Las democracias bajo asedio en América Latina

Desde Quito. Las alarmas se encendieron cuando la vicefiscal de Colombia llegó a Quito días atrás con la causa montada contra Andrés Arauz en las manos. Situación de crisis, análisis de escenario, y, finalmente, una noche calma y fría. Fue una nueva amenaza en la campaña presidencial, que desde la hora cero estuvo marcada por las maniobras contra la candidatura de quien busca llegar al Palacio de Carondelet para reconstruir el proyecto de la revolución ciudadana.

El cuadro es similar al de las elecciones bolivianas del 2020, con la victoria de Luis Arce: nada puede darse por seguro hasta que sea puesta la banda presidencial, ni la realización de las elecciones, tampoco un desarrollo estable de acontecimiento en los días posteriores a los resultados, en caso de ganar Arauz. La diferencia entre un proceso y el otro es que en Bolivia existía un gobierno de facto, mientras que en Ecuador se trata de un presidente elegido constitucionalmente.

El caso ecuatoriano es paradigmático: el gobierno de Lenín Moreno no solamente traicionó el proyecto por el cual fue elegido y a muchos de sus antiguos compañeros -otros lo acompañaron en la puñalada-, sino que abrió las puertas a un proceso de cierre interno de vías democráticas. La persecución abarcó los diferentes niveles: el liderazgo principal, es decir, Rafael Correa, las segundas y terceras líneas, los sucesivos partidos luego de la pérdida de Alianza País, con causas desde corrupción hasta delitos de rebelión.

Ese proceso conllevó un diseño institucional con puntos neurálgicos, como la Fiscalía. Allí está ahora la principal causa montada contra Arauz, en una operación trabajada junto con a la Revista Semana y la Fiscalía de Colombia, un medio y una institución bajo mando de factores del Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe, al frente del gobierno. La situación en Colombia es trágica: según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre el 2020 y los meses del 2021 han ocurrido 110 masacres con un total de 446 víctimas, el asesinato de 342 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 12 familiares de líderes, y 74 firmantes de los acuerdos de paz.

La causa, montada desde esa Fiscalía, es la principal carta pública para intentar golpear la candidatura de Arauz. Ya fueron sorteadas otras amenazas, como un pacto entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez -segundo y tercero respectivamente- para un recuento de votos que finalmente no ocurrió luego de un giro de Lasso, o un llamado público por parte de Pérez, en representación de un sector de poder, a una intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral para criminalizar a Arauz, cambiar el Consejo Nacional Electoral y anular la primera vuelta.

En Ecuador se concentran los principales elementos de lo que conforma una democracia restringida, donde la principal fuerza política es perseguida y obstaculizada para poder participar. Los paralelismos con el caso argentino son varios: el despliegue mediático y político para acusar de corrupción sistemáticamente al anterior gobierno articulado al intento de disciplinamiento vía Poder Judicial. ¿Qué hará Arauz ante esos poderes en caso de victoria? Es una de las principales preguntas, al igual que en Argentina luego de más de un año de gobierno.

Las similitudes en la utilización de un dispositivo mediático-judicial para perseguir a los principales liderazgos en países donde existieron gobiernos populares son ya conocidas: Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. El caso venezolano se sitúa en otra escala, la de bloqueo desde Washington, robo de activos, operaciones armadas encubiertas, institucionalidad paralela, el arrastre del conflicto al terreno de las trincheras, el precipicio, la crisis permanente y prolongada.

En cada caso la pregunta es la misma: ¿cuáles son las reglas del juego? ¿hacia dónde buscan avanzar los poderes fácticos nacionales, internacionales, y sus representantes políticos? Puesto en perspectiva, se puede ver que en trece años ocurrieron cuatro golpes de Estado en el continente contra gobiernos progresistas -Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia-, el despliegue del lawfare, una comunicación de asedio, la construcción de instancias electorales en escenarios de desestabilización, la mutación de las derechas con exponentes como Jair Bolsonaro, que representa una tendencia en desarrollo en el continente, afianzada en diferentes países de Europa y en Estados Unidos.

No existe respuesta única ante la otra gran pregunta: ¿qué hacer ante eso? La situación es diferente según las fortalezas de los movimientos y gobiernos populares, la institucionalidad, o el lugar que ocupa cada país según el mapa estratégico estadounidense en el marco de las disputas globales con China y Rusia.

Las coordenadas cambian si se analiza Argentina, con la existencia de un movimiento obrero, territorial, feminista, de derechos humanos, y el entramado del peronismo, Bolivia, con fuertes movimientos indígenas, campesinos, mineros y el MAS, o Ecuador, con la ausencia de estructuras de organización popular y partidaria dentro de la revolución ciudadana, y un movimiento indígena en disputa entre sectores de izquierda y de derecha -siendo Pérez expresión de lo segundo-. El objetivo de la derecha en este caso es doble: desterrar al correísmo y desplazar dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a quienes encabezaron el levantamiento en el 2019.

Desde ese diagnóstico de escenario pueden situarse los acontecimientos recientes en Bolivia, con la detención de Jeanine Añez, exministros del gobierno de facto, altos mandos militares, policiales, y el dirigente de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina. Este último factor es clave, se trata de neutralizar una estructura armada dentro de Bolivia, creada antes del golpe del 2019, desplegada en sus días de asalto con asesoramiento internacional y amparada luego por el gobierno de facto. No es la única formación armada -su ubicación en Cochabamba, centro del país, es estratégica-, el principal punto de acumulación de fuerzas de la derecha golpista es Santa Cruz, con el golpista y ahora gobernador Luis Fernando Camacho.

La evolución de los conflictos en varios países pone en duda la posibilidad de que pueda existir un acuerdo con los factores de poder dominante económico y político, que implicaría -seguramente- mantener un statu quo profundamente y cada vez más desigual. Esa dificultad de acuerdo no reside en la voluntad de diálogo de los gobiernos progresistas. El caso de Argentina es una muestra clara.  

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Imagen promocional del antiviral de AstraZeneca, en retrato de noviembre pasado.Foto Afp

AstraZeneca sufre otro descalabro en EU debido a la presentación "caduca" de sus datos (http://wapo.st/3f5hWrj) –y eso que no ha recibido la expedita "aprobación de emergencia" en la fase 3 muy laxa de la FDA que favorece a sus tres vacunas Pfizer/Moderna/Johnson&Johnson–, cuando también se libra otra batalla logística entre Gran Bretaña y la Unión Europea ( FT, 22/3/21), sin contar que una encuesta de YouGov "exhibe que la mayoría de los ciudadanos en Francia, Alemania, Italia y España piensan ahora que la vacuna AstraZeneca es muy insegura" (http://bit.ly/3ccUwOD). ¿Cómo ocultar sus trombosis?

En forma aterradora, The Washington Post dio vuelo a la antihumana confesión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (sic) –HHS, por sus siglas en inglés–, de EU de que sus funcionarios presionaron a Brasil para rechazar la vacuna rusa Sputnik V (http://wapo.st/3sl518k).

En la pagina 48 de su reporte anual de 72 paginas, el HHS alardea "combatir las influencias malignas (sic) en las Américas" (https://bit.ly/3vSLrm3): La “OGA (Office of Global Affairs, Oficina de Asuntos Globales: http://bit.ly/2NJPD6j) usó sus relaciones diplomáticas (¡megasic!) en la región de las Américas para mitigar los esfuerzos de los estados, incluyendo Cuba, Venezuela y Rusia, que trabajan para incrementar su influencia en la región en detrimento de la seguridad y protección de EU”. ¡Para quienes dudan de la guerra geopolítica de las vacunas de carácter tripolar!

El HSS expone que la "OGA se coordinó con las otras agencias del gobierno de EU para fortalecer los lazos diplomáticos y ofrecer ayuda humanitaria (sic) y técnica con el fin de disuadir a los países en la región (sic) de aceptar ayuda de estos estados mal intencionados (sic)". Confiesa sin tapujos que "el funcionario agregado (attaché) de la salud en la OGA" fue requerido para “persuadir a Brasil a rechazar la vacuna rusa contra el Covid-19 ofreciendo la ayuda técnica de la CDC ( https://www.cdc.gov/) en lugar de la aceptación de Panamá de la oferta de médicos cubanos”.

Como que se tardaron casi tres meses en descubrir el reporte malévolo de EU, publicado en enero, que no perturbó a ningún "filántropo" de EU.

El ese sí "malévolo" boicot a la vacuna rusa por el gobierno de EU fue descubierto en un tuit oficial de la vacuna Sputnik V que colocó una foto de pantalla (https://bit.ly/3f85uHl) citando un reporte de Brazil Wire: "Washington presionó a Brasil para no comprar la maligna (sic) vacuna rusa" (http://bit.ly/2NJdJhw).

¿Cuáles habrán sido las presiones "diplomáticas" de EU en México?

Más que las consabidas presiones de la OGA del HHS, resulta más ultrajante que las autoridades sanitarias de Brasil –el país más grande, poblado y próspero de Latinoamérica– hayan sucumbido en forma ignominiosa.

Como era de esperarse también, la embajada de EU en Brasil, puesta en la picota y a la defensiva, publicó un inverosímil desmentido (https://bit.ly/3vRQByE), y The Washington Post considera que tal "respuesta no significa un desmentido total (sic)".

Un portavoz del hoy vilipendiado HHS realizó acrobacias retóricas para lavarse campantemente las manos.

Un día antes del inconcebible ­dicterio de Biden al zar Vlady Putin (https://bit.ly/2NLEe69) y tres días antes de los aparatosos tropiezos en la escalinata del Air Force One del presidente de EU (http://bit.ly/2NJuyJe), Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ­comentó que la "presión de algunos países a ­rechazar la compra de la vacuna rusa Sputnik V ­contra el Covid-19 se encontraba a niveles sin ­precedente, pero que no tenía oportunidad de tener éxito" (http://reut.rs/3fgh7M6). El flagrante cuan inhumano boicot de EU contra Sputnik V cobra mayor relieve cuando Brasil sufre los embates de una nueva cepa del Covid-19 que ha llevado a cambiar tres ministros de Salud en tan solo un año (http://bit.ly/2QyESVD).

Cunde la geopolítica de las ­vacunas –corolario de la guerra tripolar entre EU, Rusia y China– que tiende a la balcanización regional de una inoculación que debiera ser, soñando un poco, plural/ecuménica/universal.

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El Lava Jato, Moro y la hipocresía de la corte suprema brasilera

La votación de la Corte Suprema por la sospecha de Moro, 5 años después del rol que tuvo el en el golpe institucional que llevó al juicio político a Dilma y la detención arbitraria de Lula, que le negó la posibilidad de presentarse a elecciones en 2018; todo esto conforma el retrato de la hipócrita “imparcialidad” de la justicia brasileña.

 

Con el cambio de voto de la jueza Carmen Lúcia , quien se había pronunciado a favor de Moro en 2018, la votación en segundo turno de la Corte Suprema votó hoy a favor de la sospecha sobre Moro, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, lo que debe conducir a la anulación de todos los procesos contra Lula , incluidos los casos del Triplex y también las donaciones realizadas al Instituto Lula. Detrás de este giro están los temores e intereses de distintas fracciones de la clase dominante ante un país en profunda crisis que puede conducir a mayores inestabilidades en la lucha de clases.

El Supremo Tribunal Federal (STF) ha trabajado con el Lava Jato desde sus inicios en 2014 y fue directamente decisivo para el avance del juicio político contra Dilma, rechazando la solicitud del entonces gobierno del PT y de los diputados de anular el proceso que se estaba llevando a cabo en la Cámara a principios de 2016.

En abril de 2018, en vísperas del juicio de hábeas corpus de Lula que sería realizado por el STF tras su detención arbitraria, el entonces comandante del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Bôas, hizo una declaración en twitter, demostrando claramente la injerencia y la influencia de las Fuerzas Armadas en la política, presionando al STF para que no acepte tal habeas corpus. Entre otras cosas, el general afirmó que "cree que comparte el deseo de todos los ciudadanos en aras de repudiar la impunidad". En esa ocasión, el STF no solo subordinó total y silenciosamente las declaraciones abiertamente golpistas del alto mando del ejército, sino que también actuó en conjunto con los altos mandos militares para coordinar todas las operaciones antidemocráticas de la Lava Jato.

Hay que recordar que fue el STF el encargado de elegir al magistrado ponente de Lava-Jato. Juntos, los militares, golpistas de varios partidos, los principales medios de comunicación y la Corte Suprema con un rol protagónico, apoyaron y fortalecieron al Lava-Jato, el golpe institucional y allanaron el camino para el triunfo de Bolsonaro en 2018.

Por más obvia que sea la búsqueda del STF para “maquillar” la participación directa que tuvo, junto a los militares y al régimen poítico, en el rumbo autoritario en el que se enredó el país tras el surgimiento del Lava Jato en el 2014, existen evidentes debilidades, como como señalamos en un análisis reciente:

“Uno de ellos es el enorme debilitamiento del Lava Jato. El escándalo de Vaza Jato de 2019, que reveló todas las medidas autoritarias utilizadas para detener arbitrariamente a Lula, presentes en las conversaciones privadas entre los golpistas Sérgio Moro y Deltan Dallagnol, dio a conocer públicamente el fraude judicial que sostuvo el golpe institucional. Denunciamos este fraude desde 2014 como la esencia del Lava Jato: una operación proimperialista que allanó el camino para el establecimiento de un nuevo régimen basado en el golpe y abrió sectores estratégicos de la economía a las multinacionales extranjeras. El debilitamiento de Moro se profundizó después de su ruptura con el gobierno de Bolsonaro, que le otorgó el Ministerio de Justicia por otro año y medio. Al final, la Operación Lava Jato se disolvió en febrero de 2021. Utilizado para erosionar el régimen de 1988, la operación Lava Jato no pudo estabilizar un nuevo régimen en medio de la crisis económica mundial. Menos aún con las fuerzas desatadas en el régimen post-golpista, en el que Bolsonaro y las instituciones del golpe se disputaban quién sería el trazo decisivo de los contornos de este nuevo sistema político ”.

Desde el 2014 hasta ahora, uno de los objetivos más importantes de Lava-Jato y del golpe institucional y su curso autoritario fueron los ataques económicos, son los que quizás desangran a la gigantesca clase obrera brasileña, que en este contexto vive un nuevo registro diario con más de 3.000 muertos en 24 horas, víctimas de un virus que podría controlarse mucho más de no ser por la irracionalidad de los gobiernos y la búsqueda capitalista de lucro a toda costa. Desde entonces, han pasado reformas laborales y previsionales, subcontratación irrestricta, decenas de ataques a los derechos sociales, laborales y democráticos, siempre sobre la base de mucho chantaje, con el respaldo del Tribunal Supremo a todos ellos.

Durante la votación del día martes, los principales miembros del poder judicial hablaron insistentemente sobre la imparcialidad con la mayor rigidez que se pueda imaginar. Pero no han cambiado de opinión sobre ninguno de los atentados, ni siquiera sobre qué es democrático o no en un juicio, que fue y sigue siendo político en el caso de Lula. Lo cierto es que temen la magnitud de la crisis y cuánta inestabilidad puede generar, especialmente en una América Latina sumida en el desempleo y el empobrecimiento generalizado. El nuevo mundo con el viejo capitalismo despojado por la pandemia, obliga al régimen a repensar los factores restrictivos con los que puede contar:

“Por un lado, tanto el imperialismo extranjero como el régimen golpista brasileño buscan hoy preservar las conquistas del Lava Jato, descartando sus métodos. Esta es la mejor manera de continuar el régimen del golpe institucional y su agenda económica bajo un frágil aspecto “democrático”, desgastado por maniobras autoritarias desde 2016. Por otro lado, se hace más necesario que la burguesía brasileña cuente con frenos ante la posibilidad de fuertes disturbios sociales ante los dramáticos efectos de la crisis económica y de salud, que combinada con la errática política de Bolsonaro, colocan a Brasil como un paria en el mundo. El mayor dispositivo que cuenta la burguesía brasileña para la contención de la lucha de clases en Brasil se llama Lula ”.

Las batallas contra los efectos de la pandemia de coronavirus, el desempleo y los ataques económicos de los golpistas deben ir de la mano de la defensa de nuestros derechos democráticos, por eso denunciamos siempre la detención arbitraria de Lula y los crecientes mecanismos autoritarios en el régimen, como el caso de utilizar la Ley de Seguridad Nacional para perseguir a opositores en el gobierno de Bolsonaro. A su vez, depende de una política de independencia de clase que conozca a los enemigos, como el STF junto a todo el régimen golpista, y al mismo tiempo no confíe en la política de conciliación de clases del PT que, con solo conmemorar las decisiones institucionales de arriba, alimenta la trampa de espera pasiva por una falsa solución electoral en 2022.

Miércoles 24 de marzo | 01:57

Lava Jato.

Supremo Tribunal de Brasil declaró que Sergio Moro fue parcial en proceso contra Lula

Por tres votos a favor y dos en contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgó este martes como parcial la acción del juez Sergio Moro en el proceso que terminó con el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva.

Martes 23 de marzo | 15:52

La jueza Cármen Lúcia, que se había pronunciado a favor del juez Sergio Moro en 2018, dio este martes una sorpresa al cambiar su voto y pronunciarse por la sospecha de la parcialidad de Moro durante los juicios que se le siguieron al expresidente Lula da Silva. De esta manera se anulan todas las condenas de Lula, incluidos los casos del Triplex, del sitio de Atibaia y también de las donaciones realizadas al Instituto Lula.

La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil había retomado este martes la sesión en la que se juzga la parcialidad del juez Sergio Moro, principal responsable de la operación Lava Jato, en los procesos que se abrieron contra el expresidente Lula de Silva.

Las sospechas sobre el accionar de Moro provienen del llamado Vaza Jato, una filtración masiva de mensajes de Telegram entre jueces y fiscales, publicada por el sitio The Intercept en 2019 donde queda clara la connivencia entre los distintos actores para llevar adelante la operación Lava Jato y en ese marco encarcelar a Lula.

El proceso contra Moro fue impulsado por el juez del STF Gilmar Mendes, inmediatamente después de que el Edson Fachin, también juez del Supremo Tribunal, anulara todas las condenas de Lula a principios de marzo.

El juzgamiento de Moro había quedado en suspenso el 9 de marzo, cuando uno de los jueces del Supremo Tribunal, Nunes Marques, pidió un tiempo para estudiar el caso hasta este martes cuando se retomó.

La segunda sala del STF, precedida por Gilmar Mendes, cuenta con 5 jueces. Hasta este martes la votación estaba empatada en 2 a 2. Mendes y Lewandowski habían votado a favor de la sospecha de que Moro actuó en forma parcial, mientras que Fachin y Cármen Lúcia se contaban en contra de la sospecha (una posición que mantenían desde el año 2018, cuando empezaron los debates originales del caso).

Quién faltaba definir su voto era Nunes Marques, que había pedido tiempo para estudiar el caso y finalmente voto a favor de Moro, es decir, contra las sospechas de parcialidad. Lo hizo bajo el argumento de que los mensajes publicados por The Intercept en el Vaza Jato habrían sido obtenidos de forma ilegal, y por lo tanto si aceptara la sospecha de Moro legalizaría la "actividad de los piratas informáticos", dando lugar a la invasión de teléfonos móviles, llegando a hacer una comparación con las dictaduras.

Sin embargo, el resultado terminó quedando tres a dos en contra de Moro con el cambio de voto de la jueza Cármen Lúcia.

La imparcialidad de Moro, y por tanto la anulación total de toda condena contra Lula, aún puede ser votada en el pleno del STF, ya que la votación de este martes fue en la segunda sala, donde solo votaron estos 5 jueces.

En el argumento de su votación Carmen Lúcia insistió en que la imparcialidad de Moro habría sido solo en el caso de Lula, pero no el conjunto del operativo Lava-Jato, dejando de esta manera libre de culpa y cargo a este operativo lleno de ilegalidades y arbitrariedades.

Todo este proceso se da en el marco de las disputas entre diferentes actores del poder judicial que desde hace años arbitra y decide sobre la política nacional brasileña. El mismo STF que hoy vota contra Moro es el que permitió el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016, manipuló las elecciones de 2018 en beneficio de Bolsonaro y avaló reformas neoliberales contra los trabajadores y los más pobres.

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Vista aérea muestra a sepultureros llevando un ataúd en Vila Formosa, Sao Paulo. 23 de marzo de 2021Foto: Amanda Perobelli / Reuters

El gigante suramericano reportó 3.251 fallecidos en 24 horas y se aproxima a los 300.000 decesos en total desde el inicio de la pandemia.

 

Brasil alcanzó este martes un nuevo pico máximo de muertes diarias por covid-19, al notificar 3.251 fallecidos por la enfermedad en las últimas 24 horas, según datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de la nación (CONASS), que en su reporte del 23 de marzo notificó además otros 82.493 casos positivos. 

De acuerdo al informe, son 298.676 las personas que perdieron la vida por causas asociadas a la enfermedad desde el comienzo del brote sanitario, mientras que los infectados hasta la fecha suman 12.130.019. 

Apenas dos horas después de conocido el balance de la epidemia, el presidente Jair Bolsonaro habló por cadena nacional de radio y televisión, para destacar los resultados de su gestión en el combate a la pandemia. "Quiero tranquilizar al pueblo brasileño", dijo el mandatario luego de ponderar que el país se encuentra en quinto lugar a nivel mundial en cuanto a personas vacunadas por habitante.

"Las vacunas están garantizadas. Para fin de año, habremos alcanzado más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Muy pronto, retomaremos nuestra vida normal", dijo el líder derechista en su discurso. 

A pesar de ello, en las calles de las ciudades más importantes y más afectadas por el virus, como Sao Paulo y Río de Janeiro, hubo una reacción inmediata. Con un cacerolazo masivo, buena parte de la población pidió la renuncia de Bolsonaro en repudio a la conducción de la crisis de salud. 

Al ruido de las cacerolas que se oían desde las viviendas, y que fue ampliamente difundido a través de videos en redes sociales,  se sumaron los gritos de vecinos que acusaban al jefe de Estado de "asesino" y "genocida". 

Este lunes, el mandatario, centro de las críticas opositoras por la gestión de la pandemia, volvió a rechazar públicamente la aplicación de un confinamiento de alcance nacional, y pidió dejar sin efecto las cuarentenas dictadas por los gobernadores departamentales. 

Sin embargo, el mandatario se topó este martes con un contundente fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que rechazó dejar sin efecto los decretos aprobados por los gobiernos del Distrito Federal y los estados de Bahía y Rio Grande do Sul, que decidieron imponer medidas de aislamiento social para frenar el fuerte avance del coronavirus.

En su resolución, el juez Marco Aurélio Mello, le recordó a Bolsonaro que "la visión totalitaria" no tiene cabida en los "aires democráticos" actuales y que, como presidente del país, "es responsable de un liderazgo más amplio" y de "la coordinación de los esfuerzos dirigidos al bienestar de los brasileños".

Publicado: 24 mar 2021 01:33 GMT

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Negocios petroleros, privatizaciones y remate de empresas en Venezuela

Salarios por el suelo y exención de impuestos

Si el mundo es una “tómbola” como dice una canción popular, Venezuela se ha convertido en el mar abierto para los negocios en un curso acelerado jamás visto. “Oportunidades” para hacerse de empresas y activos, donde las facilidades se aseguran, empezando por una de las manos de obra más baratas del mundo, excepciones de todo tipo de impuesto, y lo más importante, el secretismo completo para no correr riesgos y la seguridad de los obscuros movimientos, al paso de una dolarización ad-hoc de la economía.

 

Es el país donde “las oportunidades de obtener ganancias son inmensamente altas” al decir de los asesores en negocios de EM Funding de Londres, donde la discreción tiene la garantía estatal. Y no por casualidad, en medio de la prohibición por la llamada Ley “Antibloqueo” en la que cualquier persona corre el riesgo de cárcel si revela los negocios más oscuros que se llevan adelante, dado el famoso secretismo de Estado hecho Ley, la mayoría de las informaciones van saliendo en caliente en los medios económicos internacionales que no tienen ningún riesgo de coerción.

Así leemos en el medio económico Bloomberg que: “En un elegante salón, los lobistas y los ejecutivos petroleros se codean hablando español, francés e italiano. Pero lo sorprendente es que este no es el hotel boutique ZaZa en Houston, el favorito de los peces gordos de la energía mundial. Es el Hotel Cayenne de Caracas. Atraídos por las promesas de privatización y más autonomía para aprovechar las mayores reservas de crudo del mundo, los grandes ejecutivos petroleros se están reuniendo con el gobierno de Nicolás Maduro y la estatal PDVSA para posicionarse mejor para cuando vuelva a abrirse la puerta a los negocios.”

Vienen atraídos por lo que el propio Maduro ha dicho, “que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica al capital estadounidense”, pues "la Ley Antibloqueo lo permite todo ". Y los sabuesos económicos, sobre todo los que andan en la búsqueda de los mejores negocios, catalogan la situación venezolana como un “momento único”. Y es que, según sus propias palabras, las petroleras nunca habían tenido tanto poder para negociar el acceso a una parte de los más de 300.000 millones de barriles de crudo del país.

No por casualidad en el país se realizan eventos con títulos como "Venezuela, de nuevo en el radar de los inversores internacionales", como el organizado por Venecapital, una asociación local recién formada de capital privado, señalando a los sectores de telecomunicaciones, inmobiliario y de servicios de gas y petróleo como objetivos atractivos.

"Existe un potencial fácil para aumentar rápidamente la producción si EEUU levanta algunas sanciones", dijo Francisco Monaldi en entrevista con Bloomberg, un experto venezolano-estadounidense en economía energética en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. Obviamente lo dice en clave privatizadora para que empresas estadounidenses puedan meterse sin problemas en el negocio. En cierto sentido pareciera tener razón, a pesar del descalabro a que ha llevado la industria petrolera el Gobierno de Maduro, y es que en Venezuela existe toda una infraestructura y estructura instalada construida a lo largo de cincuenta años por el propio Estado que ha costado miles y miles de millones -y párese de contar-, que no solo incluye los campos petroleros y sus instalaciones de producción, sino de refinerías, oleoductos, puertos marítimos, plantas de almacenamientos, en fin, que jamás un sector privado transnacional, y menos local, está en capacidad de montar. Y pesar del deterioro por falta de inversión estatal está allí, listo para la entrega al mejor postor, un “potencial fácil” para las grandes ganancias.

Si el curso privatizador en el sector petrolero tiene años, y los primeros movimientos se registran ya a mediados del 2015, con el acelerador apretado en los siguientes años, ahora con el nuevo control de la Asamblea Nacional (haciéndose del total control de los poderes del Estado), el Gobierno de Maduro se apresura a votar una ley que pondrá fin oficialmente al monopolio petrolero en manos de PDVSA. Es por eso que todos los ejecutivos que representan a las compañías petroleras extranjeras están celebrando reuniones para discutir cuáles serían los términos de la nueva legislación.

No pierden el tiempo, de allí la reunión que hace pública Bloomberg, así como tantas otras que se realizan y que jamás saldrán a la luz pública, sin hablar de los propios negocios. Las empresas petroleras multinacionales tendrían las manos libres para hacerse de las enormes reservas de crudo en el país con la nueva Ley de Hidrocarburos.

También el negocio es redondo por sus derivaciones. Como los propios analistas indican, aumentar la producción permitiría al Estado recaudar capital para pagar a los acreedores que tienen aproximadamente 60.000 millones de dólares en bonos en suspensión de pagos. En otras palabras, dinero que entraría por el remate, dinero que sale para pagar la odiosa deuda externa, con el descuento de lo robado en el camino.

Por eso es que hay movimientos en Washington, donde, de acuerdos a los analistas económicos, los ejecutivos de la industria petrolera y de los mercados de capital han estado haciendo lobby con miembros de la Administración de la Casa Blanca. “Su mensaje: si la puerta se va a abrir para todos, mejor entrar de los primeros”, destacan, no sin razón dada la gran apertura.

Siendo que los nuevos “inversores” se quedarán con los activos y el país saqueado. “Inversores” entre los que están, no solo transnacionales o capitalistas nacionales de vieja data, sino también los nuevos grupos económicos que se hicieron con el chavismo, así como los testaferros en los que tiene por atrás a gran parte de la alta burocracia estatal que incluye a los militares.

Pero no solo es el negocio petrolero, aunque es lo más atractivo en un país netamente extractivista y con una gran infraestructura instalada y con las mayores reservas del mundo. También se está dando el traspaso de decenas de empresas estatales claves a “inversores” privados a cambio de una parte de los ingresos o productos. En un reciente artículo hicimos un pequeño recuento en el sector agroindustrial, hotelería y cadenas de abastecimiento, que han pasado de manos del Estado al sector privado.

En el mismo reseñamos que: “En el sector agroindustrial, supermercado y hotelería muchas empresas han pasado a manos de privados. Entre las que han tomado relevancia noticiosa se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) la estaría manejando un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.”

s que todos buscan activos a precio de remate en Venezuela. Pero no dejemos de mencionar, a manera de ejemplo, a los que nunca dejaron de hacer negocios en Venezuela, no solo ahora con Maduro, sino durante toda la época de Chávez, como el grupo Cisneros. Se trata de un grupo económico propietario de bancos, estaciones de televisión, telecomunicaciones, grandes almacenes, cerveceros, cadenas de refrescos, y hasta en petróleo desde la época de Chávez, sin contar su producción de telenovelas y hasta “concursos de belleza”, en fin, casi todo de donde se pudiera sacar dinero sin gran competencia.

A este sector se le ve en activo movimiento de acuerdo a los seguidores de los movimientos de inversión según un último artículo de Bloomberg, ya no solo para sacar provecho en los negocios con el Estado o las privatizaciones, sino también para apropiarse de empresas que ya eran privadas haciéndose de las mismas y sacar ventaja de las nuevas condiciones que pone el Gobierno, como la exoneración de impuesto y la libre importación, la mano de obra barata con contratos basura sin ninguna obligación social para con los trabajadores.

La agencia Bloomberg lo saca a la luz de la siguiente manera. “Eduardo Cisneros, nieto del patriarca Diego Cisneros, cofundó un fondo de capital privado en Florida que ha recaudado más de 200 millones de dólares de inversores, según un documento presentado ante la SEC. El fondo, llamado 3B1 Guacamaya Fund LP, ya ha utilizado alrededor de $ 60 millones de ese efectivo para comprar negocios venezolanos, incluido un fabricante de pintura (Corimon CA), durante el año pasado, según varias personas con conocimiento de los acuerdos que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto” relata la agencia estadounidense. El fondo 3B1 Guacamaya opera en la misma sede de Coral Gables (Florida) que Cisneros Corporation, un servicio de consultoría, según su página web. Se posicionan en el país en “una lucha” por adquirir activos selectos a precios muy rebajados, de remate.

Y así van saliendo a la luz otros movimientos de empresas extranjeras haciéndose de compañías en el país. De acuerdo a la propia Bloomberg, el año pasado, Scale Capital, una empresa chilena de inversión y gestión, llegó a un acuerdo para adquirir las operaciones de DirecTV en Venezuela por una cantidad no revelada. DirecTV es una empresa que originalmente tuvo desavenencias con el Gobierno por la difusión de canales y atravesada por las sanciones, que cerrara por un tiempo la transmisión reapareciendo con el nombre de SimpleTV y con los nuevos propietarios. No se deja de especular que detrás de los chilenos haya sectores económicos locales con algún vínculo con personal del Gobierno.

Así como también revela que el año pasado, un fondo internacional llamado Phoenix Global Investment compró los activos del productor de alimentos Cargill en el país, además de que, en agosto de 2019, un grupo inversor chileno compró la sucursal local de la aseguradora estadounidense Liberty Mutual Holding Co. Aunque no especifica quién es el personal que está detrás de estos fondos o grupos económicos.

Mientras todo esto acontece, hay un mundo abajo, todo el pueblo, el de las grandes mayorías, que en un curso dolarizador de la economía, ven hundirse cada vez más en sus condiciones de vida. La Venezuela profunda, la de los trabajadores y las mayorías populares, queda condenada a la pobreza extrema, mientras se remata la nación, donde un puñado de capitalistas locales y extranjeros, y las clases altas, se hacen cada vez más ricos adueñándose de activos y del erario público, así como aprovechando toda la rienda suelta -exceptuándolos de todo tipo de impuestos- que el Gobierno les ha dado para sus negocios, no solo haciéndose del país, sino llevando la buena vida.

Como explica Ángel Arias, en un ensayo de marzo del 2020 titulado "Venezuela bajo el chavismo: de la débil “hegemonía nacionalista” a la debilidad extrema de la nación", “A lo largo de dos décadas, el país ha pasado por un proceso en el que, si durante todo un período primó un tibio nacionalismo, que conquistó importantes niveles de soberanía política y mantuvo el control “nacional” de la renta petrolera, asistimos hoy a un país en condiciones de enorme vulnerabilidad ante las apetencias de las potencias capitalistas: una catástrofe económica y social, con una nación quebrada y enormemente endeudada, un movimiento obrero y popular muy debilitado, y las principales fuerzas políticas, a pesar de sus evidentes diferencias y agudo enfrentamiento, ubicadas contra el interés nacional, la oposición, histórica y abiertamente proimperialista, el régimen gobernante, por su parte, ha girado cada vez más al entreguismo”.

Enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador, en el que el capital privado local participa de la fiesta.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Martes 23 de marzo | 00:35

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Tropiezos de Biden con Rusia: NordStream 2, Ciberseguridad, la Luna, Twitter y Sputnik V

Obama y Trump fracasaron en impedir la "asociación estratégica" de Rusia y China. Ahora Biden intenta in extremis volver a seducir a China con un nuevo G-2 contra Rusia, lo cual se antoja poco probable cuando Moscú y Beijing han consolidado su complementariedad multidimensional.

La "estabilidad estratégica" (https://bit.ly/3f0rBPW)” de EU/Rusia/China se sacudió tremendamente en la tercera semana de marzo con el encuentro virtual del "QUAD" –grupo cuatripartita de EU/India/Japón/Australia para contener a China en el Indo-Pacífico–, la reunión presencial en Alaska de EU y China en búsqueda de su G-2 perdido y el inconcebible vituperio de Joe Biden al zar Vlady Putin, a quien vilipendió de "asesino". ¡Mega-uf!

Dos días antes de sus estrepitosos "tropiezos" en la escalinata del Air Force One, el anterior empleado de Bill Clinton, George Stephanopoulos, de 60 años, indujo perversamente a Biden inquiriendo si pensaba que Putin "es un asesino", a lo que respondió el muy sugestionable presidente, a sus 78 años, que "sí lo pienso".

Es conocida la respuesta sarcástica, muy al estilo literario ruso, del zar Vlady Putin, quien deseó a su homólogo una "mejor salud", a sabiendas de sus severos problemas cognoscitivos (https://abcn.ws/2PfKC5N).

La réplica rusa fue retirar a su embajador en EU para "consultas" –que en otros tiempos hubiera equivalido al inicio de una guerra.

Dos días después de su insano dicterio, Biden sufrió su aparatosa caída en las escalinatas del Air Force One.

Los multimedia totalmente controlados por la tétrada Soros/Bloomberg/Clinton/Obama ocultaron su caída, según Daily Mail (19.03.21), que enumera la frecuente disfuncionalidad cognitiva de Biden, quien un día antes se había referido a la vicepresidenta Kamala Harris como "presidenta", lo cual "levanta preocupaciones sobre la salud y la habilidad para gobernar del presidente".

No hace mucho, el muy influyente senador republicano Lindsey Graham, de 65 años, comentó que Biden "no estaba a cargo" de la presidencia, sin especificar quién daba las órdenes cuando el "presidente" aparentaba un exitoso desempeño en sus dos primeros meses.

Del lado de los epígonos de Trump redunda la alta probabilidad de que Biden sea retirado de su cargo por su disfuncionalidad cognitiva, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución.

Detrás de la incitación a una colisión nada recomendable de EU contra Rusia, de parte de la tétrada Soros/Bloomberg/Clinton/Obama con su aliada Kamala Harris, se perfilan los "motivos" de la angustia de EU frente a sus dos competidores geoestratégicos: Rusia/China.

Strategic Culture afirma que detrás de las gratuitas invectivas rusófobas se insinúa el avance del gasoducto NordStream 2 entre Rusia y Alemania construido en un 95% (https://bit.ly/3f486FZ).

Robert Bridge, del mismo Strategic Culture, arguye que el “Deep State prepara colocar a Kamala Harris como su presidenta (https://bit.ly/3vImERz)” –tesis que, dicho sea con humildad de rigor, "Bajo la lupa" ya había previsto después del resultado del 3 de noviembre (https://bit.ly/3lAjZVn).

La ciberseguridad es otro tema que ha dejado rezagado a EU frente a Rusia y China(https://bit.ly/2Pd9LhK), así como el acuerdo de Moscú y Beijing para explorar la Luna, lo cual crea de facto su G-2 en el espacio (https://bit.ly/3vNP6kX).

El portal europeo de Defensa asevera que uno de los factores de los furores de Biden ha sido la domesticación de Twitter, que sirve de injerencista caballo de Troya para desestabilizar e intentar derrocar al presidente Putin (https://bit.ly/3tCYki8). Rusia dio un mes de plazo a Twitter para cumplir con las leyes y regulaciones del país (https://bit.ly/3lyr8FE).

El éxito imparable de la vacuna Sputnik V, que ha dejado sembrados a sus competidores anglosajones, también ha puesto a la defensiva a EU, cuyo Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) "empujó a Brasil a rechazar la vacuna rusa", como reporta The Washington Post (https://wapo.st/3lyrSdU).

Los ultrajes de Biden parecen más bien de frustración irreversible.

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Entrega de efectivo a millones, en plan de rescate de EU

Las primeras iniciativas del gobierno de Joe Biden –el megarrescate económico, el apoyo explícito a derechos laborales y trabajadores migrantes, así como los nombramientos al gabinete económico– expresan un giro que podría marcar el fin de 40 años de la agenda neoliberal en Estados Unidos.

Hace justo 40 años Ronald Reagan estrenó la era neoliberal con el discurso inicial de su presidencia, en el cual incluyó su famosa frase: "El gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema". Entre las primeras acciones del ex actor, anunció una ofensiva contra el movimiento laboral, empezando con la destrucción del sindicato de controladores aéreos, y promovió una agenda de "austeridad" (con excepción del gasto militar) y reducción de impuestos y regulaciones para el gran empresariado.

Con esa agenda, en las pasadas cuatro décadas, gobiernos republicanos y democratas –el presidente demócrata Bill Clinton declararía en 1996 que "la era del gran gobierno se ha acabado"– han desmantelado y/o privatizado segmentos de los sectores públicos de salud, educación y hasta justicia criminal, reduciendo la red de bienestar social.

Los saldos incluyen un sindicalismo que ha llegado a su punto más débil en la historia moderna, el salario promedio real está al mismo nivel de hace 40 años y la desigualdad económica ha llegado a su punto más extremo desde poco antes de la Gran Depresión.

Durante cuatro décadas el eje de la política exterior de Estados Unidos fue promover "la democracia", definida como el libre mercado consolidado a través del libre comercio.

Apoyo a migrantes

Ahora en 2021, las primeras iniciativas anunciadas por Biden al llegar a la Casa Blanca fueron la de un magno paquete de apoyo y rescate económico enfocado en la clase media trabajadora, que incluye a los migrantes, así como la ampliación de servicios públicos (salud, educación, transporte, vivienda, asistencia social a familias y niños). Al mismo tiempo, ofreció la expresión más prolaboral y sindical de un presidente en décadas, al endosar un proyecto de ley para ampliar los derechos laborales y expresar apoyo a la campaña de sindicalización de casi 6 mil trabajadores de un almacén de Amazon en Alabama –cuyo dueño, Jeff Bezos, es el hombre más rico del planeta y uno de los 660 multimillonarios que han incrementado su fortuna durante la pandemia, en conjunto, en más de un billón de dólares.

El llamado Plan de Rescate de Estados Unidos de 1.9 billones de dólares (más del doble del promovido por Barack Obama en 2009) no sólo contiene medidas antipobreza, como los pagos directos de mil 400 dólares a los ciudadanos, sino también la ampliación de beneficios de desempleo y asistencia alimentaria y de renta para inquilinos, entre otras; incluye también acciones sin precedente, como el primer programa de ingreso familiar universal garantizado en la historia del país, con el cual se podría reducir a la mitad la pobreza infantil.

Estas medidas son temporales, durarán sólo hasta finales de año o menos. Pero el gobierno de Biden está preparando programas más ambiciosos, que buscan financiar proyectos de infraestructura, aplicar impuestos sobre los más ricos y la promoción de iniciativas económicas "verdes" para combatir el cambio climático, entre otras. Sus estrategas están apostando a que el enorme apoyo popular del que goza el Plan de Rescate se traducirá en suficiente apoyo para iniciativas adicionales que superen la resistencia política de buena parte de los republicanos y otros opositores.

Biden ha sorprendido a progresistas por su apoyo explícito al movimiento laboral, declarando en febrero que “los sindicatos elevan a los trabajadores… y especialmente a trabajadores afroestadunidenses y latinos”.

A principios de este mes el proyecto de ley Protegiendo el derecho a la organización (PRO Act), el cual propone revertir medidas antisindicales puestas en marcha a lo largo de las varias décadas, fue aprobado por la cámara baja con el endoso explícito del presidente y ahora goza de una amplia e inusual coalición de gremios y ambientalistas para su promoción en el Senado.

Proteger a los trabajadores, no sólo a las empresas

Mientras tanto, el consenso bipartidista sobre el libre comercio que ha imperado durante las últimas décadas también se está modificando y ya no es un objetivo casi sagrado. Katherine Tai, la recién ratificada Representante de Comercio de Estados Unidos, ha prometido –junto con otros altos funcionarios e incluso el secretario de Estado, Antony Blinken– enfocarse en cómo proteger los intereses de los trabajadores estadunidenses y el medio ambiente, y no sólo en promover más acuerdos para empresas.

Varios economistas y otros expertos están señalando que este giro podría estar marcando “el "fin de la era neoliberal", y que se está recuperando el viejo principio keynesiano sobre la necesidad de la intervención del gobierno en el "libre mercado" para defender los derechos sociales y los intereses básicos de las mayorías.

El propio Biden, en un discurso a la nación sobre el paquete de rescate, afirmó, como si fuera respuesta no solo a Reagan, sino a su colega demócrata Clinton, que "el gobierno no es alguna fuerza extranjera en una capital distante. No, somos nosotros, todos nosotros, el pueblo".

Para el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la propuesta de Biden es "transformadora" por su enfoque en "rescatar a gente de la pobreza". Comentó que con esto posiblemente se ha puesto fin a la economía trickle down promovida desde la época de Reagan y vigente hasta el gobierno de Trump. “Esto es lo opuesto a eso… es construir la economía desde el medio y desde abajo”, dijo en Democracy Now.

Otro Nobel de Economía, Paul Krugman, escribió en su columna en el New York Times, en referencia a la declaración de Clinton de 1996, que eso de “‘la era del gran gobierno se acabó’ [ahora] se acabó” y señaló que el plan de rescate económico de Biden representa "un giro contra la ideología que ha dominado la política de Estados Unidos por cuatro décadas".

Robert Reich, quien fue secretario del Trabajo con Clinton, festejó la aprobación del paquete de rescate, al cual describió como la "expansión más grande de asistencia gubernamental desde los años sesenta" y concluyó que “la lección económica es que el reaganomics ha muerto”.

Al descubierto, los saldos de la política económica

La resistencia progresista contra el neoliberalismo en Estados Unidos incorpora desde los grandes movimientos altermundistas, los cuales rechazaban lo que se llamaba el "Consenso de Washington" en los años 90, a movimientos contra la desigualdad económica y la concentración de riqueza, como Ocupa Wall Street, que surgieron en años recientes y que nutrieron después las sorprendentes campañas presidenciales, legislativas y locales de socialistas democráticos. Todo eso ha llevado a este giro en la política económica ante la crisis de salud y económica en Estados Unidos que dejó al descubierto los saldos reales del neoliberalismo.

En una reciente comparecencia ante el Comité del Presupuesto del Senado, presidido ahora por el ex candidato socialista democrático Bernie Sanders, Reich recordó la famosa frase del juez de la Suprema Corte, Louis Brandeis, "podemos tener democracia en este país o podemos tener gran riqueza concentrada en las manos de unos cuantos, pero no podemos tener ambas cosas".

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Brasil: la batalla comunicacional que se viene

Hay un debate en curso en Brasil sobre el uso de la palabra genocida para nombrar a Jair Bolsonaro. Militantes del PT detenidos en una protesta frente al Palacio del Planalto e influenciadores digitales convocados por la justicia fueron dos ejemplos de esta semana en la cruzada paradójica de no llamar las cosas por su nombre. Interesante la preocupación reciente de Bolsonaro por las palabras, viniendo de alguien que las desprecia, que no mide efectos ni consecuencias, empatía bajo cero.

Bolsonaro dominaba la comunicación política del país hasta hace diez días, cuando el expresidente Lula recuperó sus derechos políticos, provocando un tsunami. Si separamos las barbaridades que enuncia, de las formas de hacer política, tres territorios eran dominados por completo por el actual presidente, como ningún otro actor político: las “lives” de los jueves en sus redes sociales, los charlas informales con seguidores en el “corralito” que se monta diariamente en el Palacio de la Alvorada, y las apariciones públicas inesperadas, como la visita que hizo a la Corte Suprema en septiembre del año pasado. Los dos primeros son los palcos por excelencia que generan la catarata de declaraciones. Hablamos de la política como “acting”, como puesta en escena, como teatralidad.

Como aquello que genera una pauta permanente de información y define la agenda. Esta hipótesis fue descripta por Joao Santana en octubre de 2020. A partir de la semana pasada, esa naturalidad con la que ocupaba todo el espectro comunicacional se pone en disputa. Lula habló por más de tres horas y lo obligó a hacer dos giros casi que inmediatos: reconocer la vacuna como una realidad imprescindible, y cambiar por cuarta vez su ministro de Salud. El reciente apoyo a las vacunas vino con una marca que es todo un signo de descalabro del bolsonarismo más explícito: “nuestro arma es la vacuna”, fue la primera divulgación. Eso dio pie a un meme difundido por su hijo Eduardo con una adaptación del personaje Ze Gotinha, logomarca de las campañas de vacunación en el país, creado en 1986. En la imagen, Ze Gotinha tiene un fusil-jeringa, un abierto apoyo a las armas. La muerte se celebra, es el “viva la muerte” de Franco, tropicalizado. Entra en el territorio de lo perverso, en el medio de la crisis sanitaria más importante del país, enaltecer un arma. La vorágine por querer responder rápido al nuevo escenario y sobre todo hacer malabarismo por mantener su discurso armamentístico aggiornado a la nueva realidad pandémica, producen deslices. Ese meme condensa el bolsonarismo comunacional, es una metáfora de una época.

Un segundo ejemplo: el miércoles 17 de marzo, Lula le pide a Biden ayuda para conseguir vacunas, a través de una reunión del G-20 para discutir la redistribución del inmunizante para países que más lo precisen, como Brasil. Bolsonaro reacciona al día siguiente mostrando una carta del 26 de febrero donde Biden promete colaboración en este nuevo capítulo de la relación bilateral. Lo pone a la defensiva, lo obliga a mover las piezas a posteriori.

Este movimiento no es gratuito. Si Bolsonaro se muestra impermeable a la ciencia y el conocimiento, claro está que mira las encuestas y actúa en consecuencia. La caída de su popularidad, sumada a los escenarios de posible derrota frente a Lula (34% seguramente votaría a Lula vs 25% a Bolsonaro, según datos del Instituto Ipec de Marzo 2021) configuran este nuevo escenario. La adhesión al discurso provacuna entra mucho más en esa lógica que en estar convencido. Los principales actores de la economía le hacen saber que que no hay retorno del crecimiento sin vacuna.

Un análisis más detallado de la encuesta señala un elemento posiblemente central en la batalla comunicacional que se viene. Bolsonaro crece de 25% a 39% su potencial de voto entre los evangélicos, y en forma inversa, Lula cae del 34% al 27%. Cuando el PT fue fundado en 1980, los evangélicos representaban el 6,6% de población. En 2000, dos años antes de la victoria de Lula, el 15,4%. En 2021, son el 31,8%. Son uno de los pilares fundamentales de lo que se denomina la “nueva derecha brasileña”. Tres grupos que convergen en el actual bolsonarismo: la derecha más reaccionaria y retrógrada, que pide intervención militar y cierre de la Corte Suprema, la volátil “derecha liberal”, que hoy adhiere al bolsonarismo pero surfea la ola de quien defienda su agenda neoliberal, con el ministro de Economía Paulo Guedes como mayor exponente. Y el enorme contingente de evangélicos. En esa batalla argumental se dirimen parte de las chances de Lula de consolidar el potencial de voto actual, aunque tenga que correrse naturalmente más al centro. Coquetear con el voto “evangélico” es una tarea ardua. Pensar que uno de los mayores referentes de la iglesia evangélica, Edir Macedo, decía en marzo 2020 que el coronavirus era una “táctica de Satanás”, y se vacunó esta semana en Miami. Satanás vacunado y de paseo en Disney.

Eduardo Sincofsky es consultor en opinión pública. 

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Egipto apura el paso para estrenar su nueva capital y dejar atrás El Cairo (+ Video)

Egipto apura las obras de su fastuosa nueva capital en medio del desierto, ubicada al este de El Cairo, para que desde el inicio del verano empiecen a mudarse los primeros empleados públicos, antes de la demorada inauguración oficial del proyecto insignia del presidente Abdel Fattah al-Sisi.

En el corazón de la flamante ciudad, los trabajadores dan los toques finales a una avenida de ministerios con reminiscencias de templos faraónicos y al complejo islámico conexo, compuesto por dos domos parlamentarios y un inmenso edificio presidencial.

Un monorriel atravesará el distrito financiero, dominado por una torre central de 385 metros de altura que ya está casi completada. Más allá, la silueta de un parque de 10 kilómetros de extensión, en cuyo fondo destaca una descomunal mezquita.

La ciudad, conocida simplemente como Nueva Capital Administrativa, fue diseñada para funcionar con tecnología inteligente en tierra virgen, lejos de la contaminación y el caos de El Cairo. También se jactará de sus propias sedes universitarias, lugares de ocio y barrio diplomático.

Pero el avance de las obras estuvo marcado por los altibajos, y cuando el financiamiento de los Emiratos Árabes Unidos resultó ser insuficiente, en 2015, los militares y el gobierno egipcio se hicieron cargo de los 25.000 millones de dólares del costo estimado de la primera fase, con inversiones directas fuera del presupuesto.

También se aseguraron algunos créditos y fondos internacionales

La pandemia del coronavirus también retrasó las obras, y cuando el gobierno se mude no estará completada ni la primera de las tres fases planeadas, que cubrirán 168 kilómetros cuadrados.

“Todos los proyectos de la fase 1 tienen un índice de finalización superior al 60%”, señaló Khaled el-Husseiny, vocero de la nueva capital egipcia.

El funcionario agregó que la demorada mudanza de los empleados públicos arrancará en julio, antes de la inauguración oficial de la ciudad, programada para fin de año.

Lo último en tecnología

Habrá centro de monitoreo electrónico de la infraestructura y la seguridad urbana, los techos estarán cubiertos de paneles solares, absolutamente todos los pagos serán electrónicos -sin circulación de efectivo-, y la ciudad garantiza 15 metros cuadrados de espacio verde por residente fijo.

“En esta nueva ciudad, tratamos de solucionar todos los problemas conocidos del pasado”, dice Husseiny.

Está previsto que la ciudad terminada sea hogar de al menos 6 millones de vecinos, y la segunda y tercera fases son básicamente desarrollos residenciales.

Pasarán décadas hasta que el proyecto esté concluido, aunque el gobierno tendrá plena capacidad operativa desde su nueva sede mientras siguen las obras, dice Amr Khattab, vocero del Ministerio de Vivienda, responsable de la ejecución de los barrios residenciales de la ciudad.

Lo que nadie sabe es cuánto tardará en moverse el centro de gravedad de Egipto desde El Cairo hasta la impresionante capital nueva en medio del desierto, a 45 kilómetros de las bondades del Nilo. Hasta ahora, las miles de unidades residenciales se yerguen vacías a lo largo de la ruta de ingreso a la ciudad.

La terminación del distrito financiero, que todavía no ha sido promocionado, está prevista para 2023.

La construcción del tendido del tren eléctrico y el monorriel ya está en marcha. Los primeros 50.000 empleados públicos que empezarán a trabajar aquí durante el verano tendrán un servicio de micros gratuito.

Según Khattab, ya se vendieron 5000 de las 20.000 unidades habitacionales del primer barrio residencial, que serán entregadas en mayo.

El lunes, el gobierno de Al-Sisi anunció 96 millones de dólares en incentivos para los empleados públicos elegidos para el traslado.

Venta de tierras

Los funcionarios dicen que más adelante la ciudad incluirá viviendas sociales y empezará a financiarse con la venta de terrenos, aunque no está claro cuántos ingresos han generado por esa vía hasta el momento.

De los 25.000 millones de dólares de la primera fase, alrededor de 3000 millones se están gastando en el distrito gubernamental, dice Husseiny.

El funcionario agrega que el gobierno obtuvo algo de financiamiento internacional para el tendido ferroviario, y un préstamo chino de 3000 millones de dólares que ayudó a financiar el distrito comercial, construido por la Corporación de Ingeniería de Construcción del Estado de China, la constructora más grande del mundo.

Al-Sisi se ha embarcado en múltiples megaproyectos de infraestructura y programas de desarrollo nacional, y se ocupa de aclarar que no piensa desatender al resto de las regiones.

“No nos vamos de El Cairo, Alejandría, Port Said, o las demás provincias. Estamos avanzando juntos con lo viejo y lo nuevo”, dijo el presidente la semana pasada, y agregó que la inauguración de la capital marcará “el nacimiento de un nuevo Estado”.

Aunque el argumento del gobierno de que la nueva capital puede reducir la congestión en El Cairo tiene sustento, también preocupa que la nueva ciudad sea inalcanzable e inaccesible para muchos.

“Estarán los que puedan vivir ahí, y los que no”, dice Alaa Ibrahim, un electricista de 39 años del barrio de Imbaba, una zona popular de El Cairo.

21 marzo 2021

(Tomado de La Nación)

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La investigación de la comisión de la Verdad ecuatoriana duró un año y medio.

Por la represión a las protestas en 2019

La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia recopiló 519 testimonios sobre el levantamiento popular de octubre de 2019 en Ecuador. El informe final señala que el Estado llevó a cabo delitos de lesa humanidad y pide que se juzgue a los responsables.

 

Seis personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano durante las protestas de octubre de 2019. Este es sólo uno de los hechos más importantes que reveló la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia tras casi un año y medio de investigación en Ecuador. El organismo creado por el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, además denunció que se violentó gravemente el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal de los manifestantes. "El gobierno nacional generalizó el argumento de que la protesta social era violenta y así pretendió justificar el uso irracional y desproporcionado de la fuerza", dijo Carrión a Página/12. La Comisión también le dedicó un apartado a la cobertura mediática. El análisis arrojó que los medios con mayor llegada se limitaron a repetir el relato gubernamental.

La cara autoritaria del neoliberalismo

El “paquetazo” que intentó imponer Moreno, en línea con las solicitudes del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo su resistencia en la calle a fines de 2019. Tras casi dos años de políticas de ajuste, la gota que colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano fue la quita del subsidio a los combustibles. A los pocos días de tomada esta medida el precio de las naftas más baratas y el diesel comenzó a subir de manera desproporcionada. Así, el 3 de octubre comenzaron las movilizaciones que tuvieron como punta de lanza al sector transportista. Luego se convocó a un “paro nacional” al que se plegaron estudiantes y sindicatos de trabajadores. Pero la participación más importante vino desde el movimiento indígena, que se movilizó a escala nacional. Moreno respondió decretando el “estado de excepción” y toque de queda. De esta manera policías y militares tomaron las calles de todo el país. Los resultados no se hicieron esperar: hubo miles detenidos y al poco tiempo se produjo la muerte del primer manifestante.

Fueron 13 días de resistencia popular que finalmente obligaron a Moreno a dar marcha atrás con la quita de subsidios. Sin embargo, a un costo altísimo: al 13 de octubre la Defensoría del Pueblo documentó al menos ocho personas muertas y 1.340 atendidas en centros de salud por circunstancias relacionadas a la protesta. En paralelo, el Ministerio Público comenzó a investigar a los dirigentes del movimiento indígena. También se abrieron procesos judiciales contra políticos ligados al partido expresidente Rafael Correa. Varios de ellos fueron detenidos, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. A su vez la asambleísta Gabriela Rivadeneira, junto a otros integrantes del correísmo tuvieron que exiliarse en México ante lo que denominaron una persecución judicial. Al día de hoy continúan allí y sus causas siguen abiertas.

 “Ejecuciones extrajudiciales”

En ese contexto convulsionado el Defensor del Pueblo decide conformar la Comisión para investigar los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre. La pandemia retrasó la salida del informe pero finalmente esta semana fue presentado al público. Los resultados son concluyentes: hay evidencia de la participación estatal en múltiples delitos de lesa humanidad. Por este motivo, la presidenta de la Comisión, Sybel Martínez, pidió que la fiscalía utilice los datos volcados en el informe para iniciar procesos legales. “Son 519 testimonios de los que 249 responden a violaciones de DDHH. Se puede ver una actuación sostenida en este sentido por parte de las fuerzas del orden durante todo el paro nacional", indicó Martínez.

El informe documenta seis muertes provocadas presuntamente por ejecuciones extrajudiciales en manos de la policía ecuatoriana. Todas se dieron en el contexto de las protestas. El caso de Segundo Inocencio Tucumbi Vega, dirigente indígena de 50 años, da cuenta de la brutalidad de la represión en Quito. Su muerte se produjo luego de que la policía arrojara gases lacrimógenos en la Universidad Salesiana, uno de los espacios que la policía y las organizaciones indígenas habían acordado como “centros de paz”. En estos núcleos alejados de la zona de protesta los manifestantes llegados desde distintos puntos del país descansaban y se alimentaban. Según testigos, Tacumbi Vega había salido a la calle obligado por los gases y allí habría recibido el impacto de una bomba lacrimógena.

El informe también documenta 22 casos de atentado contra el derecho a la vida, 123  violaciones a la integridad personal, 38 violaciones del derecho a la libertad, tres personas víctimas de violencia sexual y 20 personas con lesiones oculares. El Defensor del Pueblo subrayó que el gobierno Moreno justificó el uso de la fuerza para defender la democracia. “Eso contradice la Constitución. No tiene sentido que un gobierno salga a defender la democracia privando de la vida o afectando la integridad de las personas”, sostuvo Carrión. A su vez la Comisión informó de otras seis muertes producidas durante las protestas pero sin conexión directa con personal policial. 

La entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, habían sostenido que las movilizaciones estaban siendo fogoneadas desde Venezuela y Cuba. Martínez señaló que estas declaraciones, hasta el momento no comprobadas, tuvieron como finalidad construir la figura de un “enemigo interno”. “Se buscó justificar la vulneración de derechos de los manifestantes, pero por otro lado, también se implantó un estado de terror durante las protestas”, indicó la comisionada.

Con la agenda del gobierno

El informe de la Comisión concluyó que los medios masivos, tanto de televisión, internet y radio, así como gráficos, reprodujeron el relato oficial. A la hora de encarar la cobertura de las protestas los medios hegemónicos se centraron en mostrar la “violencia de los manifestantes”. A la par, utilizaron como fuentes mayoritarias de sus noticias a las autoridades de gobierno y funcionarios. “Hubo un preocupante nivel de desinformación en todo el país. Se actuó con sesgo que en algunos casos llegó hasta la censura. Llamamos a las cabezas visibles de los medios para preguntarles con qué criterio bajaron ciertas las notas. Se justificaron apelando al ‘estado excepción’ decretado por el gobierno”, sostuvo Martínez. Además señaló que los medios alternativos y comunitarios fueron los que aportaron una mirada distinta, encarando sus notas bajo una perspectiva de DDHH y amplificando la voz de las víctimas.

Para el actual ministro de Gobierno de Ecuador, Gabriel Martínez, el informe de Comisión no presentó la verdad de los hechos. “Lo real fue que tuvimos unas protestas con fines políticos, con fines de desestabilización política, en los que la Policía actuó firmemente, correctamente, intentando proteger a las personas, restablecer el orden”, sostuvo el ministro. Además señaló que el informe no menciona la violencia contra la policía, ni el vandalismo contra edificios públicos. El Defensor del Pueblo rechazó esta afirmación. “Determinamos que hubo actos violentos por parte de los manifestantes y pedimos a la fiscalía que insista en esas investigaciones. La impunidad no puede estar en ningún lado. Pero por otro lado vemos que hasta el momento el Ministerio Público solo se dedicó a buscar sanciones contra los manifestantes, y no hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señaló Carrión.

En ese sentido la presidenta de la Comisión indicó que la Justicia se está moviendo con lentitud para juzgar las responsabilidades estatales.  “En el tema de vulneración de derechos han actuado muy lento. Pero en otros temas sí se avanzó con más ahínco. La prefecta Pabón nos decía que le llamaba la atención la rapidez con la que manejaron su caso”, señaló Sybel Martínez. Para el Defensor del Pueblo la Justicia está siendo parcial. “Este informe pretende dar a conocer la verdad. La Comisión, formada por personas sin sesgo partidista, llegó a la conclusión de que hay indicios de responsabilidad en delitos de lesa humanidad por parte del Estado”, enfatizó Carrión.

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