Martes, 31 Marzo 2020 16:34

“Un vuelo de rescate”.

“Un vuelo de rescate”.

Acerca del cierre de fronteras para los colombianos. 

Sometidos al destierro por la negativa del gobierno de Iván Duque de permitir el ingreso de vuelos internacionales, miles de colombianos demandan que pese a las circunstancias en que está sumido el mundo, el Estado colombiano facilite los medios para regresar al país. La polémica está abierta: ¿dónde quedan los derechos humanos en estas circunstancias?

La declaración de confinamiento y cierre de fronteras decretada por diversidad de países los sorprendió allende de su tierra de origen. Son 4.500 colombianos que ahora pasan sus días angustiados, al filo del agotamiento de los recursos que logran apretar día tras días, viviendo al límite en piezas de hoteles o similares.

En su afán por evidenciar las circunstancias que viven y presionar para que el gobierno nacional concrete vuelos de emergencia, se han contactado entre ellos; es así como saben que en Australia suman 200, en la India 70, en Perú 200. En particular el grupo residente en Australia lidera una campaña para lograr su propósito, donde especifican: “[…] somos un grupo de aproximadamente 200 colombianos que nos encontramos "varados" en varias ciudades de Australia debido a la situación mundial que se presenta actualmente” (1). El Gobierno ha dispuesto una página (Migración Colombia) para que todas las personas interesadas en el retorno inmediato se registren y es así como tiene conocimiento detallado del lugar donde pernota cada uno.  

Una exigencia que enfrenta y se golpea contra el decreto 439 de 2020, ratificado por la Cancillería que en comunicado del jueves 27 de marzo expresó: “[…] todos los vuelos de llegada al país están prohibidos”. (2)

Una decisión amparada, según tal instancia gubernamental, “[…] en la Constitución (que) les permite restringir la circulación o ingreso al territorio para ‘garantizar el interés público’”. (3).

Una resolución forzada, y para muchos no solo polémica sino contraria a los derechos humanos, además de inconstitucional.

Derecho pisoteado

Prohibir el ingreso de nacionales al territorio nacional, una medida bárbara. Un destierro. ¿Qué debe primar, el derecho (límite) o la política (necesidad)? ¿Los colombianos tenemos patria? 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado en Colombia mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”; destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12 numeral 4) Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país. 

La misma norma, consagra: 1) Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia; y 2) Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

Estos derechos tienen una excepción, la cual se encuentra en el numeral 3, que informa: Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la Ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. Luego, la disposición del numeral 4, no tiene excepción alguna, de suyo, un nacional tiene derecho a ingresar a su país sin restricción ni excepción alguna; cosa diferente respecto de extranjeros. 

Lo anterior no sólo hace parte del Bloque de constitucionalidad, sino que fue, bajo la misma idea, ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1972, "por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en donde dispuso en su artículo 22 numeral 5 que: 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

De igual manera y según lo enseña la Corte Interamericana de derechos humanos,  la libertad de circulación: “Es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y consiste, inter alia en el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia” y se manifiesta en tres dimensiones: 1. Derechos a salir de cualquier país. 2. Derecho a salir del propio país. 3. Derecho a regresar al país de origen*.

Si se considera que es posible excepcionar tal derecho, debe tenerse en cuenta que la restricción aparte de estar contemplada en la ley, debe ser clara y no genere ambigüedades, dudas que permitan interpretaciones para actuar con arbitrariedad; es decir, que satisfaga los principios de legalidad y necesidad, los que a todas luces se violan con la decisión tomada en el decreto 439/20, y las declaraciones posteriores del gobierno nacional, en tanto atentan contra los derechos humanos, de suyo, fundamentales en nuestro bloque de constitucionalidad.  

De acuerdo con estos antecedentes legales, no puede pretender el estado colombiano que sus ciudadanos no puedan regresar al país, independientemente de la razón que se alegue, pues incluso, se vería afectado no sólo su derecho a la circulación y de ingreso a su propio país, sino que con ello se desconoce el vínculo jurídico político que los une, de suyo, la nacionalidad y la ciudadanía.** 

Lo anterior se agrava cuando se ve en el contexto de derechos fundamentales que se pueden violar con tal determinación, pues no sólo se trata de derechos como los mencionados -libre circulación, ingreso al país de donde se es nacional o la ciudadanía– también se ven amenazados los de la vida y la salud, pues un connacional en el exterior no puede acceder al sistema de seguridad social en salud, aunado a las premuras que supone la demanda de una pandemia como la que actualmente se vive. Es decir, un ciudadano colombiano en el exterior no cuenta con las garantías y prerrogativas del sistema de seguridad social en salud, viéndose afectado en su derecho a la vida por tal razón. 

Es preciso recordar que el Estado colombiano tiene, además, la obligación respecto de sus ciudadano de asistirlos, brindar acompañamiento y repatriarlos de ser necesario al territorio colombiano cuando las condiciones así lo ameriten, luego, el decreto  439 de 2020, que cierra fronteras a los nacionales es, sin duda, contradictorio de tal obligación constitucional. 

EL Estado colombiano, para proteger el interés general y la salud de los connacionales, no puede sacrificar, negando los derechos antes mencionados, en cambio, debe proporcionar no sólo la asistencia, sino abrir las fronteras para permitir el ingreso de sus ciudadanos al país, por supuesto, siguiendo las medidas sanitarias que sean necesarias para satisfacer no sólo el derecho humano de las personas de regresar a su país, sino, el de los demás conciudadanos de mantener niveles básicos de salubridad. 

Además, no debemos olvidar que en lo  relativo a la prohibición de destierro, nuestro país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual dispone, en el artículo 12, que "nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país" y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra en el artículo 5º que "nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo". Por tanto, es claro que el concepto de destierro está delimitado a la expulsión o prohibición de entrada al territorio nacional.

El trompo en la uña

En este punto del debate, la resolución del pulso entre el gobierno nacional y estos miles de connacionales, ahora depende: 1. De la (in)voluntad política en el seno del Gobierno, 2. De la interpretación de las normas –en lo cual todo puede ser posible de acuerdo a los intereses en juego–, 3. De la presión que ejerzan familiares y amistades de quienes ahora están confinados o dejados a su suerte en otros países, 4. De la sociedad en su conjunto, que debe levantar la exigencia de retorno de todos aquellos que están por fuera –cualquiera sea la circunstancia que los llevó a quedar atrapados en otras tierras–, guardando, claro está, las normas de salubridad requeridas y sometidos a cuarentena una vez ingresados al país.

“¡Queremos regresar!”, claman los colombianos en Australia, y como este grupo de connacionales seguramente así lo imploran los otros más de 4 mil paisanos que sufren en la lejanía los efectos del Covid-19. Qué la sociedad haga sentir su voz y peso, para que el gobierno cumpla con una de sus funciones constitucionales.

No podemos cerrar las puertas del territorio. Es hora de la solidaridad.

Notas

  1. “Presidencia de la República de Colombia: COLOMBIANOS VARADOS EN AUSTRAILIA !QUEREMOS REGRESAR¡”, http://chng.it/wRWcDp4k7D
  2. Oquendo, Catalina, “El drama de los 4.500 colombianos varados en el mundo”, https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html
  3. Id

Referencias

*David Guerra Restrepo. Los requisitos de entrada, permanencia y salida del territorio nacional, aplicables a los inmigrantes y emigrantes en Colombia y su marco normativo.

**Sentencia T-421-17: En Colombia, la nacionalidad se constituye como derecho fundamental reconocido en el artículo 96 de la Constitución Política, precitado. Sobre este asunto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones. En las sentencias C-893 de 2009, C-622 de 2013 y C-451 de 2015, se recordó que la nacionalidad es el vínculo legal, o político-jurídico, que une al Estado con un individuo y se erige como un verdadero derecho fundamental, en tres dimensiones: i) el derecho a adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado de ella; y iii) el derecho a cambiarla. En tal sentido la SU-696 de 2015, concluyó que “el hecho de ser reconocido como nacional permite, además, que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política”.

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html

Publicado enColombia
Viajeros llevando máscaras en el aeropuerto de Babkok y respetando la distancia de seguridad que indican los carteles, el 25 de marzo del 2020.JACK TAYLOR / AFP

La mitad de ellos piden ser repatriados pero el Gobierno no planea por ahora "excepciones humanitarias”

Con visas a punto de expirar, encerrados en hostales y sin dinero. La situación de colombianos en el exterior mientras el mundo cierra fronteras por el coronavirus, es dramática. Desde el 24 de marzo, cuando el Gobierno cerró la llegada de viajeros, al menos 4.500 colombianos se han reportado en la página de Migración Colombia como atrapados en algún país y 2.300 piden algún tipo de ayuda para regresar.

Pero los mensajes de la Cancillería no son alentadores. Si bien le había informado a EL PAÍS que “la Cancillería solo podrá confirmar la posibilidad de vuelos de retorno cuando estos se concreten” y agregaba que esas posibilidades “dependen de la voluntad de aerolíneas comerciales y de decisiones de distintos gobiernos”; este jueves cambió de opinión y difundió un comunicado en el que asegura que todos los vuelos de llegada al país están prohibidos. En palabras de la Ministra de Transporte, Ángela Orozco, en esa comunicación, la Cancillería está “reiterando que no habrá excepciones humanitarias para nacionales en el exterior”.

La Cancillería afirma que son conscientes de las dificultades que están atravesando los colombianos en el exterior, pero que deben aplicar las medidas de cuarentena de “manera estricta” y que la Constitución les permite restringir la circulación e ingreso al territorio para “garantizar el interés público”. Adicionalmente, los cónsules y embajadores tienen que garantizar un “plan de auxilio económico subsidiario temporal” para atender la necesidades básicas de alimentación y hospedaje de los colombianos mientras termina la restricción de ingreso al pais.

Antes del 23 de marzo lograron llegar 45.595 colombianos que ahora están en cuarentena y el gobierno dejó abierta la posibilidad a negociaciones con gobiernos para el retorno de los restantes solo en casos excepcionales. Pero ahora esa opción quedó cancelada. Este viernes se esperaba la llegada de un grupo de colombianos desde Houston (Texas) pero como advirtió la ministra de transporte a W Radio, “no van a llegar”.

Gritos de auxilio

Los llamados de auxilio se escuchan desde distintos lugares del mundo. En Australia, un grupo de 200 colombianos envió una carta al embajador. “La gran mayoría teníamos vuelos comprados para regresar y fueron cancelados cuando el gobierno anunció que cerraba la llegada de vuelos. Compramos otros para alcanzar a llegar antes de la fecha de cierre y no fue posible”, cuenta Carolina Tafur. Esta colombiana dice que en el grupo hay personas con necesidades médicas, algunas mayores de 60 años y piden que el gobierno colombiano gestione con alguna aerolínea o con la Organización Internacional para las Migraciones.

El caso de Viviana Pieschacon, en Albania, es crítico. Con su esposo y su bebé de 6 meses, está aislada en un Airbn en la ciudad portuaria de Durrés, pero debido a la cuarentena y no tener un documento albanés no puede salir ni a comprar alimentos para la niña. “Nos preocupa que no podemos salir ni a comprar la leche para ella y solo tenemos alojamiento hasta el 3 de abril. Ya llenamos el formulario de Cancillería pero no hemos tenido ninguna respuesta”, contó a EL PAÍS. Habían viajado a Europa en febrero para recorrer Albania, Italia y Madrid. “Por fortuna no llegamos a Italia”, dice Pieschacon. Pero ahora se encuentra desesperada porque no hay colombianos en Albania y el consulado más cercano está en Italia.

En el sudeste asiático, una veintena de colombianos se debate entre regresar o esperar a que pase la tormenta de coronavirus en Colombia, donde hay 536 casos confirmados y 6 muertes. Pero tampoco tienen suficiente dinero y les preocupa el vencimiento de las visas. “Una ruta de vuelo para viajar a Colombia”, es lo que piden en un documento que crearon para solicitar en grupo el retorno desde Tailandia, donde se encuentra la mayoría. Y en Perú, 200 colombianos suplican “un vuelo de rescate”. “Así como han permitido la entrada desde otros países suplicamos nos permitan entrar y cumplir allí la cuarentena y todos los exámenes de rigor que nos exijan”, dice Martha Acosta, atrapada en Cuzco. “La Cancillería nos estaban gestionando un “vuelo humanitario” pero todo cambió ayer cuando decidieron prohibió la entrada de vuelos internacionales”, contó.

Las inconsistencias entre las declaraciones de la Cancillería y el Ministerio de Transporte es otra de las quejas de los colombianos atrapados en el exterior. “La ministra dijo en medios de comunicación que sujetos a un protocolo de bioseguridad que estableció la Cancillería con el Ministerio de Salud y Aerocivil, se puede traer a colombianos de manera puntual, siempre y cuando cumplan unos protocolos, pero ahora la Cancillería publica un comunicado que dice lo contrario”, se queja Carolina Tafur, desde Australia.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 30 mar 2020 - 15:18 COT

Publicado enColombia
El general venezolano retirado Clíver Alcalá, durante una conferencia de prensa en Caracas en 2016.JUAN BARRETO / AFP

Clíver Alcalá, acusado de narcotráfico por EE UU, se entregó a Washington tras detallar un supuesto complot de la oposición contra Maduro, quien lo califica de “agente estadounidense”

 Un hombre con camisa azul claro y pantalón oscuro camina por la pista del aeropuerto de Barranquilla rodeado de funcionarios colombianos y estadounidenses. Ocurrió el pasado viernes. A media tarde, se formaliza la entrega y Clíver Alcalá Cordones sube a un avión enviado por Washington. Horas antes, el Departamento de Justicia lo había incluido en una lista de 12 dirigentes chavistas acusados de narcotráfico junto a Nicolás Maduro y a la cúpula del régimen venezolano. La Administración de Donald Trump ofrecía 10 millones dólares por su cabeza, aunque según la Fiscalía colombiana todavía “no existía orden de captura ni solicitud con fines de extradición”. Con esta información todo encajaba en el esquema de confrontación entre Estados Unidos y Caracas. Pero las últimas declaraciones de Alcalá antes de pasar voluntariamente a disposición de las autoridades arrojan una historia más nebulosa, y llena de lagunas, en la que se mezclan un arsenal de armas y una supuesta conspiración para derrocar a Maduro. Este lo considera un hecho probado y este lunes, en una carta dirigida a la comunidad internacional, lo calificó abiertamente de “agente estadounidense”.

Clíver Alcalá es un mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional Boliviariana (FANB). Tiene 58 años y se mantuvo fiel al expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, desde el intento de golpe de Estado de 1992. Rompió con el oficialismo hace al menos cuatro años y llevaba dos afincado en Barranquilla. El exmilitar se declara opositor, reconoce como presidente a Juan Guaidó y, sin embargo, acabó involucrándolo en un complot que, según su relato, se estaba urdiendo desde Colombia.

El pasado lunes agentes de la Policía colombiana de Tránsito dieron el alto a una furgoneta en un control vial en Pueblo Viejo, un municipio de la costa del Caribe ubicado entre Barranquilla y Santa Marta. En el vehículo, conducido por un hombre llamado Jorge Alberto Molinares Duque, hallaron “26 fusiles americanos, 14 cascos blindados con visores nocturnos y tres chalecos blindados”. El conductor fue detenido bajo los cargos de “fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares”. Tres días después, Washington emitió la acusación formal de tráfico internacional de drogas contra la plana mayor del chavismo. Entonces, Alcalá aseguró públicamente estar detrás del transporte de ese arsenal.

Las imágenes de su entrega, adelantadas por el diario colombiano El Tiempo, dejan atrás una serie de dudas sobre su versión de los hechos y su papel en la red de los disidentes del régimen. “Primero”, afirmó el general retirado en un vídeo difundido a través de su perfil de Twitter, “las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano en el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando en la conformación de una unidad libertad para Venezuela”. Alcalá no aporta pruebas, pero menciona al consultor Juan José Rendón, al dirigente del partido Voluntad Popular Sergio Vergara y va más allá. Asegura que también estaban al tanto del plan Iván Simonovis, colaborador de Guaidó y hasta 2019 uno de los presos políticos más antiguos de Venezuela, y Leopoldo López, líder opositor refugiado en dependencias diplomáticas españolas en Caracas.

“Acordamos ahí, junto a militares venezolanos, de hacer una unidad militar, que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales del narcotráfico y del desastre que ha generado en nuestro país”, continúa Alcalá, quien dijo asumir su responsabilidad y que el Gobierno de Iván Duque “no está vinculado”. “Teníamos todo preparado, pero circunstancias que se han venido generando a lo largo de la lucha contra el régimen generaron filtraciones desde el seno de la oposición, aquella oposición que quiere seguir conviviendo con el Gobierno de Maduro, aquella oposición que no quiere que nada cambie”, mantuvo el general.

La justicia colombiana se enteró de este relato, que Guaidó negó rotundamente, igual que los demás. Esto es, cuando Alcalá decidió hacerlo público. “La Fiscalía General de la Nación generó nuevas actividades investigativas dentro del caso para recolectar evidencia que determine su participación y, como consecuencia, se han llevado a cabo diligencias de allanamiento y registro en varias ciudades del país”, informó el ente acusador. Las autoridades activaron canales de cooperación judicial y, a partir de ahora, solicitarán información a Estados Unidos para avanzar en las indagaciones.

Pero más allá de las consecuencias judiciales en territorio colombiano, el Gobierno de Maduro se remitió a las declaraciones de Alcalá para estrechar el cerco contra Guaidó, que lleva más de un año de pulso para tratar de desalojar al sucesor de Chávez y acaba de proponer conformar un gabinete de emergencia nacional ante la crisis del coronavirus. El fiscal general, Tarek William Saab, informó el viernes de que el Ministerio Público ha iniciado “una investigación contra Guaidó, Clíver Alcalá y demás colaboradores: por el convicto y confeso delito de intento de golpe de Estado contra el presidente”.

México - 30 mar 2020 - 13:23 COT

Publicado enInternacional
La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales

El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.

El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.

Ese día fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), el destacado líder nacional Marco Rivadeneira, quien fue retirado de una reunión por parte de 3 hombres vestidos de civil y armados y momentos después lo asesinaron, cuando dialogaba con la comunidad de la vereda Nueva Granda en busca de soluciones y alternativas para la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Marco Rivadeneira, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, líder histórico de las comunidades campesinas en Colombia y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías, era el más reconocido líder agrario del departamento del Putumayo en los últimos años.

En la misma fecha fueron asesinados dos concejales en otras dos regiones del país: Ángel Ovidio Quintero, concejal del municipio de San Francisco (Antioquia) e Ivo Humberto Bracamonte, concejal del municipio de Puerto Santander (Norte de Santander). La característica común de estos 3 asesinatos es el perfil destacado de cada uno de ellos. En el caso de Marco Rivadeneira, es la primera vez que las estructuras criminales que están detrás del plan de asesinatos sistemáticos de personas que defienden los derechos humanos en Colombia, asesinan a un vocero y dirigente de la más importante y numerosa red de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

Esta situación ha suscitado el temor de que la atención por la emergencia en salud provocada por la pandemia, no solo invisibilice el exterminio de líderes y lideresas sociales, sino que facilite ataques contra dirigentes que hasta ahora no se habían atrevido a tocar, por el costo político que ello podría significar. La CCEEU se pronunció haciendo responsable de este asesinato “al Gobierno presidido por Iván Duque y la facción política hoy en el poder del Estado, y a la Ministra Alicia Arango, quien hace un mes y justo en la tierra de Marco, dijo que morían menos defensores de derechos humanos que por robo de celulares”. Este homicidio hace patente la inclemente racha de asesinatos emprendida por el paramilitarismo y las disidencias que el Gobierno permite y se niega a desmantelar, incrementada desde la firma del Acuerdo Final de Paz, lo cual muestra una clara sintonía con el propósito declarado de hacer trizas la paz y mientras el Gobierno simula su cumplimiento. Según la CCEEU, “este asesinato corrobora una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno Colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”[i].

Estos temores se han venido acrecentando con las nuevas acciones criminales en contra de los líderes y lideresas sociales durante la crisis provocada por el coronavirus, tal y como denunciaron varios líderes sociales al periódico TheGuardian[ii]. En una nota publicada el pasado 23 de marzo, el periódico británico alertó que los líderes sociales en Colombia temen que la cuarentena nacional –que inició oficialmente este miércoles– los ponga en peligro, ya que “quedarse en un solo lugar los convierte en objetivos fáciles” para los grupos armados. Otros líderes y lideresas expresaron que durante el confinamiento “Están jugando con nuestras vidas porque saben que nuestros guardaespaldas, la Policía y el sistema de justicia serán aún menos efectivos de lo que suelen ser”[iii].

El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, ha sido aprovechado para facilitar la localización y exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así también lo denunciaron las organizaciones indígenas por el asesinato de dos de sus dirigentes en el departamento del Valle. El 24 de marzo fueron asesinados ÓmarGuasirumaNacabera y Samper Guasiruma, líderes indígenas del pueblo Embera, quienes fueron sacados y asesinados en las afueras de su vivienda mientras estaban recluidos por la cuarentena obligatoria, mientras que otros dos indígenas resultaron heridos (José y Víctor Guasiruma)[iv].

En otro hecho que confirma estas preocupaciones, el 24 de marzo fue asesinada Carlota Salinas, lideresa social vinculada a la Organización Femenina Popular, histórica organización de derechos de las mujeres en la región del Magdalena Medio. Sicarios ingresaron a la vivienda de la lideresa en el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar) y la asesinaron de varios disparos a la salida de la vivienda[v].

Por último, la noche del 25 de marzo, hombres armados intentaron asesinar a Jhon Restrepo, reconocido líder LGBTI de Medellín y director de la Corporación Casa Diversa de la Comuna 8. Durante varios años, Jhon lideró la Mesa LGBTI de la Comuna 8 de Medellín hasta 2011, cuando la Mesa se desintegró por los continuos ataques de grupos armados que rechazaban la visibilización de las personas LGBTI de la Comuna. Recientemente, el grupo fue reconocido como el primer sujeto LGBTI de reparación colectiva en el país y reanudó sus actividades como Corporación Casa Diversa. Sin embargo, comenzaron a recibir nuevas amenazas y la noche del 25 de marzo, después de que Jhon terminara de entregar mercados a vecinos del barrio para que tuvieran suministros básicos durante la cuarentena nacional, tres hombres armados llegaron a su casa y lo atacaron con arma blanca, apuñalándolo cinco veces[vi]. El caso del líder LGBTI de Medellín hace pensar que atacar a los líderes durante esta época afecta también a las comunidades porque ellos y las organizaciones están gestionando apoyos a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena.

El riesgo social agravado por la pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente a excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz. Este es el caso de Albeiro Antonio Gallego Mesa en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de La Macarena, en el departamento del Meta[vii]. Tres días antes se había denunciado el asesinato de otros dos firmantes de la paz en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), los excombatientes Irnel Flores Forero y Belle Ester Carrillo Leal[viii].

Las preocupaciones que se evidencian de estos crímenes ponen de presente que los riesgos se incrementen para los liderazgos sociales en momentos en que la atención de la comunidad nacional e internacional está centrada en la contención de la emergencia sanitaria originada por la expansión del COVID-19 y, que estas circunstancias sean utilizadas para llevar más lejos los planes de exterminio del liderazgo social y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.

Estos hechos son una alerta sobre la necesidad de que la opinión pública y la comunidad internacional eleven el nivel de exigencias a las autoridades colombianas para la contención de los planes de exterminio que desde el inicio del proceso de paz se han puesto en práctica en contra de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Las pautas de estos ataques registrados durante la aplicación de las medidas de aislamiento preventivo, al igual que de otros ataques perpetrados por los paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, evidencian intensos seguimientos previos, en los que los líderes y lideresas son ubicados en sus viviendas, lugares de trabajo y redes sociales, actuaciones que, según diversas fuentes, estarían implicando a organismos de inteligencia estatal que se encargan de amenazar a los líderes[ix], en tanto los asesinatos ocurren casi siempre a manos “civiles armados”, “sujetos desconocidos”, “encapuchados” o “autores indeterminados”[x]. Esto podría agravarse durante la aplicación de la cuarentena nacional, debido al aislamiento de los líderes y lideresas en un mismo lugar durante varios días.

Por estos motivos, la CCEEU concluyó su comunicado frente al asesinato de su vocero Marco Rivadeneira haciendo “un llamado a la comunidad internacional a acompañar las demandas al Gobierno de Iván Duque para que cumpla sus obligaciones, contenidas en compromisos internacionales de derechos humanos y reforzadas en virtud del Acuerdo de Paz, de brindar garantías plenas para la labor de las personas que defienden los derechos humanos, e impida y contenga a las fuerzas enemigas de la paz para que la situación de emergencia en que hoy se encuentra el país y el mundo no sea aprovechada para continuar el exterminio de los liderazgos sociales en los territorios y de las personas y comunidades que reclaman y defienden los derechos humanos[xi].

Bogotá, marzo 27 de 2020

 

[i] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, rechaza el asesinato de su dirigente en el Putumayo Marco Rivadeneira.  En: https://coeuropa.org.co/lacoordinacioncolombiaeuropaestadosunidosrechazaelasesinatodesudirigenteenelputumayomarcorivadeneira/

[ii]Colombiandeathsquadsexploiting coronavirus lockdown to killactivists. En: TheGuardian. 24 march 2020. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombiangroupsexploitingcoronaviruslockdowntokillactivists

[iii]Grupos armados aprovechan cuarentena para asesinar a líderes sociales: TheGuardian. Pulzo. 24 de marzo de 2020. En: https://www.pulzo.com/mundo/gruposarmadosaprovechancuarentenaparamatarlideressocialestheguardianPP867787

[iv]“Asesinan a dos líderes indígenas cuando cumplían aislamiento por COVID-19”. En: Caracol Radio. 25 de marzo de 2020. https://noticias.caracoltv.com/coronaviruscovid19/asesinandoslideresindigenascuandocumplianaislamientoporcovid19ie214

[v]“Asesinan a la lideresa Carlota Salinas Pérez en Bolívar antes de la cuarentena”. En: El Heraldo. 25 marzo 2020. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinanlalideresacarlotasalinasperezenbolivarantesdelacuarentena712263

[vi]Denuncia pública de la Corporación Casa Diversa, 26 de marzo de 2020.

[vii]“Asesinan a excombatiente de las Farc en Meta.” En Radio Nacional de Colombia. 22 de marzo de 2020.https://www.radionacional.co/noticias/asesinatoexcombatientemeta

[viii]Dos ex combatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia. Notas. 19 de marzo de 2020. En: https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/03/19/dosexcombatientesfarcasesinadoscolombia/

[ix]«Las ‘Águilas Negras’ son una corporación por fuera de la ley, compuesta por funcionarios armados del Estado». Debate sobre el Paramilitarismo en el Senado de la República. 5 de junio de 2029. Senador Gustavo Petro. En: https://twitter.com/Alonrop/status/1136352534728237056

[x]CINEP. “Violencia Camuflada. La Base Social en Riesgo. Informe Anual de DD.HH en Colombia 2018”. 2019. En: https://www.business-humanrights.org/en/node/188302

[xi]CCEEU. Ibídem.

Publicado enColombia
Lunes, 30 Marzo 2020 06:39

Peste y primavera

Residentes de South Orange y Maplewood, en Nueva Jersey, se han unido para elaborar equipos de protección, como mascarillas y protectores faciales, con el fin de ayudar a los trabajadores sanitarios del área en la lucha contra el coronavirus.Foto Afp

La peste no es sólo el coronavirus, sino el manejo criminal y negligente de la crisis por casi toda la clase política. Está más que documentado que se sabía de las posibilidades terribles de una pandemia como ésta y la cúpula política no dijo ni hizo lo debido. El régimen estadunidense –en los hechos, por los números innecesarios de gente contagiada, personas que mueren– ahora compite con el coronavirus sobre cuál es más peligroso para la salud pública.

Ante la irresponsabilidad del régimen y gran parte de la cúpula política en torno al desastre que estamos viviendo en Estados Unidos, el temor –a veces nutrido por algunos medios cubriendo esta nota roja masiva con un tinte amarillista– se vuelve más contagioso que el coronavirus.

Por las cuarentenas parciales, cunde un silencio ensordecedor en grandes urbes sólo interrumpido por las sirenas de cada vez más ambulancias mientras la gente comparte historias de horror pero también de heroísmo, sobre todo el de los trabajadores de salud que intentan hacer todo para rescatarnos de esta peste.

No respiren, no toquen, el que está al lado puede ser mensajero de la muerte, esperen instrucciones de las autoridades; no se muevan, no se muevan. Ese es el mensaje oficial incesante.

Pero rompiendo esta inercia decretada, esta condición diaria donde uno –si no está capacitado en atender y salvar vidas– está condenado a ser testigo o víctima de todo esto, algo reaparece con la primavera.

Iniciativas de ayuda mutua –concepto de origen anarquista (Kropotkin, entre otros) después mezclado con corrientes cristianas radicales e indigenas donde el apoyo esta organizando horizontalmente para beneficiar a todos los participantes– están brotando en diversas esquinas del país, y con ello florece esa solidaridad que suele aparecer ante actos catastróficos para una sociedad. Son respuestas colectivas basadas en la lección básica de esta pandemia; lo que hacen todos y cada quien afecta a todos los demás.

Con ello, se han organizado brigadas para hacer compras colectivas y distribuir a la comunidad desde alimentos básicos hasta medicinas a organizar transporte y alojamiento. Esas redes, en gran medida son organizadas por jóvenes con sus talentos digitales, en comunidades pobres en Nueva York, Chicago, Los Angeles, Salt Lake City, Washington DC, Nashville, Las Vegas, Cleveland entre decenas y pronto cientos mas (https://docs.google.com/spreadsheets/ d/e/2PACX-1vRks16AM9mtiFCC dEJmckD9IszC7rHkvfRj6xxspMB4BBB8n_SiUsHCfbHb DCixmvNGTSPm7PEii2nP/pubhtml# ; https://mutualaiddisasterrelief.org).

Muchas de estas agrupaciones son recién nacidas ante este desastre, pero otras son más antiguas con largas historias de autogestión autónoma que ahora están respondiendo a una crisis más, y además de promover apoyo mutuo dentro y entre comunidades.

Como se comentó en un foro virtual esta semana en el Highlander Center por participantes en este tipo de esfuerzos tanto de ahora como en el pasado, el concepto se basa en solidaridad, no caridad, ya que la caridad rescata justo las estructuras que contribuyeron al desastre en lugar de transformarlas para que no se repita este tipo de crisis. Se rechaza la idea de que los expertos, que suelen estar o llegar de fuera, son los que tienen que resolver la situación sino que los problemas y sus soluciones tienen que ser definidos por los directamente afectados. Otra participante señaló que se tiene que rechazar hasta el nombre de la medida oficial de distanciamiento social, insistiendo que lo que se tiene que hacer es guardar una distancia física, pero mantener sobre todo la solidaridad social. Afirmaron que el objetivo es pensar en cómo construir una infraestructura de cuidado comunitario frente a un sistema capitalista que sólo le interesa rescatar sus intereses en una crisis como ésta.

No son una vacuna, pero estas respuestas –junto con la cada vez más esplendorosa gama de expresiones solidarias por artistas y otros trabajadores culturales en estos momentos– son los antídotos vitales, invitaciones a una primavera.

(https://twitter.com/i/status/1243550980022718465). (https://twitter.com/YoYo_Ma/status/1243618409067294720)

Publicado enInternacional
Sábado, 28 Marzo 2020 06:55

El irresistible retorno de los militares

El irresistible retorno de los militares

Bolsonaro en la cuerda floja

“Bolsonaro no gobierna más y Brasil vive una desobediencia civil”, escribió el columnista Merval Pereira en la edición del 26 de marzo del diario O Globo. No es cualquier periodista ni cualquier medio. Perteneciente a la cadena Globo, O Globo es el diario de mayor circulación de Brasil y Pereira es uno de los periodistas más cercanos a la familia Marinho, propietaria de la cadena.

 O Globo apoyó el golpe de Estado de 1964, mantuvo estrechos lazos con todos los gobiernos militares y fue opositor al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva. Por eso, sus críticas a Bolsonaro pueden tomarse como un termómetro de lo que piensa el gran empresariado brasileño.

En rigor, el aún presidente de Brasil, o “antipresidente” como lo bautizó la periodista Eliane Brum, nunca tuvo una posición confortable.

Desde los primeros meses de 2019, apenas asumió la presidencia, fue el vice Hamilton Mourao, ex general de línea dura, el encargado de zurcir los desgarros diplomáticos que provocaba la incontrolable verborrea de Bolsonaro.

Pereira sostiene que el presidente “está aislado por propia elección”. En efecto, rompió con su propio partido, el PSL, con el que llegó al gobierno, con el Congreso, con todos los gobernadores y, por si fuera poco, con el principal cliente comercial de Brasil, China.

Pero el dato más novedoso, disparado directamente por la banalidad en el manejo por el presidente de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, es lo que Pereira denomina como “un movimiento de desobediencia civil instalado en el país”.

A mediados de marzo comenzó una cadena ininterrumpida de cacerolazos en las mayores ciudades, en respuesta a la minimización presidencial de los impactos del coronavirus.

Bolsonaro dijo que la crisis “pasará en breve”, que es apenas “un resfriadito” y que no ve motivo para cerrar las escuelas pues el impacto principal es con los mayores de 60 años.

Más bruto aún: “El brasileño bucea en las alcantarillas y no le pasa nada”.

Fue un golpe al mentón a la credibilidad de las clases medias urbanas en la ciencia, en las recomendaciones de aislamiento social de la OMS y en lo que vienen haciendo los gobiernos del mundo.

El ruido de las cacerolas

En Sao Paulo, por ejemplo, los cacerolazos se produjeron en los mismos barrios de clase media donde Bolsonaro obtuvo casi un 80 por ciento de los votos 18 meses atrás.

A mi modo de ver, los cacerolazos alertaron a la mayoría del empresariado, a los grandes medios y a un sector de las fuerzas armadas, sobre la gravedad de la situación.

Incluso un medio tan conservador como O Estado de Sao Paulo, cercano a las fuerzas armadas, editorializó el mismo 26 marzo, en tono incendiario: “El presidente parece desear ardientemente la confrontación –con los gobernadores, con el Congreso, con los medios y hasta con miembros de su propio gobierno ̶ para crear un clima favorable a soluciones autoritarias”.

El diario llama a los brasileños a “desconsiderar totalmente lo que dice el jefe de Estado”, en particular su insólito llamado a romper la cuarentena y volver a la “normalidad”. Se especula con que puede llegar a disolver el Congreso e instalar un gobierno dictatorial.

Un día antes, el martes 25, el diario Valor Económico, portavoz de los intereses financieros e industriales, vinculado a Folha de Sao Paulo, el otro gran medio brasileño, publicó una columna titulada “Carta de renuncia”, firmada por la periodista María Cristina Fernández.

En ella aparece un dato fundamental. Se estaría articulando una “salida elegante” de Bolsonaro, en la que estarían de acuerdo incluso los militares, a cambio de la amnistía a sus hijos, Carlos, Eduardo y Flavio, conocidos como 01, 02 y 03.

Asoma un general

Los tres pueden ser acusados por diversos delitos ante la justicia, incluso del asesinato de Marielle Franco, por el estrecho contacto que Flavio tenía con los asesinos (El País, 9 de febrero de 2020).

El gran vencedor de esta pulseada sería el vice Mourao, quien días atrás tomó distancia de las declaraciones del presidente sobre el coronavirus, y de ese modo quedó en posición de convertirse en su sustituto.

Una de las claves la dio el gobernador de Goiás, Ronaldo Caidado, del derechista DEM, un aliado de primera hora del presidente que ahora lo acusa de irresponsable y de “lavarse las manos responsabilizando a otras personas por un colapso económico”.

“Un estadista tiene que tener coraje suficiente para asumir las dificultades”, sentenció Caiado.

Es exactamente el perfil de Mourao. Férreo defensor de la dictadura militar (1964-1985), Mourao fue separado del Comando Militar del Sur, uno de los más poderosos del país, por las críticas públicas que hizo en 2015 al gobierno de Rousseff.

En 2017, cuando gobernaba Michel Temer, pidió una “intervención militar” que acabase con la corrupción de la clase política en Brasil (La Nación, 6 de agosto de 2018).

En medio de la crisis, el Comandante del Ejército, general Edson Leal Pujol, publicó un video dirigido a los militares en el que asegura que el combate al coronavirus “puede ser tal vez la tarea más importante de nuestra generación”.

Mirar hacia atrás para mirar hacia adelante

Militares que en la década de 1960 consideraron que su principal tarea era el combate al comunismo, se prestan ahora a retornar al poder con la excusa, igualmente precaria, de “salvar al pueblo y a Brasil”.

Si la crisis política se encaminara hacia un gobierno presidido por el general Mourao, estaríamos ante una paradoja: 35 años de democracia electoral desembocaron en el retorno completo de las fuerzas armadas al gobierno, que ya cuentan con más de cien de los suyos en los escalones más altos de la administración.

Sería algo así como un “gobierno militar democrático” para gestionar un “Estado policial digital”, un modelo que se está probando exitoso para los intereses del 1 por ciento más rico durante esta crisis sistémica.

El desafío, y el problema, es que Brasil suele marcar tendencias en el continente.

Los trabajadores y los sectores populares deberemos re-aprender a luchar en condiciones de represión, control policial-militar de la sociedad y de precariedad material en la vida cotidiana.

Un retorno a la década de 1960, cuando organizarse implicaba riesgos que sólo podían afrontarse con fraternidad, solidaridad e integridad ética.

Por Raúl Zibechi27 | 03 | 2020, 14:31

Publicado enInternacional
Denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo

Comunicado al Gobierno Nacional, a las entidades de Naciones Unidas, a la Fiscalía, a la Defensoría del pueblo, a todas las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia y a la sociedad colombiana en general sobre el Asesinato de la Lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, perteneciente a la Organización Femenina Popular, en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

Un grupo de estudiantes y profesores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, quienes realizamos una salida de campo en octubre del año pasado, con el fin de conocer y aprender de primera mano sobre las condiciones sociales, las formas de resistencia y las distintas iniciativas de los pobladores de varios municipios del Magdalena medio, denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo. Exigimos al Gobierno nacional, y en particular a la Fiscalía General de la Nación, la identificación y judicialización de los autores intelectuales y materiales de este execrable hecho.

Por otra parte expresamos nuestra solidaridad a la familia de Carlota, a la de su pareja y con la Organización Femenina Popular (OFP) y sus familias, que en sus más de 30 años ha estado en el acompañamiento de los sectores más vulnerables del país y del Magdalena medio y que ha sufrido persecución y asesinatos de varias de sus lideresas, cayendo en la revictimización constante.

Exigimos al Gobierno nacional la protección de todas las integrantes de la OFP, así como de todas las organizaciones y personas del Magdalena medio que luchan por los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la tierra y, en general, por el buen vivir y la paz territorial.

Es necesario decir que Carlota Isabel y la OFP estaban -y siguen- trabajando arduamente en la búsqueda de alternativas en pro de la ayuda a la población más vulnerable en el contexto de la Pandemia del coronavirus. En una lección que las mujeres colombianas vienen brindando al resto de la sociedad, en el cuidado familiar, colectivo y en la resistencia a todas las formas en las cuales el capitalismo y el patriarcado vienen atacando la vida digna y el derecho a vivir en paz de todas y todos.

Por último, hacemos un llamado a toda la sociedad colombiana, para que en medio de la situación compleja de la pandemia causada por el Coronavirus, no olvidemos la pandemia de asesinatos de líderes sociales en el país, que se constituye en una masacre sistemática de todas las personas que luchan por los Derechos Humanos y la paz digna para toda Colombia. Cabe mencionar que Carlota Salinas en los últimos días venía fortaleciendo lazos de solidaridad en el municipio, para que familias en condiciones desfavorables pudieran también sumarse a la medida obligatoria de aislamiento preventivo.

Exigimos al Estado colombiano, y a las instituciones que lo componen, proteger la vida de los líderes y lideresas sociales, comprometerse con el mandato constitucional de la Defensa de la vida digna y llegar hasta las últimas consecuencias en la identificación de los asesinos y de quienes son responsables de esta masacre.

Firmado en Bogotá, el jueves 26 de marzo de 2020.

Carlos Iván Pacheco Sánchez – Profesor del Departamento de Sociología – Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes de los cursos "Métodos Cualitativos" y "Espacio y Sociedad" 2019-2, et al.

Gean Pierre Tilano Molina

Jeison Alejandro Vaca Monroy

Carolina García Bernal

Nazly Dayanna Jaimes Bernal

Lina Fernanda Rangel Fonseca

Sara Maria Rincón Bogota

Duvan Carranza García

Juan José Jiménez Jaramillo

Felipe Trujillo Garzón.

Juan Diego Castro Yanes

Simón Esteban De Antonio Delgado

Leidy Sofia García García

Isabel González Guerrero

Ingrid Liliana Cortés.

Miguel Angel Amaya Placides

Natalia Niño Bastidas.

Kurt Daksen Lozada Marin

María Alejandra Caucali Sterling

Brayan David Cristancho Navarrete

Daniela Moreno Sánchez

Laura Alejandra Alarcón, estudiante de Trabajo Social.

Ana Lorena Jaime Huérfano

Kiara Vanessa Rodríguez España

María José calvo Paez

Nicolle Valentina Amaya Baquero

Juan Sebastián Rodríguez R.

Edwan Santiago Guzmán Silva

Valentina Cardenas Cogollos

Madi Andrés Barbosa Nieves

Juan Esteban Vásquez Arcila

Diana Pachón Giraldo

Erika Dayana Romero

Juliana Valentina Díaz Reyes

Laura Rincón Jurado

Sofía Hernández

Álvaro Iván Tapie

Jenny Fernanda Chocue

Vielka Valentina Rodríguez

Richard Darío Carvajal Ramírez

Si otrxs estudiantes y profesores de Sociología o de otras Facultades de la Universidad Nacional quieren suscribir este comunicado pueden hacerlo en el siguiente link:

https://docs.google.com/document/d/1WjLqavT1knhjQWWbo45TiAjBEzFrt12XCY79J-x67vY/edit

Desde la Universidad Nacional de Colombia nos negamos a olvidar

¡BASTA YA DE ASESINATOS A LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES QUE LUCHAN A DIARIO POR LA VIDA DIGNA Y POR LA PAZ!

Publicado enColombia
Keynesianismo contra el virus: seis billones para rescatar la economía planetaria

La mayor inyección de dinero público de la historia, activada para estimular el sector privado y evitar el colapso de los sistemas productivos y comerciales del planeta, multiplica por seis los recursos destinados a paliar el 'crash' de 2008 y triplica la magnitud de la recesión que ahora pronostican, en términos de PIB, organismos como el Fondo Monetario Internacional-

 

Los gobiernos de las principales economías del planeta y los organismos internacionales preparan la inyección de cerca de seis billones (con ‘b’) de euros para tratar de atajar los efectos que está comenzando a provocar en sus sistemas productivos y comerciales la pandemia del coronavirus, que, tras dispararse los contagios en la India y comenzar a extenderse por África y América, ya ha obligado a confinar a más de un tercio de la población mundial.

Ese volumen de estímulos equivale a un 7,3% del PIB planetario, que en 2018, último año para el que dispone de datos el Banco Mundial, fue de 81,8 billones de euros (85,9 de dólares al cambio actual de 1,05, y multiplica por más tres las previsiones de retroceso del PIB mundial que maneja el FMI (Fondo Monetario Internacional), que se acercan al 2%, y por más de cinco las de un punto y cuarto para este año que los analistas manejaban cuando los países occidentales comenzaron a decretar el confinamiento de sus ciudadanos y a paralizar de manera parcial la actividad económica para frenar los contagios.

El objetivo de esas partidas consiste en evitar mediante inyecciones de liquidez el gripado de un sistema económico semiparalizado por motivos sanitarios. Y su magnitud, aunque las previsiones del FMI apuntan a un retroceso similar al de 2008, resulta más de seis veces superior a los 900.000 millones de euros que los países del G-20 movilizaron entonces.

En esa situación, las apelaciones a un Plan Marshall como el desplegado en la posguerra mundial en Europa que en los últimos días han realizado algunos dirigentes políticos, como el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez o el valenciano Ximo Puig, no dejan de resultar chocantes por dos motivos: la cuantía, ya que aquello subió a 13.400 millones de dólares, el equivalente actual de 85.700 de euros; y su génesis, ya que el 90% de esa cantidad llegó a los gobiernos europeos como donaciones del estadounidense a cambio de contrapartidas, como el despliegue de sus bases militares y facilidades para la instalación de sus empresas multinacionales.

Ahora se trata de activar mediante subvenciones, condonaciones de deudas, aplazamientos de pagos y avales bancarios la mayor movilización de dinero público de la historia, y de canalizarla hacia el sector privado para evitar el colapso de una economía basada en el consumo y que se asfixia cuando la morosidad y la insolvencia se imponen al gasto y la liquidez.

Los dos billones de euros de EEUU y Latinoamérica

Lo que sí coincide con el programa de la posguerra mundial, a grades trazos y tras la escasa aportación del FMI (43.000 millones de euros) y del Banco Mundial (12.000), son los titulares de los dos papeles principales: EEUU y Europa, que, por los datos que se conocen hasta ahora, van a poner en movimiento más de dos tercios de ese volumen de dinero.

El Senado estadounidense aprobó este miércoles sin votos en contra un paquete de dos billones de dólares (1,9 de euros) que incluye, entre otras medidas, ayudas de 500.000 millones para empresas en crisis, otros tantos para pagos directos de más de 3.000 dólares por familia, 350.000 para préstamos a pymes, 250.000 para ampliar las ayudas al desempleo y otros 100.000 para reforzar la atención sanitaria.
Ese paquete económico, que llega después de otros dos que sumaban 108.000 dedicados a financiar políticas de desempleo, acciones de investigación y actuaciones sanitarias, llega otros países de ese continente preparan la movilización de algo más de 140.000 millones de dólares: se trata de Canadá (57.000), México (25.000), Brasil (30.000), Colombia (15.000), Chile (11.000) o Argentina (5.300), cuyos planes sitúan por encima de los dos billones de euros (2,048) la movilización de fondos en América.

El billón de la UE y el BCE

Los estímulos que plantean los gobiernos de Europa y las instituciones comunitarias superan también los dos billones de euros, con el plan de emergencia del BCE (Banco Central Europeo) para poner 750.000 millones de euros a disposición de las entidades financieras y con las herramientas de la UE como principales focos de liquidez.

El Eurogrupo debatía este jueves por cuál de las dos opciones que los gobiernos habían planteado se inclinaba, sin descartar una combinación de ambas. La primera consiste en activar el MEDE, el Mecanismo Europeo De Estabilidad, que dispone de una capacidad de préstamo de 410.000 millones de euros, aunque los planteamientos iniciales apuntaban a préstamos de hasta el 2% del PIB de cada país miembro, lo que supondría un máximo de 330.000.

El plan ‘b’ de la Unión, que ya antes ha había liberado otros 25.000 millones para financiar acciones de investigación sobre el coronavirus, consiste en la emisión de bonos, los polémicos coronabonos que reclaman países del sur como España, Francia e Italia y rechazan otros del norte como Alemania y Holanda.

Se trataría de emitir deuda comunitaria para destinar su recaudación a estimular las economías de sus países miembros cuando cesen los confinamientos y a financiar sus respectivos aparatos sanitarios, lo que evitaría que cada uno de esos estados tuviera que emitir sus propios bonos. El debate de fondo cuestiona la capacidad real de la UE, y el compromiso de sus socios, para plantear políticas económicas propias, y comunitarias.

El billón y medio de los países comunitarios

Los países miembros de la UE, varios de los cuales, especialmente en el sur, llevan semanas implementando medidas sanitarias y también de tipo social ante la proliferación de los contagios en sus territorios y la paralización de sus sistemas productivos con los confinamientos, superan en su conjunto con claridad a las dos grandes instituciones comunitarias, salvo la improbable opción de que la UE combinara las dos herramientas (MEDE y coronabonos), en cuanto al volumen de recursos movilizados, ya que su suma ronda el billón y medio de euros.

Dos de esos países sureños, Italia y Francia, están preparando sendas inyecciones de recursos en su economía de un nivel similar a las que plantea Alemania, que maneja estímulos por valor de 156.000 millones y emisiones de deuda por otros 200.000.

Italia, por su parte, maneja una previsión de 350.000 millones, de los que ya ha comenzado a inyectar 25.000, mientras Francia tiene presupuestado un plan de choque de 45.000 millones para empresas, autónomos y trabajadores al que se añaden otros 300.000 que irá distribuyendo mediante avales para que esos mismos agentes puedan obtener liquidez en el sector financiero.

España, con un "escudo social"  de 200.000 millones en avales y aplazamiento de impuestos y en prestaciones para suspensiones de contrato de asalariados y ceses de actividad de autónomos, se sitúa en el nivel inmediatamente inferior, aunque muy por encima de las previsiones de otros países comunitarios como Portugal, que movilizará algo más de 3.000, o Dinamarca, con apenas 350.

A esas cifras hay que añadirles las de dos potencias económicas geográficamente europeas aunque no participan en la UE. Se trata de Reino Unido, cuyo primer ministro, Boris Johnson, ha anunciado tras sus reticencias iniciales un programa de 360.000 millones de euros (330.000 de libras) tras un primer plan de 34.000, y de Rusia, que inyectará en su economía otros 145.000.

Los 600.000 millones de Asia y Australia

En Asia, el país que mayor esfuerzo va a hacer para tonificar sus sistemas productivo, comercial y financiero, que ya renqueaban antes de la pandemia, será Japón, que tiene previsto movilizar 460.000 millones de euros (56 billones de yenes) dentro de un programa que, como en el caso de EEUU, incluye pagos directos a las familias.

Le sigue en volumen de dinero movilizado, aunque a mucha distancia, China, el país en el que comenzó la pandemia, si bien su peculiar sistema económico de capitalismo de Estado hibridado con una especie de desarrollismo postcomunista lleva a su Gobierno a reducir este capítulo al equivalente a 79.000 millones de euros, en este caso reduciendo el nivel de reservas que los bancos deben mantener para garantizar su funcionamiento.

Desde el inicio de los contagios, su producción industrial se ha reducido en más de una octava parte mientras el retroceso en la captación de inversiones se acercaba al 25%.

Turquía, con 14.000 millones de euros; Corea Sur, con 7.500, y Vietnam, con 1.700, son otros de los países asiáticos que han decidido poner en marcha planes de estímulo internos, lo que sitúa por encima de los 560.000 la movilización de recursos en ese área geográfica.

Por último, a falta de conocer las reacciones de los gobiernos africanos, en varios de cuyos países, como Suráfrica, ha comenzado esta semana a constatarse la existencia de contagios, y de India, los programas de mayor cuantía en otras áreas se localizan en Arabia Saudí, que tras la suspensión de las peregrinaciones a La Meca va a activar el equivalente de 30.000 millones de euros (120.000 de riales), entre los que se incluye el aplazamiento de impuestos a pymes, y en Australia, con otros 10.000.

Publicado enEconomía
El coronavirus está hundiendo al Gobierno de Bolsonaro

El "antipresidente", lo bautizó la periodista Eliane Brum. Quizá sea la mejor definición para Jair Bolsonaro que semana tras semana no deja de decir frases machistas, pelearse con los más diversos actores políticos y hasta abrir un frente insólito con China, su principal socio comercial.

 

Mientras todos los países sudamericanos han tomado medidas más o menos drásticas, la inacción y las contradicciones en que cae a diario Bolsonaro, que se refirió al coronavirus como una "gripezinha" (gripecita), provocó la irritación de las clases medias que lo llevaron al Gobierno, y que en la última semana se despacharon con sonoros cacerolazos durante siete días consecutivos.

"En diez ocasiones Bolsonaro minimizó la crisis del coronavirus", titula el diario O Globo, el de mayor circulación en Brasil, en evidente tono de burla hacia el presidente.

Este diario apoyó el golpe de Estado de 1964, mantuvo estrechos lazos con todos los gobiernos militares y fue opositor al Gobierno de izquierda de Luiz Inacio Lula da Silva. Por eso, sus críticas al mandatario actual pueden tomarse como un termómetro de lo que piensa el sector conservador de la sociedad.

Bolsonaro se enemistó con el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, de la socialdemocracia, a quien tildó de "lunático" y de "crear terror" por haber decretado la cuarentena en el estado más poblado del país, que junto a Rio de Janeiro concentra el 60% de los 2000 infectados del país.

El gobernador de Rio, el segundo estado más poblado de Brasil, el conservador Wilson Witzel, asegura que no tiene interlocución con el gobierno en medio de una crisis tan profunda. "Es inaceptable la falta de diálogo y de cordura. Nunca pensé que viviría esto en democracia".

Según los institutos de opinión pública, la popularidad de Bolsonaro se está derrumbando, aún cuando la epidemia no comenzó a escalar de forma vertical. El Centro de Modelamiento Matemático de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina Tropical de Londres, estima que el subregistro de contagiados en Brasil es enorme y que habría once veces más que los 2.000 detectados hasta el lunes 23 de marzo.

Lo más grave es que el sistema de salud no está en condiciones de atender a la población brasileña, y tampoco hay tests disponibles para un país de 210 millones de habitantes.

Una de las decisiones de Bolsonaro que muestra la improvisación y la falta de sensatez, fue la propuesta de suspender durante cuatro meses los contratos de trabajo y por lo tanto los salarios de los trabajadores. Debió dar marcha atrás ante la masiva y maciza oposición de todos los estratos sociales.

El presidente no está solo en estos dislates que van a contramano de las decisiones de los principales gobiernos del mundo, que buscan proteger los ingresos de la población. El dueño de la cadena de tiendas Havan, Luciano Hang, fanático bolsonarista, propuso recortar los salarios, suspender los seguros de desempleo y posponer las elecciones municipales de octubre.

Otro bolsonarista, Junior Durski, dueño de la cadena de restaurantes Madero, dijo en las redes que el confinamiento tendrá "consecuencias serán mucho mayores que las personas que morirán por cuenta coronavirus". Una parte del empresariado y del poder están más preocupados por las ganancias que por la vida de la población.

Según especialistas Brasil sigue una curva de infecciones similar a la de algunos países europeos, mientras Atila Iamarino, biólogo y doctor en microbiología apunta la mayor vulnerabilidad de Brasil: "China, Francia, España, Italia, Estados Unidos y Corea no tienen favelas".

"La ironía es que la enfermedad fue traída por los ricos a Brasil, pero va a explotar entre los pobres", dice Paulo Buss, director de la unidad de relaciones internacionales de Fiocruz, un prestigioso centro de investigación en salud pública.

Los habitantes de las favelas comenzaron a tomar precauciones, sabiendo que no tienen agua suficiente, que los servicios de salud son lejanos y que la precariedad de las viviendas hace casi imposible el aislamiento.

En el Complexo do Alemao, una de las mayores favelas de Rio, sus habitantes crearon un "gabinete de crisis" contra el coronavirus. Ante la ausencia de orientaciones del Estado, los vecinos buscan promover una campaña para conseguir fondos para la compra de agua (ya que varias comunidades no la tienen desde hace mases), jabón y alcohol en gel.

Es evidente que Bolsonaro y los ultras brasileños no entienden ni a los brasileños ni, muchos menos, que el mundo ya cambió en una dirección que les molesta profundamente. Buena parte de los europeos agradecen la ayuda de China, Rusia y Cuba, que enviaron médicos y material sanitario a varios países afectados por la epidemia.

China es "el único país capaz de suministrar mascarillas a Europa en tal cantidad", dijo el ministro del interior checo, Jan Hamacek. Los chinos "son los únicos que pueden ayudarnos", ha afirmado el presidente serbio, Aleksandar Vucic, que ha calificado al jefe de Estado de este país, Xi Jinping, de "hermano". China está enviando material protector que escasea en el mundo a varios países, lo que no ha hecho más que acrecentar su prestigio.

En contra de esa tendencia, un hijo de Bolsonaro, el diputado Eduardo, se permitió insultar a China acusando a "la dictadura" de Beijing de ser la responsable de la pandemia.

El embajador de China en Brasil respondió con aspereza diciendo que el hijo del presidente padecía un "virus mental". El presidente Bolsonaro intentó hablar con Xi Jinping, pero éste se negó en primera instancia a escucharlo.

Aunque no se disculpó, el Gobierno sabe que no se puede permitir el menor roce con el dragón, ya que es su principal socio comercial. Cuando la Bolsa de Sao Paulo perdió casi el 50% de su valor desde fines de enero, algo inédito en otros países, y la economía sigue estancada, una crisis con China terminaría por hundir al país en una profunda recesión.

Bolsonaro no es sólo el "antipresidente" de Brasil, sino el contraejemplo de toda una región que está tomando medidas drásticas para afrontar la pandemia.

16:34 GMT 24.03. 2020(actualizada a las 18:16 GMT 24.03.2020)URL corto

Publicado enInternacional
Coronavirus: Bolsonaro dice que Brasil puede "salir de la normalidad democrática"

Sostuvo que "el caos aparece en el horizonte"

El presidente brasileño repitió que hay que salir a trabajar porque el Covid-19 es una enfermedad de gravedad menor, una "gripecita".  Se multiplicaron los cacerolazos en su contra y los pedidos de impeachment.

 Desde Brasilia. Jair Bolsonaro afirmó (más bien amenazó) que la democracia corre el riesgo de "acabarse" si la crisis causada por el coronavirus desemboca en una "caos". "Lo que pasó en Chile va a ser una ´fichita´ ( nimiedad) al lado de lo que puede acontecer en Brasil, todos vamos a pagar un precio que llevará años para ser pagado, si no es que Brasil sale de la normalidad democrática".

Está en vilo "esa normalidad que ustedes tanto defienden, nadie sabe lo que puede pasar en Brasil", repitió dirigiéndose con desprecio este miércoles por la mañana a un grupo de periodistas apostados frente al Palacio de Alvorada .

Lo dijo durante una conferencia de prensa en la que hubo una serie de consultas sobre el avance del coronavirus , que en poco más de una semana pasó de cuatro a cincuentaysiete víctimas fatales , lista que incluye el primer fallecimiento en la región amazónica, un cuadro sanitario alarmante frente al cual algunos gobernadores decretaron la cuarentena para contener los contagios.

Bolsonaro habló de la dolencia pero demostró que su intención era poner el acento en la zozobra democrática que podría avecinarse. "Brasileños despierten ante la realidad (..) si no nos despertamos ante la realidad en pocos días , dejo claro, en pocos días, puede ser demasiado tarde (...) el caos aparece en el horizonte".

El desprecio por las instituciones es intrínseco al capitán retirado del ejército, quien con frecuencia evoca las dictaduras brasileña y chilena, y a lo largo de sus primeros quince meses en el gobierno se ha dedicado a erosionar lo que aún resta de democracia. Paradójicamente esta crisis de salud pública, que está en condiciones de devorar a su gobierno, al mismo tiempo puede ofrecerle a Bolsonaro una oportunidad para atizar el caos del cual sabe sacar provecho.

El especialista en derecho penal José Carlos Portella, miembro de Abogadas y Abogados por la Democracia, definió al mandatario como un "animal agonizante en el poder intentando salvar su último suspiro de vida tal vez arrastrando consigo a mucha gente hacia la tumba".

El ocupante del Palacio del Planalto ya ha cometido varios delitos que justifican un impeachment, entre ellos varias de sus medidas respecto al Covid-19 , apuntó Portella al sitio Brasil Actual, ligado a la Central Única de los Trabajadores (CUT).

El periodista Bernardo Mello Franco escribió en el diario conservador O Globo que "Bolsonaro usa el coronavirus para hacer una amenaza explícita a la democracia".

El caso es que el mandatario de ultraderecha comienza a ser visto como una rareza mundial: se opone a la cuarentena con el mismo autismo con que rechaza implementar medidas económicas de salvataje para los desocupados y los trabajadores que perderán sus empleos, iniciativas a las que están apelando hasta los gobiernos conservadores y centristas de los países de economías más desarrolladas. Incluso el própio Donald Trump , de quien Bolsonaro es devoto, acepta liberar fondos para campear la crisis.

En su carrera desestabilizadora ( en la que confía sacar partido) el presidente carga contra trabajadores y partidos populares y democáticos, pero al mismo tiempo lo hace contra dirigentes derechistas que hasta poco tiempo atrás fueron sus aliados como el gobernador de San Pablo, Joao Doria, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y Wilson Witzel, jefe del gobierno de Rio de Janeiro, del Partido Social Liberal (PSL).

A Doria y Witzerl los calificó como "demagogos" por haber determinado la suspensión de las actividades económicas y cierre de escuelas, para evitar que la población circule por San Pablo y Rio de Janeiro.

Alegó que el aislamiento en masa derivará en un parate de la economía, desocupación y descontento. Durante una videoconferencia con gobernadores finalizada el miércolese al mediodía el mandatario no se privó de ataques casi ofensivos que lo aislan cada vez más, generando un vacío político considerable.

En ese sentido hoy repitió parte lo dicho en cadena de radio y televisión el martes por la noche: hay que salir a trabajar porque el virus es una enfermedad de gravedad menor, una "gripecita".

El mensaje en cadena por reprobado por sonoros cacerolazos en San Pablo, Rio de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre y prácticamente todas las capitales del país. Desde los balcones de barrios de clase media y media alta se gritó , con bastante enojo, "Fuera Bolsonaro" e "Impeachment".

La protesta ocurrida ayer en Brasilia tuvo una magnitud inédita abarcando varias regiones de la capital que hasta ahora se habían mantenido indiferentes.

Todavía no se tiene una dimensión de la repulsa en barrios pobres, pero hay noticias iniciales de desconento en algunas barriadas de Rio de Janeiro, donde hubo una serie de reuniones de la Central Unica de Favelas. En Rio y San Pablo viven unos 2,7 a 3 millones de favelados a quienes el virus golpeará más duro por la fa falta de saneamiento y hacinamiento de las viviendas.

Este martes fue el octavo día seguido de protestas con tachos y cacerolas, de miles de indigados (quizas cientos de miles ) que se manifestaron desde casa ante la imposibilidad de ocupar las calles debido a la cuarentena.

Mientras tanto el Partido de los Trabajadores, la CUT y los campesinos sin tierra comenzaron a organizar un cacerolazo que promete ser ensordecedor para el 31 de marzo, aniversario del golpe militar de 1964. 

Publicado enInternacional
Página 1 de 257