Xi Jinping, el autócrata providencial en el centenario del PCCh

El escritor británico Anthony Burgess dio su definición sobre las conmemoraciones: algo así como una celebración de la memoria, ya que recordar de dónde se viene forma parte de diseñar hacia dónde se va. Para el Partido Comunista Chino, que celebra el centenario de su fundación, cumplida en julio de 1921, la celebración también sigue este principio. El pasado milenario de China, que la proyecta como el centro más próspero de las rutas comerciales asiáticas (el "Reino del Medio"), debe estar ligado al futuro en el que China recupere esa posición central; del mismo modo, el Partido Comunista muestra su futuro con los fuertes tintes de las gloriosas acciones de obreros y campesinos que, a mediados del siglo XX, superaron con heroicos esfuerzos la abominable opresión imperialista y la burguesía nacional para dar origen a la República Popular en 1949. Por lo demás, poco importa a la burocracia con sede en Pekín que el PCCh preserve la defensa de los trabajadores solo en una vaga retórica, habiéndose distanciado de hecho de la clase obrera hace mucho tiempo, recortando todas sus libertades de acción y pensamiento y convirtiéndola en un sujeto de explotación infernal por parte de los capitalistas nativos y occidentales para dar lugar al "milagro chino". La ironía es que mientras se celebran los 100 años del partido fundado para emancipar a la clase trabajadora, lo que se alaba hoy es un aparato burocrático que usurpó las conquistas revolucionarias de 1949 para restaurar el capitalismo en el coloso asiático.

Para Xi Jinping, la celebración oficia como un recordatorio de la grandeza personal que quiere transmitir a China y al mundo. Más cerca del romano Quintus Enius, Xi sabe que estará vivo mientras su legado pase por la boca de la humanidad, y es en ese legado en el que se centra. Casi una década en el poder, se enfrenta a enormes desafíos para China. Convertido en la segunda economía del mundo, y entrado en la carrera por la primacía industrial-tecnológica con Estados Unidos, el capitalismo chino (que se distingue del modelo habitual por el dirigismo estatal comandado por el PCCh) se ha convertido oficialmente en un "rival estratégico" de las potencias capitalistas occidentales. Dejando subrepticiamente de lado la "estrategia de los 24 caracteres" de Deng Xiaoping, que predicaba la circunspección y el bajo perfil de China en los asuntos exteriores, ocultando siempre su verdadera fuerza, Xi Jinping quiere mostrarse afirmativo. El Partido Comunista Chino proyecta su poder a nivel internacional, especialmente en el ámbito asiático, preparando la reincorporación de Taiwán y la integración territorial del Mar de la China Meridional, buscando desafiar la hegemonía de Washington existente en la región de Asia-Pacífico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los rápidos avances tecnológicos y la modernización de las Fuerzas Armadas –China tiene ahora la mayor flota de guerra del mundo– sirven al propósito del "sueño chino".

En una de las primeras ceremonias de apertura de las celebraciones del centenario, Xi Jinping, ensalzó la "lealtad al partido" y entregó una nueva medalla de honor ("Medalla del 1 de julio") a 29 miembros del PCCh, que ha gobernado China durante 72 años. "Dedica todo, incluso tu vida, al partido y al pueblo", dijo el gobernante a los 92 millones de afiliados. El país de los multimillonarios también tiene el partido de los multimillonarios. Cientos de miles de "capitalistas rojos", incluidos algunos de los empresarios más ricos de China, se encuentran entre los afiliados. Y no solo en sentido figurado, sino en posiciones de liderazgo en el Comité Central y el Politburó. Como revela la investigación de Bruce Dickson en Riqueza y Poder, la cantidad de empresarios capitalistas que son miembros del Partido Comunista Chino ha pasado del 13 % en 1993 al 35 % en 2008, y forma parte de una estrategia de cooptación del partido, en la que los gobiernos locales se fortalecen regionalmente incorporando al PCCh a los industriales más ricos (que se benefician de los resultados proyectados por estos gobiernos), y en la que los empresarios se benefician al tener facilidades para acceder a créditos bancarios y licitaciones, además de obtener la prerrogativa de injerencia política en las decisiones del partido. El mensaje de Xi Jinping a los empresarios chinos en octubre de 2020 seguía exactamente la misma lógica: todos los empresarios y multimillonarios se beneficiarán en China, siempre que colaboren con el mantenimiento del dominio del PCCh. No por casualidad, multimillonarios como Jack Ma, dueño del gigante Alibaba, y Pony Ma, de Tencent, son miembros del Comité Central, que dicta las coordenadas de la Asamblea Popular Nacional, en la que solo 209 diputados tienen una riqueza de 500.000 millones de dólares, equivalente al PBI de Bélgica.

De hecho, la lista de invitados distinguidos del Partido Comunista Chino para la celebración en la Plaza de la Paz Celestial es una radiografía sociológica del partido. Robin Li, multimillonario propietario de la empresa de Internet Baidu, es un querido amigo de Xi Jinping, invitado a las celebraciones junto con el empresario Dong Mingzhu, de Gee Electric Appliances. También está en la lista el multimillonario Lei Jun, dueño de la multimillonaria empresa de telefonía móvil Xiaomi y que fue invitado de gala a la celebración del 70 aniversario de la fundación de la República Popular en 2019. Jack Ma y Wang Xing, fundador del gigante tecnológico Meituan, han sido disciplinados por Xi Jinping para que vuelvan humildemente al reducto del PCCh. Los estalinistas brasileños, como Jones Manoel, celebran esta configuración del PCCh, diciendo (sin sonrojarse) que "no está en el horizonte del partido acabar con los multimillonarios." Por supuesto que no, ya que ninguna formación política prescinde voluntariamente de sus elementos vitales. En el siglo XX, los PC estalinistas defendían la asimilación de los terratenientes al socialismo; hoy, defienden la asimilación de los multimillonarios. Ayer y hoy, siempre con sus "terratenientes progresistas" en aras del orden del sistema estatal internacional.

Desde el punto de vista de las celebraciones, se hizo todo lo posible para entronizar a la burocracia del Partido Comunista como el principal desafío del imperialismo estadounidense y europeo en el nuevo siglo. Pero, ¿por qué Xi Jinping? ¿Qué razones lo convierten en el autócrata providencial en la obtención del "sueño chino"?

La encrucijada de la crisis mundial y el estancamiento chino

Según el filósofo de la escuela legalista china Han Feizi, que escribió en el siglo III antes de nuestra era sobre la necesidad de centralizar la autoridad total en manos de los gobernantes mediante leyes y métodos de administración (no por la virtud o la moral), los valores políticos cohabitaban, en una relación de subordinación, con las posibilidades materiales. Los tiempos materialmente difíciles exigían valores opuestos a la generosidad de la abundancia, así como los tiempos económicamente favorables explicaban la exuberancia y la magnanimidad. Curiosamente en sintonía con este tipo de materialismo individualista, la China del siglo XXI derrocha solidaridad retórica, contrarrestando la decadencia hegemónica del imperialismo estadounidense con los supuestos beneficios globales de su ascenso, adornado con favores para los aliados (y desgracias para los adversarios). Han Feizi probablemente explicaría la capacidad de proyección internacional de China de Xi Jinping con un examen minucioso de sus enormes éxitos económicos, que la han colocado como la segunda potencia mundial y la primera economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. El filósofo legalista clásico -si se sigue el ejercicio mental- estaría a favor de la política de premiar a los aliados y castigar a los enemigos como forma de condicionar el comportamiento de la comunidad internacional, cada vez más dependiente de China para sus propios éxitos económicos.

Es innegable que los tiempos son materialmente favorables para China a la luz de su historia reciente en el siglo XX, o el gran dolor de las humillaciones nacionales entre 1840 y 1949. Hay una contradicción de origen en el problema chino actual. La preparación de su crecimiento económico a ritmos monumentales se viene produciendo desde hace décadas, a partir de la apropiación por parte de la restauración capitalista -impulsada por Deng Xiaoping- de aquellos logros de la revolución de 1949. Pero, en realidad, la entrada de China en el escenario de las principales disputas mundiales es excesivamente reciente. Los contornos claros de su entrada en el proscenio de las disputas globales entre las grandes potencias son identificables con certeza desde 2013, cinco años después del estallido de la crisis económica mundial de 2008-2009. Hace menos de una década, la relación de China con las grandes potencias se basaba fundamentalmente en la integración de las cadenas globales de valor y en la estructura de la división internacional del trabajo heredada del neoliberalismo, en el marco de un sentimiento de desconfianza cordial que aún priorizaba la cooperación sobre la ya evidente competencia. Después de 2013, China pasó a ser considerada como una potencia a la que había que frenar en sus saltos económico-tecnológicos, y quedó oficialmente marcada como competidora estratégica de Estados Unidos y la Unión Europea con la iniciativa de la administración estadounidense de Donald Trump (2017-2020) de abrir una agresiva guerra comercial-tecnológica con China.

Para comprender mejor la actualidad concentrada de la posición cambiante de China en el mundo, es necesario arrojar brevemente luz sobre tres momentos. El primero de ellos es la apertura de la Gran Recesión en 2008. La crisis económica y financiera mundial no solo derribó a Lehman Brothers y la noción de infalibilidad capitalista que se propagó durante la era del triunfalismo neoliberal: también derribó la noción, alimentada por la burocracia del Partido Comunista Chino, de que su crecimiento podría seguir sosteniéndose de forma estable dentro del viejo sistema industrial orientado a la exportación. Victor Shih señala que al inicio de la crisis económica mundial de 2008 las exportaciones chinas se desplomaron drásticamente: mientras que en los años de bonanza china el crecimiento de las exportaciones era de una media del 20% anual, en 2009 las exportaciones chinas cayeron a menos de un 18 %. La contracción del comercio mundial, la fragilidad de la economía estadounidense, pero sobre todo la falta de nuevos nichos de acumulación de capital por parte de las grandes potencias que dieran solución a la crisis de 2008, obligaron al Politburó de Pekín a iniciar un tortuoso cambio en su patrón de crecimiento. El objetivo era dejar de depender de la exportación de productos con escaso valor añadido basados en la mano de obra intensiva, e introducir elementos de una economía avanzada que produjera alta tecnología. Para el mantenimiento de las tasas de crecimiento chinas, la dependencia del mercado exterior debe suavizarse a partir del impulso de un aumento masivo de la capacidad de consumo del mercado interno chino. También vinculado a esta transformación, China pasó de ser un bolsillo para la acumulación capitalista occidental a convertirse gradualmente en un competidor por el espacio de inversión mundial y el liderazgo en tecnología de punta. La crisis de 2008, por tanto, abrió el camino a un complejo cambio en las bases estructurales que sustentaban la economía china en los últimos 40 años.

El segundo momento fue el año decisivo de 2013. China, que seguía actuando como contratendencia mundial de los factores que impulsaban la crisis, anclando el desarrollo industrial y comercial mundial, se convirtió en parte del problema. Entre 2013 y 2014 comenzó a sentir los efectos de la crisis dentro de su propio territorio. El aumento de las exportaciones volvió a los niveles anteriores a la crisis durante los breves años de recuperación entre 2010-12, con un crecimiento medio del 25 % anual. Pero la recuperación fue efímera: en el bienio 2013-14, este crecimiento cayó al 7 % anual, y al -2 % entre 2015-16, y el superávit por cuenta corriente de China, que osciló entre el 8-10 % entre 2008 y 2010, cayó al 2 % después de 2013 (SHIH, 2019). Las dificultades materiales más graves fueron contenidas por el colchón de reservas internacionales de China, utilizado por Hu Jintao y Wen Jiabao para aplicar un plan de estímulo fiscal (o "flexibilización cuantitativa", cómo se conocieron las medidas similares) de 4 billones de yuanes entre 2009 y 2010. Pero la línea de fragilidad china se había hecho evidente, más aún con la crisis de las bolsas chinas en 2015, que le hizo perder billones de dólares en pocos días. Los esfuerzos por modificar el patrón de crecimiento de China y disminuir su dependencia de las exportaciones tuvieron que chocar con los intereses cristalizados de segmentos de la propia burocracia del PCCh que se beneficiaban demasiado del curso de la industrialización exportadora en las provincias. La necesidad de autopreservación de la burocracia china ante la posibilidad de un malestar social en la lucha de clases con los efectos de la crisis económica –en los años 2013-14 se registraron huelgas obreras récord– fortaleció al sector más decisivo de la burocracia para operar agresivamente este cambio: Xi Jinping llegó al poder en China precisamente en 2013.

El tercer momento de estos cambios en la posición de China en el sistema internacional de Estados se refleja en la reacción de las potencias occidentales, en primer lugar Estados Unidos, ante el nuevo rumbo del bonapartismo de Xi Jinping. El hito estratégico de esta etapa es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entre todas las tendencias nacionalistas y proteccionistas de sus políticas, sin duda fundadas en la propia crisis económica mundial y en las dificultades que atravesaba la economía estadounidense, se destaca una de ellas: la agresividad contra el avance de China. La carrera de China por cambiar el contenido de su producción, aumentando las inversiones en investigación y desarrollo de alta tecnología en ramas económicas de primera importancia –semiconductores, vehículos eléctricos, comunicación espacial, robótica, entre otras– ha hecho que China entre en la disputa por nichos de acumulación de capital. Esta entrada de China en la competencia por los espacios de inversión de capital ha puesto a China en curso de colisión con los intereses de Estados Unidos para preservar su primacía en la tecnología mundial. Todas las medidas de Trump relacionadas con China se basaron en el consenso bipartidista del imperialismo estadounidense para frenar el desarrollo chino. La disputa que marca nuestro siglo entre la superpotencia imperialista central (Estados Unidos) y la potencia emergente (China) –incluso teniendo en cuenta que China no está en condiciones de disputar la primacía imperialista en el mundo a Estados Unidos, muy por delante tecnológica y militarmente– entra en funcionamiento sin ningún disimulo.

Este período entre 2008 y 2017 es, por tanto, fundamental para entender la entrada de China en la contienda de los grandes asuntos capitalistas mundiales. Como no podía ser de otra manera, la línea política del Partido Comunista Chino, con Xi Jinping a la cabeza, tomó un rumbo aún más autoritario. Steve Tsang y Honghua Men afirman que el retroceso de la economía mundial provocado por la crisis financiera de 2008 representó la oportunidad para que un político como Xi Jinping se hiciera notar:

Los avances en materia de desarrollo que China había logrado hasta 2012 la colocaron en un lugar que obligó a los dirigentes a tomar decisiones estratégicas sobre la dirección que tomaría el país a partir de entonces. El enfoque desarrollista seguido por los dirigentes del Partido Comunista después de que Deng Xiaoping inaugurara las reformas en 1978 ya estaba agotado para entonces. La "década dorada" de la asociación entre Hu Jintao y Wen Jiabao marcó el punto álgido de lo que el viejo enfoque podía ofrecer. La perspectiva de prolongar ese enfoque durante otra década no es prometedora. La atmósfera internacional cambiaba, el panorama económico se modificaba, las ventajas demográficas se erosionaban rápidamente, las presiones medioambientales aumentaban, las expectativas de los ciudadanos crecían, las relaciones entre grupos étnicos presentaban desafíos. El gobierno chino tenía que adoptar una vía más dinámica, o arriesgarse a que estos retos se le escaparan de las manos [1].

¿El momento Xi Jinping?

Esta es una forma de presentar las importantes modificaciones estructurales en el modus operandi del Partido Comunista para adaptarse a las necesidades impuestas por la crisis de 2008 y sus claros efectos en China a partir de 2013. Desde que Xi llegó al poder en noviembre de 2012, durante el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, su conducta ha sido combinar las políticas de aumento de las capacidades tecnológicas de producción (cambiando el contenido de la producción), con la regulación de las tasas de crecimiento medio del PBI de China. En contra de lo que se suele pensar, la reducción de la tasa media de crecimiento anual del PBI no implica necesariamente un debilitamiento económico. El punto de inflexión de 2013 se impuso a China para deshacerse del patrón de crecimiento a tasas superiores al 10 %. El enfoque estratégico del PCCh para equilibrar la economía implica objetivos de crecimiento anualizados del 7 %, y Xi quiere dejar claro que esta disminución de ritmos forma parte de la planificación económica en esta etapa. El énfasis está en la calidad del crecimiento, o en qué sectores de la economía se convierten en los nuevos centros de gravedad del capitalismo chino.

Xi Jinping añadió su marca a las supuestas premisas que entronizaron los derechos vitalicios de poder de la burocracia del PCCh: la búsqueda de China del estatus de gran potencia mundial. El actual nacionalismo chino se difunde ideológicamente en estrecha relación con la responsabilidad del pueblo de cooperar con los esfuerzos del "gran rejuvenecimiento" de la nación china, también estipulado en el XVIII Congreso del Partido Comunista. Los principales líderes gubernamentales que encabezan estos esfuerzos son todos aliados cercanos de Xi. Li Keqiang y Liu He (economía), Chen Xi y Wang Huning (ideología), Wang Qishan (seguridad), Zhang Dejiang (asuntos exteriores), Liu Yunshan (organización del partido) y Meng Jianzhu (asuntos políticos internos) son algunos de los principales hombres fuertes de Xi Jinping, que dirigen comités de administración que van desde la economía hasta la jurisdicción política estatal.

Pero esto se refiere a las necesidades de China en el centenario del Partido Comunista Chino. Otra cosa es saber por qué Xi Jinping fue consagrado como agente político todopoderoso, el segundo después de Mao Zedong, para llevar a cabo esas necesidades. Nada indicaba previamente que Xi Jinping sería el líder ungido del Partido Comunista. Hijo de un veterano del Partido, Xi Zhongxun –que fue uno de los favoritos de Mao para hacer carrera militar en el Norte durante la Guerra Civil, y que luego fue clave en la aplicación de las reformas procapitalistas de Deng Xiaoping–, Xi Jinping conoció desde muy joven el ambiente olímpico de la casta burocrática china. Tras ser enviado al campo en la provincia de Shaanxi durante la Revolución Cultural (1966-69), conoció los efectos directos de la entrada de capital extranjero en China cuando estuvo destinado en Xiamen, en la provincia de Fujian, una ciudad industrial que en la década de 1980 se convirtió en una de las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE). Xi se benefició políticamente de la represión de la Plaza de Tiananmen en 1989, ascendiendo en la jerarquía del partido con los triunfos de Deng, cuyo famoso "Viaje al Sur" de 1992 Xi pudo observar de primera mano. Secretario del Partido en el distrito de Ningde en la década de 1990 e incorporado al Comité Central del PCCh en medio de la crisis financiera asiática de 1997 (ayudado por las maniobras burocráticas del entonces presidente Jiang Zemin), Xi Jinping se trasladó posteriormente a la provincia agraria de Zhejiang a principios de la década de 2000, donde adquirió cierta notoriedad ya que la proximidad de la provincia a Shanghái hizo que se desarrollara rápidamente: bajo el liderazgo de Xi, las exportaciones de Zhejiang aumentaron un 33 % en cuatro años.

En cuanto a la orientación política, Xi Jinping era un partidario declarado de Deng Xiaoping y su política de reformas procapitalistas. La apariencia conduce al engaño y la exageración si se separa de la esencia de las cosas: a pesar del fortalecimiento de algunos gigantes nacionales (requisito para la proyección internacional, por cierto), Xi Jinping es un rígido defensor del capitalismo chino. Siguiendo los pasos de su padre, el actual presidente de China dio rienda suelta, allí donde trabajó, a las reformas liberalizadoras que devoraron los logros de la revolución de 1949 para catapultar el capitalismo chino a nuevas alturas. Patrocino el fortalecimiento de los principales propietarios privados del PCC, como Jack Ma, dueño de Alibaba, y Li Shufu, propietario de la automotriz Geely (ambos son de la provincia de Zhejiang). Animó a 2.000 empresarios de la provincia costera a invertir en el exterior en 116 países. Observando los tiempos actuales, se descubre fácilmente el origen de los enormes beneficios entregados por Xi Jinping al capital privado, a pesar de las eventuales medidas contra la cartelización de sectores de la economía.

Combinación de Mao y Deng

Sin embargo, la agresividad liberalizadora de Xi nunca implicó una clara separación individual de la figura de Mao. Curiosamente, en realidad ha ocurrido lo contrario. En ocasiones emblemáticas, Xi ha hecho públicos sus homenajes al "Gran Timonel". A finales de 2012, en uno de sus primeros viajes por China como secretario general del PCCh, Xi Jinping visitó la industrializada ciudad sureña de Shenzhen, rindiendo homenaje a la estatua de Mao. En las extensas celebraciones militares del 70 aniversario de la República Popular, Xi apareció en la plaza de Tiananmen con el mismo atuendo maoísta. Esto no es una casualidad. Revestir la línea de profundización de la liberalización a la Deng con la armadura de Mao sirve para señalar, interna y externamente, que China no seguirá el camino de la URSS, sacrificada por la odiada política de Gorvachov, según la ideología del PCCh. En enero de 2013, Xi se dirigió al Comité Central Chino sobre las razones de la caída de la Unión Soviética y la desaparición del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), señalando la "confusión ideológica" como factor central, e identificando la máxima traición que habría llevado al abismo la propia renuncia al legado de Stalin, con las acusaciones de Khrushchev en el famoso XX Congreso del PCUS de 1956.

De hecho, el nuevo gobierno posterior a 2013 no escatimó esfuerzos para hacer entender que China preservaría el legado de Mao, evitando el proceso de "desestalinización" que, a ojos de la burocracia autoritaria de Pekín, fue la decisión que hizo sonar la campana de muerte del PCUS. En ese mismo inicio de su gobierno, en enero de 2013, Xi Jinping fue más allá e incluyó su visión sobre cómo deben verse los periodos históricos en China. Como recuerda François Bougon en "Inside the Mind of Xi Jinping", en su discurso en la Escuela del Partido de Pekín dirigido a los miembros permanentes del Comité Central del PCCh, Xi argumentó que la historia del Partido debía considerarse como un todo, sin la fragmentación de sus partes. Haciendo hincapié en las épocas de la "implantación del socialismo" de Mao Zedong en China, y la era de la reforma y la apertura de Deng Xiaoping, que dio paso al "socialismo con características chinas", el nuevo presidente concluyó que los treinta años de maoísmo (entre 1949 y 1979), y los posteriores treinta años de reformas procapitalistas son complementarios; no deben separarse el uno del otro, y mucho menos oponerse. En parte, Xi bebía en la fuente de las resoluciones de 1981 sobre "Algunas cuestiones sobre la historia de nuestro partido desde la fundación de la República Popular China", adoptadas en el sexto pleno del undécimo Comité Central del Partido, según las cuales era necesario distinguir el pensamiento de Mao, de los errores que había cometido su figura política. Pero Xi elevó esta decisión a la categoría de una concepción integral que respalda el derecho histórico del PCCh al poder. En ese discurso dejó claro que evocaba la síntesis entre las dos épocas, la de Mao y la de Deng, la de la fundación de la República Popular con la de las reformas procapitalistas, como pilar del nuevo régimen: al igual que sería incorrecto invocar a Mao para criticar las reformas de apertura, sería inaceptable señalar las reformas como punto de apoyo crítico a Mao. En palabras de Xi:

Nuestro Partido ha dirigido al pueblo en la construcción del socialismo durante dos épocas, antes y después del período de reforma y apertura. Estas dos épocas están mutuamente conectadas, aunque difieran entre sí en muchas cosas, pero ambas son períodos en los que la construcción del socialismo fue implementada y explotada por nuestro Partido a la cabeza del pueblo. El "socialismo con características chinas" se inició con el nuevo período histórico de la reforma y la apertura, pero también se inició sobre los cimientos del sistema socialista ya establecido en la Nueva China [...] Aunque haya grandes diferencias entre los dos períodos en cuanto a la ideología, la política gubernamental y el trabajo práctico, no pueden separarse, y menos aún ponerse en oposición. El período histórico que precedió a la apertura y a la reforma no puede ser negado por el que le sucedió; tampoco puede utilizarse el período histórico que precedió a la apertura y a la reforma para negar el período posterior.

La conducta gubernamental de Xi Jinping es ilustrativa de la puesta en común de los rasgos distintivos de las épocas Mao-Deng, cristalizados entonces en el concepto "los dos que no se pueden negar" (liangge buneng fouding). En otras palabras, ni la era de la reforma ni la era de la apertura podían utilizarse para negarse mutuamente. En diciembre de 2013, en el 120º aniversario del nacimiento de Mao, Xi Jinping rindió homenaje al Gran Timonel en términos benévolos: se trataba de indicar la línea maestra del gobierno, que busca perpetuar el dominio del capitalismo chino bajo la égida del Partido Comunista, como soñó Deng Xiaoping. La ironía es que la complementariedad entre las dos épocas, si no fue virtuosa, sin duda operó en común en un aspecto primordial, que a la burocracia le interesa menos destacar: la preservación de la concepción estalinista del socialismo en un solo país para China, como bloqueo a la expansión internacional de la revolución y que resultó en la restauración capitalista por las propias fuerzas del PCCh.

Ascendiendo la montaña burocrática

Pero esto, aunque arroja luz sobre la concepción impulsora del nuevo gobierno, sigue sin explicar la elección de Xi Jinping. Frente a una nómina de burócratas empeñados en la restauración acelerada del capitalismo, tras el triunfo del ala de Deng contra el ala de los restauracionistas "moderados" (Chen Yun, Deng Liqun) a mediados de los años noventa, Xi Jinping no se erigió con ninguna capacidad extraordinaria a pesar de figurar entre los funcionarios bien situados en el Comité Central.

El sinólogo británico Kerry Brown, en su libro "CEO, China: the Rise of Xi Jinping", explica que en 2007, poco antes de la remodelación del liderazgo del partido en 2012 (el último año del gobierno de Hu Jintao-Wen Jiabao), tres nombres figuraban entre los más mencionados en la línea de sucesión: Li Keqiang, Li Yuanchao y Xi Jinping. Otro político de prestigio, Bo Xilai, hijo de un veterano del PCCh (Bo Yibo), surgió entre los aspirantes. Aunque menos cercano que los demás a Hu Jintao, Xi Jinping alcanzó el puesto de vicepresidente de la Comisión Militar Central, una institución clave en la política china cuya dirección aseguró el dominio indiscutible de Mao y Deng. Este paso supuso una ventaja considerable para Xi, complementada por un juego de fortuna: ante las acusaciones de corrupción de Chen Liangyu, jefe del Partido en Pekín, la burocracia del partido elige a Xi Jinping como su sustituto. El control de las provincias, o de ciudades estratégicas como Pekín, ha sido la plataforma más importante para ascender en la jerarquía interna del Partido Comunista desde su creación. Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping fueron líderes provinciales que llegaron a la cima de la burocracia de Pekín. Las provincias chinas tienen economías y densidades de población que a veces superan las de muchos estados nacionales. Henan y Sichuan tienen más de 100 millones de habitantes cada una, Shangái tiene el PBI de Finlandia y Guangzhou el de Indonesia. Esto confiere un inmenso poder a los líderes de estos colosos provinciales, que constituyen el grupo más influyente dentro de un Comité Central poblado por ministros, presidentes de empresas estatales y propietarios privados.

Con estas credenciales necesarias, Xi Jinping asumió la presidencia de la República Popular China en noviembre de 2012, ascendiendo también al cargo de presidente de la Comisión Militar Central y al de secretario general del PCCh. Pero estas credenciales necesarias no eran suficientes por sí mismas. Xi demostró ser el más capaz de encarnar las tendencias bonapartistas y nacionalistas que exigía la crisis económica mundial de 2008 y sus efectos en China en 2013. El bonapartismo, según la tradición marxista, distingue a una figura política autoritaria que, ante el enfrentamiento de las clases sociales en momentos de crisis y para evitar procesos abiertos de revolución y contrarrevolución, se eleva aparentemente por encima del eje de las clases y de su representación parlamentaria, convirtiéndose en un "juez árbitro" de la nación; este dominio del sable no está suspendido en el aire: sociológicamente, sirve a los intereses del sector y empresa más fuerte de la clase explotadora (el capital financiero), y políticamente sitúa el eje de su poder en la policía, la burocracia estatal y la camarilla militar” [2]. En el caso de la China capitalista, cuyo sistema presenta muchas diferencias con respecto a las formaciones occidentales, esta característica bonapartista afecta también, como un factor tan importante como los mencionados anteriormente, a la preservación del poder del Partido Comunista como fuerza política de dominio indiscutible. Xi Jinping reunió en sí mismo las mejores características disponibles para mantener el poder del PCCh en tiempos de crisis mundial. Como tal, se alzó como la fuerza más bonapartista para la defensa de los intereses de la casta burocrática de Pekín.

Los cuatro pilares de Xi

Podemos señalar cuatro ejes de intervención de esta fuerza social representada por Xi Jinping, y que le dieron amplios poderes. En primer lugar, desde el punto de vista económico, Xi representó la creciente necesidad de desarrollo tecnológico de China. A diferencia de Li Keqiang (que estudió Derecho) y Li Yuanchao (que estudió Historia), Xi tenía formación en ingeniería y ocupó comités responsables del desarrollo de la investigación y la innovación en los departamentos estatales. El actual presidente chino se opuso a lo que llamó "estructura industrial irracional" combinada con una "capacidad de innovación inadecuada". La carga presupuestaria dedicada a la investigación y el desarrollo (I+D) se ha disparado desde 2013. El gasto en I+D de China, en relación con el PBI, creció del 0,7 % (2.800 millones de dólares) en 1991 al 2,2 % del PBI (263.000 millones de dólares) en 2017. Según el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, China fue el mayor usuario del sistema internacional de patentes por primera vez en 2019, seguido de Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur. En el ranking publicado en 2019 por la Comisión Europea de las 2.500 empresas del mundo que más invierten en investigación y desarrollo, China es el segundo país con más empresas, por detrás de Estados Unidos, seguido de Japón y Alemania. El gasto total en I+D de China alcanzó los 2,214 billones de yuanes (unos 321.300 millones de dólares) en 2019, un 12,5 % más, o 246.570 millones de yuanes, en comparación con 2018, según un informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Finanzas. El resultado de este movimiento ha sido una competencia por la primacía tecnológica con Estados Unidos. Este énfasis de la tecnología en el régimen de Xi ilustra la respuesta que China se vio obligada a dar ante la crisis del comercio mundial con la Gran Recesión de 2008. Más que eso, Xi fue proactivo y se encargó de llevar a cabo, de forma gradual pero segura, el cambio necesario en el patrón chino de acumulación capitalista, reduciendo la dependencia de la economía china de las exportaciones de bajo valor añadido, y desarrollando las bases de una economía de producción de alto valor añadido basada en el fortalecimiento del mercado interno. Con Xi, la fábrica del mundo debería convertirse en la inteligencia artificial de circuitos integrados del mundo. Tanto es así que el XIV Plan Quinquenal, por primera vez en la historia de la República Popular China, tiene un capítulo especial dedicado a la tecnología. Como informa Jaime Santirso, de El País:

En términos prácticos, el impulso estatal a la innovación, un concepto abstracto, se traduce en más recursos. El Gobierno prevé que en los próximos cinco años la inversión en investigación y desarrollo crezca a un ritmo anual superior al 7 %, una cifra viable, ya que en el último cuarto de siglo nunca ha bajado del 8 %. En términos absolutos, China dedica el 2,4 % de su PBI a esta partida, tres puntos porcentuales menos que Estados Unidos. Los recursos se destinarán a sectores considerados estratégicos. El plan menciona siete: la inteligencia artificial, la información cuántica, los semiconductores, la neurociencia, la ingeniería genética, la medicina clínica y la exploración del espacio, las profundidades oceánicas y los polos. El tema central es la autosuficiencia: un concepto transversal en la planificación, ya que China pretende reducir sus vulnerabilidades y blindarse frente al exterior.

Desde el punto de vista de la seguridad interna, China se enfrentó en 2009 a una insurgencia amenazante en la región separatista del Tíbet y a movilizaciones de la población musulmana en la región de Xinjiang, en el noroeste del país. Estos fenómenos de resistencia al autoritarismo estatal y en defensa de la autodeterminación nacional de los pueblos oprimidos por China hicieron tambalear la confianza del gobierno de Hu Jintao. A mediados de la década de 2000, las llamadas "revoluciones de colores" en varios países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, como Ucrania, Georgia y Kirguistán, ya habían hecho saltar las alarmas en la burocracia china. No menos llamativos fueron los procesos de la Primavera Árabe de 2011, con movilizaciones de masas que derrocaron a dictadores en Túnez, Egipto y Libia (procesos que, en ausencia de una fuerza independiente de la clase trabajadora, fueron derrotados). La cuestión de la unidad nacional china, siempre una delicada llaga para el gobierno, se convirtió en una preocupación aún mayor con estos hechos políticos que aumentaron la desconfianza en Pekín sobre las intenciones de las potencias occidentales. Del Tíbet a Xinjiang, de Hong Kong a Taiwán, creció el sentido de autopreservación de la burocracia del PCCh, que depende de los logros de la unificación nacional heredados (e incompletos) de 1949. Xi Jinping, como presidente de la Comisión Militar Central y jefe supremo del Ejército Popular de Liberación, representó a la perfección el sentimiento agresivo del segmento mayoritario del gobierno sobre la defensa de su territorio, pero también de la necesaria realización de las tareas de unificación nacional. Ha impulsado la virtual incorporación de Hong Kong al territorio chino, con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en la ciudad financiera, e invoca un discurso cada vez más amenazante en favor de la reincorporación de Taiwán –que es muy importante para los planes de desarrollo tecnológico chino al tener en su territorio al principal productor mundial de semiconductores (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)–. La retórica de Xi contra el imperialismo estadounidense ha adquirido un tono mucho más asertivo contra cualquier amenaza de injerencia extranjera en los asuntos chinos.

Socialmente, Xi Jinping ha encarnado la represión virulenta de cualquier manifestación de los trabajadores chinos en el terreno de la lucha de clases. En la nueva fase de la historia nacional china, tras la crisis mundial de 2013, no se toleran las manifestaciones de los trabajadores, además de la habitual asfixia de las iniciativas para organizarse independientemente del aparato sindical oficial. Los años de crisis económica fueron tiempos de aumento exponencial de las huelgas de trabajadores en China. Los disturbios en huelga –que en la terminología gubernamental aparecen como "incidentes masivos"– aumentaron de 87.000 en 2005 a 127.000 en 2008, en plena Gran Recesión. Los datos de los tribunales de arbitraje en materia laboral confirmaron este monumental crecimiento de las huelgas en 2008, que casi se duplicaron respecto a las cifras del año anterior. El China Labour Bulletin (CLB), por su parte, identifica la tendencia de crecimiento de las huelgas laborales entre 2013-2014, un periodo de caída de las exportaciones y del superávit comercial chino, lo que se traduce en la menor tasa de crecimiento del PBI en décadas.

El récord se estableció en 2015, cuando se registraron más de 2.700 huelgas en China (en 2018 hubo 1.700 huelgas, frente a las 1.200 registradas en 2017).

Militarmente, el programa central de Xi Jinping es la modernización acelerada de las Fuerzas Armadas chinas. China ya no puede contenerse dentro de sus propias fronteras nacionales, ya que su influencia económica y, en consecuencia, política tiene alcance internacional. Por tanto, la tradicional cautela geopolítica china debe combinarse con elementos de mayor asertividad en el ámbito regional. La remodelación de las bases de crecimiento de China la sitúa directamente en una trayectoria de colisión con el status quo de la estructura de seguridad asiática, que desde la Segunda Guerra Mundial ha estado bajo la responsabilidad de Estados Unidos. Como presidente de la Comisión Militar Central y comandante supremo del Ejército Popular de Liberación, Xi Jinping ha encarnado el programa de modernización acelerada del arsenal bélico chino para romper con el status quo de la estructura de seguridad asiática. De forma subrepticia, Pekín desea comunicar que Asia ya no pertenece a los estadounidenses, y que son las naciones asiáticas las que ejercerán el control de la seguridad de las rutas comerciales y marítimas estratégicas del Océano Pacífico. Esto es así porque el control de Asia sirve de plataforma para la proyección del poder de China sobre todo el mundo.

Hay otra forma de ver el ascenso de Xi Jinping, combinable con la primera apreciación: simplemente heredó del pasado las tareas inconclusas de los últimos líderes. Este elemento subraya la continuidad, más que la discontinuidad, con el legado político de las generaciones anteriores. La coherencia con la historia pasada del gobierno del Partido Comunista no es un factor secundario en la elevación de un líder en la China post-Mao. En su década en el poder, Hu Jintao insistió en la necesidad de perseguir el desarrollo científico y lograr una sociedad moderadamente próspera para 2035, puntos programáticos marcados con énfasis en las banderas de Xi Jinping. Las críticas del actual presidente chino al crecimiento insostenible y desequilibrado de China ya estaban en boca del anterior primer ministro, Wen Jiabao. Estos y otros componentes fueron objetivos heredados por la nueva administración. La capacidad de cumplir estos objetivos influyó sin duda en la unción de Xi, más allá de los nuevos retos que planteó la crisis económica de 2008. Estas capacidades se refieren, nada menos, que a la preservación de las fortalezas morales de los dirigentes del PCCh ante el pueblo.

¿Burocracia posmaoista o clase obrera en acción?

En definitiva, Xi se inscribe en la tradición de las proyecciones políticas a largo plazo características de la administración china posterior a 1949. Para Mao Zedong, el futuro debería corresponder a una especie de paridad de condiciones materiales para todo el pueblo chino, una igualdad que tendría que encajar dentro de un régimen político completamente burocratizado, sin ningún rastro de democracia obrera urbana y rural, y encerrado dentro de los estrechos confines de las fronteras nacionales (la noción reformista-nacional de Stalin-Bujarin de "socialismo en un solo país"). Después de 1978, para Deng Xiaoping, el futuro consistía en el crecimiento económico a cualquier precio, y debía pasar por encima de la preocupación por una cierta paridad de condiciones materiales entre las personas, un pensamiento que se inscribía en el marco de una política restauradora del capitalismo a las puertas de la ofensiva neoliberal a nivel mundial. Para Xi Jinping, que les sigue en importancia, el futuro implica el "sueño chino" (zhongguo meng), una especie de rescate de la milenaria grandeza imperial para proyectar a China al estatus de superpotencia mundial. A partir de 1980, dentro de los parámetros establecidos por Deng tras la muerte de Mao, China debería pasar por tres fases. En la primera fase, la tarea consistiría en proporcionar alimentos y ropa a la población china, aún sumida en la pobreza resultante de las catástrofes del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. En la segunda fase, China se esforzaría por lograr una sociedad moderadamente próspera (xiaokang sheshui, un concepto extraído del confucianismo) para 2035; esta fase está en curso. En la tercera fase, China debería completar la modernización de sus zonas urbanas y rurales en su conjunto para el centenario de la Revolución China en 2049, convirtiendo al país en una gran potencia mundial. Bougon lo atestigua:

“La fórmula del "Pensamiento de Xi Jinping" anunció una nueva era de treinta años, que se extendería hasta 2050, siguiendo las eras de Mao y Deng, con sus herederos Jiang Zemin y Hu Jintao. Xi se consolidó como maestro y guía todopoderoso de China. Para él estaría reservado conducir a China por un camino que atraviesa dos etapas distintas para convertirse en una "gran nación socialista moderna": entre 2020 y 2035, el objetivo es lograr una "sociedad moderadamente próspera", la expresión confuciana utilizada por Deng; entre 2035 y 2050, la nación china volverá a ser un líder económico mundial. China será "próspera, fuerte, democrática, culturalmente avanzada, armoniosa y hermosa", como dijo Xi a 2200 delegados [...] Para Xi, esta nueva era –su era– será de pleno rejuvenecimiento”.

Estos dos últimos objetivos coinciden con fechas conmemorativas estratégicas: respectivamente, el centenario de la fundación del PCCh y el centenario de la fundación de la República Popular. Como vínculo moderno que conecta el pasado con el futuro, Xi Jinping quiere dejar su huella en esta transición de la sociedad moderadamente próspera al "gran rejuvenecimiento" (fuxing-zhilu) de la nación china como gran potencia. De todo lo anterior se desprende una importante conclusión: no estamos tratando una cuestión individual de la figura de Xi Jinping, extrayéndola de la historia concreta. Aunque las personalidades son muy importantes en la historia política, lo esencial es qué fuerzas de clase y qué programa representan. Su ascenso responde a ciertas tendencias internas de China, y sobre todo externas. La autoridad de Xi está revestida de las necesidades sociales de la burguesía china y de la burocracia estatal ante la crisis económica mundial de 2008 (agravada por la pandemia de 2020), que amenazaba dramáticamente el rumbo previsto, y cuyos efectos solo podían prolongarse con fuertes inyecciones de estímulo fiscal y control social. Es una figura providencial para las necesidades de una burguesía que necesita operar un complejo giro interno que altere el patrón de crecimiento adoptado por China en las últimas décadas.

El único baluarte contra la disputa intercapitalista entre China y Estados Unidos solo lo puede proporcionar la clase obrera china y su acción en la lucha de clases. El nacionalismo reaccionario de la burocracia post-maoísta de Xi no es una alternativa al imperialismo occidental. La fuerza de los trabajadores chinos, como en todo el mundo, está en su unidad, no solo en su propio territorio sino a nivel internacional, a la solidaridad con los musulmanes de Xinjiang reprimidos por Pekín, en la oposición a la explotación de los trabajadores migrantes en Taiwán y en la coalición del PCCh con la junta militar asesina de Myanmar. Este es el verdadero poder del siglo, y es en la lucha de clases donde los trabajadores chinos necesitan construir su propia herramienta política, independiente del aparato burocrático reaccionario del PCCh.

Traducción: Javier Occhiuzzi

Fuentes bibliográficas (no citadas directamente en el texto):

Fulda, Andreas, The Struggle for Democracy in China, Taiwan and Hong Kong, E. Tylor & Francis Ltd, 2019.

Elfstrom, Manfred, Workers and Change in China: Resistance, Repression, Responsiveness, Ed. Cambrigde University Press, 2014.

Elfstrom, Manfred & Kuruvilla, Saros, The Changing Nature of Labor Unrest in Chine, Ed Cornell University ILR School, 2014.

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 Rusia today Foto: kremlin.ru

Entre otros aspectos, la estrategia indica que Rusia considera legítimo tomar las medidas simétricas y asimétricas necesarias en respuesta a acciones hostiles por parte de Estados extranjeros.

 

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó este sábado la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia. El decreto correspondiente, publicado este sábado en el Portal Oficial de Información Legal ruso, reemplazará el anterior, adoptado en 2015. 

"La implementación de esta estrategia contribuirá a proteger el pueblo de Rusia, desarrollar el potencial humano, mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, fortalecer la capacidad de defensa del país, la unidad y cohesión de la sociedad rusa y lograr los objetivos de desarrollo nacional, aumentando la competitividad y el prestigio internacional de Rusia", reza el documento.

Entre otras prioridades de Rusia el archivo menciona la protección de los fundamentos tradicionales de la sociedad rusa, así como la seguridad ambiental y el uso racional de los recursos naturales.

Injerencia desde el exterior

Frente a la implementación de la política deliberada de contener a Rusia desde el exterior, el documento señala "la importancia vital" de fortalecer "la soberanía del país, su independencia, su integridad estatal y territorial", así como de proteger "los fundamentos espirituales y morales tradicionales de la sociedad rusa", garantizar la defensa y la seguridad y "prevenir la injerencia en los asuntos internos del país".

El curso hacia el fortalecimiento de las capacidades de defensa, la unidad interna y la estabilidad política, la modernización económica y el desarrollo industrial "aseguró el fortalecimiento de la condición de Estado soberano de Rusia como un país capaz de llevar a cabo una política exterior e interna independiente y de resistir eficazmente los intentos de presión externa", señala el documento.

"Solo una combinación armoniosa de un Estado fuerte y el bienestar humano garantizará la formación de una sociedad justa y la prosperidad de Rusia", continúa. En este sentido, la estrategia se basa en la interrelación e interdependencia de la seguridad nacional del país y su desarrollo socioeconómico.

Amenazas militares

El texto destaca que la situación militar y política en el mundo se caracteriza por la formación de nuevos centros de poder globales y regionales, así como por el agravamiento de la lucha entre ellos por las esferas de influencia. Se indica también que crece la importancia de la fuerza militar como instrumento para el logro de los fines geopolíticos a nivel internacional.

"El fortalecimiento de los peligros militares y las amenazas militares para la Federación de Rusia se ve facilitado por los intentos de ejercer presión sobre Rusia, sus aliados y socios, la acumulación de la infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, la intensificación de las actividades de inteligencia y los ejercicios de uso contra Rusia de grandes formaciones militares y armas nucleares", dice el documento.

La estrategia establece que para proteger los intereses nacionales de Rusia de las amenazas externas e internas, "incluso de las acciones hostiles de Estados extranjeros", es necesario "aumentar la eficiencia del uso de los logros existentes y las ventajas competitivas de Rusia, teniendo en cuenta las tendencias a largo plazo del desarrollo global".

El proyecto también afirmó que el despliegue planificado de misiles estadounidenses de mediano y corto alcance en Europa y la región de Asia y el Pacífico representa una amenaza para la estabilidad estratégica y la seguridad internacional. En la estrategia también se enfatiza que, "en el contexto del desarrollo del potencial del sistema global de defensa antimisiles, EE.UU. está siguiendo un curso constante de renuncia a las obligaciones internacionales en el campo del control de armas".

Respuesta a las acciones hostiles

Rusia tiene derecho a tomar medidas simétricas y asimétricas en respuesta a acciones hostiles por parte de Estados extranjeros, asegura el documento.

"En el caso de que Estados extranjeros cometan acciones hostiles que amenacen la soberanía y la integridad territorial de la Federación de Rusia, incluidas las relacionadas con el uso de medidas restrictivas (sanciones) de carácter político o económico o el uso de tecnologías modernas de la información y las comunicaciones, Rusia considera legítimo tomar las medidas simétricas y asimétricas necesarias para reprimir tales acciones hostiles, así como para evitar que se repitan en el futuro", dice el documento.

Seguridad informática

A diferencia del documento anterior, la nueva estrategia contiene más datos sobre las tecnologías de la información y la comunicación y advierte que el rápido desarrollo de las mismas "va acompañado de un aumento en la probabilidad de amenazas a la seguridad de los ciudadanos, la sociedad y el Estado".

"El uso de tecnologías de la información y la comunicación se está expandiendo para interferir en los asuntos internos de los Estados, socavar su soberanía y violar la integridad territorial, lo que representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", advierte el documento.

La estrategia también apunta a que "la actividad de los servicios especiales de Estados extranjeros se está intensificando para realizar operaciones de inteligencia y de otro tipo en el espacio de información ruso. "Las fuerzas armadas de dichos Estados están practicando acciones para inhabilitar la infraestructura de información crítica de la Federación de Rusia", se asevera en el texto.

Comentando la nueva redacción de la estrategia rusa, el experto en geopolítica Fernando Moragón destaca la relevancia de los nuevos desafíos plasmados en el texto, y opina que EE.UU. libra una guerra híbrida contra Rusia, amenazando a su seguridad.

Publicado: 3 jul 2021 17:03 GMT

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El conflicto armado en Colombia se recrudeció durante las protestas

El sistema de justicia transicional, surgido del acuerdo de paz, advierte además del regreso del paramilitarismo con el propósito de atemorizar a los manifestantes

 

El conflicto armado de más de medio siglo que tanto le ha costado dejar atrás a Colombia se recrudeció en varias regiones durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que amainan después de dos meses. El llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de todo el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz sellado hace más de cuatro años con la extinta guerrilla de las FARC, ha advertido el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

A pesar del desarme hace ya más de cuatro años de la que fue la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en el partido político Comunes, el informe enciende las alarmas sobre la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, y el pasado 30 de mayo aumentaron los eventos relacionados con el conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que incluye a la JEP, a la Comisión de la Verdad que este año debe entregar su informe final y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

 “En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, alerta el más reciente informe de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En el marco de las manifestaciones, hasta 16 eventos han afectado a organizaciones sociales que intervienen ante las entidades del Sistema Integral para la Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, sobre el andén del Pacífico, donde la situación ha estado más descontrolada. Ese incremento en los riesgos de seguridad puede terminar por obstruir la participación efectiva de esas organizaciones en el Sistema Integral para la Paz –hasta ahora conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.

El informe también alerta sobre un fenómeno que ha causado preocupación en medio del estallido social: prácticas de autodefensa y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a los manifestantes. “Con ocasión del paro nacional hay evidencias en por lo menos 27 ciudades sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, sostiene el reporte.

Los paramilitares, que el Estado en gran medida logró desmovilizar entre 2003 y 2005, han sido responsables en el pasado de crímenes atroces como genocidio, desaparición forzada, tortura o violencia sexual. “Que haya señales de reactivación de grupos que legitiman discursos y acciones de tipo paramilitar es preocupante porque evidencia retrocesos del Estado en materia de recuperación del monopolio en el uso legítimo de la violencia”, apuntan las consideraciones finales del documento.

A pesar del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la población civil sufre los embates de otros grupos armados y en varias regiones persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades, las desapariciones o el reclutamiento de menores. La pandemia del coronavirus ya había traído un aumento de la violencia en lugares remotos, como había señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes del estallido social. “Como efecto indirecto del paro nacional, la Fuerza Pública ha priorizado sus recursos humanos y operativos en la atención de la protesta en las ciudades, dejando vacíos en zonas rurales y periféricas”, ha venido a advertir ahora el reporte de la JEP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2021 - 15:19 COT

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Sábado, 03 Julio 2021 05:40

El peligroso efecto Bukele

Nayib Bukele

Nayib Bukele era casi un desconocido en América Latina hasta hace dos años, cuando ganó las elecciones presidenciales en El Salvador con la audacia de los outsiders, dejando en la cuneta a los dos partidos tradicionales: la derechista ARENA y el izquierdista FMLN. A punto de cumplir 40 años, este antiguo publicista y ex director de una distribuidora de motocicletas, acapara hoy un poder casi absoluto. Ha desbaratado la Corte Suprema y su partido (Nuevas Ideas) controla cómodamente el Congreso. Sigue a rajatabla el manual del populista 3.0, con una presencia continua en las redes sociales y el látigo siempre a punto para atizar a la prensa crítica. Pese a su deriva autoritaria, su discurso anticorrupción le ha granjeado una altísima popularidad. Acaba de adoptar el bitcoin como moneda de pago en un país regado de pobres. Nada parece frenarlo. Pero, ¿quién es Bukele? ¿El azote de los corruptos o un encantador cibernético de serpientes?

Su carrera política ha sido meteórica. Primero fue regidor de un pequeño municipio. En 2015 llegó a la alcaldía de San Salvador de la mano del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Bukele quería volar alto y enseguida chocó con los dirigentes de la antigua guerrilla. Fue expulsado del partido en 2017 por discrepancias internas. A partir de entonces, perfilaría su propio proyecto político presentándose ante la sociedad como el hombre que acabaría con la corrupción y la inseguridad, los dos tumores malignos de El Salvador. No llegó a tiempo para presentarse a las elecciones de 2019 al frente de su propio partido y buscó la muleta de alguna plataforma política ya establecida. Sondeó a su izquierda, no tuvo suerte y entonces miró a su derecha. Es lo bueno de no tener principios.

Le debió de gustar el acrónimo del partido que finalmente utilizó como lanzadera electoral: GANA. La Gran Alianza por la Unidad Nacional era todo lo contrario a lo que su nombre sugería. Se trataba de un partido minoritario, una escisión de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), el partido fundado por Roberto d’Aubuisson, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de monseñor Romero en 1980. Bukele no tuvo reparos en encabezar la lista de un partido, GANA, por el que había pasado el ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009), condenado por corrupción. Esa falta de escrúpulos, que tan bien define a los populismos de derecha, fue premiada en las urnas. Bukele obtuvo el 53% de los votos. Su estilo desenfadado y sus promesas de regeneración democrática cautivaron a los salvadoreños, hartos de una corrupción enquistada en las altas esferas del poder desde el fin de la guerra civil (1980-1992).

Una de las primeras muestras del estilo Bukele se escenificó en febrero de 2020, cuando el mandatario irrumpió en el Congreso escoltado por militares y policías armados para exigir la financiación de su plan de seguridad contra las pandillas del crimen organizado. Apeló a un artículo de la Constitución salvadoreña para llamar a la insurrección popular si los diputados de la oposición, que habían boicoteado la sesión con su ausencia, no acudían al Parlamento a votar su propuesta. Afuera, una multitud coreaba la consigna de su líder: "¡Insurrección, insurrección!".

Ese plan de seguridad había logrado reducir la alta tasa de homicidios en el país. El diario digital El Faro, referente del periodismo de investigación en Centroamérica, reveló en septiembre de 2020 que Bukele llevaba más de un año negociando con los líderes de la sanguinaria mara Salvatrucha (MS-13) sobre la reducción de homicidios y la concesión de beneficios penitenciarios. No era la primera vez que un gobierno se reunía en secreto con los pandilleros, responsables de cientos de muertes en El Salvador. En 2012 ya lo había intentado Mauricio Funes, del FMLN. Los asesinatos fueron a menos durante dos años pero cuando el proceso de negociaciones encalló, volvió la furia. En 2015 se batió el récord de homicidios. En cualquier caso, a Bukele no le hizo gracia la exclusiva periodística y anunció una investigación contra el diario por un supuesto caso de blanqueo de capitales.

El Faro no se arredra. Fue el primer medio digital fundado en América Latina. Sus reporteros han sufrido las amenazas de las poderosas pandillas y el acoso de las autoridades. A principios de junio desvelaron el "gobierno paralelo" de Bukele, un gabinete de asesores pertenecientes a la oposición venezolana que según la investigación, "sirven como enlace entre el clan familiar Bukele, el gobierno y el partido Nuevas Ideas".

Los escándalos no han quebrado la luna de miel que vive Bukele con gran parte de la ciudadanía. Con su gorra de visera calada hacia atrás, gafas oscuras y  vaqueros, se asemeja más a un rapero que a un líder político. Las redes sociales lo acercan a la generación millennial. Es para muchos el nuevo mesías centroamericano capaz de traer prosperidad y paz. Las elecciones legislativas celebradas en febrero certificaron esa feliz comunión. Nuevas Ideas obtuvo el 66% de los votos y junto a su socio GANA (5%) es dueño del Congreso con una mayoría cualificada (61 de los 84 diputados). ARENA (12%) y el FMLN (7%) son ahora residuales. Con ese abrumador respaldo legislativo, Bukele ha logrado destituir a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general del Estado bajo las acusaciones de fraude a la Constitución, intromisión en las funciones del Ejecutivo y falta de independencia.

Las críticas internacionales por las arbitrariedades de Bukele van in crescendo. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras… Pero el joven mandatario sigue a lo suyo. Acusa a la prensa de mentir, anuncia decretos por Twitter y toma decisiones controvertidas en un abrir y cerrar de ojos. Su última apuesta ha sido la aprobación de una ley para adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en uno de los países más pobres de América Latina. Asegura que generará empleo y atraerá inversiones extranjeras, pero sus detractores le recuerdan la alta volatilidad de la criptomoneda y el riesgo de que El Salvador se convierta en un paraíso para el lavado de dinero.

Mientras la platea aplauda, el encantador de serpientes seguirá con su espectáculo. El fenómeno Bukele ha revolucionado el tablero político de El Salvador y su efecto podría irradiar a otros países de la región, en un momento en que la crisis derivada de la pandemia ha agudizado las desigualdades y ha alimentado el desapego hacia la clase política tradicional. Centroamérica no se merece más vendedores de motos.

Por César G. Calero 

03/07/2021  

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Fitch Ratings baja el grado de inversión de Colombia

Es la segunda firma que en menos de dos meses disminuye la calificación del país a causa de los problemas económicos derivados de la pandemia del covid-19 y la inestabilidad provocada por el paro nacional.

 

En la tarde de este jueves 1 de julio se confirmó que la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo a Colombia, de BBB- a BB+. Esta sería la segunda de tres firmas que emiten esa certificación en tomar dicha decisión en menos de dos meses. La primera había sido Standard and Poor’s.

No sobra señalar que la calificación BBB se interpreta como la capacidad que tiene un país para cumplir con sus obligaciones financieras, pero más sujeto a condiciones económicas adversas; mientras que BB hace referencia a que el país es “menos vulnerable en el corto plazo, pero enfrenta una gran incertidumbre ante condiciones económicas, financieras y del negocio que sean adversas”. Es decir que el país podría verse gravemente afectado en caso de que llegue a presentarse otra emergencia inesperada como la pandemia del covid-19

Los argumentos para este cambio tienen que ver con el aumento del déficit fiscal y la deuda pública con la que cuenta el Estado Colombiano, como resultado de los compromisos adquiridos para disminuir el impacto de la pandemia en los hogares más vulnerables, así como por la incertidumbre sobre su evolución en el mediano plazo de esos dos factores. En otras palabras, no existen en este momento razones para confiar en que el Gobierno nacional podrá recuperar la senda en términos económicos y reducir sus compromisos financieros, al menos por lo un par de años.

Valga recordar que Richard Francis, director Senior de Calificaciones de la firma ya había confirmado esta posibilidad, con esa justificación, durante un foro celebrado por Bancolombia a mediados de la semana pasada, pero advirtiendo que la baja en la calificación sucedería hasta abril del próximo año. “Colombia es uno de los pocos países que va a tener un déficit fiscal mayor este año que en el 2020”, fueron sus palabras en ese momento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, el déficit fiscal del país, que se traduce en los gastos que hace el Estado versus sus ingresos, fue del 7,8 por ciento del Producto Interno Bruto en 2020, mientras que las predicciones del Ministerio de Hacienda, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, indican que la cifra aumentará para 2021 hasta el 8,6 por ciento del mismo; mientras que la deuda neta para finales de este año será equivalente al 65,1 por ciento del mismo indicador, una cifra visiblemente superior al 60,4 por ciento del PIB con la que cerró 2020.

A ello se suma el balance trimestral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que reveló que el endeudamiento neto del Gobierno nacional tuvo un crecimiento de 102,1 por ciento en 2020, mientras que el ingreso primario del país presentó una contracción del 14,5 por ciento. Como complemento, el ingreso disponible bruto del autor institucional (sector Gobierno) registró una caída del 26,2 por ciento.

Por su parte, Fitch Ratings estima que la deuda bruta del Gobierno colombiano equivaldrá al 60,8 por ciento del PIB en 2021 y seguirá aumentando en el 2022, sin dar señas de reducirse en el corto plazo, a pesar de que prevé que Colombia experimentará crecimientos económicos de 6,3 por ciento en 2021 y 3,8 por ciento en 2022 gracias, entre otras cosas, a la llegada de financiamiento internacional por cerca de 10 billones de pesos en los últimos meses y el retorno de la inversión extranjera directa a sus niveles previos a la pandemia.

La decisión ya provocó una respuesta por parte del ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, quien señaló que, “esto nos obliga a seguir trabajando en dos direcciones”, refiriéndose al crecimiento económico y la presentación de una nueva reforma tributaria o “proyecto de inversión social que logra recursos que garanticen la estabilidad social, la estabilidad de las finanzas públicas y el crecimiento de la economía, que será presentado en las próximas semanas al Congreso de la República”.

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Bolsonarismo, salud y realidad alternativa

Cuatro ex-ministros de salud brasileños se refieren al actual manejo de la pandemia en el país. Discuten la apuesta bolsonarista a la inmunidad de rebaño, la vacunación, el uso de la cloroquina y el papel la Comisión Parlamentaria de Investigación que busca determinar las responsabilidades políticas por las casi 500.000 muertes por covid-19 en Brasil.

Frente a un virus desconocido, el gobierno de Jair Bolsonaro hizo trampa: en lugar de intentar manipular su curso, lo dejó librado a un aparente azar e hizo de cuenta que sus efectos eran un destino manifiesto. Ricardo Piglia, cuando leyó La República, dijo que el Estado descrito por Platón «manipula el azar y tiende a convertir en determinación aquello que puede ser considerado arbitrario». El autor agrega que «por supuesto el Estado va a hacer trampa. Primero decide cómo quiere que sean esas relaciones desiguales y luego manipula las reglas y todos los sujetos atribuyen la desigualdad a la suerte». Se trata de un verdadero complot. Las teorías conspirativas no sirven para pensar la política, pero la metáfora del complot se distingue de ellas porque pone el acento en la decisión del gobierno. Bolsonaro primero definió cómo iba a ser la relación de los brasileños con la pandemia –optando por una inmunidad de rebaño— y en pos de ello manipuló las reglas: alentó las concentraciones, desestimó el confinamiento y el uso de máscaras. En lugar de impulsar testeos y la compra de vacunas, decidió producir cloroquina a través de las Fuerzas Armadas y transfirió responsabilidades a estados y municipios. El resultado está a la vista: Brasil está por alcanzar los 500.000 fallecidos por Covid-19.

Rebaño sin inmunidad

«No hay alternativa», parece decir Bolsonaro, en una suerte de destino para el que no habría margen de acción. Pero el presidente brasileño actuó: se opuso a todas las medidas alentadas desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) e implementadas por la mayoría de los países. ¿Qué responsabilidad le cabe entonces frente a los resultados? Los cuatro exministros de salud consultados en este informe –tres de los cuales ocuparon el cargo durante gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y uno en el de Bolsonaro– coincidieron en que la responsabilidad del presidente «es total» porque la teoría que subyace a sus decisiones es la de la inmunidad de rebaño a través de la exposición al virus y de un supuesto tratamiento precoz contra el Covid-19 sin base científica. Además de esa coincidencia, el primer ministro de Salud del expresidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva, actual senador nacional y uno de los once titulares de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), Humberto Costa, ve a Bolsonaro como «el principal responsable por la tragedia sanitaria» en Brasil. «Adoptó la teoría de que el mejor camino para enfrentar la pandemia era permitir que el virus sea transmitido libremente con la expectativa de promover una inmunidad natural, de rebaño, y así habría un control inclusive sin necesidad de gastos. Esa decisión es trágica»- afirma. En tanto, Luiz Henrique Mandetta, pese a haber llegado a la cartera de Salud el mismo día en que Bolsonaro asumió su cargo al frente del Planalto, no tiene una valoración distinta a Costa y asegura que el presidente «pasó a creer en la teoría de que, si las personas se exponían al virus, Brasil llegaría a la inmunidad de rebaño». Esa idea, dice, respondía a un «asesoramiento paralelo» que tenía el presidente de Brasil. Eso explica por qué Bolsonaro fue «a aglomeraciones, que no usara mascarilla, que no haya adquirido vacunas, que hablara del uso de la cloroquina sin evidencia científica» y el hecho de que el Ministerio de Salud llegara a incinerar «casi tres millones de test» sin uso. Si no hay una cantidad aún más grande de casos es, según el ex-funcionario de Bolsonaro, porque los gobernadores y alcaldes tomaron medidas. Costa agrega que «el gobierno saboteó el aislamiento social practicado por estados y municipios y demoró todas las medidas económicas que permitirían a la población cumplir con la cuarentena». 

Alexandre Padilha, el primer ministro de Salud de Dilma Roussef, va más allá. Sostiene que, ya desde 2019, el gobierno de Bolsonaro «sofocó financieramente a todo el sistema de salud, cortó 22% del presupuesto» y «fue el primer año en el siglo XXI que el Brasil no alcanzó sus metas de vacunación en niños». Luego «usó los instrumentos como jefe de Estado para crear obstáculos en todos los pasos del enfrentamiento de la pandemia; en la ampliación de test y camas, en la llegada de médicos, en campañas, y en la contratación de vacunas» y cree que la única solución es «interrumpir el gobierno de Bolsonaro». El actual diputado del PT por San Pablo dijo también que el presidente «tomó una opción que fue no controlar la pandemia y apostar a que podría ser resuelta con un gran número de personas infectadas», un «corredor de la muerte», y que sus decisiones además de estar «motivadas por un proyecto genocida y negacionista», tiene «intereses financieros». En la misma línea, el cuarto ministro de salud de Lula, José Gomes Temporão, sostuvo que el «desastre» que se ve en Brasil «fue una estrategia deliberada y llevada a cabo por el gobierno federal bajo el liderazgo del presidente». Señaló también que «prevaleció una postura negacionista y anticientífica, que comprometió seriamente la capacidad de utilizar bases científicas y de salud pública» y marcó la falta de liderazgo nacional para coordinar con las administraciones subnacionales. Recién en marzo pasado, Bolsonaro creó un comité nacional, pero como aterrizó un año y un mes después del primer caso confirmado los cuatro ex ministros consultados dijeron la misma frase: «este comité llega tarde». Mandetta comentó que esa instancia «nace muerta» porque solo buscó «solucionar una crisis política» por las rivalidades con los otros poderes.

En suma, los cuatro ex líderes de la cartera de salud identifican una línea de comportamiento y los mismos fundamentos para los actos de Bolsonaro. Pero ¿se puede comprobar la responsabilidad del presidente? Las expectativas, si existen, están en el Congreso.

La Comisión Parlamentaria de Investigación y la salud en el Brasil de Bolsonaro

A fines del mes de abril el Senado brasileño creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para determinar las responsabilidades del gobierno frente a la pandemia. Si bien Bolsonaro intentó posponerla –y su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, pidió se active recién cuando todos en la cámara estén vacunados—, la CPI avanzó. Pero muchos de los temas expuestos allí ya eran públicos, entonces ¿qué se puede esperar de esta comisión que ya lleva más de 50 días de los 90 que tiene estipulado para su funcionamiento? «La CPI tiene la finalidad de descubrir por qué Brasil no compró la vacuna y apostó en otras hipótesis para combatir un mal tan grande que ya mató a más de 450 mil brasileños», dijo en una entrevista con Folha de S. Paulo, Omar Aziz, miembro del Partido Social Democrático y presidente de la CPI. Por su parte, Padilha, que además de ex-ministro de Rousseff ocupó cargos en el gobierno de Lula, espera que la CPI «vaya a fondo» ya que hay investigaciones que «solo una CPI puede hacer sobre las medidas de Bolsonaro y los intereses financieros que estaban detrás». Además, agregó: «Tengo la seguridad absoluta de que mucha gente ganó dinero con las medidas negacionistas de Bolsonaro y eso necesita ser investigado inclusive para saber cuál es la relación de ese lucro con él». 

La CPI no parece estar cerca de definir cómo Bolsonaro se benefició de ese lucro, pero sí de cuáles fueron los sectores que sí lo hicieron. El senador Costa sostiene que los crímenes contra la salud pública ponen en duda el marco normativo y aseguró: «Nuestra tesis es que el gobierno dejó que la enfermedad sea transmitida libremente, esa actitud es francamente criminal. Todo indica que la CPI tendrá que evaluar también la legislación sanitaria, para ver si atiende a los requisitos de una situación de emergencia». El congreso erigió la CPI encima de los 68 pedidos originales de impeachment; de esos consideró sólo seis, y el resto llevan cerca de 900 días esperando su evaluación. «No creo nada en un desdoblamiento de la CPI para un impeachment porque además de ser un proceso traumático es largo e invadiría el 2022, el año de las elecciones. Creo que va a dejar en claro y documentar el papel de cada uno para que el país aprenda», sostuvo Mandetta días después de ser el primero en comparecer frente ante la CPI. Temporão, que impulsó el primer caso en el mundo en quebrar la patente de medicamento después de que la Organización Mundial de Comercio habilitara esa opción en 2001 para crisis sanitarias, dijo que su «expectativa» es que «la CPI investigue la verdad para responsabilizar a las autoridades causantes de esta tragedia». Mandetta, que estuvo en el cargo apenas hasta abril de 2020, explicó lo mismo que declaró ante la CPI, que trató de desligarse de las decisiones de Bolsonaro: «Yo lo alerté sistemáticamente pero no le gusta escuchar y yo tenía mucha preocupación de que dijera que no fue advertido, por eso le escribí una carta». La obsesión del ex funcionario por despegarse crece cuando se le consulta si va a jugar en las presidenciales 2022: «Creo que sí. Voy a participar activamente». Volviendo a quiénes formaban lo que llamó un «asesoramiento paralelo», aseguró: «Bolsonaro cuenta con una estructura paralela donde está su hijo Carlos –una persona destructiva–, auxiliares de la presidencia y personas externas». Este gabinete en las sombras lleva, según Mandetta, «carne a los leones», es decir a los votantes de Bolsonaro que «son movidos por el odio» en este «coliseo moderno de Internet». Un ejecutivo de Pfizer para la región confirmó también que Carlos –el único de los cinco hijos del presidente que lo acompañó en el auto que lideró el cortejo el día que asumió su padre– participó en una de las reuniones con la empresa a pesar de ser concejal en Río de Janeiro y no tener ninguna función que justifique su participación. Mandetta asegura, por ello, que Bolsonaro tiene una visión «de un gueto en Río de Janeiro» y que se asesora «con este tipo de gente». La CPI evalúa actualmente un video que muestra  a un grupo de políticos y referentes de la salud con el presidente, donde hablan de un «gabinete en las sombras»  y recomendaron el uso de cloroquina.

 Las vacunas

«Quiero hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que las dosis de nuestra futura vacuna estén reservadas para la población brasileña. Sin embargo, la rapidez es crucial», decía la carta que el 12 de septiembre de 2020 le envió el CEO mundial de Pfizer, Abert Bourla, a Bolsonaro. Fue uno de los 34 contactos propiciados por el laboratorio. La misiva hablaba incluso de negociaciones previas. Sin embargo, Brasil no respondió. Pfizer insistió: «hasta ahora no hemos recibido respuesta». El CEO de Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, dijo ante la CPI que hizo ofertas formales al gobierno por 70 millones de dosis con entrega incluso en diciembre pero que el ministro de salud y general activo del Ejército Eduardo Pazuello habría citado problemas de logística y jurídicos para no firmar. Así, el ejecutivo de la farmacéutica refutó al ministro, quien el 23 de enero emitió una nota donde admitía la recepción de la carta pero criticaba las cláusulas «abusivas» del contrato y quien también el 11 febrero de 2021 ante el Senado dijo que Pfizer había ofrecido solo 2 millones de dosis de enero a marzo cuando en realidad ellos querían «grandes cantidades y sin condiciones leoninas». Por esa y otras contradicciones, Pazuello fue acusado en la CPI de mentir a los senadores, como parte de su estrategia de exculpar al presidente. Por su parte, el ex secretario de comunicación del gobierno, Fábio Wajngarte, sí confirmó las demoras del gobierno frente a Pfizer. En una entrevista previa, había dicho que la inmunización se demoró por la «incompetencia» del Ministerio de Salud, pero no nombró a Pazuello. Mandetta, que dejó el gobierno en abril cuando «ningún laboratorio estaba en fase dos» dijo que «el error» fue no apostar a un «mix de vacunas» considerando que un «país continental con 215 millones de habitantes» necesitaría al menos «450 millones de dosis» y un laboratorio solo no podría producirlas, y lamentó que Brasil, que «tiene capacidad instalada para ser una fábrica para América del Sur» no lo haya hecho. El presidente siguió sembrando desconfianza hasta el punto de decir que él no iba a tomar la vacuna y que Pfizer no se responsabilizaba si su producción convertía a las personas en «yacaré». Pero esa misma desconfianza no se le generó la cloroquina, una droga sin ninguna comprobación científica de eficacia alguna para el tratamiento de Covid-19. En paralelo a la política nacional, el gobernador de San Pablo, João Doria, firmó en junio de 2020 un acuerdo con Sinovac que permitió la aplicación de la primera vacuna, la Coronavac, el 17 de enero de este año. Bolsonaro criticó sistemáticamente ese desarrollo pero al iniciar Doria la vacunación y al ser aprobada por Anvisa en enero, la reivindicó. El ritmo de vacunación para Temporão es «extremadamente lento» cuando «Brasil tiene uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo», y esto se debe a «errores del gobierno federal, que no se dedicó a brindar las dosis suficientes y lideró una guerra contra las vacunas».

El 24 de marzo, Bolsonaro dijo que Brasil es el quinto país con más vacunación contra el Covid-19, pero para Padilha la declaración es «una vergüenza» ya que «en relación a población Brasil está en la quincuagésima sexta posición de vacunados». Es impensado en nuestra tradición», sostuvo. Y afirmó que, en la pandemia del H1N1, Brasil fue «el país que más vacunó en sistema público del mundo». El médico que ocupó la titularidad de la cartera de Salud desde 2011 a 2014 y que tuvo un programa insignia en el «Mais Médicos», dijo que el país rechazó vacunas: «Covax Facility ofreció 138 millones de dosis y el gobierno contrató apenas 46 millones».

La cloroquina y las teorías alternativas

«Tengo la certeza absoluta de que la decisión de Bolsonaro de hacer publicidad de la cloroquina y mandar a producirla por el gobierno federal no es solo una creencia negacionista, hay muchos intereses financieros detrás, alguien ganó dinero con esa producción absurda sin eficacia a costa de las muertes de nuestro pueblo», aseveró Padilha. Hasta el momento, la CPI expuso que Bolsonaro ordenó la producción de cloroquina a través de las Fuerzas Armadas, luego amplió su fabricación, intercedió ante el primer ministro indio Narendra Modi para que libere componentes para su producción y beneficiar así a empresas que lo producían en Brasil. Pero, según Costa, el presidente intentó dar vuelta este último argumento para reforzar la idea de un tratamiento precoz. «Crea una teoría de la conspiración de que mucha gente y laboratorios quieren ganar dinero con la pandemia, mientras hay un medicamento -según su visión- que la sería solución, que es barato y producido en Brasil, y por eso estimuló la producción de cloroquina contra todas las orientaciones de salud pública». También dijo retiradas veces que él la había consumido y alentó a que otros lo hicieran, creó la app TrateCov que la recomendaba, hizo publicidad desde la cartera de Wajngarte, cambió ministros que estaban en contra de su uso, quiso modificar el prospecto de la droga para incluir el tratamiento del Covid19. Para los cuatro exministros queda claro el interés de Bolsonaro en este medicamento, ahora resta saber si la CPI podrá definir si él fue un beneficiario directo o no.

El complot como metáfora de la política

Tanto para los ex ministros como para los senadores de la CPI, la negligencia de Bolsonaro está más que probada. Sin embargo, las acusaciones públicas manifestadas en esa instancia quedarán a mitad de camino si no hay acuerdo para demostrar cómo la política bolsonarista constituyó un atentado contra la salud pública, y así definir un «crimen de responsabilidad» para hacer avanzar los pedidos de impeachment. Esto implicaría ingresar en un proceso más largo que el del camino a las urnas para el que faltan solo 16 meses. El modesto resultado al que parece aspirar la CPI es a exponer públicamente a Bolsonaro, explicitar que estas decisiones no fueron parte de un destino manifiesto sino de la decisión política principalmente del gobierno federal de Brasil, metaforizada como complot. Pese a sus resultados, no parece que el presidente vaya a encontrar una instancia de rendición de cuentas antes de las urnas en 2022.

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Martes, 29 Junio 2021 08:57

Un régimen sediento de venganza

Un régimen sediento de venganza

El operativo de guerra contra Puerto Resistencia en Cali

 

A través de sus agentes locales, el régimen de Iván Duque dio inicio a una feroz venganza contra la juventud y las comunidades de Cali que han resistido en calles y barrios durante los dos meses del Paro Nacional, que se cumplieron este lunes 28 de junio de 2021.

La más alevosa de esas operaciones comenzó a las cuatro de la madrugada del sábado 26 de junio, cuando un impresionante contingente calculado en mil hombres de fuerzas combinadas de Ejército y Policía incursionó sobre Puerto Resistencia, en el suroriente de la ciudad, para tratar de destruir este punto de lucha juvenil y popular, convertido en ejemplo de combatividad y persistencia en el Paro.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Juan Carlos León, lanzó toda clase de señalamientos y sindicaciones contra este epicentro de lucha popular en Cali, hasta las más inverosímiles, y el secretario de “Seguridad y Justicia” de la Alcaldía, Carlos Javier Soler, un coronel retirado recientemente nombrado en el cargo, apareció insólitamente con pistola al cinto, como si hiciera parte del operativo armado, en actitud de provocación que originó el repudio de miles de caleños.

Recién iniciado el operativo, y luego de no encontrar nada de lo que al parecer buscaban para saciar su venganza judicial contra la comunidad en el punto, el general León, sin tener autoridad para ello, anunció que el Monumento a la Resistencia, erigido en homenaje a las decenas de víctimas de la represión del régimen contra la juventud, sería demolido.

El monumento, inaugurado el domingo 13 de junio de 2021, es una obra colectiva en la que participaron decenas de artistas y personas de la comunidad caleña, es también un legado que trasciende las fronteras de Cali y se ha convertido en símbolo del Paro Nacional y de la solidaridad a lo largo de toda Colombia y Latinoamérica.

El anuncio del comandante de la Policía reveló las intenciones de la clase dirigente de la capital del Valle del Cauca, que desprecia el sentimiento popular, ha generado un ambiente de estigmatización contra la protesta juvenil y promueve ahora, a través de nuevos funcionarios de corte uribista nombrados por el alcalde Jorge Iván Ospina para congraciarse con la ultraderecha, la criminalización de la protesta.

Sin duda, el despliegue de guerra contra Puerto Resistencia, con hombres de camuflado portando fusiles y ametralladoras, acompañados de tanquetas, drones y sobrevuelos de helicópteros en la oscuridad de la madrugada sabatina, tenía todas las intenciones de generar terror entre la población y de dar la sensación de sometimiento de una comunidad para beneplácito de la galería más reaccionaria de la ciudad, que todos los días, usando sus medios masivos tradicionales de comunicación, reclamaba el levantamiento de los puntos de resistencia juvenil a como diera lugar, a sangre y fuego si fuera preciso.

“FUERA, FUERA”

Pero el operativo constituyó una derrota para esa rancia oligarquía caleña, cuyo desproporcionado aparataje armado policial y militar no encontró ni los “arsenales” que esperaban para desacreditar la resistencia, ni los “nidos” de delincuencia con los que todo el tiempo han desinformado y tratado de desprestigiar la lucha popular.

Por el contrario, los organizadores del operativo recibieron el repudio masivo de los pobladores de los barrios que circundan este amplio sector popular del sur oriente caleño, que no dudaron en ir ante los ocupantes de su territorio a increparles por su montaje.

“Con nuestro monumento no se metan, lo defenderemos de principio a fin, es una construcción de toda la comunidad y ustedes no tienen ninguna autoridad para derrumbarlo”, opinaba la gente que fue despertada por los tambores de guerra de los centenares de hombres invadiendo un territorio de lucha y de resistencia.

“¡Fuera, fuera, fuera!”, gritaba a los contingentes de las Fuerzas Armadas y a la burocracia de la Alcaldía de Cali la comunidad que madrugó a defender no solo el Monumento a la Resistencia sino también el espacio de solidaridad mantenido a lo largo de dos meses de Paro.

Fue de tal magnitud el rechazo de la población, que el alcalde Ospina no tuvo más remedio que pronunciarse desmintiendo que se hubiera dado la orden de destruir el monumento, aunque quedó en evidencia que fue la respuesta popular la que derrotó la provocación y la venganza oligárquica en Puerto Resistencia, a pesar de la planificada agresión.

EL SECRETARIO DE LA PISTOLA

Ante la aparición en Puerto Resistencia del secretario de “Seguridad y Justicia” con pistola al cinto, cual sheriff gringo, se produjeron numerosos pronunciamientos de rechazo. “Un funcionario público no debe intimidar a los ciudadanos ostentando un arma, menos en un lugar de protesta social que era víctima de un ataque policial y del ejército donde debe guardarse la prudencia que no tuvo al exhibirse en forma agresiva”, declaró Alberto Jairo Palomino, dirigentes político y social en Cali.

Al rechazar el acto de provocación del funcionario, el jurista Armando Palau Aldana recordó, además, que “el permiso de porte de armas está suspendido desde el 1o. de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 por el Decreto 1808 de 2020”, y reiteró que, en consecuencia, Soler violó la prohibición expedida por el mismo gobierno del cual es emisario en Cali.

Por su parte, James Larrea, defensor de derechos humanos, sostuvo que no es dable que “un secretario u otro funcionario en ejercicio de sus labores, preste sus servicios con pistola al cinto y con la intención de desenfundar al menor indicio que a él se le ocurra”.

“El mensaje inequívoco es que el gobierno de Ospina apoya la colaboración de civiles armados en acciones represivas de la policía”, manifestó el exfiscal José Élmer Montaña, quien subrayó que “en momentos en que tenemos brotes de paramilitarismo en el sur de la ciudad, esto alienta la conformación de este tipo de organizaciones”.

La Unión de Resistencia de Cali, URC, se pronunció exigiendo la renuncia de Carlos Javier Soler al cargo de secretario de “Seguridad y Justicia”, y explicó que la posición del funcionario “no permitirá encontrar una salida dialogada y pacífica a la realidad de la ciudad. El paro continúa, nuestras asambleas permanentes continuarán, nuestra lucha es en las calles y exigimos garantías para el ejercicio de nuestro derecho constitucional”.

SED DE SANGRE

Ya el lunes 21 de junio la Policía, utilizando al Esmad y a otro de sus escuadrones preferidos en la represión 2021, el Goes (Grupos de Operaciones Especiales), había arremetido en la tarde y la noche contra los jóvenes de Puerto Resistencia, especialmente en inmediaciones del barrio Villa del Sur.

En la represión, decenas de habitantes de los barrios circunvecinos resultaron afectados por los gases lacrimógenos, las granadas aturdidoras y el estruendo de las armas de fuego disparadas por la policía.

La jornada dejó otro joven asesinado, identificado como Juan Carlos Arce, un hecho trágico que aumentó la cifra de homicidios contra participantes en el Paro a 46 en Cali y a 60 en todo el Valle del Cauca.

Y mientras en Cali ocurría esto, en otros puntos del país se registraban más homicidios perpetrados por la Fuerza Pública en la represión de la protesta, como sucedió en Bogotá, donde perdieron la vida por balas oficiales Jaime Alfonso Fandiño, en Usme, y Edward Castillo.

DETENCIONES A GRANEL

La venganza contra la resistencia juvenil emprendida por el aparato represivo del Estado, a través de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas, incluye detenciones de jóvenes a los que sindican de toda clase de delitos, en una aplicación clasista y selectiva de supuesta “justicia”, en Cali y Yumbo.

Uno de los detenidos es Yeison Fabián Muñoz Narváez, cuya familia informa que es un joven que está siendo procesado judicialmente por un delito que no cometió en los hechos acaecidos el 28 de mayo en el sector de La Luna, donde pereció un agente de la Fiscalía luego de que el funcionario asesinara a dos manifestantes. Los familiares del joven Muñoz solicitan solidaridad de la comunidad caleña y asistencia jurídica.

La Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda, entre tanto, denunció la detención sin orden judicial de tres jóvenes de Paso del Aguante: Carolina Montaño Cuero, Cristián Andrés Cortes Ortiz y Jhon Michel Cardona Jaramillo. “Alertamos sobre la detención arbitraria, la seguridad personal y los posibles falsos positivos judiciales en contra de los manifestantes”, dice el pronunciamiento de la Red.

Por otro lado, desde Yumbo el Comité Municipal del Paro Nacional denunció la captura de tres activistas de la protesta en el barrio Juan Pablo II, identificados como José James Cabezas Quiñones, Sebastián Neuta y Diego Luis Tascón, y sostuvo que la Sijin de la Policía construyó un montaje judicial a través de un supuesto testigo anónimo para inculpar a los detenidos de lesiones contra un agente que el 29 de abril disparó públicamente contra los participantes en el Paro, a la altura del barrio La Estancia.

“Tal como sucedió con los compañeros manifestantes del corregimiento de Dapa, se trata de un nuevo montaje de la Policía Nacional para judicializar la protesta social en Colombia”, aseveró el Comité.

En el cúmulo de detenciones también se encuentran privados de la libertad en la cárcel de Palmira los jóvenes Kevin David Cerón Díaz, Jeison Andrés Caicedo Ortiz y Jeison Andrés Ospina Monsalve, manifestantes de Paso del Aguante (Paso del Comercio).

TUTELAS AVANTES

Las resistencias han estado acompañadas no solo de la perseverancia de los jóvenes en las calles, sino también del esfuerzo de destacados líderes sociales y de juristas, que ha transmitido a las nuevas generaciones de luchadores sus conocimientos y experiencia.

Dos ejemplos ilustran lo anterior: el primero es el de Rodrigo Vargas Becerra, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Yumbo, veterano líder social que se formó en las luchas obreras de los años ochenta y noventa y quien ha estado a lo largo de los dos meses del Paro de 2021 al lado de los muchachos expresando su solidaridad y aportando luces para el devenir de la brega social.

Vargas Becerra logró que una tutela impetrada por él exigiendo el respeto al derecho a la protesta fuera aprobada mediante sentencia judicial, y acaba de obtener también que la autoridad judicial exija al alcalde de Yumbo y a la gobernadora del Valle que la tutela se cumpla, pues de lo contrario operará la sanción correspondiente al desacato.

El otro ejemplo es el del abogado Armando Palau Aldana, experto en derecho del medio ambiente y en derecho administrativo e integrante de la Asociación Americana de Juristas, quien ha venido asesorando a la Unión de Resistencias de Cali de manera altruista e igualmente solidaria.

Palau Aldana logró que este lunes 28 de junio el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profiriera una sentencia mediante la cual “se amparan los derechos fundamentales a la protesta pública y pacífica así como el debido proceso de los accionantes, la Unión de Resistencias Cali”, y, en consecuencia, se dejara “sin efectos la orden de la Jueza 16 Administrativo de Cali de suspensión del Decreto Distrital 304 de 2021 que adoptó garantías para la construcción de acuerdos” e institucionalizó la mesa de diálogo.

“El Tribunal consideró que la suspensión ordenada por la Jueza 16 no cuenta con soporte constitucional suficiente en una etapa temprana del proceso de nulidad y la limitación de derechos e intereses que conlleva resulta más gravosa para los derechos fundamentales de todas las personas que quieran sumarse al diálogo en el marco del conflicto”, explicó Palau Aldana.

De esta forma, en el Valle del Cauca la resistencia también se expresa en la lucha jurídica, que respalda la protesta pacífica de la juventud y el pueblo que continúan en el Paro Nacional.

Cali, lunes 28 de junio de 2021.

PERIODISMO LIBRE

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Haití: entre vientos de cambio y ruido de botas

Las protestas ciudadanas contra el gobierno autoritario de Jovenel Moïse se combinan con una política errática de las potencias que mantienen su influencia sobre el país. A la luz de la crisis actual, producto de la transición trunca hacia la democracia, es necesario reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.

La crisis que sacude a Haití dista mucho de ser nueva. Estalló abiertamente en julio de 2018, bajo la forma de una protesta por el alza del precio de la gasolina, pero también por el aumento de la canasta básica y por la devaluación de la moneda nacional. La desaparición y el despilfarro de los fondos del programa Petrocaribe –un plan de ayuda al desarrollo que Venezuela ofreció a varios países del Caribe bajo la forma de préstamos preferenciales en hidrocarburos– fue la chispa que logró aglutinar a amplios sectores de la sociedad contra el gobierno. En los tres últimos años, esta crisis se ha agudizado y ha derivado rápidamente en un cuestionamiento directo y permanente al gobierno que preside Jovenel Moïse.

La situación actual no puede explicarse por un solo factor. Hoy parece estar quedando claro que el gobierno adopta rasgos propios de una dictadura. Pero, analizado históricamente, este momento parece ser el de la crisis y el derrumbe del régimen político instalado tras la caída de la dictadura de los Duvalier. A fin de cuentas, lo que vive Haití es el ocaso de un sistema varias veces remendado pero que ya no puede sobreponerse por su propio agotamiento.

En febrero del 2017, Moïse –un súbdito de su predecesor, el cantante Michel Martelly– llegó a la presidencia de Haití después de un tortuoso proceso electoral que empezó en el verano de 2016 y duró más de un año. La llegada de Moïse pretendía inaugurar un control duradero del poder por parte de la corriente neoduvalierista que se reconoce en Martelly. Basada en la captación sistemática de los recursos estatales e iniciada en un ambiente crispado, la dispendiosa e ineficiente gestión de Moïse exacerbó rápidamente la crisis económica y social que se iba profundizando desde el terremoto y las elecciones de 2010-2011. El estallido de julio del 2018 condensó todos esos elementos. La cerrazón sistemática de la presidencia a atender los reclamos populares provocó un rechazo social casi unánime. Buena parte de la población parecía rechazar el régimen y exigía un «cambio de sistema». Tras haber ignorado el calendario electoral que prescribía elecciones legislativas y locales en 2019, en junio de 2020 el Ejecutivo se quedó solo con las riendas del poder. El Parlamento bicameral había quedado reducido a 10 senadores y todos los poderes locales –consejos municipales y de secciones comunales– fueron revocados en junio.

El gobierno de Moïse emprendió entonces la construcción sistemática de una dictadura unipersonal, con la emisión de decretos liberticidas, nombramientos de allegados en puestos claves –como el de jueces en la Corte Suprema o del jefe de la policía– y una serie de políticas para, como él mismo dijo, «cazar criminales», dándole abierta participación a las Fuerzas Armadas.

En ese marco, se produjeron asesinatos que aún no han quedado claros, como el del presidente del Colegio de Abogados, el constitucionalista Monferrier Dorval. El contexto de violencia era, ciertamente, grave. Y se acrecentó cuando una agencia gubernamental quedó a cargo del «desmantelamiento» de las pandillas armadas que dominan parte del país y que reciben todo tipo de financiamiento. El terror fue la consecuencia lógica de esta política. Primero, se apoderó de numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe y, progresivamente, fue estallando también en otras regiones del país. Aún hoy, miles de ciudadanos se encuentran en situación de desplazados internos debido a los enfrentamientos. No contentos con ello, los funcionarios siguen echando leña al fuego. Recientemente, el jefe de la Policía llamó al pueblo a «reaccionar» frente a las pandillas que actúan sobre la salida sur de Puerto Príncipe.

Las iniciativas de Moïse en el plano institucional son destructivas y no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones. El sistema de justicia quedó huérfano con el bloqueo de los nombramientos de jueces por parte del Poder Ejecutivo. Ya el 5 de enero del 2021, un decreto dispuso la organización de un referéndum para aprobar una nueva Constitución –algo que, de hecho, está formalmente prohibido por la Constitución vigente–. El mandatario mantuvo su agenda aun después de haber suspendido la realización del referéndum el 8 de junio, e esencialmente bajo la presión internacional y la declarada oposición estadounidense. Después de haber aplicado a los poderes legislativos y locales una disposición constitucional que acorta el tiempo efectivo de su mandato, llegada la fecha de caducidad del suyo propio el pasado 7 de febrero, Moïse se aferró al poder.

Hay que subrayar que, a pesar del miedo, la ciudadanía organizada, los partidos políticos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos continúan manteniendo una línea de protesta ciudadana pacífica y permanente. La violencia destructiva del Estado enfrenta una protesta social en la que predomina la madurez, lo cual obliga a reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.

Antecedentes históricos

Claramente, la crisis institucional y constitucional no es nueva en el país. En realidad, es el resultado de un déficit de enraizamiento de los principales atributos del Estado de derecho. Aunque a partir de 1986, Haití comenzó un período de cambio en el que buscó la consolidación de las instituciones, de las prácticas jurídicas y económicas, y de ejercicios electorales acordes con un régimen de democracia liberal, los resultados no siempre fueron buenos. Tras treinta años de dictadura duvalierista, el ímpetu popular empujó hacia la adopción formal de una serie de instituciones, de principios jurídicos y de leyes que simbolizan conquistas y o anhelos largamente reprimidos, pero la implementación de este nuevo sistema se topó rápidamente con las limitadas capacidades (por inexperiencia, por falta de recursos) de quienes abogaban por un cambio sustantivo. Por otra parte, ni las principales instituciones que detentaban el poder –como el Ejército y el aparato administrativo– ni los grupos sociales mejor provistos –como el empresariado, el gran comercio, los altos ejecutivos y los sectores medios acomodados– asumieron un papel en la construcción de ese nuevo orden. Así, la Constitución de 1987 nunca fue implementada a cabalidad y fue objeto de manipulaciones y violaciones incesantes. Al igual que los otros aspectos de la democracia representativa, la Carta Magna nunca ha sido integrada como marco y brújula del ordenamiento social y de las reglas del juego político.

La vida política haitiana ha transcurrido entre la instrumentalición de la justicia, las derivaciones y las manipulaciones de los principios del Estado de derecho, la desnaturalización de las libertades individuales y, sobre todo, el saqueo de los recursos públicos. Además, la corrupción ha convertido la gestión gubernamental en un verdadero sistema de connivencia entre los representantes políticos y un sector privado monopolista con extensiones mafiosas. El resultado ha sido una caricatura del sistema democrático montada sobre los resortes del viejo sistema autocrático-clientelista.

El desarrollo de este proceso de manipulación del régimen democrático-liberal se produjo bajo la alta vigilancia y la influencia decisiva de Estados Unidos. Como supervisor de la salida del dictador Jean Claude Duvalier el 7 de febrero de 1986, Estados Unidos fue también el encargado de dictar la adopción y el rechazo de leyes y reglamentos, así como de plantear las políticas públicas que conformaron al nuevo régimen. La apertura arancelaria total (desde 1987 las tasas más altas aplicadas a las importaciones no sobrepasan el 10%), la absoluta desprotección de la economía agrícola y las restricciones al desarrollo y a la profesionalización de la Policía, son algunos de los resultados del monitoreo estadounidense. La historia electoral desde la década de 1990 es, sin duda, la que mejor ilustra la responsabilidad externa en el desplome del sistema político del país.

El 28 de noviembre de 1987, durante las primeras elecciones tras la salida de Duvalier, se produjo una verdadera masacre. Apenas pocas horas después de iniciarse la votación, grupos duvalieristas y militares dispararon a sangre fría contra filas de electores que esperaban su turno para votar. Recién en 1990, y gracia a las demandas de la ciudadanía organizada, se realizaron elecciones libres con una participación de más de 70% de los votantes. Jean Bertrand Aristide, ex-sacerdote católico y promotor de la Teología de la Liberación, llegó a la presidencia haitiana.

El mandato de Aristide duró solo nueve meses. Un golpe militar derrumbó al gobierno del movimiento Lavalas e inauguró un período de control y tutela de la democracia haitiana por parte de instituciones regionales e internacionales vinculados con Estados Unidos. Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) se transformaron en verdaderos «aparatos de certificación electoral» de la democracia haitiana, en dictaminadores de ganadores y perdedores de los mandatarios de un país que se pretendía soberano.

Así, las elecciones de 1996 recibieron el sello de validez de la «comunidad internacional» pero las del año 2000 (en las que ganó Aristide con un amplísimo porcentaje, pero con poca afluencia electoral) fueron consideradas inválidas por estas mismas instituciones. Finalmente, y tras la salida de Aristide por segunda vez del poder, acaba instalándose la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). En rigor, se trataba de una misión militar de 10.000 soldados y unos cuantos miles de policías en un país agitado por disturbios sociales y una delincuencia politizada, pero de ninguna manera un país en guerra. El despliegue de la Minustah marcó un hito en el tutelaje internacional sobre Haití. El terremoto de enero de 2010 reforzó este control y aumentó el involucramiento estadounidense a través de Bill y Hillary Clinton, quienes integraron la Comisión Internacional de Reconstrucción de Haití. Desde 2004 no ha habido ninguna elección sin una abierta intervención externa. Mientras que en 2006 la elección de René Préval fue «confirmada» rápidamente, en 2010 la primera vuelta electoral fue «rectificada» por la OEA, favoreciendo a Michel Martelly, el candidato de Estados Unidos, quien es finalmente proclamado presidente en una muy dudosa segunda vuelta.

La elección y la presidencia de Jovenel Moïse son el capítulo más reciente de este proceso. Entre otros resultados, la participación del electorado pasó de más de 70% en 1990 a menos de 15% en 2016-2017.

Una situación descontrolada

El proceso de intervención extranjera a través de los organismos internacionales, el descrédito de un Estado de derecho que nunca logró establecerse definitivamente tras la dictadura duvalierista y una serie de factores políticos propios del país han conducido a Haití a un profundo proceso de polarización política. En la actualidad, esto se expresa en una serie de cuestiones inmediatas. La primera de ellas es la de la fecha y las condiciones de salida del poder de Moïse. Hoy, la gran mayoría del país considera que el mandato de Moïse efectivamente ha caducado, pero no hay un entendimiento acerca de la necesidad de negociar su salida o de pactar una cohabitación.

A esto se suma una segunda cuestión: el contenido y la duración de la inevitable transición que permitirá recomponer un sistema político mínimamente confiable, condición sine qua non para la organización de elecciones transparentes e inclusivas. La sociedad civil organizada está solicitando un período transicional que permita iniciar acciones que conduzcan a la normalización de las instituciones y de la vida nacional y no solamente elegir un equipo para un traspaso de poder. En ello se juega el tercer término de esta ecuación, referente a las modalidades y al peso de la participación ciudadana en ese proceso transicional. Al contrario de lo que anticipan los políticos, las organizaciones ciudadanas consideran que es necesaria una entidad para negociar los intereses de la sociedad civil como un actor en el escenario político, no para ejercer el poder, sino para controlarlo.

En la solución a estos desafíos, el peso de las potencias de tutela lideradas por Estados Unidos es, sin duda, determinante. A las recientes declaraciones de la misión de la ONU presente en el país en favor de elecciones rápidas, se suman las del llamado Core Group, un club de países y organismos internacionales que monitorea la política interna de Haití desde 2013 y que está integrado por Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, la OEA y la propia misión de la ONU. La misión de la OEA –que visitó el país del 8 al 10 de junio pasado– hizo, además, su propio llamamiento a que se convoque a elecciones rápidamente, considerándolo el único mecanismo de legitimación del poder político, a pesar de reconocer las peligrosas condiciones de seguridad que imperan hoy a lo largo del territorio nacional. El Parlamento Europeo emitió una posición mucho más crítica sobre la responsabilidad de las actuales autoridades en la situación actual. Sin embargo, la declaración del Parlamento Europeo dista mucho de tener el mismo peso que las posiciones estadounidenses y la de los actores cercanos a ellas.

El aparente empate que se mantiene entre un país alzado pacíficamente contra la arbitrariedad y una dictadura unipersonal que se despliega desenfrenadamente contra la ciudadanía ha conseguido llamar la atención internacional. Y hay tres factores que explican que los actores globales no hayan hecho la vista gorda. El primero, y sin lugar a dudas el más espectacular, es la utilización de Moïse de métodos que hacen caso omiso de los acuerdos y las formas más elementales de gobernabilidad vigentes en el mundo contemporáneo y, en particular, en los espacios políticos y diplomáticos de la región. A esto se suma el reciente cambio de administración en Estados Unidos. La llegada de Joe Biden al poder propició la movilización de amplios sectores de la migración haitiana.

Finalmente, el impulso solidario de sectores progresistas de diversos países de la región y del mundo también consiguieron que se haga foco en la crisis haitiana. Por primera vez desde el terremoto de 2010, estas voces progresistas han conseguido sacar a Haití de un silencio que cobijó durante más de un decenio el socavamiento sistemático de las conquistas democráticas conseguidas en 1986 y los permanentes intentos de restauración neoduvalieristas. Queda por ver cuán consistente y duradera resultará esta solidaridad, y queda por evaluar lo que puede conseguir la movilización y la fuerza ciudadana contra un Estado que se ha transformado en verdugo de su propia población.  

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Investigan el ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia Iván Duque

El gobierno ofreció una recompensa de 800 mil dólares a quien aporte información

El mandatario viajaba junto a dos de sus ministros y dos autoridades regionales del departamento Norte de Santander cuando el helicóptero recibió entre tres y seis disparos.

El gobierno colombiano ofreció este sábado cerca de 800 mil dólares de recompensa para quien suministre información sobre los responsables del ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque y dos de sus ministros y el gobernador del departamento Norte de Santander, en el que todos los tripulantes salieron ilesos.

"Se ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para aquella persona (...) que permita dar con los responsables de este atentado terrorista", dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, a los medios en un video transmitido desde la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. "Convocamos a la unión de los colombianos con la Fuerza Pública para derrotar juntos el terrorismo", escribió el funcionario que también se encontraba en el helicóptero atacado.

Las autoridades colombianas continúan la búsqueda de los autores del atentado y comienzan a surgir dudas sobre si hubo fallas en la seguridad del mandatario. El director general de la policía, el general Jorge Vargas, precisó que los disparos se dieron desde un barrio de esa misma urbe, cercano al aeropuerto de donde despegó la aeronave presidencial.

"Se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles (…) con marca de las fuerzas armadas de Venezuela" afirmó Vargas sobre las armas: un AK-47 cuyo número de registro está bajo investigación y otro fusil tipo FAL calibre 7,52. El helicóptero en el que viajaban Duque y sus ministros es un Black Hawk blindado que pese al ataque logró un aterrizaje normal.

El presidente colombiano, Iván Duque viajaba junto a Molano y el ministro de Interior, Daniel Palacios, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. La comitiva regresaba de un encuentro con autoridades regionales en Sardinata y se dirigían a Cúcuta. "Es un atentado cobarde donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial", dijo el mandatario en un mensaje enviado a través de los canales oficiales. Las imágenes divulgadas por la presidencia muestran varios impactos de bala en la cola y la hélice principal de la aeronave. Ninguno de los ocupantes sufrió heridas."El Estado es fuerte, Colombia es fuerte. El Estado hace presencia en todos lados", agregó Duque, que dijo que dio "instrucciones muy claras de ir detrás de quienes dispararon" contra el helicóptero.

Por su parte, Palacios, explicó que el gobierno de Duque convocó a un Consejo de Seguridad en Cúcuta para analizar la situación. "El orden público se mantendrá, la seguridad ciudadana se protegerá y el Gobierno seguirá con su compromiso de dar tranquilidad a todos. El presidente representa la unidad de la Nación y un atentado en su contra es un atentado a la democracia y a las instituciones", escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

El ataque al avión presidencial fue ampliamente condenado por los países de la región como Argentina, Ecuador, Paraguay y Chile que expresaron su repudio a través de sus cancillerías. A su vez, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, repudió el “cobarde ataque” contra el presidente colombiano y las autoridades que viajaban junto a él. Desde el departamento de Estado norteamericano condenaron el atentado y felicitaron a los pilotos que lograron un aterrizaje seguro.

La comitiva que viajaba junto al mandatario colombiano había salido del municipio de Sardinata y fue atacado cuando se dirigía hacia la ciudad de Cúcuta cerca de la frontera con Venezuela. El pasado 15 de junio un coche bomba explotó en la Brigada 30 del Ejército de Colombia, y dejó un saldo de 36 heridos. El Gobierno de Duque, que sí apuntó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como autor del atentado contra la brigada militar, según las sospechas del ministro de Defensa, Diego Molano, aún no dio ningún nombre o apuntó de forma indirecta a alguien sobre el episodio de este viernes. Se trata del primer atentado contra un presidente colombiano en casi dos décadas. En febrero de 2003 una carga explosiva de 20 kilos oculta en una vivienda aledaña al aeropuerto de la ciudad de Neiva (suroeste) fue detonada previo al aterrizaje del entonces presidente Álvaro Uribe, padrino político de Duque.

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El Salvador regala bitcoines a los ciudadanos para impulsar su uso

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que en apoyo de la nueva ley que convierte al bitcóin en moneda de curso legal, el Gobierno ofrecerá 30 dólares equivalentes en la criptomoneda a cualquier ciudadano que se inscriba en una cartera digital.

El Gobierno creará su propia billetera de bitcóin llamada Chivo, anunció Bukele durante un discurso. Los fondos se depositarán en la cuenta de cualquier ciudadano que la descargue y se registre como usuario con su número de teléfono y su número de identificación, especificó.

La wallet del Gobierno de El Salvador se llama Chivo. ???

Estos son los pasos que debes seguir una vez la hayas descargado:

✔️ Debes regístrate con tu número de teléfono y DUI
✔️ Tiene reconocimiento facial o una verificación por medio de call center para crear la cuenta pic.twitter.com/aDQhxBSB7e

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

El monedero Chivo podrá descargarse en septiembre y será compatible con otras billeteras de bitcóin, dijo Bukele.

Será dentro de la app Chivo donde te depositaremos los $30 equivalente en #Bitcoin para promover su uso en la economía y para que la gente tenga un incentivo para utilizar la aplicación. pic.twitter.com/bi3zr6I93p

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Bukele reiteró sus argumentos de que el uso de la criptomoneda ayudará a atraer inversiones, impulsar el consumo y reducir el costo del envío de remesas para millones de salvadoreños que trabajan en el exterior.

"Todo esto hace muy beneficiosa a la wallet del Gobierno para todos los que reciben remesas. Millones de salvadoreños van a ser beneficiados con la Ley, por eso no entiendo cómo pueden atacar una ley que beneficiará a la gente que envía y recibe remesas”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/GuwTMgporD

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Además subrayó que el uso del bitcóin será opcional. Los consumidores pueden pagar a los negocios con bitcoines desde sus carteras por artículos cotizados en dólares. Pero si los propietarios de los negocios quieren recibir el pago en dólares, pueden pulsar un botón en la aplicación Chivo para convertir los bitcoines inmediatamente en dólares, según Bukele. "Será totalmente opcional. El dólar seguirá siendo de curso legal", dijo.

El Presidente @nayibbukele explica, con un ejemplo, como un comercio y un consumidor pueden hacer uso de la wallet y recibir o pagar con dólares o bitcoin según sea su decisión. pic.twitter.com/7OtiQDAbFi

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Las cuentas bancarias en dólares seguirán siendo en dólares, y los sueldos y pensiones se seguirán pagando en dólares, agregó.

Riesgo potencial

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo de Bukele por el plan bitcóin.

Fitch Ratings reveló en un informe que la legislación que establece el bitcóin como moneda de curso legal aumentaría los riesgos regulatorios para las instituciones financieras, incluyendo la posibilidad de violar las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

"Una implementación apresurada de la nueva plataforma del sistema de pago alternativo afectará al marco de gestión de las instituciones financieras en cuanto a los riesgos operativos, cibernéticos, monetarios y de liquidez", escribieron los analistas de Fitch.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha criticado la medida y señaló que se enfrentaba a "retos macroeconómicos, financieros y legales" con el paso de El Salvador al bitcóin. Por su parte, el Banco Mundial rechazó una solicitud del Gobierno para ayudar a la implementación de la criptodivisa.

El 26 de junio, un bitcóin perforó el piso de 30.500 dólares.

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