movilidad del capital hace lo mismo con los Estados. En las universidades, se escucha la supuesta eficiencia de la libre circu-lación de capitales, pero en el ámbito político se escucha más su poder para “disciplinar” a los gobiernos na-cionales. La amenaza de fuga de capitales y crisis de balanza de pagos protege a la lógica de la acumulación frente a las incursiones de los gobiernos nacionales.

 

Los Estados pueden ser vehículos para el control consciente de la economía solo en la medida en que los reclamos financieros transfronterizos sean limitados. En un mundo donde los flujos de capital son amplios y sin restricciones, la actividad concreta de producción y reproducción debe ajustarse constantemente a los capri-chos cambiantes de los inversores extranjeros.

 

Esto es incompatible con cualquier estrategia para el desarrollo de las fuerzas de producción a nivel nacional; todos los casos exitosos de industrialización tardía han dependido de la redirección consciente del crédito a través del sistema bancario nacional. Aún más, el requisito de que la actividad real se acomode a los flujos financieros transfronterizos es incompatible incluso con la reproducción estable del capitalismo en la periferia. Hemos aprendido esta lección muchas veces en América Latina y en otras partes del Sur, y la estamos aprendiendo de nuevo en Europa.

 

Por lo tanto, un programa socialista sobre finanzas debe incluir el apoyo a los esfuerzos de gobiernos naciona-les por desvincularse de la economía global y por mantener o recuperar el control sobre sus sistemas financieros. Hoy en día, tales esfuerzos están a menudo vinculados a políticas de racismo, nativismo y xenofobia que debemos rechazar sin compromiso. Pero es posible avanzar hacia un mundo en el que las fronteras nacionales no representen un obstáculo para las personas y las ideas, sino que limiten el movimiento de bienes y sean barreras imposibles de alcanzar para demandas financieras privadas.

 

En Estados Unidos y otros países ricos, también es importante oponerse a cualquier uso de la autoridad, legal o no, de nuestros propios Estados para hacer cumplir las demandas financieras contra Estados más débiles. Argentina y Grecia , por tomar dos ejemplos recientes, no fueron forzados a aceptar los términos de sus acreedores por las acciones de particulares dispersos en los mercados financieros, sino respectivamente por las acciones del Juez Griesa del Segundo Circuito de EE.UU. y Trichet y Mario Draghi del BCE. Para que los estados periféricos fomenten el desarrollo y sirvan como vehículo para la política popular, deben aislarse de los mercados financieros internacionales. Pero el poder de esos mercados proviene en última instancia de los cañones, figurativos o literales, mediante los cuales se imponen las demandas financieras privadas.

 

En relación a los Estados fuertes, los mercados no tienen poder excepto sobre el imaginario. Como hemos visto repetidamente en los últimos años, más dramáticamente en el sainete del límite de deuda de 2011-2013, no hay especuladores al acecho; los términos sobre los cuales los gobiernos se endeudan están completamente determinados por su propia autoridad monetaria. Todo lo que se necesita aquí para acabar con el poder del mercado de deuda es simplemente reconocer que ya no tiene poder alguno.

 

En resumen, deberíamos rechazar la idea de las finanzas como la intrusión en un orden de mercado preexistente. Debemos resistir al poder de las finanzas como ejecutor de la lógica de la acumulación. Y deberíamos reclamar co-mo espacio para una política democrática la planificación social ya realizada a través de las finanzas.

 

* Sin permiso, www.sinpermiso.info, 09/05/2018.

 

Candidatos, comisionados y mandatarios: oídos sordos y desencuentros

La campaña electoral de la que saldrá el Presidente 2018-2022 para Colombia, entró en su fase final. Para examinar las propuestas en pugna, su validez y relación con la situación económica del país, este artículo examina el vínculo entre: i) el informe de la Comisión para el estudio integral del gasto y la inversión pública en Colombia, entregado al Gobierno en diciembre de 2017; ii) el preproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN), 2019, presentado por el Gobierno al Congreso de la República, en abril de 2018 (el octavo y último de la administración Santos); y, iii) las propuestas de gobierno de los candidatos a la presidencia de Colombia, 2018.

 

Tres conjeturas guían el análisis:

 

• La abrupta reducción de los precios internacionales del petróleo y de otros bienes básicos afectaron negativamente el crecimiento económico, los ingresos externos y los del Gobierno de Colombia (estos últimos se redujeron 3,3 por ciento del PIB, entre 2013 y 2016). La sorpresiva situación condujo a la administración Santos a solicitar con urgencia un estudio a expertos con el fin de contar con alternativas para reducir el gasto público. Como promesa de beodo, una vez curada la resaca se olvidaron las promesas y los buenos propósitos. Consecuencia de la recuperación de los precios internacionales del petróleo a partir de 2017, el Estado colombiano recibió, de parte de Ecopetrol, 8,5 billones de pesos en aportes por impuestos ($5,3 billones) y dividendos ($3,2 billones). Corolario de esta efímera historia, el Gobierno echó tierra a las recomendaciones de la Comisión de Expertos y volvió, una vez más, a la vida disoluta de gasto sin control, ética, eficiencia ni productividad;
• Las promesas de los candidatos presidenciables pretenden calentar los oídos de los potenciales votantes, bajo el prejuicio que constituyen una masa desinformada, desconocedora de temas vitales para el país, miedosa y necesitada de asistencia pública. Los programas de gobierno que promueven son poco concretos y omiten el déficit fiscal crónico de la hacienda pública, eluden los problemas y evitan debatir a fondo las reformas imperiosas e ineludibles señaladas en el informe de la Misión de gasto e inversión. Las propuestas de los candidatos están guiadas más por la no afectación de su popularidad, en tanto no presentan reformas integrales, estrategias, mecanismos, alternativas financieras o afectación de grupos sociales frente a las cambios estructurales que debe enfrentar e impulsar el próximo gobierno.
• El proyecto del PGN para el año 2019 compromete recursos para financiar el gasto público por la suma de $295,8 billones. En relación con el valor nominal del PIB en 2019 ($1.033,5 billones), el Estado controla de manera directa el 28,6 por ciento del ingreso nacional. Educación, Salud, Fuerzas armadas, Policía, Justicia y amortización de la deuda pública, integran los sectores que gastan más dinero: 54 por ciento del PGN 2019. El proyecto de PGN 2019 no presenta cambios estructurales ni de forma, por tanto desconoce las recomendaciones de la Misión.

Conclusiones

La política fiscal colombiana tiene problemas de sostenibilidad, adaptabilidad, corrupción, progresividad, iniquidad, eficacia y productividad.


La composición del gasto público evidencia su elevada inflexibilidad especialmente a nivel del GNC, que reduce el margen de maniobra para administrar el gasto. La elevada e intrincada inflexibilidad es derivada de la proliferación de rentas de destinación específica, límites mínimos de gastos impuestos por la Ley o la Constitución y, en el caso de la inversión, por la pre-asignación de compromisos a través de vigencias futuras.


Sin lugar a duda, una buena porción de la inflexibilidad presupuestal proviene de las elevadas transferencias, las cuales se mantienen cerca del 11 por ciento del PIB (creciendo a ritmos del 0,8% real por año) en el PGN-2018. Allí, las transferencias pensionales crecen a ritmos del 0,6 por ciento real-anual (alcanzando ahora 4,1% del PIB).


El Ministerio de Hacienda calcula que alrededor del 90 por ciento del presupuesto del gobierno central es inflexible, debido especialmente a que la inversión y los gastos generales son los únicos rubros donde existe alguna capacidad de ajuste. La variable de ajuste fiscal para el gobierno nacional central es la inversión y no los gastos de funcionamiento o pago de deuda pública. Esta situación genera inestabilidad en la macroeconomía nacional ya que es difícil realizar ajustes referentes al déficit fiscal, implicando, además de la inflación, un aumento continuo en la deuda pública, deuda con la cual se pretende generar una estabilidad económica.


El gasto público no contribuye lo suficiente a una mejor distribución del ingreso y Colombia continúa como uno de los países más desiguales del mundo. Hay rubros de gasto público con impacto altamente regresivo sobre la distribución del ingreso, como es el caso del pago de la burocracia, del gasto en pensiones o en educación superior.


La paz requiere de un esfuerzo de priorización y reorientación de las inversiones que realizan los sectores en el Presupuesto General de la Nación; pero, además, deberán concurrir fuentes de financiamiento del orden territorial, del sector privado y de la comunidad internacional. Los recursos del PGN deben ser la principal fuente de financiamiento del posacuerdo que asciende a $46,7 billones, constantes de 2016, para la totalidad del período de 15 años, lo que equivale al 36 por ciento del total de los costos de la implementación del Acuerdo.

No obstante, las finanzas y el presupuesto público nacional tampoco están en reestructuración o en transformación en pro de los temas y compromisos incluidos en el “Acuerdo de Paz”. Los presupuestos públicos planeados o ejecutados por las administraciones Uribe (2002-2010) y Santos (2010-2019) registran una sorprendente identidad, no obstante los énfasis, alternativos de cada administración en la guerra y la paz. Los rubros privilegiados son el pago de la deuda externa, el gasto militar y demás aparatos de represión incluida la “justicia”, la reproducción de la clase política y la burocracia, el sostenimiento del precario sistema educativo y el control de una clientela social a través de las políticas asistenciales.


La política tributaria es un instrumento estratégico en manos del Estado para generar equidad, promover el desarrollo y reducir la pobreza. En Colombia este instrumento funciona al revés: de una parte, los tributos los pagan principalmente la clase trabajadora; de otra parte, los ricos evaden impuestos; la corrupción es consustancial al sistema político y la clase dominante se apropia, legal e ilegalmente, los recursos públicos; el gasto privilegia las actividades improductivas y el PGN se concentra en los gastos de funcionamiento del Estado y pago de deuda pública.

La burocracia pública, las fuerzas armadas, la policía y el aparato judicial le cuestan a la sociedad civil una cuarta parte del PGN 2018. El número de cargos es de 1,1 millón. El número de puestos de trabajo generados por el Estado representa el 4,9 por ciento de las personas ocupadas en Colombia; en tanto, el costo de la nómina pública equivale a 23 por ciento del fondo salarial del país.


El Acto Legislativo 03 de 2011 introdujo la sostenibilidad fiscal como un criterio constitucional. El proceso de convergencia a un déficit estructural de 1,0 por ciento del PIB como el que ordena la Regla Fiscal para 2022 depende críticamente de las sendas de crecimiento potencial del PIB y de los precios de largo plazo del petróleo. De acuerdo con lo señalado por la regla fiscal, el gobierno nacional debe disminuir los niveles de déficit y de deuda pública y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. El modelo de desarrollo del país está agotado y requiere cambios estructurales y de diversificación e innovación de la economía; la institucionalidad pública está en crisis; la clase dirigente está lumpenizada, mientras tanto la sociedad atraviesa un cambio de época debido a las transformaciones etarias, culturales, políticas, ambientales, laborales, económicas y tecnológicas.


En particular, ante la descolgada de los precios del petróleo y la ralentización de la economía global y el menor crecimiento de la economía local, se requiere mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de la política de “Austeridad Inteligente” y cambios estructurales en los ingresos y los gastos. Esta restricción no es tenida en cuenta por los candidatos a la presidencia 2018. Sus promesas contenidas en los programas políticos hacen referencia al gasto pero no dicen cómo y quienes los financiarán. Las promesas que hacen hoy los políticos, por experiencia lo sabemos, determinan los impuestos del mañana.


De los cuatro candidatos con mayor probabilidad de obtener el triunfo, sólo dos presentan un programa de gobierno estructurado: Petro y Vargas Lleras. Todos coinciden, de manera vaga, en promover la educación y en la lucha contra la corrupción. Los candidatos de ideas políticas derechistas, Duque y Vargas Lleras, ofrecen más de lo mismo: volver a la guerra (que tantos réditos económicos y políticos le generan a la clase dominante), profundizar el neoliberalismo, reducir los impuestos al capital y fortalecer el Estado autoritario. Duque, Vargas Lleras y Fajardo enfrentan la inseguridad ciudadana con la propuesta de agrandar el Estado policial (donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia). Petro presenta un programa alternativo de corte social, ambiental y de derechos. Sin embargo, los cuatro hacen caso omiso o tienen oídos sordos frente al informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública

El espectro político 2018 presenta dos candidatos representantes y defensores de los intereses del gran capital (Duque y Vargas Lleras), uno que responde a las expectativas de la clase media (Fajardo) y otro sintonizado con las necesidades populares, las luchas de la clase trabajadora y las expectativas de los jóvenes (Petro).


La Comisión del Gasto y la Inversión Pública, creada de acuerdo con lo señalado en el artículo 361 de la Ley 1819 de 2016, se enfocó en determinar posibles ganancias en eficiencia, eficacia y equidad del gasto en los recursos actualmente disponibles, en los diferentes sectores y procesos analizados. En consecuencia, no fue a la raíz de los problemas de la Hacienda pública colombiana ni recomendó cambio alguno de tipo estructural. Los comisionados se quedaron en las formas y los procedimientos sin intentar criticar el statu quo y el orden que refleja y reproduce las finanzas públicas desde la época histórica de la Colonia.


El octavo y último PGN programado por la administración Santos para el año 2019 no repara en los diagnósticos y recomendaciones de la Misión. Los consejos de los “Misioneros” los echó al olvido y engavetó el “Informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública”.
Las medidas impopulares, pero requeridas inevitablemente para llevar a cabo las acciones correctivas, son retrasadas por Santos para hacer caer en terceros la responsabilidad y el costo público de estas reformas estructurales e impostergables. ν

 

* Economista político y filósofo humanista. Escritor, investigador y consultor independiente. Miembro de los equipos editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y periódico desdeabajo.

 

 

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Crisis financiera. Donald Trump y el próximo crash

Cómo hacer de la Reserva Federal un instrumento para el desastre. Un artículo de Nomi Prins para TomDispatch.com 


Atención: Lo que va a leer a continuación no tiene que ver con Rusia ni con las elecciones de 2016, ni con la última persona que dejó la Casa Blanca en medio de una tormenta de tweets. Es la historia del lobby de Washington escondido a plena vista, con billones de dólares en juego y una economía que gobernar.


Mientras hemos sido bombardeados con una letanía de escándalos del Despacho Oval y la familia Trump, hay en Washington una institución fundamental a la que sólo algunos medios parecen prestar atención —aun cuando el Presidente Trump se la apropia silenciosamente—. Más oscuro que las cámaras de la Corte Suprema, es un lugar donde ya ha hecho cambios sustanciales. Estoy hablando de la Reserva Federal [conocida en Estados Unidos como la Fed].


Como banco central de los Estados Unidos, la Reserva configura la política financiera de la economía global manipulando el nivel de los tipos de interés. Aunque esto afecta a todo el mundo, muy pocos entienden el alcance de su influencia.


En tiempos de relativa calma económica, generalmente se olvida a la Reserva. Pero la historia nos enseña que tener líderes dispuestos a ignorar las faltas de Wall Street a menudo allana el camino para que vengan los peligros económicos. Por eso los candidatos a la Reserva son tan importantes.


Hemos llegado a un punto crucial: ningún presidente desde Woodrow Wilson (durante cuya administración fue creada la Reserva Federal) habrá nombrado a tantos consejeros de la Reserva como Donald Trump. En otras palabras, sus huellas estarán no sólo en las decisiones de la Corte Suprema, sino también (y no menos notablemente) en la política de la Reserva de los próximos años; aun cuando, como ese tribunal, ocupe un obligatorio lugar de independencia política.


Los últimos dos candidatos del presidente para el Consejo de Gobierno de esta entidad son ejemplo de esto. Ha designado a Richard Clarida —antiguo funcionario del Departamento del Tesoro en los días del Presidente George W. Bush, y que más tarde se convertiría en asesor estratégico del gigante de las inversiones Pimco— para el segundo puesto más importante de la Reserva, mientras daba el visto bueno a Michelle Bowman —una supervisora bancaria de Kansas— para representar al sector bancario en el mismo consejo.


Como otras tantas entidades de Washington, el Consejo de Gobernadores de la Reserva ha estado trabajando con una plantilla inferior a la disponible. Si Clarida es aceptado, se unirá al Presidente de la Reserva designado por Trump, Jerome Powell, y al próximo responsable del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John C. Williams. La Reserva de Nueva York normalmente funciona como una sola mente con Wall Street y como parte del trío más poderoso de esta entidad.


Williams fue presidente de la Reserva de San Francisco. Bajo su mandato, el tercer banco estadounidense más grande, Wells Fargo, creó cerca de tres millones y medio de cuentas falsas, le dio a su director ejecutivo un aumento espectacular y se llevó una multa de mil millones de dólares por defraudar a sus clientes en seguros de coche e hipotecas.

No sorprende que Wall Street haya recibido con los brazos abiertos a la nueva plantilla de Trump para la Reserva, ya que sus miembros están predispuestos a relajar las restricciones a entidades financieras de toda clase. Al principio, los mercados financieros reflejaban la preocupación de que el presidente Powell pudiera resultar ser un halcón con los tipos de interés, aumentándolos demasiado rápido; pero ha demostrado ser cualquier cosa menos eso.

Mientras Trump pone las cosas a su favor, den por hecho un impacto económico que se sentirá en los próximos años y podrá dejar el mundo devastado. Pero pueden estar seguros: si la Reserva puede ayudar a Trump a mantener la bolsa alta durante un tiempo con dinero fácil para la especulación de Wall Street y el dólar competitivo para una guerra comercial, lo hará.

LA HISTORIA NOS ADVIERTE

En tiempos en que la desigualdad, las dificultades económicas y las deudas personales e hipotecarias se incrementan y los sueldos no, ¿por qué todo esto nos debería importar a los demás? La respuesta es muy simple: porque la Reserva establece los tipos de interés, y por tanto el precio del dinero. Esto afecta, a su vez, indirectamente al valor del dólar; es decir, todo lo que compran.
Desde la crisis financiera, la Reserva ha mantenido el interés del dinero que prestaba a los bancos a casi el cero por ciento. Esto permitía a esos bancos pedir dinero para comprar sus propias acciones (como hacían muchas empresas) para inflar su valor, pero no el valor de su servicio a la economía real, por supuesto.

Cuando el dinero es fácil porque los tipos de interés son bajos o casi nulos, se benefician quienes tienen un acceso más directo a él. Por supuesto, esto significa que los grandes bancos, miembros de la Reserva desde sus inicios, consiguen los pedazos más grandes del dinero fabricado y pagan las menores tasas por ello.

Aunque durante la campaña electoral de 2016 Trump criticó a la Reserva por sus políticas de dinero fácil, evidentemente ha cambiado de parecer desde entonces; lo que es, por cierto, muy propio de él. Esto es porque sabe que cuanto más barato sea el dinero, más fácil será para las grandes empresas pedirlo. Dinero fácil significa especulación fácil para Wall Street y sus principales clientes corporativos, lo que antes o después será una amenaza para el resto de nosotros.

Debe parecer que la época de las guerras comerciales, los mercados a la alza y los errores de Trump ha durado eternamente. En todo caso, no olvide que hubo un momento hace no mucho en el que las mismas políticas bancarias causaban agitación, rompían el país y devoraban la economía de tantos. Merece la pena tomarse un momento para recordar lo que ocurrió durante el Gran Desastre de 2008, cuando los grandes bancos libres de restricciones devastaron la economía antes de ser rescatados. En medio de la euforia actual del mercado, es un pasado fácil de ignorar. Por eso la toma de la Reserva por parte de Trump y su impacto en el sistema financiero es tan importante.

Recordemos que el 15 de septiembre de 2008 se derrumbó Lehman Brothers. Ese banco, antiguo empleador mío al igual que Goldman Sachs, había existido durante más de 150 años. Su colapso fue un catalizador clave en la espiral del desastre que casi diezmó el sistema financiero mundial. En todo caso, no fue la bancarrota la que lo hizo, sino la enorme cantidad de dinero que los bancos supervivientes ya le habían prestado a Lehman Brothers para comprar los activos tóxicos que habían creado.

Más o menos al mismo tiempo, Merril Lynch —competidor de Lehman— fue vendido al Bank of America por 50.000 millones, y el American International Group (AIG) recibió 182.000 millones en ayudas estatales. JP Morgan Chase ya había comprado Bear Stearns, que había quebrado seis meses antes, usando en el proceso 29.000 millones de ayudas del gobierno y la Reserva Federal.
Tras la bancarrota de Lehman, la Reserva Federal y el Congreso ofrecieron, fundamentalmente a los grandes bancos de Wall Street, dieciséis billones de dólares en rescate y otros subsidios. Esta inyección de dinero les permitió salir del borde del colapso financiero. Al mismo tiempo, engrasó la bolsa y el mercado de deuda, tan desconectados de la realidad económica como el globo de El mago de Oz.

Después de casi triplicarse con respecto a la crisis post-financiera de la primavera de 2009, el año pasado el Promedio Industrial Dow Jones ascendió mágicamente de nuevo a casi el 24%. ¿Por qué? Porque a pesar de toda su campaña sobre “drenar el pantano” [frase que Trump usó en campaña como promesa de que atacaría a la élite de Washington], Trump adoptó exactamente la misma actitud de mimar a los bancos que el Presidente Obama. Defendió la política de dinero fácil de la Reserva y contrató a Steve Mnuchin, un antiguo compañero de Goldman Sachs y amigo especial de Wall Street, como secretario del Tesoro. Apostó por incentivar la malversación y el fraude que había al fomentar la desregulación de los bancos, como si la codicia y tendencia al riesgo de Wall Street se hubieran desvanecido.

SEÑALES INMINENTES DE CRISIS

Entrados en 2018, las sombras de 2008 ya comienzan a aparecer. Hace sólo dos meses, el Dow registró su peor descenso por día en toda su historia, antes de repuntar con fuerza. Entretanto, el país cuyos bancos causaron la última crisis se enfrenta a niveles récord de deudas de los consumidores y las empresas, y un paisaje geopolítico global vulnerable.


Es cierto que la tasa de desempleo es notablemente más baja que en el punto más alto de la crisis, pero para la gente de a pie este crecimiento no ha sido tan claro. En Estados Unidos, cerca de uno de cada cinco empleos suponen ingresos menores al umbral de pobreza federal. Los ingresos medios por hogar sólo han aumentado un 5,3% desde 2008 y permanecen muy por debajo de la cifra de 1998 (ajustando la inflación). La población activa sigue casi tan baja como siempre. Entretanto, el 1% superior de los asalariados estadounidenses vio aumentar sus ingresos a pasos agigantados —cuarenta veces más que el 90% inferior—, desde que la Reserva empezó a producir dinero.


Igual que antes de la crisis financiera de 2008, hay un terrible nivel de confianza entre los políticos y los supervisores en que ni la economía ni el sector bancario tienen posibilidad de hundirse. Incluso el nuevo presidente de la Reserva Federal ve la posible necesidad de rescates como una reliquia de tiempos pasados. Como dijo en su audiencia de confirmación: “En general, creo que el sistema financiero es bastante fuerte”. Cuando le preguntaron si hay algún banco estadounidense que aún es demasiado grande para quebrar (“too big to fail”), respondió: “Yo diría que no”.


Esta es una afirmación bastante concluyente, y no muy diferente de la que la presidenta saliente de la Reserva, Janet Yellen, hizo el año pasado. Por extensión, significa que el nuevo director de Trump apoya estructuras más laxas para los grandes bancos, y más dinero fácil para ayudarles, si fuera necesario. Así que estemos atentos.


Cuando una crisis golpea, la liquidez muere y los bancos cierran sus puertas al público. A la larga, usar la misma fórmula para la crisis hará volver arrastrándose a los ejecutivos de Wall Street al gobierno por ayudas, y entonces Donad Trump sabrá de verdad lo que es la negligencia financiera.


TIEMPOS DE CRISIS Y COMPLICIDAD FINANCIERA

A medida que aparecen señales de crisis, pocos en Washington han indagado cómo podemos asegurarnos de que no vuelve a haber otra crisis sistémica. Por eso nunca olvidaré el extraño mensaje que me llegó un día. Fue a mediados de mayo de 2015, cerca de un año después de que se hubiera publicado mi libro “Todos los banqueros del presidente” [sin traducción publicada], cuando recibí un correo electrónico de la Reserva Federal. Cada año, la Reserva, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial imparten una conferencia en la que se reúnen las mayores élites de los bancos centrales. Para mi sorpresa, dado que no había escrito precisamente un libro simpático para con la Reserva, había sido invitada a hablar en la inauguración sobre por qué Wall Street no ayudaba a la economía real.

Dos meses más tarde, me vi sentada frente a una sala llena de banqueros de todo el mundo, escuchando a Janet Yellen, la presidenta de la Reserva, afirmando que lo peor de la crisis y sus causas ya había pasado. En respuesta, lo primero que pregunté a esa célebre multitud fue: “¿Queréis saber por qué los grandes bancos de Wall Street no ayudan a la economía real tanto como podrían?” La sala estaba en silencio. Hice una pausa antes de responder: “Porque nunca les habéis obligado”.

Añadí: “Los seis mayores bancos de Estados Unidos han sido recompensados por su peligroso comportamiento con una línea interminable de crédito fácil en rescates y préstamos. Se les ha dado pleno acceso a esos fondos sin consecuencias mayores, y sin normas que seguir a la hora de usar la generosidad de la Reserva para mejorar la economía real. ¿Por qué deberíais esperar su altruismo?”

Después de volver a casa, me obsesioné con destapar precisamente que los rescates y los préstamos de entonces eran sólo la punta del iceberg —la clase de iceberg que derribó el Titanic—; que ese dinero barato fabricado para Wall Street no había sido un caso aislado en EEUU.

Lo que la investigación de mi nuevo libro —“Colusión: cómo los banqueros centrales amañaron el mundo” [sin traducción publicada]— reveló fue cómo los bancos centrales y las entidades financieras han trabajado juntas para manipular los mercados globales durante la década anterior. Los principales bancos centrales se dieron a sí mismos un cheque en blanco con el cual resucitar a bancos sin solución, comprar bonos del Estado, hipotecarios y corporativos, y en algunos casos —como en Japón o en Suiza— acciones. No han tenido que explicar al público a dónde iban esos fondos o por qué. En vez de eso, sus políticas han inflado burbujas de activos, mientras miman a bancos privados y empresas bajo el disfraz de ayudar a la economía real.

Las políticas de bancos centrales de tipos cero y de compra de bonos, que se imponen en EE UU, Europa y Japón, han sido parte de un esfuerzo coordinado que ha cubierto la potencial inestabilidad financiera en los países más grandes y en los bancos privados. A su vez, ha creado burbujas de activos que podrían estallar en una crisis aún más grande la próxima vez.

Así que hoy estamos cerca —cómo de cerca es algo que aún no sabemos— del filo de un peligroso precipicio financiero. Los riesgos planteados por los mayores bancos privados aún están ahí, sólo que ahora son todavía más grandes de lo que eran en 2008, y en un escenario de mayor deuda. En los EE UU de Donald Trump, esto significa que hoy se están fomentando las mismas políticas arriesgadas. La diferencia es que el presidente está nombrando miembros de la Reserva que sólo aumentarán el peligro de estos riesgos en los próximos años.

La peor herencia que deje el residente Trump podría ser una crisis económica. Trump —y la Reserva que está ayudando a crear— no sólo no está prestando atención a las alarmas que suenan (ignoradas también por la última reiteración de la Reserva), sino que se ha asegurado de que ninguno de sus designados tampoco lo hará. Después de hacer una fuerte campaña contra los males de las finanzas globales en las elecciones de 2016 y prometer una Ley de Bancos moderna para separar los depósitos bancarios de las actividades más especulativas de Wall Street, el giro y los cargos a dedo de la política de Trump dejan nuestra economía más expuesta que nunca.

Cuando los políticos y los supervisores se duermen al volante, seremos el resto de nosotros quien lo sufra tarde o temprano. Porque la complicidad que ha seguido y sigue entre los principales bancos centrales del mundo es ahora un problema internacional.


LA AUTORA

Nomi Prins es colaboradora de TomDispatch. Su nuevo libro, ‘Colusión: cómo los banqueros centrales amañaron el mundo’ (Nation Books), acaba de ser publicado en Estados Unidos. Fue ejecutiva en Wall Street.

TRADUCCIÓN: SERGI MARTOS GARCÍA

Publicado enEconomía
Bloomberg: Acciones de ConocoPhillips pueden ser peores para Pdvsa que sanciones de EEUU

(11-05-18). La acción legal tomada por la petrolera estadounidense Conoco Phillips de tomar activos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la isla caribeña de Bonaire y las solicitudes introducidas ante cortes para hacer lo mismo en Aruba y Curazao, pueden hacer en definitiva más daño al financiamiento del Gobierno de Venezuela que las sanciones impuestas por Estados Unidos, reseña Bloomberg.


De acuerdo con Bloomberg, las terminales petroleras de Pdvsa en el Caribe, específicamente en Bonaire, Aruba y Curazao, representan 16% de las exportaciones de crudo que envía Venezuela hacia Estados Unidos, China y la India.

De acuerdo con Francisco Monaldi, profesor en el Iesa e investigadora del Instituto Baker en Houston contactado por Bloomberg, “la situación de Conoco, como está, con Pdvsa incapacitado para usar los tanques de almacenaje en el Caribe, es pero que las sanciones de Estados Unidos”.


Agrega Monaldi que, debido a la dificultad para llenar en las islas los tanques que usa para exportar a China y la India, Pdvsa se vería obligada a enviar mayores cantidades de petróleo a refinerías estadounidenses con descuentos aún mayores.


De acuerdo con datos de Bloomberg, Venezuela exportó 1,26 millones de barriles diarios en abril de 2018, lo que representa 20% menos de lo exportado en 2017, y cedió el liderazgo en la exportación petrolera a países del hemisferio con considerable menos reservas como México y Brasil.


Las toma de los activos de Pdvsa en el Caribe por parte de Conoco forma parte de una deuda de más de 2,4 billones de dólares que debe la petrolera venezolana a la empresa estadounidense. La acción se dio luego de que la Corte Internacional de Comercio fallara en favor de Conoco y resolviera que las expropiaciones hechas por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2007 a los activos de la transnacional en Venezuela habían sido ilegales.



Viernes, 11/05/2018 02:30 PM

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La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

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La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enEdición Nº244
Bienvenido al “club de las buenas prácticas”

El segundo gobierno de Santos llega a su final y una de sus obseciones, el ingreso de Colombia a la Ocde, parece que no será concretado. Después de largos trámites y exigencias cumplidas por el alto gobierno, aún falta más para que el país pueda “medirse con los mejores”, como dice Santos. Hasta ahora, el ingreso a esta institución no ha significado mejora alguna para las poblaciones de países como México –que ingresó en 1999– y Chile –2010–. ¿Por qué tanta obsesión con el tema? ¿Qué intereses ocultos hay tras bambalinas?


Fundada a inicios de los sesentas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –Ocde– recoge el espíritu del Plan Marshall que en su momento buscaba recuperar la economía de las naciones europeas tras la desgracia de la guerra. Como integrantes ahora cuenta con 35 Estados, y suma un presupuesto anual que supera los 370 millones de euros. La Ocde alberga países que comparten el crecimiento económico según los principios de las sociedades de mercado, es decir, neoliberales, defendiendo intereses de sus centros financieros y mercados. Responde como un blindaje en el orden del proceso de globalización económica imperante.

 

Según dicen sus impulsores, es un foro para el diálogo y trabajo cooperativo cuya finalidad explicita es “compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes”. En esa medida es un espacio para el intercambio constante de información en pro de “armonizar” políticas económicas y sociales para su coordinación a nivel internacional. De manera permanente, a su vez, este organismo publica informes con pronósticos de tendencias económicas para cada uno de los países que la integran, los que clasifica en estándares internacionales, los mismos que inciden en la cooperación fiscal por medio de convenios entre las naciones, y que establecen un modelo para las negociaciones bilaterales donde le asignan “el derecho fundamental de impuesto al país que origina la inversión de capital, es decir del país de la residencia en lugar de aquel en el que realiza la inversión”. Es claro el sentido del enunciado: aplica la retención en los centros de producción del capital, de manera que en un país donde sólo exportamos hortalizas, flores y café, su beneficio será mínimo. Los negocios circulan globalmente sin mayor beneficio regional, lo que da más vida al mercado global corporativo.

 

Hacen fila y olvidan la soberanía

 

En mayo de 2013 fue aprobada la invitación de adhesión a nuestro país junto con Letonia, que en 2016 fue aceptada de manera plena. En los últimos años lograron ser incorporados como miembros Israel, Eslovenia y Estonia. En la misma carrera de alistamiento que Colombia están Costa Rica y Lituania. Sin embargo, países con gran envergadura económica como Rusia, tras la crisis de Crimea en 2014 y la disputa geopolítica que sobrelleva con Estados Unidos y sus aliados europeos, renunció a vincularse a este grupo, Potencias como China e India no han mostrado interés; Brasil, la potencia suramericana, así como Argentina, tampoco la integran, aunque en meses recientes los gauchos han mostrado interés por esta organización. Quizás ven la necesidad de fortalecer su economía nacional antes de estar atados a compromisos con países con mayor músculo económico e industrial.

 

Nuestro país

 

La Ocde afirma que Colombia posee una economía con solidez y con alguna resistencia a la caída de precios de las materias primas, o en lenguaje menos entramado que el capital internacional puede invertir acá con cierta garantía por la estabilidad del mercado. Advierten en la necesidad que tiene el país de ajustarse a la caída de los precios del petróleo que inciden en los montos del gasto público. Proponen aumentar el recaudo incluyendo nuevos productos gravados y más personas a tributar, e incluir productivamente con mayor intensidad la mano de obra femenina en todas las esferas. Pues si bien ya están vinculadas se requiere ampliar aún más su participación en el mundo laboral.

 

La representante de Colombia ante este organismo, Catalina Crane Arango, anunciaba con euforia a los medios de comunicación que las “recomendaciones” apuntaban a la gobernanza con transparencia, y mejorar educación, infraestructura, impuestos y desarrollo financiero. “Recomendaciones” todas ellas derivadas de 23 comités que propusieron más de doscientas reformas, ajustes, “modernizaciones” de instituciones, etcétera, las mismas que fueron atendidas rápidamente por el gobierno colombiano. Posteriormente, en reunión entre el presidente Santos y el secretario general de la Ocde Ángel Gurría, informaron que los últimos comités por aprobar en Colombia, son: empleo, comercio, trabajo y asuntos sociales. Dificultades que demuestran las inocultables carencias del Estado colombiano frente a la protección social; por ejemplo, fue evidente la mella producida por Human Right Watch que denunció la situación de los niños wayúu y también la presión de la CUT por el monto del salario mínimo, inferior al de otros seis países de nuestra región.

 

Las medidas ya tomadas, para lograr la admisión en la Ocde, implican una debilidad institucional, por ejemplo, al eliminar la presencia de los ministros en las consejos de empresas estatales, lo que reduce la autonomía real de las mismas y su potencialidad; asimismo demandan fortalecer la independencia de las superintendencias en la protección legal para la circulación de mercados y establecer un régimen de responsabilidad corporativa.

 

Además, la entrada del capital extranjero se opone a negocios de fuerte monopolio estatal como, por ejemplo, el alcohol, mercado que ahora debería abrirse. Si así sucede con un sector tan consolidado como éste, ¿qué será de los demás? También exigen modernizar la explotación extractivista con políticas nacionales para la gestión de productos químicos, promover las energías renovables, eficiencia energética y la gestión integral de residuos sólidos.

 

Pero como si todo lo cedido fuera poco, ahora nuevas objeciones aparecen para doblegar más al país ante el deseado y pretendido ingreso: grandes empresas manufactureras, farmacéuticas y el Consejo Empresarial Internacional de EE.UU insisten en que Colombia debe ajustar en otras tres áreas: ponerle fin, en el curso de dos meses, al programa de chatarrización de camiones –y no dos años como propone el gobierno Santos–; actualizar las leyes de autor y propiedad intelectual, y revisar puntos sobre la venta de medicamentos y derechos de patentes. Todo a favor de las farmacéuticas estadounidenses que señalan que “Las barreras comerciales restringen el acceso al mercado y son inconsistentes con los compromisos internacionales de Colombia y los principios básicos de la Ocde”. En síntesis, es una penitencia mayor la demandada por el capital global para el ingreso del país al club de los neoliberales plenos.

 

¿Cuál es el lugar de Colombia?

 

En el fondo este organismo entiende al país dentro del contexto latinoamericano, caracterizado por la baja productividad y abundante vulnerabilidad social, donde existe baja confianza en las instituciones. Temen que la nación colombiana esté quebrada e institucionalmente debilitada, propensa a desordenes populares.

 

Dentro de los factores de desarrollo por los cuales consideran a nuestro país rezagado, está la educación, con un sistema sin innovación, pues, por ejemplo, el rendimiento está por debajo de la media aritmética de los países miembros. En este ítem demandan estimular la formación de estudiantes preparados para el mundo laboral. Exigencia no casual, ya que el 30 por ciento de las empresas nacionales identifican la mano de obra nacional como un obstáculo para el crecimiento productivo; al mismo tiempo, el 60 por ciento de estudiantes en la educación secundaria no cuenta con conocimientos y habilidades básicas para participar del mercado laboral formal. Los flojos esfuerzos de Colombia la más educada, de no vivirse un cambio sustancial en el presupuesto del ramo, continuarán arrojando resultados mediocres. Lejos está la inversión nacional de la aprobada por Chile, que alcanza al doble, y mucho más de la aporbada por Brasil que representa 30 veces más. Y a pesar de la propaganda sobre las obras de movilidad, para la Ocde nuestro país conserva una deficiencia en la infraestructura que implica incrementos en los costos de transporte de materia prima y mercancías, lo que perjudica al capital.

 

Pese a todo esto, el afán de quienes detentan el poder en nuestro país no ceja en proceder de acuerdo a lo exigido por este “club de buenas prácticas”, de lo cual da cuenta la reforma tributaria de 2016, con el supuesto propósito de reducir la desigualdad e incrementar la productividad –al reducir la carga impositiva sobre inversión y no prolongar el impuesto al patrimonio neto sobre las empresas.

 

El gobierno también acepta dejar de depender de ingresos petroleros, para lo cual proseguirá ampliando la base tributaria –incluyendo más personales naturales y jurídicas–; a su vez retoma el tema de la reforma pensional –para reducir parte de los privilegios de las mesadas más altas y permitir pensiones por debajo del salario mínimo legal. De igual manera, modificaría el promedio pensional, pasando de referenciar una media de diez años a una de quince, afectando negativamente el monto de la pensión. Sin mencionar el interés de igualar la edad de pensión entre mujeres y hombres. También valora la posibilidad de reformar de nuevo el tema del IVA, para la totalidad de productos al 18 por ciento, e incluir nuevas productos y mercancías.

 

Pero, ¿qué ganan quienes detentan el poder con todo esto? Tal vez es la excusa para “modernizar” su Estado, aplicando un conjunto de reformas como condición para “mejorar” la economía nacional y, con ella, el empleo y otros rubros; tal vez para motivar la inversión de nuevos capitales globales, llevando al país hacia nuevos campos del extractivismo; o, tal vez, el simple gusto de saltar a la burocracia mundial de parte de quien se abrogó el Premio Nobel. O todas juntas.

 

Cualquiera sea la razón, lo cierto es que con este conjunto de concesiones el capital internacional encuentra un Estado más dócil y manejable ante el conjunto de sus necesidades para continuar concentrándose.

Llegados a este punto, el papel que le queda al Estado colombiano será la de contener socialmente con programas de asistencialismo, para que la explotación sea más expedita y, claro, de ser necesario, contener por la fuerza.

Bienvenidos, pues –como tal vez escuchemos en los próximos meses– al “club de las buenas prácticas”, donde la risa será para el capital internacional y el llanto para las mayorías nacionales.

Publicado enEdición Nº244
El petroyuán debuta en las grandes ligas de las finanzas mundiales

26 marzo 2018 - La moneda de China, el yuan, logra dar un paso más en su larga marcha hacia la internacionalización. A partir de este lunes 26 de marzo, la República Popular China comienza a emitir contratos 'futuros' sobre petróleo denominados en yuanes. A través de la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái (INE, por sus siglas en inglés), el gigante asiático lanza sus primeros instrumentos financieros derivados sobre petróleo crudo. El acontecimiento representa un gran cambio en el mercado mundial de energía, apunta la revista estadounidense Foreign Policy.

Una vez terminados todos los trámites burocráticos, los chinos establecen la primera referencia de contratos 'futuros' sobre petróleo en la región Asia-Pacífico. Después de superar a EE.UU. como el principal importador de petróleo en escala global el año pasado, China aumenta su influencia en la fijación de los precios del oro negro. Así, las plazas financieras de EE.UU. y el Reino Unido pierden el monopolio sobre la emisión de instrumentos financieros derivados relacionados con el petróleo. El billete verde ya no está solo: el petroyuán debuta en las grandes ligas de las finanzas mundiales.

¿Qué son los contratos 'futuros' sobre petróleo?

Materias primas ('commodities') como el petróleo no se comercializan solamente en los mercados físicos, se transan en los mercados financieros. Los recursos naturales se representan a través de títulos financieros que son adquiridos en las bolsas de valores. Los contratos 'futuros', por su parte, son instrumentos financieros derivados: se llaman así porque su valor está basado en el precio de otro activo.

Los contratos 'futuros' sobre materias primas ('commodities') son diversos, incluyen una amplia gama de activos: oro, plata, cobre, petróleo crudo, entre otros. Bajo la cotización del dólar, el índice West Texas Intermediate (WTI) de Nueva York y el Brent de Londres eran las únicas referencias a la hora de comercializar contratos 'futuros' sobre petróleo.

Hoy la República Popular China está logrando traducir su poderío económico en un mayor protagonismo en las finanzas internacionales. La INE se propuso ganar autonomía y dictar sus propias reglas: la emisión de 'futuros' denominados en yuanes permite a China tener una referencia propia que refleja los precios del petróleo crudo que consumen sus refinerías.

Los 'futuros' sobre petróleo sirven para que los compradores se protejan ('cubran') de las fluctuaciones de precios: son la promesa entre dos partes de que, en una fecha futura, el crudo se va a comercializar a un precio determinado. En el año 2012, por ejemplo, cuando el precio superaba los 100 dólares por barril, los 'futuros' sirvieron como instrumentos de cobertura de riesgo ante la posibilidad de subidas consecutivas de precios.

Sin embargo, son contratos que no se adquieren solamente para protegerse de la volatilidad. También hay quienes los compran para obtener ganancias a través de la especulación. Los precios de los contratos 'frutos' pueden ser objeto de manipulación y generar distorsiones en los mercados. Actualmente, la proporción entre el volumen de crudo que se negocia en los mercados financieros y el que se transa en los mercados físicos es de 23 a uno, según información de Bloomberg.

La euforia especulativa, el gran peligro

Los chinos están interesados en que sus 'futuros' sobre petróleo sean comprados por un número cada vez mayor de inversionistas. De acuerdo con Reuters, el Ministerio de Finanzas está otorgando incentivos para que las emisiones sean un éxito: durante los próximos tres años los corredores extranjeros no pagarán impuestos sobre la renta sobre las comisiones que obtengan en los contratos.

El lanzamiento de 'futuros' sobre petróleo, sin embargo, no está exento de amenazas. La especulación puede provocar estragos en los mercados bursátiles. Las autoridades chinas están pendientes ante cualquier contingencia: quieren internacionalizar la "moneda del pueblo" ('renminbi') pero, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad financiera. Hasta el momento, los contratos 'futuros' de China están regulados.

Todo un dilema para el gigante asiático. Si se promueve una mayor apertura del sector financiero hacia el exterior, los riesgos aumentan. Pero si el Gobierno continúa imponiendo restricciones a los inversionistas, el yuan nunca será una divisa plenamente convertible: es necesario que tanto nacionales como extranjeros puedan comprar y vender títulos denominados en yuanes sin restricción alguna.

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