Castillo aseguró que no traicionará las esperanzas que los sectores más pobres. . Imagen: AFP

Primer discurso como  presidente electo

La derecha derrotada afila las armas contra el gobierno que asumirá este miércoles y busca tomar la presidencia del Congreso, que se elegirá este lunes.

 

 “El pueblo es el gobierno. Esta lucha no puede ser traicionada”, exclamó el presidente electo Pedro Castillo ante una entusiasta multitud en un mitin realizado la noche del viernes. Poco antes había recibido formalmente de las autoridades electorales sus credenciales como ganador de las elecciones y presidente electo. En la ceremonia oficial y en la manifestación popular, el profesor rural y dirigente sindical insistió en sus llamados “a la más amplia unidad”. A pesar de esas exhortaciones a la unidad, la derecha derrotada en las urnas afila las armas contra el gobierno de izquierda que asumirá este miércoles. Esa derecha radical y golpista busca tomar la presidencia del Congreso, que se elegirá este lunes.

Desde el balcón de la plaza

Castillo habló a sus seguidores desde un balcón que da a la céntrica plaza San Martín, ubicada a pocas calles de Palacio de Gobierno y tradicional escenario de manifestaciones políticas y protestas sociales. Cuando apareció en el balcón se soltaron globos rojos y blancos, los colores patrios, se lanzaron fuegos artificiales y resonaron los aplausos y las consignas de apoyo al futuro gobierno de izquierda. Fue una noche de júbilo popular. El maestro y campesino que viene de una de las zonas andinas más pobres del país y que en unos días asumirá la presidencia del Perú, recordó su participación en las luchas gremiales en esa misma plaza, que esta vez lo recibía como presidente electo. “Yo aprendí a luchar en esta plaza del pueblo junto con ustedes, con los obreros y campesinos. El recuerdo más grato es la lucha con los maestros de todo el país. Gracias a la lucha tenemos ahora un proyecto político, una alternativa para el país”, comenzó su discurso, que como ya es costumbre fue breve. Duró diez minutos.

El presidente electo aseguró que no traicionará las esperanzas que los sectores más pobres y excluidos han puesto en él y le pidió a la población que sea vigilante a su gestión. “Les pido ser vigilantes. Ustedes han sido vigilantes antes, durante y también lo serán después en este camino que hemos emprendido. No solo vengo a pedirles que sean vigilantes del gobierno, sino que sean integrantes del gobierno. Ustedes son el gobierno. El pueblo es el gobierno. Ayúdennos hermanos a encaminar este trabajo. Este es el trabajo del pueblo peruano. Esta es la lucha de ustedes. No traicionaremos al pueblo. Esta lucha no puede ser traicionada”. La multitud rompió en aplausos y gritos de respaldo.

Castillo convocó a los distintos sectores políticos y sociales a trabajar juntos: “Desde este espacio abrimos las puertas a los que no piensan como nosotros, a las otras fuerzas políticas. Hoy es el momento de unir los esfuerzos. Hago la convocatoria al pueblo peruano, a toda la clase política sin distinción, a los gremios, a los colegios profesionales, a los universitarios, a la clase obrera, al magisterio, a todo el pueblo peruano, para que hagamos el esfuerzo más inmediato en el marco de la más amplia unidad para terminar con estas brechas que tiene el pueblo peruano”.

En el Congreso

Mientras Castillo llama a la unidad, la derrotada Keiko Fujimori y sus aliados, donde la extrema derecha marca el rumbo, mantienen su discurso golpista que le niega legitimidad a la elección del nuevo presidente alegando sin pruebas un fraude electoral inexistente. Este lunes será un día clave en la confrontación entre el gobierno elegido democráticamente y la extrema derecha golpista. Se disputarán la conducción del Congreso unicameral de 130 bancas.

En un Parlamento fragmentado en diez bancadas no está claro lo que vaya a ocurrir este lunes. Hasta el sábado, ninguno de los dos bloques tenía los votos necesarios para hacerse con la presidencia del Legislativo. El bloque oficialista de izquierda tiene 42 votos: 37 del partido de gobierno Perú Libre y cinco de sus aliados de la coalición progresista Juntos por el Perú. Según diversas versiones, para la elección de la mesa directiva del Congreso ya habrían sumado otros nueve votos de agrupaciones de centro y centroderecha. El oficialismo no ha hecho público quién sería su candidato a presidir el Congreso. Del otro lado, el bloque de extrema derecha suma 43 votos: 24 del fujimorismo, 12 de los fascistas de Renovación Popular (RP) y siete de otra agrupación de derecha. Su candidato a presidir el Congreso es el almirante en retiro Jorge Montoya, de RP, que ha exigido anular las elecciones y ha pedido una intervención militar para evitar que Castillo asuma la presidencia.

Ambos bloques negocian contra la hora con tres bancadas que no se han definido para conseguir los votos que les faltan. Estas tres agrupaciones que suman 36 curules se mueven entre la centroderecha y la derecha. La izquierda la tiene complicada. En medio de esta disputa, la centroderechista Acción Popular, que tiene 16 legisladores, busca convertirse en una tercera alternativa y presidir ellos el Congreso.

Si la derecha golpista logra hacerse con la presidencia del Legislativo se abriría un complicado escenario para la estabilidad del gobierno Castillo. 

25/07/2021

Desde Lima

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Soldados custodian las calles de Cali, Colombia, luego que el presidente Iván Duque ordenara más presencia militar por los hechos de violencia presentados durante protestas por el Paro Nacional. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Este decreto fue expedido por el Gobierno nacional en la madrugada del 29 de mayo para reestablecer el orden en algunas capitales, cuando se cumplía un mes del paro nacional.

 

El Consejo de Estado de Colombia suspendió este viernes de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno nacional que contempla la asistencia militar para afrontar y superar los problemas de orden público durante las protestas sociales que se desarrollan en el país.

Esta decisión del Consejo de Estado determina que el decreto 575 de 2021, expedido por Iván Duque en la madrugada del 29 de mayo, con la intención de reestablecer el orden en distintas ciudades del país en el marco de las manifestaciones sociales del paro nacional, se suspende hasta que se emita un veredicto con relación a la legalidad de este acto administrativo.

“La determinación obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron varios ciudadanos de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada”, indicó el Consejo de Estado en un comunicado.

La determinación fue tomada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, luego de conocer esta demanda en primera instancia, otorgó el amparo constitucional y ordenó la suspensión transitoria de este acto administrativo, mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si este acto se ajusta o no al derecho.

A su vez, ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, y al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, que a través de sus directivas sean acatados los protocolos establecidos para la protección de la protesta social y la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado.

De igual forma, instó a los participantes de las mesas de diálogo a continuar con este proceso de concertación como medida para superar las problemáticas que han sido expuestas durante las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque desde el pasado 28 de abril.

“Se encontró que ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares”, indicó el Consejo de Estado.

De igual manera, la Sección Cuarta argumentó que si bien se puede limitar el derecho a la reunión y a la manifestación si se presentan graves afectaciones de orden público, en estos casos es admisible el uso de la fuerza policial, con criterios de necesidad y proporcionalidad, más no de las Fuerzas Militares.

Soldados prestan seguridad en medio de una manifestación de indígenas en Cali (Colombia). EFE/ Pablo Rodríguez

Por otra parte, la Sala se refirió al empleo de la fuerza y de armas de fuego, señalando que fueron reportadas 15 muertes producto de la violencia durante las protestas sociales, de las cuales tres fueron atribuibles a la fuerza pública, razón por la cual manifestó que si bien la Policía podía limitar algunos derechos de la protesta con el fin de retornar el orden, no se podía perder la garantía a la vida, integridad personal y debido proceso en estos hechos.

“La Sección Cuarta también resaltó que ese tipo de actuaciones por parte de la Policía Nacional deslegitiman su intervención en las manifestaciones pacíficas y desconocen los estándares internacionales y constitucionales que protegen el derecho a la protesta social y que, por lo tanto, debía concederse el amparo del derecho a la vida y a la integridad personal de los demandantes y demás manifestantes, al encontrarlos amenazados por el uso excesivo de la fuerza”, indicó el Consejo de Estado

23 de Julio de 2021

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Sábado, 24 Julio 2021 06:38

Las protestas lunares

Jóvenes con banderas de Cuba y Estados Unidos en una protesta en Miami, el 13 de julio AFP, EVA MARIE UZCATEGUI

Cuba y la oposición tras el 11 de julio

Tras las históricas manifestaciones de hace dos semanas, la disputa entre oficialistas y opositores se ha trasladado al ámbito diplomático y las redes sociales. La desinformación parece ser una constante en esa batalla.

 

A finales de la semana pasada el Diario Las Américas anunció con gran despliegue el suicidio de la madre de Diubis Laurencio (36 años), el manifestante muerto en La Habana la noche del lunes 12 durante el frustrado asalto a una estación de Policía. Ese enfrentamiento en el barrio marginal de La Güinera, de la periferia capitalina, que ocasionó, además, una decena de heridos entre civiles y agentes del orden público, se mantiene como la única manifestación ocurrida en Cuba luego de la masiva jornada de disturbios del domingo 11.

A pesar de la activa búsqueda de la prensa extranjera y no estatal, y de organizaciones como Human Rights Watch y Cubalex, no se han podido confirmar nuevas protestas ni otras víctimas mortales. Videos como los que documentaban supuestas muertes de niños o ancianos luego fueron desmentidos, tras comprobarse que pertenecían a crímenes en distintos países de Sudamérica. A falta de otros «mártires», el relato de la oposición se concentró en cuestionar las declaraciones del Ministerio del Interior cubano relativas a los antecedentes penales de Diubis Laurencio, difundiendo la especie de que estos cargos habían sido fabricados y que el manifestante había perdido la vida como consecuencia de un disparo por la espalda.

La noticia del suicidio difundida por el diario miamense marcó la agenda mediática en el sur de Florida durante un par de días. Y en el interior de Cuba tocó la sensibilidad de muchos que vieron en la muerte de la señora un símbolo de la «brutalidad del régimen». Pero el domingo se reveló como falsa, cuando desde La Güinera se supo que la madre de Laurencio, aunque «muy afectada por la pérdida de su único hijo», seguía viva. En respuesta, la periodista que había firmado el reporte original publicó un rocambolesco mea culpa a través de su perfil en Facebook, aprovechando la oportunidad para redirigir la atención hacia las protestas de cubanoestadounidenses, que tenían lugar en Washington y otras ciudades de Estados Unidos, en reclamo de una intervención militar contra Cuba.

«VERIFICACIÓN CIUDADANA»

Unas 10 mil cuentas están suscriptas al grupo Desaparecidos SOS Cuba, el principal de los que en Facebook dice brindar informaciones acerca de los detenidos en los disturbios del 11 de julio. La distinción entre cuentas y personas resulta imprescindible. Quienes adversan al gobierno llevan años denunciando la existencia de miles de perfiles falsos en las redes sociales, que, gestionados por la Seguridad del Estado, se emplean para atacar a sus activistas e iniciativas. Ciberclarias, el término con que inicialmente se les designó, se ha extendido para denostar a los partidarios digitales del oficialismo, sean reales o no.

La oposición, a su vez, gestiona un impresionante «sistema automatizado de viralización de contenidos, sin ser penalizada por Twitter», observó el experto español Julián Macías en una entrevista reciente con AFP. La etiqueta #SOSCuba es el éxito más reciente de ese sistema de generación de contenidos.

«Entre el 5 de julio, cuando se empezó a usar, y el 8, se pusieron unos 5 mil tuits con esa mención. Luego, el día 9, fueron 100 mil; 500 mil el 10; 1,5 millones el 11, y 2 millones el 12 […]. Las cuentas que se usaron esta vez son las mismas que habían participado en las campañas contra AMLO [Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano]», resaltó el investigador.

La presión que puede llegar a ejercer ese ejército de bots fue experimentada en carne propia por la exactriz porno Mia Khalifa, luego de que el 8 de julio tuiteara la foto de un paciente recibiendo oxígeno en un hospital cubano. La imagen iba acompañada por una leyenda que culpaba al «embargo» estadounidense de entorpecer los esfuerzos de la isla para hacer frente a la pandemia. Bastaron pocas horas y miles de ataques a su perfil para que la libanesa se desdijera, borrando la publicación original de su historia y sumándose a las ofensas que se lanzaban contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

Las listas de Desaparecidos SOS Cuba, y el resto de grupos y plataformas similares, se han nutrido desde el 11 de julio con denuncias ciudadanas para las que no se requiere aportar evidencias. Basta escribir a sus perfiles o correos electrónicos para que el nuevo caso de desaparición sea registrado y hecho público. De ahí en más, las redes de bots garantizan la amplificación del mensaje, hasta posicionarlo como tendencia en Cuba y los países con mayor presencia de emigrados cubanos.

La sobreabundancia de información ha evitado que ese sistema de «verificación ciudadana» entre en crisis cada vez que nuevos «desaparecidos» denuncian su inclusión en las listas, muchos de ellos sin siquiera haber participado en las marchas o haberse contado entre los detenidos por la Policía. Esta semana el caso más notable fue el del presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, Ramón Samada, al que se presuponía desaparecido luego de una manifestación ante el edificio de la televisión nacional.

Una vez descubierta la mentira, varios de los opositores que sí habían acudido a la protesta de marras intentaron una justificación que apuntaba a errores en sus publicaciones de Facebook de ese día. Significativamente, a más de una semana de los hechos no habían considerado la conveniencia de enmendar sus errores. Instituciones como Cubalex, una organización de asesoría jurídica para los cubanos en la isla, que funciona desde Florida con fondos del gobierno estadounidense, insisten, sin embargo, en la «confiabilidad del trabajo que se está haciendo». Laritza Diversent, la abogada afrodescendiente que la preside, ha considerado «fundamental documentar los abusos del régimen». Pero como Human Rights Watch, el Movimiento San Isidro y otros grupos implicados en el tema han evitado referirse de manera explícita a los casos en que la denuncia ha resultado infundada o sencillamente falsa.

CONJUNCIÓN DE INTERESES

Entre 2000 y 2018 el consumo de electricidad de los hogares cubanos se duplicó. La tendencia se aceleró en los últimos dos años, a tenor con la pandemia (las familias permanecen mucho más tiempo en casa), la expansión del trabajo por cuenta propia (muchos de los negocios se desarrollan en las viviendas) y la masificación de bienes de consumo, como los equipos de climatización y las motocicletas eléctricas.

Cuba no experimentó un aumento de población en el período. Su estadística demográfica, en realidad, disminuyó en varias provincias, por lo que el salto en la demanda de energía solo puede explicarse bajo una fórmula que contemple la mejora de las condiciones de vida de un porcentaje significativo de los residentes en la isla. Ha sido, de hecho, lo que ha ocurrido. Cuando Fidel Castro dejó el poder en julio de 2006, solo una pequeña minoría de sus conciudadanos podía viajar al exterior y un grupo incluso menor tenía autorización para alojarse en los hoteles reservados al turismo extranjero. Artículos como los reproductores de video, ordenadores o teléfonos móviles se consideraban un lujo inalcanzable para las mayorías.

Durante las administraciones de Raúl Castro y Díaz-Canel, un segmento numeroso de la población se acostumbró a estándares de vida similares a los de la clase media de cualquier país latinoamericano. Días antes de los disturbios, muchas de esas personas denunciaban en redes sociales la discriminación de que eran objeto al no poder asistir a discotecas y otros centros recreativos en el balneario de Varadero (el principal de la isla, 140 quilómetros al este de La Habana). Con el pretexto de evitar posibles contagios, esos espacios solo admitían a turistas extranjeros, una decisión que cuestionaban aquellos con el deseo y la posibilidad económica de visitarlos, a pesar de sus elevados precios en dólares.

Cuando a mediados de junio el Ministerio de Turismo anunció la cancelación de las reservas para hoteles hechas de cara a los meses de verano, miles de personas también se lamentaron en Facebook y Twitter por la decisión. Para entonces, y a pesar de que los pagos debían hacerse en divisas, los alojamientos de Varadero y otros polos turísticos estaban reservados por cubanos casi al 50 por ciento de su capacidad, incluso los de más alto estándar.

La inconformidad de la «gente bien» (que paulatinamente ha adoptado el reclamo de reformas políticas) se conjugó con la de los sectores desfavorecidos para desencadenar las protestas del 11 de julio. La fuerte campaña mediática alentó esa singular alianza de intereses y la amplificó hasta convertirla en una suerte de relato revolucionario en el que el gobierno y quienes lo defienden adoptaban el papel de villanos sin matices.

La dificultad de la oposición para volver a organizar marchas, y la de las autoridades para recuperar el estatus de normalidad previo a los disturbios, mantiene el conflicto en un virtual punto muerto. La «lucha» se ha trasladado, entonces, a los campos de la diplomacia y la virtualidad, con el gobierno estadounidense comprometido en una activa campaña de presiones contra gobiernos extranjeros para que se distancien de La Habana, y constantes bulos de nuevas protestas con que los cubanos se encuentran cada mañana al encender sus teléfonos móviles.

Precisamente ayer se hacía viral en la isla la novedad de que, escribiérase lo que se escribiera, el buscador de Google derivaba en automático hacia contenidos relativos a las «protestas contra el régimen». Unos cuantos no perdieron la oportunidad para descubrirse como manifestantes en la Luna o Saturno.


Primeras condenas

Esta semana se dictaron las primeras sentencias contra los detenidos en las protestas: 12 personas recibieron entre diez meses y un año de prisión. El caso más mediático es el de Anyelo Troya, director de la sección filmada en Cuba del video de Patria y vida, la canción contra el gobierno que los opositores dentro y fuera de la isla consideran su himno. La familia asegura que lo detuvieron el día 11, mientras filmaba las protestas, y que su condena fue producto de un juicio sumario y sin abogado. En paralelo, el cantautor Silvio Rodríguez y otros artistas partidarios de la revolución han comenzado a promover la idea de una amnistía para los manifestantes «que no fueron violentos».

 

Por Amaury Valdiviadesde Camagüey 
23 julio, 2021

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Martine Moise despidiendo a su marido. Luego empezaron los tiros y los gases.. Imagen: EFE

Violenta despedida al asesinado presidente haitiano

Durante la misa se escucharon disparos y las personas que asistieron al funeral tuvieron que salir entre los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

 

El funeral del presidente de Haití  Jovenel Moise se realizó este viernes en la ciudad de Cabo Haitiano, con la presencia de Martine Moise, viuda del mandatario. A pesar de las fuertes medidas de seguridad se escucharon disparos durante la ceremonia y los participantes tuvieron que evacuar bajo una nube de gases lacrimógenos. Mientras las investigaciones en torno al magnicidio continúan con las declaraciones de los presuntos involucrados en el ataque al mandatario.

Un importante despliegue policial cubrió las calles de la ciudad de Cabo Haitiano en el departamento del Norte de Haití. La ciudad fue escenario de episodios violentos, este viernes la tensión se concentró en las inmediaciones del punto donde se desarrollaba la ceremonia de despedida de Moise, de 53 años. Momentos antes de que comenzara el acto, la multitud comenzó a insultar al jefe de la Policía Nacional, Léon Charles, al grito de "asesino", al tiempo que la Policía empleó gases lacrimógenos para dispersar las barricadas de neumáticos en llamas, situados en las inmediaciones, según el diario local Gazette Haiti.

Durante la homilía por Moise, se sintieron los gases lacrimógenos y más tarde, dentro del recinto donde se realizaba el funeral se escucharon disparos. Los participantes tuvieron que salir entre una nube de gases lanzados por la policía. "La delegación presidencial está a salvo y completa después del tiroteo reportado durante el funeral. Están todos de regreso a Estados Unidos", dijo Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca.

El ataúd de Moise, cubierto por la bandera nacional y la banda presidencial, fue expuesto en una explanada decorada con flores y bajo la custodia de soldados de las Fuerzas Armadas de Haití. La viuda del presidente, Martine Moise, quien resultó gravemente herida en el ataque contra su marido, estaba presente en Cabo Haitiano, con el brazo en cabestrillo tras ser atendida en un hospital en Florida, al sur de Estados Unidos. La viuda llegó acompañada por sus hijos y un importante dispositivo de seguridad. Ante el féretro se retiró la mascarilla y besó la bandera que cubrió el sarcófago.

"Fuiste abandonado y traicionado. Tu asesinato expuso (la) fealdad y cobardía", dijo Martine en la ceremonia civil en honor de Moise celebrada en Cabo Haitiano, donde será enterrado este viernes.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de las delegaciones extranjeras, cuerpo diplomático y miembros del gobierno de Haití que le ofrecieron el pésame a la exprimera dama. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una delegación de alto nivel al funeral, incluida su embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, y su nuevo enviado especial para Haití, Daniel Foote, que llega a la isla encomendado con la tarea de ayudar a impulsar la organización de las elecciones.

Hasta el momento unas 28 personas –26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses– fueron vinculadas al comando que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moise. La policía haitiana asegura que el complot fue organizado por personas con ambiciones políticas y vínculos fuera del país. Este jueves, el ecuatoriano Walter Veintemilla, dueño de la firma Worldwide Capital Lending Group de Miami y financista del operativo en el que fue asesinado Moise, admitió haber aportado dinero pero no para matar al mandatario sino para favorecer un cambio en el país. Veintemilla prevé una acción legal contra las autoridades haitianas que lo señalaron por haber financiado el complot.

El abogado de Veintemilla, Robert Nicholson, aseguró que su cliente sí estuvo en reuniones con haitianos y extranjeros ahora investigados, incluido el médico Christian Emmanuel Sanon, considerado uno de los autores intelectuales del crimen y ahora detenido. Veintemilla reconoció que desde Worldwide Capital Lending Group juntó de inversionistas cerca de 172 mil dólares y se los entregó a Sanon, y que antes había cedido una suma similar a Antonio Intriago, dueño de CTU Security LLC, en principio señalada como la firma que reclutó a los mercenarios colombianos acusados del operativo.

Nicholson afirmó que el papel de su cliente era financiar los gastos de las aspiraciones presidenciales de Sanon y que éste lo retribuiría con futuros contratos una vez que estuviera a cargo del Ejecutivo de Haití. "Ni Worldwide Capital ni el señor Veintemilla tenían conocimiento de ningún supuesto plan de asesinato", insistió Nicholson.

Mientras que desde el Departamento de Estado norteamericano confirmaron que seis de los ciudadanos colombianos arrestados por su presunta participación en el magnicidio recibieron entrenamiento militar en EE.UU. "Hasta la fecha, el Estado y el Departamento de Defensa han identificado a seis personas que podrían haber estado involucradas en el complot y que participaron anteriormente en programas de entrenamiento militar y educativos de Estados Unidos mientras servían al ejército colombiano", afirmó el portavoz de la cancillería, Ned Price.

Esta semana se desarrollaron varias ceremonias de homenaje al presidente asesinado en Puerto Príncipe. Una de ellas contó con la presencia de Ariel Henry, el nuevo primer ministro, quien asumió el cargo el martes con la promesa de restablecer el orden para organizar los comicios exigidos por la población haitiana. Haití actualmente no tiene un Parlamento en funcionamiento y cuenta solo con un puñado de senadores electos, ya que los mandatos de la mayoría expiraron.

23/07/2021

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Colombia: sin agua para apagar el incendio

El eco de las protestas en Colombia parece no haber terminado. Las jornadas de lucha de trabajadores, jóvenes y colectivos pauperizados han dado lugar a un nuevo escenario. ¿Qué pasa en la izquierda? ¿Tendrá realmente poder para enfrentar en las urnas al gobierno de Duque?

 

Frustraciones y sorpresas dibujan los últimos 25 años de la historia de Colombia. La esperanza esquiva se filtró entre las oscuridades de la violencia con la firma del acuerdo de paz en el 2016, pero la victoria del «No» en el plebiscito convocado para aprobar el cierre del conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), significó un portazo a la ilusión de construir un nuevo tiempo como país. En 2018, como viene ocurriendo cada cuatro años desde 2002, triunfó en la elección presidencial Álvaro Uribe a través de la candidatura de Iván Duque, el ungido esta vez, con ánimo de cobrar revancha por la paz firmada por el ex-presidente Juan Manuel Santos, considerada siempre como una traición.

Desde 2019, la protesta estudiantil marcó la pauta con su expresión en las calles. La respuesta del gobierno de Duque fue desplegar policías antimotines y soldados, tanques y vehículos blindados; y reprimir durante las noches en Bogotá y Cali, al suroccidente del país, donde se instauró el toque de queda. Fueron asesinados 17 jóvenes.

Los discursos de miedo y odio cedieron a fines de 2019 ante una iniciativa «tranquilizadora», denominada la Gran Conversación Nacional, que no tardó en transformarse en una nueva frustración por la dilación e incumplimiento de la palabra del gobierno. Las protestas se adormecieron durante todo 2020 por la pandemia de covid-19, que sumió al país urbano en una realidad social, económica y sanitaria no conocida, atendida de manera ineficiente por el gobierno de Duque y acentuada por su desconocimiento del país, su inexperiencia e inmadurez; todo lo contrario a lo exigido para administrar una crisis.

Los mayores efectos de la pandemia se vivieron en el suroccidente, en especial en Cali, tercera ciudad de Colombia. A esto deben sumarse el descontento y rechazo por los repetidos asesinatos de líderes sociales (86 en lo que va del año), el desplazamiento forzado de comunidades afrocolombianas e indígenas a lo largo del extenso corredor Pacifico (44.290 personas en 2021 según la Defensoría del Pueblo) y el crecimiento de las áreas geográficas bajo control o con un incremento de la presencia de actores armados no estatales que debilitan la gobernabilidad y la confianza en la capacidad del Estado. 

En abril de 2021, una propuesta tributaria que incrementaba los impuestos desató un alzamiento nacional múltiple que fue creciendo sin que el gobierno pudiera detenerlo. Ni la brutal represión, ni el retiro de la reforma tributaria, ni la salida del ministro de Hacienda, ni los anuncios de inversiones para los jóvenes, ni el temor al coronavirus y sus efectos -que han significado más de 115.000 muertes- lograron frenar la protestas.

El gobierno retomó entonces la retórica del enemigo interno apoyado desde el exterior, en una narrativa que va desde Venezuela a Rusia, pasando por Cuba, y apela a discursos anticomunistas de la época de la Guerra Fría. Al tiempo que agitaba la bandera contra el pre-candidato presidencial Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico (una coalición de fuerzas de izquierda, líderes sociales y senadores de origen liberal y del antiguo Partido de la U que han saltado de una a otra formación política en los últimos 20 años). Tanto Uribe como sus alfiles oficiosos, como Claudia López, alcaldesa de Bogotá, no dudan en señalar a Petro como responsable por la destrucción de bienes públicos y privados, llevar a los jóvenes a la muerte y alentar acciones contra la vida de funcionarios públicos, civiles y policiales, e incentivar bloqueos que significaron la ruina de empresarios y ciudadanía durante dos meses.

Las protestas paralizaron Colombia con jornadas masivas en las calles, reprimidas brutalmente, y confrontaciones que involucraron civiles armados, articulados a bandas de narcos que acompañaban a fuerzas de policía en los barrios para detener, y en algunos casos asesinar, a manifestantes. En ciudades como Cali florecieron el racismo, el clasismo, la represión armada institucional y para institucional durante los dos últimos meses.

Las cifras de asesinados van de 42 hasta 87, tanto en manifestaciones como en sitios de bloqueo, según datos oficiales y no oficiales aún en discusión. Si bien la crisis económica, el agotamiento individual y social derivados de la pandemia son insumos para una integral comprensión de lo ocurrido, el clamor por cambios estructurales en la sociedad y el rechazo ciudadano a una institucionalidad pública cada vez menos confiable, corrupta y violenta a los ojos de los jóvenes urbanos están al orden del día.

Esta confrontación social y política ameritó una visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 8 y el 10 de junio, reclamada por organizaciones sociales, estudiantiles, autoridades locales y centrales obreras agrupadas en el Comité Nacional del Paro, entre otros. Las observaciones y recomendaciones de esta visita de trabajo, según la CIDH tienen por objetivo contribuir a la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social. El gobierno ha rechazado el informe, incrementando las criticas nacionales e internacionales.

¿Cómo se reorganizan en este contexto las distintas fuerzas de la sociedad? ¿Qué esperar de un proceso electoral para elegir congreso y presidente el siguiente año?

El mundo empresarial aferrado a Duque reclama y respalda el uso de todas las herramientas, incluidas las Fuerzas Armadas, para recuperar el «orden institucional». Este bloque une al coro que ve en Petro la causa del desastre de los últimos meses y aunque hay matices entre sus voceros, cierra filas para frenar su elección como próximo presidente. La convicción empresarial es que Petro no debe ser elegido pues la llegada de la izquierda al poder significaría la destrucción de la economía. Los inversionistas rurales exportadores agrupados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros gremios empresariales, entre ellos bananeros, ganaderos, cultivadores de caña y frutales respaldan las tesis de Uribe. Pero además tienen en muchos casos sus propios operadores políticos, ligados a partidos de derecha y centroderecha que han sido punta de lanza para impedir la ratificación del acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en temas ambientales conocido como Acuerdo de Escazú, uno de los compromisos incumplidos por el gobierno luego de las protestas en 2019.

El excepcional bipartidismo colombiano, representado por los partidos Conservador y Liberal (que sobrevivió hasta casi el fin del siglo XX), es hoy un apéndice del uribismo y las elites para impedir la irrupción de la izquierda en el poder nacional. Esto quedó ratificado en 2018, cuando ambos partidos respaldaron a Duque contra Petro en la segunda vuelta electoral.

Dentro de los sectores que confrontan al uribismo el más importante es el Partido Verde. Su mayor elector en 2018 fue el ex rector de la Universidad Nacional y alcalde de Bogotá en dos ocasiones, Antanas Mockus, quien perdió su curul en el Congreso por decisión de la Corte Suprema de Justicia en atención a una demanda por conflicto de intereses como representante legal de una ONG.

El Partido Verde es una coalición de intereses diversos y cambiantes que ha mezclado liderazgos jóvenes comprometidos con el cambio, exguerrilleros que firmaron acuerdos de paz en la década de los 90, sectores de centroderecha y liderazgos independientes afirmados en prácticas clientelistas. Este partido ha tenido su mayor éxito al elegir 18 congresistas y tomar las riendas de la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, en 2019, quien se ha convertido, junto a la senadora Angélica Lozano, en la figura y voz más relevante del partido. Ambas promueven la construcción de un bloque con sectores de clase media y grupos de opinión dispuestos a «reformas sin traumatismos», articuladas a la centroderecha representada por el expresidente  Santos, artífice de los acuerdos de paz con la guerrilla. Con Petro mantienen un agrio enfrentamiento con descalificaciones mutuas luego de haber tenido relaciones de cooperación política.

Por su parte, el Polo Democrático es hoy una formación venida a menos en la que confluyen izquierdas de las décadas de 1960 y 1970, que se ha escindido para dirimir los conflictos internos. Es un partido con individualidades valiosas como Iván Cepeda y Alexander López pero sigue siendo un sector minoritario. Hoy forma parte del Pacto Histórico, que además de Colombia Humana de Petro incluye a movimientos sociales e indígenas, y también algunos sectores de la vieja política, que buscan poner en pie una candidatura unitaria para 2022 y se reclaman como la alternativa al uribismo y al continuismo de las viejas elites en el poder. Cuentan en su favor el liderazgo sólido de Petro y el antecedente de los 8 millones de votos que obtuvo en el 2018.

Álvaro Uribe y su partido están debilitados en la opinión pública por los escándalos judiciales, el apresamiento del propio Uribe y la ineptitud de Duque y su equipo de gobierno. Como Centro Democrático no parecen estar en condiciones de agrupar bajo un liderazgo propio a los sectores partidistas que apoyaron a Duque para ganar las elecciones en 2018.

El Centro Democrático de hoy, a pesar de no contar en la opinión pública ni con la mitad de la favorabilidad que tuvo cuando llevó a Duque a la presidencia en 2018, no está sin embargo políticamente muerto. A pesar de los procesos judiciales contra Uribe, su detención domiciliaria por acusaciones de soborno y fraude procesal y la de varios de sus copartidarios, el Centro Democrático conserva el poder presidencial, que junto al de las Fuerzas Armadas es el poder real en el país. Desde sus filas, las protestas son leídas desde teorías conspirativas a veces directamente delirantes como la de la «revolución molecular disipada», difundida por el propio Uribe citando a un personaje marginal de la extrema derecha chilena invitado a disertar en la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

Las Fuerzas Armadas han derivado en un instrumento político del ex-presidente Uribe. Los oficiales y el ministro de Defensa no solo atienden sus llamados -como pudo probarse en el manejo de la protesta social-, sino que evidencian de múltiples formas una postura contraria al Acuerdo de Paz, y en especial el sistema de justicia transicional: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Todos estos instrumentos son descalificados por el partido de gobierno que pretende reformarlos e incluso propone acabar con ellos.

En este marco, la protesta social continúa sin encontrar interlocución con las autoridades nacionales, con excepción de Cali, donde jóvenes y autoridades locales han conseguido construir una mesa de conversaciones que produce acuerdos. En este espacio se plantean iniciativas innovadoras que retan al gobierno local mediante un proceso denominado «constituyente juvenil», que debate temas ambientales, sostenibilidad de la vida, etnicidad, entre otros.

La debilidad e ilegitimidad de las instituciones es creciente, así como la ausencia de control territorial por parte del Estado en zonas del Pacifico desde la frontera con Ecuador a la frontera con Panamá. Igual ocurre en la frontera de 2219 kilómetros con la vecina Venezuela y en varias regiones en departamentos del interior del país. En adición a la inestabilidad institucional y de acuerdo con autoridades de Estados Unidos, el país registró 245.000 hectáreas de cultivos de coca el año pasado, frente a las 212.000 hectáreas de 2019. En 2020, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura alcanzó 1.228 toneladas y la producción estimada de hoja de coca fue de 997.300 toneladas métricas. Esto significa más gasolina para los incendios violentos derivados del narcotráfico.

El proceso electoral de 2022 se enmarca entonces en una dura confrontación en la que se están involucrando cada vez más funcionarios del ejecutivo nacional y los gobiernos locales. Hay un predominio de temas como la búsqueda de un modelo económico que respete y proteja el ambiente, que rompa las lógicas dependientes de economías extractivas, y que ponga en el centro la justicia social. Pero también anticomunismo, crítica al gobierno de Venezuela como forma de campaña electoral interna, además de la satanización de Petro y de Uribe dependiendo de los bloques enfrentados. Todo ello en un contexto de asesinatos de líderes, una violencia creciente y una situación económica difícil.

Aún hay definiciones pendientes. Claudia López y Angélica Lozano como actoras principales del Partido Verde buscan que Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, la principal universidad privada del país, acepte ser candidato a la presidencia en una confluencia con cinco líderes agrupados bajo el nombre de Coalición de la Esperanza. Entre ellos se cuentan Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, quienes han sido senadores, gobernantes regionales y ministros en los últimos 30 años. Si Gaviria decide ser candidato podría mover el tablero por no tener confrontaciones con el poder económico ni con la clase política y por su condición de político no profesional. Gaviria es uno de los líderes de la iniciativa «Tenemos que hablar Colombia», que busca construir canales de interlocución con un grupo de 10.000 colombianos para abordar salidas al estallido social que se ha presentado en los dos últimos meses.

Petro y su propuesta de Pacto Histórico, que parece ser la opción de mayor definición y madurez al día de hoy, no podría, sin embargo, ganar en solitario las presidenciales. Las elecciones anteriores demostraron su fragilidad como candidato en la segunda vuelta por el rechazo de sectores temerosos de vivir una crisis económica e institucional como la de Venezuela. El consenso construido por los actores políticos que están fuera del Pacto Histórico es no hacer ningún tipo de alianza con él, lo que reduce significativamente sus posibilidades de triunfo.

Por otro lado, si la Coalición de la Esperanza, que tiene el propósito de derrotar a Petro en la primera vuelta, consigue este objetivo, deberá apelar al apoyo de los desencantados con Uribe para no depender de Petro o sus aliados. El objetivo de esta coalición es ganarle a Petro para enterrar definitivamente al líder de lo que consideran la más clara expresión del «populismo» y el «caudillismo de izquierda» en Colombia.

Parece claro que los tiempos de Colombia en el cercano y mediano futuro no serán estables. Lo incierto es si serán tiempos de mayor violencia o si el país podrá canalizar su debate político sin que la sangre de los líderes políticos sea la impronta, tal como ocurrió en el siglo XX. Las dos décadas de este XXI muestran que para los líderes sociales y quienes buscan avanzar en los acuerdos de paz los asesinatos siguen siendo la norma.

¿Participaran masivamente en el debate electoral de 2022 los jóvenes, que han hecho de la protesta y la pelea callejera su fuerza? ¿Podrán crear un cambio en el país que supere el actual colapso político, institucional y ético?

De no haber una masiva participación, el augurio es que el viejo poder con nuevos rostros continuará gobernando a Colombia.

 
Julio 2021

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Un capitán retirado del Ejército colombiano, acusado de ser el autor del atentado a  Duque

El helicóptero en el que el presidente se trasladaba el 25 de junio recibió seis disparos

Según la Fiscalía, el militar Andrés Fernando Medina Rodríguez diseñó y orquestó el intento de magnicidio. 

 

Un capitán retirado del Ejército colombiano diseñó y ejecutó el atentado del 25 de junio contra el helicóptero que trasladaba al presidente Iván Duque en la ciudad de Cúcuta y el ataque diez días antes con un coche bomba en una brigada militar. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró este jueves que Andrés Fernando Medina Rodríguez, "un capitán pensionado del Ejército Nacional que hace algunos años fue licenciado por sanidad", orquestó los ataques acompañado por disidencias de las FARC.

Medina, a quien tanto la Fiscalía como el ministerio de Defensa consideran el cerebro detrás del intento de magnicidio, es un militar con alta formación y piloto de helicópteros. Se retiró en 2016 tras 12 años en servicio, según medios locales que llevaban algunos días vinculando ese nombre al atentado.

El 25 de junio seis disparos impactaron el helicóptero presidencial en el que viajaban Duque, dos de sus ministros y varios funcionarios regionales que salieron ilesos cuando se aproximaba a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. Diez días antes un coche bomba explotó en la sede de la Brigada 30 del Ejército, también en Cúcuta. En el lugar había personal militar de Estados Unidos y 36 personas resultaron heridas. Por ese hecho fueron detenidos diez disidentes de las FARC.

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que "este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela". En esa línea denunció que el gobierno de Nicolás Maduro sigue albergando terroristas" que planean ataques contra "la institucionalidad colombiana". El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las palabras de Molano asegurando que se trata de la estrategia elegida por el gobierno de Duque para "tratar de ocultar la tragedia de su país".

22/07/2021

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Viernes, 23 Julio 2021 06:08

Un alarido

Un alarido

El escritor cubano Leonardo Padura pidió difundir este texto con su opinión sobre la situación en Cuba a partir de las protestas del domingo 11 de julio: "es el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas"

 

Parece muy posible que todo lo ocurrido en Cuba a partir del pasado domingo 11 de julio lo hayan alentado un número mayor o menor de personas opuestas al sistema, pagadas incluso algunas de ellas, con intenciones de desestabilizar el país y provocar una situación de caos e inseguridad. También es cierto que luego, como suele suceder en estos eventos, ocurrieron oportunistas y lamentables actos de vandalismo. Pero pienso que ni una ni otra evidencia le quitan un ápice de razón al alarido que hemos escuchado. Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas.

Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas.

A ese reclamo desesperado, las autoridades cubanas no deberían responder con las habituales consignas, repetidas durante años, y con las respuestas que esas autoridades quieren escuchar. Ni siquiera con explicaciones, por convincentes y necesarias que sean. Lo que se impone son las soluciones que muchos ciudadanos esperan o reclaman, unos manifestándose en la calle, otros opinando en las redes sociales y expresando su desencanto o inconformidad, muchos contando los pocos y devaluados pesos que tienen en sus empobrecidos bolsillos y muchos, muchos más, haciendo en resignado silencio colas de varias horas bajo el sol o la lluvia, con pandemia incluida, colas en los mercados para comprar alimentos, colas en las farmacias para comprar medicinas, colas para alcanzar el pan nuestro de cada día y para todo lo imaginable y necesario.

Creo que nadie con un mínimo de sentimiento de pertenencia, con un sentido de la soberanía, con una responsabilidad cívica puede querer (ni siquiera creer) que la solución de esos problemas venga de cualquier tipo de intervención extranjera, mucho menos de carácter militar, como han llegado a pedir algunos, y que, también es cierto, representa una amenaza que no deja de ser un escenario posible.

Creo además que cualquier cubano dentro o fuera de la isla sabe que el bloqueo o embargo comercial y financiero estadounidense, como quieran llamarlo, es real y se ha internacionalizado y recrudecido en los últimos años y que es un fardo demasiado pesado para la economía cubana (como lo sería para cualquier otra economía). Los que viven fuera de la isla y hoy mismo quieren ayudar a sus familiares en medio de una situación crítica, han podido comprobar que existe y cuánto existe al verse prácticamente imposibilitados de enviar una remesa a sus allegados, por solo citar una situación que afecta a muchos. Se trata de una vieja política que, por cierto (a veces algunos lo olvidan) prácticamente todo el mundo ha condenado por muchos años en sucesivas asambleas de Naciones Unidas.

Y creo que tampoco nadie puede negar que también se ha desatado una campaña mediática en la que, hasta de las formas más burdas, se han lanzado informaciones falsas que al principio y al final solo sirven para restar credibilidad a sus gestores.

Pero creo, junto con todo lo anterior, que los cubanos necesitan recuperar la esperanza y tener una imagen posible de su futuro. Si se pierde la esperanza se pierde el sentido de cualquier proyecto social humanista. Y la esperanza no se recupera con la fuerza. Se le rescata y alimenta con esas soluciones y los cambios y los diálogos sociales, que, por no llegar, han causado, entre otros muchos efectos devastadores, las ansias migratorias de tantos cubanos y ahora provocaron el grito de desesperación de gentes entre las que seguramente hubo personas pagadas y delincuentes oportunistas, aunque me niego a creer que en mi país, a estas alturas, pueda haber tanta gente, tantas personas nacidas y educadas entre nosotros que se vendan o delincan. Porque si así fuera, sería el resultado de la sociedad que los ha fomentado.

La manera espontánea, sin la atadura a ningún liderazgo, sin recibir nada a cambio ni robar nada en el camino, con que también una cantidad notable de personas se ha manifestado en las calles y en las redes, debe ser una advertencia y pienso que es una muestra alarmante de las distancias que se han abierto entre las esferas políticas dirigentes y la calle (y así lo han reconocido incluso dirigentes cubanos). Y es que solo así se explica que haya ocurrido lo que ha ocurrido, más en un país donde casi todo se sabe cuando quiere saberse, como todos también sabemos.

Para convencer y calmar a esos desesperados el método no puede ser las soluciones de fuerza y oscuridad, como imponer el apagón digital que ha cortado por días las comunicaciones de muchos, pero que sin embargo no ha impedido las conexiones de los que quieren decir algo, a favor o en contra. Mucho menos puede emplearse como argumento de convencimiento la respuesta violenta, en especial contra los no violentos. Y ya se sabe que la violencia puede ser no solo física.

Muchas cosas parecen estar hoy en juego. Quizás incluso si tras la tempestad regresa la calma. Tal vez los extremistas y fundamentalistas no logren imponer sus soluciones extremistas y fundamentalistas, y no se enraíce un peligroso estado de odio que ha ido creciendo en los últimos años.

Pero, en cualquier caso, resulta necesario que lleguen las soluciones, unas respuestas que no solo deberían ser de índole material sino también de carácter político, y así una Cuba inclusiva y mejor pueda atender las razones de este grito de desesperación y extravío de la esperanza que, en silencio pero con fuerza, desde antes del 11 de julio, venían dando muchos de nuestros compatriotas, esos lamentos que no fueron oídos y de cuyas lluvias surgieron estos lodos.

Como cubano que vive en Cuba y trabaja y crea en Cuba, asumo que es mi derecho pensar y opinar sobre el país en que vivo, trabajo y donde creo. Ya sé que en tiempos como este y por intentar decir una opinión, suele suceder que «Siempre se es reaccionario para alguien y rojo para alguien», como alguna vez dijera Claudio Sánchez Albornoz. También asumo ese riesgo, como hombre que pretende ser libre, que espera ser cada vez más libre.

Leonardo Padura

Escritor, periodista y guionista

16 de julio de 2021 21:55h

En Mantilla, 15 de julio de 2021. 

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Fujimorismo: enfermedad infantil del fascismo

A unos días de la proclamación del nuevo presidente de Perú –por primera vez en su historia un auténtico representante de las clases subalternas– hay algunas cuestiones que hay que intentar explicar si no se quiere que se vuelvan misterios.

Antes que todo, cómo es posible que más que 8 millones de electores –o sea casi la mitad de los votantes– hayan votado por una candidata tan desacreditada, tramposa y manifiestamente hambrienta de poder como Keiko Fujimori, cuyo único currículo político es ser la hija de un dictador que está purgando 25 años de cárcel por los graves crímenes que cometió.

A pesar de haber ordenado matanzas de civiles y campesinos, orquestado robos multimillonarios al patrimonio de la nación, reprimido o comprado a la oposición, infiltrado la magistratura, sujetado al ejército, rediseñado las instituciones a su antojo, Alberto Fujimori ha sabido crear una mitología alrededor de sí mismo, sobre todo gracias al trabajo incesante de una prensa mercenaria, que perdura aún hoy.

Esta narrativa chicha (o sea chayotera) celebra la victoria del estado sobre el terrorismo de Sendero Luminoso, el salvamento de la economía, desastrosa en el quinquenio de Alan García, la construcción de grandes obras y el interés hacia el Perú profundo.

Todos estos argumentos pueden ser fácilmente rebatidos apoyándose en la realidad histórica: la derrota de Sendero Luminoso se debe a la actividad autónoma de la Dirección contra el Terrorismo (Dincote) y no a las directivas de Fujimori; la recuperación de la economía aconteció motu proprio y gracias al FMI luego de que la inflación rebasó 7000 por ciento, o sea los precios se duplicaban cada dos semanas; las grandes obras y las privatizaciones sirvieron sobre todo para enriquecer monstruosamente al dictador y a su círculo íntimo; el interés para las comunidades más remotas se reducía a unas limosnas –mayormente láminas y cemento– con fines ­clientelares.

La sobrevivencia de esta mitología es indicativa de cuánto el monopolio de la información –y a escala nacional 80 por ciento está en manos del Grupo El Comercio– puede dinamitar el pluralismo informativo y envenenar las consciencias. Que estos mismos grupos se yergan en paladines de la libertad de expresión e información a nivel internacional es algo realmente grotesco.

La campaña electoral de Keiko Fujimori, respaldada por la gran prensa y la mayoría de las televisoras, donde han sido invertidas sumas enormes, producto de lavado de dinero sin algún control, ha fracasado por la tercera vez: la primera contra Ollanta Humala en 2011, la segunda en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski. Lo irónico de la actual tercera derrota es que ha sido por el mismo, minúsculo porcentaje que la segunda: 0.24 por ciento, lo que ha enfadado la heredera del otrora poderoso shogun, truncando sus aspiraciones ­presidenciales.

La segunda derrota de Keiko, en 2016, le ha costado a Perú cinco años de parálisis política, un constante boicot al Ejecutivo, la remoción de tres presidentes y el descrédito y la extrema impopularidad del Congreso. Sin embargo, todo esto no podría explicarse como la pataleta de una mala perdedora que tiene subyugada la voluntad de la mitad de la nación, si no fuera que la Señora K, como la llamaban en jerga sus financiadores, es una especie de Juana de Arco de los corruptos –políticos y no– , los narcos, los poderes fácticos, los aspirantes golpistas, los mercenarios, lo que aquí se llama la derecha “bruta y achorada”y, last but not least, el gran capital, como se ve, en buena compañía.

Falta también considerar que al menos la mitad de los que han votado por ella –a pesar de saber que es imputada de asociación criminal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia con un pedido de 30 años de cárcel– lo han hecho "tapándose la nariz", considerándola un mal menor frente al candidato "con olor a pueblo", el maestro rural Pedro Castillo.

Keiko Fujimori, financiada por sus futuros patrones, ha tenido la última astucia de abrazar el espantapájaros del anticomunismo, muy radicado en un país aún lastimado por las secuelas de una guerra civil, y de explotar los sentimientos racistas que atraviesan la sociedad peruana y determinan la férrea exclusión de la "raza cobriza"de los niveles más altos del poder.

Aun apelando a dos sentimientos negativos muy difundidos, la "eterna perdedora", como ha sido rebautizada por sus desertores, no ha logrado superar el rechazo a su entera dinastía. "¡Fujimori nunca más!" ha sido el grito recurrente en las manifestaciones de noviembre pasado, que en cinco días frustraron el intento golpista de Manuel Merino. Eran sobre todo jóvenes, que se han hecho llamar "la generación del Bicentenario" y que, justo en la conmemoración de los dos siglos de la Independencia, celebrarán la victoria de un verdadero candidato del pueblo, con gran disgusto de la oligarquía.

Sin embargo, la lucha continúa. A pesar de que muchos de los que la apoyaron, a partir del propio Vargas Llosa, se están retirando, Keiko espera apadrinar a los 8 millones de electores anti-Castillo para sacarlo de la presidencia en los próximos meses.

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  La Habana vieja, al anochecer. Joakim Eskildsen

A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por el conflicto entre el empuje de las demandas de apertura y el inmovilismo autoritario de un modelo de partido único

Emilio Santiago Muiño 21/07/2021

Joakim Eskildsen

El pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles en unas protestas masivas e inéditas en la era revolucionaria, que tuvieron su foco inicial en los municipios de San Antonio de los Baños (Artemisa) y Palma Soriano (Santiago de Cuba) y a las pocas horas se extendieron por La Habana y por el resto del país. El gobierno cubano ha respondido a este estallido social con represión policial y un apagón digital que ha limitado el acceso a internet en la isla. Fuentes gubernamentales reconocen hasta ahora la muerte de una persona,  Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. No hay cifras oficiales de detenidos, y se baraja un arco que comprende entre varios cientos y varios miles de represaliados.

Aunque aún es pronto para aventurar un desenlace, es evidente que las protestas del 11 de julio han cambiado para siempre la historia de la Revolución. El único precedente es el Maleconazo del 5 de agosto de 1994, en el momento más crítico del Período especial.  La crisis migratoria de los balseros fue su consecuencia más visible. Pero toda la batería de reformas que en los últimos treinta años han ido desmontando, con tiras y aflojas y muchas contradicciones, la ortodoxia socioeconómica socialista que la Revolución implementó durante sus primeras tres décadas, son inexplicables sin la señal de ingobernabilidad que enviaron los disturbios de aquel verano del 94.  Hoy Cuba se encuentra en una encrucijada análoga pero con una presión popular mucho mayor. Y menos margen de maniobra para circunscribir las transformaciones necesarias al ámbito de la economía dejando al margen la esfera política.

Entre 2012 y 2014 viví en Cuba nueve meses haciendo el trabajo de campo etnográfico de mi doctorado en Antropología, que versó sobre el proceso de sostenibilidad ecológica forzosa que impuso en la isla el Período especial. En este marco estudié durante seis años su realidad social con cierta profundidad. Durante esta etapa de mi vida hice grandes amigos. Hoy muchos viven en Cuba y otros han emigrado. Aunque mis investigaciones académicas han ido después por otros caminos, gracias a este contacto personal me he mantenido mínimamente al día sobre la realidad cubana y sus transformaciones recientes. Sin duda se me escaparán muchas cuestiones. Pero estas palabras son un intento, con sus limitaciones, de ayudar a clarificar ante la mirada extranjera que hoy está puesta en la isla una situación que no se deja abordar desde aproximaciones dicotómicas y simplistas. Esas que Cuba, como miniatura que concentra todas las tensiones y las pasiones políticas irresueltas del siglo XX, acostumbra a generar en el debate público. No pretendo ser equidistante o imparcial. Soy un ecosocialista que considera que las instituciones democráticas plurales son una conquista irrenunciable para las clases populares, y esto marcará mi análisis. A lo que sí aspiro es a intentar atender a la complejidad social como un prerrequisito sin el cual no se puede ni comprender el curso de los acontecimientos ni intervenir políticamente en ellos.

Tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima y compleja

Estas protestas no pueden coger por sorpresa a nadie que conozca mínimamente la realidad cubana y no esté cegado por sus anteojeras ideológicas. “Si se repiten los años noventa, aquí habrá un estallido social”. Durante mi investigación escuché en boca de muchos científicos sociales cubanos este juicio. Los textos más lúcidos de la crítica social cubana apuntan en esta línea. De lo que se deriva una primera idea básica: tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima, compleja y no se explica solo en términos de golpe blando, como si fuera un producto made in Miami. Tampoco como un efecto exclusivo del bloqueo, del que el gobierno cubano fuera un completo rehén y careciera de responsabilidad o iniciativa. Por supuesto el bloqueo existe, es real, y se trata de una política colonial de tintes genocidas, que siempre debe ser denunciada como condición primera al hablar de Cuba. No se puede relativizar. Su recrudecimiento concreto durante la administración Trump, que Biden no ha dado señales de revertir, ha contribuido a alimentar la difícil coyuntura del 2021. Pero del mismo modo el bloqueo no se puede convertir en una coartada para evitar analizar críticamente el desempeño del gobierno cubano. Por cierto, en la batalla ideológica entre los términos bloqueo y embargo, empleo bloqueo porque así es recogido por las declaraciones oficiales de condena aprobadas recurrentemente en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La segunda idea que quiero subrayar es que en el debate sobre Cuba no pueden dar ninguna lección de democracia aquellos que no solo no condenan sino que jalean y celebran al mismo tiempo las masacres represivas que están teniendo lugar ahora mismo en Colombia, o el golpismo en Bolivia o Chile, por circunscribirnos a América Latina. Su interés por la falta de democracia en Cuba no es auténtico sino puramente instrumental: una herramienta propagandística en su guerra global contra el socialismo. Lo que añade un punto de dificultad extra en el posicionamiento de la izquierda internacional sobre Cuba. Con la extrema derecha mundial lanzándose sobre Cuba como hienas con sus hordas de bots y fakenews (la más viral ha sido la foto de las manifestaciones en Egipto como si fuera el Malecón, pero las mentiras propagandísticas que han circulado por las redes estos días se cuentan por decenas) puede parecer sensato cerrar filas con el gobierno cubano. Pero lo que menos necesita el pueblo cubano (y seguramente la revolución, aunque ese es otro debate, y la diferencia es importante) es otro atrincheramiento maniqueo entre revolucionarios-gusanos. Cuba hizo una revolución en 1959 para ser soberana y dejar de ser un país monoexportador de azúcar. Ciertas formas de apoyo incondicional operan rebajándola hoy a ser un país monoexportador de símbolos para consumo de una izquierda atrapada en las nostalgias y los traumas del siglo XX.

La derecha cubana y mundial está tratando de liderar el descontento popular en Cuba. Pero no tiene capacidad para provocarlo. Lo hará si se le regala. Y regalárselo pasa, en primer lugar, por no atender a las motivaciones de la frustración y el malestar de la sociedad cubana. Tanto las inmediatas como las larvadas, acumuladas en una olla a presión desde hace décadas. Unas motivaciones que tienen una dimensión económica muy evidente, pero que ya no se dejan desconectar de una creciente insatisfacción política que reclama derechos y libertades que hoy en Cuba no se cumplen. Por tanto, para entender la explosión social de estos días es preciso abordar el binomio economía-política en sus niveles coyunturales y estructurales.

Coyunturalmente, el pueblo cubano en 2021 está sufriendo un episodio muy dramático de escasez material y una situación pandémica descontrolada, especialmente en algunas provincias (Matanzas). Confluyen aquí, al menos, tres elementos:

- El menor, pero importante, y que se suma a un cúmulo de presiones históricas que genera serios perjuicios a la economía cubana, un endurecimiento del bloqueo por parte de la administración Trump, que ha incidido especialmente en las nuevas limitaciones al envío de remesas. Debe destacarse aquí que la recepción de remesas de cubanos en el extranjero es un pilar estratégico de la economía cubana postsoviética, y estas tienen un papel fundamental tanto en a) el aprovisionamiento de divisas por parte del Estado, en las que descansa el comercio exterior; b) el consumo cotidiano y el mantenimiento del nivel de vida de la parte de la población que las recibe y c) la financiación de los negocios vinculados al trabajo por cuenta propia y los emprendimientos privados.  

- El segundo es la propia pandemia, tanto en su vertiente de drama sanitario como de shock económico. Si bien Cuba ha tenido un éxito sobresaliente en el desarrollo de su propia vacuna, su sistema médico está casi colapsado ante la falta de insumos esenciales que normalmente eran importados. En este punto cabe destacar el modo en que la covid ha afectado al encarecimiento de muchas otras importaciones, como las alimentarias, y especialmente el frenazo que ha supuesto al turismo internacional, que es una de las vías cardinales de enganche competitivo de Cuba con el mercado mundial.

- La llamada “Tarea Ordenamiento”, esto es el fin del sistema de doble moneda. Este es un asunto técnicamente muy complejo que no se deja abordar bien en formatos de opinión o divulgativos como este texto. Intento decir algo al respecto. Desde los años noventa, en Cuba rige una dualidad monetaria: la moneda nacional (el peso cubano o CUP), que solo intermedia en la economía interna y con el que se pagan la mayoría de los salarios, y una divisa funcional en el mercado internacional, que inicialmente fue el dólar y luego el peso convertible o CUC, con un tipo de cambio equiparable al dólar en 1-1. Esta divisa circula por la isla por vía remesas, consumos turísticos y también en forma de complementos salariales en algunas empresas estratégicas. El Estado la recauda, entre otros dispositivos, a través de tiendas de recuperación de divisas donde ofrece productos de importación gravados con un fuerte impuesto.

Esta política fue imprescindible en la crisis de los años noventa como un colchón para combatir la devaluación salvaje del peso cubano y el proceso hiperinflacionario que se desató en aquel momento. La dualidad monetaria fue como un airbag que amortiguó el choque con el mercado mundial. Y permitió al Estado absorber la circulación de divisas que ya se producía de facto, y ejercer una suerte de racionamiento de las mismas, que fue imprescindible para estabilizar el tipo de cambio. De este modo Cuba pudo volver a importar y exportar en un marco de relaciones de intercambio previsibles, y así empezar a reordenar todo su entramado de comercio internacional, que había estallado con la caída del campo socialista.

Pero la dualidad monetaria tuvo muchas consecuencias negativas, reconocidas por el propio gobierno cubano. La desigualdad social (luego abordaré este tema) es una de ellas. Pero casi tan dañino ha sido la generación de una estructura de incentivos laborales perversa: la mano de obra altamente cualificada que ha generado la revolución (y que es uno de sus logros históricos más notables) ha ido desplazándose desde los puestos de trabajo público de perfil técnico, actualmente muy mal pagados en moneda nacional, a los empleos vinculados con la recepción de pesos convertibles, como pudieran ser los turísticos. Quien haya visitado La Habana tendrá su propia anécdota que ilustra este proceso tan problemático para la economía cubana, habiendo conocido a ingenieros o arquitectas trabajando como chóferes de bicitaxis o haciendo de guías turísticos.

Pero además la dualidad monetaria ha sido una política altamente impopular, por ser autoritaria, intrincada y por representar de un modo muy gráfico la normalización de una desigualdad que rompía de hecho las bases del “contrato social” establecido en 1959. Aunque las brechas sociales que se están abriendo en Cuba no se explican solo por la doble moneda, para la mayoría de los cubanos este ha sido el símbolo que las concentra y las resume. Por todo ello el gobierno llevaba muchos años (desde el 2013) preparando la transición hacia la unificación monetaria. En esta hoja de ruta, el 1 de enero de 2021 debía ser el principio del fin del sistema CUC-CUP. Economistas cubanos me decían durante mi investigación que desarmar este sistema de doble moneda sería como desactivar una bomba. Siguiendo con esta metáfora, la coincidencia de esta reforma con la crisis del covid ha sido como haber cortado el cable equivocado. Sin duda, precipitar esta reforma en el contexto pandémico se entenderá con el tiempo como uno de los errores económicos más graves de la trayectoria de un gobierno revolucionario que no ha cometido pocos.

El resultado de esta triple conjunción (bloqueo recrudecido, pandemia global, fin de la dualidad monetaria) ha sido una crisis en la balanza de pagos de la economía cubana, que ha dado lugar a un proceso inflacionario durísimo que afecta la vida cotidiana de grandes masas de población. Este ha golpeado además en un contexto de progresivos pero sustanciales recortes sociales (eliminación de subsidios y gratuidades) dentro una línea de reformas promercado que necesariamente, a pesar de la retórica del gobierno (“nadie quedará desamparado”), ha generado más perdedores que ganadores, aunque esto supuestamente debía irse compensando con el tiempo.

Analizar la dimensión económica en las causas inmediatas del estallido social es necesario para entender su masividad, completamente inédita. Pero no agotan el fenómeno. A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por un conflicto generacional entre el empuje de las demandas de apertura política de los sectores más jóvenes (muy plurales, muchas de ellas de izquierdas, con algunas victorias importantes como es el caso de las reivindicaciones del colectivo LGTBI-) y el inmovilismo autoritario de un modelo leninista de partido único. La Cuba que yo conocí personalmente (2012-2014) era ya una Cuba partida en dos entre la esclerosis ideológica de la oficialidad y el dinamismo e inteligencia colectiva desplegada por colectivos disidentes que, si bien eran pequeños en número, estaban ejerciendo de facto el liderazgo cultural de las fuerzas vivas de la sociedad cubana. Contra toda simplificación maniquea, muchas de estas iniciativas críticas compartían y comparten el ideario socialista, como pudieran ser los colectivos agrupados alrededor del Observatorio Crítico, el Taller Libertario Alfredo López o muchos intelectuales que escriben en webs como Havana Times o La Joven Cuba. Este divorcio entre el país oficial y el real ha ido a más a través de una proliferación polifónica de voces críticas que han empezado a articularse entre sí a través de las posibilidades que ha ofrecido la conectividad a internet que ha ido creciendo en la isla. Y lo ha hecho sin que el sistema político haya sabido-querido incorporar y atender a esta creciente complejidad política nacida de su base poblacional más joven.

En fechas recientes, todo lo acontecido alrededor del Movimiento San Isidro, organizado para reclamar la libertad de artistas y raperos disidentes, o la ocupación el pasado 27 de noviembre del Ministerio de Cultura por 300 manifestantes que exigían el fin de la censura, han sido la eclosión visible de más de una década oposición al régimen incubada a fuego lento. Una oposición cuya primera característica es su extrema diversidad, englobando desde posiciones derechistas y liberales que reciben fondos de USAID y persiguen un cambio de régimen, hasta anticapitalistas, anarquistas, socialdemócratas o feministas, cuyos reclamos tienden a apuntar hacia alguna forma de reinvención del proyecto revolucionario en términos de socialismo democrático. Este es el magma ideológico complejo que hoy se  disputa el liderazgo político del estallido de descontento social. Y sin su progresiva agitación durante años en forma de luchas pro-democracia, enunciadas desde coordenadas, compromisos ideológicos y formas de entender lo democrático muy distintas, no se podría entender el perfil explícitamente político que ha adquirido la revuelta popular.

Pero ambas dimensiones (la económica y la política) no se circunscriben a la coyuntura inmediata provocada por la covid o el fin de la dualidad monetaria. Ambas hunden sus raíces en procesos históricos de onda larga, de mayor calado estructural, que exigen una aproximación mínima para poder hacerse una idea de conjunto sobre lo que está pasando en Cuba y cuáles pueden ser sus posibles desenlaces. En la segunda parte de este texto intentaré abordar este nivel de análisis de mayor profundidad temporal.

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 Una persona posa junto a una pancarta del presidente electo de Perú, Pedro Castillo, en Lima. — Paolo Aguilar / EFE

Impugnaciones, denuncias de fraude sin pruebas, manifestaciones, amenazas, insultos, acoso, violencia contra funcionarios, periodistas y críticos. Así ha sido, y seguirá siendo, la guerra sucia del fujimorismo contra el recién proclamado presidente de Perú. El maestro rural de izquierdas tomará posesión el 28 de julio.

 

"Iremos a Palacio con el voto popular. Quiero que quede bien claro, que me escuche el señor Castillo, el señor Cerrón y el señor Sagasti. ¡Este partido recién empieza!". La voz de Keiko Fujimori retumbaba a través del sistema de sonido frente a algunos cientos de personas y dejaba claro que no aceptaba la derrota. La hija del dictador Alberto Fujimori (1990-2000), encarcelado por corrupción y violaciones de los derechos humanos, se dirigía así en el centro de Lima a sus seguidores el 10 de julio, más de un mes después de que tuviera lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y con el conteo oficial de votos concluido: el ganador era su contrincante, Pedro Castillo.

Solo el lawfare al que Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, sometió a los organismos electorales, con petición de nulidades e impugnaciones de los votos –ninguna de las cuales prosperó– y acusaciones de fraude –sobre las que no presentó una sola prueba irrefutable–, pospuso la proclamación de Castillo más de lo debido, hasta este martes. Pero, en su realidad paralela, la candidata seguía comportándose como si aún estuviera en campaña y fuera posible su victoria.

"¡Vamos a defender la democracia en el Perú!", "¿Se van a rendir?", gritaba o preguntaba alternativamente a sus seguidores en aquella y otras movilizaciones. Mientras Keiko seguía con el micrófono en la mano, sus operadores políticos trabajaban contrarreloj para ensuciar –o evitar– la más que segura proclamación de Castillo. Recordemos que, tras conocerse los primeros resultados del conteo rápido, Keiko salió ya salió a denunciar irregularidades.

En ese escenario, Fujimori se remitió al manual de Goebbels y a su principio del método de contagio y reunió a varios adversarios en uno solo: Pedro Castillo, Vladimir Cerrón (el polémico líder del partido Perú Libre) y el presidente saliente,  Francisco Sagasti, tenían que convertirse, ante su público, en una suma, en un solo villano que representara el "fraude", el "comunismo" o la "dictadura", según fuera el caso.

Mientras tanto, en otro mundo paralelo al juego sucio del fujimorismo, ese mismo 10 julio, el Ministerio de Salud confirmaba que 194.249 peruanos habían fallecido de covid. Este país ha sido uno de los más afectados por la pandemia en el mundo.

El fujimorismo y sus malas artes

"La defensa de la democracia no termina con la promulgación ilegítima de Pedro Castillo. Esta defensa recién empieza". Como si fuera un déjà vu de junio de 2016, cuando también perdió la carrera presidencial, esta nueva frase de Fujimori recordó al momento en el que una altiva Keiko aseguraba, de la boca para afuera, que aceptaba los resultados "democráticamente", pero mostraba una simbología opuesta: ella, de pie, con sus 73 congresistas detrás, mostrando al entonces presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, el poder que lo amenazaría desde ese mismo momento. "Esta defensa recién empieza" volvió a decir hace dos días, horas antes de la proclamación de Castillo, con una actitud de perdedora hostil.

Desde aquella declaración, hace ahora cinco años, Perú "pagó" no haber elegido presidenta a Keiko Fujimori con la mayor inestabilidad política de las dos últimas décadas. ¿Cómo le mostró su poder a PPK?: humilló y censuró ministros, obstruyó con alevosía las propuestas del Ejecutivo desde el Congreso y terminó sacándole del poder pese a que había ganado en las urnas. En 2016, el fujimorismo había obtenido la mayoría de los asientos en el Congreso.

El primero que derrotó a Keiko fue Ollanta Humala, en 2011. Curiosamente, los tres (Humala y Kuczynski –PPK–) comparten un rasgo común: enfrentan procesos judiciales por sus vínculos con Odebrecht, la constructora brasileña que pagó coimas a diestro y siniestro en Latinoamérica (también Keiko Fujimori está acusada de corrupción y se encuentra en libertad provisional). Pero la crisis de los últimos años queda latente en que, desde 2016, en Perú han juramentado cinco presidentes (PPK, Martín Vizcarra, Mercedes Aráoz, Manuel Merino y Francisco Sagasti), aunque solo los dos primeros y el último han sido considerados oficialmente jefes de Estado. Y, para colmo, llegó la covid y las protestas sociales, todo junto. Nadie sabe qué le espera a Perú en esta nueva revancha fujimorista.

La semana pasada, mientras Pedro Castillo seguía esperando que se hiciera oficial su victoria para iniciar la transición con el gobierno de Sagasti, el abogado de Fuerza Popular Julio César Castiglioni aseguró a la emisora RPP que tenía derecho a "seguir apelando", a pesar de que el número de votos en las actas impugnadas no fuera a cambiar los resultados finales. Preguntado sobre el perjuicio y la demora que eso estaba causando en la transición entre las distintas carteras ministeriales, Castiglioni respondió: "No es mi tema". La lectura que hicieron millones de peruanos fue que la grave crisis económica, la mortal pandemia y el proceso de vacunación no era, para el fujimorismo, "su tema".

Regresando al pasado siempre se encuentran paralelismos: En 2017, la excongresista fujimorista Yesenia Ponce aseguró que Keiko le había dicho, sobre la postergación de un proyecto de irrigación que beneficiaría a miles de pobladores de Ancash: "No me importa si se perjudican diez mil, cien mil personas, si favorece al Ejecutivo no va". Para el psicoanalista Jorge Bruce, la frase "No es mi tema" ha ingresado "sin lentitudes burocráticas a la historia universal de la infamia".

El acoso de los violentos

Como parte de su campaña por el "fraude", la candidata fujimorista y sus aliados organizaron diversas manifestaciones en el centro de Lima. La del miércoles 14 de julio mostró la peor cara de los grupos violentos que apoyan a Fuerza Popular y manejan su misma retórica. Los miembros de una de esas organizaciones ultraderechistas, que se hace llamar ‘La Resistencia’, realizan el saludo fascista, difunden fake news y atacan a fiscales, periodistas o funcionarios que consideran "enemigos", "caviares" o "comunistas" –aunque no lo sean– desde hace meses. Esta vez, las víctimas fueron tres periodistas, incluso de canales que le han otorgado una generosa cobertura a cada movimiento o declaración de Fujimori.

Ante la llegada de la policía montada al lugar de los disturbios, los grupos profujimoristas llegaron al extremo de azuzar para que se matara a los caballos. Otros grupos violentos intentaron acceder a la Plaza de Armas de Lima e, incluso, llegar hasta la sede de Gobierno. El objetivo, según el periodista Marco Sifuentes, era "tomar Palacio", en un intento de imitar a los seguidores de Donald Trump que tomaron el Capitolio de EEUU en enero pasado, cuando también alegaron, sin pruebas, un fraude contra el candidato republicano.

En el momento más tenso de la jornada del miércoles 14 de julio, los vehículos oficiales en los que viajaban, por un lado, el ministro de Salud, Óscar Ugarte y, por otro, la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, fueron atacados por una turba con palos y piedras, y retenidos en una avenida por varios minutos. La noche del jueves 15, una cuenta de Twitter asociada a esos grupos radicales, "La resistencia Reporteros", publicó un video de una nueva escena de acoso contra el jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, esta vez en la puerta de su domicilio. Unas 80 personas se plantaron allí a gritarle durante más de dos horas. Los insultos, que incluían ofensas contra su madre, iban desde "ladrón" hasta "terrorista".

El presidente saliente, Francisco Sagasti, condenó los ataques y anunció medidas. Justo acababa de rechazar intervenir en el pedido de convocar a una "auditoría internacional", tal y como le exigía el fujimorismo. "Estaría violando la Constitución (...), pedir una intervención de esta naturaleza no tiene ningún sentido", afirmó. Desde ese día, troles fujimoristas crean hashtags diarios en redes sociales atacando a Sagasti con términos como "genocida", a pesar de que cumplió una de sus misiones más importantes: cerrar contratos por más de 98 millones de vacunas hasta enero del 2022.

Si bien Keiko Fujimori rechazó los actos de violencia a través de un tuit, las reacciones a su pronunciamiento fueron, en su mayoría, negativas. Hay abundante material fotográfico que prueba la cercanía de ‘La Resistencia’ con el fujimorismo –además de con Renovación Popular, partido del ultraderechista Rafael López Aliaga– y, en sus arrebatos de violencia, el grupo maneja el mismo discurso de la candidata, con el "fraude", el "comunismo" y el "terruqueo" como mantras.

La Fiscalía ha anunciado que les abrirá investigación a los responsables de los ataques. Audios, afiches y cuentas de Twitter y Facebook llamando a la violencia prueban que se trató de una estrategia coordinada.

¿Qué le espera a Perú?

El viernes 16, fujimoristas y aliados dieron un manotazo de ahogado –y es de esperar que no sea el último–, al presentar en los instantes finales del plazo legal nuevas apelaciones para seguir postergando la proclamación de Castillo. El pasado lunes, a primera hora de la mañana, todas las solicitudes fujimoristas habían sido declaradas improcedentes de forma unánime por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tras la proclamación, sus seguidores viralizaron el hashtag #CastilloPresidenteIlegitimo, a pesar de que la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y mandatarios de diversos países ya habían saludado la elección democrática del profesor de Cajamarca.

Tras las falsas denuncias de fraude, impugnaciones y otras argucias legales que incluyeron un gasto millonario, Keiko solo logró variar 205 votos en su diferencia con Castillo. Curiosamente –y según ha contado el programa independiente La Encerrona, del periodista Marco Sifuentes–, estos fueron 205 votos más, pero para él. Su ventaja ascendió, finalmente, a 44.263 votos sobre Fujimori. En definitiva, Fuerza Popular presentó más de 1.300 recursos legales y gastó  en ello alrededor de un millón de soles (más de 200.000 euros), según medio digital independiente Ojo Público.

Sin precedentes en la historia de Perú, ahora el presidente electo sólo tiene una semana –hasta el 28 de julio– para realizar la transición en los distintos departamentos y ministerios.

El capítulo de esta historia que acaba de concluir se llamaba suspenso. El que comienza hoy, con Castillo al mando, se llama incertidumbre. Y así entra Perú en una nueva era marcada por el bicentenario de la independencia, que se celebrará el mismo día en que Castillo será investido presidente

Lima

21/07/2021 22:12 Actualizado: 22/07/2021 10:03

Ricardo Hinojosa Lizárraga@
santoschilcano

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Publicado enInternacional