MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Colombia. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

En Popayán, desde el día cero del Paro Nacional, la violencia y represión alcanzó niveles inadmisibles, pero su pico máximo se registró durante la semana del 10-17 de mayo, con epicentro el día 12 cuando dos menores denunciaron su violación por parte de efectivos policiales del Esmad. Una de ellas, Alison Meléndez, ante lo sentido por su cuerpo a la fuerza (“Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma", denunció), como lo evidencian los moretones sobre sus manos, optó por quitarse la vida. La familia de la otra menor pidió la reserva de su nombre. 

“En un mar de caos, entre escombros y estallidos yo me disponía a ocultarme en el domicilio de unos conocidos, decidí parar para registrar un proceso irregular por parte de la fuerza pública y ese fue el peor error que pude cometer, una vez los agentes de la guardia antimotines se percataron de que grababa sentí miedo, traté de esconderme pues sabía que huir podría ser peor, segundos después estaba siendo aprehendida forzosamente por cuatro agentes quienes morbosamente me manoseaban y me jalaban la ropa, entre insultos y amenazas me condujeron a la Unidad de Reacción Inmediata más cercana, todo parecía indicar que mi destino ya estaba escrito; yo no estaba marchando pero eso tampoco pudo evitar el horror que esas bestias me hicieron en nombre del Estado”. Vivido por Alison Meléndez.

Otra mujer violentada, ultrajada, sometida al machista y patriarcal proceder de un cuerpo armado instituido para defender intereses y privilegios, entre ellos, es evidente, el de considerar a las mujeres cosas, objetos de placer. Intereses y privilegios que para su prolongación no reparan en métodos, formas, armas; clara forma de concretar y prolongar un poder que destruye a las mayorías de una sociedad.

Una injusticia más. Tantos caídos en disimiles circunstancias: golpeados, acribillados, y las mujeres abusadas y ultrajadas; unas y otros víctimas de un solo proceder: el operar represivo y autoritario de unidades de las fuerzas armadas, bien policías, bien escuadrones del Esmad y del Goes (Grupo de operaciones especiales). Esta es la áspera realidad que no le da descanso a los jóvenes a lo largo de toda la geografía nacional, en la que, bajo tratos que niegan diversos derechos humanos, las fuerzas del establecimiento pretenden preservar el sacrosanto orden establecido para el beneficio de unos pocos.

Un poder, un orden, que al sentirse cuestionado y desconocido por amplios sectores sociales, niegas sus propios preceptos.

“Se está cortando, llevó toda la semana con el celular “chuzado”, dice qué la SIM card no funciona”, asegura una defensora de DDHH en la capital del departamento del Cauca en plena entrevista con desdeabajo; al parecer las llamadas están siendo intervenidas o cuando menos existe una alta interferencia. De acuerdo a nuestra entrevistada no solo le sucede a ella, los teléfonos de otras personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, como otras vinculadas al activismo estudiantil, registran pésima recepción. Es claro que a alguien no le interesa que estas personas se comuniquen entre sí, ni que mantengan relaciones dinámicas con sus contactos al interior como al exterior de la ciudad, algo ya vivido en días recientes en Siloé, por ejemplo, donde es sabido que las fuerzas armadas utilizaron bloqueadores de señal, propios de zonas de guerra o para aislar zonas de alto valor estratégico o para el desarrollo de operativos militares de alto vuelo.

Es una presión constante, parte del despliegue de la llamada inteligencia de combate. No se afanan en ocultar sus acciones, les interesa que quien es objeto de seguimiento sepa que está bajo vigilancia, que viva la zozobra de no saber si pasarán la raya, ni cuando lo harán; es parte de la guerra psicológica.

Acciones que también recaen sobre toda la sociedad. Los helicópteros sobrevuelan como aves de rapiña y la presa es el pueblo, los despojados, que con mucha dignidad buscan resistir las envestidas orquestadas por las diferentes divisiones de la mal llamada “fuerza pública”. Censurar y reprimir son los dos principales objetivos, porque a este gobierno le gusta la gente “juiciosita”: el indígena en el resguardo, los pobres produciendo, los estudiantes en clase y sin cuestionar ni pretender comprender nada más allá de lo que dicta el profe, y todo aquel que sea diferente que baya buscando la forma de mimetizarse y no incomodar porque la “gente de bien” con un muy abstracto código moral se puede cansar de tanto bloqueo y protesta.

Tapen, obstruyan, manipulen

El delito de obstruir la justicia también se hace presente y cuando “la cara amable del Estado” no logra sus propósitos matando o amedrentando, hace todo lo posible por obstaculizar la gestión de los defensores de DDHH y de los comunicadores de los medios independientes. En el ejercicio de su función estos saben que consultar el estado de salud, como el calabozo donde fue encerrada una u otra persona, es considerado un desacato a la autoridad por los “guardianes del orden”, al punto que muchos defensores son amenazados y su trabajo se ve seriamente entorpecido, sometidos a vivir en permanente zozobra, en no saber en dónde pasará la noche para al día siguiente salir desde temprano a hacer la veeduría en hospitales y centros policiales para verificar las condiciones en que están encarcelados o en tratamiento médico decenas de manifestantes.

La vida siempre ha valido poco en Colombia, la diferencia es que ahora están matando de manera abierta, apuntándole a todo el que se atraviese, a todo el que se levante y objete. Hoy no se trata de aquellas personas perseguidas y asesinadas lejos de las zonas urbanas, no, hoy puede ser en cualquier ciudad, a plena luz del día, y quien reciba los impactos de bala puede ser cualquiera, alguien indignado, pero también alguien que esté mal parqueado.

Todo esto es la consecuencia de la decisión oligárquica de soltar a sus perros de presa y estos, hambrientos y atrofiados por sus falsas conciencias han desatado todo su odio e ira sobre la población civil. Apuntan a la cara y a matar. Al que no pueden matar le propinan brutales golpizas. A la que elijan, la violan.

Todo esto fue vivido y experimentado en Popayán en estos días, como ya lo habían padecido en otras ciudades amplios grupos sociales. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

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“La Policía está desatada”: congresistas de EE. UU. envían carta al Departamento de Estado por violencia en las protestas en Colombia

En una carta, 55 congresistas le piden al secretario de Estado, Antony John Blinken, que entregue una declaración pública que pueda ayudar a Colombia a restablecer la calma y promover la promesa del Acuerdo Final de Paz de 2016.

 

La situación que vive Colombia por cuenta de las protestas sociales, que iniciaron el pasado 28 de abril, sigue en estado crítico y en el mundo son varios países que mantienen sus ojos puestos sobre las denuncias de abuso policial. Este viernes, 55 congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Antony John Blinken, para que se pronuncie sobre lo que vive el país.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia, que permanece fuera de control mientras la protesta legítima entra en una tercera semana. Instamos al Departamento de Estado y a todos los demás departamentos y agencias de los Estados Unidos a que denuncien de manera clara e inequívoca la violencia, pidan una reducción inmediata, ayuden a calmar las tensiones y faciliten soluciones sociales y políticas incluyentes en Colombia”, escribieron los congresistas.

Para este grupo de políticos, las declaraciones públicas serían de gran ayuda para que en el país se restablezca la calma y la confianza, “y promover la promesa del acuerdo de paz de 2016 de resolver los desafíos a través de una participación amplia en el proceso político”.

“Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derechos humanos”, indicaron los congresistas.

Recuerdan en la carta, que la Defensoría del Pueblo ha reportado por lo menos 42 colombianos asesinados, y cientos más heridos en estos 17 días de protestas. Así como que el uso brutal y excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional de Colombia y la policía antidisturbios Esmad ha sido denunciado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea y cientos de organizaciones colombianos e internacionales de derechos humanos.

“Si bien Estados Unidos no puede resolver esta crisis, debería ser parte de la solución, comenzando con esfuerzos a plazo inmediato para detener la espiral de violencia. Después de décadas de estrecha alianza, lo que dice el Gobierno de Estados Unidos tiene peso en Colombia, al igual que lo que el Gobierno de Estados Unidos no dice”, afirman los congresistas.

Es por lo anterior que instan al Departamento de Estado y demás agencias del Gobierno de los Estados Unidos, a hacer declaraciones claras, inequívocas y públicas pidiendo a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Policía Nacional y la Policía Antidisturbios (Esmad) de Colombia, que cambien su respuesta y pongan fin a todo uso indebido de la fuerza.

Además de suspender toda la asistencia directa de Estados Unidos, que no sea la capacitación en derechos humanos, a la Policía Nacional de Colombia hasta que veamos mejoras reales en el uso de la fuerza y la responsabilidad judicial por casos de brutalidad policial pasados, incluidos los cometidos en el contexto de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020.

“El Departamento de Estado también debe decidir donde la Ley Leahy necesita ser aplicada donde hay prueba creíble de unidades policiacas involucrados en graves violaciones de derechos humanos”, se lee en la misiva.

Los políticos estadounidenses que firman la carta le proponen a su Gobierno congelar todas las ventas de armas, equipo, servicios o capacitación al Esmad; y congelar cualquiera cooperación o venta de equipo antidisturbios o de control de multitudes a todas las demás fuerzas de seguridad, policía y unidades especiales de Colombia.

“Las licencias de Ventas Militares en el Extranjero y Ventas Comerciales Directas deben suspenderse ahora mismo para evitar contribuir indirectamente a un mayor abuso y escalada. Las ventas solo deben reanudarse cuando la evidencia indique que los abusadores están siendo juzgados judicialmente y los protocolos colombianos de uso de la fuerza se han reformado satisfactoriamente y los cambios observados y confirmados sobre el terreno en operaciones futuras”, aseguran.

15 de Mayo de 2021

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Miércoles, 12 Mayo 2021 05:57

Me duele respirar

Álvaro Conrado

Álvaro Conrado fue alcanzado por el disparo de un francotirador armado de un fusil Dragunov el mediodía del viernes 20 de abril de 2018, mientras corría llevando dos botellas de agua que quería entregar a los estudiantes que ocupaban una barricada en las inmediaciones de la Universidad de Ingeniería en Managua.

Recién había cumplido 15 años y correr era una de sus pasiones. Al día siguiente participaría en una competencia colegial en la cual esperaba ganar su cuarta medalla, y la representación de Nicaragua en un certamen centroamericano de pista y campo en Panamá.

Vestía jeans azules, zapatos deportivos, una gorra con el emblema de los Yanquis de Nueva York y una chaqueta roja que lo hizo blanco fácil para el francotirador instalado en el techo del Estadio Nacional de Beisbol. El disparo entró por el labio inferior, atravesó el cuello, dañando la laringe y el esófago, y fue a alojarse en el tórax.

Hay un video de 16 segundos del momento en que, tras recibir el disparo, mientras es auxiliado por los estudiantes, no deja de decir: "Me duele respirar". Sentado en el suelo, jadea con dificultad, la chaqueta roja remangada. Alguien parece acercarle una botella de agua. Son segundos demasiado fugaces.

Un desconocido lo llevó en su vehículo al hospital Cruz Azul. En el trayecto, pedía que por favor no lo dejaran dormirse, tenía miedo de no volver a despertar. Se desangraba y le seguía doliendo respirar.

"En lugar de recibirlo lo que hicieron fue cerrar apresuradamente la puerta", dice el padre. Entonces, el mismo desconocido lo llevó al hospital Alemán Nicaragüense, donde tampoco quisieron admitirlo. En el hospital Bautista, que es privado, sí lo acogieron. Pero a las dos de la tarde murió en el quirófano.

Llevaba cuarto año de secundaria. Quería estudiar leyes, dice su padre. Lo discutían juntos. Y después de sacar su título ya verían de conseguir una beca para un posgrado.

Su padre se llama también Álvaro Conrado, ingeniero informático, y su madre, Liseth Dávila. Viven en el barrio Monseñor Lezcano. Luz Marina, la abuela, vive con ellos. "Cuando se le metía una idea en la cabeza nadie lo hacía cambiar", dice la abuela. Y no soportaba las injusticias.

Un verdadero as con la patineta. Sus cabriolas eran preciosas, dice su padre. Y con sus entrenamientos de atletismo, riguroso. Cuando aún no había cumplido seis años aprendió a tocar la guitarra, amante del rock. También lo atraían los animes. Soñaba con viajar a Japón.

El día anterior, las clases suspendidas, se fue temprano al colegio para entrenar. Esa tarde le pidió a su padre que le explicara lo que estaba pasando. Después de escuchar con atención, dijo: "Papá, ¿por qué no nos vamos a asomar?" "No, eso es muy peligroso", respondió el padre. "Vos sos un niño todavía".

Siguió haciendo preguntas hasta la medianoche. Antes de dormirse, le envió un mensaje a una amiga, que la madre encontró después en el teléfono: “…Nicaragua, no es cualquier basura. Somos nicaragüenses. Somos uno solo. Contra eso no podrán nunca jamás”.

Al día siguiente se levantó inquieto. Su abuela piensa ahora que su preocupación se debía a que iban a ser ya las nueve y su papá no terminaba de irse al trabajo; lo que quería era salir cuanto antes hacia las barricadas.

"Desayunamos juntos, y eso fue lo último", dice el padre. "Entonces pasado el mediodía recibo en mi oficina una llamada desde su propio teléfono, y cuál es mi susto cuando esa persona desconocida que lo había recogido me informa que mi hijo está entrando al quirófano del hospital Bautista. Yo corrí al hospital, pero ya no lo alcancé a verlo vivo."

En la casa fue levantado una especie de altar de muertos con sus pertenencias: su último certificado de notas, sus medallas de atletismo, la guitarra en su funda, la patineta de las cabriolas que admiraban a su padre. Su carnet de colegial, sus fotos.

El artista gráfico Juancho Tijerino le hizo un retrato estilo manga, por eso de que le gustaban los animes. El pelo abundante y revuelto, los ojos diáfanos agrandados tras sus lentes de pasta, el pecho erguido cruzado por la bandera de Nicaragua que flota por encima de su camiseta deportiva, y posado sobre su hombro izquierdo un guardabarranco, el colorido pájaro nacional. Esa figura prendió en las redes y fue impresa en pancartas que navegaron entre las multitudes en las marchas, en camisetas, calcomanías. Hasta que fue prohibida.

El día en que Álvaro fue asesinado, otros muchachos cayeron también víctimas de los francotiradores, y muchos más seguirían cayendo en los días sucesivos. La cuenta de los muertos por la represión que empezó en ese mes de abril de hace tres años alcanzó más de 300.

"Mi hijo hoy cumpliera 18 años y fuera un hombrecito, estaría estudiando en alguna universidad", dice su padre.

El sol es de incendio sobre Nicaragua en abril. Pero la hierba verde renace de los carbones, dice Ernesto Cardenal.

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Lucas Villa se convirtió en un caso emblemático de la represión en Colombia

 

 "Nos están matando en Colombia", vociferaba Lucas Villa en las manifestaciones pacíficas del pasado miércoles en la ciudad colombiana de Pereira, poco antes de que varias personas dispararan contra la protesta. Al estudiante de 37 años, que recibió ocho disparos, le diagnosticaron hoy muerte cerebral.

Villa permaneció en estado crítico en el Hospital Universitario San Jorge, en esta ciudad del oeste del país, y se convirtió en la imagen de las agresiones letales que han sufrido los protestantes pacíficos de las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el gobierno del presidente Iván Duque.

"Lamentamos informar que no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra UCI el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global", declaró este lunes a medios el gerente del hospital Juan Carlos Restrepo.

Agregó que "es así, como al paciente en razón a su estado clínico, se le diagnostica muerte encefálica" y que tras el diagnóstico "lo que viene será que su corazón deje de latir en un par de horas".

Villa era estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó de manera activa en las protestas de los últimos días, coreando eslóganes de forma pacífica, bailando y motivando al resto de sus compañeros para protestar contra la reforma tributaria, primero, y la brutalidad policial y otras políticas gubernamentales una vez que esta fue retirada por el Gobierno.

El joven se encontraba, junto a otros manifestantes, protestando de forma pacífica en el viaducto que comunica en Pereira, capital del departamento de Risaralda, con la vecina Dosquebradas, cuando personas vestidas de civil en una moto abrieron fuego hiriendo de gravedad a dos personas, a Villa y a Andrés Clavijo, quien despertó este fin de semana en el hospital, y a una más en la pierna.

Su voz, con la que invitaba a manifestarse de manera pacífica, y la alegría con la que se le vio horas antes de ser atacado, impulsaron nuevas movilizaciones contra la violencia de la que han sido víctimas cientos de protestantes.

Su nombre fue enarbolado por miles de colombianos que conservaban la esperanza de que Villa se recuperara y que a través del arte pidieron justicia para que atentados como los que sufrió no se repitan en el país.

En algunos videos grabados antes del ataque, se ve a Lucas bailando en las calles, saludando a agentes de la Policía y vociferando mensajes de paz y armonía.

En varias partes del país han surgido múltiples denuncias de intimidaciones a manifestantes por parte de hombres armados supuestamente opuestos al vandalismo y en algunos casos los protestantes han sido incluso atacados a tiros desde vehículos de alta gama, como ocurrió con Villa.

Hace tres días también falleció Héctor Fabio Morales, un joven de 24 años quien fue atacado con arma de fuego en la cabeza, tórax y piernas por supuestos civiles durante las protestas del viernes en Pereira.

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Reportan la primera víctima fatal en Bogotá por la represión contra el paro nacional en Colombia

Se trata de un joven de 20 años que se encontraba en coma inducido tras ser impactado por un artefacto en la cabeza durante la movilización del 1 de mayo.

Daniel Alejandro Zapata se convirtió en la primera víctima fatal caída en la capital de Colombia, Bogotá, en el marco de las protestas sociales que convulsionan todo el país. La organización no gubernamental Lazos de Dignidad confirmó este lunes el fallecimiento del joven. 

"Alejandro Zapata, uno de los casos de violencia policial que asumimos el 1 de mayo, acaba de fallecer", informó la organización en su cuenta de Twitter. 

Zapata, de 20 años, se encontraba en coma inducido en la Clínica Mandalay de Eusalud, después de resultar herido durante las protestas sociales del 1 de mayo en Bogotá.El joven habría sido impactado por un artefacto en la cabeza, presuntamente por parte de la fuerza pública, según reportaron medios locales

Tras permanecer por 10 días en terapia intensiva, Zapata perdió la vida este lunes

Investigaciones 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó "profundamente" la muerte de Zapata. No obstante, aseguró que en su despacho no tenían conocimiento de ese caso, por lo que ordenó el inicio de una investigación. 

"No teníamos el registro siquiera de que Daniel Alejandro hubiera entrado por una lesión, no nos lo reportaron", dijo López en conferencia de prensa. 

En ese orden, la alcaldesa cuestionó una serie de omisiones. "Necesitamos saber cómo llegó al hospital, quién lo llevó, en qué circunstancias entró, por qué el hospital no lo reportó como posible lesionado en las protestas", agregó.

Por lo pronto, López ordenó a la Secretaría de Salud iniciar una investigación sobre el caso. 

Hasta este lunes, Bogotá lleva registro de 288 ciudadanos atendidos en hospitales por heridas en el marco de las manifestaciones, incluyendo 14 víctimas de lesiones oculares. Del total de lesionados que recibieron atención médica, cinco personas continúan hospitalizadas y su estado es delicado, según detalló López. 

Publicado: 11 may 2021 03:05 GMT

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El 12 de mayo, nuevo capítulo para el paro nacional

Lunes 10 de mayo. El intento por darle cuerpo a un diálogo fluido que permita levantar el paro nacional empezó mal. A pesar que el Comité de Paro redujo las exigencias a unas pocas, como expresión de voluntad para empezar la negociación, el gobierno en cabeza de Iván Duque no aceptó.

Según Diógenes Orjuela, del ejecutivo de la CUT y a nombre del Comité de Paro, el Gobierno parecía estar presente en una reunión de las realizadas durante el intento de negociación entablado para solucionar las demandas del 21N de 2019.

Ante tal actitud, en realidad una medición de fuerzas por parte del Gobierno, el Comité de Paro convocó al país a una nueva jornada nacional para el próximo miércoles, apoyándose para ello en el citado paro que para igual fecha tenía definido el magisterio nacional, a lo cual también debe sumarse los paros aprobados por estudiantes de universidades como la Nacional y de Antioquia, entre otros. El pulso sigue y su desenlace aún está por perfilarse en su totalidad.

La propuesta del Comité de Paro

 El Comité expuso como fundamentales, para el arranque de la negociación, resolver las siguientes demandas:

-Desmilitarizar las ciudades;

-vacunación masiva contra el covid-19.

-El retiro de la reforma a la salud

- Implementación de una Renta Básica


- Subsidio a la nómina para pequeñas empresas


-Matrícula cero para universitarios de estratos 1, 2 y 3. 


-Eliminar la alternancia educativa.

 

Intransigencia presidencial

La delegación por parte del país nacional para este intento de diálogo, también manifestó: "no hubo empatía por parte del Gobierno con las razones y peticiones que nos han llevado al paro nacional, ni con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de manera desproporcionada contra los manifestantes. Hemos exigido que se pare la violencia oficial y privada contra los que ejercen el legítimo derecho a la protesta".

De manera sorprendente, ampliaron, el presidente protegió en todo momento a los miembros de la Policía, claramente involucrados en la violación de los derechos humanos, expresado en los crímenes padecidos por la población en diversas partes del país. El Gobierno parece confiar además, en: 1. su estrategia de represión y 2. en una negociación fracturada, apartir de citar a negociación a cada sector social por a parte.

Mientras se discutía entre las partes, el aparato armado del establecimiento accionaba sus unidades en distintas partes del país para levantar bloqueos y despejar vías. Al momento de escribir esta noticia no se tenía reporte de heridos, detenidos y asesinados, pero ningún procedimiento de estos se lleva a cabo sin consecuencias de distinto orden para la población que alza su voz.

En estas circunstancias, ante la estrategia desplegada por el gobierno de turno para responder a las demandas nacionales, concentrada en la creciente militarización del país, con una desbocada violencia oficial, parapolicial y paramilitar, Colombia puede estar a las puertas de una multiplicación de asesinatos, desapariciones y violentados por los integrantes del Esmad y de la Policía en general, así como del ejército, ahora desplegado al interior de barrios.

Una realidad con un amplio escenario para que así sea concretada, toda vez que desde los diversos componentes del establecimiento decidieron “rodear” al actual gobierno, no importa las diferencias que tengan con el mismo. Primero las instituciones –así sean el motivo de la crisis– que el país nacional, es su mensaje.

Como país dependiente y sobre el cual no quita la vista el imperio, queda por conocerse lo que desde allí decidan sobre la crisis nacional. En la medida que la misma se profundice y tienda a desequilibrar el poder regional, no es de extrañar que muevan sus hilos.

Otros factor por considerar en la evolución que tengan las futuras negociaciones entre las partes es el peso que pueda significar la presencia como obsrvadores de Naciones Unidas y la Iglesia Católica.

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Atacada Guardia Indígena por los "pájaros" del Estado

En un ataque predeterminado y llevado a cabo por personas de civil, tres chivas en las que se transportaba decenas de mujeres, hombres, niños y adultos, comuneros pertenecientes a La Minga y a la Guardia Indígena Nasa, fueron interceptadas en la zona conocida como Cañas Gordas, vía Jamundí,y atacados a tiro de pistolas por personas que se bajaron de camionetas de alta gama. El saldo: 12 heridos de distintas consideración, cuatro de ellos graves.

El saldo pudo ser aún mayor ya que cuando los atacados trataron de protegerse ocultando sus cuerpos tras de otros vehículos recibieron descargas desde la parte posterior al ataque. Es decir, estamos ante una acción claramente premeditada, lo que despeja la duda si quienes atentaron eran civiles que de manera espontánea, por racismo o por motivos similares, entraron en ira. No, la premeditación y la impunidad indica que el formato corresponde a fuerzas parapoliciales y/o paramilitares.

Los y las mingueras se dirigían hacia la Universidad del Valle, donde se realizaba una asamblea para coordinar con estudiantes y colectivos de derechos humanos medidas por implementar para neutralizar el grado de violencia que está afectando a los sectores populares caleños.

El ataque, sin duda, desnuda aún más el desespero de un régimen que se siente acorralada y sin respaldo ciudadano; un desespero que se traduce en violencia, cada vez más aguda, y la cual puede ahondarse hasta sumir el país en un mayor chaco de sangre, avanzando, en pro de impunidad, hacia un autogolpe.

James Larrea, defensor de DDHH, en entrevista con desdeabajo describe que al interior de la Universidad del Valle se vive una tensa calma y el temor de quienes allí sesionan a un posible ataque, temor no infundado ni gratuito, más aún cuando se enteraron de lo sucedido con la delegación indígena que se dirigía hacia el centro universitario. Realidad refrendada por el senador Feliciano Valencia que en horas de la tarde vía Twitter alertó sobre el cerco de la Universidad por unidades policiales y militares, incluso con sobrevuelo de un helicóptero.

Un viejo modelo

El proceder parapolicial y/o paramilitar desplegado en las horas de la tarde del domingo 9 de mayo es similar a la actuación de civiles que atacaron en el viaducto de Pereira, con total alevosía, a tres activos del paro, entre ellos Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño, el primero de los cuales fue declarado con muerte cerebral.

Es un proceder que recuerda, a pesar del paso del tiempo, el actuar de los pájaros en la década de los años 50 del siglo XX en Colombia, los que bañaron de sangre sus zonas rurales, procediendo al asesinado y desplazamiento de decenas de miles de campesinos marcados como sus enemigos, imponiendo el silencio a sangre y fuego.

Un modelo de control y de imposición autoritaria del “orden” también experimentado con los “Escuadrones de la muerte”, como denominó a este tipo de cuerpos civiles armados, un miembro de la Guardia Indígena que habló vía telefónica  con desdeabajo.

Violencia, muerte e impunidad. ¿Hasta dónde posibilitará este gobierno un modelo genocida de control social y hasta cuándo continuara desconociendo las demandas populares? 


Relación (parcial) de integrantes de la Guardia Indígena heridos:

Nombre                                 Resguardo

Segundo Pequi                  Toribío

Alexander Yule Ramos     Toribío

Marlen Martínez                 Pueblo Nuevo

Yerson J. Talaga                 López Adentro

Eucardo Ul                          Huellas

Daniela Soto                        Sat tama

Sandro Camayo                  Las delicias

Yeison Tenono                   Monchique    


          

Videos relacionados

https://www.facebook.com/cric.colombia/videos/d41d8cd9/4491007630913861/

 

Adjuntamos videos que llegaron a la redacción:

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (1)

https://youtu.be/OaHgFIgefoA

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (2)

https://youtu.be/duTtVX6dir4

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (3)

https://youtu.be/5CQNXmqebiA

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (4)

https://youtu.be/UTqN9QB0yNY

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (5)

https://youtu.be/mXsU7N0cShU

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (6)

https://youtu.be/BC5yrUQlJbM

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (7)

https://youtu.be/r_6Lct3H3P8

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (8)

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (9)

https://youtu.be/vCpT8XMOgm0

 

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Al menos 379 desaparecidos durante las protestas en Colombia

Informe de organismos de derechos humanos

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes.

 

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que al menos 379 personas desaparecieron en Colombia durante la ola de protestas contra el Gobierno, que insistió en la necesidad de “levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, en una jornada en la que se renovaron algunas manifestaciones callejeras unificadas ahora en el único reclamo de cesar la represión y desmilitarizar las calles.

Aunque el pliego de demandas del Comité Nacional del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represión y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad –que además dejaron al menos 26 muertos- corrió cualquier otro eje y todo quedó concentrado en el reclamo para que se respete el derecho a la protesta, defendido además por organismos internacionales.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) dependiente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que relevó la información de unas 26 organizaciones de derechos humanos, dio a conocer ese número de 379 personas desaparecidas, aunque la actitud de las fuerzas policiales y militares justamente dificulta el relevamiento porque los ciudadanos se rehúsan a “avisar” de su paradero.

Inicialmente, el reporte registraba 471 personas presuntamente desaparecidas desde el 1 de mayo, pero ya fueron encontradas 92 personas, varias de ellas heridas y hospitalizadas.

La Inspección General de la Policía de Colombia informó que abrió casi medio centenar de investigaciones internas tras la ola de denuncias por la feroz represión a las protestas que, por décimo día consecutivo, se dan en las principales ciudades del país, inicialmente por una reforma tributaria y ahora por otros reclamos.

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes en Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla, Bogotá y otras, con ráfagas de aturdidoras, gases lacrimógenos y munición real.

Activistas denunciaron además que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes están siendo bloqueadas para evitar la viralización de esas imágenes.
La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, recibió 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.
La Fiscalía indicó, además, que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones.

En Colombia, los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar. Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos. La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.

Ante el número de violaciones denunciadas por los medios, las cuestiones “técnicas” sobre el uso de la fuerza quedaron en el centro del debate e inclusive se discutió en los diarios de mayor circulación el concepto de “desaparición forzada”. El diario El Espectador publicó en su sitio digital un extenso y contundente informe con testimonios de jóvenes que estuvieron detenidos extraoficialmente algunas horas y que relataron los golpes y torturas que recibieron, mientras sus familiares los buscaban y denunciaban sus desapariciones en las redes sociales.

La represión, en la mesa de Duque con la oposición


Por supuesto que la represión estuvo también en la mesa de conversaciones que el presidente Iván Duque mantuvo con opositores nucleados en la Coalición de la Esperanza, que condenaron "de manera vigorosa" la represión. "Nuestra presencia aquí no aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas", señaló el grupo integrado por exgobernadores, legisladores, exministros y un exvicepresidente, a la salida de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia.

La reunión marcó el segundo día de la agenda de conversación con diferentes sectores del país prometida por Duque en medio de la crisis política que no solo lo obligó a retirar la reforma tributaria y a cambiar un ministro, sino que lo fuerza ahora a atender otros reclamos. Duque empezó ayer con los titulares de los órganos del Poder Judicial la ronda de diálogo, que él busca poner en el centro de la escena.

“Enfatizamos en la importancia de respaldar la institucionalidad, levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter, en la que insistió en el “respeto a la protesta pacífica, como expresión democrática y el rechazo a la violencia y vandalismo”, sin una mención siquiera al accionar de las fuerzas de seguridad.

Para los opositores, en cambio, la cuestión fue central. “El Presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica", señaló un dirigente de la Coalición por la Esperanza.

En las protestas, además de bloqueos de calles y rutas, indígenas misak voltearon la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español fundador de la ciudad, que estaba en una plazoleta a pocas cuadras del Palacio de Nariño, la sede presidencial. Otro grupo de la comunidad había hecho lo mismo la semana pasada con la figura del también conquistador Sebastián de Belalcázar en Cali.

08 de mayo de 2021

Publicado enColombia
Se unió la izquierda en Perú: Pedro Castillo suma el apoyo de Verónika Mendoza

De cara a la segunda vuelta de las presidenciales el 6 de junio

Acordaron crear un programa de vacunas universales y gratuita, reactivar la economía, combatir la corrupción, reformar el Estado e impulsar una nueva constitución.

Desde Lima. A cuatro semanas de la segunda vuelta del 6 de junio, las izquierdas peruanas se unen y cierran un acuerdo para impulsar un “gobierno de cambio” encabezado por el profesor y sindicalista Pedro Castillo, que se enfrenta a la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori. El partido Perú Libre, que se define marxista-leninista y postula la candidatura de Castillo, y la coalición progresista Juntos por el Perú, que en primera vuelta tuvo como candidata a Verónika Mendoza, han firmado un pacto político para apoyar la candidatura de Castillo, que es también la base para una alianza de gobierno en caso el candidato de la izquierda gane las elecciones. Castillo y Mendoza han definido este acuerdo como una alianza “para la refundación del país”.

Los puntos centrales de este acuerdo son enfrentar la grave crisis sanitaria por la pandemia asegurando una vacunación universal y gratuita y mejorando los precarios servicios de salud; reactivar la economía cambiando el modelo neoliberal impuesto hace tres décadas por la dictadura de Fujimori; priorizar la lucha contra la corrupción, extendida entre la clase política; y refundar el Estado para garantizar derechos e igualdad para todos. También proponen cambiar la Constitución heredada del régimen fujimorista, que reduce al Estado a un rol subsidiario de la actividad privada.

Castillo ha dicho que este acuerdo es “un compromiso con las familias más necesitadas”. “Estamos al otro lado de quienes defienden la seudodemocracia, una Constitución a la talla y peso de la gran oligarquía, de los que siempre manejaron el Estado. Este es el momento de abrazar esta causa para refundar la patria”, dijo el candidato de la izquierda, hablando al lado de Verónika Mendoza, a quien le agradeció su respaldo.

Mendoza, que en primera vuelta obtuvo 7,8 por ciento, señaló que el compromiso asumido era “trabajar de manera conjunta y lograr un gobierno de cambio liderado por el profesor Pedro Castillo”. “No está en juego solamente la victoria del profesor Castillo, sino que tenemos la responsabilidad histórica de ponerle un freno al autoritarismo, a la mafia y al pasado”, precisó la excandidata presidencial, en referencia a una posible restauración del régimen fujimorista de los años 90, caracterizado por el autoritarismo, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción.

De esta manera, la izquierda junta fuerzas para derrotar a la candidata de extrema derecha, quien tiene el respaldo de diversas agrupaciones conservadoras que participaron en la primera vuelta, del empresariado y de los grandes medios, que han puesto en marcha una agresiva y masiva campaña de miedo y demolición contra la candidatura de Castillo. Pretenden asustar con los fantasmas del comunismo, del chavismo y del terrorismo. En una vieja práctica utilizada por el fujimorismo contra sus rivales, se acusa a Castillo de terrorista, adjudicándole supuestos vínculos con los rezagos políticos del derrotado grupo armado maoísta Sendero Luminoso, que protagonizó una guerra interna en los años 80 y 90, lo que el candidato ha negado repetidas veces. Una millonaria campaña llama a “votar contra el comunismo”. Esta campaña contra la candidatura de la izquierda, disfrazada de defensa de la democracia, oculta el pasado, y presente, autoritario y corrupto del fujimorismo para poner a su candidata como “defensora de la democracia”. Una campaña que desafía la memoria.

Después de firmar el pacto con Verónika Mendoza, el profesor Castillo hizo público un pronunciamiento de diez puntos en el que se compromete a respetar la democracia y la libertad de prensa. Esto es una respuesta a esa masiva campaña que lo acusa de tener intenciones autoritarias. En ese pronunciamiento también se compromete a no renunciar a sus propuestas de cambio y precisa que las implementará dentro de la institucionalidad democrática y “respetando la propiedad”.

Organismos defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la guerra interna -las víctimas se estiman en cerca de 70 mil- han demandado a los dos candidatos un compromiso con los derechos humanos, los juicios a los represores, las reparaciones a las víctimas y cumplir con las decisiones de los organismos internacionales en este tema. En su pronunciamiento público Castillo se compromete con la defensa de los derechos humanos y el respeto a los tratados internacionales en esta materia firmados por el país. Keiko ha dicho que no hubo una guerra interna, sino solamente terrorismo. Estando en el gobierno, el fujimorismo tuvo una práctica de violaciones a los derechos humanos y tiene una larga conducta de negar esas violaciones y proteger a los represores. Keiko ha anunciado que indultará a su padre, sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, lo que va contra los tratados internacionales firmados por el país que prohíben los indultos a los condenados por lesa humanidad.

Atacado por el establishment, este acuerdo con Juntos por el Perú y su compromiso público de respeto a la institucionalidad democrática, le permite a Castillo contrarrestar una imagen de cierta soledad, abrir su candidatura a otros sectores y reducir los temores de electores que lo ven como un riesgo autoritario, temores alimentados por una millonaria campaña y también por algunas declaraciones de miembros de su partido. A Castillo se le cuestiona la falta de un equipo técnico, un flanco débil de su candidatura, y este acuerdo con Juntos por el Perú le puede dar esos cuadros que le estarían haciendo falta.

De acuerdo a una encuesta publicada el viernes, Castillo sigue adelante, pero la distancia con su rival se ha reducido en una semana de diez a cinco puntos. La encuestadora Datum le da a Castillo 41 por ciento y a Keiko 36 por ciento. El candidato de la izquierda baja tres puntos y la fujimorista sube dos puntos, en relación a un sondeo de la misma encuestadora de hace una semana. Este resultado ha entusiasmado a la derecha. Sin embargo, este último sondeo no mide el impacto del reciente acuerdo de Castillo con Juntos por el Perú que unifica a la izquierda y puede tener un efecto más amplio que la suma de los porcentajes de ambos en primera vuelta, ni el del pronunciamiento del candidato de Perú Libre en defensa de la democracia.

Luego del debate en una plaza de la andina provincia de Chota, los candidatos se podrían volver a encontrar en un penal. Castillo retó a Keiko a debatir en la cárcel de mujeres de Lima. Sarcástico, dijo que como él había sido local en Chota, donde nació y vive, ahora le tocaba a Keiko ser local y propuso el penal San Mónica, donde la fujimorista, procesada por lavado, organización criminal y obstrucción a la justicia, estuvo varios meses presa. Keiko, deseosa de debatir para buscar revertir su desventaja, aceptó hacerlo en la puerta del penal.   

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Bety Ruth Lozano

Entrevista con la docente universitaria y líder afrofeminista

esde Cali, el epicentro de la revuelta y del ensañamiento represivo, Lozano describe lo que está pasando y reclama la atención de la comunidad internacional.

Desde el 28 de abril, Colombia está en paro y el paro no para, como dice el hashtag que se viralizó para dar cuenta de un proceso que desbordó incluso a las organizaciones convocantes que lo imaginaban de un día. Empezó como medida de fuerza contra la reforma tributaria y una reforma de salud impulsadas por el mandatario ultra neoliberal Iván Duque, justo en un momento devastador de la crisis pandémica, pero se desparramó como convocatoria masiva en ciudades grandes y pequeñas, funcionando como catalizador de un descontento más profundo.

Aquí se publica parte de la conversación urgente convocada desde el colectivo NiUnaMenos con la docente universitaria y militante afrofeminista Bety Ruth Lozano quien, junto con dos compañeras, Gloria y Cristina, del sindicato de maestrxs, reportan desde la ciudad de Cali, el epicentro de la revuelta y también del ensañamiento represivo que incluye muertxs, desaparecidxs, violaciones y cientos de heridxs. De hecho, mientras esta entrevista sucedía, una cumbre en Miami reunía al propio Duque con el ex presidente Macri y con el chileno Sebastián Piñera, entre otros, para hablar de una democracia en peligro mientras se gobierna a fuerza de bala. Es urgente parar la masacre en Colombia dicen las organizaciones sindicales, feministas, indígenas, campesinas, lgbtqi, afro y de las barriadas populares que, en estado de alerta y sin abandonar las calles, reclaman su condena internacional. Las imágenes que circulan desde hace días son de una guerra literal: helicópteros disparando desde el cielo, calles iluminadas por las ráfagas de metrallas, gases lacrimógenos y tanques ocupando las rutas. Aún así, la indignación no se detiene.

-¿Cómo escaló la protesta que empezó el 28 de abril?

-El paro empezó por un día pero se continuó y la represión fue muy fuerte el 29 y el 30 de abril y ya el primero de mayo, en el día del trabajo, hubo una marcha histórica, que se calcula más de un millón de personas solo en Cali. De hecho, los organizadores del paro llaman a una movilización virtual y la gente no hace caso y sale a la calle y se moviliza, y hay múltiples puntos de bloqueo por toda la ciudad y también en Bogotá y Medellín, escalando muy rápido a nivel nacional. La convocatoria no es solo contra la reforma tributaria que pone más impuestos sobre la gente más humilde y la clase media, es también contra la reforma la salud en marcha en el Congreso, junto a un conjunto de políticas públicas precarizadoras de la vida. Hay dos ejes articuladores del movimiento de estos días. El primero es la intercomunicación instantánea que tienen lxs jóvenes. Lxs de otra generación estamos en la tercera línea y somos sobre todo mujeres llevando el agua y los medicamentos. El otro elemento es que lxs jóvenes son quienes han vivido de manera directa las consecuencias económicas y emocionales de la pandemia: el encierro, el desempleo de sus padres, el desempleo de ellxs, hacer protestas para poder ir a la universidad, situaciones de salud mental por el stress, el encierro y la pobreza. Esto retoma lo que se vivió en 2019 cuando, al igual que en Chile, en Perú y en Ecuador, la población y los movimientos sociales venían despertando de las consecuencias del modelo neoliberal de pauperización y de exterminio pero que se ahonda ahora con el virus. Como decía una de las consignas: no nos importa hasta perder la vida porque ya nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo.

-Una de las denuncias que se repite es que se corta internet en las zonas de protesta para evitar la transmisión que documenta en tiempo real la represión estatal.

-Sí, las movilizaciones lograron tener una resonancia mundial instantánea, gracias a todos estos medios de comunicación alternativos y a las redes. Los medios privados son pro gobierno y para ellos no está pasando nada, o hablan de vandalismo, de actos terroristas, pero no mencionan la represión y la vulneración de derechos humanos que se ha hecho incluso contra defensorxs de derechos humanos y contra funcionarios públicos de la defensoría del pueblo. Se habla de 31 personas asesinadas pero hay muchos muertos que no aparecen. Hay más de noventa personas desaparecidas, se sabe que fueron asesinadas y sus cuerpos no aparecen. Son varias las mujeres que han denunciado violencia sexual por parte de la policía y cientos de heridos. Esas cifras tienen un subregistro porque sabemos pues que son muchos más y la fiscalía se niega también a recoger todas las denuncias.

-¿Cómo se explica la fuerza de la protesta, casi un levantamiento ya?

-La coyuntura de la pandemia hizo visible toda la precarización. Todo el trabajo informal viene siendo como un colchón de la crisis pero se ha hecho muy difícil de sostener. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, no pueden salir a trabajar y se ha reducido demasiado el empleo. Hay una precarización de la vida muy tremenda a lo que se suma toda la corrupción del gobierno.

-Por eso a pesar del anuncio que se frenaba la reforma tributaria, la gente sigue movilizada. Además de que las denuncias de asesinatos a líderes y lideresas sociales se han incrementado brutalmente este año.

-A eso me iba a referir. Son demasiadas cosas. Se dice que el paro se plantea para parar la reforma tributaria, y así lo plantea la Mesa Nacional de Paro. Pero la gente que sale a las calles sabe que no es suficiente con parar la reforma tributaria, que hay una cantidad enorme de asesinatos de líderes y lideresas sociales, a pesar de que se firmara un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que ahora es un movimiento político. La guerra continúa especialmente en las zonas rurales, donde el asesinato de lideresas indígenas y afrodescendientes es enorme. Además hay una cantidad de feminicidios en el país que ha aumentado brutalmente durante el año pasado y este año. A esto se suman los 6402, que es como se conoce el número de los “falsos positivos” durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe: los jóvenes que fueron secuestrados de sus casas o llevados con engaños, asesinados y luego vestidos de guerrilleros para la foto. Es decir, Uribe le mintió al país diciendo que estaba ganando la guerra con las FARC mostrando un número de guerrilleros asesinados, cuando en realidad eran jóvenes de sectores populares que habían sido engañados bajo el pretexto de un trabajo, de que les iban a pagar por un partido de fútbol, o que los iban a llevar a recoger café a las zonas rurales, y nunca más volvieron a aparecer. Toda esta falsedad ha salido a la luz y la gente la conoce. Además, este gobierno es de los que peor ha manejado esta situación de pandemia en el continente. Todo ese descontento está aflorando en estos días de paro y se está pidiendo realmente cambios fundamentales.

-Se dice que ya está listo un decreto para declarar el estado de “conmoción interior”. ¿Qué significaría esto?

-Estamos pendientes de que se haga público y saber de qué fuente sale. Es una amenaza decir que el decreto está en la mesa del presidente y falta su firma. Lo que nos dicen es: se repliegan, levantan el paro o le sacamos el decreto y lo que pienso es que los jóvenes no creen ya en esas amenazas. La gente sigue firme en las calles y si hay un decreto de conmoción interior pues la violencia va a ser mucho más grave y generalizada. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ponga sus ojos sobre Colombia, para que exija al gobierno que saque el ejército de las calles y resuelva de forma pacífica el descontento de las mayorías. Además está operando el ESMAD, que es una policía antidisturbios, que ya les ha sacado los ojos a varias personas, que dispara a los generadores eléctricos para cortar la luz, porque es una policía entrenada para frenar la protesta. Lo que se solicita también es que el ESMAD sea disuelto. Además, hay una cantidad enorme de policías infiltrados.

-Es impresionante cómo se repiten los métodos de criminalización y de masacre de la protesta: tal como ha sucedido en Chile esto que cuentan de apuntar directamente a los ojos. Recientemente se ha visto la incorporación fuerte del movimiento indíegena...

-Pareciera que ya no está en manos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), de FECODE (Federación Colombiana de Educadores) y de la Mesa de Paro Nacional la decisión de levantar el paro. Ha cobrado vida propia en todas las movilizaciones de lxs jóvenes por todo el país. Y además la Minga Indígena, que es la forma de movilización que tienen las organizaciones indígenas, especialmente del departamento del Cauca, se ha estado moviendo alrededor de los sitios de bloqueo. Son una fuerza simbólica de respaldo muy importante, muy respetada, reconocida y querida. Ellos solo están armados con sus bastones de mando y, sin embargo, son autoridades que hacen sentir a todo el mundo muy respaldado. Se han quedado en Cali por la situación especial que se vive y que se ha vivido en Siloé, que es este sitio de la vera que fue conformado al final de los años 50 por población desplazada por lo que se conoce en Colombia como la violencia con mayúscula que es esa guerra civil que generaron los partidos políticos liberal y conservador y que pusieron a matar al pueblo colombiano. Eso generó toda una reforma agraria que despojó a un gran campesinado de sus parcelas y lo llevó a esta ladera que es Siloé, donde hay muchas dinámicas juveniles, que es donde más duro ha golpeado la violencia militar.

-¿Por qué hubo un ensañamiento especial con Cali, al punto de que enviaron al coronel del ejército a controlar la situación?

-Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa, pero hemos demostrado que también bailamos al ritmo de la protesta, ¿cierto? Al ritmo de la rebeldía, de la insurrección, de la dignidad también podemos bailar. Cali es una ciudad que tiene cerca de tres millones de habitantes, con la mayor población negra de todo el país. Se habla de que Cali es alrededor de un 40 % de población negra, que en los últimos años ha llegado desplazada por el conflicto a todos estos barrios marginales y que vive del trabajo informal en donde los jóvenes negros son objetivo de la policía, asesinados con cifras que no entran dentro de las estadísticas oficiales. Es una ciudad que recibe población desplazada de todos lados: indígena, del pacífico colombiano, del sur, del Putumayo, del Cauca. La concentración no fue en un solo sitio, sino que la gente decidió bloquear las entradas y salidas de la ciudad en puntos estratégicos. Y hay que recordar que Cali es la entrada al mar Pacífico, donde está el puerto más importante que tiene Colombia que es Buenaventura, por donde entra más del 60 por ciento de las mercancías. Estos bloqueos colocados de forma estratégica –pues causan un daño muy enorme en la economía no sólo local sino en la nacional–, hizo que lleguen los militares enviados no solo por el gobierno sino también, lo sabemos, por los empresarios y los agroindustriales. Porque tenemos que saber que Cali es el epicentro de la agroindustria del monocultivo de la caña de azúcar. Ellos, los cañeros, que son quienes manejan el poder en la ciudad, han pedido también al gobierno que vengan a desbloquear. Tenemos que seguir alertas porque lo que se viene puede ser peor de lo que ha pasado en estos días.

Por Verónica Gago

08 de mayo de 2021

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