Jueves, 05 Diciembre 2019 06:29

El terremoto social llega a Francia  

El terremoto social llega a Francia  

Un total de 245 manifestaciones contra la reforma a las jubilaciones previstas para este jueves

Confluirán chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, así como estudiantes, policías, maestros y judiciales. El Gobierno francés teme que se instale un clima de protesta social como el que sacude a otros países.

 

 Sólo queda por saber la magnitud final del terremoto programado para este jueves 5 de diciembre. El Ejecutivo francés y la presidencia siguen con aprensión los temblores sociales que se fueron expandiendo en el país desde hace varios meses y que convergen este 5 de diciembre en un movimiento social de magnitudes colosales. ”Esto va a ser como un tsunami social histórico”, dice Henry mientras le da las últimas pinceladas a la banderola de la CGT sección ferrocarriles con la que saldrá a la calle. El gobierno espera lo mismo. 

Chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, estudiantes, policías, maestros, justicia, un total de 245 manifestaciones están previstas en toda Francia en signo de protesta contra una enésima reforma del sistema de pensiones. El procedimiento propuesto por el Ejecutivo consiste en reemplazar por “un sistema universal de jubilaciones” los 42 regímenes jubilatorios de la actualidad. Los sindicatos no quieren dicha reforma y su oposición ha ido aunando muchos otros sectores sociales. Ello terminó por trazar un horizonte posible de convergencias de luchas sociales que, esperan los sindicatos, podría igualar la huelga de 1995 contra una reforma similar que paralizó a Francia durante tres semanas.

Las previsiones de la movilización son altísimas. 90% de los trenes no circularán este jueves, el 60% de las escuelas estarán inactivas mientras que las compañías aeronáuticas ya anularon cientos de vuelos. La pesadilla, para el gobierno, podría durar un sólo día o muchos según lo que ocurra con la huelga ilimitada decretada por los sindicatos de la SNCF, la compañía nacional de ferrocarriles.

La cantidad de sectores que se han añadido a las manifestaciones o a la huelga es asombrosa. La nueva reforma concentró un montón de malestares sociales dispersos, facilitó la unión de varios sindicatos y hasta un probable resurgimiento del sindicalismo como eje catalizador de la movilización. Fuera de la CFDT, los otros sindicatos, principalmente la CGT y Fuerza obrera, convocaron a “construir un plan de acción contra la reforma de las jubilaciones”. El “cuerpo social” no olvidó sus heridas.

 En noviembre de 2018 surgía en Francia la revuelta de los chalecos amarillos y en diciembre de 2019 se plantea un levantamiento todavía más grande, tanto en el sector público como privado. Varios futuros están en juego, empezando por el de la misión del propio presidente Emmanuel Macron y la imagen que, desde 2016, empezó a destilar en la opinión pública. Según explicaba Macron en un libro publicado ese año (Révolution), la división central se situaba entre “conservadores atados al pasado” y los “progresistas reformistas”. Su reforma se instala en esa narrativa con el riesgo de que, si no pasa por la persistencia de la acción social, ”el mandato se habrá acabado, ya no haremos más nada”, según admitía en las páginas del vespertino Le Monde un miembro del staff presidencial citado anónimamente. 

Macron retrocedió entre finales de 2018 y principios de 2019 cuando se vio confrontado a los chalecos amarillos y anuló las medidas que habían desatado el movimiento. Esta vez no parece ser el caso. Tanto su primer ministro, Edouard Philippe, como él han reiterado su “determinación” para llevar a cabo la reforma a través de la cual ambos se juegan su respectivo capital político. Hay un sector consistente del electorado que lo respalda (39%), que aún ve en él ese dirigente “que soluciona los problemas irresueltos desde hace más de 30 a años” (Frédéric Dabi, director general de la consultora IFOP, Le Monde).

A su vez, los sindicatos se juegan su poder de influencia y su capacidad a volver al centro de la acción social. El sindicalismo francés ha sido reiteradamente derrotado en los últimos a años y vio también como caía en picada su legitimidad de actor social.

 La insurgencia de los chalecos amarrillos se plasmó fuera de los círculos sindicales y así logró arrancarle al poder unas cuantas concesiones sin que mediada ninguna mediación sindical. Presidencia y sindicatos ponen en la mesa sus respectivas fortunas. La historia reciente no es alentadora en la lógica sindical. 

Hace ya casi 20 a años que las manifestaciones, por más importantes que sean, dejaron de tener un impacto en el rumbo fijado por los políticos. No obstante, los chalecos amarillos volvieron a demostrar que en la calle sí se podía aún trastornar las lógicas del poder. Con ello cuentan los sindicatos, respaldados ahora por la señal de la insurgencia amarilla y por la densidad de los actores que ya adhirieron a la huelga. La fuerte oposición incumbe en mucho a la presidencia y al Ejecutivo.

 Mal explicada, casi oculta, compleja, poco “vendida” y maquillada, la reforma de las pensiones es una suerte de onda de varias frecuencias. Por un lado, 76% de los franceses considera que una reforma del sistema de pensiones es “necesaria”, pero 64% no confían en Macron para llevarla a cabo. El gobierno tenía un camino trazado pero sus divisiones internas dieron vuelta a la opinión. La reforma no es una sorpresa porque figuraba en el programa electoral de Macron. El entonces candidato abogaba por un sistema universal, más equitativo y transparente. Pero el ala derecha del macronismo presionó para que se introdujeran variables que no estaban contempladas, entre ellas aumentar la edad de la jubilación o cotizar más tiempo. Allí se rompió el consenso ante la reforma. La gente sintió que la estaban engañado y que, en el fondo, la reforma no más que una manera encubierta de recortar beneficios sociales. Ello explica por qué tantos sectores socio profesionales, públicos y privados, se citan este jueves en las calles del país. Puede ser “la lucha final” o una lucha inicial para una futura negociación.

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:08

Cayó el gobierno iraquí

Manifestantes festejan la renuncia del presidente iraquí en el centro de Bagdad.  Imagen: AFP

El primer ministro iraquí, Adil Abdul-Mahdi, anunció que presentará su renuncia después de que más de 40 personas fueran asesinadas por las fuerzas de seguridad en una protesta callejera y tras el llamado del principal clérigo chiita del país para que los legisladores le retiren su apoyo. Tras el anuncio, miles de manifestantes antigubernamentales que han acampado en la céntrica plaza Tahrir de Bagdad durante casi dos meses celebraron con cantos y bailes.

Abdul-Mahdi emitió un comunicado en el que dijo que había "escuchado con gran preocupación" el sermón del Gran Ayatollah Ali al-Sistani y que tomó su decisión luego de oírlo para "facilitar y acelerar su cumplimiento lo antes posible. "Presentaré al Parlamento un memorando oficial renunciando al puesto de primer ministro para que el Parlamento pueda revisar sus opciones", expresó Abdul-Mahdi, que ocupaba el cargo desde hacía poco más un año. El texto no precisa cuándo va a dimitir, pero la Asamblea va a reunirse el domingo para debatir la crisis.

Al Sistani había dicho que el Parlamento "debería reconsiderar sus opciones" en su sermón semanal de los viernes, que fue leído por un representante suyo en la ciudad santa de Najaf. Al Sistani había llamado a los activistas a distinguir entre los manifestantes pacíficos y aquellos que solo buscan generar violencia, después de que el miércoles un grupo de personas incendiara el consulado de Irán en Najaf. Funcionarios gubernamentales han declarado que el ataque al consulado iraní fue perpetrado por saboteadores externos al movimiento ciudadano.

Si bien los manifestantes celebraron el anuncio de Abdul-Mahdi, el reclamo de la calle es en contra de toda la clase política que gobierna Irak desde la caída de Saddam Hussein, en 2003. "No nos detendremos con el primer ministro, tenemos más peleas que dar. Seguiremos adelante hasta que se cumplan nuestras demandas", aseguró a la CNN una mujer que no quiso revelar su identidad por temor a represalias. Los manifestantes piden un cambio del gobierno que consideran corrupto y responsable de la mala gestión de los recursos y problemas económicos del país, sobre todo en el sur rico en petróleo donde la población no se beneficia del oro negro.

Alrededor de 400 personas murieron en la violenta represión que ha habido desde el inicio de las protestas, el 1° de octubre, la mayoría con heridas de munición real o por la explosión de latas de gas lacrimógeno que las fuerzas de seguridad disparan directo contra la multitud. Cuarenta manifestantes murieron baleados el jueves en la capital, Bagdad, y en las sureñas ciudades de Najaf y Nasiriya, en una escalada que continúa en las calles del país. Otros tres manifestantes murieron el viernes y ocho resultaron heridos en Nasiriya cuando intentaron acceder al centro de la ciudad para reanudar su protesta, informaron fuentes de Seguridad y de Salud.

Abdul-Mahdi, de 77 años, ex ministro de petróleo y finanzas y ex vicepresidente, fue visto como un político independiente cuando asumió el cargo en octubre de 2018 y es el primer primer ministro iraquí que no pertenece al partido político Dawa en 12 años. En su primer día de mandato, trasladó sus oficinas afuera de la zona verde fortificada en las que están todas la sedes del gobierno y embajadas con el objetivo de acercarse a la ciudadanía. Pero en seguida se chocó de frente con el desafío de bajar el alto desempleo, eliminar la corrupción y mejorar unos servicios públicos en ruinas.

Los manifestantes también le reprochan la creciente influencia de Irán en el país, después de que Washington redujera el número de militares en el terreno.

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Aliados: Lacalle Pou y Manini Ríos.  Imagen: AFP

 Por apenas 30 mil votos, Uruguay da un giro a la derecha . Y a pesar de que durante 15 años el país vivió transformaciones: los tres gobiernos de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio (FA) sacaron a un millón de personas de la pobreza. El índice pasó de 34 al 8 por ciento y la desocupación bajó del 20 al 9 por ciento. 

Para la oposición , el Estado gastó más de la cuenta y por eso el déficit creció a un 4,9 por ciento del PIB. La derecha unida --que incluye a los ultras de Cabildo Abierto-- llegará al gobierno el 1 de marzo con promesas de ahorro. ¿ajuste?. El electo presidente Lacalle Pou prometió no aumentar impuestos y "ahorrar 900 millones de dólares del gasto público, sin explicar cómo. Sin embargo, el ministro de Economía, Danilo Astori, enfatizó que ese plan "es imposible sin tocar áreas como educación, salud y seguridad". 

La central única de trabajadores PIT- CNT reconoce los avances de los últimos 15 años y pone la lupa en el acuerdo entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Fernando Gambera, secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT sostuvo a Página12: “en estos años se aprobó una ley que reconoce el fuero sindical, la libertad sindical, una ley de negociación colectiva, hubo un 53 por ciento de recuperación salarial. El PIT CNT acompañó la lucha feminista y la agenda de derechos igualitarios”.

Gambera se permitió dudar del acuerdo al que llegaron los partidos de oposición. “Si uno se guía por los gobiernos de Lacalle padre y Sanguinetti en esos diez años entre 1995 y 2005 no hubo ronda de paritarias. Sanguinetti arrasó con cualquier situación conflictiva. Sectores no tuvieron aumento salarial. El acuerdo se parece al de blancos y colorados para que ganara Batlle la segunda vuelta a Tabaré en 1999. Batlle terminó en la peor crisis del 2002, lo que e hace dudar de que puedan restaurar acciones de derecha”.

Lacalle Pou aseguró que van a declarar la emergencia en seguridad pública. Fue el senador Jorge Larrañaga, del partido ganador, quien impulsó un plebiscito sobre una reforma en seguridad que, de haber prosperado, hubiera habilitado a allanamientos nocturnos y a la participación de militares en seguridad interior. La militarización dio muestras claras de haber fracasado en nuestra región.

Si por un lado el FA tuvo coqueteos con EE.UU. sobre un tratado de libre comercio –lo que le costó un fuerte debate interno—y tensó la relación con Argentina por la instalación de la papelera; por otro lado, mantuvo firme su posición de apostar por el diálogo en Venezuela. Uruguay no se alineó al Grupo de Lima ni a los llamados a intervenir de halcones norteamericanos.

En tiempos de retrocesos para América latina, el gobierno de Tabaré Vázquez mantuvo distancia de Jair Bolsonaro –el presidente brasileño dijo que Lacalle Pou sintonizaba más con sus pensamientos liberales y económicos —. Además, el oficialismo condenó el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. 

Los gobiernos del FA otorgaron derechos como aborto legal, matrimonio igualitario, ley de personas trans, regulación del cannabis. Lacalle Pou y su bloque no apoyaron estas leyes y se abre el interrogante de qué hará con aliados como el electo senador ultraderechista Guido Manini Ríos, contrario a tales conquistas. La coalición de derecha tendrá mayoría parlamentaria.

 Desde marzo, el Frente Amplio tendrá "el enorme desafío de seguir trabajando en defensa de los sectores menos favorecidos de nuestra gente", señaló Mariano Arana, exintendente de Montevideo y un referente de la coalición de centro-izquierda.  

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Viernes, 29 Noviembre 2019 06:03

Botín de guerra y excusa

Botín de guerra y excusa

Es innegable que durante los 14 años del gobierno de Evo Morales ha habido una notable reducción de la pobreza a través de políticas públicas de redistribución de la riqueza. Asimismo, no se puede negar que, aunque sea de manera limitada y muchas veces simbólica, el Estado hizo un esfuerzo histórico por reconocer a la mayoría aymara, quechua y guaraní del país, transformándose en un Estado plurinacional. Pero la pregunta es: ¿sobre qué modelo económico se sustentan estas políticas redistributivas y antirracistas?

La respuesta a esta pregunta y la mejor guía para entender la situación se encuentran en las potentes intervenciones del movimiento feminista boliviano. Uno de estos grupos es Mujeres Creando. En 2017 este colectivo feminista aceptó una invitación de la bienal de arte de Bolivia para pintar un mural, siempre que pudiera llevarse a cabo en la fachada del Museo Nacional de Arte. En el centro de este “altar profano” aparecía el escudo de Bolivia con el Cerro Rico de Potosí clavado sobre la espalda de un hombre arrodillado en posición de sumisión. El pene del hombre estaba amarrado con una cadena a una pesa de oro. A los lados podía leerse: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista” y “No hay nada más parecido a una machista de derechas que un machista de izquierdas”.

Las feministas ponían así el dedo en la llaga –el mural duró menos de 24 horas sin ser profanado– mostrando que las políticas extractivistas del Estado no se asentaban sobre una lógica de género neutral, sino sobre una solidaridad interna entre el colonialismo y el patriarcado que transforma los cuerpos de las mujeres y la tierra en mercancía y botín de guerra. En efecto, el gobierno de Morales no sólo no modificó la lógica colonial extractiva del país, sino que amplió el extractivismo al otorgar más licencias mineras, intensificar la explotación del litio, ampliar la frontera de los agronegocios y pactar con la oligarquía que ahora lo echa del poder.

La lógica extractivista-patriarcal llega a su paroxismo con el conflicto del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en 2010 y 2011. El gobierno del Mas pretendía construir una carretera que cortaría a la mitad este territorio guaraní en pleno corazón de la Amazonia para facilitar la extracción de hidrocarburos en el centro del parque y la extensión de los agronegocios. La oposición de los habitantes del territorio fue duramente reprimida por el gobierno de Morales. Una de las personas que acompañaban la marcha en defensa del Tipnis era Esther Argollo, una de las autoras del mural de Mujeres Creando. En 2017 tuve la oportunidad de entrevistarla y me describió, todavía conmocionada, la brutal represión de la policía de Morales en el pueblo de Chaparina: “Nos invadieron el campamento, nos cercaron, lanzaron gases, sacaron a los indígenas del lugar donde estábamos a patadas, a golpes, les amarraron, les taparon las bocas, tuve que correr con un niño al monte, porque… Era una señora, de las indígenas que estábamos en el campamento, era un domingo… La señora estaba con dos niños, uno se lo dio a uno de los indígenas y corrió al monte y el otro me lo dio a mí”.

UN PROYECTO NACIONALISTA EXTRACTIVISTA. 

El relato de la izquierda –golpe de Estado, Cia, Evo víctima, oligarquía racista, retorno de la Biblia al Palacio– se sutura definitivamente con la aparición del litio como botín de guerra. Bolivia cuenta con grandes reservas de litio en los salares de Uyuni y Coipasa y, en ese sentido, es totalmente plausible que la oligarquía blanca del país, en connivencia con algunas potencias extranjeras (Estados Unidos, pero también China, Rusia o Alemania), esté afilándose los colmillos para subastarse el litio.

Tras la llegada al poder de Evo Morales en 2008, los yacimientos de litio pasaron a ser una concesión de la Comisión Minera Boliviana, y se creó la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos, a cargo de Luis Alberto Echazú. El modo en que se realiza la transferencia de los terrenos ya es sospechoso. Tras haber recorrido todas las comunidades que se ubican alrededor del salar de Uyuni, puedo asegurar que en ninguna de ellas hubo consulta previa, libre e informada, como exige el artículo 169 de la Oit para autorizar la explotación de litio en territorio indígena. En lugar de eso, se recurrió al apoyo de una organización masista, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (Frutcas). Pero este subterfugio legal no significa que todos los ayllus del salar estén de acuerdo con la explotación del litio. Hay comunidades como Llica que están en desacuerdo, y otras que lo aceptaron porque no veían otra opción.

Pero el asunto central es que se trataba nuevamente de un proyecto nacionalista extractivista. Los ingenieros de la planta de Llipi Llipi me explicaron en 2016 que se iba a tratar de un proyecto completamente boliviano, ejecutado con capital boliviano, recursos humanos bolivianos y cuyos beneficios recaerían en el pueblo boliviano. Cuando les preguntaba sobre los potenciales impactos ambientales que iba a provocar la extracción, no solamente por el gasto de agua sino por los residuos que iba a generar la inyección de grandes dosis de cal en el salar para separar el magnesio del litio, respondían de nuevo con el imaginario nacionalista en el que el “oro blanco” prometía sacar, una vez más, al pueblo boliviano de la miseria.

La versión de algunos líderes de Frutcas era todavía más siniestra, pues cuando pregunté a Humberto Ticona, uno de sus líderes, si no veía contradicción entre los artículos de la Constitución en defensa de la Pachamama y la extracción del litio, me respondió: “Claro, por ejemplo, ¿el litio de dónde viene? De las entrañas de la tierra. La Pachamama nos está dando una alternativa a sus hijos para poder sobrevivir”.

El último episodio de la saga se remonta a abril de 2018, momento en el que el gobierno de Evo Morales firma una acuerdo con la empresa alemana Aci Systems Gmbh para su explotación en régimen mixto con el Estado. El acuerdo ha sido finalmente revocado por las presiones de las comunidades circundantes al salar y de miembros del Comité Cívico Potosino. La negativa de las comunidades se debe, en parte, a su deseo de participar más activamente en los beneficios de la explotación, pero también a que, como me fue manifestado en múltiples entrevistas con miembros del pueblo Llica, las comunidades indígenas piensan que el salar es un ser vivo sagrado.

El gobierno de Evo Morales, con toda su retórica pachamámica, jamás se ha planteado escuchar a estas comunidades o repensar la explotación del litio para preservar un espacio sagrado y de alta biodiversidad, ni antes ni ahora; lo que estaba en juego era simplemente el modelo de explotación y la distribución de los beneficios. La izquierda internacional, que tanto se preocupa, y con razón, por la situación en Bolivia, debería escuchar a esta gente y a todos los colectivos de la sociedad civil que no están afiliados con ninguno de los caudillos en pugna, como por ejemplo, Colectivo Curva, Colectivo Ch’ixi, Comunidad Pukara, Nación Qhara Qhara, Nación Yampara, Parlamento de Mujeres, Red Unitas y Trabajadores Originarios Quechuas de la Provincia Oropeza.

Luis Martín-Cabrera. director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en San Diego.

29 noviembre, 2019

 Tomado de La Marea mediante una licencia de Creative Commons. Brecha reproduce fragmentos.

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Viernes, 29 Noviembre 2019 05:59

El Senado aprobó la Ley Antiencapuchados

El Senado aprobó la Ley Antiencapuchados

Piñera le había pedido al Congreso que avance inmediatamente con proyectos de ley destinados a contener las protestas. Volvió a destacar que se enfrenta a "un enemigo muy poderoso e implacable".

El Senado de Chile aprobó la polémica Ley Antiencapuchados. La medida, que busca castigar a los manifestantes que se cubran la cara, pasará ahora por la Cámara de Diputados. Las penas irían de los 541 días a los 3 años de prisión. De esta forma, el presidente Sebastián Piñera se asegura una primera victoria luego de solicitarle el miércoles al Congreso que avance inmediatamente con distintos proyectos de ley destinados a contener las protestas. Tras participar de una ceremonia de la Policía de Investigaciones, Piñera volvió a la carga con uno de sus latiguillos más célebres: "Estamos enfrentando un enemigo muy poderoso e implacable". 

Con 22 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, el proyecto aprobado en una sesión especial del Congreso plantea que los encapuchados "no solo actúan para destruir la propiedad privada o pública, sino que atentan contra la integridad física de las personas". Se estima que las penas pueden ir de los 541 días a los 3 años de prisión.

Ahora la iniciativa pasará a ser debatida en la Comisión de Seguridad de Diputados. La moción había sido presentada en septiembre por los senadores Víctor Pérez, Felipe Harboe, Andrés Allamand, José Miguel Insulza y Felipe Kast.

El gobierno había propuesto en las últimas horas una serie de reformas destinadas a contener y reprimir la protesta: un proyecto que sanciona el uso de capucha como agravante de delitos; otro que aumenta las sanciones contra el saqueo; uno que tipifica penalmente las barricadas; y finalmente, el proyecto que permite el uso de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica sin decretar estado de excepción. Por el momento, solo consiguió avanzar sobre el primero.

Piñera asistió en la mañana del jueves a la graduación de nuevos miembros de la Policía de Investigaciones. Allí repitió que, desde el gobierno, están "enfrentando un enemigo muy poderoso e implacable. Que no respeta a nada ni a nadie y que no respeta la vida de los seres humanos". Más adelante agregó que "aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad. Ni mucho menos a la debilidad".

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Viernes, 29 Noviembre 2019 05:54

Acuerdo en la asamblea legislativa de Bolivia

Acuerdo en la asamblea legislativa de Bolivia

Aunque el timbre que llama a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia sonó y sonó a lo largo de más de una hora y media y parecía que no se iba a completar el quorum para terminar de darle forma definitiva al proceso de elecciones extraordinarias, la deliberación se produjo y no tomó más de tres horas llegar al acuerdo. Aunque no hubo declaraciones en ese sentido, evidentemente la larga reunión de bancada del MAS IPSP acordó de manera unificada ir paso a paso y sacar el reglamento para después fijar la fecha en que se trate la ley de garantías para que se investiguen los crímenes cometidos en el marco de la represión -del Terrorismo de Estado- después de la autoproclamación como presidenta de Jeanine Áñez.

El 18 de diciembre, entonces, terminará el plazo para elegir los seis vocales que faltan para completar el Tribunal Supremo Electoral -el presidente, Salvador Romero, ya fue elegido por Áñez- entre “personas probas y sin militancia partidaria en los últimos diez años”. Y a partir de entonces habrá 48 horas de plazo para que el TSE presente el calendario electoral.

La plaza Murillo, el corazón del poder político boliviano, volvió a poblarse desde temprano, y a cercarse a la vez de vallas policiales y personal pertrechado con armas y tubos de gases lacrimógenos visibles. Quienes ocupaban la plaza y hacían conferencias de prensa al aire libre no tuvieron mayores problemas en atravesar controles: eran grupos de choque que se adjudican la protección de la Plaza desde principios de noviembre y la autoridad para denunciar “los crímenes de lesa humanidad de las hordas masistas”, según dijeron ante los micrófonos que les pusieron delante. “Si se atreves a votar la ley de impunidad vamos a volver a la calle, vamos a volver a bloquear”, dijo Juan Carlos Gimenez, uno de los voceros del grupo que se hacer llamar “Resistencia km 0” y que juran que duermen en las inmediaciones en “vigilia permanente”, amparados por el gobierno departamental de La Paz. Ahí estaba presente Magalí Valencia, administrativa del gobierno para dar fe de eso.

Dentro del recinto el trámite pasó sin problemas aunque en la puerta de la legislatura se inquirió a los diputades y senadores ahora oficialistas sobre el aumento en las jubilaciones y sueldos de personal uniformado. ¿Se trata de una recompensa por lo actuado en la represión? “Eso es un pensamiento revanchista -dijo Lourdes Millares, de UD-. Hoy Bolivia vive en democracia gracias a la policía y al Ejército”.

La devolución de favores no consta sólo en mejoras salariales, también en el reconocimiento oficial del rol del Ejercito en “mantener la paz interior” que les otorgó la autoproclamada presidenta Áñez en una visita a la sede principal de las fuerzas armadas donde desfiló frente a las tropas y recibió ella también una medalla al mérito.

Las condiciones para la pacificación que pusieron los movimientos y organizaciones sociales que integran el MAS IPSP siguen vigentes. Quedan 4 días para que las autoridades del partido llamen a un “ampliado nacional” en el que se terminen de coordinar estrategias comunes y avanzar en los dos sentidos: el fin de la persecución política, justicia para las víctimas y fin de la impunidad de las fuerzas represivas por un lado y avanzar en la elección de quienes podrían ser candidatos en las próximas elecciones. Es probable que el cuarto intermedio para las movilizaciones espere esa reunión. No hay finales en esta historia, sólo puntos suspensivos para un pueblo que no quiere coser sus heridas con olvido.

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La senadora boliviana Jeanine Anez hace un gesto mientras posa para una foto después de declararse presidenta interina de Bolivia, en el Palacio Presidencial, en La Paz, Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.Carlos Garcia Rawlins / Reuters

El reciente golpe de Estado en Bolivia, la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil y el posible triunfo electoral de la derecha en Uruguay tiene un punto común: la vinculación de los líderes políticos con organizaciones eclesiásticas.

 

Después de la llamada 'década ganada' de la izquierda en América Latina, en el último tiempo el avance de grupos conservadores en diferentes países ha dado como resultado la llegada al poder de figuras que, una vez más, han puesto a prueba la estabilidad democrática en Sudamérica. 

Entre ese ascenso hay un factor común: la vinculación de algunos de esos líderes políticos con agrupaciones religiosas. Lo sucedido recientemente en Bolivia, donde un golpe de Estado invocado en nombre de "Dios" terminó por derrocar a Evo Morales; la llegada al Gobierno brasileño de líderes evangélicos por intermedio de Jair Bolsonaro; y el posible triunfo de la derecha en Uruguay con referentes religiosos, podrían proveer a los sectores eclesiásticos un rol decisivo dentro de la conducción de sus países. 

 

Golpe de Estado 'con Dios y la Biblia'

 

El pasado 10 de noviembre se produjo en Bolivia la renuncia forzada del mandatario, Evo Morales, luego de un golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas y alentado por una oposición con una fuerte impronta religiosa.

Entre los referentes que impulsaron la salida por la fuerza de Morales están la exsenadora y actual presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, y el empresario y líder del partido cívico 'Comité pro Santa Cruz', Luis Fernando Camacho.

Dos días después de consumado el golpe, Áñez recibió la banda presidencial en el Palacio Quemado por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Al momento de su asunción ilegal como mandataria "interina" del país andino, la exsenadora de 52 años sostenía una enorme Biblia entre sus manos. "Dios ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio, que él nos bendiga", sentenció.

En la misma línea, Fernando Camacho, un ferviente practicante católico e integrante de la élite política de Bolivia en el distrito de Santa Cruz, se convirtió en un referente crucial de la oposición local luego de la destitución del primer presidente indígena del país. Es que en los días previos al golpe, mientras aumentaba la presión interna y externa para derrocar a Morales, el fundamentalista religioso había esbozado una promesa: "Haré todo lo posible para que Dios vuelva a estar en el Palacio Quemado". 

Con la colaboración de los altos mandos militares y la incitación a la violencia en las calles, Camacho cumplió con su anhelo: fue la primera persona en ingresar al palacio oficial en La Paz con un libro sagrado en sus manos, tan solo un día después del golpe.

"No estoy yendo con las armas, voy con mi fe y mi esperanza; con una Biblia en la mano derecha y su carta de renuncia (por Morales) en mi mano izquierda", había anunciado momentos antes de entrar a la sede principal del Ejecutivo boliviano.

Para el politólogo boliviano Marcelo Arequipa, el ascenso de grupos religiosos en el país tuvo su punto de partida antes de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. "Lo más notorio fue la candidatura del Partido Demócrata Cristiano con el surcoreano nacionalizado, Chi Hyun Chung", detalla el especialista. El oriental, quien también es pastor evangélico, alcanzó el tercer lugar en los últimos comicios, con más de medio millón de votos.

"Estos grupos", retoma Arequipa, "se introdujeron hábilmente en algunas preocupaciones generales que tenía la población. Después, lo que hicieron fue cohesionar al electorado en torno a ellos". En ese sentido, el politólogo advierte que los religiosos supieron consolidar a un enemigo en común: Evo Morales. "Han ingresado en lo opinión pública al punto tal de influenciarla a su favor", puntualiza.

Pero quien terminó por aglutinar a 'la fuerza de Dios' fue el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho. "Es el que va a llevar el mensaje de 'esto no se trata de un golpe de estado sino de liberar a la nación de un tirano'. La bandera del nacionalismo católico predominó todo el tiempo", afirma el analista político. Y remarca: "Ese discurso de la derecha ha calado hondo porque ha dado como resultado la solidificación del anti-evismo".

Desde el año 2009, a través de la promulgación de una nueva Constitución por parte del mandatario dimitido, Bolivia se ha declarado como un Estado laico y plurinacional. Esa decisión supuso un quiebre con la iglesia local. "Hoy, los cuadros políticos de Camacho y Áñez han abandonado la idea del estado plurinacional", explica Arequipa. "La idea de un Gobierno tecnócrata, con ideales propios de la derecha, es el proyecto político que buscará consolidarse en adelante", finaliza el especialista.  

 

Bolsonaro, entre balas y cruces

 

Las polémicas declaraciones del mandatario de Brasil ya son conocidas en toda la región. Su homofobia extrema, junto a la abierta misoginia y discriminación a minorías sexuales, han dado como resultado la identificación del ultraderechista con los sectores más férreos de una religión predominante en distintas esferas del poder brasileño. Tal es su fanatismo, que este último jueves presentó su nuevo partido político ─Alianza por Brasil─ bajo el lema: "En defensa de Dios y repudio al comunismo".

Ariel Goldstein, politólogo argentino y autor del libro 'Bolsonaro: La democracia de Brasil en peligro', recalca que la alianza entre el político y los grupos evangélicos fue sustancial para su llegada a Planalto. "Edir Masedo, empresario religioso y dueño de TV Récord, la segunda cadena con mayor audiencia televisiva en el país, le dio apoyo durante toda su campaña. No es casual que el 70 % del electorado evangélico haya votada por él en 2017", explica el especialista.

Goldstein remarca que, en la medida que el mandatario decae en popularidad ciudadana, encuentra en los sectores eclesiásticos cada vez más apoyo: "Son las bases populares que, de otro modo, no podría obtener", refiere.

Asimismo, el politólogo destaca el crecimiento parlamentario que la fuerza religiosa tuvo en el Congreso Nacional. "En 2003, cuando se crea el Frente Evangélico, tenían unos 50 diputados y ocho senadores. Hoy llegan a los 200 legisladores en la Cámara Baja y 50 en la Alta", precisa.

El arribo de figuras evangélicas al Estado también es una particularidad de la actual administración. La pastora Damares Alves, por ejemplo, fue nombrada por Bolsonaro como ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. "Fue quien resaltó que las niñas debían vestirse de rosa y los niños de azul y no admitía una familia con otros componentes [al tradicional]. El gabinete del presidente presenta muchas figuras con la misma ideología", resume el analista político.

Pero hubo un hecho que el especialista considera como la consolidación de las relaciones entre el Estado brasileño actual y los grupos religiosos. "Bolsonaro fue el primer mandatario en asistir a la 'marcha para Jesús', el principal evento evangélico del país celebrado en junio", considera Goldstein.

Sin embargo, el politólogo ve con preocupación la expansión de componentes religiosos en la esfera pública. "Debería permanecer en el ámbito privado, de otra manera constituye un ataque al pluralismo", dice. Y agrega: "Con este escenario, se expande la visión religiosa de la política: quienes están del lado del bien y quienes del mal. Son narrativas que ponen en riesgo la democracia en la región", finaliza.

 

¿Fin del progresismo en Uruguay?

 

Por lado de Uruguay, el Partido Nacional, representando a diferentes grupos de la élite política que incluyen sectores eclesiásticos, se ha acercado a la presidencia en la votación del pasado domingo, tras un reñido balotaje contra el oficialismo. Aunque el resultado final se haya pospuesto por el escaso margen de diferencia, el candidato opositor, Luis Lacalle Pou, se muestra como favorito ante el progresista Daniel Martínez, líder del Frente Amplio.

Como coalición al Partido Nacional está la formación de 'Cabildo Abierto', agrupación política que se alió a Lacalle Pou con miras a derrotar al oficialismo en las urnas. Los integrantes de ese espacio, por su estrecha relación con la iglesia local, se oponen abiertamente a las leyes como el matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana, la protección de las personas transexuales y la despenalización del aborto, derechos por los que Uruguay ha sido pionero en la región. 

"Dentro de poco nos van a imponer una ley para que la homosexualidad sea obligatoria", se había quejado Guillermo Domenech, candidato a vicepresidente por 'Cabildo Abierto' en la primera elección de octubre. El exmilitar Guido Manini Ríos, quien está al frente de la agrupación, también había expresado públicamente su rechazo a la "ideología de género", al considerar el concepto como un "libreto extranjero". 

Este viernes finamente se conocerán los resultados que señalarán al nuevo mandatario de Uruguay. Si bien el líder del Partido Nacional lleva una minúscula ventaja con respecto a Martínez, Lacalle Pou se muestra confiando en ser el posible sucesor de Tabaré Vázquez.

Aunque el líder conservador aún no confirmo quienes integrarán su eventual Gobierno, la expectativa por la participación de integrantes de 'Cabildo Abierto' en su gabinete genera una nueva incertidumbre en el país sudamericano, dada las polémicas figuras que podrían estar al frente de los diferentes ministerios.

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 Paulo Guedes, ministro de Economía, este lunes en la embajada brasileña en Washington. OLIVIER DOULIERY AFP

El ministro de Economía evoca un brutal decreto de la dictadura ante "la irresponsabilidad" de Lula de convocar a los brasileños a que respondan en la calle al Gobierno

 

La ola de descontento y protestas callejeras que recorre Sudamérica no ha llegado a Brasil, pero el temor y el nerviosismo ante un posible contagio son evidentes. El ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, admitió el lunes por la noche en EE UU que el miedo a un incendio en las calles es el motivo por el que el Gobierno ha frenado su ambicioso programa de reformas para abrir la economía y encoger el Estado. El ultraliberal Guedes llegó a evocar el decreto de la dictadura que dio inicio a los años de plomo y supuso el cierre del Congreso porque "es irresponsable llamar a la calle para decirles que tienen el poder”, dijo, en referencia al excarcelado expresidente izquierdista Lula da Silva. Guedes advirtió a sus compatriotas: “No se asusten si alguien pide el AI5”. La indignación fue inmediata.

Guedes explicó con franqueza la situación en una larga conferencia de prensa en Washington tras reunirse con miembros de la Administración Trump. Admitió que la inédita ola latinoamericana de protestas es el motivo por el que el Gobierno ha aparcado las reformas tributaria y de la función pública, que iba a presentar al Congreso este noviembre: “Es verdad que se ha desacelerado. Cuando todo el mundo empieza a salir a la calle sin motivo aparente, dices: ‘Mira, para no darles un pretexto vamos a ver, vamos a entender lo que está ocurriendo”, dijo, según el diario Estadão.

El ministro plenipotenciario en asuntos económicos, un antiguo banquero de inversión con escasa experiencia política, y su agenda reformista son el motivo por el que el empresariado dio desde el principio su apoyo al Gobierno de Bolsonaro. Este Gobierno logró sacar adelante la impopular reforma de las pensiones pero no quiere arriesgar. Guedes recalcó que la economía brasileña empieza a recuperarse, que Bolsonaro mantiene su apuesta por la agenda reformista y quitó importancia a que el dólar esté batiendo récords frente al real. El dólar alcanzó los 4,25 reales en la apertura este martes.

Tras la aprobación de las pensiones, el paquete económico de Guedes consta al menos de cinco propuestas legislativas que requieren enmendar la Constitución. Las aparcadas por el temor a que la izquierda movilice a su militancia con grandes manifestaciones en las calles son la tributaria y la de la administración pública, diseñada una para simplificar el sistema tributario y la otra para reducir los salarios y la estabilidad de los nuevos funcionarios.

El fantasma del peor decreto de la dictadura ya fue agitado el mes pasado por el diputado Eduardo Bolsonaro, que recibió una crítica generalizada. Incluso fue desautorizado por su padre, que, sin embargo, nunca ha ocultado su nostalgia por la dictadura.

En Brasil nadie quita ojo al agitado vecindario. Las manifestaciones que persisten en Chile (el modelo de Guedes en sus reformas brasileñas) y Colombia, las ya amainadas en Bolivia, Ecuador y Perú, la victoria de la izquierda peronista en Argentina e incluso el nuevo recuento en el siempre estable Uruguay preocupan al Gobierno de Bolsonaro e inspiran a la oposición. El discurso duro de Lula tras salir de la cárcel solo ha añadido presión al cóctel. Venezuela y su arraigada crisis son capítulo aparte.

Guedes embistió contra el duro discurso de Lula ahora que ha recuperado la libertad, aunque tiene vetado presentarse a unas elecciones. “Es irresponsable llamar a alguien a la calle ahora para generar una ruptura, para decir que tienes que tomar el poder. Si uno cree en la democracia, espera ganar y ser elegido”, dijo el ministro, que se refirió en dos ocasiones al decreto AI5 (de diciembre de 1968, el quinto de los actos institucionales de la dictadura), que además de clausurar todas las Cámaras legislativas suspendió los hábeas corpus, entre otras medidas. Guedes intentó convencer después a la prensa de que la conferencia de prensa era extraoficial y subrayó que “Planalto (la sede de la Presidencia) jamás apoyaría un AI5, eso es inconcebible”.

Brasil tuvo su gran revolución del descontento a partir de 2013. Comenzó como ahora en los países vecinos, de manera inesperada. La subida del precio del autobús fue la chispa que llevó a los brasileños a tomar las calles contra la corrupción y la clase política. Aquello cristalizó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el encarcelamiento de buena parte de los líderes políticos y empresariales e, indirectamente, en la elección de un presidente como Bolsonaro.

Otras tres propuestas económicas fueron enviadas ya al Congreso pero no han sido analizadas por la crisis que Bolsonaro ha abierto con su grupo parlamentario al abandonar su partido para crear una nueva sigla, Alianza por Brasil, y porque la Cámara ha decidido centrar sus esfuerzos en debatir una propuesta que revierta la decisión del Supremo que permitió excarcelar a Lula y a otros 5.000 presos.

Uno de los proyectos ley de Guedes (denominado PEC de emergencia) que el Gobierno quería aprobar este año pretende recuperar fondos para inversión pública mediante la prohibición temporal de la promoción y contratación de funcionarios o la reducción de jornada (y sueldo) de los actuales. El segundo en trámite (PEC de los fondos públicos) persigue extinguir parte de los 281 fondos públicos que tienen unos 200.000 millones de reales (43.000 millones de euros) para pagar parte de la deuda pública. El tercero (pacto federativo) busca alterar el conjunto de normas constitucionales que determinan cómo se distribuyen y gastan los recursos recaudados por la Unión, los Estados y los municipios.

São Paulo / Brasilia 26 NOV 2019 - 13:01 COT

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Eva Copa: "hay que usar la cabeza para que que no haya más muertes"

La representante del MAS logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones y el próximo jueves, está segura, se sancionará el reglamento para que sea efectiva. "Esto ya estaba organizado y sólo les quedaba dar la estocada final y encontraron el momento", afirma.

 

Mónica Eva Copa, con sus pantalones cargo y su campera azul cerrada hasta el cuello, sin dudas desentona con los dorados que recargan la sala de audiencias de la presidencia del Senado boliviano. Está incómoda con el lugar que le tocó, pero lo ocupa y se hace cargo. Como presidenta de la Asamblea Legislativa por decisión de la bancada del MAS, a la que pertenece orgullosa, logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones y el próximo jueves, está segura, se sancionará el reglamento para que sea efectiva. La promulgación de esa ley le valió a esta alteña de 32, trabajadora social y aymara una foto con Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta. “Es mi rol y tuve que hacerlo. No tengo trato con ella salvo porque es mi vecina, ella sale del Palacio Quemado con un tanque adelante y otro atrás y yo salgo de la legislatura en mi carro”, dice intentando bromear con una contradicción que resuelve porque, dice, es un hecho consumado la ocupación de la casa de gobierno.

--¿Se puede decir que hay un acuerdo en torno a nuevas elecciones en el corto plazo?

--Sí, el jueves se reunirá el pleno de la asamblea legislativa y se sancionará el acuerdo de que en los próximos 20 días se elijan los seis vocales del Tribunal Supremo Electoral -que no deben tener ninguna militancia partidaria en los últimos diez años-, y en las siguientes 48 horas el TSE deberá presentar el calendario electoral pero con un plazo máximo de 120 días.

--La ley de elecciones venía atada a la Ley de Garantías que busca reparación para víctimas fatales y heridas y el cese de la persecución política de la que están siendo objeto funcionarios y funcionarias, militantes y hasta simpatizantes del MAS. ¿También hay acuerdo sobre esa ley?

--Bueno, ya ayer la Mesa de Unidad firmó un acuerdo con el gobierno de transición junto con la COB -Central Obrera Boliviana- y otras organizaciones. Esto hace que podamos reencaminar el trabajo que veníamos realizando en ese sentido pero se está priorizando que vaya en paralelo el reglamento sobre las elecciones. Nosotros sesionamos como Asamblea Legislativa el día jueves y bueno ahí se tratará punto por punto ese reglamento.

--Antes de volver a preguntarle sobre la ley de garantías, quisiera subrayar su expresión ¿incómoda? ¿irónica? Cuando dijo “gobierno de transición”.

--Bueno, ellos ya están ahí asentados con las dos fuerzas represoras de mi país a su lado; entonces no se puede hacer nada ¿no? Ellos saben como han llegado a autoproclamarse como gobierno y el pueblo los juzgará.

--Volvamos a la ley de garantías, ¿se podrá tratar el jueves?

--Pienso que para el viernes ya la podríamos tener, ojalá, pero también es difícil sentarse con organizaciones sociales para ver qué quieren, tenemos a favor que se llegaron a acuerdos en la mesa de unidad y esos acuerdos los vamos a ratificar.

--¿Esos acuerdos incluyen el cese de la persecución contra funcionarios públicos y autoridades electas?

--Lo que estamos diciendo en esta ley es ratificar los derechos humanos y constitucionales que tienen los mandatarios y mandatarias y así se va a reflejar, como lo dice la Constitución.

--Hay evidencias y denuncias de persecución contra dirigentes o incluso militantes del MAS, hay un pedido de detención sobre el presidente Evo Morales, sobre el ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana, hay personas buscadas por sedición y terrorismo; ¿esto cómo lo contempla la ley de garantías?

--La ley en su artículo siete manifiesta que se debe garantizar la protección a todos los que hayan sido elegidos por voto dentro de su mandato constitucional. De igual manera los ministros o ex ministros que al día de hoy están con diferentes situaciones, ellos tienen por ley el tema de la amnistía. Lo único que hay que hacer es cumplir la Constitución y ellos requerirán asilo en las diferentes embajadas.

--¿Y quienes ya están detenidos como el gobernador de Chuquisaca?

--Tiene detención domiciliaria, entiendo. La ley va a garantizar el ejercicio pleno de todos los que hemos sido elegidos en votaciones. Esta ley dice no a los amedrentamientos, a la persecución política, no más hostigamiento ni amenazas para que renuncien por presión. Es lo que venimos pidiendo y es lo que vamos a pedir. Ha habido consensos y lo que queda ahora es sentarnos y afinar la ley para que esto pueda ser una realidad.

--Esa ley también hace mención a las víctimas fatales y heridas durante la represión desatada después de la autoproclamación de Jeanine Áñez en la presidencia.

--Es el primer punto que salga la indemnización para las familias de los fallecidos, que también el gobierno busque recursos, bueno este gobierno de transición (la cara se le deforma otra vez), para que cubra los gastos de las personas heridas en todo el país. Y también que se formen mesas de trabajo para liberar a los detenidos. Hasta ayer... ¿hoy en que día estamos? (le soplan que es lunes), bueno, hasta el jueves pasado teníamos mil detenidos injustamente. En la mesa de unidad que se reunió estos días en el Palacio Quemado se acordó que se haría una mesa con fiscales generales y organizaciones para ver caso por caso y que sean liberados.

--Y en cuanto a las responsabilidades penales que le puedan caber a quienes ejecutaron la represión y quienes dieron las órdenes, ¿se va avanzar en ese sentido? Porque hasta ahora el decreto que da inmunidad a las fuerzas armadas y de seguridad sigue vigente.

--Una carta blanca para matar (hace un largo silencio). Si bien no va a haber Justicia en nuestro país por ese hecho, hay instancias internacionales en las que sí va a haber. Pienso que el gobierno de transición ha debido ver los mecanismos para sacar ese decreto que es inconstitucional y debe saber que hay tantos organismos internacionales como prensa internacional que ha visto lo que ha pasado muy de cerca. Hay tribunales internacionales que van a tener que juzgar lo que pasó en nuestro país.

--O sea que no ves instancias ni confianza en la Justicia de Bolivia.

--Después de todo lo que ha pasado no puedo confiar.

--¿En quién o en quiénes sí confía? Porque ocupa un lugar de mucha responsabilidad en este momento.

--Yo no soy cristiana pero creo en dios, no puedo confiar más que en él y le pido que me de sabiduría para tomar decisiones. Eso no quiere decir que no tome en cuenta la voz de mis organizaciones; pero creo que en este momento en particular es necesario tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón.

--¿A qué se refiere?

--A que si tomara decisiones con el corazón seguiríamos en guerra. Pero hay que usar la cabeza para que esto se pacifique y no haya más muertes.

--No termino de entender qué es lo que guiaría el corazón.

--Me refiero a que están siendo vulnerados nuestros derechos, a que ya no hay libertad de expresión, al título de sedición. A los muertos. Si muere alguien dejas familias, dejas más heridas; pero no se puede multiplicar esa situación trágica. Estas decisiones las tomo con mi bancada, somos los dos tercios, el MAS, ahora oposición, y hemos tomado decisiones conjuntas, unánimes y hasta ahora hemos encaminado este proceso de buena manera y seguiremos así.

--¿Cómo imagina la salida política? Porque hasta ahora hay pasos técnicos en relación a definir elecciones, pero ¿cómo se llega a las elecciones, con qué candidaturas? Más teniendo en cuenta que Luis Camacho y Marco Pumari -cívicos que acompañaron la autoproclamación de Áñez con la Biblia en la mano- ya se postularon como candidatos de unidad de la derecha.

--Yo pienso que el pueblo es sabio, pienso que nuestra gente no es tonta y lo va a demostrar en estas elecciones. Haber utilizado a la biblia y a dios como bandera de una reivindicación de recuperar la democracia y ahora los ves con perfiles de candidatos... será la población quién los vaya a juzgar. Yo como senadora del MAS no tengo la tuición ni la potestad de elegir los candidatos, serán los representantes regionales, departamentales, nacionales los que convoquen a congresos y definan quiénes serán los mejores hombres y mujeres para las candidaturas, aglutinando a los sectores que están dentro del MAS: organizaciones sociales, clase trabajadora media y obrera. Así se tomarán las decisiones.

--¿Cómo cree que un movimiento como el 21F, que cuestionaba que no se haya respetado el plebiscito que dijo no a otra reelección y que no era estrictamente de derecha se haya convertido en una fuerza capaz de forzar un golpe de Estado que tiene características racistas, xenófobas, fascistas?

--Bueno porque muchos políticos pueden tener disfraces. Creo que esto no ha sido trabajado por nosotros en los meses previos. Hemos sido muy autocríticos en relación a que no estábamos preparados para enfrentar una organización bien orquestada desde hace mucho tiempo, eso no lo vimos. Esto ya estaba organizado y sólo les quedaba dar la estocada final y encontraron el momento. Pero yo insisto que la historia y nuestro pueblo boliviano son los que van a juzgar el actuar de quienes ahora estamos en la palestra política. Y en cuanto al racismo, creímos que lo habíamos superado, que ya no había esa lucha; lamentablemente no es así.

--¿Tiene diálogo con la presidenta de facto?

--¡Nooo! Si tuve que salir en la foto es porque la ley de elecciones es un trabajo del MAS. Nosotros encaminamos la ley, con nuestros dos tercios hemos tenido la voluntad política y la responsabilidad de sacar esta ley. Una cosa es que lo promulgues y otra muy distinta que lo trabajes. Nosotros la trabajamos con los partidos aliados y llevamos la ley en unanimidad.

--¿Le preocupa que quienes están en el ejecutivo puedan realizar modificaciones estructurales en la economía por ejemplo?

--Ellos pueden sacar decretos supremos y también pueden cerrarnos el Congreso si no les gusta lo que hacemos, pero si deciden por esa opción será el pueblo boliviano juzgará y actuará.

--¿Cuál es la responsabilidad de la bancada legislativa en la reorganización del MAS?

--Lo que se juega acá es mantener vigente al MAS en el ámbito político. Y serán delegados y delegadas regionales, las organizaciones sociales, de mujeres, campesinas, todos los sectores que integran el movimiento quienes reorganicen el partido.


 Los límites del acuerdo electoral en Bolivia

Tensiones que crujen

Por Marta Dillon

 

Varios escenarios desplegados en simultáneo dan cuenta de las tensiones que crujen por detrás de la normalidad en la que el gobierno autoproclamado insiste en difundir con un aparato de propaganda propio de los regímenes totalitarios. El más preocupante no tiene un lugar fijo y es la persecución constante contra quienes ocuparon cargos en el gobierno depuesto de Evo Morales y en las distintas regiones del país; la más visible, sin embargo, fue la escena montada en la puerta de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de La Paz, donde supuestos grupos autoconvocados pidieron que se acuse de terrorismo y se destituya a la Defensora interina, Nadia Cruz, y a la ex defensora adjunta, la primera transexual en ocupar ese cargo, Tamara Núñez del Prado, quien además sufrió amenazas de muerte desde el primer día del golpe.

Casi en simultáneo con esa manifestación liderada por Melissa Ibarra, quien fue jefa de campaña de Carlos Mesa en las elecciones de octubre, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Camacho, el mismo que le pidió la renuncia a Evo dejando una carta sobre la Biblia en el Palacio Quemado, se autoproclamó candidato a presidente. Y Jeanine Áñez, la bendecida por Camacho en su, también, autoproclamación como presidenta, nombró a través de la cancillería a un embajador en Estados Unidos que Bolivia no tuvo en los últimos 11 años; se trata de Walter Serrate Cuéllar. Aun en la transición, la fuerza de ocupación del Palacio Quemado, reordena sus relaciones diplomáticas.

Pero el golpe de Estado tiene resistencia y se está organizando: en Cochabamba, en el mercado de Lunca Ñ, se reunió el Ampliado Nacional de Organizaciones Sociales -fueron cientos de delegados y delegadas de todas las regiones del país- para marcar sus límites a los acuerdos de desmovilización que venían levantando los bloqueos en El Alto y otras regiones: levantar los bloqueos es sólo un cuarto intermedio a la espera de la derogación del decreto 4078 -de inmunidad para las fuerzas represivas-, el tratamiento de la Ley de Garantías y la renuncia de Jeanine Áñez. El jueves, cuando vuelva a sesionar la Asamblea Legislativa, el tiempo del cuarto intermedio empezará a correr.

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La sociedad boliviana “no ha renunciado a su derecho, a su memoria y a su autonomía”: Silvia Rivera Cusicanqui

La Paz, Bolivia. Silvia Rivera Cusicanqui, pensadora, feminista y activista boliviana, habla en entrevista con Desinformémonos de la actual y compleja coyuntura en este país andino. Inicia con lo que llama “la negación del fraude” de Evo Morales en su cuarta reelección. Explica el machismo, el racismo y la “interculturalidad” en los 13 años de gobierno del MAS. Habla del capitalismo en Bolivia, del pensamiento único y  la descalificación a la crítica de los gobiernos progresistas, y de las salidas desde abajo para la reconstrucción de Bolivia, entre otros temas.

La entrevista se realiza en su casa de La Paz el 22 de noviembre, a un mes dos días de las elecciones presidenciales y a 12 días del gobierno de facto de Jeanine Áñez, en medio de la polarización y conflictividad política del país.

– Hacia afuera se maneja únicamente la existencia del binomio MAS o ultraderecha en Bolivia. ¿Hay algo intermedio?

– El que hacia se perciba que sólo hay la ultraderecha y el masismo, ha sido construido. Todos los sectores intermedios hemos sido privados de la voz. No existe en castellano una idea de mediación tan interesante como la que hay en aymara: El hecho de que en opuestos se crea un espacio Taypi que articula las diferencias, y por más que te demores un poquito tienes que llegar a un espacio en el cual la polarización no genere inviabilidad social, bloqueo mutuo. Eso yo lo he vivido desde 1971 en comunidades quechuas y aymaras. Pero ahora las palabras mediación e intermediario y paz se han vuelto un cliché.

Yo creo que estamos en la posibilidad de entendernos desde esas nociones aymaras, quechuas, guaranís. Hay mucho que discutir de democracia entre nuestras formas propias de hacer las cosas que no siempre son de perfeccionismo lingüístico.

-¿Qué sistema se implantó con el MAS en el poder?

Alguna vez dijeron algo sobre capitalismo andino, amazónico, pero este es un proyecto capitalista que tiene todo su nexo con los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero además tiene total nexo con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), porque esto fue un proyecto del banco mundial que se agarró Unasur en 2010 y se volvió IIRSA-COSIPLAN. A esto yo le llamo el Plan Cóndor contra la Amazonía y contra las tierras bajas. 

Es la alianza militar al margen de que si está Lula, Bolsonaro, Evo o no sé quién. Es una cuestión sistemática, con un paquete enorme de carreteras, represas, todas ellas vinculadas a lo que se llama el subimperialismo brasileño que fue antiguamente un tema nuestro, cuando la época de las dictaduras, y eso se ha totalmente lavado y olvidado. La gente no recuerda que ese poder brasileño está vinculado al capitalismo y a la necedad del nexo con China, que es un factor fundamental de expansión del capitalismo en el Braisl y en toda América.

-¿Qué forma tiene el capitalismo en Bolivia?

Lo lamento, pero no tiene la forma empresarial que paga impuestos, tiene formas corruptas, de burguesías compradoras. Y claro que, obviamente, su eje son los soyeros, productores de biodíesel, madereros y toda la gente que quiere liquidar los árboles para hacer de eso una parte de la República de la soya o de la palma africana. Eso muestra cuán arcaico es el modelo de desarrollo que se ha instalado desde antes del Movimiento al Socialismo (MAS) y que ha continuado el MAS, pero reciclado con este uso simbólico poderoso y con un factor de redistribución de poder y redistribución económica.

Se trata de una redistribución muy sesgada. Mi hija ha tenido dos wawas en casa con una partera aymara maravillosa, una sabia. Pero ahora mi hija no califica para recibir el Seguro Universal Materno Infantil porque tiene que ir al hospital, y si tú rechazas eso, estás trabajando contra el Estado. ¿Pero acaso no es pluricultural un parto con partera aymara? Es, y sin embargo no tiene derecho al SUMI. Mis nietos han crecido con todo lo que el trabajo de mi hija ha podido generar para comprar almendras, castañas, todas las cosas buenas que hay en ese paquete de subvención. 

La subvención es entonces un proceso de disciplinamiento. Todas las formas de bonos o subvenciones tienen ese factor de disciplinamiento, y eso me parece muy tenebroso en tanto Estado central, porque no tiene nada de plurinacional. Ha sido una forma muy estudiada, muy inteligente, de crear una pantalla ideológica que permita a la gente entregar su subjetividad a aquellos entes que se creen que lo saben todo. Y para mí eso está muy centrado en el personaje de Álvaro García Linera y en sus nostalgias guerrilleras y de poder, en toda una vida personal que me parece amerita no solamente el análisis periodístico, sino también psicoanalítico y sociológico.

Digo esto con profunda pena, porque hay seres humanos masculinos, maravillosos, llenos de amor por su familia, que no usan a sus hijos para hacer política, y que para mí son también una esperanza en las comunidades. Pero el hecho de que se ha privilegiado una masculinidad agresiva, separatista de la comunidad, también de eso es responsable el crecimiento de las opciones evangélicas, desde Chi, hasta Camacho y Jeanine (Áñez).

La pantalla dice que aquí ya se dijo todo, ya está hecho todo, hay un gay de ministro, hay lesbianas, por eso el Estado ya está saneado de todo su monolitismo. Pero no. La vida cotidiana no ha cambiado nada, y eso es lo que ha estallado, porque se ha incubado frustración, desesperación, rabia. Se ha incubado además frente al feminicidio la cuestión de que no podemos hacer nada porque hay mucho poder distribuido en estratos masculinos, y ese poder está siendo usando de manera tenebrosa, muy mala, muy sesgada, lejos del bien común. Se ha perdido la idea del bien común como bien local, en el terreno, en la comunidad, en el barrio, y se ha vuelto el bien público, donde el Estado define qué necesita la gente.

Lo que se ha redistribuido no es ni muy necesario ni muy sostenible. Entonces hay un problema estructural, y por eso es que creo que las mujeres en este momento estamos llorando, pero a la vez activando, repensando nuestras comunidades, nuestras juntas, nuestros barrios, y dialogar y ejercer un derecho a la disidencia. 

Cuando hubo todos los conflictos yo estaba enferma, y todo el mundo sacaba banderas. En mi barrio era la bandera boliviana. Yo saqué bandera negra, porque para mí yo estaba enterrando una ilusión, que era el Estado plurinacional. Ahora estamos procurando crear las bases para la reconstrucción desde abajo de lo plural, desde las comunidades, desde cada sindicato, desde cada junta. Superar el racismo, superar el temor al otro, superar el binarismo y hacer que las calladas y los callados recuperen la voz para recuperar la posibilidad de una estructura plural de organizaciones sociales. Y no esos llamados movimientos sociales que generan una relación absolutamente vertical, como la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) de Bolivia, donde están de adorno las mujeres.

Conalcam era la forma de quitarle a las bases toda la pluralidad que permitía que las autonomías fueran debatidas. Los guaranís del parque Kaa Iya han desarrollado una propuesta increíble de relación con los grupos no contactados, con los meleros. Resulta que está quemado eso. ¿Dónde se ha quemado? En todos los lugares controlados por la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF.

Y de pronto el fuego saltaba, del parque caía en el extremo sureste del país al parque Madidi, que es en el extremo noroeste. Frontera que hay, frontera en la que yo creo que hubo una inducción de fuego, porque es más barato quemar que sacar los árboles a pulso o con máquinas. Por eso yo creo que lo que hay en cierto modo invisible en esta coyuntura es el Plan Cóndor contra las tierras bajas. 

– Háblanos del discurso sobre el racismo de Evo Morales

– Si tú como Estado incurres en una política de educación para la rabia, para que el resentimiento florezca y aflore como rabia, vas a generar organismos u organizaciones arbitrarias. La suma de las arbitrariedades en cada una de estas localidades, la corrupción de alcaldes, los sindicatos que estaban vinculados con cosas medio oscuras, cuestiones de misoginia, escándalos sexuales de dirigentes y concejales es un cúmulo de cosas. Y la gente común va a decir «estos indios masistas». No representan todo lo que es la base del MAS pero se ha acumulado una rabia contra esas sistemáticas arbitrariedades que da el poder arbitrario, porque no es un poder que venga de abajo, no es un poder hacer, es un poder de dominación, de control. 

El control es casi una exigencia estatal. En algunos lugares ha habido negociación, pero en otros era sistemáticamente disciplinar y si no dividir la organización. Eso ha pasado en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y en todos lados. En Totora Marka los maridos han ganado a las mujeres en el tema de la autonomía, las autonomías que existen han sido tremendamente tuteladas. Pero estamos en la posibilidad de recuperarlas.

Tenemos algo muy grave encima, que es un sector de derecha que es revanchista. Para mí eso es fomentar también el racismo. Por un lado la gente de a pie se ha enojado con esas arbitrariedades del poder distribuido a sectores populares, y ellos siendo de sectores populares han renegado de esas formas arbitrarias, y por el otro lado está el resentimiento acumulado de las oligarquías por la pérdida de poder y de influencia pública, y eso tiene el nombre de revanchismo. 

– Evo Morales y Álvaro García han declarado en México que los expulsaron por gobernar para los indios 

-El racismo también anida dentro del MAS. Para mí es racismo decirle a una concentración indígena que se va a ocultar el sol y la luna se va a escapar si no votan por ellos. Eso es creer que la gente es tonta. Además nunca lo ha dicho en aymara, nunca lo ha dicho en quechua, es una interlocución trunca, porque él habla y hay un mediador que traduce y posiblemente traduce con sesgos. Mientras no haya la posibilidad de que la población indígena hable sus propios idiomas y piense con su propia cabeza en cualquier instancia pública, eso está muy mal.

– ¿Por qué indio es visto, y tratado por el poder, como pobre?

– Hay toda una estrategia mundial que yo le llamo miserabilismo, de que indio es igual a pobre y que por eso hay que darle todo y enseñarle todo porque no piensa. El pensamiento que anida el agente de a pie, hable bien o no el idioma nativo, está nutrido de una experiencia de vida que hace que las ideas tengan un arraigo y que digan cosas poderosas. Yo me nutro de eso. La pobreza llamada así por ellos, para mí es una riqueza olvidada, una riqueza negada.

– Qué es lo que pasa con la crítica a un gobierno progresista. ¿Por qué los calificativos de traidores, vendepatrias, derechistas a quienes los cuestionan?

Nos acusa una izquierda arcaica, una izquierda que además tiene un afán de representar lo indio sin conocerlo. Una izquierda masculino-centrada que ha arrastrado a todo el mundo a sentirse avergonzado de tener pensamiento crítico. Yo le llamo el nuevo pensamiento único. El caso boliviano tiene una relación muy fuerte con una coalición de izquierdas continentales vinculadas a los llamados progresismos, que tiene la cola de paja por que son procapitalistas, entonces, por ejemplo, quieren hacer una central nuclear en El Alto donde hay una falla geológica, pero en realidad quieren uranio. 

Los periodistas que tienen el deber de averiguar qué están haciendo estos BRICS en América Latina y cómo están haciendo para que los progresismos hagan que sus inversiones no sean cuestionadas por el pueblo, y esto es a través de los manipuleos simbólicos. La gente tiene que acordarse de cómo se les tapa la boca a las personas indígenas en los foros públicos por parte de voceros blancos, que no hablan idiomas nativos y que tienen grandes inversiones.

¿Quiénes están en ese esquema capitalista? ¿Qué color son? ¿Qué idioma hablan? Y nos vamos a ver con la misma estructura de siempre.

-Qué relación tiene lo que mencionas con lo que está ocurriendo en Colombia, Ecuador, Chile…

-Yo soy de las que mira desde abajo. Con Chile tenemos aymaras en ambos lados de la frontera y todo un proceso de deseos de algo distinto. En Chile hay una cordillera que está siendo amenazada por estos BRICS y por todas las inversiones nefastas, como parques eólicos y otros proyectos. Con Argentina sucede lo mismo, igual en Bolivia. Ahí no tenemos naciones, tenemos regiones, territorios. Yo le llamo a todo eso la matria. La patria son las fronteras, la matria es el subsuelo indio de América, de nuestro continente. En ese subsuelo es donde debemos fundar las nuevas estructuras políticas hasta donde se pueda.

-¿Tú crees que en este momento exista en Bolivia un espacio para esa construcción desde abajo?

Todo lo que tú amas permanece, como dice Ezra Pound. Lo que tú amas, la gente, la vida, prevalece. En medio del incendio salen nuevamente plantitas. Estamos reconstruyendo ese tejido vulnerado. Hay un texto en el Museo de Antropología que dice que nuestra vida se ha convertido en una red de agujeros, según un poeta anónimo náhuatl. Esos agujeros los tenemos que remendar, y ese remiendo lo hacemos colectivas y colectivos y grupitos y barrios y asociaciones pequeñas y cooperativas. Cada vez estamos tejiendo más lazos. 

Hemos iniciado las vigilias charlamentarias, y vamos a seguir porque se está multiplicando esta imaginación. Mujeres Creando ha creado el Parlamento de Mujeres, pero también hay no sé cuántos parlamentos convocados donde hay mujeres, hombres, abuelas, monjas. Esta sociedad no ha renunciado a su derecho, a su memoria, a su autonomía, y al hecho de que lo indio está en cada uno de nosotras. No vamos a renunciar ni a volver al pasado, a hace 17 años. 

Yo hablo de 17 años, no de 14. La Agenda de Octubre tenía un cuarto punto: autorepresentarnos sin la mediación de partidos políticos. Pero lo que ha hecho el último MAS en su máxima degradación es crear una ley de partidos políticos donde ya no votamos por uninominal y donde ya no hay asociaciones ciudadanas. Tiene que haber un aymara entre la corte electoral. Mi candidato es Williams Bascopé, cívico de La Paz nacido en Santiago de Okola, una región sagrada del lago Titikaka, hablante también de aimara pero abogado constitucionalista. Ese es un ejemplo, debe haber muchos. 

Es necesario romper con esa absurda ley de elecciones primarias y partidos políticos y retomar, aunque sea coja, la ley que había antes donde la asociación ciudadana podía tener personería y capacidad de decidir mucho más desde abajo, porque como vieron que ya no podían controlar eso porque se les fue de las manos, entonces nos chantaron el monopolio del partido. 

Al inicio de su gestión Álvaro y Evo decían que el MAS no era un partido, sino una articulación de los movimientos sociales, algo que la historia demostró que no es así. Era tan partido y tan arcaico que ni siquiera había democracia interna. Se cocinaban las cosas y se distribuía el discurso y luego se encargaban los organismos entre información, comunicación, prensa, radio, de generar una conciencia revanchista.

– ¿Qué puso a Bolivia en la actual crisis política?

– Este proceso viene del fraude y de la negación del fraude. La negación del fraude tiene que ver con la distribución escalonada de información. Hay lugares donde no llega otra cosa más que el canal 7 y canales del exterior totalmente distractivos, pero esa información va horadando la conciencia. Si a eso le añades que en su momento el vicepresidente dijo que aquí el sol se iba a ocultar y la luna se iba a esconder si no ganaba Evo, que eso no sólo fueron palabras,  sino que venían llenas de regalos. Se decía eso y se daban cocinas o canchas de césped o lo que sea, toda una campaña de prebendalismo.

Yo he distinguido tres formas de fraude que ya funcionaron, dos de ellas notoriamente en la anterior elección. En la anterior elección ya había lo que llamo el fraude prebendal, o sea la cuestión de que a cambio de votos dan regalos. El segundo tipo es el fraude coactivo, donde está el sindicato que dice que aquí todos votan así, mujeres calladas, no hay deliberación. Es el control del voto, en el que la gente estaba obligada a mostrar que sí había votado. “Si votan 100 por ciento les doy todo lo que quieran”, dijo Morales, entonces “el todo lo que quieran” les hizo brillar los ojos a los dirigentes, pero sólo eran valores simbólicos.

La posibilidad de dar a las comunidades algo bueno para ellas, como un sistema de rescate de semillas o un sistema de aguas, no se dio, lo que se ve son canchas, estadios, cosas ornamentales que tienen que ver con bienes de prestigio. Entonces, si una comunidad tiene un estadio, la otra quiere otro estadio, aunque vayan cuatro gatos nada más. Se ha generado una cultura del Estado papá, del Estado que te lo da todo.

Esto se da con la plata del gas, que es producto de años de luchas y de colectividades enteras que han buscado que ese recurso sea revertido hacia la formación de una sociedad armónica, fuerte, beligerante, capaz de sobrevivir por sí misma. Los colectivos del agua, de semillas, la gente que está trabajando en función de que la gente tenga fe en su propia capacidad para manejar su vida, sus recursos, pero eso es lo que sistemáticamente se ha expropiado a la gente durante años. Hay una idea masculina ilustrada de que no hay otra forma más que el Estado te lo dé todo. Para eso tiene que ser centralizado, para eso la autonomía indígena debe ser tutelada, para eso el que se opone es antipatriota, antinacional. La idea del nacionalismo ha hecho mucho daño porque en cada frontera hay algún pueblo indígena que está a ambos lados. 

El tercer nivel de fraude es el informático, que es el que está ahora. Antes había, pero era microfraude, porque a unos cuantos muertitos los hacían votar, a señoras jubilidas y qué sé yo. Para mí, hoy la mayoría parlamentaria es producto de esa suma de esos tres tipos de fraude. La otra cosa que me parece que fue muy artera es que todo espacio intermedio en el parlamento como potencial fue negado y cercenado, se le negaron personerías jurídicas a cualquier persona que no fuera de ultraderecha. La ultraderecha vale para polarizar el país y para decir que es lo único que hay.

A Carlos Mesa (el candidato opositor a la presidencia por Comunidad Ciudadana) yo lo considero un poco despistado en cuanto al curso del país, pero hizo un esfuerzo de aliarse con el PRIN (Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista), aunque no lo suficientemente consistente, de modo que el MAS lo puso en la bolsa de que es la derecha y de ahí prosperó la idea del golpe, advirtiendo que si ganaba Carlos Mesa se iba a acabar el sol, la luna, el agua, el gas y todo. La campaña fue tan sucia. 

24 noviembre 2019 

Publicado enInternacional
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