El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel (c) camina acompañado por simpatizantes por una calle del pueblo San Antonio de los Baños (Cuba).. Imagen: EFE

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció este domingo en vivo en cadena de radio y televisión nacional.

Versión no oficial de las palabras de Díaz-Canel:

Hemos sido honestos, hemos sido diáfanos, hemos sido claros y en cada instante hemos ido explicando a nuestro pueblo las complejidades de los momentos actuales. Les recuerdo que hace más de un año y medio cuando se iniciaba el segundo semestre del año 2019 tuvimos que explicar que íbamos a una coyuntura difícil. Esto se tomó como parte del humor popular y hemos permanecido como parte de esa coyuntura a partir de todas las señas que estaba dando el gobierno de los Estados Unidos, encabezados por la administración Trump con relación a Cuba.

Empezaron a recrudecer una serie de medidas restrictivas, de recrudecimiento del bloqueo, de persecución financiera en contra del sector energético con el objetivo de asfixiar nuestra economía y que eso provocara el anhelado estallido social masivo, que siembre las posibilidades para con toda la campaña ideológica que se ha hecho, poder llamar a la intervención humanitaria que terminan en intervenciones militares y en injerencias, y que afectan los derechos, la soberanía y la independencia de todos los pueblos.

Esa situación continuó, luego vinieron las 243 medidas que todos conocemos y por último se decide incluir a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo, una lista espuria, ilegítima y unilateral que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, creyéndose los emperadores del mundo. 

Muchos países se someten de golpe a estas decisiones, pero hay que reconocer que otros no permiten que se les imponga. Todas estas restricciones propiciaron que al país se le cortaran de inmediato varias fuentes de ingreso de divisas como el turismo, los viajes de cubanos-americanos a nuestro país y las remesas. Se hizo un plan para desacreditar las brigadas médicas cubanas y las colaboraciones  solidarias que presta Cuba que por esa colaboración ingresaban una parte importante de divisas.

Todo esta situación provocó una situación de desabastecimiento en el país, sobre todo de alimentos, medicamentos, materias primas e insumos para poder desarrollar nuestros procesos económicos y productivos que a la vez tributan a las exportaciones. Están cortados dos importante elementos la capacidad de exportación y la capacidad de invertir recursos. Y desde los procesos productivos desarrollar bienes y servicios para nuestra población. 

También tenemos limitaciones limitaciones en combustibles y piezas de repuesto y todo esto ha provocado un nivel de insatisfacción, unido a problemas acumulados que nos hemos podido resolver y que venían desde el periodo especial unido a una feroz campaña mediática de desacreditación como parte de la guerra no convencional que trata de fracturar la unidad entre partido-estado y pueblo; que trata de poner al gobierno como insuficiente e incapaz de proporcionar bienestar al pueblo cubano y que pretende enarbolar desde una posición del gobierno de los Estados Unidos que con ellos se puede aspirar al progreso de un país como el nuestro. 

Esas son consabidas recetas hipócritas, discursos de doble rasero que los conocemos muy bien en toda la historia de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Cómo intervinieron en nuestro país, cómo se apropiaron de nuestra isla en 1902, cómo mantuvieron una dominación de nuestra isla en la etapa de la seudorepública y cómo esos intereses fueron golpeados por la Revolución cubana en su triunfo?

Les ha molestado mucho durante 60 años el ejemplo de la Revolución cubana y constantemente han estado arreciando. Han aplicado un bloqueo injusto y criminal, y cruel, recrudecido ahora en condiciones de pandemia y ahí está la perversidad manifiesta, la maldad de todas esas intenciones. Bloqueo y acciones restrictivas que nunca han tomado contra ningún otro país, ni contra los que ellos consideran sus principales enemigos. 

Por lo tanto, ha sido una política de saña contra una pequeña isla que solo aspira a defender su independencia,  su soberanía y construir con autodeterminación su sociedad de acuerdo a los principios que más de un 86 % de la población ha apoyado en el ejercicio amplio y democrático que sostuvimos hace algunos años para aprobar la actual Constitución de la República de Cuba.

En medio de esas condiciones viene la pandemia, una pandemia que no ha afectado solo a Cuba, sino a todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Ha afectado a los países ricos y hay que decir que ante esta pandemia ni Estados Unidos ni esos países ricos tuvieron toda la capacidad para enfrentar sus efectos en sus inicios, y en muchos de esos países de primer mundo, con muchas más riquezas, colapsaron los sistemas de salud, las salas de terapia intensivas. Los pobres fueron desfavorecidos porque no existen políticas públicas orientadas al pueblo para su salvación, y tienen indicadores con relación  al enfrentamiento de la pandemia que tienen peores resultados que los de Cuba en muchos casos.

Así fuimos avanzando, fuimos controlando brotes y rebrotes, con una capacidad tremenda de sacrificio de nuestro pueblo, de nuestros científicos, de nuestro personal de la salud y ha estado casi todo el país involucrado en ello. Se han creado cinco candidatos vacunales, de las cuales ya han una reconocida como vacuna y que es la primera latinoamericana. Ya Cuba está vacunando a su población. Es un proceso que toma tiempo. Hay que producir las vacunas, pero en estos momentos tenemos una de las razones de vacunación más altas del mundo y en pocas semanas hemos superado el 20 % de vacunación de la población, un proceso que continúa.

En los últimos meses han empezado a circular cepas que son más agresivas y provocan más transmisión de la enfermedad. En medio de esa situación es que empiezan a aparecer un grupo de complicaciones. En primer lugar, los casos ocurren con una velocidad y acumulación que supera las capacidades que hemos podido crear para atender en instituciones estatales a estos casos. Por otra parte hemos tenido que acudir a abrir capacidades en otros centros y al abrir más número de centros, a los cuales también tenemos que darles una prioridad energética aún en medio de problemas energéticos acumulados que nos han provocado apagones, la cantidad de circuitos que tenemos que proteger para que se atiendan los pacientes de covid provoca que sean  más los circuitos que quedan con posibilidades de hacer apagones molestos, pero necesarios, porque tenemos que restablecer nuestras capacidades de generación eléctrica. Ello ha ocurrido en estos días y ha provocado irritación, incomprensión, preocupaciones y afectaciones a la población.

Al tener más enfermos, hay más consumo de medicamentos, y también nuestras reservas de medicamentos se van agotando, las posibilidades de adquirirlos son muy difíciles. En medio de todo eso seguimos con voluntad, pensando en todo, trabajando para todos. Ahora tenemos que ir a la experiencia del ingreso domiciliario ante la falta de capacidades en un grupo de provincias, y hemos tenido que convocar a la familia para que tengan una participación más directa, responsable; y uno no se cansa de admirar en medio de esta situación esa capacidad de resistencia creativa que tiene nuestro pueblo. Y cómo con estos valores, si nos acompañamos de responsabilidad y de unidad, en el menor tiempo posible con vacunación y con comportamiento responsable, cumpliendo las medidas higiénico sanitarias, el aislamiento social y el distanciamiento físico, saldremos más temprano que tarde de este pico pandémico que no es solo un caso cubano.

Cuba lo que logró fue postergar este pico pandémico en el tiempo con todo  lo que hicimos, y también en el menor tiempo lo superaremos, y así es como lo hemos ratificado en estos días en nuestros recorridos por las provincias para puntualizar todas las estrategias de enfrentamiento a la pandemia.

De manera muy cobarde, sutil y oportunista y perversa,  a partir de las situaciones más complicadas que hemos tenido en provincias como Matanzas y Ciego de Ávila estos que siempre han estado aprobando el bloqueo y que sirven como mercenarios de la calle del bloqueo yanqui, empiezan a aparecer con doctrinas de ayuda humanitaria y de corredor humanitario. Todos sabemos de dónde vienen.

Para fortalecer el criterio de que el gobierno cubano no es capaz de salir de esta situación, como si ellos estuvieran tan interesados en que se resolvieran los problemas de salud de nuestro pueblo. 

Si quieren tener un verdadero gesto con Cuba, si quieren preocuparse con el pueblo, abran el bloqueo y vamos a ver cómo tocamos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen valor para abrir el bloqueo? ¿Qué fundamento legal y moral tienen sostiene que un gobierno extranjero le aplique esa política a un país pequeño en medio de situaciones tan adversas.

¿Eso no es genocidio, eso no es crimen de lesa humanidad? Se enarbolan criterios de que somos una dictadura, un dictadura que se preocupa por darle a toda su población salud, que busca el bienestar para todos, que  en medio de estas situaciones es capaz de tener programas y políticas públicas en función de todos, que está aspirando a vacunar a todos con una vacuna cubana, porque sabíamos que nadie nos iba  vender vacunas y no teníamos dinero para ir al mercado internacional a comprar vacunas. ¿Qué dictadura más extraña?

Ahora vociferan que somos asesinos ¿Dónde están los asesinados en Cuba ?¿dónde están los desaparecidos?

Porque los otros países que han sufrido estos eventos de picos pandémicos no fueron en la prensa atacados y a eso no se les puso como solución la intervención humanitaria, ni se les armaron estas campañas de descrédito que han querido armar contra nosotros.

La vida, la historia y los hechos demuestran que está detrás de todo esto: que es asfixiar y acabar con la Revolución y para eso están tratando de desalentar a nuestro pueblo de confundir. Cuando las personas están en condiciones severas como las que estamos viviendo, ocurren hechos como los que vimos hoy  en San Antonio de los Baños.

En San Antonio de los Baños, un grupo de personas se concentró en uno de los parques más céntricos de la ciudad para protestar y reclamar. ¿Quiénes eran esas personas? los componían personas de pueblo que están viviendo parte de las carencias y dificultades, lo hicieron personas revolucionarios que pueden estar confundidas y que puede que no tengan todos los argumentos o que estaban expresando sus insatisfacciones.

Esos dos grupos de personas lo hacían de una manera distinta y buscaban un argumento y pedían una explicación. Lo primero que decían era “yo soy revolucionario” “yo apoyo a la Revolución”.

Esto estaba encabezado por un grupo de manipuladores que se estaban prestando a los designios de esas campañas que salieron en las redes sociales. El famoso SOSMatanzas o SOSCuba, el llamado al cacerolazo para que en varias ciudades de Cuba hubiera manifestaciones de este tipo y existieran disturbios sociales.

Esto es muy criminal, muy cruel, sobre todo en este momento donde debemos de lograr que las personas estén en las casas que están recogidas, que están protegiéndose. Con la moral que da la Revolución, los revolucionarios de San Antonio de los Baños, las autoridades de la provincia, un grupo de compañeros de la dirección del país nos presentamos a San Antonio de los Baños.

Esa masa de revolucionarios se enfrentó a los contrarrevolucionarios y hablamos con los revolucionarios y algunos que pueden ser no revolucionarios pero que estaban pidiendo argumentaciones. Después marchamos y recorrimos el pueblo para demostrar que en Cuba la calle es de los revolucionarios.

Mientras eso está ocurriendo sabemos que hay otras localidades del país, donde grupos de personas en determinadas calles y plazas se han concentrado movidas también por esos propósitos tan malsanos.

Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución en todos los lugares», señaló Díaz-Canel.

Las calles son de los revolucionarios y el Estado tiene toda la voluntad política para dialogar, pero también para participar, agregó.

No vamos a entregar la soberanía, ni la independencia de esta nación», dijo. Tienen que pasar por encima de nuestro cadaver si quieren tumbar la Revolución.

11 julio 2021

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Movilización en La Habana ayer contra el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel a quien reprocharon el desabasto de alimentos, la carestía y los cortes de luz en plena pandemia. El gobernante respondió que quienes alientan estas manifestaciones quieren la privatización de la salud y la educación. Foto Afp

"Esos que nunca se han opuesto al bloqueo ahora han incentivado campañas que buscan legitimar la idea de que el gobierno cubano no puede controlar al coronavirus", sostuvo el líder cubano. 

 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, denunció que, en las inéditas protestas de este domingo contra el gobierno, hubo una intromisión de Estados Unidos con la intención de "legitimar la idea de que el gobierno cubano no puede controlar al coronavirus". El jefe de Estado habló luego de la marcha de miles de personas en varias ciudades de la isla que criticaron, en especial, el accionar del Ejecutivo en el manejo sanitario de la pandemia. 

"Son acciones de desestabilización política históricas que tienen lugar contra Cuba y que se han intensificado particularmente durante la pandemia", dijo Díaz Canel luego de realizar una recorrida por San Antonio de los Baños, un pueblo próximo a La Habana y uno de los epicentros de las movilizaciones. 

"De manera muy sutil, esos que nunca se han opuesto al bloqueo (el embargo económico decretado por Estados Unidos en 1962) ahora han incentivado campañas que buscan legitimar la idea de que el gobierno cubano no puede controlar al coronavirus", sostuvo Díaz Canel. "Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución en todos los lugares", subrayó el mandatario en un mensaje televisado.

Protestas y vacunas

Este domingo miles de personas marcharon por las calles de varias ciudades de Cuba. El malestar social tuvo como eje la problemática sanitaria por la pandemia de coronavirus. La primera marcha se registró en San Antonio de los Baños, un pueblo rural de 34 mil habitantes perteneciente a la provincia de Artemisa. Es conocido sobre todo porque en sus inmediaciones funciona la Escuela Internacional de Cine y Televisión creada en 1986 bajo el estímulo de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que presidía por entonces el escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Las protestas se replicaron en otras localidades de Cuba como Güira de Melena y Alquízar en la provincia occidental de Artemisa, Palma Soriano en la oriental Santiago de Cuba, Cienfuegos y La Habana. Aunque con menos afluencia, también se registraron movilizaciones en las embajadas cubanas en Buenos Aires y Montevideo. 

Es la primera vez que un grupo grande de cubanos sale a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno desde el famoso "Maleconazo" de 1994, durante la presidencia de Fidel Castro. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, no quiso perderse la ocasión para manifestar su apoyo a los manifestantes. "Desde Venezuela, reiteramos nuestro respaldo a todo el movimiento pro-democracia en Cuba. Nos une la lucha por vernos libres y democráticos", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

Desde que empezó la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, los cubanos están obligados a hacer largas filas para abastecerse de alimentos y medicamentos, lo que generó un creciente malestar social. La protesta se produjo en una jornada en la que Cuba volvió a batir su récord diario de contagios y muertes por covid-19, con 6.923 y 47 en las últimas 24 horas, respectivamente. Estas cifras llevan a un total acumulado, desde el inicio de la pandemia, de 238.491 infectados y 1.537 fallecidos, según el ministerio de Salud Púbica.

"Son cifras alarmantes, que se incrementan por día", afirmó el jefe de Epidemiología de esa cartera, Francisco Durán, al reportar en conferencia de prensa las últimas estadísticas. Pese al aumento de casos, en el gobierno cubano confían en el proceso de vacunación para amainar la situación epidemiológica.

Días atrás se conoció que una de las vacunas desarrolladas por Cuba contra el coronavirus, la Soberana 02, alcanzó una eficacia del 91,2 por ciento con la aplicación de sus tres dosis. Además de esa vacuna los científicos cubanos también desarrollaron con buenos resultados la Abdala, otra de las inoculaciones anticovid creadas por el país caribeño.

12 de julio de 2021

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Domingo, 11 Julio 2021 05:24

Haití y EE.UU., un vínculo tóxico

 Cientos de haitianos se congregan frente a la sede de la embajada de Estados Unidos con la esperanza de que les concedan un visa para abandonar su país.. Imagen: EFE

La política de Estados Unidos hacia Haití, bajo la lupa tras el asesinato de Moïse

La crisis actual hace temer que éste sea un nuevo episodio en un vínculo que nunca resultó ventajoso para el país caribeño.

 

En 1915, después del asesinato de Jean Vilbrun Guillaume Sam, el presidente de Haití en ese momento, Estados Unidos decidió enviar tropas al país caribeño con la excusa de que ayudarían a mantener el orden y lograr una estabilización. Se quedaron hasta 1934. Ahora, tras un episodio similar, el gobierno interino haitiano recurrió a la Casa Blanca para buscar apoyo en medio de la crisis, lo que volvió a poner el foco en la política exterior de Washington hacia Puerto Príncipe.

La crisis actual desatada a partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse hace temer que este sea un nuevo episodio en un vínculo que nunca resultó ventajoso para Haití.

La relación entre Estados Unidos y Haití es espinosa desde el inicio. Mientras el país del Caribe comenzaba a buscar su independencia a fines del siglo XVIII, Estados Unidos apoyó a los franceses, recordó este sábado el sitio Vox. Con temor a que el levantamiento de los esclavos haitianos sirviera como ejemplo para los que estaban en territorio nortemericano, Estados Unidos tardó décadas en reconocerle la independencia, mucho más que Francia.

Luego, en el siglo XX, llegaron las intervenciones. Nunca una ocupación de Washington hacia Haití –la de 1915 no fue la última– tuvo efectos positivos para la nación caribeña, una de las primeras en el continente en dejar de ser colonia europea, pero la más pobre del hemisferio occidental actualmente. En la década de 1990, el país norteamericano volvió a invadir para reponer en su puesto al presidente Jean-Bertrand Aristide. Hoy, Estados Unidos es el principal donante de un país que, especialmente desde el devastador terremoto de 2010, depende de los poderes extranjeros y de los organismos internacionales.

Tras el asesinato de Moïse, el primer ministro haitiano Claude Joseph pidió que Estados Unidos enviara tropas al país. El pedido no cayó bien en su propio país, en el que la legitimidad de Joseph también está en duda. Pero además avivó el recuerdo de las anteriores intervenciones.

En los años recientes, Estados Unidos prefirió mantenerse al margen de la situación de Haití. Cuando Moïse asumió en 2017, un año después de ser elegido, su llegada a la presidencia coincidió con el inicio del mandato de Donald Trump. Durante su gobierno, el republicano apoyó a Moïse principalmente porque el haitiano respaldaba su campaña contra Venezuela y Nicolás Maduro. Pero cuando cambió el gobierno en Estados Unidos a principios de 2021, la nueva administración demócrata se limitó a aceptar el argumento de Moïse de que todavía le quedaba un año por gobernar, aunque sectores de la oposición haitiana esgrimían que el mandato ya había terminado.

Concentrado en la pandemia y preocupado más por la política exterior hacia China y Rusia, el actual presidente estdounidense Joe Biden prefirió dejar a Haití en un segundo plano. Se limitó a enviar una partida de 75,5 millones de dólares al país caribeño, que serían destinados a salud, educación, desarrollo de la agricultura y las actividades previas a las elecciones previstas para este año. También paró la deportación de haitianos y restableció el estatus de protección migratoria para quienes vengan de ese país.

Sin embargo, la noticia del asesinato de Moïse obligó a la Casa Blanca a volver la mirada hacia el Caribe. “Estados Unidos ofrece sus condolencias al pueblo de Haití y estamos listos para ayudar mientras continuamos trabajando por un Haití seguro”, dijo Biden en un comunicado tras el asesinato.

En medio de las críticas hacia lo que la administración estaba haciendo en cuanto a política exterior sobre el país caribeño, reapareció un video de Biden de una entrevista de 1994. “Si Haití se hundiera silenciosamente en el Caribe o se elevara 100 metros, no importaría muchísimo en relación a nuestros intereses”, había dicho ese año.

Obligada a dar una respuesta más fuerte ante la crisis en Haití, la Casa Blanca insistió en los últimos días que “Estados Unidos continúa atento y envuelto en consultas estrechas” con sus socios “para apoyar al pueblo haitiano después del asesinato del presidente”. El gobierno también dijo que enviará personal del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional a Puerto Príncipe “tan pronto como sea posible para evaluar la situación”, según informó la secretaria de Prensa, Jen Psaki. “Fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad de Haití es una prioridad clave de Estados Unidos. Lo era antes del asesinato de hace unos días y continúa siéndolo”, dijo.

La Casa Blanca también adelantó que enviará  cinco millones de dólares para “fortalecer la capacidad de la Policía Nacional Haitiana para trabajar con las comunidades para resistir a las pandillas”. El envío de tropas, en un momento en que Biden está más concentrado en retirar las que estuvieron en Afganistán por dos décadas, por ahora no está previsto.

11 de julio de 2021

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La milicia afgana se reúne con sus armas para apoyar a las fuerzas de seguridad de Afganistán contra los talibanes, en la casa del señor de la guerra afgano y exlíder muyahidín Ismail Khan en Herat el 9 de julio de 2021. — HOSHANG HASHIMI / AFP

Los talibanes continúan con una ofensiva en la que están recuperando grandes extensiones de territorio al tiempo que se apostan alrededor de las principales ciudades. La ofensiva coincide con la retirada de las tropas americanas, que ya se ha completado en un 90 por ciento. El desarrollo de los acontecimientos indica que los talibanes no tendrán dificultades para hacerse pronto con el control de todo el país.

segovia

10/07/2021 08:44

Eugenio García Gascón

La última ofensiva talibán se concretó el miércoles cuando sus milicias entraron en la capital de una provincia del noroeste de Afganistán, liberaron a prisioneros y abandonaron poco después la localidad ante una contraofensiva de la aviación de Kabul, que mostró por una vez que todavía posee cierta capacidad de reacción. 

Sin embargo, esa significativa operación de los talibanes anuncia lo que muchos temen, el restablecimiento no lejano de un régimen religionista extremo en el país semejante al que hubo hasta la intervención militar americana tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que en realidad nunca ha desaparecido de amplias zonas del país.

Tal como están las cosas, el devenir de Afganistán es oscuro e incierto. Por un lado, el implacable empuje de los talibanes será imparable en un futuro próximo, mientras que por otro lado se constata que el ascendiente occidental está en regresión y enseguida será reminiscencia del pasado, máxime si se considera que ya ha abandonado el país el 90% de las tropas americanas, según un portavoz del Pentágono.

En un contexto que no puede ser más adverso, la única y frágil esperanza es un entendimiento básico entre los talibanes y Estados Unidos, que parece complicado de alcanzar. Las intermitentes negociaciones que las dos partes han mantenido en Qatar en los últimos meses deberían ser el marco adecuado para ese entendimiento, pero no está claro que se pueda establecer un paradigma de prioridades que defienda los mínimos intereses de Occidente. 

Sobre el terreno, la ciudad de Qala-e-Naw, con unos 50.000 habitantes y capital de la provincia de Badghis, donde hasta hace poco estuvieron desplegadas tropas españolas, vio la entrada de las milicias y en las horas siguientes se instaló una gran confusión. 

Algunos videos colgados en las redes sociales mostraban a la población local saludando con satisfacción la llegada de los combatientes talibanes, y se anunció que las milicias controlaban toda la ciudad, algo que no pudo verificarse por fuentes independientes. Ante esta situación, el mismo miércoles por la tarde el ejército afgano lanzó una contraofensiva aérea que, según Kabul, desalojó a los talibanes. 

La situación, no obstante, no es clara puesto que el mismo miércoles un comunicado del ministerio de Defensa dijo que los talibanes estaban huyendo y pronosticó que "en las próximas horas, todas las partes de la ciudad estarían limpias". 

El ataque contra Qala-e-Naw es la última fase de numerosas ofensivas que los talibanes han puesto en marcha desde que en mayo, siguiendo instrucciones del presidente Joe Biden, las tropas americanas iniciaron el proceso de retirada del país que se completará el 31 de agosto, aunque podría finalizarse antes, después de casi 20 años de guerra, la más larga en la historia de EEUU.

En poco más de dos meses los talibanes han tomado por lo menos 150 de los 400 distritos de Afganistán y controlan más de la mitad del país. Un representante talibán en Moscú manifestó el viernes que los insurgentes controlan ya el 85% del territorio afgano, incluidos pasos fronterizos con otros países.

Un acuerdo alcanzado en Qatar el año pasado establece que los talibanes no atacarán capitales de provincia durante el proceso de evacuación de las tropas americanas. Este apartado se ha respetado ampliamente desde entonces, a excepción de lo ocurrido el miércoles en Qala-e-Naw. 

El martes, el día anterior a la irrupción de los talibanes en Qala-e-Naw, las milicias atacaron un convoy del ejército muy cerca de la ciudad causando un número de muertes no determinado pero superior a 60, así como capturando a numerosos soldados. 

Muchas ciudades del norte, algunas de gran importancia tanto por su número de habitantes como por su emplazamiento estratégico, están asediadas por los talibanes y todo indica que pueden caer en sus manos en poco tiempo si reciben una orden en ese sentido, especialmente si se tiene en cuenta que en las zonas rurales de su alrededor el dominio talibán es incontestable. 

Para complicar las cosas, en las últimas semanas un creciente número de soldados afganos se han rendido a los talibanes, y con ellos se han perdido arsenales de armas que ahora están en poder de las milicias y que sin duda facilitarán su progreso en distintos frentes. 

La rendición o huida de los soldados contribuye a la desmoralización de las tropas de Kabul y del conjunto de la población contraria a los talibanes. La semana pasada más de un millar de soldados fueron incapaces de hacer frente a los talibanes y huyeron con lo puesto a la vecina Tayikistán, abandonando armas y equipamiento. 

Algunos analistas creen que llegará un momento en que las tropas de Kabul se colapsarán y los talibanes no tardarán en hacerse con el control de todo Afganistán, o de la mayor parte del país, lo que devolverá el presente a la situación que existió antes de la invasión americana. 

Por ahora, la estrategia del gobierno consiste en blindar las grandes ciudades y dejar que los talibanes ocupen las regiones rurales, pero una vez se complete la retirada de los americanos las tropas gubernamentales dependerán únicamente de sus propias fuerzas y el desánimo puede darles la puntilla definitiva.

Kabul insiste en que las recientes pérdidas de territorio rural no cambian sus planes y lo justifica afirmando que pronto retomará esas zonas y que ha sido necesario reubicar algunas posiciones del ejército para que estén en áreas más seguras, argumentos que sin duda no tranquilizan a muchos afganos.

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Sábado, 10 Julio 2021 07:03

La perfecta neocolonia

Jovenel Moïse junto a su esposa Martine en la ceremonia de investidura presidencial, en 2017, en el Palacio Nacional, en Puerto Príncipe, Haití AFP, HÉCTOR RETAMAL

Haití bajo fuego

El asesinato sin aclarar de Jovenel Moïse, que gobernaba a fuerza de masacres con el apoyo de la OEA y Washington, aviva las inquietudes imperiales por una nueva intervención. En la calle, los paramilitares y la movilización popular se disputan el futuro.

 

En la madrugada del miércoles 7, un comando paramilitar ingresó a la casa del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe, y lo asesinó a tiros. Su esposa fue herida de gravedad. El primer ministro Claude Joseph, que estaba en la puerta de salida del gobierno (Moïse le había nombrado un reemplazante el lunes), decretó el estado de emergencia y sacó las Fuerzas Armadas a la calle. No habían comenzado todavía las investigaciones cuando empezaron a circular versiones de que los atacantes hablaban español y hubo quienes apuntaron que se trataba de venezolanos (obviamente «chavistas») y colombianos (obviamente «de las ex-FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]»). En la mañana del mismo miércoles, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo Consejo Permanente fue convocado en la noche. Es un magnicidio intolerable, dijo. En algunos países de Europa y en Estados Unidos se empezó a barajar la posibilidad de volver a enviar tropas a Haití con lo que se recrearía la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que se mantuvo entre 2004 y 2017. En las declaraciones de algunos gobernantes, el homenaje a Moïse trascendió el recuerdo a una víctima de asesinato: hubo quienes elogiaron su gestión. Haití país ingobernable, Haití país menor de edad que no puede manejarse solo sin un padre que lo tutele: los lugares comunes de todos estos años para justificar la militarización, la sucesión de gobiernos corruptos, el hambre y la miseria como males «naturales» de una sociedad «atrasada», la presencia imperial –más o menos abierta, más o menos solapada, según convenga– volvieron a saltar a la palestra. Ya tantas veces se los ha escuchado.

***

Tal vez no se sepa en años, tal vez no se sepa nunca cómo fue realmente que murió Moïse, dijo el miércoles a la cadena Telesur Danny Shaw, un activista estadounidense que lleva varios meses residiendo en Puerto Príncipe. Tenía tantos y tantos enemigos el gobernante asesinado que los tiros pueden haber llegado casi que desde cualquier lado. Menos del campo popular. Porque si hay sectores a los que nada les conviene un escenario como el que previsiblemente se estaría armando, con un posible regreso de la Minustah o una misión de intervención equivalente, ahora o en algún tiempo, es a quienes quieren cambiar realmente las cosas. No hay luto en las calles, porque Moïse era responsable directo e indirecto de decenas de asesinatos, de unas 12 masacres colectivas en barrios populares en los últimos cuatro años, porque era cómplice de lo más rancio de la rancia oligarquía haitiana y de las pandillas, que crecen como hongos (véase «Estado mafioso», Brecha, 26-II-21), porque gobernaba como un dictador; pero tampoco hay alegría, porque su caída, en estas condiciones, está muy lejos de significar la caída del sistema del que era parte. Ojalá hubiera un Wikileaks que echara luz sobre cómo se tramó esta ejecución, dijo Shaw, y recordó que no son raros los casos de dictadores que se vuelven incómodos por impresentables, como sucedió hace 60 años en la vecina República Dominicana con Rafael Trujillo, asesinado porque convenía más un liberal que una bestia parda. Y están las pandillas, y está el narcotráfico…

***

Un día antes del asesinato de Moïse, Brecha entrevistó a Henry Boisrolin, coordinador del Comité Haití Democrático, instalado hace años en Argentina. La idea era conversar sobre lo que estaba sucediendo en su país, tan silenciado, tan acallado, tan poco presente en los medios, tan miserabilizado. Había habido una cadena de asesinatos, una más:19 personas ejecutadas a balazos en plena calle en la noche del 29 al 30 de junio, entre ellas, el periodista Diego Charles y la militante feminista Antoinette Duclaire; llamaba la atención que fuera la enésima masacre de dirigentes sociales en muy poco tiempo y que apenas trascendiera; se hablaba de la acción abierta de bandas armadas unificadas en un comando dirigido por un expolicía que se presentaba como «revolucionario», que controlaban barrios enteros de Puerto Príncipe, extorsionaban a pobres y ricos y provocaban desplazamientos de población: ¿qué era eso?; el lunes 5, Moïse nombraba a un nuevo primer ministro, el octavo desde que asumió la presidencia, en 2017, un político vinculado a la oposición liberal, lo que daba la idea del grado de decadencia del gobierno; las noticias apenas registraban las manifestaciones callejeras, algunas muy grandes, que se estaban produciendo día tras día desde hacía varios meses… Mucho tema. Boisrolin comenzó poniéndolos en contexto.

«Hay que contextualizar para no perderse entre tanto asesinato, tanto hecho delictivo, también tanta miseria, porque cuando se habla de Haití es para hablar de eso y se pierde el hilo», dijo. Y contó que la crisis que vive Haití es una crisis ininterrumpida, una película en cámara lenta del «derrumbe del sistema de dominación», un sistema que empezó a funcionar a partir de la primera ocupación militar estadounidense, en 1915. Desde entonces, el país se fue convirtiendo en una perfecta neocolonia y en el más empobrecido de las Américas. Hoy se está en una fase de descomposición de ese sistema y quienes gobiernan quieren reformularlo, con otro tipo de ordenamiento jurídico y político, para dar mayor poder al Ejecutivo y debilitar al Parlamento. La Constitución que elaboraron en secreto en el gobierno, que iba a ser sometida a plebiscito en setiembre, va por ahí.

Pero para la gente de a pie vale muy poco esa Constitución, señaló Boisrolin, como valen muy poco las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el mismo día del plebiscito constitucional. («No es que sean ineptos, son perversos: hacen la elección del próximo Parlamento, que constará de dos cámaras, al mismo tiempo que se plebiscita una Constitución que suprime una de esas dos cámaras, el Senado. Parece absurdo, pero demuestra lo poco que les interesa realmente esa democracia a la que dicen atenerse.»)

Como todas las elecciones que se han llevado adelante últimamente, las de este año, si se hacen, estarán marcadas por el fraude. Cualquier candidato del campo popular que se presente las puede ganar si se llevan a cabo en buena ley, cree Boisrolin. «Pero los sectores dominantes no van a dejar que eso suceda. La única elección verdaderamente libre que se llevó a cabo en el país tras la caída de la dictadura de los Duvalier la ganó un representante del campo popular, el sacerdote Jean Bertrand Aristide, en 1990. Las ganó de manera aplastante, pero lo derrocaron con un golpe de Estado promovido por Estados Unidos.»

¿Qué elección seria se puede hacer en las condiciones actuales, en las que la gente no irá a votar, como no ha ido a votar en las pasadas y en las anteriores, porque no tiene seguridad alguna de que se respeten los resultados, porque en una economía de subsistencia como la haitiana, en una sociedad tan brutalmente piramidal como la haitiana, ha perdido todo sentido meter un votito en una urna? «Hoy hay en mi país 6 millones de personas bajo hambruna severa, el 70 por ciento de la población activa no tiene trabajo, la esperanza de vida no llega a los 60 años», dice Boisrolin. Y apunta que para entender la crisis estructural haitiana hay que tener en cuenta su posición geopolítica: «Está en el centro del Caribe, en la ruta marítima hacia Venezuela, es el país más próximo a Cuba y, si desde la doctrina Monroe Washington considera a América Latina toda como su patio trasero, el Caribe es su primer patio. Por aquí circulan mercaderías importantes para ellos. No pueden permitir que Haití se desestabilice demasiado, deben mantener el statu quo de la forma que sea, si es necesario, sacrificando a dirigentes políticos, por más funcionales que les hayan sido».

—Jovenel Moïse lo fue. ¿Dejó de serlo?

—Puede ser. Hoy existe una lucha interna entre los sectores dominantes. Hay un sector empresario que depende directamente de Estados Unidos. Son 11, 12 familias, que son las que controlan el poder y respaldaban a Moïse, que era un gran empresario bananero. Y hay un sector todavía de muy poco peso que está haciendo un esfuerzo por elevar el nivel de desarrollo de este capitalismo tan especial. También tienen relación con el imperio, pero apuntan a un funcionamiento institucional más presentable, con cierto respeto de la legalidad, algo que los últimos gobiernos no han tenido. Moïse gobernaba por decreto desde hace un año, después que disolvió el Parlamento. Su gestión era escandalosa desde todo punto de vista. El lunes blanqueó a todos los políticos que habían sido procesados por casos de corrupción, con el objetivo de que algunos de ellos pudieran presentarse a las próximas elecciones. Solo se mantenía sobre la base de esa corrupción y sobre todo de la represión. Cuando, tras un aumento de combustibles, en 2018, estallaron enormes manifestaciones populares, la represión se acentuó. El gobierno alternó asesinatos selectivos con no selectivos. Recurrió a las masacres colectivas: 12 en cuatro años, con decenas de muertos. Y apuntó a quebrarle la espina dorsal al movimiento popular. Van a seguir apuntando a eso quienes vengan.

Y, por supuesto, el Ejecutivo se mantuvo por el sostén de las potencias, que mientras no tenían a otro lo respaldaban, le daban dinero, lo cubrían. Desde que se fue la Minustah funciona el Cogroup, integrado por representantes de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Brasil, la OEA, la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la Unión Europea. Es el verdadero gobierno, y está, obviamente, bajo control de Washington.

El Cogroup sabe de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Moïse, como la Minustah sabía de las atrocidades cometidas por las gestiones anteriores. Hace poco, Moïse llamó a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, para pedirle respaldo. Estaba acosado por las manifestaciones populares, el auge de la delincuencia lo desbordaba, se habían generalizado los secuestros extorsivos, las pandillas pululaban, algunas le molestaban y él quería que lo apoyaran. Almagro envió una misión, que hizo un largo informe en el que ni se menciona la represión política. Allí la OEA proponía una salida política que consistía en un gobierno de unión nacional con Moïse y en lo institucional solo exigió que se cambiara la composición del Consejo Electoral, en el que Moïse había colocado a amigos suyos. Menos que un cambio cosmético. La oposición lo rechazó.

—¿Quién encarna actualmente la oposición?

—Hay tres grandes sectores: fuerzas de derecha democrática, fuerzas socialdemócratas y la izquierda, que hace un par de años, por fin, comenzó un proceso de confluencia en el Frente Patriótico y Popular, integrado por siete partidos que se definen como socialistas, movimientos sociales, de derechos humanos, feministas. Hay un consenso entre el sector socialdemócrata y la izquierda de marchar hacia un gobierno que llamamos de transición de ruptura, en el que estarían todos los sectores de oposición, todos, y del que no formarían parte ninguno de los actuales gobernantes. Ese gobierno funcionaría por unos dos años, se encargaría de montar una nueva institucionalidad, afirmar la soberanía nacional, promover reformas sociales, juzgar los crímenes de lesa humanidad y los escándalos de corrupción de la administración actual, restaurar relaciones con todos los países, incluida Venezuela, convocar a una asamblea constituyente y después llamar a elecciones generales. No existe nadie en condiciones de conducir solo ese proceso, se necesitará de toda la actual oposición y habrá que ser creativo para ir haciendo el camino hacia una sociedad más justa. Que no nos humillen tanto como lo están haciendo ahora. Eso es lo esencial.

***

Boisrolin dice que si desde 2018 las manifestaciones callejeras fueron tan numerosas, es porque hay un sustrato de rebeldía en la gente que ni la represión, ni el hambre, ni la pandemia (¿qué es una peste más en un país expuesto a todas?) han logrado amainar. Piensa que hay una larguísima tradición de lucha en este país, que protagonizó la única revuelta antiesclavista exitosa de la historia y que, de esa tradición, a pesar de todos los pesares, mucha cosa queda. Y que ahora «hay un grado de organización del campo popular mayor» al que había un tiempo atrás. Dice que no por nada el terrorismo de Estado ha llegado al paroxismo al que ha llegado bajo Moïse y que eso va a exigir que los «sectores populares aumenten su nivel de autodefensa». «Los esfuerzos de todos los gobiernos recientes por disciplinar al pueblo han fracasado», piensa Boisrolin, pero subraya que eso no quiere decir que se esté cerca de triunfo alguno. «La situación actual es altamente explosiva y es muy difícil prever hacia dónde evolucionará. La oposición está dividida sobre qué hacer. Hay quienes se juegan a una insurrección popular, otros quieren negociar con Estados Unidos un cambio moderado. Yo, si tuviera que apostar, diría que estamos cerca de un estallido general. Quién lo conducirá no sé, pero las condiciones están dadas.»

Gangsterización

Uno de los signos de la extrema descomposición actual de Haití es la multiplicación de las bandas armadas y su creciente poder: de fuego, territorial, incluso político. La Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción las calculó recientemente en 77. No les es nada difícil equiparse, porque en el país hay hoy un mercado ilegal de 500 mil armas de guerra, el doble que las que había hace menos de cinco años.

«El país está gangsterizado», dice Henry Boisrolin, y apunta que los sectores dominantes han creado sus propias pandillas, pero que estas son ya un actor político de primera importancia y que pueden llegar a molestar a algunos gobernantes. Las nueve bandas más poderosas se unificaron recientemente en un comando que se llamó primero G9 y luego fue rebautizado como Grupo Revolucionario 9. Manifiestan armados por las calles, sus líderes dan conferencias de prensa, tienen su propio canal de Youtube, logran cambiar ministros cuando no les gustan. En julio de 2020 el grupo organizó una manifestación callejera en Puerto Príncipe exigiendo su legalización.

Marchaban en el mismo tipo de blindados que los que usa la Policía. Su líder máximo es, precisamente, un exintegrante de una unidad especial de la Policía, Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue. Lo separaron de su cargo tras un operativo en un barrio popular en 2017, en el que murieron ocho civiles y dos policías. Lautaro Rivara, un periodista y sociólogo argentino que vive en Puerto Príncipe, señaló en Rebelión.org (30-VI-21) que la federación de pandillas de Barbecue tiene relación estrecha con la administración de Moïse.

En 2020, el G9 coordinó junto con la Policía una entrega de alimentos en un distrito particularmente pobre de la capital. El grupo controla áreas centrales de Puerto Príncipe y los accesos norte y sur de la zona metropolitana, «lo que, en la singular geografía haitiana, le da una excepcional capacidad de aislar a la capital del resto del país», escribe Rivara. Son territorios superpoblados de un país superpoblado y fundamentales para controlar cualquier protesta, cualquier movilización de envergadura, «por tratarse de algunas de las zonas más radicalmente movilizadas desde los tiempos del gobierno de Aristide».

Las pandillas –las de Barbecue y las otras– han multiplicado últimamente los secuestros extorsivos aparentemente indiscriminados, porque se llevan tanto a ricos como a pobres, a empresarios como a campesinos. También han multiplicado los asesinatos. En 2020 hubo 1.270 secuestros de ese tipo y solo en junio pasado 150 homicidios, según datos de la asociación Défenseurs Plus.

Rivara cuenta que el 23 de junio Barbecue apareció en un video que rápidamente se hizo viral. «Acompañado de un pelotón de jóvenes encapuchados y armados –varios de ellos con indumentaria de la propia Policía–, anunció el comienzo de una “revolución armada”, consumando un giro discursivo contra el Estado, el gobierno y la oposición política. Utilizando la simbología nacional y evocando a los héroes de la revolución de independencia, invitó a la población a armarse y a incorporarse a su organización.» Fue «inesperado», pero también «inverosímil», escribe, y dice que actualmente Haití, «con el concurso de las grandes potencias, parece despeñarse por el barranco de los proyectos paramilitares que han asolado antes a otras naciones de Centroamérica y el Caribe, promoviendo el caos organizado, la inseguridad estratégica y la desestructuración de todo el tejido social y comunitario, abriendo la puerta a una política de shock que logre desmovilizar a sus indómitas clases populares».

Por Daniel Gatti
9 julio, 2021

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Acusan en Colombia a 10 militares por desapariciones y asesinatos

Un general, seis oficiales y tres suboficiales habrían participado en 120 ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros

 

Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó ayer a 10 militares y a un civil por 24 desapariciones forzadas y al menos 120 asesinatos de civiles a los que presentaron falsamente como guerrilleros muertos en combates en medio del conflicto armado de Colombia.

Se trata de la primera acusación formal en contra de efectivos del ejército colombiano en medio de las investigaciones por los denominados falsos positivos o asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Para la JEP, los acusados tuvieron una participación determinante en los asesinatos en estado de indefensión, presentados como bajas en combate en la región de Catatumbo, en el departamento de Santander, entre enero de 2007 y agosto de 2008, para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar en los combates contra la guerrilla.

"La Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil", dijo un comunicado leído por la magistrada Catalina Díaz.

Los imputados, señalados por la JEP como máximos responsables por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son un general, seis oficiales, tres suboficiales y un civil.

De acuerdo con la acusación, los asesinatos y las desapariciones forzadas se inscriben en un mismo patrón macrocriminal a partir de la política institucional del ejército de conteo de cuerpos, de incentivos y la constante presión sobre comandantes y subordinados para obtener "muertos en combate". Díaz señaló que las víctimas fueron campesinos, agricultores, comerciantes y transportistas informales.

La JEP reveló que al menos a 6 mil 402 personas fueron asesinadas en Colombia por efectivos del Ejército y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008 a cambio de beneficios que incluían permisos, vacaciones y reconocimientos.

Decenas de oficiales del ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinaria.

El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, dijo que si los 11 acusados no aceptan los cargos podrían recibir una sentencia de hasta 20 años de cárcel en la justicia ordinaria.

La JEP es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que permitió la desmovilización de unos 13 mil miembros del grupo rebelde, aunque algunos rechazaron el pacto y continúan la lucha armada contra el gobierno.


La Jurisdicción Especial de Paz los señaló como responsables de crímenes de lesa humanidad

Colombia: imputan a diez militares y a un civil por los "falsos positivos"

Se trató de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe. "Recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha probado que se trató de una práctica sistemática militar", destacó Jacqueline Castillo, representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá. 

Por Guido Vassallo

07 de julio de 2021

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia imputó este martes a diez miembros del Ejército y a un civil por las salvajes ejecuciones militares conocidas como "falsos positivos". Los once hombres fueron imputados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada entre 2007 y 2008 en la convulsa región del Catatumbo, al noreste de Colombia. Entre las víctimas hay líderes sociales, campesinos, políticos locales, personas con discapacidades y supuestos consumidores de drogas. Se trata de la primera decisión de este tribunal nacido del Acuerdo de Paz en torno al Caso 03, que corresponde a las "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".

"Desde el colectivo recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha probado que se trató de una práctica sistemática militar. Sabemos que es un paso más después del avance que se dio con la versión de Juan Manuel Santos (además de expresidente fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe), cuando reconoció que los jóvenes masacrados no eran guerrilleros". destacó en diálogo con PáginaI12 la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo.

Crímenes de lesa humanidad

La magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del caso de los falsos positivos, sostuvo que "la evidencia indica que los imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada". Aunque el alto mando castrense siempre negó que se tratara de una acción sistemática, según la JEP "estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate".

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, valora mucho que la jurisdicción deje en claro la naturaleza de los crímenes. "Esta ha sido una discusión muy larga y muy intensa porque el uribismo ha sostenido la tesis de que los mal llamados falsos positivos son hechos delictivos que no responden a unos patrones ni a una planificación, y se inscriben mas bien en hechos excepcionales que tuvieron lugar a partir de una mala interpretación de unos estímulos que se crearon al interior de las fuerzas militares para promover lo que se llamaba el conteo de cuerpos, es decir los éxitos operacionales", destacó Cepeda ante la consulta de este diario.

Entre los imputados por la JEP se encuentra el general Paulino Coronado, quien en la época en que se cometieron los delitos comandaba la Brigada 30 del Ejército, que hacía presencia en la región fronteriza de Catatumbo. Dos coroneles, un teniente y varios oficiales de inteligencia también están involucrados. El tribunal de paz colombiano había revelado en febrero su estrategia para esclarecer estos hechos y explicó que el departamento de Norte de Santander, donde se han contabilizado el 82 por ciento de las víctimas entre 1999 y 2008, le serviría de plataforma para abordar los ocurridos en Catatumbo entre 2007 y 2008. 

El organismo judicial colombiano identificó dos patrones durante las ejecuciones. Por un lado, "el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en base a prejuicios", y por otro "una suerte de sofisticación criminal" consistente en reclutar a las víctimas de otros territorios para matarlas en Catatumbo y "reportar su muerte como baja en combate". 

"Bajo una lógica criminal cercana a la de la limpieza social, estas víctimas fueron seleccionadas porque eran trabajadores informales o desempleados, tenían alguna discapacidad o porque eran habitantes de calle", denunció el tribunal surgido de los acuerdos de paz firmados con la disuelta guerrilla FARC en 2016. En el auto de casi 300 páginas, la JEP recopila cómo los jóvenes eran reclutados bajo premisas de "un trabajo bien remunerado" en municipios como Soacha, llevados a Catatumbo y de ahí en algunos casos les ofrecían "trago" o "drogas", no los dejaban contactarse con nadie y eran entregados a una "unidad militar ejecutora".

A partir de este martes los imputados tienen 30 días para reconocer o no su participación en los hechos. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión. "Los imputados que no acepten responsabilidad ni aporten verdad se exponen a penas privativas de la libertad de hasta 20 años", advirtió el presidente del tribunal, Eduardo Cifuentes. Por su parte el senador Cepeda recordó que "si los militares quieren recibir los beneficios de la jurisdicción, deberán cumplir con el compromiso de verdad y reparación".

La voz de los familiares de las víctimas

Madres y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales pidieron este martes que los imputados por la JEP colombiana reconozcan sus delitos. "Para nosotros es una gran satisfacción estar escuchando esta determinación que está dando la JEP y yo creo que más claras no pueden estar las cosas", aseguró la representante legal de Mafapo, Jacqueline Castillo, quien además exige conocer la verdad sobre la muerte de su hermano Jaime.

Jaime Castillo Peña tenía 42 años cuando desapareció el 10 de agosto de 2008 en la ciudad de Bogotá y apareció muerto el 12 de agosto en el municipio de Ocaña en Norte de Santander. "Una distancia de 16 horas por ruta", remarcó la titular de Mafapo, quien agregó que "al igual que otros jóvenes, en dos días a Jaime lo habían convertido en guerrillero y le dieron de baja".

Castillo remarcó que más allá de que exista una condena ejemplar, lo que las mujeres agrupadas en Mafapo buscan es conocer, finalmente, "quién dio la orden de cometer todos estos crímenes". En ese sentido, llama a los militares a que "no sientan temor y den la cara" para avanzar en el esclarecimiento de los hechos: "Saben que ahorita tienen que asumir sus consecuencias. O aceptan que cometieron estos hechos o tendrán que pagar las penas que la JEP les puede imponer. Creo que a estas alturas está muy dificil que ellos tapen la verdad con un dedo".

La responsabilidad de Uribe

Los últimos datos de la JEP cifran en 6.402 los civiles asesinados a manos del Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros abatidos desde 1988, aunque la Fiscalía contabiliza 2.248. La mayoría de estos crímenes, según el tribunal de paz, habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008, coincidiendo con los primeros seis años del mandato del expresidente Álvaro Uribe, referente de la derecha colombiana y consejero del actual mandatario Iván Duque.

Frente al avance hacia la responsabilidad política de los crímenes, Cepeda se muestra optimista. "Creo que tarde o temprano se va a llegar a los principales responsables. En días anteriores el expresidente Santos presentó su testimonio ante la Comisión de la Verdad y muchos sectores han reclamado que haga lo propio Álvaro Uribe. Por supuesto este es un asunto que no quedará resuelto si su papel no es esclarecido", manifestó el senador de izquierda. 

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El presidente de Haití, Jovenel Moïse, durante una conversación con EL PAÍS por videollamada el pasado febrero.

Hombres armados asaltaron su domicilio de Puerto Príncipe la pasada madrugada. La primera dama está hospitalizada

 

Puerto Príncipe, Madrid - 07 jul 2021 - 12:41 CEST

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia durante la pasada madrugada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe, según ha informado esta mañana el primer ministro, Claude Joseph. En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martine Moïse, que ha sido hospitalizada, según un comunicado firmado por Joseph. El mandatario pidió calma a la población y aseguró que tanto la policía como el ejército se están encargando de mantener el orden.

Hijo de un comerciante y una costurera, Jovenel Moïse concedió el pasado febrero una entrevista a este diario, en un país en el que la tensión iba en aumento semana tras semana. A la crisis política se le suma un año de espanto debido a la pandemia de coronavirus, los huracanes y la ola de violencia y secuestros que han llevado el hartazgo a una población que cuenta en su poder con más armas que nunca, tal y como señalaron los expertos a EL PAÍS.

El origen político del conflicto en Haití, país caribeño de 11,2 millones de habitantes, está en las convulsas elecciones de 2015. Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios convocados obligaron a nombrar un presidente interino de otro partido, hasta que la autoridad electoral reconoció la victoria de Moïse un año después. Para la oposición, su Gobierno comenzó el día que Martelly dejó el poder y le acusa de “dictador” por gobernar por decreto desde hace un año.

“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay una camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”, declaró Moïse en esa misma entrevista.

Bandas armadas

Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló este martes un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH). “El país está asediado por bandas armadas que siembran el terror, asesinatos, secuestros, violaciones (...) Puerto Príncipe está sitiado en el sur, el norte y el este. Asistimos a una sociedad cada vez más pasiva mientras el país está asediado”, lamentó la organización en un documento.

Al menos seis extranjeros han sido secuestrados, lo que eleva el total a 20 en el primer semestre de 2021. Tres departamentos están aislados del resto del país, según este informe, que habla de “la hegemonía del crimen en Haití”. Del 1 de enero al 21 de junio, 30 policías fueron asesinados frente a los 26 de 2020, según la ONG, que sostiene que algunos son mutilados, desaparecidos, secuestrados, torturados, etcétera.

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El candidato presidencial Pedro Castillo en Lima, Perú, el lunes 7 de junio de 2021Guadalupe Pardo / AP

Quienes llaman a protestar afirman que en el Congreso y en la cárcel donde está Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, se preparan acciones para "desconocer la voluntad popular".

 

Este martes, varios sectores sociales y partidos políticos peruanos de izquierda convocan a un paro nacional para exigir la proclamación del candidato Pedro Castillo y rechazar lo que consideran un intento de golpe de Estado del fujimorismo, cuando se cumple un mes de la segunda vuelta electoral donde el dirigente sindical resultó en primer lugar. 

El Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad llamó, a través de su cuenta de Facebook, a realizar movilizaciones en todo el país. En estas acciones de calle se espera la participación de gremios, sindicatos, colectivos, asociaciones civiles y movimientos políticos, entre otros.

A pesar de que ya hay resultados oficiales de las elecciones, en las que Castillo obtuvo una ventaja de 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, aún no hay un presidente proclamado. Actualmente, varias instancias del Poder Electoral se encuentran analizando los expedientes con recursos presentados en su gran mayoría por la hija del expresidente Alberto Fujimori. Hasta ahora todos han sido descartados. 

¿Por qué ir a paro?

Si bien los simpatizantes de cada candidato han hecho manifestaciones principalmente en Lima, bastión electoral fujimorista, para pedir la proclamación del nuevo presidente, este llamado a paro no solo incluye a la capital. Castillo se alzó con la mayoría de votos en la región de los Andes, donde se desarrollan actividades mineras y agrícolas, y en el sur del país, donde está Cusco, el departamento con mayor pobreza del país, en el que arrasó y obtuvo más del 83 % de la votación.

En varios comunicados, el Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad afirma que pide hacer esta movilización porque "el fujimorismo y sus aliados continúan sus intentos para perpetrar el golpe y desconocer la voluntad popular".

La estrategia que utilizaría la derecha, según quienes convocan a protestar, se basa en la próxima elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que quedaría conformado por personas "afines al fujimorismo" como parte de "un proceso de selección abiertamente cuestionado y apresurado", según el Frente.

El Parlamento peruano, cuya periodo culminaba el pasado junio, admitió una extensión extraordinaria de su legislatura hasta julio para aprobar varias reformas constitucionales "exprés" y cumplir con los pendientes del anterior Congreso, de mayoría fujimorista, que fue disuelto en 2019 por el expresidente Martín Vizcarra. Todo esto antes de que se instale el nuevo Legislativo (2021-2026), el próximo 27 de julio, un día antes de que tome posesión de su cargo el nuevo presidente.

"Golpe fujimontesinista"

En opinión de quienes respaldan a Castillo, de resultar electos los magistrados derechistas "captarían" al Tribunal Constitucional "para servir a sus intereses y consumar un golpe de Estado", al que han denominado "fujimontesinista", por la unión de los apellidos de Fujimori y Montesinos.

En días pasados, la Fiscalía de Perú anunció que investigaría una serie de audios donde Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori, hablaba de conspirar y pagar sobornos millonarios para que la derechista fuera declarada como ganadora en las recientes elecciones.

"Se cocina un golpe de Estado desde la Base Naval [donde permanece detenido Montesinos por secuestro, homicidio, desaparición forzada, tráfico de armas y asociación ilícita] y el Congreso", afirmó el Frente.

Quienes convocan a una paralización de actividades aseguran también que "las estrategias del fujimorismo para salvar a su candidata han sido desmontadas por expertos y por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)", que han declarado infundadas toda las apelaciones presentadas por el equipo de la excongresista.

"El JNE debe resolver con máxima celeridad los recursos pendientes y proclamar inmediatamente al profesor Castillo como presidente", dice uno de los textos del Frente.

Keiko nuevamente en vilo

A pesar de que la derechista se ha valido de una estrategia poselectoral para maniobrar y retardar el nombramiento del nuevo mandatario, su camino no ha estado exento de reveses.

En esta oportunidad, una nueva investigación por presunto lavado de activos y financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2021 se abrió en su contra, según anunció José Domingo Pérez, fiscal del equipo de Lava Jato en Perú, tras la publicación de los audios de Montesinos. Se espera que estas "diligencias preliminares" se realicen durante 36 meses.

Según Pérez, el partido Fuerza Popular habría captado "activos de procedencia ilícita", por lo que incurriría en los delitos de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia y ocultamiento y tenencia.

En respuesta, Fujimori publicó una serie de trinos donde asevera que "Pérez lanza un nuevo show" con "afán de figuración" y que convoca a Montesinos "para asegurar difusión y cobertura". "Me involucra por conversaciones con gente que no tiene ninguna relación conmigo", agregó.

Ante esta nueva averiguación en su contra, informó que solicitará al Ministerio Público que excluya al fiscal del caso "para evitar que su evidente sesgo desvirtúe esta investigación".

Previamente, Pérez había pedido la revocatoria de las restricciones sobre Fujimori para imponerle prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por lavado de activos durante sus campañas de 2011 y 2016. Esta solicitud fue rechazada por un jurado peruano por considerarla infundada.

Publicado: 6 jul 2021 15:20 GMT

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XIX Congreso del Partido Comunista Chino. Xinhua/Ju Peng

El 1 de julio de 2021 marca el primer centenario del PCC, una de las organizaciones más importantes de nuestro tiempo. Al reflexionar sobre el significado de este centenario, lo primero que se me ocurrió es que el presente altera el significado del pasado. Antes de 1991, cuando se produjo el colapso del Estado soviético, yo habría apostado sin pensarlo dos veces que el acontecimiento más importante del siglo xx fue la Revolución Rusa de 1917. Ahora, debido a la despiadada intolerancia de la historia con los experimentos fallidos, aparece la Revolución China como el hecho más destacado del siglo pasado, y su consecuencia paradójica ‒el ascenso de China al centro de la acumulación capitalista global‒ constituye muy probablemente el fenómeno más significativo también del siglo actual.

De la liberación nacional a la Revolución Cultural

In 1949, China logró dejar atrás el largo siglo de vergüenza que había comenzado con su derrota en la primera Guerra del Opio de 1839 a 1842, que concluyó con la cesión de Hong Kong al imperio británico. En las décadas siguientes, la China imperial colapsó, el país se sumió en una profunda crisis social y espiritual y en una desgarradora guerra civil entre un gobierno nacionalista corrupto y débil y un partido comunista revolucionario puritano, dirigido por Mao Zedong.

Otros países habrían experimentado una consolidación posrevolucionaria después de 1949, pero no así China. Revolucionario incansable, Mao llevó al país al desastroso Gran Salto Adelante de 1958 a 1962, y después, tras una breve pausa, a los diez años de Revolución Cultural, en la que llamó a la juventud a declarar la guerra a sus mayores y a todo lo antiguo y tradicional. Incluso los empujó a “bombardear las sedes”, es decir, al Partido Comunista, mientras el Ejército de Liberación Popular controlaba los contornos del campo de batalla. A comienzos de la década de 1970, China estaba exhausta. O quizá sería mejor decir que Mao había dejado exhausta a China.

El llamado milagro asiático se desarrollaba junto a las fronteras orientales de China ‒en Japón, Corea y Taiwán‒, pero como escribieron Roderick MacFarquhar y Michael Schoenhals en 2009, “la propia China se halla ahora tumbada con brazos y piernas abiertas, esta vez por obra de ella misma, no debido a una invasión extranjera o una guerra civil convencional”. Para Deng Xiaoping y otros supervivientes del bombardeo de las sedes maoísta, el mensaje estaba claro, como escribió MacFarquhar en 2010:

Tenían que embarcarse en una política de rápido crecimiento económico para recuperar el tiempo perdido y la legitimidad del poder del PCC. Tenían que abandonar el utopismo maoísta y construir la nación fuerte y próspera con la que habían soñado cuando se unieron al naciente PCC en la década de 1920. De lo contrario, puede que el propio PCC no durara. De este modo, la práctica, no la ideología ‒no el marxismo-leninismo, no el pensamiento Mao Zedong‒ pasó a ser el único criterio de la verdad. Si funcionaba, se conseguiría.

Nación y clase siempre han tenido una difícil coexistencia en el comunismo chino. Reconciliadas durante el combate por liberar al país del imperialismo, el conflicto de clase tomó la delantera durante la Revolución Cultural. Sin embargo, muerto Mao y con Deng al mando, el acento se desplazó decisivamente a la solidaridad nacional a finales de la década de 1970, cuando se proclamó la “modernización nacional” como nuevo objetivo de China. Sin embargo, este propósito colectivo de lograr la prosperidad común mediante el rápido crecimiento económico no pasaba por sumergir al individuo en la empresa cooperativa de las masas virtuosas, sino por activar el espíritu latente de la competencia que las dividía.

Del socialismo al capitalismo

Deng no dijo, como se piensa comúnmente, que “enriquecerse es glorioso”. Pero comoquiera que expresara la nueva perspectiva, se situaba claramente en la tradición de Adam Smith, quien dijo que el bien común se lograría, paradójicamente, mediante la competencia entre individuos. Sin embargo, había una diferencia, y no menor: mientras que Smith dijo que un Estado reducido a su mínima expresión, un Estado vigilante nocturno, sería lo que más favorecería la competencia y el logro del bien común, Deng y el PCC pensaron que hacía falta un Estado fuerte, capaz de controlar los contornos de la batalla, como hizo el Ejército de Liberación Popular durante la Revolución Cultural, para conseguir el bienestar común en una sociedad en que la competencia también desataría la corrupción y en un mundo que seguía estando dominado por las depredadoras sociedades capitalistas occidentales.

Era una diferencia importante que marcaría los contornos de la tercera revolución china desde la fundación del Partido Comunista en 1921: la vertiginosas transformación capitalista del país. La revolución socialista de Mao se fue apagando, pero había creado el Estado que hizo posible el éxito de la revolución capitalista. Porque con este Estado, su sucesor Deng se sintió empoderado para cerrar un pacto con el diablo. El pacto fue que a cambio del desarrollo general del país sobre una base capitalista, el PCC ofrecería la fuerza de trabajo de China para su sobreexplotación por las empresas multinacionales estadounidenses. Este Estado poderoso, no obstante, aseguraría que el ímpetu del capitalismo generado por el pacto se doblegaría a favor de China, y no de las empresas multinacionales. Y este Estado, en virtud de sus orígenes revolucionarios, era mucho más fuerte que los míticos Estados desarrollistas de Japón y Corea del Sur, que habían impulsado las milagrosas economías asiáticas.

Al cabo de 40 años, Deng y sus sucesores han hecho sin duda un buen negocio a costa del diablo capitalista occidental. Es cierto que ha habido costes, en absoluto insignificantes. La desigualdad de rentas en China se aproxima a la de Estados Unidos. Las crisis medioambientales van en aumento. La parte occidental de China se ha quedado rezagada con respecto a las regiones costeras. El impulso a favor de la igualdad de género ha perdido fuerza. Los derechos democráticos han quedado supeditados a la estabilidad del Estado.

Sin embargo, no hay nada más exitoso que el propio éxito, como probablemente se habrá percatado el nonagenario Mijaíl Gorbachov con amargura, completamente olvidado ahora en su país, mientras que Deng asciende a los altares en el suyo. China se ha convertido en el centro de la acumulación capitalista mundial ‒o, según la metáfora popular, en la locomotora de la economía mundial‒, acaparando el 28 % del crecimiento económico mundial en el quinquenio que va de 2013 a 2018, más del doble de la cuota de EE UU, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este proceso, más de 800 millones de personas han salido de la pobreza, según el Banco Mundial, si bien la afirmación de Pekín de que ha “acabado con la pobreza extrema” se contempla con cierto escepticismo.

Pese a las numerosas protestas sobre el terreno ‒a menudo toleradas y no reprimidas‒ y al distanciamiento con respecto a las autoridades que se pone de manifiesto ampliamente en internet, no existe ninguna amenaza sistémica para el PCC. Puede que el miedo a la represión influya en ello, pero mucho más significativo es un fenómeno más mundano. Como lo expresa un economista occidental, “durante la mayor parte de las últimas tres décadas, todos los botes han ascendido, y la mayor parte de la gente presta más atención a su propio bote que a los botes que han subido más… En suma, parecen haber interiorizado el lema de Deng Xiaoping del comienzo de la reforma de que ‘habrá que aceptar que algunas personas y algunas regiones prosperen antes que otras’”.

¿China como modelo?

Tras una visita a la joven Unión Soviética en la década de 1930, el periodista estadounidense Lincoln Steffens escribió aquello de que “he visto el futuro y funciona”. De un modo similar, el sorprendente éxito de China ha cautivado a muchas personas de fuera de China. Una de las más hipnotizadas es el profesor de economía de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs. Este ha dado un giro de 180 grados con respecto a su primera época como campeón del Consenso de Washington por el libre mercado en las décadas de 1980 y 1990. En una reciente conversación con funcionarios de Naciones Unidas, Sachs afirmó que “China muestra cómo es posible llevar a cabo profundas transformaciones a favor del bienestar en un breve espacio de tiempo”.

Sachs, quien ha sido acusado por algunos de sus colegas de ser “vocero de Xi Jinping”, no es más que uno entre numerosos economistas occidentales liberales y progresistas que han perdido toda esperanza de que la economía de EE UU, arruinada por las políticas neoliberales que han favorecido la desindustrialización, la especulación financiera descontrolada y una desigualdad espectacular (con un 50 % de la población que tiene acceso a tan solo el 12 % de la riqueza), tenga mucho que ofrecer al Sur global. China, en cambio, se considera la nueva estrella del Norte, el país más capacitado para asumir el liderazgo mundial de una estrategia que Sachs denomina “desarrollo sostenible”.

Sin embargo, China no es abanderada del “desarrollo sostenible” de Sachs ni ha promovido lo que algunos economistas occidentales ilusos consideran la respuesta de China al Consenso de Washington neoliberal: el llamado Consenso de Pekín. En cuanto a lo que tiene que ofrecer al mundo, China ha salido al paso diciendo que no prescribe un modelo para otros países. En efecto, siempre ha insistido en afirmar que lo que Deng Xiaoping llamó “socialismo con características chinas” es un sistema capitalista dirigido por el Estado, específico de China y probablemente intransferible.

En cambio, lo que quiere el heredero de Deng, Xi Jinping, es que China sea reconocida como líder de la globalización en su última fase de conectividad, o la interconexión completa de vastas zonas del planeta mediante infraestructuras físicas, económicas y digitales. Concebida originalmente como un medio que permitiera a China reducir la capacidad excedentaria que estaba mermando la rentabilidad de su industria, la tan cacareada Nueva Ruta de la Seda (NRS) ha pasado a ser el buque insignia de Pekín en su proyecto de conectividad, destinado a lograr la compresión, en términos de tiempo y espacio, de la masa terrestre eurasiática, africana y latinoamericana, mediante una red de instalaciones físicas y digitales.

En lo tocante a los compromisos financieros reales y futuros en forma de ayuda al desarrollo o de acuerdos comerciales más directos, Pekin ya ha reservado, según algunas estimaciones, hasta 3 a 4 billones de dólares actualmente ‒cuando originalmente Xi había comprometido 1 billón‒ para proyectos de la NRS, destinándose la parte principal a países en vías de desarrollo. En efecto, la NRS puede concebirse como un colosal proyecto de ayuda exterior al Sur global que es sumamente competitivo con la ayuda bilateral y multilateral prestada por Occidente, sujeta a condicionalidades neoliberales y de respeto de los derechos humanos.

Grupo de los Siete a punto de desmoronarse

La disparidad entre el poder blando de EE UU y de China se vio claramente durante la reciente cumbre del G7 en Cornualles, Reino Unido, y los días inmediatamente posteriores. El presidente estadounidense, Joe Biden, hizo todo lo que pudo por recrear la antigua alianza occidental tras la acción destructiva de Donald Trump, invocando una lucha entre la “democracia occidental” y la “China autoritaria”. El suspiro de alivio post-Trump se palpaba en el ambiente, pero la retórica del G7 escamoteaba duras realidades. Los aliados de Washington sabían que Biden se enfrenta a una guerra civil larvada en casa, donde el Partido Republicano supremacista blanco, liderado por Trump, trata activamente de desestabilizarlo. Los gobiernos europeos sabían que la propia Unión Europea se halla inmersa en una crisis muy real, con a salida del Reino Unido. El Japón expansivo de las décadas de 1970 y 1980 ahora es el pequeño Japón de la de 2020, que no ha logrado zafarse de sus más de 30 años de estancamiento económico.

La asociación B3W (Better World Partnership), concebida para contrarrestar la NRS y anunciada a bombo y platillo, es una iniciativa puramente reactiva, con programas puramente reactivos reunidos a toda prisa, con escasa intención de darles una continuidad real. El problema principal, desde luego, es el dinero. Y con todos esos países sumidos en sendas crisis fiscales y de endeudamiento, con la posible excepción de Alemania, ¿de dónde sacarán los gobiernos occidentales los billones de dólares que harían falta para contrarrestar los 4 billones que se calcula que piensa invertir China actualmente y en el futuro en proyectos de la NRS? Washington, de momento, ya ha prometido 250.000 millones de dólares, que por otro lado podrían reservarse para su harapiento programa de ayuda bilateral a favor del nuevo proyecto industrial de alta tecnología, centrado en EE UU, aprobado por el Senado y pendiente de aprobación segura en la Cámara de Representantes.

El caso es que por mucho que proclamen retóricamente la B3W, la mayoría de los países del G7, con la excepción de Japón y EE UU, han aceptado participar en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), liderado por China, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Obama por disuadirles hace unos años. Estos gobiernos saben muy bien dónde están sus intereses. Al tiempo que son conscientes de que la retórica sale barata, especialmente la destinada a tener contento a Washington. No es extraño que Pekín apenas pudo ocultar su desdén por el espectáculo insulso cuando calificó el número zalamero del G7 en Cornualles de manifestación de una “política de poca monta”.

Consejos a China

Pero tengo algunos consejos urgentes que dar a Pekín.

Un primer consejo tiene que ver con la famosa NRS. Los proyectos de la NRS deberían concebirse de manera que fueran más compatibles con el medio ambiente y el clima y más ajustados a las necesidades de la gente, en vez de ser lo que Arundhati Roy ha llamado proyectos “ciclópeos” de arriba abajo, reminiscencias de mediados del siglo xx. Asimismo, el compromiso de China de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debería ser más radical en alcance y ritmo de aplicación, como se exige de la potencia que actualmente emite más gases de invernadero que cualquier otra.

Por otro lado, Pekín debería poner fin a la práctica de enviar a miles de trabajadores chinos a trabajar en proyectos que financia en África y otras partes y contratar y formar aceleradamente a más mano de obra local. Además, China debería dejar de apropiarse de formaciones marítimas como el arrecife Mischief y el atolón de Scarborough, que pertenecen a la zona económica exclusiva de Filipinas, y de insistir en la estrafalaria afirmación de que el 90 % del mar de China Meridional le pertenece. Estas acciones son ilegales e injustificables, por muy comprensibles que resulten como medidas defensivas estratégicas frente a la amenaza militar muy real que comporta la presencia dominante de la viiª flota de EE UU en el mar de China Meridional y el mar de Filipinas. En su lugar, debería colaborar con la ASEAN con vistas a establecer un tratado de desmilitarización del mar en cuestión y disipar la amenaza estadounidense.

Finalmente, Pekín tiene que poner fin a la asimilación cultural forzosa de la población uigur en Xinjiang. Y aunque Hong Kong y Taiwán forman parte indiscutiblemente de China ‒un hecho que no cuestiona la comunidad internacional, dicho sea de paso‒, tiene que respetar el derecho de las poblaciones de estos territorios a participar en la decisión de cómo han de gobernarse, especialmente dadas la cuestiones inevitables de identidad nacional generadas por su prolongada separación del resto del país por obra del colonialismo.

Por tanto, China tiene problemas reales, tanto internos como en algunas de sus relaciones con el Sur global. Sin embargo, a fin de cuentas el ascenso de Pekín ha favorecido ampliamente a la mayor parte del mundo. Se ha convertido en una fuerza económica mundial que refuerza las economías de países más pequeños, y lo ha logrado empleando una porción muy pequeña, o incluso nula, de la fuerza y violencia que marcó el ascenso a la hegemonía de Occidente. Ha proporcionado a los países del Sur global oportunidades alternativas de obtener ayuda y financiación, lo que ha contribuido a que dependan mucho menos de EE UU y del resto de Occidente.

Pero más allá de esto, ha dado una lección inspiradora a muchos países: que con tesón, coraje y organización es posible no solo quebrar la dominación occidental, sino utilizar a Occidente para lograr la resurrección nacional. En perspectiva, el ascenso de China no es sino la última fase de la lucha sesquicentenaria del Sur global contra la colonización, para deshacerse del yugo de la hegemonía capitalista occidental que sufre desde hace 500 años.

¿Peligro en cierne?

Pero templemos nuestro optimismo, sobre todo por el hecho de que los poderes hegemónicos como EE UU suelen volverse todavía más agresivos cuando están en declive. EE UU es absolutamente superior a China en cuanto a su capacidad bélica, ya que China ha decidido dedicar la mayor parte de sus recursos económicos disponibles a sus prioridades económicas y la diplomacia económica. La enorme diferencia en este terreno crea una situación sumamente peligrosa, ya que Washington se sentirá tentado de compensar su rápido declive económico con nuevas aventuras militares, esta vez no en Oriente Medio, donde sus tropas siguen atrapadas en combates que no se pueden ganar, sino frente a China.

De ahí que la situación en el mar de China Meridional sea tan volátil. En una región en que no hay reglas de juego, salvo un equilibrio de fuerzas inestable, no es descabellado pensar que una simple colisión naval entre dos flotas que juegan al ratón y al gato entre ellas, como por lo visto hacen a menudo las fuerzas estadounidenses y chinas, podría desencadenar fácilmente una guerra convencional.

¿Somos demasiado alarmistas al calibrar los peligros de la absoluta superioridad militar de Washington? EE UU ha sido probablemente el país más belicoso del mundo en los últimos 245 años, expandiéndose constantemente y apoderándose de territorios mediante aventuras militares en sus primeros 150 años, y después utilizando la fuerza militar para alcanzar y mantener la hegemonía militar durante los siguientes cien años. Ha habido pocos periodos en que este país no ha estado en guerra. En efecto, la nación estadounidense ha estado combatiendo continuamente a lo largo de los últimos 20 años en Afganistán, y desde luego no es seguro que el poderoso grupo de presión de la guerra contra el terrorismo vaya a permitir al presidente Biden culminar su retirada total prevista de este país en septiembre de este año.

Compárese esto con China, que la última vez que desplegó una fuerza de guerra más allá de sus fronteras fue hace más de 40 años, en una operación transfronteriza de castigo a Vietnam que acabó en desastre para el Ejército de Liberación Popular, que Pekín preferiría olvidar. En efecto, el gran temor de los estrategas militares chinos es que sus fuerzas carecen de la experiencia bélica que tienen las de EE UU, un factor que sería crucial en cualquier conflicto. Como discípulos de Clausewitz, el gran teórico de la guerra, los comunistas chinos saben que hay un gran trecho entre prepararse para la guerra y entrar realmente en guerra, y que en este último caso, la experiencia bélica real sería decisiva. En su último libro, Graham Allison, decano del cuerpo de estudios de seguridad de EE UU, se pregunta retóricamente si China y EE UU están “destinados a la guerra”, como dice el título del libro. Lean el libro con atención, y pese a sus periódicas aseveraciones de que se ha escrito para permitir a Pekín y Washington evitar el conflicto, uno no puede evitar la sensación de que esta obra, que es de lectura obligada en [las academias militares de] West Point, Annapolis y Colorado Springs, está pensaba en realidad para exponer varias maneras de contener militarmente a China.

Esto no sorprende a quienes conocen a fondo, desde hace tiempo, la historia belicosa de la sociedad estadounidense, incluso antes de su declaración formal de independencia en 1776. Y no sería extraño que China, que por experiencia ha aprendido a ser muy realista con respecto a las relaciones entre Estados, considere que un golpe preventivo o provocador por parte de Washington no solo es posible, sino más bien probable. Seguramente los líderes del PCC, que ha vivido cien años de crisis y conflictos, no se preguntan si este golpe se producirá, sino cuándo, dónde y cómo.

01/07/2021

https://fpif.org/the-three-revolutions-of-the-chinese-communist-party/

Traducción: viento sur

Por Walden Bello, profesor adjunto de Sociología de la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton y copresidente del Consejo del instituto Focus on the Global South, con sede en Bangkok.

Publicado enInternacional
Lunes, 05 Julio 2021 05:44

Un abismo que se ensancha

Un abismo que se ensancha

Para el régimen en Nicaragua la mejor de las soluciones sería que las elecciones, que según la Constitución y las leyes deben realizarse en noviembre de este año, fueran nada más un trámite burocrático o, mejor que eso, que no existieran del todo. Que no existieran los partidos políticos de oposición ni tampoco los candidatos capaces de desafiar la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega.

Esta es una antigua idea sacada del leninismo de manual acondicionado al trópico, donde, de todas maneras, el vicio de la relección es más viejo que la revolución de octubre. La supuesta escogencia, ya tan obsoleta, sigue siendo entre democracia burguesa o democracia proletaria, aunque, en fin de cuentas, no es sino otra más simple: poder temporal, con alternancia democrática, o poder para siempre a toda costa.

La democracia representativa sale sobrando en la simpleza de este credo, porque la existencia de varios partidos en competencia, reza el alegato ideológico, sólo provoca disensiones. Entonces, la panacea, por mucho que huela a naftalina, es el partido único.

Los viejos telones rotos enseñan el tinglado de trampas y artimañas donde estas elecciones van a representarse. Al Consejo Supremo Electoral sólo tocará calcular de antemano la cifra abrumadora de votos con que el candidato oficial a presidente y su esposa, candidata a vicepresidenta, ganarán las elecciones.

Hallarse a la cabeza de las encuestas de opinión vuelve indeseable a un aspirante a la candidatura presidencial en estas condiciones. Es lo que ha ocurrido con Cristiana Chamorro, hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la anterior dictadura de Somoza en 1978, y de Violeta Barrios de Chamorro, quien ganó las elecciones de 1990.

Cristiana, quien presidió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a promover la libertad de expresión, está siendo acusada del delito de lavado de dinero y sus cuentas bancarias han sido congeladas, han allanado su domicilio, la han dejado incomunicada, con la casa por cárcel, y le han quitado sus derechos políticos, inhibiéndola sin que exista ninguna sentencia judicial condenatoria para que no pueda ser candidata.

Dos funcionarios de la Fundación han sido llevados a la cárcel, porque una atrabiliaria ley faculta al Estado a detener por tres meses a personas sujetas a investigación penal, con lo que el derecho de habeas corpus, que es una garantía universal, queda anulado. Dos presos políticos más, que se suman a los cerca de cien que ya había antes.

Todos los periodistas que han recibido alguna vez respaldo económico de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, o becas, están siendo llamados a declarar a cuenta de un delito inexistente y también como una manera de amedrentarlos. Algunos de ellos han sido ya indiciados y no pueden salir del país.

La Fundación Luisa Mercado, que yo presido, y que realiza cada año el Festival Centroamérica Cuenta, ha firmado convenios con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para organizar talleres y mesas sobre nuevo periodismo en el marco del festival, que tiene relieve internacional. Fui llamado a declarar ante la Fiscalía por este motivo, a pesar de que no hay nada oculto ni nada que no sea legal en esos convenios.

El pretexto de la acusación de lavado de dinero es que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro recibió fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del gobierno de Estados Unidos.

Los organismos no gubernamentales de Nicaragua reciben recursos de gobiernos extranjeros y de agencias internacionales. Ya Ortega mandó aprobar una ley que obliga a quienes obtienen fondos de estas fuentes, a declararse agentes extranjeros, y con eso pierden sus derechos políticos. Pero no es la que se está aplicando en este caso.

Han buscado el nombre de un delito que evoque al crimen organizado, por absurdo que pueda ser. El lavado de dinero, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo existe cuando se busca legitimar fondos "generados por actividades ilegales o criminales, por ejemplo, narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, extorsión, secuestro, piratería".

Ahora, otro aspirante presidencial, Arturo Cruz Sequeira, ha sido apresado en el aeropuerto al entrar al país procedente de Estados Unidos, acusado de violar la "Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", por "incitar a la injerencia extranjera". Esta es una ley que castiga aún el acto de "aplaudir" la imposición de sanciones impuestas desde fuera contra el régimen o personas de la maquinaria oficial.

Estas son, pues, las elecciones que se avecinan en Nicaragua. Unas elecciones donde no habrá candidatos oponentes, más que aquellos cortados a la medida de la representación teatral, que tiene un guion inflexible. Una falsa campaña electoral, unas elecciones de resultados ya sabidos desde antes y con unos ganadores asegurados de antemano.

Todo esto lo que demuestra es que el estado de derecho dejó de existir en Nicaragua. Lo demás es ficción y remedo. Y mientras tanto, el abismo se ensancha a nuestros pies.

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