El exjefe negociador de las FARC: “Fue un grave error haber entregado las armas”

Iván Márquez, en paradero desconocido, arremete contra el Gobierno por el caso de Jesús Santrich, recapturado por cargos de narcotráfico

Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno, ha ahondado este lunes la crisis política e institucional en torno a la frágil implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En paradero desconocido desde agosto del año pasado, ha lanzado una carga de profundidad al asegurar en una carta divulgada a través de su cuenta de Twitter que el paso más trascendental de ese proceso, el desarme para convertirse en un partido político, fue un “grave error”, pues los fusiles eran la única forma que tenían de garantizar que el Estado cumpliera lo pactado.


La incendiaria misiva con la que reaparece Luciano Marín –el verdadero nombre de Iván Márquez– se origina en el caso de Jesús Santrich, el excomandante guerrillero pedido en extradición por Estados Unidos. Santrich fue recapturado el viernes en la propia puerta de la cárcel, bajo nuevos cargos de la justicia ordinaria relacionados con narcotráfico, cuando se disponía a salir en libertad tras un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Luego de haberse cortado los brazos en prisión, Santrich fue trasladado la madrugada del sábado a una clínica en medio de versiones contradictorias sobre su estado de salud. La decisión del tribunal de paz ha provocado hasta ahora las renuncias del fiscal general, la vicefiscal y la ministra de Justicia, mientras el presidente Iván Duque ha respaldado la decisión de la procuraduría de apelar el fallo.


“Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente –como ocurrió con Santrich-, puede ser legal”, se lamenta Márquez en la misiva, haciendo eco de las sospechas de miembros de las FARC de que en la cárcel sedaron a Santrich antes de su fugaz salida, y esa fue la razón de su ingreso a cuidados intensivos. Márquez le pide al presidente Duque –un crítico de los diálogos– que “no dinamite la independencia de los poderes con ese odio sordo que solo busca hacer trizas y dejar sin efecto el acuerdo de paz”.


En el pasaje más preocupante, atribuyéndose la vocería de los comandantes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, “impactados por la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”, Márquez se dirige directamente a los miles de excombatientes que hacen su tránsito a la vida civil en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). “Les reiteramos autocríticamente que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte”. Son reclamos que el exjefe negociador de la insurgencia ha hecho en el pasado, pero ahora aterrizan en el momento más delicado desde que Duque asumió el poder el pasado agosto.


La antigua guerrilla ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el paradero desconocido de Márquez y otros líderes que abandonaron los espacios de reincorporación alegando inseguridad física y jurídica ya había encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes. Los mayores temores, avivados por el rocambolesco caso Santrich, apuntan a que esos líderes alimenten el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones.


Mientras Duque ha reiterado le necesidad de hacer correcciones a lo pactado –una promesa de campaña–, especialmente en lo relativo a la extradición, su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha enfatizado el compromiso “inquebrantable” del Gobierno para acompañar, apoyar y proteger a los excombatientes en proceso de reincorporación. La JEP ya decidió reactivar la orden de captura contra otro excomandante que abandonó sus responsabilidades con la reincorporación, Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa.


La carta de Márquez contrasta con la respuesta de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los acuerdos, que ratificó el fin de semana su compromiso con lo pactado en otra carta enviada a sus militantes. “Nos encontramos en un momento en el que no podemos flaquear. Nos corresponde, más que nunca, fortalecer la unidad de nuestro partido como garante de la implementación de lo acordado”, declaró Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido.


A pesar de su alejamiento del partido, Márquez es un líder emblemático. No solo negoció con el Gobierno, llegó a ser la figura pública más relevante de las FARC junto con Timochenko, y el número dos de la organización. Sin embargo, renunció a su escaño como senador y se internó en el ETCR de Miravalle, en el Caquetá, tras la captura de Santrich hace poco más de un año. Desde agosto no se conoce su paradero. Su sobrino, Marlon Marín, es el informante clave de la DEA en el caso por narcotráfico, aunque la fiscalía colombiana ha dicho que no tiene una orden de captura en contra del exjefe negociador. La incertidumbre sobre el futuro de la paz se acrecienta.

Por Santiago Torrado
Bogotá 20 MAY 2019 - 14:54 COT

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Maduro planea elecciones legislativas anticipadas

“Vamos a elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene los votos”, sugirió el mandatario venezolano.

El 20 de mayo de 2018 es la fecha utilizada como punto de apoyo en la construcción narrativa del intento actual golpe de Estado. Ese día tuvo lugar la victoria electoral de Nicolás Maduro, que una parte importante de la derecha anunció que no reconocería desde meses antes, y así lo hizo. El día 22 de ese mayo, la Asamblea Nacional (AN), en desacato por dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, declaró como “inexistente la farsa realizada el 20 de mayo”. Pasado casi ocho meses de aquel día apareció la traducción política del desconocimiento: la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino.


La reelección de Maduro se aleja sin embargo de la construcción presentada por la derecha. Ese día participaron cuatro candidatos, Nicolás Maduro ganó con 6.190.612 votos, seguido por Henri Falcón con 1.917.036, y Javier Bertucci con 988.761 votos, con una participación del 46,02% del registro electoral. Estuvieron presentes observadores internacionales de varios continentes, y Rodríguez Zapatero, parte central de la mediación, afirmó que existían las mismas condiciones que en diciembre del 2015, cuando la oposición ganó la AN.
“Antes de que se produzca la elección se dice que no hay condiciones, no se ha visto nunca (…) es muy serio desde un punto de vista democrático desautorizar unas elecciones antes de que se celebren fruto de cuatro titulares de cuatro líderes políticos”, afirmó el expresidente de España antes de los comicios. La derecha lo acusó de chavista y cómplice por haber sostenido lo que había anticipado en República Dominicana ante la retirada de la oposición de la mesa de diálogos en enero de ese mismo año: que existía una decisión de buscar la salida de Maduro por caminos no electorales.


La argumentación para intentar conformar un gobierno paralelo se centró sobre esa fecha. Al no reconocer la elección del 20, tampoco lo hicieron con el comienzo del nuevo mandato de Maduro del 10 de enero del 2019, lo que se tradujo en una adaptación para sus fines de artículos de la Constitución para justificar la aparición de Guaidó bendecido por el tuit de Donald Trump que lo ungió como presidente interino de Venezuela.


Si la narrativa de la derecha toma ese punto de apoyo, el análisis del chavismo sitúa el inicio de la actual estrategia de asalto al poder en la decisión de levantarse de los diálogos de República Dominicana en enero del 2018. Es allí donde Estados Unidos (EEUU), con una parte de la derecha venezolana como operadora -centralmente los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia-, tomó nuevamente la decisión de intentar un derrocamiento por la fuerza, como en el 2017, 2014, y en el ciclo inicial del chavismo en el gobierno 2001-2004. Lo que siguió fue el encadenamiento de los pasos hasta intentar el desenlace que debía ser veloz según los cálculos.


Un año después de la elección, y a pocos días de cumplirse cuatro meses de la autoproclamación de Guaidó, la situación está en un punto de empate en el plano internacional, y de mayor correlación de fuerza del chavismo en lo nacional. La oposición se encuentra en una tendencia sostenida de retroceso en su capacidad de movilizar y de mantener la expectativa prometida ante las cámaras del mundo en el mes de enero. Los titulares que presentaban a un poderoso fenómeno Guaidó han sido reemplazados por lo que es: la cara visible de una estrategia que hace aguas debido, nuevamente, a un error de cálculo.


El chavismo por su parte está ante dos frentes centrales. Por un lado, resistir a los asaltos como los del 23 de febrero y el 30 de abril, lo que significa en simultáneo buscar el diálogo, como el iniciado en Noruega la semana pasada, del cual aún no existen resultados públicos. Por otro lado, gobernar, y en particular, construir respuestas ante un cuadro económico complejo, violentamente golpeado por lo que ya es un bloqueo declarado por parte de EEUU.


La política de agresión económica, como parte de la estrategia de desgaste sobre el chavismo, ha crecido desde el 2014 hasta la fecha, sobre la base de una ley y siete decretos ejecutivos en EEUU, que han dado el marco para configurar una política unilateral de asfixia de la economía. Esto se ha traducido en la confiscación de activos financieros, la prohibición de renegociación de la deuda externa y la de Pdvsa, el aumento de riesgo país, sanciones a comercio de petróleo, al Banco Central de Venezuela, el bloqueo de 5.470 millones de dólares en bancos internacionales, entre otros puntos.


Ni el frente económico ni la política presentan respuestas claras por el momento. El primero debido a que los ataques desde EEUU mantienen una línea de escalada permanente con repercusiones múltiples, y por las dificultades internas, como el peso del modelo de dependencia petrolera, la dificultad para aumentar niveles de productividad interna, entre otros puntos. En cuanto a la dimensión política, el escenario electoral pasaría por adelantar las elecciones legislativas. Así lo afirmó Nicolás Maduro al frente del acto para celebrar el año de su victoria electoral:


“Vamos a hacer elecciones para legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años, vamos a elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene los votos, quien gana (…) vamos a una salida democrática, electoral”, dijo ante la movilización chavista, donde además fue anunciada la decisión de la Asamblea Nacional de Constituyente de mantenerse en funciones hasta diciembre del 2020.


La derecha mantiene por su parte que toda resolución pasa por la salida de Nicolás Maduro, sintetizado en la consigna del cese de la usurpación. Ayer informó haberse reunido en EEUU con el Departamento de Estado y miembros de la Secretaría de Defensa del Pentágono, donde discutieron acerca de “todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela”. ¿En qué se traducirá la reunión? Es en esos espacios del Estado norteamericano donde se toman las decisiones centrales sobre la estrategia que tiene por fachada a Juan Guaidó.

Por Marco Teruggi

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Mucho pueblo: “Inalcanzable” concentración en apoyo a Evo Morales

La concentración de los movimientos sociales y militantes del MAS en la localidad Chimoré, en el centro del país, este 18 de mayo, para lanzar oficialmente la candidatura del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera, ha superado los propios cálculos del oficialismo. Decenas de miles de personas se trasladaron de todas partes del país para ratificar en ese aeropuerto, que de base militar norteamericana ha pasado a centro de liberación, su pleno respaldo a un presidente y a un gobierno que ya en varios campos de la vida social han conquistado record hasta hace 14 años impensables en Bolivia. Pero, como se respiró en el aire, en los gestos de la gente, es el apoyo al presidente decodificado a su condición de Evo Pueblo, Evo político y compañero.


Reunidos en lo largo de la pista del aeropuerto internacional de Chimoré, del trópico cochabambino, los adeptos de Evo Morales dieron vivo testimonio de su apuesta a la continuidad del Proceso de Cambio que, a pesar de ciertas desaceleraciones coyunturales y problemas que es “natural” se hayan enfrentado en la gestión, es el más profundo que ha vivido este país enclavado en el corazón de Sudamérica. “Este proceso, señaló Morales, es imparable, sin retorno, gracias a la conciencia del pueblo”.


Todo el acto fue muy breve. Y en las palabras que todos esperaban apareció el “Evo político y compañero” más que el “Evo Presidente” o el “Evo Estadista”. La gente, esos rostros diversos de trabajadores del campo y la ciudad, se conectaron más emotivamente con el Evo Pueblo. Y es que la ocasión daba para eso, para (re)construir una subjetividad que convertida en fuerza material, es la garantía de la continuidad del Proceso de Cambio.


No es que la gente no viera a Evo Presidente, que por lo demás les pidió –como fuente originaria de su poder- cinco años más para cumplir con la Agenda del Bicentenario, que se traduce en grandes obras, más desarrollo, erradicación de la pobreza y un salto a la agenda del siglo XXI, donde Bolivia quiere incorporarse. Rostros de emoción, con alegría incluso traducida en lágrimas, bañaron a la gente, estimada en un millón, que se sienten representados por alguien que procediendo del pueblo hizo por Bolivia, en 14 años, lo que muchos políticos con títulos obtenidos en universidades de Estados Unidos y Europa jamás hicieron en más de 180 años. “Estamos demostrando al mundo que los trabajadores sabemos gobernar, ayudado por profesionales”, subrayó Morales al aludir permanentemente al concepto de trabajadores. Y además dijo: “podemos equivocarnos, somos seres humanos, pero corregimos nuestros errores, pero nunca hemos robado, hemos venido a servir al pueblo boliviano”.


Evo quiere que el pueblo permanezca en el poder para toda la vida. Hace años dijo “hemos llegado para no irnos nunca más”. Ahora, depositando su confianza en el pueblo –concepto en el que no entran los enemigos de la patria-, el carismático político sostuvo que cinco años más de presidente –que vendría a ser su cuarto mandato desde enero de 2005- es “para garantizar la liberación para toda la vida”.


Y la fuerza simbólica estuvo presente en todo momento. Un acto interreligioso, pancartas y banderas azules, rojas, amarillas, celestes, que llevaban o el rostro del Che Guevara o de Evo Morales, ondeaban a lo largo del 80 por ciento de la pista habilitada para el acto de ese aeropuerto. “De centro de dominación a centro de liberación”, enfatizó el líder indígena para referirse al cambio de condición de ese aeropuerto que durante dos décadas sirvió para ejecutar la fracasada “Guerra Internacional Contra las Drogas”, con un salto de campesinos asesinados y perseguidos con absoluta impunidad por las fuerzas represivas.


El líder indígena también salió al paso de la matriz de opinión que pretende instalar en el imaginario colectivo la idea de “gobierno corrupto”. Antes de hablarnos de eso, hay candidatos que no deberían olvidarse de que tienen cuentas en el exterior, de que deben declarar al fisco el total de recursos que les ingresa por la venta de algún bien y de que pidieron autorización al Congreso Nacional –ahora Asamblea Legislativa Plurinacional-, para conceder inmunidad a los soldados norteamericanos que operaban en Bolivia. El misil estaba dirigido a Carlos Mesa, un historiador que estuvo al frente del Estado, primero como vicepresidente (2002-2003) y luego como presidente (2003-2005), del último gobierno neoliberal que se instaló en Bolivia producto de la “Democracia de Pactos”.


El instrumento político de liberación, al que Morales hizo referencia, surgió después de años de construcción en marzo de 1995 con la convergencia de tres organizaciones principales: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) –hoy convertida en Confederación de Comunidades Interculturales- y la Federación Sindical de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”. Evo amplió su mirada después e incorporó a los trabajadores urbanos y al proletario minero, aglutinados en la histórica Central Obrera Boliviana (COB), cuyo principal dirigente, Juan Carlos Guarachi, confirmó el respaldo de esa organización al binomio oficialista.
Y es que en Bolivia, con algunos momentos de poca sintonía, la clave de la permanencia del Proceso de Cambio, al que ya no se le atribuye hace rato el horizonte del Vivir Bien o el Socialismo Comunitario, ha sido el establecimiento de un nuevo tipo de relación entre pueblo y gobierno.


El líder indígena no cesaba de descargar su batería de mensajes simbólicos y de apelar a las fibras más profundas de los hombres y mujeres, jóvenes, adultos y viejos que no se cambiaban por nadie. Yo creo, sostuvo, en la conciencia del pueblo, en su unidad político-electoral, en su compromiso con la Patria que hemos recuperado.


Evo sabe que la pelea será dura. Su apuesta es ganar las elecciones por un 70 por ciento, que es en realidad una meta muy alta la que se coloca asimismo el líder boliviano. Es cuestión de ponerse la mochila en las espaldas y de eso Evo sabe mucho desde que fuera dirigente sindical y luego presidente. Pero también sabe que las tareas más nobles pueden fracasar si no hay acompañamiento activo del pueblo. Y de ahí que no sea improvisado cuando sostuvo, con un nudo en la garganta: “nunca me abandonen hermanos y hermanas, venimos de mucha lucha y de mucho sufrimiento”


La concentración se dio, aunque todavía sin que haya salido oficialmente un cronograma del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en una coyuntura caracterizada por campañas prematuramente activas, pero con resultados que, de momento, van clarificando la tendencia electoral a favor de Morales, y en medio de una situación latinoamericana en la que Venezuela está en el centro de la tormenta a raíz de la contraofensiva imperial y conservadora. Aunque Bolivia no figura en la primera línea de fuego de los enemigos de la emancipación de los pueblos, como ocurre con Venezuela, Cuba y Nicaragua, Evo sabe que no hay que bajar la guardia.


De acuerdo a varios estudios de medición de tendencia electoral, el presidente Evo Morales se perfila como el favorito y gradualmente se va separado de su inmediato seguidor, Carlos Mesa, quien muestra claras señales de retroceso o en el mejor de los casos de estancamiento, lo que parece explicarse, entre otras causas, por la ausencia de una propuesta alternativa frente a lo que se está haciendo desde enero de 2006 y de un sólido liderazgo opositor. Si se toma en cuenta la última encuesta del opositor matutino Pagina Siete, donde Evo tiene 34% y Mesa 28, es evidente que el líder indígena ya está cerca del 50 por ciento al sumar la votación promedio en el área rural, que no incorporan los estudios, donde el líder indígena es hegemónico con votos que no bajan del 86 por ciento en los centros de votación.


Pero si el panorama político para Morales ha mejorado respecto de los primeros meses de este año, la masiva concentración tuvo el condimento de la presencia horas antes del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien afirmó en la mañana del viernes, ante el asombro opositor, que impedir la participación del líder indígena en las elecciones del 20 de octubre sería un acto discriminatorio. Las palabras de Almagro sirvieron para resolver un debate con la oposición, pero eso no quiere decir que el peligro haya pasado. El oportunismo y pragmatismo del uruguayo que, en sus años de joven, jugó a revolucionario, pesan más que cualquier respeto a la palabra.


La oposición, como señala el editorial de La Época, no tuvo otra que reaccionar con desconcierto y con declaraciones fuertes de sus principales dirigentes que más se presentaban como resignación a contar con el apoyo de la OEA para lograr, desde afuera, lo que objetivamente no podrán conquistar desde adentro, dada la fractura electoral y su imposibilidad de organizar una movilización social de dimensiones gigantescas como para bloquear la participación de Morales en las elecciones. La apuesta de la oposición es que la Corte interamericana de Derechos Humanos y la presión de los EEUU, en las que Almagro no se haría ningún problema de operar con bajo perfil, bloqueen la postulación de Morales.

Sin embargo, que la relación de fuerzas empiece a volcarse progresivamente a favor de la continuidad del Proceso de Cambio no significa que la tendencia sea irreversible. De aquí al día de las elecciones todavía falta algo más de cinco meses y un hecho político inesperado, fabricado desde fuera y desarrollado por sus operadores en Bolivia, puede detener la proyección o incluso colocar la coyuntura electoral de lado de la oposición. Evo Morales ya fue víctima de una conspiración político-mediática en febrero de 2016 y sería una ingenuidad que el gobierno y el MAS no estén preparados para enfrentar cualquier plan en esa dirección.


Por eso adquiere sentido, ahora más que nunca, la consigna con la que Evo Morales terminó su corta intervención: ¡Patria o Muerte¡

20 mayo 2019

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El caso Santrich tiene en vilo a Colombia

En 48 horas Santrich intentó suicidarse, lo liberaron, lo llevaron a la Fiscalía, al hospital y de nuevo a la cárcel. EE.UU. pide su extradición.

 

Mientras sus familiares lo visitan, una médica intenta que Jesús Santrich se ponga de pie sin conseguirlo. Es domingo. El ex comandante guerrillero sigue en silla de ruedas. Está pálido, “pero con plena conciencia y con el compromiso de continuar el acuerdo de paz”, aseguró el senador Iván Cepeda a medios hacia las cinco de la tarde, tras una visita humanitaria de parlamentarios que siguió a las personales: horas antes sus familiares pudieron comprobar lo que los medios y sus abogados informaron desde el pasado viernes: que se había cortado la venas. “Estaba vendado y débil, intentó levantarse con un poco de dolor”, le explicó uno de los miembros de su familia a PáginaI12, quien, a la par con las declaraciones de los congresistas, destaca que su estado de ánimo actual es una “una mezcla de alegría y rabia”.


Desde el 15 de mayo, la Jurisdicción Especial de Paz (Jep) que se creó gracias al Acuerdo de Paz que el mismo Santrich ayudó a negociar y redactar, ordenó su libertad por no haber recibido pruebas de que estaría conspirando para enviar coca a Estados Unidos después de diciembre de 2016, cuando se firmó dicho acuerdo que hoy el equipo de Santrich, los progresistas colombianos y la comunidad internacional exigen respetar. Esto descandenó la renuncia del cuestionado fiscal general Néstor Humberto Martínez quien ha dado escasos resultados en investigaciones y castigos en el caso Odebrecht, y quien habría aceptado ante medios de comunicación en las últimas horas que las pruebas que reunió la DEA (Estados Unidos) sobre el presunto delito de Santrich habrían sido recolectadas de manera ilegal. “Eso fue lo que más le sorprendió de todo lo que le contamos”, relató el congresista Benedicto González, quien comandó por áños junto a Santrich el Bloque Caribe y hoy ocupa la banca de congresista del rebelde que intentó quitarse la vida cuando sus abogados le informaron que el gobierno colombiano preparía su extradición la mañana del pasado viernes. Ese día, Colombia transitó todos los altibajos posibles en una historia judicial: Santrich intentó suicidarse, le salvaron la vida, lo sacaron libre, lo recapturaron en la puerta de la cárcel, lo subieron a un helicóptero, lo llevaron al búnker de la Fiscalía, sus seguidores se pelearon con la prensa, le dio un paro cardio respitario, lo llevaron al hospital y, finalmente, en la madrugada del sábado al domingo, una jueza legalizó su captura.


¿Estaba inconsciente Jesús Santrich cuando se realizó la audiencia de legalización de captura?, preguntó este diario a los parlamentarios que respondieron que Seusis Hernández, nombre de pila de Santrich, perdió la conciencia plena tras su intento de suicidio. “Pidió que aclararámos que lo hizo con plena convicción (...) después de eso recuerda estar con la Misión de Naciones Unidas en La Picota y luego no recuerda nada”, aseguraron en rueda de prensa. Si recuerda que lo llevaron en helicóptero, si le aplicaron medicinas (su defensa dice que le inyectaron algo que le provocó el paro cardíaco), si tuvo alucinaciones, preguntó la prensa. “No, no estaba consciente”, responden confirmando el parte médico de la madrugada del viernes cuando un par de galenos informan que lo encontraron delirando: aseguraba estar ante un río, pensaba que había perdido un ojo y decía que estaba en la montaña.


En el Hospital Mederic, el jefe médico indicó que no estaba en condiciones de que se le practique la audiencia que finalmente se realizó desde el sábado hasta la madrugada de ayer durante unas diez horas y estableció que su captura fue legal. Sin embargo, la Procuraduría interpuso un recurso asegurando que no lo fue; pero horas después apartaron al procurador que emitió este concepto asegurando que los derechos de Seusis fueron violados. “La presión es mucha, por todos lados, pobre señor como lo tienen”, aseguran reporteros en las afueras del búnker. “Que no nos oiga Uribe”, dicen temorosos de represalias pues, con el caso Santrich, se ha dejado en evidencia que aunque no hubo pruebas para la extradición y no solo la Jep sino también el Tribunal Superior y la misma Fiscalía ordenaron su libertad, las instituciones están actuando “de manera política, no en derecho”, como asegura Benedicto González para quien todo ha sido ilegal en el caso de su líder.


La Fiscalía asegura que reunió nuevas pruebas de que estaría preparando un envío de coca a Estados Unidos por lo tanto habría cometido “concierto para delinquir” y otros delitos. Y consiguió con este material –que aún no hace llegar a la JEP pese a que es la autoridad para valorar las mismas dado que Santrich se acogió al Proceso de Paz– una orden de captura que se hizo efectiva incluso antes de que el hombre –visiblemente débil, su defensa dice cedado– atravesara las puertas de la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá. La euforia, rabia y desconfianza que se formó entonces y minutos después cuando lo subieron a un helicóptero se vivió también en las sedes del partido FARC y los espacios de reincorporación que desaparecerían en agosto próximo. Desde La Guajira, el ex comandante “Silfredo”, quien por años anduvo con Santrich en el Caribe colombiano alzados en armas, le dijo a este diario que los ex combatientes tienen mucho “descontento con todo lo que ha venido pasando, y no solo nosotros sino la comunidad, la misma Fuerza Pública y todos los aliados que hemos conseguido en esta paz; esta apuesta del Acuerdo es un esfuerzo conjunto y afecta a todos, a todos, no solo a los ex combatientes. La gente está inconforme; no podemos confiar así”.


Entre tanto, el gobierno colombiano y el partido FARC enviaron el mismo mensaje a los más de 10 mil hombres y mujeres que dejaron las armas en 2017 a cambio de reformas profundas en Colombia, y de un tribunal de paz que hoy Fiscalía y el gobierno de Iván Duque deslegitiman, atacan y desconocen: piden calma y compromiso de paz a los ex insurgentes, pese a que el Estado no ha logrado cumplir a cabalidad con los proyectos productivos ni las tierras ni las garantías de seguridad prometidas en el Acuerdo para su reincorporación. Pese a esto Santrich, desde su frío lugar de reclusión en el búnker, envió un mensaje de compromiso con el Acuerdo de Paz que, de cumplirse, dejaría al hombre en libertad pues no hay pruebas de que haya estado en el negocio del narcotráfico después de 2017, pese a que múltiples videos y versiones siguen circulando y unas nuevas serán presentadas hoy en una nueva audencia donde se le imputarán cargos. A la luz del tratado de paz que el mundo entero aplaudió entregando incluso un Nobel al ex presidente Santos y las víctimas, es la Jurisdicción Especial la que debe valorar el material que la Fiscalía habría reunido para determinar la fecha. Pero la última semana toda medida judicial estuvo mediada por las órdenes del Palacio de Nariño, que además resultó cuestionado por el New York Times que acusa al Ejército de Colombia de regresar a las políticas de las ejecuciones extrajudiciales.

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Lunes, 20 Mayo 2019 05:48

¿Socialismo en EU?

Bernie Sanders, quien se define como "socialista democrático" y proclama que su objetivo es una "revolución política" en Estados Unidos, es uno de los dos candidatos que gozan de mayor apoyo entre los 23 demócratas que se han lanzado para buscar la candidatura presidencial que hará frente a Donald Trump en 2020. La imagen, en un acto de campaña el fin de semana en Carolina del Norte.Foto Ap

Imaginen un Estados Unidos que garantiza salud a todos sus ciudadanos (hoy día millones no tienen seguro), educación gratuita desde nivel primaria hasta universidad, un salario digno para todo trabajador, derechos civiles plenos para mujeres, minorías, la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transgénero (hoy todos ellos bajo ataque por el régimen actual en Washington), una agenda para abordar la crisis del clima, reducción masiva del gasto militar y emplear esos fondos para reparar la cada vez más frágil infraestructura de este país, privilegiar la diplomacia sobre las armas, poner fin a las por lo menos nueve guerras (nadie puede ni nombrar a todas) y revertir la política exterior actual renunciando las políticas de cambio de régimen en Venezuela, Cuba e Irán, entre otros, y promover por fin una reforma migratoria que respete a los trabajadores que tanta riqueza generan para este país y el que dejaron atrás.

Todo esto es parte de la agenda social demócrata presentada por uno de los principales candidatos presidenciales para 2020 y una diversidad de legisladores federales y estatales que se definen como "socialistas", y que no dejan de provocar preocupación y hasta alarma entre las cúpulas políticas y económicas.

Bernie Sanders, quien se define como "socialista democrático" y proclama que su objetivo es una "revolución política", es uno de los dos candidatos que gozan de mayor apoyo entre el elenco de 23 demócratas que se han lanzado para buscar la nominación presidencial en 2020.

Del movimiento electoral que detonó Sanders en su campaña presidencial de 2016, surgieron nuevos políticos jóvenes –la más visible es la representante federal Alexandria Ocasio-Cortez– revivieron organizaciones casi moribundas como Democratic Socialists of America (que hasta 2015 tenía una membresía de menos de 6 mil, pero que ahora tiene más de 56 mil) y se crearon agrupaciones nuevas, como Our Revolution.

Encuestas demuestran repetidamente que votantes jóvenes (entre 18 y 30 años) tienen una opinión más favorable del "socialismo" que del "capitalismo" en este país. El analista Doug Henwood escribe que "historiadores futuros podrían caracterizar la segunda década del siglo XXI como el momento en que resucitó el socialismo estadunidense".

Las cúpulas políticas, económicas y mediáticas insisten que esta fuerza "socialista" no puede capturar la Casa Blanca en las elecciones de 2020, pero tienen que admitir que desde la primera campaña de Sanders en 2016 y los triunfos electorales legislativos a nivel federal, estatal y municipal posteriores, los "socialistas" están definiendo gran parte del debate político.

Por su parte, Trump y los republicanos, usando este fenómeno, proclaman con gran emoción y valentía que "Estados Unidos jamás será socialista" y advierten que los demócratas convertirán a este país en Venezuela.

Pero es la cúpula demócrata la más agitada ante el fenómeno "socialista" y probablemente han dedicado más tiempo, esfuerzo y gritos contra Sanders y sus aliados que contra Trump hasta la fecha. Una y otra vez insisten en que Sanders no es "elegible", o sea, que no cuenta con el apoyo suficiente para ganar contra Trump en los comicios generales, y que los demócratas tienen que "unirse" detrás de un candidato mas "centrista". Por ahora, el abanderado de la vieja guardia es otro viejo, el ex vicepresidente Joe Biden.

Los medios masivos reiteran ese mensaje, y hasta colaboran para intentar descalificar a Sanders. Sólo en los últimos días, tres medios nacionales se dedicaron a usar tácticas de la guerra fría para "revelar" simpatías antiguas del senador con los soviéticos, los sandinistas y hasta los disidentes contra las guerras estadunidenses durante el último medio siglo.

¿Será que tanta preocupación y alarma confirma que la "amenaza socialista" en Estados Unidos tiene más potencial de lo que aun los más optimistas se atreven a pensar?

 

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No extradición de Santrich y renuncia del Fiscal

La Justicia Especial para la Paz —JEP—, como lo esperaba la mayor parte de los colombianos, decidió no conceder la extradición de Jesús Santrich, porque ese tribunal no encontró los elementos jurídico-probatorios suficientes para conceder la petición hecha por una corte de los Estados Unidos.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en show mediático del 9 de abril de 2018, salió a decir que tenía “pruebas contundentes”, que vinculaban al exnegociador de las Farc en La Habana, con el envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos, después de la fecha en que se habían firmado los Acuerdos de Paz entre el gobierno y esa guerrilla. Los juristas y legos en la materia, se quedaron esperando esas pruebas porque el jefe del ente acusador jamás las presentó.

Comoquiera que la JEP no encontró las pruebas que el Fiscal decía tener, ofició a la justicia estadounidense para que se las hiciera llegar. Después de que la carta de solicitud de pruebas durara extraviada más de cuarenta días, la justicia especializada de Colombia insistió en su requerimiento. Pero la justicia norteamericana contestó que no tenía por qué enviar pruebas toda vez que en una política de colaboración entre los dos Estados, Colombia debía aceptar como un dogma lo que USA en su infinita sabiduría ordenara. Hasta ahí los antecedentes del asunto.

El fallo

Pese a todas las presiones que los magistrados de la JEP recibieron por parte del gobierno Duque, del Fiscal Martínez, del Congreso —como se recordará a la presidente Linares la abrieron investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara— y de los medios de comunicación, lo que los más desprevenidos ciudadanos esperaban era un fallo de esta estirpe: no conceder la extradición y ordenar la libertad de Jesús Santrich, por considerar que estaba detenido sin sustento jurídico.

Para quienes conocen la historia política de Colombia, no es extraño ver la manera como reaccionó la cúpula del establecimiento ante el fallo de no extradición. En efecto, las élites de la oligarquía han gobernado aferradas siempre a un hilo conductor caracterizado por tres verbos: excluir-reprimir-exterminar. Para las oligarquías las vías legales están negadas. Por eso, han contestado con violencia al fallo de la JEP. Es una alharaca apresurada, pues se trata de una decisión de primera instancia que bien podría ser revocada por la segunda. El procedimiento legal en vez de la violencia es, pues, el recurso de apelación como lo ha hecho el Procurador General de la Nación.

Al Fiscal Martínez se le apareció la Virgen

La renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, es el hecho más grosero contra la institucionalidad, al promover el desconocimiento de un fallo judicial. El mensaje que le envía a la opinión pública y a la comunidad internacional, que siempre ha apoyado el proceso de paz y la JEP, como herramienta más eficaz de aquel, es el siguiente: “Como la JEP no hace lo que Estados Unidos, el gobierno Duque y yo le pedimos, entonces pateo las instituciones y me voy”.

En realidad el fallo de la JEP fue para Martínez la gran disculpa para renunciar. En los círculos judiciales se venía rumorando que la Corte Suprema de Justicia le pediría la renuncia debido al alto grado de ilegitimidad en el que se encontraba desde el mismo momento en que fue elegido. De ahí, que la decisión de la JEP, adversa al querer de los Estados Unidos, del Fiscal y del propio gobierno Duque, fue para Martínez una bendición. En su carta de renuncia el jefe del ente acusador presenta como argumentos un sartal de mentiras: que el fallo de la JEP viola la Constitución, que avala el maridaje que existe entre narcotráfico y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, y que vuelve trizas la cooperación internacional contra el delito. Ante tan falsas motivaciones bien valdría la pena preguntarle a Martínez, ¿qué hará el día en que la segunda instancia revoque el fallo y ordene la extradición de Santrich? ¿Dirá que retira su renuncia y se reincorpora al cargo?

El presidente Duque, especializado en ir siempre en contravía del sentido común, muy tarde en la noche de este 15 de mayo, declaró en un video que hizo llegar a los medios, que lamentaba la renuncia del Fiscal Martínez. Pero el jefe de Estado no se quedó ahí, centró su discurso en la lucha frontal contra el narcotráfico, dejando en la opinión pública la idea de que la no extradición de Santrich es un claro respaldo a ese delito, cuando ese no era el punto del fallo: el tema aquí es la falta de pruebas. Sin estas, la JEP no podía complacer a los enemigos de la paz. La excepción a la absurda manera de actuar de Duque es que respaldó la decisión del Procurador: la apelación del fallo de la JEP.

La declaración más afortunada sobre la renuncia de Martínez fue la que dio Petro: “Es una excelente noticia que un corrupto se vaya, ojalá que Duque y la Corte Suprema no nos pongan otro corrupto. Se va el fiscal de Odebrech/Sarmiento”.

 

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Chavismo y oposición exploran una vía de diálogo con la mediación de Noruega

Representantes de Maduro y Guaidó mantienen una serie de encuentros para tratar de lograr una salida a la crisis de Venezuela

 Venezuela es un torbellino donde los acontecimientos se suceden a ritmo vertiginoso, casi todos atropellados. Después de la crisis abierta tras la ofensiva frustrada del 30 de abril, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y su jefe político, Leopoldo López, liberado de su arresto domiciliario y la posterior persecución del Gobierno de Maduro a diputados opositores, ambas partes exploran una vía de diálogo con la mediación de Noruega para lograr una salida a la crisis del país caribeño.

En los últimos días han acudido a Oslo representantes de Maduro, entre ellos el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, así como delegados de Guaidó, el exdiputado Gerardo Blyde y Fernando Martínez Mottola, exministro de Carlos Andrés Pérez, a los que se ha unido el diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González. Según al menos tres fuentes al tanto de las conversaciones, las reuniones han sido exploratorias, para avanzar en una agenda de temas y una metodología de trabajo. Las mismas fuentes aseguran que las conversaciones han sido por separado con representantes de la Cancillería noruega y niegan que se haya instaurado una mesa de diálogo.

La noticia de las conversaciones, que tienen el visto bueno de Leopoldo López, ha levantado suspicacias en parte de la oposición venezolana. Las reuniones sorprendieron a algunos dirigentes opositores, caso de Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, exiliado en Bogotá, que aseguró a través de Twitter que tanto él como su partido, Primero Justicia, se habían enterado de la iniciativa cuando se hizo pública a través de varios medios venezolanos. Guaidó trató de minimizar, sin negarlos, los encuentros, con un tuit en el que deslizaba que no era la única iniciativa en marcha: “Grupo de Contacto, Canadá, Reino Unido, Noruega, Grupo de Lima, además de otras iniciativas, nos apoyan para lograr una solución a la crisis. Para los venezolanos la ruta es clara y la mantenemos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, escribió el dirigente de Voluntad Popular.


No es la única vía de diálogo que se ha explorado en las últimas semanas. Representantes de Maduro se han reunido después de la ofensiva del 30 de abril directamente con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y se espera que este jueves y viernes representantes de ambas parte reciban a los delegados del Grupo de Contacto de la Unión Europea para escuchar sus propuestas para lograr una salida a la crisis del país.


Tampoco es la primera vez que las partes recurren a un intento de negociación para tratar de solucionar la enorme brecha institucional en la que está sumida Venezuela. Sin embargo, los ensayos han acabado siempre en un recrudecimiento de la confrontación entre el chavismo y la oposición. La exploración previa a la convocatoria de elecciones presidenciales de 2018, celebrada en República Dominicana, supuso para los representantes de la Asamblea Nacional una ruptura aparentemente insanable con el Gobierno de Maduro debido a su voluntad de imponer las reglas del juego.


Por eso rechazaron concurrir a esos comicios, con la salvedad del exchavista Henri Falcón, y por eso la palabra diálogo se convirtió en un tabú en el entorno de Guaidó. Sin embargo, después de lo ocurrido el día 30 y la demostración de que el régimen aún mantiene el control de las Fuerzas Armadas, en algunos sectores de las filas opositoras empieza a calar la idea de que sin negociación de algún tipo sería imposible lograr una salida de Maduro. El propio jefe del poder legislativo reconoce que, si se iniciara un proceso de transición, se debería incorporar a parte del chavismo en la reconstrucción.


En este contexto, las reuniones bajo el paraguas de Noruega no han surgido repentinamente, sino que son fruto de encuentros que se vienen dando, por separado y desde hace meses, con representantes del país nórdico y que se han intensificado en las últimas semanas. Noruega cuenta con un amplio bagaje en la mediación y resolución de conflictos, caracterizado por el hermetismo. En los últimos años acogió algunas de las reuniones entre el Gobierno de España y la banda terrorista ETA, antes de su disolución y fue, junto a Cuba, país garante del proceso de paz de Colombia, que culminó con un acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.


La madrugada del pasado 30 de abril López abandonó su arresto domiciliario en medio de un operativo liderado por Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, y apoyado un grupo de uniformados entre los que se encontraban miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El plan buscaba activar una rebelión contra Maduro y un quiebre en la cúpula militar, que fracasó al cabo de pocas horas, lo que obligó a López a buscar refugio en la Embajada de España en Caracas. El líder opositor no ha sido el único que ha tenido que resguardarse en una legación diplomática. En los últimos días, varios diputados han solicitado protección a distintos países –caso de Argentina, Italia o México-, lo que ha generado que la crisis de Venezuela afecte directamente a varios Gobiernos. Esta circunstancia puede ahora repercutir en su implicación en un intento de diálogo.

Por Javier Lafuente
México 16 MAY 2019 - 02:17 COT

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Primera revuelta masiva contra Jair Bolsonaro

En las concentraciones primaron los llamados a la unidad de los gremios, partidos y movimientos para resistir los embates a la enseñanza del gobierno.

Estudiantes y profesores encabezan la primera revuelta masiva contra Jair Bolsonaro en los 27 estados brasileños. Una multitud ocupó más de seis cuadras de la Avenida Paulista, en el centro de San Pablo. Primaron los discursos en favor de la unidad de las organizaciones gremiales, partidos y movimientos para resistir el ataque del régimen contra la educación. Una de las ovaciones fue dedicada a una maestra jubilada de 96 años que saludó al público desde el palco montado junto al Museo de Arte de San Pablo. La consigna “Bolsonaro que papelón hay plata para las milicias y no para la educación” (traducción libre para ajustar la rima) fue coreada en San Pablo y Río de Janeiro. El paro coincidió con un nuevo coletazo del escándalo que vincula a un hijo del presidente con las “milicias” paramilitares. Entre trompetas, carros con altoparlantes y petardos, fueron repudiados el recorte del presupuesto educacional y la reforma previsonal.


Por la mañana se realizó una concentración en la Universidad de San Pablo (USP), la más importante del pais, cuyos participantes luego se trasladaron a pie (7 kilómetros) hasta la Avenida Paulista. “Libros sí, armas no” y “Fuera, fuera (Bolsonaro)”.


El paro tuvo alto acatamiento en la USP, la Universidad Estadual de San Pablo y la Universidad de Campinas. las más importantes del sistema público. También pararon algunas cátedras de la Universidad Católica, privada, con una larga tradición de enfrentamiento a la dictadura militar.


En Río de Janeiro la protesta se concentró, bajo una lluvia persistente, en la plaza de la Candelaria y de allí las columnas se trasladaron a la Central do Brasil.


El primer balance indica que en la mayoría de las provincias hubo cese de actividades en las universidades, escuelas primarias y secundarias sumadas a concentraciones muy concurridas. No fue un día de lucha sectorial sino de defensa de la educación por parte de amplios sectores como lo demostró la presencia de padres de chicos de escuelas primarias y secundarias.


La bronca popular comenzó a crecer desde hace semanas: el seis de mayo estudiantes de colegios secundarios, padres y profesores de colegios secundarios de Río protestaron frente al Colegio Militar donde Bolsonaro prometió abrir más escuelas de ese tipo y ensalzó la formación castrense.


Ayer una de las primeras concentraciones se realizó en Brasilia a partir de las 10 de la mañana cuando miles se reunieron en torno a la estructura semiesférica del Museo de Arte y de allí partieron hacia el Congreso.


“Esta marcha es una victoria para los trabajadores porque es el primera que se le planta de frente a un gobierno debilitado por los escándalos. Salimos fortalecidos para la huelga general del 14 de octubre” declaró a PáginaI12 Claudio Lorenzo, secretario general de la Asociación de profesores de la Universidad de Brasilia.


“Este es un gobierno que tiene todas las características de los fascistas. El presidente y el ministro de Educación (Abraham Weintraub), son dos oscurantistas, están contra el saber crítico, atacan a los universitarios por puro macartismo”.


“Bolsonaro se dio un tiro a sí mismo haciendo provocaciones contra los universitarios que al final unificaron a la izquierda y el centro. Tenemos junto a nosotros profesores que apoyaron el impeachment contra Dilma que ahora están apoyando el paro”, acotó el profesor y gremialista Lorenzo.


La columna donde había banderas de la Unión Nacional de Estudiantes, del PT, y otras fuerzas de izquierda ocuparon los seis carriles de la avenida principal de la capital, el Eixo Monumental, junto al cual se encuentran los ministerios.


“La orden es que nadie se pare frente al Ministerio de Educación porque están las tropas federales, sabemos que el gobierno quiere reprimir y va tratar de infiltrarnos con provocadores”, explica el gremialista Lorenzo.


Bolsonaro y el ministro de Justicia, el ex juez de Lava Jato Sergio Moro, firmaron un decreto para movilizar la Guardia Nacional de Seguridad Pública para ocupar el centro de Brasilia desde las movilizaciones de los pueblos indígenas, de hace dos semanas, hasta el acto de este miércoles.


El capitán retirado y jefe de Estado viajó ayer por segunda vez en menos de dos meses a Estados Unidos. Aterrizó en Dallas poco después del mediodía hora de Brasilia, cuando unos 50 mil manifestantes (según los sindicatos) llegaban al cantero ubicado frente al Parlamento.


Atacó a los estudiantes y profesores con la misma virulencia mostrada hace un mes cuando dijo que las universidades no son lugares para albergar “militantes” y que haría lo posible para que éstos sean expurgados.


Los que participaron en el paro “son idiotas útiles usados como masa de maniobra por una minoría” dijo en Dallas antes de ir a un encuentro con el ex presidente George W. Bush.
Bolsonaro optó por viajar a esa ciudad tejana luego de dejar sin efecto una visita a Nueva York para evitar las protestas de ambientalistas y la comunidad LGBT.


En París unos cincuenta brasileños y algunos estudiantes franceses se sumaron al repudio contra el régimen de extrema derecha. La voz cantante del acto la tuvieron becarios preocupados con la posibilidad de que el ajuste los deje sin recursos para concluir sus doctorados, mayoritariamente en ciencias humanas, el área hacia donde Bolsonaro dirigió sus críticas más desatinadas

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Jueves, 16 Mayo 2019 05:46

EE.UU. no vuela a Venezuela

EE.UU. no vuela a Venezuela

Estados Unidos suspendió ayer todos los vuelos hacia y desde Venezuela. La decisión fue comunicada por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, quien argumentó que la medida responde a la presencia de situaciones que amenazan la seguridad de los viajeros, las aeronaves y las tripulaciones. 

“Esta determinación se basa en la inestabilidad política en curso y el aumento de las tensiones en Venezuela y el riesgo involuntario asociado a las operaciones de vuelo”, explicó McAleenan. Luego detalló que la suspensión de los vuelos permanecerá vigente por tiempo indefinido e indicó que los Departamentos de Estado, Transporte y de Seguridad Nacional seguirán supervisando las condiciones en el país caribeño y si cambian, dijo, Estados Unidos revisará la medida.


El Departamento de Transporte también ofreció su propio comunicado. “Hoy (por ayer) hemos emitido una orden de suspensión de todo servicio aéreo entre Estados Unidos y Venezuela”, afirmó el titular de la cartera, Elaine L. Chao. El director del departamento explicó que la legislación local autoriza a suspender los servicios de las compañías aéreas foráneas y estadounidenses entre Estados Unidos y un país extranjero, siempre y cuando existan condiciones en los aeropuertos que amenazan la seguridad de los pasajeros, aeronaves, o tripulación.


Según el Departamento de Transporte, esta medida es adicional a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, que prohibía a los operadores de aeronaves y pilotos certificados por Estados Unido que volaran por debajo de los 8000 metros sobre territorio venezolano. Aquella notificación también respondía a razones de seguridad.


Ya a fines de marzo, la aerolínea estadounidense American Airlines anunció la suspensión indefinida de sus vuelos hacia Venezuela. La compañía con sede en Fort Worth (Texas), volaba desde Miami a Caracas y a la ciudad de Maracaibo. American era además la única que sostenía sus vuelos a Venezuela desde Miami, después de que United Airlines y Delta suspendiesen el servicio en 2017.


Estados Unidos y el país caribeño suspendieron sus relaciones diplomáticas después de que la administración Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela.

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EEUU reconoce su responsabilidad en la crisis de Venezuela

El descaro y el robo llevado al rango de política de Estado

La información volaba en las redacciones. ¿Viste lo que encontró GrayZone? El Departamento de Estado reconocía -y se ufanaba de ello- su responsabilidad en la crisis que hoy vive el pueblo venezolano. Nadie podía creerlo. El descaro convertido en relaciones exteriores y el robo llevado al rango de política de Estado.

La publicación original de este fact sheet -como se denomina en inglés a un boletín- fue realizada por el State Department en su portal pero rápidamente retirado, hasta que la periodista Anya Parampil lo ubicó y lo publicó en el periódico digital Grayzone (puede leer la nota en https://thegrayzone.com/2019/05/06/us-state-department-publishes-then-deletes-sadistic-venezuela-hit-list-boasting-of-economic-ruin/ y puede descargar el documento original en https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2019/05/US-Department-of-State-Venezuela-actions.pdf).

“El 24 de abril, seis días antes de que el autoproclamado “presidente interino” venezolano, Juan Guaidó, intentara derrocar violentamente al gobierno electo democráticamente de Venezuela junto con un puñado de desertores militares, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un boletín que mostraba el papel central de Washington en el intento de golpe de Estado en curso. Después de darse cuenta de la naturaleza incriminatoria de su error, el Departamento de Estado actuó rápidamente para eliminar la página”, escribe Parampil.


Consultado Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este informe, respondió el diplomático que el boletín era “una lista de confesiones”.

“Imagínese si cualquier otro país dice (que) está orgulloso de decir que estamos destruyendo la economía de nuestro vecino; estamos orgullosos de haber destruido el sistema político de nuestro vecino; estamos orgullosos de que estén sufriendo. Dicen que estamos librando una guerra contra Venezuela”, enfatizó Moncada.

El embajador acusó a Estados Unidos de participar en un “acoso” contra Venezuela en lugar de dar espacio a la diplomacia internacional, publicó Parampil.

“Ellos dicen que son nuestros logros “clave”, comentó Moncada. “Están diciendo que están causando problemas en nuestro ejército e induciendo un golpe militar, que hasta ahora no han logrado, pero están trabajando para lograrlo”.

“Si cualquier otra persona lo dice”, concluyó el embajador, “y si usted realiza esa confesión en la corte, irá a prisión”.

El boletín publicado y luego retirado dice que “la política de los Estados Unidos sobre Venezuela se enfoca en garantizar elecciones libres, justas y transparentes que traigan prosperidad y democracia al pueblo de Venezuela. Para cumplir con este objetivo, los Estados Unidos han emprendido una serie de acciones políticas firmes desde 2017 con el fin de presionar al antiguo régimen de Maduro (sic) y apoyar a los actores democráticos”.

Señala también las acciones adoptadas por el Departamento de Estado que incluirían “más de USD 213 millones en respuesta humanitaria” y “USD 43 millones en asistencia económica y para el desarrollo”. “El 24 de enero, el Secretario Pompeo anunció que Estados Unidos está listo para proporcionar $ 20 millones adicionales en asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela”, cierra el documento, que no destina más que unas pocas líneas a señalar lo que habrían hecho para responder a la crisis humanitaria.

Es de destacar que los 256 millones de dólares no habrían sido entregados en Venezuela, sino a gobiernos y entidades fuera del país. La “asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela” no supera los 20 millones. Nada en comparación con la guerra y el expolio al que ha sido sometido el pueblo venezolano a raíz de la postura injerencista de los Estados Unidos.

El capítulo más extenso del boletín son sin duda las sanciones, entre las que se destacan organismos y personas venezolanas. “Tales acciones aseguran que el régimen de Maduro no puede contar con el sistema financiero de los Estados Unidos para sus prácticas destructivas”, dice el documento.

Si eso no es un bloqueo financiero, es algo muy parecido, porque además se sanciona a entidades y personas de terceros países que hagan negocios con Venezuela. El objetivo es sin duda asediar al pueblo y Gobierno de Venezuela para someterlos por hambre y privaciones.


Mientras tanto, se ofrecen esos milloncitos como “ayuda humanitaria”.

Las sanciones tienen justificaciones como que se dirigen “a quienes participan en socavar procesos o instituciones democráticas, actos de violencia o violaciones de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión o reunión pacífica, corrupción pública por parte de altos funcionarios del gobierno” (actuales o antiguos), pero no hacen sino impedir las normales operaciones económicas y financieras de cualquier gobierno a lo largo y ancho del planeta entero.

“Sanciones que niegan la financiación del régimen y protegen al sistema financiero de los Estados Unidos de la complicidad en la corrupción”, que es un eufemismo para decir que bloquean los fondos que Venezuela tenga en cualquier lugar del mundo, incluyendo organismos internacionales de los que participe Estados Unidos.

“El objetivo son las personas que operan en cualquier sector de la economía venezolana en el que el régimen de Maduro saquea la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos”. Según lo que ellos mismos sostienen, todo. O sea que el bloqueo es indiscriminado.


En el boletín, el Departamento de Estado se apropia de las maniobras que se realizaron en contra de Venezuela en algunos organismos internacionales, particularmente la OEA y el Grupo de Lima, que aunque es vox populi y explícito en sus resoluciones que responden a los intereses de Estados Unidos, el texto deja claro qué tanto.

Quizás lo más interesante sea la sección dedicada a lo que el Departamento de Estado considera “resultados claves” de sus propias acciones.


Entre estos “resultados claves” del accionar de la organización dirigida por Mike Pompeo están: la autoproclamación de Guaidó, el reconocimiento de 54 países (de los 198 que tiene la ONU) a la misma, la designación de representantes de ese “gobierno” en 36 países y tres organismos y la deserción de “más de 1.000 miembros del Ejército” que huyeron a Colombia.

También se ufana de que ahora “la refinería estadounidense Citgo (propiedad de la venezolana PDVSA) está ahora bajo el control del gobierno interino (sic)”, “aproximadamente 3.2 mil millones (de dólares) de los activos de Venezuela en el extranjero están congelados” y “en marzo, la producción de petróleo de Venezuela cayó a 736.000 barriles por día (bpd), menos de la mitad de la producción en marzo de 2018, y redujo sustancialmente los ingresos para el régimen de Maduro. Dos de los cuatro mejoradores se reiniciaron, luego de que los cortes de energía en todo el país dejaran a los mejoradores inoperables”. “Se estima que 25 petroleros de crudo con 12 millones de barriles permanecen varados frente a las costas de Venezuela, debido a las dificultades para encontrar compradores”.

“La presión diplomática resultó en menos mercados para el oro venezolano. Un banco de los Emiratos Árabes Unidos canceló la compra de oro de Venezuela y hay indicios de que las exportaciones de oro a Turquía han disminuido”, concluye sin más el boletín.


Lo que esto no dice es cuánta leche se hubiera podido comprar con esos fondos, o cuánto arroz, o cuánta carne.

Tampoco dice cuántos antirretrovirales, o tratamientos para el cáncer, o material quirúrgico para el sistema de salud dejaron de adquirirse.


Por supuesto que el boletín tampoco menciona los repuestos e insumos para el transporte y la industria que no se pudieron comprar.


No señala el documento cuál ha sido el costo en derechos económicos, sociales y culturales afectados para todas las venezolanas y venezolanos.

Y mucho menos indica quién se está enriqueciendo con todo esto.

Por Pablo Siris Seade
Caja de Respuestas

 

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