Entrega de efectivo a millones, en plan de rescate de EU

Las primeras iniciativas del gobierno de Joe Biden –el megarrescate económico, el apoyo explícito a derechos laborales y trabajadores migrantes, así como los nombramientos al gabinete económico– expresan un giro que podría marcar el fin de 40 años de la agenda neoliberal en Estados Unidos.

Hace justo 40 años Ronald Reagan estrenó la era neoliberal con el discurso inicial de su presidencia, en el cual incluyó su famosa frase: "El gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema". Entre las primeras acciones del ex actor, anunció una ofensiva contra el movimiento laboral, empezando con la destrucción del sindicato de controladores aéreos, y promovió una agenda de "austeridad" (con excepción del gasto militar) y reducción de impuestos y regulaciones para el gran empresariado.

Con esa agenda, en las pasadas cuatro décadas, gobiernos republicanos y democratas –el presidente demócrata Bill Clinton declararía en 1996 que "la era del gran gobierno se ha acabado"– han desmantelado y/o privatizado segmentos de los sectores públicos de salud, educación y hasta justicia criminal, reduciendo la red de bienestar social.

Los saldos incluyen un sindicalismo que ha llegado a su punto más débil en la historia moderna, el salario promedio real está al mismo nivel de hace 40 años y la desigualdad económica ha llegado a su punto más extremo desde poco antes de la Gran Depresión.

Durante cuatro décadas el eje de la política exterior de Estados Unidos fue promover "la democracia", definida como el libre mercado consolidado a través del libre comercio.

Apoyo a migrantes

Ahora en 2021, las primeras iniciativas anunciadas por Biden al llegar a la Casa Blanca fueron la de un magno paquete de apoyo y rescate económico enfocado en la clase media trabajadora, que incluye a los migrantes, así como la ampliación de servicios públicos (salud, educación, transporte, vivienda, asistencia social a familias y niños). Al mismo tiempo, ofreció la expresión más prolaboral y sindical de un presidente en décadas, al endosar un proyecto de ley para ampliar los derechos laborales y expresar apoyo a la campaña de sindicalización de casi 6 mil trabajadores de un almacén de Amazon en Alabama –cuyo dueño, Jeff Bezos, es el hombre más rico del planeta y uno de los 660 multimillonarios que han incrementado su fortuna durante la pandemia, en conjunto, en más de un billón de dólares.

El llamado Plan de Rescate de Estados Unidos de 1.9 billones de dólares (más del doble del promovido por Barack Obama en 2009) no sólo contiene medidas antipobreza, como los pagos directos de mil 400 dólares a los ciudadanos, sino también la ampliación de beneficios de desempleo y asistencia alimentaria y de renta para inquilinos, entre otras; incluye también acciones sin precedente, como el primer programa de ingreso familiar universal garantizado en la historia del país, con el cual se podría reducir a la mitad la pobreza infantil.

Estas medidas son temporales, durarán sólo hasta finales de año o menos. Pero el gobierno de Biden está preparando programas más ambiciosos, que buscan financiar proyectos de infraestructura, aplicar impuestos sobre los más ricos y la promoción de iniciativas económicas "verdes" para combatir el cambio climático, entre otras. Sus estrategas están apostando a que el enorme apoyo popular del que goza el Plan de Rescate se traducirá en suficiente apoyo para iniciativas adicionales que superen la resistencia política de buena parte de los republicanos y otros opositores.

Biden ha sorprendido a progresistas por su apoyo explícito al movimiento laboral, declarando en febrero que “los sindicatos elevan a los trabajadores… y especialmente a trabajadores afroestadunidenses y latinos”.

A principios de este mes el proyecto de ley Protegiendo el derecho a la organización (PRO Act), el cual propone revertir medidas antisindicales puestas en marcha a lo largo de las varias décadas, fue aprobado por la cámara baja con el endoso explícito del presidente y ahora goza de una amplia e inusual coalición de gremios y ambientalistas para su promoción en el Senado.

Proteger a los trabajadores, no sólo a las empresas

Mientras tanto, el consenso bipartidista sobre el libre comercio que ha imperado durante las últimas décadas también se está modificando y ya no es un objetivo casi sagrado. Katherine Tai, la recién ratificada Representante de Comercio de Estados Unidos, ha prometido –junto con otros altos funcionarios e incluso el secretario de Estado, Antony Blinken– enfocarse en cómo proteger los intereses de los trabajadores estadunidenses y el medio ambiente, y no sólo en promover más acuerdos para empresas.

Varios economistas y otros expertos están señalando que este giro podría estar marcando “el "fin de la era neoliberal", y que se está recuperando el viejo principio keynesiano sobre la necesidad de la intervención del gobierno en el "libre mercado" para defender los derechos sociales y los intereses básicos de las mayorías.

El propio Biden, en un discurso a la nación sobre el paquete de rescate, afirmó, como si fuera respuesta no solo a Reagan, sino a su colega demócrata Clinton, que "el gobierno no es alguna fuerza extranjera en una capital distante. No, somos nosotros, todos nosotros, el pueblo".

Para el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la propuesta de Biden es "transformadora" por su enfoque en "rescatar a gente de la pobreza". Comentó que con esto posiblemente se ha puesto fin a la economía trickle down promovida desde la época de Reagan y vigente hasta el gobierno de Trump. “Esto es lo opuesto a eso… es construir la economía desde el medio y desde abajo”, dijo en Democracy Now.

Otro Nobel de Economía, Paul Krugman, escribió en su columna en el New York Times, en referencia a la declaración de Clinton de 1996, que eso de “‘la era del gran gobierno se acabó’ [ahora] se acabó” y señaló que el plan de rescate económico de Biden representa "un giro contra la ideología que ha dominado la política de Estados Unidos por cuatro décadas".

Robert Reich, quien fue secretario del Trabajo con Clinton, festejó la aprobación del paquete de rescate, al cual describió como la "expansión más grande de asistencia gubernamental desde los años sesenta" y concluyó que “la lección económica es que el reaganomics ha muerto”.

Al descubierto, los saldos de la política económica

La resistencia progresista contra el neoliberalismo en Estados Unidos incorpora desde los grandes movimientos altermundistas, los cuales rechazaban lo que se llamaba el "Consenso de Washington" en los años 90, a movimientos contra la desigualdad económica y la concentración de riqueza, como Ocupa Wall Street, que surgieron en años recientes y que nutrieron después las sorprendentes campañas presidenciales, legislativas y locales de socialistas democráticos. Todo eso ha llevado a este giro en la política económica ante la crisis de salud y económica en Estados Unidos que dejó al descubierto los saldos reales del neoliberalismo.

En una reciente comparecencia ante el Comité del Presupuesto del Senado, presidido ahora por el ex candidato socialista democrático Bernie Sanders, Reich recordó la famosa frase del juez de la Suprema Corte, Louis Brandeis, "podemos tener democracia en este país o podemos tener gran riqueza concentrada en las manos de unos cuantos, pero no podemos tener ambas cosas".

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Brasil: la batalla comunicacional que se viene

Hay un debate en curso en Brasil sobre el uso de la palabra genocida para nombrar a Jair Bolsonaro. Militantes del PT detenidos en una protesta frente al Palacio del Planalto e influenciadores digitales convocados por la justicia fueron dos ejemplos de esta semana en la cruzada paradójica de no llamar las cosas por su nombre. Interesante la preocupación reciente de Bolsonaro por las palabras, viniendo de alguien que las desprecia, que no mide efectos ni consecuencias, empatía bajo cero.

Bolsonaro dominaba la comunicación política del país hasta hace diez días, cuando el expresidente Lula recuperó sus derechos políticos, provocando un tsunami. Si separamos las barbaridades que enuncia, de las formas de hacer política, tres territorios eran dominados por completo por el actual presidente, como ningún otro actor político: las “lives” de los jueves en sus redes sociales, los charlas informales con seguidores en el “corralito” que se monta diariamente en el Palacio de la Alvorada, y las apariciones públicas inesperadas, como la visita que hizo a la Corte Suprema en septiembre del año pasado. Los dos primeros son los palcos por excelencia que generan la catarata de declaraciones. Hablamos de la política como “acting”, como puesta en escena, como teatralidad.

Como aquello que genera una pauta permanente de información y define la agenda. Esta hipótesis fue descripta por Joao Santana en octubre de 2020. A partir de la semana pasada, esa naturalidad con la que ocupaba todo el espectro comunicacional se pone en disputa. Lula habló por más de tres horas y lo obligó a hacer dos giros casi que inmediatos: reconocer la vacuna como una realidad imprescindible, y cambiar por cuarta vez su ministro de Salud. El reciente apoyo a las vacunas vino con una marca que es todo un signo de descalabro del bolsonarismo más explícito: “nuestro arma es la vacuna”, fue la primera divulgación. Eso dio pie a un meme difundido por su hijo Eduardo con una adaptación del personaje Ze Gotinha, logomarca de las campañas de vacunación en el país, creado en 1986. En la imagen, Ze Gotinha tiene un fusil-jeringa, un abierto apoyo a las armas. La muerte se celebra, es el “viva la muerte” de Franco, tropicalizado. Entra en el territorio de lo perverso, en el medio de la crisis sanitaria más importante del país, enaltecer un arma. La vorágine por querer responder rápido al nuevo escenario y sobre todo hacer malabarismo por mantener su discurso armamentístico aggiornado a la nueva realidad pandémica, producen deslices. Ese meme condensa el bolsonarismo comunacional, es una metáfora de una época.

Un segundo ejemplo: el miércoles 17 de marzo, Lula le pide a Biden ayuda para conseguir vacunas, a través de una reunión del G-20 para discutir la redistribución del inmunizante para países que más lo precisen, como Brasil. Bolsonaro reacciona al día siguiente mostrando una carta del 26 de febrero donde Biden promete colaboración en este nuevo capítulo de la relación bilateral. Lo pone a la defensiva, lo obliga a mover las piezas a posteriori.

Este movimiento no es gratuito. Si Bolsonaro se muestra impermeable a la ciencia y el conocimiento, claro está que mira las encuestas y actúa en consecuencia. La caída de su popularidad, sumada a los escenarios de posible derrota frente a Lula (34% seguramente votaría a Lula vs 25% a Bolsonaro, según datos del Instituto Ipec de Marzo 2021) configuran este nuevo escenario. La adhesión al discurso provacuna entra mucho más en esa lógica que en estar convencido. Los principales actores de la economía le hacen saber que que no hay retorno del crecimiento sin vacuna.

Un análisis más detallado de la encuesta señala un elemento posiblemente central en la batalla comunicacional que se viene. Bolsonaro crece de 25% a 39% su potencial de voto entre los evangélicos, y en forma inversa, Lula cae del 34% al 27%. Cuando el PT fue fundado en 1980, los evangélicos representaban el 6,6% de población. En 2000, dos años antes de la victoria de Lula, el 15,4%. En 2021, son el 31,8%. Son uno de los pilares fundamentales de lo que se denomina la “nueva derecha brasileña”. Tres grupos que convergen en el actual bolsonarismo: la derecha más reaccionaria y retrógrada, que pide intervención militar y cierre de la Corte Suprema, la volátil “derecha liberal”, que hoy adhiere al bolsonarismo pero surfea la ola de quien defienda su agenda neoliberal, con el ministro de Economía Paulo Guedes como mayor exponente. Y el enorme contingente de evangélicos. En esa batalla argumental se dirimen parte de las chances de Lula de consolidar el potencial de voto actual, aunque tenga que correrse naturalmente más al centro. Coquetear con el voto “evangélico” es una tarea ardua. Pensar que uno de los mayores referentes de la iglesia evangélica, Edir Macedo, decía en marzo 2020 que el coronavirus era una “táctica de Satanás”, y se vacunó esta semana en Miami. Satanás vacunado y de paseo en Disney.

Eduardo Sincofsky es consultor en opinión pública. 

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Egipto apura el paso para estrenar su nueva capital y dejar atrás El Cairo (+ Video)

Egipto apura las obras de su fastuosa nueva capital en medio del desierto, ubicada al este de El Cairo, para que desde el inicio del verano empiecen a mudarse los primeros empleados públicos, antes de la demorada inauguración oficial del proyecto insignia del presidente Abdel Fattah al-Sisi.

En el corazón de la flamante ciudad, los trabajadores dan los toques finales a una avenida de ministerios con reminiscencias de templos faraónicos y al complejo islámico conexo, compuesto por dos domos parlamentarios y un inmenso edificio presidencial.

Un monorriel atravesará el distrito financiero, dominado por una torre central de 385 metros de altura que ya está casi completada. Más allá, la silueta de un parque de 10 kilómetros de extensión, en cuyo fondo destaca una descomunal mezquita.

La ciudad, conocida simplemente como Nueva Capital Administrativa, fue diseñada para funcionar con tecnología inteligente en tierra virgen, lejos de la contaminación y el caos de El Cairo. También se jactará de sus propias sedes universitarias, lugares de ocio y barrio diplomático.

Pero el avance de las obras estuvo marcado por los altibajos, y cuando el financiamiento de los Emiratos Árabes Unidos resultó ser insuficiente, en 2015, los militares y el gobierno egipcio se hicieron cargo de los 25.000 millones de dólares del costo estimado de la primera fase, con inversiones directas fuera del presupuesto.

También se aseguraron algunos créditos y fondos internacionales

La pandemia del coronavirus también retrasó las obras, y cuando el gobierno se mude no estará completada ni la primera de las tres fases planeadas, que cubrirán 168 kilómetros cuadrados.

“Todos los proyectos de la fase 1 tienen un índice de finalización superior al 60%”, señaló Khaled el-Husseiny, vocero de la nueva capital egipcia.

El funcionario agregó que la demorada mudanza de los empleados públicos arrancará en julio, antes de la inauguración oficial de la ciudad, programada para fin de año.

Lo último en tecnología

Habrá centro de monitoreo electrónico de la infraestructura y la seguridad urbana, los techos estarán cubiertos de paneles solares, absolutamente todos los pagos serán electrónicos -sin circulación de efectivo-, y la ciudad garantiza 15 metros cuadrados de espacio verde por residente fijo.

“En esta nueva ciudad, tratamos de solucionar todos los problemas conocidos del pasado”, dice Husseiny.

Está previsto que la ciudad terminada sea hogar de al menos 6 millones de vecinos, y la segunda y tercera fases son básicamente desarrollos residenciales.

Pasarán décadas hasta que el proyecto esté concluido, aunque el gobierno tendrá plena capacidad operativa desde su nueva sede mientras siguen las obras, dice Amr Khattab, vocero del Ministerio de Vivienda, responsable de la ejecución de los barrios residenciales de la ciudad.

Lo que nadie sabe es cuánto tardará en moverse el centro de gravedad de Egipto desde El Cairo hasta la impresionante capital nueva en medio del desierto, a 45 kilómetros de las bondades del Nilo. Hasta ahora, las miles de unidades residenciales se yerguen vacías a lo largo de la ruta de ingreso a la ciudad.

La terminación del distrito financiero, que todavía no ha sido promocionado, está prevista para 2023.

La construcción del tendido del tren eléctrico y el monorriel ya está en marcha. Los primeros 50.000 empleados públicos que empezarán a trabajar aquí durante el verano tendrán un servicio de micros gratuito.

Según Khattab, ya se vendieron 5000 de las 20.000 unidades habitacionales del primer barrio residencial, que serán entregadas en mayo.

El lunes, el gobierno de Al-Sisi anunció 96 millones de dólares en incentivos para los empleados públicos elegidos para el traslado.

Venta de tierras

Los funcionarios dicen que más adelante la ciudad incluirá viviendas sociales y empezará a financiarse con la venta de terrenos, aunque no está claro cuántos ingresos han generado por esa vía hasta el momento.

De los 25.000 millones de dólares de la primera fase, alrededor de 3000 millones se están gastando en el distrito gubernamental, dice Husseiny.

El funcionario agrega que el gobierno obtuvo algo de financiamiento internacional para el tendido ferroviario, y un préstamo chino de 3000 millones de dólares que ayudó a financiar el distrito comercial, construido por la Corporación de Ingeniería de Construcción del Estado de China, la constructora más grande del mundo.

Al-Sisi se ha embarcado en múltiples megaproyectos de infraestructura y programas de desarrollo nacional, y se ocupa de aclarar que no piensa desatender al resto de las regiones.

“No nos vamos de El Cairo, Alejandría, Port Said, o las demás provincias. Estamos avanzando juntos con lo viejo y lo nuevo”, dijo el presidente la semana pasada, y agregó que la inauguración de la capital marcará “el nacimiento de un nuevo Estado”.

Aunque el argumento del gobierno de que la nueva capital puede reducir la congestión en El Cairo tiene sustento, también preocupa que la nueva ciudad sea inalcanzable e inaccesible para muchos.

“Estarán los que puedan vivir ahí, y los que no”, dice Alaa Ibrahim, un electricista de 39 años del barrio de Imbaba, una zona popular de El Cairo.

21 marzo 2021

(Tomado de La Nación)

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La investigación de la comisión de la Verdad ecuatoriana duró un año y medio.

Por la represión a las protestas en 2019

La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia recopiló 519 testimonios sobre el levantamiento popular de octubre de 2019 en Ecuador. El informe final señala que el Estado llevó a cabo delitos de lesa humanidad y pide que se juzgue a los responsables.

 

Seis personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano durante las protestas de octubre de 2019. Este es sólo uno de los hechos más importantes que reveló la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia tras casi un año y medio de investigación en Ecuador. El organismo creado por el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, además denunció que se violentó gravemente el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal de los manifestantes. "El gobierno nacional generalizó el argumento de que la protesta social era violenta y así pretendió justificar el uso irracional y desproporcionado de la fuerza", dijo Carrión a Página/12. La Comisión también le dedicó un apartado a la cobertura mediática. El análisis arrojó que los medios con mayor llegada se limitaron a repetir el relato gubernamental.

La cara autoritaria del neoliberalismo

El “paquetazo” que intentó imponer Moreno, en línea con las solicitudes del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo su resistencia en la calle a fines de 2019. Tras casi dos años de políticas de ajuste, la gota que colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano fue la quita del subsidio a los combustibles. A los pocos días de tomada esta medida el precio de las naftas más baratas y el diesel comenzó a subir de manera desproporcionada. Así, el 3 de octubre comenzaron las movilizaciones que tuvieron como punta de lanza al sector transportista. Luego se convocó a un “paro nacional” al que se plegaron estudiantes y sindicatos de trabajadores. Pero la participación más importante vino desde el movimiento indígena, que se movilizó a escala nacional. Moreno respondió decretando el “estado de excepción” y toque de queda. De esta manera policías y militares tomaron las calles de todo el país. Los resultados no se hicieron esperar: hubo miles detenidos y al poco tiempo se produjo la muerte del primer manifestante.

Fueron 13 días de resistencia popular que finalmente obligaron a Moreno a dar marcha atrás con la quita de subsidios. Sin embargo, a un costo altísimo: al 13 de octubre la Defensoría del Pueblo documentó al menos ocho personas muertas y 1.340 atendidas en centros de salud por circunstancias relacionadas a la protesta. En paralelo, el Ministerio Público comenzó a investigar a los dirigentes del movimiento indígena. También se abrieron procesos judiciales contra políticos ligados al partido expresidente Rafael Correa. Varios de ellos fueron detenidos, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. A su vez la asambleísta Gabriela Rivadeneira, junto a otros integrantes del correísmo tuvieron que exiliarse en México ante lo que denominaron una persecución judicial. Al día de hoy continúan allí y sus causas siguen abiertas.

 “Ejecuciones extrajudiciales”

En ese contexto convulsionado el Defensor del Pueblo decide conformar la Comisión para investigar los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre. La pandemia retrasó la salida del informe pero finalmente esta semana fue presentado al público. Los resultados son concluyentes: hay evidencia de la participación estatal en múltiples delitos de lesa humanidad. Por este motivo, la presidenta de la Comisión, Sybel Martínez, pidió que la fiscalía utilice los datos volcados en el informe para iniciar procesos legales. “Son 519 testimonios de los que 249 responden a violaciones de DDHH. Se puede ver una actuación sostenida en este sentido por parte de las fuerzas del orden durante todo el paro nacional", indicó Martínez.

El informe documenta seis muertes provocadas presuntamente por ejecuciones extrajudiciales en manos de la policía ecuatoriana. Todas se dieron en el contexto de las protestas. El caso de Segundo Inocencio Tucumbi Vega, dirigente indígena de 50 años, da cuenta de la brutalidad de la represión en Quito. Su muerte se produjo luego de que la policía arrojara gases lacrimógenos en la Universidad Salesiana, uno de los espacios que la policía y las organizaciones indígenas habían acordado como “centros de paz”. En estos núcleos alejados de la zona de protesta los manifestantes llegados desde distintos puntos del país descansaban y se alimentaban. Según testigos, Tacumbi Vega había salido a la calle obligado por los gases y allí habría recibido el impacto de una bomba lacrimógena.

El informe también documenta 22 casos de atentado contra el derecho a la vida, 123  violaciones a la integridad personal, 38 violaciones del derecho a la libertad, tres personas víctimas de violencia sexual y 20 personas con lesiones oculares. El Defensor del Pueblo subrayó que el gobierno Moreno justificó el uso de la fuerza para defender la democracia. “Eso contradice la Constitución. No tiene sentido que un gobierno salga a defender la democracia privando de la vida o afectando la integridad de las personas”, sostuvo Carrión. A su vez la Comisión informó de otras seis muertes producidas durante las protestas pero sin conexión directa con personal policial. 

La entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, habían sostenido que las movilizaciones estaban siendo fogoneadas desde Venezuela y Cuba. Martínez señaló que estas declaraciones, hasta el momento no comprobadas, tuvieron como finalidad construir la figura de un “enemigo interno”. “Se buscó justificar la vulneración de derechos de los manifestantes, pero por otro lado, también se implantó un estado de terror durante las protestas”, indicó la comisionada.

Con la agenda del gobierno

El informe de la Comisión concluyó que los medios masivos, tanto de televisión, internet y radio, así como gráficos, reprodujeron el relato oficial. A la hora de encarar la cobertura de las protestas los medios hegemónicos se centraron en mostrar la “violencia de los manifestantes”. A la par, utilizaron como fuentes mayoritarias de sus noticias a las autoridades de gobierno y funcionarios. “Hubo un preocupante nivel de desinformación en todo el país. Se actuó con sesgo que en algunos casos llegó hasta la censura. Llamamos a las cabezas visibles de los medios para preguntarles con qué criterio bajaron ciertas las notas. Se justificaron apelando al ‘estado excepción’ decretado por el gobierno”, sostuvo Martínez. Además señaló que los medios alternativos y comunitarios fueron los que aportaron una mirada distinta, encarando sus notas bajo una perspectiva de DDHH y amplificando la voz de las víctimas.

Para el actual ministro de Gobierno de Ecuador, Gabriel Martínez, el informe de Comisión no presentó la verdad de los hechos. “Lo real fue que tuvimos unas protestas con fines políticos, con fines de desestabilización política, en los que la Policía actuó firmemente, correctamente, intentando proteger a las personas, restablecer el orden”, sostuvo el ministro. Además señaló que el informe no menciona la violencia contra la policía, ni el vandalismo contra edificios públicos. El Defensor del Pueblo rechazó esta afirmación. “Determinamos que hubo actos violentos por parte de los manifestantes y pedimos a la fiscalía que insista en esas investigaciones. La impunidad no puede estar en ningún lado. Pero por otro lado vemos que hasta el momento el Ministerio Público solo se dedicó a buscar sanciones contra los manifestantes, y no hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señaló Carrión.

En ese sentido la presidenta de la Comisión indicó que la Justicia se está moviendo con lentitud para juzgar las responsabilidades estatales.  “En el tema de vulneración de derechos han actuado muy lento. Pero en otros temas sí se avanzó con más ahínco. La prefecta Pabón nos decía que le llamaba la atención la rapidez con la que manejaron su caso”, señaló Sybel Martínez. Para el Defensor del Pueblo la Justicia está siendo parcial. “Este informe pretende dar a conocer la verdad. La Comisión, formada por personas sin sesgo partidista, llegó a la conclusión de que hay indicios de responsabilidad en delitos de lesa humanidad por parte del Estado”, enfatizó Carrión.

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Intervención de Gareth Sella en el Congreso de la República 2021 en el marco del Seminario Internacional "Paz ¿Cuál paz?" sobre la brutalidad policial y lo sucedido el pasado 24 de Febrero

El joven de 24 años que resultó herido en medio de las manifestaciones realizadas en la tarde del miércoles 24 de febrero en Bogotá, habló ante el Congreso de la República.

 

Gareth Steven Sella Forero, un joven de 24 años que resultó herido en medio de las manifestaciones realizadas en la tarde del miércoles 24 de febrero en Bogotá, participó este viernes en el “Seminario Internacional, paz, ¿cuál paz?” en el Congreso de la República, donde presentó un fuerte discurso sobre la brutalidad policial y cómo se manejó su caso.

Gareth integraba ese día el grupo Escudos Azules, colectivo de jóvenes manifestantes que aseguran no utilizar la violencia sino combatir mediante sus ideas y resistencia. Pese a eso, el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que Escudos Azules es un grupo radical de la capital infiltrado que genera violencia.

“Me llamaron vándalo los que en un CAI mataron a punta de golpes a Javier Ordóñez, me quisieron tildar de terrorista los que entre el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 voltearon sus chaquetas, apuntaron sus armas contra la gente y cometieron una masacre que cobró 13 víctimas y muchos heridos, con las balas que compraron con los impuestos de los colombianos”, aseguró el joven.

Sella recordó el día en que salió a protestar y recibió una grave herida en su ojo izquierda: “Mientras alzaba mi voz contra la brutalidad policial, el Esmad me disparó al ojo izquierdo afectando completamente mi visión. Horas después corrieron a venderle una historia falsa a la gente, a desprestigiar mi imagen, a decir que yo era un vándalo, a justificar de alguna manera que tienen el derecho de mutilar a la juventud colombiana”.

Frente a los congresistas, Sella también habló de los detenidos que murieron quemados en una CAI de Soacha, y por el caso de Dilan Cruz: “Me llamaron cobarde los que mataron a Dilan Cruz por la espalda, los que también me dispararon a mí y se refugiaron debajo de las naguas de sus propios medios de comunicación, a esconderse detrás de los ministerios que ellos mismos han comprado”.

Sobre el cubrimiento que se le dio a la noticia sobre lo que pasó ese día en la protesta, señaló que así le esculquen toda su vida lo único que encontrarán es “al pelado que se graduó con honores, al mejor Ecaes de su generación de graduandos”.

Hoy, ellos (la Policía) son cómplices de un gobierno al que le declaramos los días contados. La gente ha despertado, y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado.

Tras el impacto recibido, Sella Forero, dedicado a la realización de cine y televisión, en principio fue trasladado a la Fundación Santa Fe y posteriormente fue llevado al Hospital Universitario San Ignacio para que pudieran intervenirlo quirúrgicamente y eventualmente salvar al menos el 10 % de la visión de su ojo izquierdo.

En el momento del impacto, sus amigos en la manifestación e incluso el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, coincidieron en que Sella estaba intentando alejar a algunas personas para que los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad no causaran afectaciones a los protestantes.

Por su parte la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseveró horas después de lo ocurrido, que no permitiría la estigmatización por la forma de vestir del joven Gareth Steven Sella. La mandataria de la ciudad se refería a unos videos entregados por la Policía nacional a Noticias Caracol en los que se ve al realizador de cine retirándose un casco, una capucha y un overol que habría utilizado durante la movilización.

19 de Marzo de 2021

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Rogelio Mayta: “Subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro en la OEA”

El canciller del gobierno de Arce afirma que Bolivia quiere tener una presencia fuerte en distintos escenarios y organismos, y que la relación con Estados Unidos no ha tenido un cambio significativo tras la asunción de Biden. 

 

Rogelio Mayta es aymará, tiene 49 años y un pasado como abogado defensor de las víctimas asesinadas en El Alto durante la llamada Masacre de Octubre Negro en 2003. Militante del MAS, llegó desde el llano a uno de los cargos más altos en el gobierno de Luis Arce Catacora. Fue elegido canciller de un país que se había convertido en paria después del derrocamiento de Evo Morales. Hoy tiene que desandar ese camino, pero en un escenario internacional más propicio para recuperar la integración continental que habían desmontado los golpistas. Un tablero regional donde los victimarios de Sacaba y Senkata en 2019, ahora empiezan a rendir cuentas.

-¿Cuál es su opinión sobre la reciente detención de la ex presidenta de facto Jeannine Áñez y algunos ministros de la dictadura?

-Ese proceso está en manos de la justicia boliviana. La denuncia se presentó ante el Ministerio Público varios meses atrás y transcurrió de manera normal. Las autoridades policiales cumplieron un requerimiento para detener a la señora Áñez y a otras personas del gobierno de facto. Al ejecutivo le corresponde generar un ambiente donde ese proceso pueda seguir su curso normal. Esperamos que así sea y se resguarden sus derechos constitucionales y derechos humanos.

-¿Qué nos puede explicar de la presunta injerencia británica en el golpe de Estado de 2019 que informaron medios de Inglaterra?

- Ante la publicación del periodismo de investigación que difundió la desclasificación de ciertos documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, convocamos al embajador de ese estado a la CancilLería y le solicitamos por escrito que nos pudiera hacer entender esa situación. El viernes 12 de marzo nos llegó una nota escrita respondiendo a ese requerimiento y estamos en el proceso de evaluar la información que se nos está dando para saber si es satisfactoria o no. Como estado vamos a manejar el tema con mucha prudencia. Aunque acá en Bolivia ha caído muy mal en varios sectores de nuestra sociedad. Se ha llegado a pedir desde las organizaciones sociales la expulsión de este diplomático, pero nosotros vamos a seguir lo que establecen las reglas del derecho internacional.

-¿Qué conclusiones sacó del encuentro que mantuvo con Felipe Solá en La Paz, su par argentino, hace una semana?

-Fue una reunión muy importante para nosotros porque viene a reencaminar la relación bilateral entre nuestros estados que se había deteriorado en extremo cuando asumió el gobierno de facto. La visita del canciller Solá concluyó con una declaración conjunta que firmamos los dos. Tiene varios puntos y abarca el aspecto multilateral sobre lo que preocupa a ambos países en distintos campos como ciencia, tecnología, cultura, el tema de género, la energía atómica, el litio, un espectro bastante amplio. Por otra parte, la comitiva argentina nos presentó un proyecto de acuerdo que renueve nuestras relaciones bilaterales un poco en el marco que ya veníamos trabajando y con miras a suscribirse lo más pronto que podamos.

-¿Cuál es la política que se ha fijado el gobierno boliviano sobre organismos multilaterales como Mercosur, Unasur, Celac, Alba o la Comunidad Andina?

-El gobierno de facto por su misma naturaleza tendió a un aislamiento, se excluyó de varios organismos multilaterales como Unasur, como Mercosur, como el Alba y las relaciones bilaterales no solo las tensó en el caso de Argentina, España, México, Cuba, Nicaragua, Irán, y otros países en un posicionamiento bastante ideologizado, poco pragmático. Enfrió las relaciones con China, con Rusia, que a la postre es un enfriamiento que resulta muy negativo y más si lo vemos desde el momento actual en que los principales proveedores de vacunas e insumos médicos precisamente son la federación Rusa y China. En cambio se apoyó significativamente en Estados Unidos. Queremos tener relaciones con todos los países de la comunidad internacional con la condición de que se respete nuestra soberanía. Buscamos potenciar a la Celac, repensar Unasur para ver si podemos volver a ponerla a punto y superar el mal momento que está enfrentando. En el caso del Mercosur estábamos en proceso de adhesión pero el golpe de Estado suspendió esa posibilidad y nosotros la retomamos porque nos decidimos a tener calidad de miembros plenos. También estamos nuevamente presentes en el Alba.

- ¿Cuál es su visión de la OEA?

- Queremos tener una presencia fuerte en diferentes escenarios y no solo en esos organismos que mencioné, sino también en otros como la OEA en relación a la cual tenemos una visión más bien crítica por nuestra mala experiencia con la misión de observación electoral y la auditoría electoral practicada en 2019 y subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro como su secretario general.

- ¿Cómo es la relación con Brasil, la potencia regional de nuestro continente y con la cual Bolivia comparte 3.400 kilómetros de frontera común y tiene a un presidente como Jair Bolsonaro que apoyó el golpe de Estado desde el primer día?

- En este momento no tenemos una relación muy fluida, tampoco resulta negativa. Vamos a trabajar para procurar puntos de interés común que nos permitan avanzar en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de nuestra inclusión en el Mercosur. Tenemos pendiente el tratamiento en el Congreso brasileño de esta posibilidad. Vamos a intentar ser positivos y constructivos en esta relación más allá de que podamos tener diferente visión política en distintos aspectos.

-¿Lo que está pasando con la pandemia en Brasil, no es un factor preocupante adicional por el descontrol a que ha llegado?

-A nosotros nos preocupa la pandemia en general y eso nos obligó a tomar algunas medidas restrictivas. Nos preocupan todas nuestras fronteras y obviamente que haya algunas más complicadas como el caso que apuntaba de Brasil por la extensión, pero estamos tomando las previsiones necesarias y haciendo un constante monitoreo.

- ¿Cómo es la relación con Estados Unidos desde que cambió el gobierno en Washington con la asunción de Biden en lugar de Trump?

- Hasta el momento no ha habido ningún cambio significativo. De nuestra parte manifestamos que queremos establecer relaciones constructivas y positivas con todos los países de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Siempre bajo el respeto de la soberanía boliviana y estamos ahí, un poco con la mano abierta para estrechar lazos. Lastimosamente pasa a depender más de la voluntad de los Estados Unidos porque tienen malos antecedentes, realizan injerencias políticas, tratan de tener cierto grado de control sobre determinados aspectos de interés regional o de determinados países. Hay un montón de pruebas y documentos desclasificados que nos muestran eso en las últimas décadas. Es más, en nuestra memoria reciente hay gobiernos de facto, gobiernos militares que tuvimos acá en Latinoamérica que han sido motivados por acciones de EE.UU. Aún así estamos dispuestos a generar relaciones constructivas y positivas, creo que eso, como quien diría, está más en la cancha de Estados Unidos que en la nuestra.

- EE.UU tiene agencias que actúan en nuestros países como la USAID, la NED, ni que hablar del papel que cumplen la CIA o la DEA. ¿Ustedes las han expulsado incluso durante el gobierno de Evo. ¿Qué opina de ellas?

- Está claro que son tan negativas y execrables como el accionar mismo del Estado. Que solamente tienden a camuflar o tratar de esconder el accionar o los intereses que determina un estado o potencia hegemónica como ha sido Estados Unidos. Para nosotros todo eso no debería ocurrir y creo que estamos en un momento de la historia en que conocemos perfectamente esos mecanismos. De ahí que en 2008 cuando acá viviamos un momento de tensión política se tuvo que sacar gradualmente a una agencia supuestamente antidrogas como la DEA y después a la USAID. Las conocemos ya y las rechazamos. Vamos a cuidar que en Bolivia no vuelvan a darse ese tipo de situaciones. El mundo está cambiando. Desde la década del 90 en que Fukuyama decía que era el fin de la historia y que teníamos una potencia hegemónica en un mundo unipolar, en este momento advertimos que estamos en un mundo multipolar o tripolar ya que la Federación rusa y China tienen pesos específicos.

- El presidente Arce cuando era ministro de Economía tenía una posición muy clara sobre la defensa de los recursos naturales de Bolivia como el litio ¿Esa política se supone que quedará ratificada?

-Más que una posición política de un gobierno es una determinación constitucional. Los recursos naturales son de los bolivianos y de las bolivianas y vamos a resguardar en todo momento que sus beneficios lleguen al pueblo. Que no se vayan con las transnacionales como ocurría antes. Eso no quiere decir que estemos cerrados a la inversión extranjera, a establecer relaciones que nos permitan una mejor explotación de nuestros recursos, pero como lo venimos sosteniendo hace más de una década, no como extranjeros en nuestra propia tierra, sino en un rol de socios, de iguales. Probablemente otros tengan capital y tecnología, pero nosotros tenemos los recursos naturales.

- ¿Cómo sigue la búsqueda de una solución a la salida al océano Pacífico con Chile que para Bolivia es una reivindicación histórica?

- La reivindicación marítima para Bolivia es irrenunciable. Está incluso definida en nuestra constitución política del Estado. Pero la relación entre Chile y Bolivia no se acaba en el tema marítimo, eso lo tenemos también claro. Compartimos una importante frontera, flujo de personas que van y vienen de un país para otro, utilizamos puertos chilenos para exportar productos bolivianos y eso hace que debamos buscar acercamientos que nos permitan dentro de todas las diferencias que podamos tener, mantener el trato de dos países vecinos y hermanos, en definitiva.

 

Por Gustavo Veiga

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Cuando los obreros tomaron el cielo por asalto A 150 años de la Comuna de París

El 18 de marzo de 1871, los artesanos y los obreros tomaron el poder en la ciudad de París; mantuvieron el control durante 71 días. Aunque no respondió a un plan premeditado, la Comuna de París quedó asociada a la Internacional y la raíz común de «comuna» y «comunismo» favoreció el deslizamiento de sentidos. Aunque finalmente fue derrotada a sangre y fuego y muchos de sus participantes fueron fusilados, su difusión global capturó la atención tanto de las clases dominantes como de los sectores populares. Muchos de los símbolos de la izquierda surgieron de ella. Y los communards exiliados alimentarían a las corrientes socialistas en diversos países, incluso en América Latina.

 

El 18 de marzo de 1871, los trabajadores y los sectores populares de la ciudad de París tomaban el cielo por asalto. La metáfora homérica, que alude a los titanes que tuvieron la osadía de irrumpir en el Olimpo reservado a los dioses, quedó estampada en una carta que ese mismo año Karl Marx le enviaba a su amigo, el médico socialista Ludwig Kugelmann.

A partir del día siguiente, la prensa oficial francesa denunció ante el mundo la temeridad del «populacho» que había formado su propio ejército y convocaba a elegir su gobierno comunal. En pocos días, la prensa de todo el globo se hacía eco de las imputaciones de su par francesa: la Comuna de París era obra de la Internacional, la temible Asociación Internacional de los Trabajadores. Y tras la internacional obrera se escondía un sabio maléfico, empeñado en destruir la obra de la civilización: el «prusiano» Karl Marx, aquel Prometeo que había robado el moderno saber burgués –la Economía Política– para volverlo contra la propia burguesía y entregarlo al proletariado.

Aunque la investigación histórica pudo demostrar sobradamente que en modo alguno la Comuna había sido obra de la Internacional, nunca como entonces la historia de esta asociación obrera alcanzaba semejante difusión global. La prensa del mundo, en Occidente y en Oriente, informaba a sus lectores sobre los fines de la Internacional, de sus congresos sucesivos, de sus líderes. Algunos diarios transcribían incluso sus proclamas. «Gracias a la Comuna, la Internacional se ha convertido en una potencia moral en Europa», señalaba Friedrich Engels tres años más tarde en una carta a Friedrich A. Sorge fechada el 12 de septiembre de 1874.

Al mismo tiempo, el nombre de Marx aparecía por primera vez en la primera plana de la gran prensa internacional, acompañado por grabados que revelaban al mundo su melena leonina y su rostro barbado. El mundo burgués comprendía que el comunismo no era una amenaza potencial, el producto febril de oscuros conspiradores o la lucubración racionalista de los constructores de utopías, sino un peligro real que de pronto podía acontecer en la ciudad que era el símbolo mismo de la civilización moderna. La Comuna abrigaba el fantasma del comunismo. Y aunque la Comuna de París lejos estuvo de adoptar un programa comunista, la presencia fantasmática de la Internacional era para sus detractores la prueba evidente de su estrategia final. «Commune» en francés quiere decir comuna, ayuntamiento. La Comuna de París no es más, literalmente hablando, que el ayuntamiento de la Ciudad Luz. Pero la palabra «commune» compartía la misma raíz que «communisme», lo que favoreció el deslizamiento de sentido. El término «comunismo», si bien formaba parte del vocabulario político de las vanguardias desde la década de 1830, no se difundió a escala internacional sino con los hechos de la Comuna. 

El acontecimiento

La Comuna de París no respondió en modo alguno a un plan premeditado. Antes bien, fue hija de un encadenamiento de circunstancias imprevisibles: la Guerra Franco-prusiana, la derrota del ejército imperial francés, el sitio de París, el advenimiento de la Tercera República francesa al mismo tiempo que la unificación alemana bajo el Imperio de Guillermo I. 

La catástrofe de los ejércitos de Luis Bonaparte en Sedán, en septiembre de 1870, había significado el derrumbe del Segundo Imperio francés y la simultánea proclamación de la República. El proletariado así como los sectores más avanzados del pueblo manifestaban una abierta desconfianza hacia la nueva Asamblea Nacional –dominada por monárquicos y republicanos moderados– y hacia el Gabinete que presidía Adolphe Thiers, a cuyos integrantes consideraban no solo dispuestos a aceptar las más humillantes y onerosas condiciones de paz impuestas por Alemania, sino también a traicionar la recién fundada Tercera República en pro de una nueva monarquía borbónica.

París había resistido un sitio de cuatro meses que culminó en enero de 1871 con la victoria del ejército prusiano y la proclamación de Guillermo I como emperador de Alemania, nada menos que en Versalles, en territorio francés. Pero como los ejércitos alemanes solo tuvieron cercada la ciudad capital sin atreverse a tomarla, el combativo y organizado pueblo parisino pudo rechazar la rendición, desafiando así a su propio gobierno. Tanto fue así que el Ejecutivo que presidía Thiers y la Asamblea Nacional decidieron instalarse en Versalles, intentando doblegar desde allí a la ciudad rebelde. El proletariado parisino no solo aquilataba una extensa tradición de luchas sociales y políticas sino que, además, contaba ahora con pertrechos y experiencia militar: las circunstancias históricas lo habían convertido en un proletariado armado, mientras el enemigo alemán o los republicanos burgueses no lograran desarmarlo.

En una inédita situación de doble poder, París se vio obligada a darse una forma de organización y de gestión, no solo para sostener su resistencia al gobierno de Versalles, sino incluso para asegurar su funcionamiento y su abastecimiento. La estructura política aquí creada tomó por base la Guardia Nacional, que había sido movilizada en septiembre de 1870 para asegurar la defensa de la capital y cuya tradición revolucionaria se remontaba a 1789. No era otra cosa que una milicia ciudadana, compuesta por todos los varones mayores de 18 años, con amplia mayoría de proletarios y artesanos. En febrero de 1871, la Guardia parisina creó una estructura electiva y piramidal, la Federación de la Guardia Nacional (de allí que se designase a los comuneros como «federados»), compuesta por los delegados de las compañías y los batallones de la milicia parisina; su cúspide la ocupaba un Comité Central. 

La Comuna nació en París el 18 de marzo de 1871, cuando los artesanos y los obreros tomaron el poder en la ciudad. El pueblo parisino se había levantado al descubrir que el gobierno provisional intentaba arrebatarle por sorpresa las baterías de cañones que habían comprado por suscripción popular para defender la ciudad. Las fuerzas del ejército terminaron confraternizando con la población sublevada. Cuando el general Lecomte ordenó disparar contra la muchedumbre inerme, los soldados lo hicieron bajar de su caballo y lo fusilaron. Otro tanto hicieron con el general Thomas, veterano comandante responsable de la represión durante la rebelión popular de junio de 1848. En ese momento Thiers ordenó a los empleados de la administración nacional evacuar la capital. Ante el vacío de poder, la Guardia Nacional convocó de inmediato a elecciones comunales sobre la base del sufragio universal (masculino). Su Comité Central entregó entonces el poder provisional al consejo municipal elegido democráticamente, con predominio de republicanos radicales y blanquistas.

Sitiada París, primero por los prusianos y luego por los versalleses, los comuneros debieron gobernar una ciudad asediada. Promulgaron una serie de decretos (sobre educación popular, separación de la Iglesia del Estado, indulgencia con los alquileres impagos o abolición de los intereses por deudas) dictados por la urgencia y la necesidad antes que por la definición de un orden social cuyos trazos ni siquiera alcanzaron a definir durante sus dramáticos 71 días de vida. 

Cercada en parte todavía por las tropas prusianas, hostigada por la prensa de Versalles con calumnias que a su vez replicaba la prensa internacional, empobrecida, incomunicada, aislada del resto de las fuerzas progresistas de la nación, la Comuna de París soportó con heroísmo durante más de dos meses el bombardeo y el asedio del gobierno provisional. Finalmente, el 21 de mayo el ejército de Versalles logró franquear la Porte de Saint-Cloud, y a lo largo de una semana conquistó militarmente una ciudad que le ofreció una dramática resistencia. Los encarnizados combates se sucedieron barrio a barrio, calle a calle. Los últimos 147 resistentes se parapetaron detrás de un muro del Cementerio de Père-Lachaise, donde fueron fusilados y enterrados en una fosa común.

El 28 de mayo –una vez concluida la llamada «Semana Sangrienta» y con ella la experiencia comunalista–, el saldo era de unos 30.000 comuneros muertos y 43.000 prisioneros, de los cuales 10.000 fueron condenados, unos a la cárcel y otros al exilio en Nueva Caledonia. París se mantuvo bajo la ley marcial durante cinco años.

Las interpretaciones

La experiencia de la Comuna fue leída de los modos más diversos, incluso durante su mismo decurso. Sus enemigos más encarnizados –aristócratas y clericales, monárquicos legitimistas y orleanistas, republicanos conservadores y moderados– coincidieron en denostarla, pero con argumentos diversos. Para los ultramontanos era abominable por el simple hecho de ser una revolución, y la leyeron como una consecuencia de la secularización de las costumbres que había impulsado la burguesía liberal. Los republicanos, que no podían condenar a la tradición revolucionaria de la que habían surgido, la vieron como el producto de la liberación de los «bajos instintos» de una plebe incontrolada compuesta por turbas frenéticas libradas a su propia suerte.

En la vereda opuesta, todo el arco de la izquierda revolucionaria de su tiempo la reivindicó como un hito inaugural. Las lecturas que hicieron las izquierdas eran de algún modo proyecciones de las múltiples tendencias políticas que convivieron en su seno, desde republicanos radicales a mutualistas, pasando por socialistas de las más diversas escuelas (incluso de la positivista); desde adeptos de la centralización política a ultranza (como los blanquistas, los seguidores del revolucionario Auguste Blanqui) hasta partidarios de las diversas corrientes federalistas, unas más radicales, otras más moderadas. 

Como ya ha sido señalado, la Comuna no fue un producto de la Internacional. De acuerdo con lo que Engels expresaba en una carta a Adolph Sorge, fechada el 12 de septiembre de 1874, la Internacional «no había movido un dedo para darle vida». Y, a pesar de ello, la Comuna era «hija espiritual de la Internacional». Solo un tercio de los delegados y de los integrantes del Comité Central de la Guardia Nacional pertenecía a las secciones francesas de la Internacional. Y apenas 13 sobre los 90 fueron elegidos para la Asamblea comunal del 26 de marzo, en la que había emergido una «elite oscura» de ilustres desconocidos. Pero tampoco estos 13 revolucionarios llevaban adelante una estrategia común. Marx exhortaba desde Consejo General de la Internacional con sede en Londres a la clase obrera europea en general (y a la británica en particular) a la solidaridad con la Comuna, mientras que en la correspondencia que mantenía con algunos de los comuneros de París, como Auguste Serraillier, Léo Fränkel y Eugène Dupont, aconsejaba prudencia, señalando los inconvenientes que acarrearía el ataque abierto al gobierno republicano mientras durase la ocupación alemana así como el creciente aislamiento político de París. Marx consideraba imposible una victoria militar y aconsejaba a los comuneros negociar con Versalles una paz honrosa.

Pero no todos los dirigentes políticos franceses participaban del realismo de Marx; en especial, discrepaban los republicanos radicales y los blanquistas, los exponentes de la tradición jacobina. A esta vertiente insurreccionalista a ultranza se sumarían muy pronto los bakuninistas, con el propio Mijaíl Bakunin que había viajado a Francia apenas comenzada la guerra.

El 30 de mayo de 1871, apenas dos días después de concluida la Semana Sangrienta, Marx leía en el Consejo General londinense su célebre alocución, La guerra civil en Francia, una pieza magistral de equilibrio político. Había concebido un texto que, sin renunciar a sus ideas ni a su estilo, pudiera conformar a las distintas tendencias que convivían, no sin tensiones, en el Consejo. Antes que optar por una estrategia de debate público sobre las diferencias que separaban las diversas escuelas socialistas, Marx ensayó una lírica defensa de la experiencia comunera, en la que solo entre líneas es posible leer, por ejemplo, la crítica a los exponentes del insurreccionalismo neojacobino –«supervivientes y devotos de revoluciones pasadas»–, al exceso de escrúpulos democráticos de los republicanos moderados –que llevaron al Comité Central de los federados a delegar rápidamente el poder–, o a los herederos de Proudhon –que no se atrevieron a tocar la sacrosanta propiedad de la banca–. Estos y otros inevitables errores –como la demora de las milicias en marchar sobre Versalles– no podían oscurecer su mérito histórico, que no consistía en otra cosa que en su propia existencia. Ahora que había sido derrotada, que los hombres y las mujeres que la sostuvieron eran fusilados o detenidos, que la prensa burguesa derramaba por el mundo las calumnias más inicuas, la Comuna debía ser saludada por los trabajadores de todo el mundo como un primer ensayo, fallido pero heroico, de gobierno obrero, como «la forma política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo».

En un primer momento, el Consejo General aceptó sin discusión la alocución de Marx y decidió su publicación en diversos idiomas. El comunero Charles Longuet, futuro yerno de Marx, tradujo al francés el texto original de Marx redactado en inglés, y más tarde Engels editaría la versión alemana. Pero en los días que siguieron, los dirigentes sindicales ingleses George Odger y Benjamin Lucraft retiraron su firma objetando los pasajes más duros sobre el gobierno republicano de Versalles. Marx se dio a conocer entonces como el autor intelectual de la alocución, pero su decisión no pudo evitar, junto con la renuncia de sus dirigentes, la salida de las trade unions británicas, uno de los dos pilares sobre los cuales se había fundado la Internacional en 1864. Esta defección, sumada al hostigamiento que las diversas secciones sufrieron después de la Comuna por parte de los gobiernos europeos y a la lucha de fracciones que comenzaba a desatarse abiertamente entre marxistas y bakuninistas, marcó el declive de la Primera Internacional.

Como señaló el historiador alemán Arthur Rosenberg, «el escrito de Marx sobre la Guerra Civil de 1871 tiene una importancia histórica excepcional». En desacuerdo con muchos de los métodos de la Comuna –en primer término, la insurrección misma–, le habría resultado tanto más sencillo deslindar cualquier responsabilidad sobre el curso que tomaron los acontecimientos. Sin embargo, no le importó mostrarse ante la opinión pública como quien tenía la razón, sino que, al contrario, «hizo suya audazmente la Comuna y desde entonces el marxismo tiene una tradición revolucionaria ante los ojos de la humanidad». Esta apropiación marxiana de la Comuna fue tan resistida por los anarquistas (para Bakunin no fue sino la expresión de un «travestismo verdaderamente grotesco») como canonizada por los comunistas de todo el mundo, desde los rusos que en 1917 hicieron de la forma comuna el precedente del sóviet, hasta los chinos de la Comuna de Cantón primero y de la Comuna de Shanghái después. 

El folleto de Marx circuló en cientos (sino miles) de ediciones; usualmente, con un prólogo escrito por Engels para la edición alemana de 1891 que (en franco contraste con el análisis de Marx) presentaba la experiencia comunera como un ejercicio de «dictadura del proletariado». Muchas ediciones añadían también artículos de Lenin, en los que la Comuna francesa era asimilada al sovietismo ruso.

La difusión internacional

Los días de la Comuna mantuvieron en vilo al mundo entero, tanto al orden burgués como a los sectores populares. Los medios de prensa transcribían en primera plana los bandos de una y otra parte, los modernos magazines ilustrados reproducían escenas de los combates o de la vida comunera bajo la forma de grabados y litografías. Mientras la gran prensa burguesa reproducía las noticias más fantásticas sobre hechos de violencia y destrucción atribuidos a la plebe de París, los medios de prensa minoritarios de los republicanos radicales, de los federalistas españoles y de los socialistas de todo el mundo se empeñaban chequear la información y en publicar fuentes fidedignas. La Comuna impactó fuertemente en la prensa española así como en toda la América Latina.

Los exiliados de la Comuna refugiados en Londres, en Bruselas o en Ginebra comenzaron a publicar sus testimonios y sus balances en el mismo año de 1871. Una intensa folletería popular de celebración de la experiencia comunera y de denuncia a los procesos judiciales nutrió la cultura de izquierdas de las últimas tres décadas del siglo XIX, tanto anarquista como socialista, proyectándose incluso a comienzos del siglo XX. El republicano federalista español Manuel de Cala publicó entre 1871 y 1872 dos volúmenes titulados Los comuneros de París, con prólogo de Pi y Margall, que todavía se reeditaban en Buenos Aires en 1929. La vibrante Historia de la Comuna de 1871 del periodista socialista Lissagaray, publicada en Bruselas en 1876 durante el exilio de su autor, fue un verdadero best-seller de su tiempo. Eleanor, la hija menor de Marx y por aquel tiempo pareja de Lissagaray, la tradujo al inglés. 

Del lado anarquista, la obra más popular fue la de Louise Michel, una educadora que había encabezado la manifestación de mujeres que impidió que los cañones parisinos pasaran a mano de los versalleses. La Commune. Histoire et souvenirs (La Comuna. Historia y recuerdos), publicado en París en 1898 cuando hacía ya varios años que su autora había retornado de su deportación en Nueva Caledonia, se tradujo enseguida al español en Barcelona, conociendo a comienzos del siglo XX sucesivas ediciones populares que se leían en todo el mundo de habla hispana. También alcanzó enorme popularidad La Commune (1904), una historia novelada de los hermanos Paul y Victor Margueritte, que fue traducida al español en Barcelona en 1932, en los albores de la Segunda República.

Los exiliados de la Comuna se esparcieron por Europa y América llevando sus relatos heroicos, sus programas políticos y sus rencillas internas. Allí donde se afincaban, lanzaban periódicos en francés, publicaban folletos y fundaban secciones de la Internacional. Fueron comuneros franceses quienes crearon la primera sección francesa de la Internacional en la Buenos Aires de 1872. Otros ex-communards se instalaron en Chile, Uruguay y Brasil, según las pistas que siguió Marcelo Segall. 

Alicia Moreau, una de las figuras señeras del socialismo argentino, era hija del comunero Armand Moreau, que se había exiliado en Londres con su familia antes de instalarse en Buenos Aires. El movimiento socialista internacional celebró el 18 de marzo como una jornada popular, al menos durante tres décadas. Jóvenes intelectuales socialistas como Leopoldo Lugones y José Ingenieros lanzaron en la Buenos Aires de 1987 el periódico La Montaña, fechándolo el 12 Vendimiario del año XXVI de la Comuna, conforme el calendario revolucionario adoptado en 1871. Todavía a comienzos del siglo XX la portada del semanario socialista argentino La Vanguardia correspondiente al 18 de marzo estaba dedicada a homenajear a la Comuna. En el México de 1874 aparece un periódico bisemanal, La Comuna, que poco después nacionaliza la experiencia parisina y pasa a titularse La Comuna Mexicana. Dos años después, el periódico mexicano El Hijo del Trabajo daba a conocer las biografías de los principales líderes de la experiencia comunera. 

La memoria de la Comuna se mantuvo viva en América Latina más allá del exilio francés. El socialista chileno Luis Emilio Recabarren y el anarquista peruano González Prada, entre muchísimos otros, le consagraron artículos en la prensa obrera de su tiempo. El Centenario de la Comuna fue celebrado en 1971 con reediciones de aquellas obras clásicas, con suplementos especiales que le consagraron periódicos y revistas, y con un Coloquio internacional realizado en París. El Berliner Ensable presentó entonces en París Los días de la Comuna, la pieza teatral de Bertold Brecht. 

Todavía resonaban los ecos de Mayo de 1968, cuando los estudiantes de la nouvelle gauche le disputaron a la tradición comunista la herencia de la Comuna. Tan constantes fueron las referencias de los enragès a los episodios de la Comuna de 1871 que la compilación de Alain Schnapp y Pierre Vidal-Naquet sobre Mayo del 68 llevó por título Journal de la Commune étudiante.

Los herederos de la tradición leninista –los comunistas, los trotskistas y los maoístas–, venían celebrando en la experiencia comunera la dimensión insurreccional y los atisbos de una «dictadura del proletariado», remarcando siempre la «gran lección» de 1871: la clase obrera no puede triunfar sin un partido revolucionario. En un camino abierto por el movimiento situacionista, el filósofo francés Henri Lefebvre ofrecía en 1965 a sus alumnos de la Universidad de Nanterre una lectura alternativa, en la que el final trágico de la experiencia comunera no debía opacar su decurso como un acontecimiento lúdico y festivo. 

Para Lefebvre, la Comuna habría sido una fiesta inmensa que el pueblo de París se habría regalado a sí mismo y al mundo, una fiesta «de los desheredados y de los proletarios, fiesta revolucionaria y de la revolución, fiesta total, la más grande de los tiempos modernos». Y a contrapelo de las lecturas hasta entonces dominantes, entendió que las notas que definían la experiencia comunera eran una espontaneidad incontenible, una gran pluralidad, su carácter internacionalista, su genio colectivo (desprovisto de grandes jefes), la ausencia de un partido que por detrás pudiera controlar todo lo que sucedía, así como un antibelicismo y anticolonialismo ejemplificados en el derribo de la Columna Vendôme, símbolo de las victorias napoléonicas. Lefebvre abrió el camino a aquellas lecturas contemporáneas que repusieron la historicidad de la Comuna, al extraerla de la genealogía que la inscribía como un prolegómeno de la Revolución Rusa de 1917. Esto no significa, ni mucho menos, que se trate simplemente de devolverla a Francia, porque la Comuna tampoco encuentra su lugar en la historia del republicanismo nacional francés. 

En el mundo globalizado del siglo XXI, las apelaciones a las formas comunales son cada vez más frecuentes en las más diversas experiencias políticas de resistencia al poder, en las que no faltan siquiera las referencias expresas a la experiencia de 1871. «La referencia a la Comuna –escribe Deluermoz, el último gran historiador de este acontecimiento– parece alimentar las demandas cada vez más presentes de un poder más horizontal así como el principio de un ‘movimiento sin líderes’ que caracterizan a muchas de estas protestas contemporáneas».

Estas demandas sociales alimentan nuevos significados y recuperan otras imágenes, más próximas a la subjetividad política contemporánea. Es el caso de la Comuna de Louise Michel y la de tantas mujeres que a pesar de quedar excluidas del sufragio «universal», jugaron un rol crucial en la defensa de París. O de la Comuna de los artistas y de los poetas, la de Gustave Courbet y Honoré Daumier, la de Rimbaud y Verlaine. También es la Comuna del poeta Eugéne Pottier, autor de aquellos versos de «La Internacional» que, años después, con música del belga Pierre Degeyter, iban a convertirse en el himno de los trabajadores de todo el globo. O la Comuna de los laicistas y de los educadores. Está también la Comuna del general Jarosław Dąbrowski y la de tantos polacos e italianos que se batieron en París por una causa que consideraban universal. Está la Comuna de los clubes políticos, de los periódicos revolucionarios que libraban una lucha desigual con los grandes medios de prensa, la Comuna de los pasquines pegados en la pared, la Comuna que adoptó la bandera roja convirtiéndola, 150 años atrás, en emblema universal del socialismo y estandarte internacional de la liberación de los trabajadores. 

La Comuna fue fecunda forjadora de imágenes y de símbolos que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía le dicen algo a nuestro presente. La historiografía del siglo XXI vuelve a los archivos y elabora nuevos relatos del acontecimiento de 1871. La literatura y el arte de nuestro presente vuelven a ponerla en escena, tal como lo ensayó a comienzos de nuestro siglo el director británico Peter Watkins con su docudrama monumental La Comuna de París, apelando a actores no profesionales. Una actualidad que disgustaba a François Furet. El historiador liberal francés había sostenido que «ningún acontecimiento de nuestra historia moderna, y acaso de toda nuestra historia, ha sido objeto de tal sobreinversión de interés en relación con su brevedad». Eric Hobsbawm coincidía en cierto modo al señalar que la Comuna «no fue tan importante por lo que consiguió como por lo que presagiaba; fue más formidable como símbolo que como hecho». Justamente por eso, señalaba, los historiadores deberían «resistirse a la tentación de despreciarla retrospectivamente».

Referencias bibliográficas

José Álvarez Junco: La Comuna en España, Siglo Veintiuno, Madrid, 1971. 

Mijaíl Bakunin: «Lettre au journal La Liberté de Bruxelles», Zúrich, octubre de 1872, en Œuvres, Stock, París, 1910, t. IV.

Quentin Deluermoz: Commune(s), 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle, Seuil, París, 2020.

Diógenes de Giorgi: La Comuna de París en la prensa montevideana de la época, Biblioteca de Marcha, Montevideo, 1971.

François Furet: La Révolution. 1770-1880, Hachette, París, 1988.

Gastón García Cantú: El socialismo en México (siglo XIX), ERA, Ciudad de México, 1969.

Georges Haupt: «La Comuna como símbolo y como ejemplo» en El historiador y el movimiento social, Siglo Veintiuno, Madrid, 1986.

Heinrich Koechlin: Ideologías y tendencias en la Comuna de París, Proyección, Buenos Aires, 1965.

Eric J. Hobsbawm: La era del capitalismo, Guadarrama, Barcelona, 1981.

La Commune de 1871. Colloque de Paris (mai 1971), Éditions Ouvrières, París, 1972.

Henri Lefebvre: La proclamation de la Commune, Gallimard, París, 1965.

Karl Marx: «La guerra civil en Francia», en Karl Marx: Antología, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2015. 

Miklós Molnár: El declive de la Primera Internacional, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974.

Boris Nicolaïevski y Otto Maenchen-Helfen: La vida de Carlos Marx, Ayuso, Madrid, 1973.

  1. Prosper-Olivier Lissagaray: Historia de la Comuna, Estela, Barcelona, 1971 (2 vols.).

Michèle Riot-Sarcey: Le procès de la liberté. Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, La Découverte, París, 2016.

Jules Rocher (ed.): Lettres de communards et de militants de la Ie Internationale à Marx, Engels et autres dans les journées de la Commune de Paris en 1871, Bureau d’Éditions, París, 1934.

Arthur Rosenberg: Democracia y socialismo. Historia política de los últimos ciento cincuenta años, Cuadernos de Pasado y Presente, Ciudad de México, 1981.

Alain Schnapp y Pierre Vidal-Naquet: Journal de la Commune étudiante. Textes et documents: novembre 1967-juin 1968, Seuil, París, 1969.

Marcelo Segall: «La Comuna y los excommunards en un siglo de América Latina» en Boletín de la Universidad de Chile Nº 109-110, 4-5/1971. 

Edgar Straehle Porras: «Mayo del 68, la Comuna de parís y la tradición revolucionaria. Una aproximación desde Henri Lefebvre» en Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política Nº 13, 7-12/2018.

Horacio Tarcus: Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2007

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Jueves, 18 Marzo 2021 05:47

Lula vuelve: ¿y ahora qué?

Lula vuelve: ¿y ahora qué?

La anulación de las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva por parte de un juez de la Corte Suprema de Justicia alteró un escenario político ya atravesado por la crisis y la incertidumbre. El ex-presidente busca proyectarse nuevamente como estadista frente al desgobierno de Jair Bolsonaro en relación a la pandemia de covid-19. Pero hay que ver cómo opera el antagonismo «petismo»/«antipetismo» que atraviesa a la sociedad brasileña. Y si el Partido de los Trabajadores logra recuperar a sectores de clase media y trabajadora que perdió en los últimos años.

 

«Estoy viendo la destrucción del país. Estoy viendo la destrucción de la esperanza de los brasileños. Y estoy viendo que nosotros tenemos dificultades para reaccionar». Esa fue la primera definición política que dio Luiz Inácio Lula da Silva en Recife, Pernambuco, el 17 de noviembre de 2019, en su primer acto después de ser liberado de la prisión en Curitiba. Luego prosiguió hablando de su injusta prisión, del ex juez Sergio Moro, de la cadena O Globo y del «golpe» contra Dilma Rousseff. El énfasis —completamente justificable, dadas las circunstancias— estaba puesto en la persecución contra él y su partido. 

El Partido de los Trabajadores (PT) se encuentra desde hacía tiempo sin un discurso que interpele a las mayorías, como si no pudiese salir del arrinconamiento político y judicial y, por consiguiente, de la defensa de sí mismo. Del «no habrá golpe», al «Lula libre». Ahora, con la anulación de las condenas por parte de un juez de la Corte Suprema de Brasil, el ex-presidente recupera sus derechos políticos, lo que le ha dado al PT una posibilidad tangible de recuperar el poder y ello se reflejó inmediatamente en un cambio de postura. El partido fundado en 1980 ha estado enfocado principalmente en recuperar su carta más poderosa: el ex-presidente de origen obrero.

Con su liberación, el PT recuperó la capacidad de reacción. En el discurso de la semana pasada, luego de la anulación de las sentencias en su contra, Lula logró, después de mucho tiempo, poner el énfasis en el proyecto de país. La energía de la gestualidad estuvo centrada en criticar al gobierno y en desarrollar una propuesta, y no ya en la defensa de sí mismo. Lula logró recuperar densidad política y articular un discurso como construcción de sentido, pero también diálogo y articulación con otros sectores. No faltaron las referencias a la persecución, pero fueron como una introducción necesaria, dada la reciente anulación de las sentencias, para luego hablar de Brasil. «Vamos a dialogar con todos los actores políticos», anunció. Ese fue, evidentemente, el otro gran giro. Desde hacía mucho tiempo, el PT no mostraba vocación de dialogar con sectores más allá de los ideológicamente afines. Fernando Haddad, ex-ministro de Educación y ex-alcalde de San Pablo, fue mucho más contundente en una entrevista posterior a la CNN Brasil. En su opinión, Lula va a construir alianzas con un abanico lo más amplio posible de partidos, «no pensando en ganar las elecciones, sino pensando en gobernar».

Lula dejó el poder el 1 de enero de 2011 con un 83% de aprobación y 4% de desaprobación, según el instituto Ibope. No es necesario volver sobre los tantas veces mencionados logros de su gestión. Los millones que salieron de la pobreza, la sexta economía mundial, la clasificación de Brasil como país emergente. Sin embargo, el regreso de Lula al poder es posible, pero está lejos de ser sencillo. ¿Cómo se explica esa dificultad si Brasil vivió uno de los mejores momentos de su historia durante su gobierno? «Nunca fuimos tan felices», decía la tapa de la revista Isto É de agosto de 2010. «Los brasileños son llevados por el sentimiento de bienestar, comprando más autos, viajando más, comprando casa propia y realizando sueños hasta entonces intangibles», explicaba la portada. Analizar las posibilidades de Lula para 2022 requiere repasar, al menos sucintamente, qué sucedió en estos años, por qué el PT perdió terreno entre el electorado, la fuerza del antipetismo y la posición actual de los otros jugadores, incluyendo al presidente Jair Bolsonaro.

Lula da Silva fue electo presidente por primera vez en 2002 en un país en el que, como indican los estudios del Instituto Datafolha, la mayoría se autodefine como conservadora y de derecha, pero en el que la izquierda siempre tuvo un espacio político considerable. Para lograr el triunfo fue necesario un viraje hacia el centro, una política de alianzas con el empresariado nacional y la ya famosa «Carta al pueblo brasileño», que selló su compromiso con el mercado. Luego de tres derrotas en las presidenciales (1989, 1994 y 1998), el PT rompió su techo electoral y los votantes le dieron a Lula, líder de un partido claramente ubicado en la izquierda, su primera oportunidad como presidente.

En 2005, el caso de corrupción conocido como Mensalão pareció acabar con las posibilidades de reelección. Pero estaba teniendo lugar la reconfiguración electoral que el politólogo André Singer describió luego en su artículo «Raíces sociales e ideológicas del lulismo». Sectores de clase media y de la clase trabajadora tradicional dejaron de apoyar al gobierno, pero este incorporó a sectores de bajos ingresos, históricamente conservadores, como resultado de la combinación de una serie de políticas: el plan Bolsa Familia, los aumentos del salario mínimo, los créditos, el aumento del consumo, las inversiones, el crecimiento del trabajo registrado. El fenómeno sería más notorio en el Nordeste, desde entonces la región donde el PT sería más fuerte en detrimento de San Pablo. A pesar del escándalo del Mensalão, que dejó raída la bandera anticorrupción del PT, en las elecciones de 2006 el pueblo brasileño le dio a Lula una segunda oportunidad para presidir el país. Y lo mejor vendría en ese segundo mandato.

David Samuels y Cesar Zucco explican en su libro Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (Partidarios, antipartidarios y no partidarios: El comportamiento electoral en Brasil) que para entender cómo se manifiesta el sistema de partidos brasileño entre el electorado es necesario ir más allá de la identificación partidaria de los ciudadanos y observar con mayor detenimiento el fenómeno del «antipartidismo» —entendido como la oposición a un partido determinado—. Según los autores, el PT es el único que cuenta con cantidades significativas de partidarios entre el electorado, convirtiéndose en el principal ordenador de las preferencias. Los petistas y su contracara, los antipetistas, le dan sentido al sistema. Desde 1994, las elecciones presidenciales se ordenaron a partir del binomio Partido de los Trabajadores/ Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centroderecha), pero entre el electorado las identidades predominantes siempre fueron petismo/antipetismo. Esto explicaría la estrepitosa pérdida de votos del PSDB en 2018 y la emergencia de Jair Bolsonaro como representante del campo antipetista. Por consiguiente, analizar las posibilidades electorales de Lula en 2022 requiere, entre otras cosas, ponderar la correlación de fuerzas entre petismo y antipetismo.

Los últimos años de la política brasileña han sido de consecutivas victorias del antipetismo. La declinación del PT comienza, de hecho, luego de los gobiernos de Lula, con la ola de protestas de junio de 2013. En 2014, Dilma Rousseff ganó la reelección en segunda vuelta contra Aécio Neves por apenas tres puntos porcentuales de diferencia y, en 2015, la operación Lava Jato funcionó a todo vapor y el país entró en recesión al mismo tiempo que Dilma continuaba con el giro económico hacia la ortodoxia y el ajuste, abandonando sus propias banderas políticas. 

La consecuencia fue el derrumbe total de la aprobación del gobierno, las manifestaciones callejeras, la crisis económica y un escándalo de corrupción. Sin dudas, detrás del impeachment hay una serie de razones muy específicas. Como explica Fernando Limongi en su artículo «La crisis actual y el debate institucional», publicado en 2017, el objetivo de Michel Temer y Eduardo Cunha —los principales impulsores del impeachment— era escapar de la operación Lava Jato. Por ello, para destituir a la presidenta utilizaron el argumento del «maquillaje fiscal» y no los vinculados a las denuncias de corrupción. En 2016, la dimensión de la crisis era tal que hubo quien dentro del PT propuso cambiar el nombre del partido. En las presidenciales de 2018, el PT obtuvo 30% de los votos en primera vuelta, lo que lo situó en los niveles de la década de 1990. En las municipales de 2016, con todas las particularidades que tienen este tipo de comicios, el antipetismo fue contundente. En 2020 siguió mostrando, aunque en menor medida, su fortaleza. La semana pasada, según el Instituto de Opinión Pública Paraná Pesquisas, 57,5% de los brasileños dijo estar en contra de la anulación de las sentencias contra Lula. Según CNN/Real Time Big Data, el porcentaje era del 54%.

La operación Lava Jato no se reduce a la persecución judicial contra Lula y a todos los atropellos al debido proceso que fueron notorios desde el comienzo. La magnitud del esquema de corrupción descubierto hizo caer a políticos y ministros de diferentes colores partidarios, pero también a grandes empresarios. Eike Batista, el brasileño más rico, sexto en el ranking mundial de la revista Forbes en 2012, fue preso en 2017. La dimensión y el impacto del Lava Jato fue enorme. Lula puede no haber sido el jefe de la asociación ilícita como denunciaron los fiscales liderados por Deltan Dallagnol y su lamentable PowerPoint, pero los hechos de corrupción tuvieron lugar durante su presidencia. Su partido estuvo claramente entre los beneficiados.

La percepción de que esto es así parece ser el motivo por el cual la filtración de los chats entre Moro y los fiscales, iniciada a mediados de 2019 y que todavía continúa a cuentagotas, no movió el amperímetro de la opinión pública en favor de Lula. Pero la obscena parcialidad y las operaciones judiciales que muestran las filtraciones sí han cambiado la imagen que se tenía de Moro en la sociedad y el respeto a su figura que reflejaban los medios de comunicación. Lo más importante es que se incluyeron elementos que pueden carecer de valor probatorio (los mensajes fueron obtenidos de manera ilegal y ello los anula como prueba) pero que modificaron la actitud de los miembros de la Corte Suprema hacia Lula y la Lava Jato. Sin las revelaciones de los mensajes, era poco probable la anulación de las sentencias. Todo indica que la decisión del juez Edson Fachin de anular las condenas contra Lula por la cuestión de la jurisdicción tenía por objetivo evitar el tratamiento en la Corte de la falta de imparcialidad de Moro, tal vez dando la posibilidad de que la sentencia sea ratificada en el Distrito Federal. Fachin no pudo evitar que la Corte comience a tratar la falta de imparcialidad la semana pasada y el propio juez, otrora «lavajatista», dijo que los mensajes de Moro y los fiscales «no se pueden esconder debajo de la alfombra».

El clivaje petismo/antipetismo es fundamental, aunque tampoco lo explica todo. Lula tiene la capacidad de ampliar los apoyos del PT. De haberse podido presentar en 2018, su candidatura hubiese obtenido más que el magro 30% que consiguió Fernando Haddad en primera vuelta. Pero la fuerza del antipetismo impone límites. Y, al mismo tiempo, podría operar una disputa por la reconfiguración y el liderazgo del campo antipetista.

Es cierto que las preferencias políticas de los brasileños han ganado mayor complejidad con la emergencia del bolsonarismo, el cual ciertamente representa a la derecha radical. El bolsonarismo, que comenzó a tener volumen hacia 2016, tiene un núcleo del 20%. El 46% que obtuvo en la primera vuelta de 2018 fue un espejismo, algo que quedó de manifiesto con la inmediata caída de la aprobación una vez llegado al gobierno. Pero la aparición del bolsonarismo también ha dado lugar al surgimiento de los «ni-ni», aquellos que no quieren ni a Bolsonaro ni a Lula. De acuerdo a la reciente encuesta del IPEC, publicada en la revista Piauí, los «ni-ni» representan 20% del electorado.

Otro sector a considerar es el de los «si-sí», aquellos que expresan que pueden votar tanto a Bolsonaro como a Lula. Según IPEC, alcanzan un 10% de la población. Este otro sector es uno de los motivos por el cual el primer perjudicado con el «regreso» de Lula es Bolsonaro. La predisposición a votar a uno o al otro (en algunos casos sin excluir a terceros) es un problema para el actual presidente, que todavía no encuentra un Norte claro para su gestión. Son varios los aspectos donde ese déficit se hace más perceptible: desde la ambivalencia entre apoyarse en su núcleo radical o buscar ser más amplio, hasta los cambios en el estilo y la estrategia de comunicación del presidente. Pero donde más se nota es en el terreno económico. Más allá del fuerte apoyo al sector agropecuario y algunas reformas de tipo liberal, a grandes rasgos el gobierno de Bolsonaro siempre se encuentra a medio camino entre la responsabilidad fiscal y el aumento del gasto o las privatizaciones y la intervención estatal. 

Si no hay solución para la creciente inflación, el desempleo y la inminente recesión, los «si-si» podrían darle la bienvenida a Lula. Como escribió Márcio Coimbra en enero pasado, Bolsonaro es más intuición que estrategia y ante la complejidad del escenario actual no se puede descartar que no llegue a la segunda vuelta de las elecciones que tendrán lugar dentro de casi un año y medio. Más que favorecer a Bolsonaro por vía de la polarización, la elegibilidad de Lula le mueve el piso al actual presidente de la mano de los «si-si».

Esto nos lleva a analizar el campo de lo que podríamos denominar como el de la «derecha tradicional». Aunque no tiene ningún presidenciable fuerte, por su tamaño y estructura en el nivel municipal y estadual, el PSDB puede volver a ser parte de un armado que dispute con el PT. Por fuera, danzan en las encuestas de intención de voto los nombres del propio Moro, fuertemente debilitado luego de su paso por el gobierno de Bolsonaro como ministro de seguridad pero que mantiene 10% sin moverse de su casa. Y en menor medida, Luciano Huck, conductor de espectáculos en O Globo, con entre 6 y 9%. Este sector, que no tiene nombres definidos y en el que abundan los hipotéticos precandidatos y la falta de coordinación, es sin embargo un potencial ganador con la participación electoral de un Lula que le quita votos a Bolsonaro. Pero el escenario no está para nada definido. Con Lula en el ring y el actual escenario económico, la tendencia es que Bolsonaro pierda fuerza y que Lula pueda alcanzarlo en intención de voto. ¿Cuál va a ser el tamaño de la sangría para el actual gobierno? ¿Qué tan duro es el núcleo bolsonarista? ¿A la derecha tradicional le alcanzaría con ganar el campo antipetista? Bolsonaro tiene por ahora la maquinaria y la iniciativa a su favor.

En la centroizquierda se destaca la figura de Ciro Gomes, con su proyecto de «desarrollismo nacional» y su estrategia de absorber el voto de la clase media desencantada con el PT. Con el carismático Lula en la cancha, el trabajo es más difícil para Gomes, quien por otra parte tiene poca llegada a los sectores de más bajos ingresos. Marina Silva ya no tiene el potencial que alguna vez tuvo (20% de los votos en 2010 y 2014), pero podría sumar como vicepresidenta, tanto para Gomes como para Lula. El Partido Socialista Brasileño (PSB) también está en una encrucijada importante con la vuelta de Lula. Sin este, el PSB se encaminaba a construir «fuera de los extremismos»; pero con Lula en la vereda de enfrente se le puede complicar retener el gobierno de Pernambuco (en la región del Nordeste) y este estado suele definir la estrategia de los socialistas.

En lo que concierne al PT y su relación con el electorado, la óptica para analizar la posibilidad de que Lula da Silva vuelva al poder no es la de la narrativa del «golpe» contra Dilma y la del líder popular que fue perseguido judicialmente e imposibilitado de competir en una elección que de otro modo hubiera ganado. El proceso de Brasil de los últimos años indica que el PT ha perdido terreno y que Lula ya no goza de la confianza de una parte considerable de la sociedad. Con él en el poder, Brasil vivió una de sus mejores épocas ¿Tendrá Lula una tercera oportunidad? 

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Miércoles, 17 Marzo 2021 06:04

El nuevo «marzo» que agita Paraguay

El nuevo «marzo» que agita Paraguay

Una serie de manifestaciones contra la gestión de la pandemia de Covid-19 conmocionan la política paraguaya. Si durante la primera ola el país logró resultados sorprendentes, hoy se ve inmerso en la crisis sanitaria. Las manifestaciones, que apuntan al presidente Abdo Benítez, transcurren en un difícil momento para todo el país, en el que las cifras de contagio se disparan, la interna en el Partido Colorado se agita y el cansancio social se acumula.

 

El 7 de marzo se cumplió un año desde que se registró el primer caso de Covid-19 en Paraguay. En esa coyuntura, las autoridades sanitarias del país ganaron elogios a escala nacional e internacional por las rápidas y acertadas medidas tomadas: cierre de frontera y declaración de la cuarentena total. Las decisiones adoptadas en ese contexto tuvieron como principal motivación preparar al deficiente sistema de salud paraguayo para afrontar el panorama complejo que se avizoraba, considerando los estragos que venía causando la pandemia en los demás países del mundo y de la región.

Tal como señalan varios especialistas, la inversión social en Paraguay es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población y se mantiene muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Según datos de 2019, 72,9% de la población paraguaya no cuenta con ningún tipo de seguro médico, mientras que el presupuesto de la administración central destinado a salud apenas alcanza 2,1% del PIB, cuando organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan destinar al menos 6% del PIB para gastos públicos en esa área.

Sin embargo, los preparativos anunciados por las autoridades sanitarias paraguayas en los inicios de las medidas de pandemia mostraron paupérrimos avances. La compra irregular de insumos médicos provenientes de China, en abril de 2020, pusieron en evidencia una red de tráfico de influencias y manejos indebidos en las compras públicas, dando el primer golpe que hizo tambalear al entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.Las deficiencias del gobierno en la gestión de la pandemia se evidenciaron también en la inacción para garantizar la provisión de vacunas. Las casi nulas gestiones internacionales con los diversos fabricantes, sumada a una confianza extrema en el COVAX —un mecanismo de alcance global que pretendía asegurar la disponibilidad de vacunas de os países de bajos ingresos— como única alternativa contemplada para la obtención de vacunas, pusieron al país en la cola de todas las listas de provisión. El primer cargamento de vacunas que arribó al país fue de la vacuna rusa Sputnik V, el 18 de febrero, con solo 4.000 dosis, que apenas permite inmunizar a una ínfima parte del personal de salud. Esta situación coloca al país entre los menos inmunizados de la región en la actualidad, con apenas un 0,02% de personas inmunizadas por cada 100 habitantes. Muy por detrás del 26,62% de Chile, el 5,34% de Brasil, el 3,35% de Argentina, el 3,53% de Uruguay, el 1,2% Perú, el 1,02% de Bolivia, el 0,71 % de Colombia, el 0,43% de Ecuador, y el 0,04% de Venezuela.

Pero la gota que desbordó el vaso fue la falta de medicamentos e insumos básicos en los hospitales públicos, que se tornó evidente en las últimas semanas. Tanto el personal médico como los directivos de los nosocomios que atienen a pacientes de Covid-19 denunciaron la falta de medicamentos y otros insumos básicos, lo que obliga a los pacientes a cubrir todos los costos. Esta situación no solo generó el reclamo de familiares de los pacientes, sino también el anuncio de su dimisión por parte del director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), así como la protesta del personal sanitario.

En este contexto, el 4 de marzo, en su primera sesión ordinaria del año, la Cámara de Senadores instó a las autoridades de Salud a presentar renuncia a sus cargo. Uno de los principales argumentos esgrimidos por los senadores fue que esa Cámara había apoyado firmemente los pedidos realizados por la cartera de salud, aprobando todas las solicitudes de ampliación de fondos. No obstante, el Ministerio de Salud demostró grandes fallas en la gestión y ejecución de los fondos, dado que personal médico y pacientes denuncian faltantes de insumos mientras que la institución cuenta aún con «un saldo de 126 millones de dólares para la adquisición de insumos» en su presupuesto. Claramente, el tiempo ganado por las autoridades sanitarias al inicio de la pandemia con las medidas de cuarentena se había desperdiciado.

El tenor de los reclamos fue escalando en intensidad, con insistentes pedidos de renuncia de las autoridades sanitarias e incluso de juicio político al propio presidente Mario Abdo Benítez. La primera convocatoria de movilización por parte de la sociedad civil se produjo el 5 de marzo y concitó la atención y el apoyo de diferentes sectores de la prensa. La consigna «Estoy para el marzo 2021», hacía referencia a dos episodios de la historia reciente de la democracia paraguaya. El primero, a la fatídica jornada de protesta realizada entre los días 23 y 28 de marzo de 1999, tras el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, que terminó con la muerte ocho manifestantes, más de 700 heridos y la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas (1998-1999). El segundo, a la manifestación del 31 de marzo de 2017, en contra del intento de reforma constitucional liderado por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) con el fin de habilitar la reelección presidencial, que terminó con la quema del Congreso paraguayo y el asesinato de un joven militante en la sede del Partido Liberal.

La manifestación del 5 marzo pasado, que inauguró la serie de movilizaciones actuales, fue multitudinaria. Algunos análisis refieren una convocatoria de entre 5.000 y 10.000 personas (en una ciudad de poco más de medio millón de habitantes). Pero lo que arrancó como una protesta pacífica, acabó en violencia policial a causa de unos pocos manifestantes que atropellaron las vallas de seguridad de la policía. Las fuerzas de seguridad aprovecharon la situación para despejar  desatando una fuerte represión que terminó con decenas de heridos. Esta no hizo más que caldear los ánimos de una ciudadanía afectada por la mala gestión del gobierno, agotada por los embates del covid-19 y golpeada económicamente por los efectos de la pandemia. 

De manera ininterrumpida, se vienen organizando jornadas de protesta al final de la jornada laboral, ya sea en las proximidades de la residencia presidencial, en las inmediaciones del Congreso o frente a la residencia del ex presidente Horacio Cartes, líder de la fracción Honor Colorado cuyo voto puede definir el juicio político. Si bien la cantidad personas convocadas no alcanza los números del primer día de protesta, una multitud de alrededor de 2.000 personas vienen ganando las calles cada día. Lo sorprendente sigue siendo la persistencia de estas protestas, aún sin una organización o cara visible a la cabeza. 

En la trastienda de toda esta coyuntura se pueden identificar dinámicas y disputas políticas muy anteriores al advenimiento de la pandemia. En la joven democracia paraguaya se fueron consolidando ciertas reglas y patrones en el juego político, entre los cuales se destaca la limitación del poder político del presidente una vez concluido su mandato. No solo impera la prohibición de reelección presidencial, sino que, además, queda bloqueada su postulación al Congreso. Una suerte de «jubilación política» obligada. 

Más allá de estas condiciones, todos los presidentes electos desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 buscaron vías para sortear esta situación. Cada uno de ellos coqueteó con la idea de la reelección presidencial avanzando, de manera creciente y de presidente en presidente, en los intentos de reformar las normas que la impiden. Algunos ex mandatarios buscaron también su acceso al Congreso, como, por ejemplo, los expresidentes Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y Fernando Lugo (2008-2012). Pero, mientras que al primero le fue prohibido el acceso a las bancas en la Cámara de Senadores obtenidas en las elecciones de 2008 y 2018, alegando cláusulas constitucionales poco claras, el segundo pudo sortear esa situación a causa de su destitución a través de un juicio político. De todas formas, uno y otro ex presidente consiguieron mantener cierta presencia en la arena política nacional, pero ya no con el nivel de preponderancia que alguna vez habían logrado. Ese no es el caso del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

De la misma manera que sus antecesores, Cartes coqueteó con la idea de la reelección presidencial, llegando incluso a ser el presidente más próximo a obtenerla. También se postuló como candidato al Senado, cargo para el cual fue electo, pero, al igual que Duarte Frutos, le fue bloqueado el acceso. La peculiaridad del caso radica en que Cartes logró mantener articulado su espacio político en el interior del Partido Colorado. Aun cuando su candidato a presidente fue derrotado en las internas partidarias por el actual presidente Abdo Benítez, posee la mayoría de los diputados colorados en el Congreso, así como representantes en el Senado, las gobernaciones e intendencias (alcaldías). Por tanto, continúa manteniendo una inusitada presencia política, situación hasta ahora nunca vista en los anteriores expresidentes de la transición.

En lo que va del gobierno de Abdo Benítez, el ex presidente Cartes ha sabido manejar su fuerza política como palanca de sus demandas. Logró así mantener a sus representantes en la cabeza del Partido Colorado y articular cierta concordia con el gobierno. De todas formas, su juego sigue siendo el de debilitar al presidente para garantizar el fortalecimiento del cartismo en el coloradismo, que le garantice una victoria en las elecciones municipales de este año y la candidatura presidencial de su sector para las próximas elecciones de 2023. Los comicios municipales del presente año constituyen otro elemento clave que incide en la trastienda de la actual coyuntura política. En el caso paraguayo, las elecciones municipales se realizan de manera separada a las nacionales, con dos años de distancia. Debido a las medidas de cuarentena del año pasado, las elecciones fueron postergadas para el 10 de octubre del presente año, mientras que las internas partidarias simultáneas se realizarán el 20 de junio. En este contexto, queda claro que las diferentes fuerzas políticas del país tienen presente los próximos desafíos electorales para el desarrollo de sus estrategias de intervención en el actual escenario. Primero en las elecciones internas y luego en las municipales.

La crisis fue atendida por el presidente Abdo Benítez con exagerada lentitud y parsimonia. Sus principales acciones tendieron al reemplazo de algunas cabezas ministeriales (especialmente en las carteras de Salud, Educación y de la Mujer) y a las negociaciones con su principal oposición intrapartidaria liderada por Cartes. En un segundo plano quedó la satisfacción de las demandas que iniciaron las protestas, que todavía no encuentran una clara solución.

Aunque estas medidas lograron tranquilizar los ánimos de sectores de la prensa (en especial el conglomerado de medios del expresidente Cartes), no desactivaron la movilización en las calles. Tampoco frenaron las acciones de la oposición en el Congreso, que insiste en avanzar con el juicio político al presidente, aunque los números no le son favorables aún en ambas. De todas formas, la oposición parecería estar subsumida a las disputas libradas en el seno del Partido Colorado, el viejo partido que gobernó el país durante la dictadura de stronista.

Hasta el momento queda claro que la actual crisis política no ha sido superada, más allá las diferentes medidas llevadas adelante por el gobierno y los acuerdos políticos realizados con algunos sectores. La movilización ciudadana continúa activa y la insatisfacción generalizada a causa de la gestión de la crisis sanitaria sigue latente, aunque el gobierno, con el apoyo del cartismo, tiene garantizado aún el respaldo parlamentario capaz de bloquear cualquier intento de juicio político.

Pero nada está completamente definido. La situación puede verse afectada con las derivaciones de la pandemia que sigue golpeando con fuerza al país. Un sostenido crecimiento en las cifras de contagio, la completa saturación de los servicios sanitarios, el retrasado proceso de vacunación y la persistencia de la movilización en las calles podría convertirse en un cóctel explosivo capaz de provocar incluso la caída del presidente Abdo Benítez. De todas formas, incluso si sobrevive en el poder su panorama resulta muy complicado, envuelto en una crisis de difícil superación y cuyas derivaciones parecen arrinconarlo ante dos únicas opciones: el juicio político o su entrega a los brazos del cartismo.

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Jineth Bedoya, periodista y activista colombiana contra la violencia de género.CAMILO ROZ

Bedoya fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá

 

El que era esperado en Colombia como un día histórico, el inicio de la audiencia pública virtual por el caso de la periodista Jineth Bedoya ante el más alto tribunal americano de derechos humanos, ha desembocado este lunes en una inédita acción del Estado colombiano. El país andino ha optado por recusar a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se ha retirado del juicio en el que se determina su responsabilidad por las amenazas, agresiones y violencia sexual que ha sufrido Bedoya, en el contexto de sus obligaciones internacionales con las mujeres periodistas.

La búsqueda de justicia de Jineth Bedoya ya cumple 20 años. La periodista, hoy subeditora del periódico El Tiempo, fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Desde entonces se ha convertido en una de las principales voces contra la violencia sexual en América Latina y lleva una década al frente de la campaña No es hora de callar, con el propósito de que las víctimas alcen la voz y denuncien las agresiones.

El inicio de la audiencia de tres días había sido recibida con expectativa en Colombia. “Por primera vez un tribunal internacional, nada menos que una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escucha y seguramente se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas en nuestro país y en el hemisferio y sobre la violencia sexual en Colombia”, señalaba el editorial de El Tiempo este lunes. “No es hora de callar ni de tolerar. Es hora de justicia plena”, apuntó. En el informe de fondo que envió a la corte en 2018, la CIDH concluyó que el Estado colombiano es responsable de múltiples violaciones a los derechos de Jineth Bedoya. Hace apenas dos años, dos paramilitares fueron condenados a 40 años de cárcel como autores materiales después de que ella se tuvo que convertir en investigadora de su propio crimen. Hasta ahora ninguno de los autores intelectuales del crimen han sido judicializados.

La comunicadora ha seguido recibiendo incesantes amenazas hasta el día de hoy. “Mi vida se destruyó, a mí me mataron la mañana del 25 de mayo”, relató en la audiencia con la voz entrecortada al señalar que el periodismo ha sido el oxígeno que le ha permitido seguir adelante. “He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero lamentablemente mi vida se acabó”, declaró. “¿Cómo se puede recuperar algo que queda quebrado en mil pedazos? Porque eso es lo que hace la violencia sexual”, apuntó en otro momento.

Bedoya relató en su declaración que agentes de la policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel con jefes paramilitares, la trampa que ocasionó su secuestro, así como la revictimización que debió afrontar debido a que las autoridades la llamaron en 12 ocasiones a declarar sobre la agresión sexual. También declaró que la mayor medida de reparación que podría recibir es clausurar La Modelo, donde sistematicamente se han producido todo tipo de violaciones de derechos.

Después de varias horas de audiencia, el equipo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que representa a Colombia, en cabeza de Camilo Gómez, anunció que se proponía presentar a la brevedad posible un escrito para recusar a cinco de los seis jueces, con el argumento de que sus preguntas prejuzgaban. “Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso (…) Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y la objetividad que son la esencia de la justicia”, dijo Gómez en su inesperado alegato al anunciar que se retiraban. “Esperaremos que el ilustre Estado de Colombia presente sus escritos y haga sus peticiones, las cuales serán resueltas oportunamente, y mientras tanto esta audiencia no se puede interrumpir y vamos a continuar”, zanjó Elizabeth Odio Benitez, presidenta de la Corte.

“Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”, reaccionó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, en alusión a la decisión de Colombia de recusar a casi todos los jueces porque le molestaron las preguntas a la víctima. “El Gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de lo que hizo ante la Corte IDH en el caso de Jineth Bedoya”, escribió en sus redes sociales.

“Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”, señaló en un comunicado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que acompaña el caso. El retiro del Estado es un acto sin precedentes que genera preocupación sobre su compromiso frente al juicio, así como sobre el sometimiento frente a la decisión que adopte la corte, apuntó la organización. “Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla”, concluyó la FLIP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 16 mar 2021 - 00:46 UTC

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