Putin pospuso su opción nuclear de cambio de época y negocia con Biden by the time being

El 21 de abril pasado no se escenificó en apariencia el mensaje sobre el cambio de época del zar Vlady Putin que había anunciado en forma dramática Russia Today (https://bit.ly/3gD8n3w).

Tampoco se trató de un parto de los montes –“Parturient montes, nascetur ridiculus mus” (parirán los montes; nacerá un ridículo ratón) poeta satírico Horacio dixit”–. Un día después al 21, Putin participó en la cumbre virtual sobre el cambio climático que convocó Joe Biden y a la que asistió finalmente el mandarín Xi Jinping.

Putin pospuso su opción nuclear sobre la salida de Rusia del sistema internacional de pagos Swift y la desdolarización que habían insinuado el canciller Sergei Lavrov y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Tampoco hay que tomar a la ligera la sumaria advertencia del zar Vlady Putin para que Occidente (Whatever that means) no se atreva a cruzar las líneas rojas (¡mega-sic!) trazadas por Rusia y que la hermenéutica china juzgó como una advertencia a Occidente de una severa respuesta a sus actos hostiles (https://bit.ly/3njgKT1).

Pese a la loable desescalada en Donbass por el presidente comediante (literal) ucranio, Volodímir Zelensky, marioneta del MI6 en su suicida confrontación teledirigida contra Rusia (https://bit.ly/3sXuPHj), dos días después a la participación de Putin en la Cumbre sobre el cambio climático, el ex presidente Dmitry Medvedev –el más occidental del poderoso clan de San Petersburgo– comentó que las relaciones de Moscú con Estados Unidos se encuentran a su más bajo nivel, similar a la crisis de los misiles en Cuba en 1962, que han girado de la rivalidad a una franca confrontación (https://bit.ly/3erK8m5), que ha llevado a una inestabilidad permanente.

Medvedev expuso la organizada campaña de acoso contra Rusia, que se condensa en la oposición de Estados Unidos al oleoducto NordStream 2 y a su continua desestabilización en Ucrania. Medvedev juzga que la “inestable política exterior de Washington se debe tanto a razones domésticas (sic)” como al declive de la autoridad estadunidense como líder del mundo occidental.

El discurso de Putin fue duro, pero no llegó a la ruptura prevista. Expuso la interferencia directa en Bielorrusia en un intento de orquestar un golpe de Estado y asesinar a su presidente, muy similar a lo que sufrió el ex mandatario de Ucrania Viktor Yanukovych –quien estuvo a punto de ser asesinado y fue defenestrado del poder con un golpe de Estado–, mediante un masivo ciberataque para paralizar la infraestructura de Minsk, sus comunicaciones y su sistema eléctrico (https://bit.ly/3aC7cxD).

Putin se mofó del “nuevo deporte (sic) de ver quién vocifera más fuerte contra Rusia”, a la que endosan todos los pecados sin razón alguna y advirtió que la respuesta de Moscú sería asimétrica, rápida y severa: quienes amenacen los intereses básicos de la seguridad rusa lo lamentarán de una manera que no lo han sentido en un largo periodo. Putin expresó que Rusia está “en estado de combate (¡mega- sic!)” con sus avanzadas armas hipersónicas y no ocultó que esa nación ya es líder en la creación de sistemas de combate de nueva generación y en el desarrollo de las fuerzas nucleares modernas.

Si se escudriñan las líneas rojas de Putin, sumada de la disquisición de Medvedev, a mi juicio, resultaron mucho peores que un cambio de época sobre la salida del sistema de pagos Swift y su desdolarización, que pudo haber sido en forma pacífica y gradual.

Por fortuna, dos días antes del fatídico 21 de abril, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden, se comunicó con su homólogo Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y muy cercano a Putin, con el fin de “discutir un número de temas de la situación bilateral como asuntos regionales y globales de preocupación (sic)”, y el prospecto de una cumbre presidencial entre Washington y Moscú (https://bit.ly/3gxXaRP).

Las líneas rojas de Putin denotan la hipersensibilidad de la confrontación de Estados Unidos contra Rusia y pueden desencadenar en cualquier momento una tercera guerra mundial nuclear.

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Pedro Castillo duplica la intención de voto de Keiko Fujimori en Perú

El maestro rural alcanza el 41,5 por ciento en la última encuesta

 

El candidato de izquierda, Pedro Castillo, duplica la intención de voto de Keiko Fujimori, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, según una encuesta difundida este domingo. El sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicado en el diario La República señala que el 41,5 por ciento de los encuestados votaría por Castillo y el 21,5 por ciento lo haría por Fujimori en el ballotage del próximo seis de junio.

Así, a ambos candidatos los separan 20 puntos porcentuales, una distancia mayor a los 11 y 15 puntos de diferencia que reportaban las encuestas previas. Castillo es además el favorito en la mayoría de las provincias peruanas: domina con un 43,6 por ciento en el ámbito urbano y con un 56,7 por ciento en las zonas rurales del país. Por último, un 21,2 por ciento de los encuestados aseguró que votaría en blanco o nulo, mientras que los indecisos llegan al 13,5 por ciento.

Pedro Castillo fue la gran sorpresa de los comicios peruanos, un sindicalista de izquierda con posturas conservadoras en temas como el aborto o los derechos de las minorías sexuales. Por su parte Keiko Fujimori, quien desde hace años concentra una alta proporción del llamado "antivoto", expresa lo que para muchos en Perú es un límite intolerable: la constante reivindicación de su padre, Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000 y actualmente preso por delitos de lesa humanidad y corrupción.

26 de abril de 2021

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Jair Bolsonaro amenaza con una represión militar

Dijo que tiene un plan para "sacar las FF.AA. a la calle" en Brasil

Ante las restricciones al movimiento y el comercio impuestas localmente por estados y ciudades para frenar la pandemia.

 

El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que "se seguirá la orden" si decide decirle a las fuerzas armadas del país que tomen las calles.  Dado que algunos ya temen que el ex capitán del ejército, que está bajo fuego en múltiples frentes, podría estar preparando el terreno para interrumpir un traspaso pacífico del poder durante las elecciones presidenciales del próximo año, Bolsonaro , dio este viernes la señal más clara de que estaba dispuesto a desplegar los militares en las calles del país.

Con la crisis del coronavirus creciendo en Brasil, su presidente ha desestimado tanto el virus en sí como las medidas para contenerlo, advirtiendo en las últimas semanas sobre el supuesto caos social y los disturbios que él atribuye a las restricciones al movimiento y el comercio impuestas localmente por estados y ciudades individuales. Hablando durante una entrevista televisiva, Bolsonaro dijo que "no entraría en detalles sobre lo que estoy preparando", pero advirtió que "si tuviéramos problemas, tenemos un plan de cómo entrar al campo. Las fuerzas algún día podrían salir a la calle ”.

Según Bolsonaro tal movimiento, sería para "restablecer el artículo 5 de la Constitución", que hace referencia a los derechos individuales de la población brasileña, informó O Globo. Los comentarios de Bolsonaro, quien durante mucho tiempo ha elogiado la dictadura militar de dos décadas de Brasil, harán poco para calmar a los críticos que están preocupados por su politización del ejército. A otros les preocupa su compromiso con un traspaso pacífico del poder en caso de un resultado ajustado en las elecciones presidenciales del próximo año.

Tras haber apoyado las conspiraciones de Donald Trump de una elección robada el año pasado, que culminó con el asalto fatal de los partidarios del expresidente de Estados Unidos al Capitolio en Washington DC, Bolsonaro también ha hecho acusaciones infundadas de futuro fraude electoral en Brasil desde su elección en 2018. Si bien no es ajeno a las críticas, Bolsonaro actualmente se encuentra cada vez más bajo fuego, con el Senado recientemente lanzando una investigación sobre su manejo de la pandemia y hablando cada vez más de su posible juicio político.

Mientras tanto, las estrellas parecen estar alineándose para que su rival político más peligroso, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, compita con el presidente en 2022., La Corte Suprema de Brasil confirmó esta semana la decisión del mes pasado de que el controvertido juez Sergio Moro, quien fue posteriormente nombrado ministro de Justicia de Bolsonaro, había sido parcial al condenar a Lula da Silva por cargos de corrupción en 2017. La condena, que impidió al político de izquierda desafiar a Bolsonaro en 2018, fue anulada por el tribunal por motivos de procedimiento en marzo, y un juez de la Corte Suprema calificó la investigación por corrupción de Lula da Silva como "el mayor escándalo judicial en la historia del país".

Días después, cuando una encuesta de opinión sugirió que Lula da Silva podría atraer  la mitad de los votos brasileños, y 12 puntos más que Bolsonaro, el expresidente criticó el enfoque de su actual sucesor sobre la pandemia como "idiota", afirmando: "este país no tiene ningún gobierno ”, y ridiculizando la falta de vacunas disponibles, que Bolsonaro ahora está tratando de conseguir con urgencia.

Con frecuencia enfrentando a sus partidarios contra la corte suprema y el senado, Bolsonaro ha tratado de afirmar un control cada vez mayor sobre las fuerzas armadas de Brasil durante su mandato, designando a varios oficiales militares para puestos en el gabinete y muchos más en todo el gobierno.

“Si también consideramos algunos puestos burocráticos de segundo y tercer nivel, estamos hablando de miles, o tal vez decenas de miles de militares, activos o retirados, que hoy están en el gobierno brasileño”, dijo Guilherme Casaroes, politólogo y profesor en la escuela de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas. “Esto es muy, muy diferente de lo que hemos tenido en los últimos 35 años. Una de las piedras angulares de nuestra democracia civil fue precisamente mantener a los militares fuera de la política. Entonces, al, traerlos de vuelta a la política, el propio Bolsonaro que es un ex capitán del ejército, creo que está tratando de enviar un mensaje a todos sus oponentes políticos,” precisó.

Pero las fuerzas armadas de Brasil están en crisis y los comandantes de su ejército, fuerza aérea y marina renunciaron el mes pasado, después de que Bolsonaro despidiera a su ministro de Defensa y aliado durante mucho tiempo, el general Fernando Azevedo e Silva. "Lo más probable es que lo que ordenó Bolsonaro fue poner a los militares en las calles en los estados o ciudades en que los gobernadores o los alcaldes decidieron sobre algún tipo de restricciones sociales locales", dijo el profesor Rezende.

25 de abril de 2021

*De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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En las garras de un “progreso” antihumano

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

En las últimas semanas se viene implementando una arremetida de construcción ilegal de carreteras por las veredas de San José de Apartadó. Sabemos que los mayores impulsores de estas carreteras son los paramilitares, pues ya han venido reuniendo a los pobladores de las diversas veredas del corregimiento, imponiéndoles altas sumas de dinero, que son impuestos ilegales y extorsivos, para comprar supuestamente el combustible para las máquinas de la Brigada XVII del Ejército que son las que van a ser utilizadas en las obras.

Todo comenzó por Nuevo Antioquia hace un tiempo, con una carretera hasta La vereda La Esperanza y luego otro ramal desde Nuevo Antioquia hasta La vereda Rodoxali. En ese momento se  hicieron indagaciones y se comprobó que esos proyectos de vías no tenían ningún sustento legal; alcaldes e instituciones nacionales y regionales afirmaron no estar enteradas en absoluto de esos proyectos puestos en marcha por los paramilitares.

 Ahora de nuevo se impulsan todas estas carreteras ilegales por las demás veredas. Ya han comenzado con la apertura ilegal desde el casco urbano de San José hacia la vereda La Linda; días antes ya los paramilitares habrían reunido a la población civil de las veredas Cristalina, Miramar, La Miranda, La Pancha, Salsipuedes, entre otras, para exigirle a cada poblador un aporte de 800. 000,oo (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las maquinas que entrarían a trabajar, y según informaciones, estas máquinas pertenecen a la Brigada XVII del Ejército.

Se sabe que se está implementando el arreglo o mejoramiento de la carretera que desde un punto conocido como Campamento conduce a la localidad de Belencito, del  corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. ¿Quien la está mejorando? Es de público conocimiento que todo poblador del área tiene que aportar dinero  obligatoriamente  para abrir o mejorar las carreteras.

Como comunidad nos preocupa la doble estrategia que se está poniendo en juego para explotar los recursos naturales de nuestra región. Lo más preocupante es que la población de nuestro entorno se está prestando para que sea despojen de su propia tierra.

Es evidente que todo este plan, que se presenta con apariencia de “progreso” o “desarrollo” de la región, se está implementando de manera ilegal, como ha sido la costumbre en la región. En primer lugar, esas vías no hacen parte de ningún Plan de Ordenamiento Territorial ni cuentan con licencias ambientales y menos con consultas previas a las comunidades; se apoyan en recaudación ilegal de impuestos extorsivos, rodeados de amenazas; su implementación está coordinada por una estructura criminal que ha inundado de sangre la región y ha sido premiada por un Estado criminal garantizándole absoluta impunidad por sus crímenes; la maquinaria pertenece a una estructura armada del Estado: la Brigada XVII, implicada también en centenares de crímenes impunes y que ha querido “lavarse las manos” de tanta sangre asumiendo tareas que no pueden ser asumidas legítimamente por una estructura armada, pues son tareas civiles, ya que su relación con las armas constituye una violación más extensiva y profunda de los derechos de la población civil. Pero quizás lo más perverso es que los objetivos de ese falso “progreso” o “desarrollo” está disimuladamente orientado al sevicio de empresas transnacionales de extracción de recursos mineros y energéticos que destruyen el ambiente y la salud humana y de una transformación económica de la agricultura a la ganadería, no menos destructiva, no solo del ambiente sino también de la producción alimentaria tradicional, esencial para la vida.

Algún funcionario del gobierno ha salido a defender tal monstruosidad, alegando que esas carreteras hacen parte de los PDETs (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que están previstos  en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016 (Numeral 1,2). Pero tal funcionario - Consejero Presidencial- no cae en cuenta que está actuando en contravía de lo que el Acuerdo de Paz establece sobre los PDETs. En efecto, allí se definen como objetivos primordiales de los PDETs: “el bienestar y el buen vivir de la población de las zonas rurales –niños y niñas, hombres y mujeres- haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto (…) y El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades …” (No. 1.2.1)

¿Cree el gobierno que cumple con el Acuerdo  de Paz sin consultar lo más mínimo a las comunidades, a no ser en asambleas convocadas por paramilitares y juntas comunales cooptadas por éstos, engañando a los campesinos al destruir su economía campesina y familiar para cambiárselas por estrategias que arruinan los suelos y desplazan a sus pobladores, entregando la planeación, diseños e implementación a los victimarios que con más saña han destruido vidas en la zona: militares y paramilitares, y sometiendo a la población a impuestos extorsivos ilegales y empobrecedores? Esto es demasiado perverso.

 Ya son muchos los años que llevamos dejando constancias públicas de este tipo de barbarie que se esta implementando en la zona. De sobra conoce el gobierno que se están creando carreteras ilegales en esta región y todo con intereses corruptos de los poderosos de facto.

Es claro que los que están coordinando y controlando estos planes de “progreso” y “desarrollo” son los paramilitares y los que ponen el trabajo son las brigadas militares. Así lo han manifiestan personajes como Cesar Jaramillo, quien hace parte a la Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO-; según lo manifesta dicho personaje: ahora sí se van abrir carreteras por las veredas, lo cual ya es un hecho y ya existe la plata para ello. ¿Cuál será esa plata? ¿Será la que le quitan los paramilitares a los campesinos como impuestos extorsivos? 

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El domingo 28 de marzo de 2021, en horas del día, en el corregimiento de Frasquillo, de Tierralta, Córdoba, fue visto un reconocido político de los paramilitares que controlan aquella región. Allí el control paramilitar es evidente y a la vez hay un puesto militar antinarcóticos recientemente colocado, que supuestamente controla, pero lo que se deja ver es que los que controlan son los paramilitares que permanentemente se movilizan por allí en embarcaciones tipo Johnson, de su propiedad, sin ser molestados por nadie.
  • El miércoles 31 de marzo de 2021, cuando una comisión humanitaria de nuestra comunidad pasaba por la vereda Baltazar, del municipio de Tierralta, Córdoba, se pudo notar que allí había una fuerte presencia paramilitar, pues en el camino se dejaban ver los puntos o informantes con radios de comunicación, los cuales pasaban con mucha prisa, seguramente para informar la presencia de nuestra comunidad.
  • El domingo 11 de abril de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz conoció informes según los cuales el señor CÉSAR JARAMILLO comentó de un plan que se estaría realizando desde la Brigada XVII del Ejército para continuar abriendo las carreteras ilegales por las veredas de San José de Apartadó.
  • El lunes 12 de abril de 2021, nos llegaron informes de que los paramilitares estaban reuniendo a las juntas de acción comunal de diferentes veredas de San José de Apartadó para imponer a sus pobladores cuotas de $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para empezar a abrir las carreteras que se estarían impulsando con maquinarias de la Brigada XVII del Ejército.
  •  El martes 13 de abril de 2021, en horas del día, se notó una fuerte presencia paramilitar en la vereda La Unión, de San José de Apartadó. Según informaciones recibidas, estaban muy cerca de nuestro asentamiento Aldea de Paz Rigoberto Guzmán, en la vereda La Unión, y al parecer están haciendo recorridos desde la vereda El Porvenir, donde llevan varias semanas acantonados.
  • Este mismo martes 13 de abril de 2021, un grupo de paramilitares prohibió a unas familias de la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, trabajar sus tierras, al tiempo que les ordenaron abandonar los potreros, cultivos y viviendas en la propiedad, o de lo contrario tendrían que abandonar la región.
  • El jueves 15 de abril de 2021, en horas del día, nos comunicaron que la junta de acción comunal de la vereda La Esperanza, de San José de Apartadó, se había reunido con otras juntas comunales para organizar una posible invasión a nuestra propiedad privada allí, según ellos, porque nuestra Comunidad de Paz no les ha permitido pasar por allí una carretera, carretera que está siendo construida por los paramilitares. Nuestra comunidad ha rechazado dicha carretera, pues los impulsores de la misma son los paramilitares. Es de conocimiento público que los paramilitares empezaron con maquinaria pesada a abrir esta carretera desde el corregimiento de Nuevo Antioquia de Turbo hasta la vereda La Esperanza y un ramal hacia la vereda Rodoxalí,  y cuando se investigó la legalidad de estas vías, ninguna institución de las que por ley debe intervenir en las licencias sabía nada de ese proyecto. La misma junta local manifiesta que se va a empezar a abrir con maquinaria de la Brigada XVII del Ejército, pero en días anteriores los mismos paramilitares habrían reunido a la población de la zona e impuesto unas cuotas entre $ 500.000 (quinientos mil pesos) y $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las máquinas de la Brigada.
  • El sábado 17 de abril de 2021, en horas del día, en la vereda El Porvenir, de San José de Apartadó, fueron vistos dos grupos de paramilitares que se movilizaban camuflados y portando armas largas, cada uno de esos grupos contaba con unos 15 hombres, y se dividieron para patrullar y controlar la zona. Se sabe que uno de los encargados de mando es ALIAS SAMUEL, reconocido paramilitar de la vereda La Unión. Estos paramilitares llevan ya varias semanas allí, portando vestidos militares y armas largas y actúan a todas sus anchas y nadie los molesta. Aún se encuentran acantonados en esa vereda.
  • El miércoles 21 de abril de 2021, en la vereda Arenas Altas del corregimiento de San José de Apartadó, muy cerca a la propiedad de nuestra Comunidad de Paz, hizo presencia un grupo de paramilitares fuertemente armados.
  • El jueves 22 de abril de 2021, hacia las 13 horas, y por más de 3 horas en la vereda la Cristalina del corregimiento de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares reunió a los pobladores de varias veredas, Miramar, San José, La Linda entre otras, para imponer la suma de dinero que deben pagar, para contribuir con la construcción de la carretera que ya llega a la vereda la Linda proveniente del casco urbano de San José. La advertencia de los paramilitares en dicha reunión es que todo el mundo debe pagar la tarifa impuesta por ellos, quien no lo haga asume las consecuencias.  
  • En los últimos días, por las redes sociales han circulado fotos de reuniones y acuerdos entre pobladores del corregimiento de San José, con efectivos de la brigada XVII para la construcción de carreteras en San José de Apartado. Mismos proyectos que hoy impulsa e impone los paramilitares en veredas del corregimiento de San José con maquinaria y operadores de la Brigada XVII. Según las informaciones allegadas, en dicha reunión entre pobladores de San José y efectivos del Batallón Vélez ultimaban detalles para la apertura de carreteras en San José, después de terminado el encuentro un coronel afirmo a uno de los asistentes que la relación entre militares y paramilitares es conjunto. Que mas evidencia que por un lado los militares con sus máquinas y operadores de la Brigada XVII abren nuevas carreteras mientras los paramilitares van adelante imponiendo y obligando a los campesinos a contribuir con dicho proyecto.

El control paramilitar sigue siendo el sostén de los intereses económicos. Se ha llegado  al punto de que se prohíbe incluso trabajar la tierra, como estrategia para expropiar al campesino de su tierra o para que termine aburriéndose y vendiéndosela al mismo empresariado que contrata a los paramilitares para realizar el trabajo sucio.

Ahora no hay caminos aptos para transitar, pues el barro y el agua se apoderaron de lo que era un camino construido a pico y pala por muchos años.

Persiste el afán por exterminar nuestra Comunidad Paz y para ello el Estado y los paramilitares incentivan a la población a actuar en contra de nuestra Comunidad, todo con la promesa de construir carreteras ilegales a las cuales después no les van a hacer mantenimiento, porque no le interesa el campesino sino su destrucción y lastimosamente los campesinos se están prestando para su propia destrucción.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 24 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no siga destruyendo  nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 23 de 2021

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Publicado enColombia
Viernes, 23 Abril 2021 06:16

El comunicador y los cumpleañeros

La Habana, marzo de 2021 AFP, YAMIL LAGE

El Congreso del PC y la oposición en Cuba

Completado el traspaso entre Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, la designación de nuevas autoridades del partido único arroja luz sobre el futuro vínculo con la disidencia y el rol a jugar por la «economía militar».

 

Al fin de semana pasado causó sensación en Twitter la imagen del periodista Humberto López mientras recargaba el depósito de combustible de un moderno auto con matrícula particular. Fuentes del Instituto Cubano de Radio y Televisión revelarían después que el vehículo le fue asignado junto con un apartamento en uno de los edificios destinados a funcionarios de alto nivel del gobierno y el Partido Comunista (PC).

La noticia encontró confirmación implícita este lunes, al anunciarse el nuevo Comité Central del PC y conocerse que el abogado y presentador televisivo se incluía entre sus 95 miembros. El Comité Central es la «asamblea nacional de militantes» encargada de dirigir el PC entre congreso y congreso. Como esos encuentros se celebran cada cinco años –y la Constitución considera al PC la «fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado»–, las decisiones del Comité Central trascienden por mucho las fronteras de la organización que preside.

Frente a los más de 600 diputados que sientan plaza en la Asamblea Nacional del Poder Popular, los miembros del Comité Central –la mayoría de ellos, también parlamentarios– conforman una suerte de vanguardia de la vanguardia. Significativamente, es un grupo en el que predominan los dirigentes políticos y administrativos (apenas 11 de sus integrantes son trabajadores sin cargos de dirección y sólo dos desempeñan oficios manuales en la agricultura; no hay ningún cuentapropista).

La buena estrella de López comenzó a iluminar hace casi tres años, cuando fundó el programa de información política Hacemos Cuba, que todavía conduce y dirige. La exposición mediática que le propició ese espacio determinó que más adelante le llegara –todo indica que desde el Palacio de la Revolución– la propuesta de convertirse en el rostro visible de la campaña antidisidencia de la prensa estatal.

Desde finales de 2019, en varias emisiones del Noticiero nacional de televisión, un segmento conducido por él ha buscado poner en entredicho a las principales figuras de la oposición, al mostrar su dependencia respecto de los fondos federales de Estados Unidos y sus vínculos con organizaciones terroristas radicadas fuera de la isla. Las publicaciones en redes sociales de los propios opositores, así como grabaciones y documentos acopiados por la Seguridad del Estado (la policía política), son el pan cotidiano de la sección y le han garantizado un alto rating.

Este éxito le ha valido una defensa acérrima por parte de los partidarios del gobierno de La Habana y críticas y amenazas desde el campo opositor. Abogados como Eloy Viera, residente en Canadá, han convocado a presentar demandas judiciales en contra de López por delitos como injurias y violación de la correspondencia. «Esta persona tomó una llamada por teléfono con una asesoría legal y colocó el audio en la televisión nacional», denunció Viera la semana pasada a medios opositores en el exterior.

Difícilmente un tribunal cubano aceptaría un caso así. Pero el ascenso del polémico comunicador al Comité Central puede tomarse como referencia de que en el futuro la confrontación será incluso más radical. Así lo anticipó el presidente de la república, Miguel Díaz-Canel, durante su discurso de aceptación del cargo de primer secretario del Comité Central del PC este lunes: «El dinero corre a raudales para atacarnos, [pero] no somos una revolución débil». Tres días antes, al inaugurarse el congreso, Raúl Castro había proclamado: «Jamás le negaremos a nuestro heroico pueblo el derecho a defender su revolución». Una salva de aplausos cortó sus palabras.

¿EL NUEVO HOMBRE FUERTE DE CUBA?

Como es habitual, el octavo Congreso del PC transcurrió entre el 16 y el 19 de abril, en homenaje a la batalla que desde 1961 la propaganda oficial cubana califica como «primera gran derrota del imperialismo en América». En esencia fue eso lo que ocurrió en Playa Girón, el minúsculo poblado de la costa centrosur de la isla, donde Estados Unidos pretendía establecer una cabeza de playa que justificara su intervención militar. Fue aquella una victoria por la que Fidel Castro manifestó siempre especial orgullo. Pero las décadas transcurridas han puesto a sus sucesores ante otros retos no menos notables.

Entre todos, pocos superan en urgencia el planteado por el envejecimiento poblacional. Uno de cada cinco cubanos tiene hoy más de 60 años de Edad y para 2030 se prevé que los ancianos representen alrededor de un tercio del censo nacional. Los jóvenes más calificados suelen plantearse la emigración como proyecto de vida, y entre los que se quedan predominan los matrimonios con uno o, cuanto más, dos hijos.

En respuesta, las autoridades han impulsado la «política de los tres hijos», que compromete a los gobiernos locales a construir viviendas y proveer ayudas a las madres solteras que cuidan familias numerosas. Sin embargo, a juicio de lo dicho a Brecha por una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esa estrategia comienza a ser contraproducente: «Lo que incita es a parir sin lo mínimo indispensable y después exigirle al Estado que resuelva los problemas. Muchos territorios han caído en una espiral de “gastos sociales” difíciles de sostener».

El número y la condición de los futuros cubanos centraron buena parte de las reflexiones de Raúl Castro durante la lectura del Informe Central al Congreso. Su preocupación apuntó al peligro que la actual tendencia demográfica implica para la defensa del país. «El envejecimiento de la población […] limita el número de ciudadanos que arriban a la edad reglamentaria para sumarse al servicio militar. […] Esta cuestión es más importante en la medida en que pasa el tiempo». Entre sus recomendaciones estuvo no «admitir la promoción a cargos superiores de compañeros que, por motivos injustificados, no hayan cumplido el servicio militar».

El octavo congreso sirvió de escenario para la salida de la «generación histórica» de los cargos que había ocupado por más de 60 años. Y también para que se visibilizara el poder de la «economía militar», personificada en la figura del presidente del poderoso Grupo de Administración Empresarial, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Exgeneral de las Fuerzas Armadas y exyerno de Raúl Castro, López-Calleja es considerado una pieza clave dentro de la nomenklatura isleña. Su promoción al Buró Político, la mesa directiva del PC, integrada por 14 miembros, fue resaltada por opositores como el exprofesor universitario José Raúl Gallego, emigrado a México. «Si en años anteriores lo vimos viajando en calidad de “asesor” o de “incógnito”, ahora abandona las sombras. Ante la cercanía de la muerte de Raúl Castro, el poder real empieza a afincarse también como poder formal», señaló Gallego en sus redes sociales.

Es ese el enfoque preponderante fuera de la isla y entre los grupos disidentes, pero puede que no sea completamente acertado. Al repasarse los nombramientos de los últimos dos años se pone de manifiesto el protagonismo del ahora presidente y primer secretario del PC. Con la anuencia de Raúl Castro, Díaz-Canel designó a figuras de su entorno para cargos tan estratégicos como los de primer ministro y primer secretario del PC en la provincia de La Habana (donde reside uno de cada cinco cubanos). Más aún, este congreso determinó erigir a Díaz-Canel como cabeza única del PC, algo inédito y no contemplado en los estatutos de la organización.

Otro hecho que ameritaría un segundo análisis es la postergación de que fueron objeto algunos de los dirigentes más populares del país. Dos viceprimeros ministros (una de ellos, mujer y negra) y el primer secretario del PC en la estratégica provincia de Santiago alcanzaron, apenas, a incluirse en la nómina del Comité Central. El caso de este último resultó más llamativo por la designación para el Buró Político de una homóloga suya proveniente de una pequeña provincia occidental.

LA VULGARIZACIÓN DE LA DISIDENCIA

Poco antes del congreso, el 4 de abril, los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) transmitieron en vivo una suerte de aquelarre callejero en que se burlaban de Díaz-Canel y los policías que poco antes habían fracasado en el intento de arrestar a uno de sus líderes. Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo Castillo –las cabezas del MSI que quedan en Cuba– habían anunciado que ese domingo organizarían una fiesta para los niños de San Isidro, una barriada pobre ubicada a no más de un quilómetro de la ciudadela colonial de La Habana.

La fecha que habían escogido no era casual. El 4 de abril cumplía 60 años la Organización de Pioneros José Martí, el movimiento creado por el PC para agrupar a los niños de hasta 15 años de edad. Cualquier niño que en Cuba cursa las enseñanzas primaria y secundaria –es decir, todos– es considerado de manera automática «pionero» y pasa a jurar en cada comienzo de semana una consigna que a muchos opositores lleva tiempo causándoles urticaria: «Pioneros por el comunismo, ¡seremos como el Che!».

No sólo a la disidencia declarada, sino también a muchos de los cubanos residentes en otros países. La sangría migratoria alcanza con particular fuerza al liderazgo opositor. Activistas como Anamely Ramos –la «cara intelectual y femenina del MSI»– han decidido poner en pausa su «lucha frontal contra el régimen» y cruzar la frontera; en su caso, para cursar un doctorado en Antropología dictado por una universidad mexicana.

La metamorfosis política que se produce luego de abandonar la isla tiene su manifestación más dramática en la comunidad asentada en el sur de Estados Unidos. A mediados de 2020 un estudio de la Universidad Internacional de la Florida resaltó que, a diferencia de lo que ocurría con el resto de los hispanos, entre los cubanoestadounidenses el presidente Donald Trump acaparaba dos tercios de las intenciones de voto; más aún, de acuerdo con la investigación, «76 por ciento de los encuestados que llegaron entre 2010 y 2015 dijeron ser republicanos».

El domingo de marras, apenas Osorbo logró escapar de los policías, miles de personas se conectaron en vivo a las transmisiones por Facebook del MSI. La dramaturgia de la protesta era simple: Osorbo, Otero Alcántara y sus correligionarios habían ocupado la calle frente a la sede de su organización y a voz en cuello convocaban, a las decenas de espectadores reunidos en el lugar, a ofender al presidente. «Cuando yo diga: “Díaz-Canel”, ustedes dicen: “¡Singao!”», grita Otero Alcántara en el video. Aunque a sus espaldas algunas voces lo respaldan, desde el público la reacción es mucho más tibia, nula casi. Sólo dos incidentes jalonan la transmisión: en un punto, los miembros del MSI vuelven a entrar a la casa para dejar paso libre a un puñado de policías que atraviesa la concurrencia; en otro momento, una anciana sale al ruedo contoneándose a ritmo de twerking para bailar con Otero Alcántara; mientras, los amigos de este aplauden y aseguran que «algo grande está ocurriendo en Cuba».

Las transmisiones originales del suceso encontraron amplio respaldo en el ecosistema disidente y entre las figuras del periodismo no estatal en Cuba. Mas la conmoción nacional que anticipaban desde el MSI nunca ocurrió. Al día siguiente, cuando Otero Alcántara pretendió retomar la idea del cumpleaños y salió a buscar niños para animarlo, la Policía cargó con él y con el payaso que había contratado para el festejo, sin que nadie en el barrio intercediera en su favor. Desde entonces, tanto él como Osorbo Castillo han tratado de llamar la atención con performances y declaraciones polémicas, pero, más allá de alguna detención de pocas horas, el asunto no ha pasado a mayores.

Desde Miami, la tarde del propio domingo 4, el humorista Ariel Mancebo se aventuró a analizar las razones de esa indiferencia, en un post que le granjeó ataques del autotitulado exilio. «El problema grave que yo tengo con los de San Isidro y su discurso es que me causan más miedo que respeto. Su actitud es de guapos, no de disidentes que proponen un cambio. Su protesta no es patriótica, es marginal y agresiva. […] Alguien que camina dando saltos como si fuese un guapo en medio de una bronca, sin camisa, gesticulando a más no poder […] es más carne de presidio que líder».

Ni Osorbo ni Otero Alcántara parecen interesados en desligarse de esa aureola de marginalidad. La semana pasada, por ejemplo, Osorbo cuestionó sin pruebas las estadísticas oficiales sobre la covid-19 y se burló del destino que estaría dándoles el gobierno a los cadáveres que supuestamente esconde: «Al zoológico, para echárselos a los leones, no los están llevando, porque yo tengo un socio que vive por allá y me hubiera avisado. Nada, mi gente, seguro que los están cogiendo para alimentar los cocodrilos de la Ciénaga de Zapata. Ustedes saben cómo funciona la dictadura». Por esas fechas, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública prácticamente había estallado en llanto durante su conferencia televisiva de las mañanas al anunciar la primera muerte de un niño cubano a causa del virus. Y en los días siguientes se notificaría el fallecimiento de otra niña y de una madre que acababa de dar a luz.

Desde hace semanas, La Habana Vieja, el municipio capitalino al que pertenece el barrio San Isidro, se mantiene como el de mayor índice de contagios del país, con una incidencia de nuevos casos que decuplica el promedio nacional. El hacinamiento de sus más de 91 mil habitantes en poco más de 4,5 quilómetros cuadrados no es una baza a su favor, pero al empeoramiento de la situación epidemiológica ha contribuido también con la indisciplina social.

Tras el frustrado arresto policial de Osorbo buena parte de la discusión en las redes se centró en la actitud de sus defensores, en particular de uno que se había involucrado en la disputa con un niño pequeño en brazos. Si bien hubo quien consideró ese gesto un símbolo de rebeldía, otros lo vieron como una decisión sencillamente irresponsable. Las normas establecidas por el gobierno para enfrentar la epidemia prohíben a los menores de edad permanecer en espacios públicos. Ante la violación de ese precepto, sus padres o tutores pueden ser sancionados con multas elevadas.

A una penalización similar se exponen los asistentes a actividades recreativas. Sin embargo, a comienzos de abril, Otero Alcántara se filmó participando en una fiesta con varios de sus vecinos. Como anticipando las críticas que le sobrevendrían por esa violación de las normas sanitarias, este reiteró que no aceptaba las órdenes de la dictadura y volvió a convocar a la desobediencia civil. Desde su punto de vista, «la epidemia es culpa del régimen». Más allá de la comedia de golpe y porrazo que llevan meses protagonizando, tampoco es que Otero Alcántara y los suyos tengan mucho que proponer. Al menos, si se dejan de lado sus transmisiones de Facebook y la sección de revelaciones con que, desde hace más de un año, López hace más animadas las soporíferas emisiones del Noticiero nacional de televisión

La Habana, marzo de 2021 

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Lunes, 19 Abril 2021 06:26

Causas de fondo

En la imagen, de archivo, policías guatemaltecos detienen cerca de Agua Caliente a indocumentados hondureños que esperan llegar a la frontera con Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden ha formulado como una de sus prioridades atender las causas de fondo de la migración desde Centroamérica y México.Foto Ap

Desde que se intensificó el tema del flujo migratorio en la frontera de México y Estados Unidos, el gobierno de Biden ha formulado como eje de su respuesta atender "las causas de fondo" de la migración desde Centroamérica y México. Biden, su vicepresidenta Kamala Harris y los encargados de política exterior hacia América han sostenido pláticas, realizado viajes y comentado sobre iniciativas para abordar esas "causas de fondo" en México y Centroamérica. Harris recién anunció su intención de viajar a México y Guatemala.

Pero tal vez debieran ahorrarse más viajes y quedarse en casa, en Washington, para primero abordar una de las principales "causas de fondo" del fenómeno que se está manifestando en la frontera: las políticas económicas y de "seguridad" estadunidenses en toda la región a lo largo de las ultimas décadas.

Antes de viajar y ofrecer dólares a quién sabe quién en esos países para que los migrantes y refugiados se queden en casa, tal vez son ellos quienes deberían permanecer en su casa y convocar a un gran elenco de historiadores, periodistas, analistas, ex funcionarios, religiosos, defensores de derechos humanos y más que pueden contarles, si es que no se acuerdan, de la larga y violenta historia de la mano estadunidense a lo largo de más de un siglo en esa región.

Podrían recordar lo que dijo el entonces soldado más condecorado de su país, el general Smedley Butler, en los años 30 al resumir su carrera: “Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines… Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, Wall Street y los banqueros. En suma, fui un estafador, un gángster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé hacer de Haití y Cuba un lugar decente donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street…”.

Y desde esos tiempos hasta la fecha podrían revisar la lista de intervenciones, el apoyo militar a dictaduras, a escuadrones de la muerte, a la capacitación y financiamiento de torturadores, donde fuerzas apoyadas abierta o clandestinamente por Washington, primero con la justificación de la Doctrina Monroe, después, en la guerra fría, contra el "comunismo" y más recientemente contra los aliados de gobiernos progresistas latinoamericanos que se atrevieron a no obedecer los deseos y recetas para la "democracia" y “libertad “asesinaron a decenas de miles en esos países. O como el Departamento de Estado de Obama, con Hillary Clinton al frente, apoyaron el golpe de Estado en Honduras en 2009 (varios de los golpistas fueron egresados de lo que antes se llamaba la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos capacita a militares latinoamericanos) de donde proviene en gobierno actual de ese país.

Podrían revisar los efectos de las políticas neoliberales del llamado "consenso de Washington", incluidos los acuerdos de libre comercio que aún están vigentes con México y con los países centroamericanos, y cuyo resultado empírico es que las mayores y más exitosas exportaciones de esta región –medido sólo por ingresos internacionales– son sus seres humanos y las drogas ilícitas.

También podrían evaluar por qué Washington, casi sin excepción, ha apoyado la represión contra cualquier movimiento, frente, líderes políticos y más, que buscaron cambiar las condiciones de injusticia, violencia y corrupción en sus países.

No se puede responsabilizar exclusivamente a Washington por lo que las cúpulas políticas y económicas de todos estos países han implementado en sus países, pero si en verdad hay interés en ubicar y abordar las "causas de fondo" del problema migratorio, Washington debería no sólo ver a sus contrapartes en México y Centroamérica, sino también verse a sí mismo.

Leonard Bernstein: America de West Side Story. https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs &list=RD_e2igZexpMs&start_radio=1&t=277

Calle 13. Pa’l norte. https://open.spotify.com/track/0WKdB7PG 53c1QlDbQzqn7s?si=8B0-MqsDTI-Hxwygzyq-9Q

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Mario Vargas Llosa

Vargas Llosa dio su apoyo a Keiko Fujimori para el ballottage

Hace unos años, el Nobel de Literatura dijo que una presidencia de Keiko era “lo peor que le puede pasar al país”, ahora pide el voto por ella. La hija del exdictador lo llamó para agradecerle el respaldo. 

 

La derecha peruana se encolumna detrás de la candidatura de Keiko Fujimori para buscar detener al izquierdista Pedro Castillo, el profesor rural que sorprendió en las elecciones y ahora compite en la segunda vuelta para llegar a la presidencia. Incluso el sector de la derecha que ha combatido al fujimorismo diciendo que es una opción autoritaria y una mafia que ha corrompido la política, ahora da un giro y respalda a la hija del exdictador Alberto Fujimori, en prisión con una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. La voz más notoria del giro de esa derecha que se autodefine como democrática y liberal y que ahora se ha sumado al apoyo al fujimorismo autoritario y corrupto es la del escritor Mario Vargas Llosa. 

Hace unos años, el Nobel de Literatura dijo que una presidencia de Keiko era “lo peor que le puede pasar al país”, ahora pide el voto por ella. Contra la izquierda, lo que sea, parece ser la consigna del escritor.

Vargas Llosa, que en 1990 perdió las elecciones contra Alberto Fujimori, se ha pasado tres décadas escribiendo y hablando con locuacidad en contra de Fujimori y sus herederos políticos, en las dos últimas elecciones hizo campaña contra la candidatura de Keiko, pero ahora, con un candidato de izquierda peleando con el fujimorismo, borra todo lo que dijo y respalda a la candidata fujimorista diciendo que es “el mal menor” frente a la izquierda que propone cambiar ese modelo neoliberal que el Nobel defiende por sobre todas las cosas.

“Los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna”, ha escrito el Nobel.

El escritor dice que el candidato Castillo, que ha tenido declaraciones que pueden generar dudas sobre sus compromisos democráticos, amenaza la democracia y por eso no se debe votar por él, pero olvida decir que en el caso de Keiko y el fujimorismo, por quienes pide votar, no hay dudas sino la certeza de una larga conducta autoritaria, que incluyen un golpe de Estado y un régimen autocrático.

La hija del exdictador ha dicho que indultará a su padre, posibilidad que en el pasado Vargas Llosa ha calificado repetidas veces como inaceptable, pero que ahora está dispuesto a aceptar a cambio de impedir el triunfo de un candidato de izquierda.

El giro de Vargas Llosa y su apoyo a Keiko ha sorprendido a muchos en el Perú. Pero tal vez no debería sorprender tanto. El escritor antes ya respaldó el golpe en Bolivia contra Evo Morales. En el fujimorismo esperan que el respaldo del escritor, un viejo enemigo, ayude a su candidata a vencer las fuertes resistencias que tiene en sectores que no apoyan a la izquierda, pero tampoco están dispuestos a respaldar el retorno del fujimorismo al poder y se inclinarían por anular su voto, como ya se ve en redes.

El autor de Conversación en la Catedral le pide a Keiko, que ha dado repetidas muestras de incumplir sus promesas, un compromiso de respetar la democracia y con eso se queda tranquilo. La hija del exdictador llamó por teléfono a su nuevo aliado para agradecerle el apoyo.

En coincidencia con lo escrito por Vargas Llosa, Keiko ha iniciado la campaña para esta segunda vuelta apostando al miedo a la izquierda y poniéndose como “la opción para detener al comunismo”. La candidata de la agrupación política que más ha dividido al país en estas últimas tres décadas acusa a su rival de “promover el odio y la división entre peruanos, la lucha de clases”. “La elección es entre comunismo y una economía social de mercado”, ha dicho la candidata fujimorista, marcando la cancha de su campaña. En esa expresión, lo de “social” es solo una palabra sin contenido en sus propuestas económicas.

Consciente del alto rechazo que despierta -pasó a segunda vuelta gracias a la fragmentación del voto, con apenas 13,3 por ciento-, Keiko pone sus esperanzas de victoria no en sus virtudes o en las expectativas y confianza en una eventual presidencia suya, sino en un voto en contra de su rival, en ser elegida como “el mal menor”, como ha dicho Vargas Llosa para alegría de la hija del exdictador. En esa línea, apuesta al miedo y a resucitar una coalición anticomunista. Vargas Llosa ya se apuntó en esa coalición.

Del otro lado, el profesor Pedro Castillo, que ganó con 19 por ciento, ha llamado a un amplio diálogo, pero ha aclarado que no retrocederá en sus propuestas de cambio. Ha iniciado su campaña para la segunda vuelta poniendo el énfasis en las desigualdades que hay en el país.

“Hay una total indiferencia del Estado. Hay gente que no tiene qué comer y al lado hay millonarios que viven en mansiones, que se han apoderado de todo, hasta de la dignidad de las personas. Eso tiene que terminar”, dice el candidato que aterroriza al establishment. A la polarización planteada por Keiko entre un supuesto comunismo y anticomunismo, responde: “Veo una segunda vuelta entre ricos y pobres, entre la opulencia y el mendigo Lázaro, entre el patrón y el peón, entre Lima y el interior”.

El resto de la izquierda, encabezada por la candidata Verónika Mendoza, que sacó 7,8 por ciento, espera conversar con Castillo para buscar un acuerdo. La oposición del candidato a las políticas de igualdad de género, el matrimonio igualitario y el aborto, son obstáculos para ese acuerdo. Hay coincidencias en cambiar el modelo neoliberal y la Constitución fujimorista.

Por la suma de votos de la derecha, Keiko parece partir con ventaja, pero es una ventaja frági

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Interregno norteamericano. Entrevista a Nancy Fraser

¿Qué tendencias son las que ve aparecer de resultas de las crisis social, sanitaria y económica producidas por la Covid-19? ¿Qué nos dicen las reconstrucciones post-pandémicas sobre la ‘crisis de la atención’?

Tanto la pandemia como la respuesta a la misma representan la irracionalidad y destructividad del capitalismo. La crisis de la atención ya existía antes de la aparición de la Covid, pero se vio enormenente exacerbada por ella. La situación preexistente, por así decir, era la del capitalismo financiarizado, la forma especialmente depredadora que ha predominado en los últimos cuarenta años erosionando nuestra infraestructura de atención pública por medio de la desinversión, en nombre de la ‘austeridad’. Pero de hecho, toda forma de sociedad capitalista funciona a base de permitir que la actividad empresarial actúe de balde sobre labores de cuidados no remuneradas. Al subordinar la dedicación a las personas al ánimo de lucro, alberga una tendencia inherente a la crisis reproductiva social.

Pero lo mismo vale para la actual crisis ecológica, que refleja una dinámica estructural profunda que prima al capital para que actúe de balde sobre la naturaleza, sin pensar en restaurar o reponer. Y otro tanto se puede decir de nuestra actual crisis política, que refleja el grave debilitamiento de los poderes públicos a manos de megacorporaciones, instituciones financieras, revueltas fiscales de los ricos, lo que tiene como resultado la paralización y falta de inversiones. Si bien esto ha resultado especialmente agudo a causa de la neoliberalización, expresa una tendencia a la crisis política que se conecta directamente a toda forma de sociedad capitalista. La crisis de la atención está inextricablemente entrelazada con otras disfunciones – ecológica, política, étnico-racial – lo cual se suma a una crisis general del orden social.

Los efectos de la Covid sobre los seres humanos serían horribles en cualquier coyuntura. Pero los ha empeorado el hecho de que el capital ha canibalizado en este periodo el poder público, las capacidades colectivas que podrían haberse utilizado, si no, para mitigar los efectos de la pandemia. Como consecuencia, la respuesta se ha visto dificultada en muchos países, incluidos los EE.UU., por decenios de desinversión en la infraestructura crucial de salud pública. Existe en los EE.UU. la tendencia a culpar a Trump, pero eso es un error. La desinversión lleva produciéndose desde hace décadas.

Los gobiernos de Clinton de los 90 dieron en esto el primer paso.

Sí, toda una serie de gobiernos norteamericanos, lo mismo demócratas que republicanos, desinvirtieron en infraestructuras esenciales de salud pública. Retiraron reservas de equipos esenciales como EPIs, respiradores, mascarillas, mermaron capacidades de vital importancia – rastreo de contactos, almacenamiento y distribución de vacunas – y dejaron sin financiación suficiente instituciones cruciales como centros de investigación, hospitales públicos, unidades de UCIs, agencias públicas de salud,. Los científicos avisaron de que era probable otra epidemia vírica, pero nadie les prestó oídos. De manera que cuando llegó la Covid, los EE.UU. estaban totalmente faltos de preparación. No hemos tenido prácticamente rastreo de contactos, y seguimos prácticamente sin tenerlos después de que haya pasado más de un año. Las autoridades de salud pública carecían llanamente de la capacidad de organizarlos y todavía no han logrado desarrollar esa capacidad.

El derrumbe de sistemas ya débiles de atención pública hizo recaer nuevamente todas las cargas sobre familias y comunidades, y especialmente sobre las mujeres, que llevan todavía la parte del león de la labor de cuidados no remunerada. En el confinamiento, el cuidado de los niños y la escolarización se desplazaron de pronto a los hogares de la gente, dejando que las mujeres se hicieran cargo de ese gravamen por encima de otras responsabilidades, y teniendo que hacerlo en espacios pequeños, incapaces de soportar esa carga. Muchas mujeres con empleo acabaron dejando su trabajo para cuidar de los niños y otros parientes; muchas otras fueron despedidas. Un tercer grupo, lo bastante afortunado como para haber mantenido su puesto de trabajo y trabajar a distancia desde casa, a la vez que realizaba también labores de cuidados, incluida la de atender a los niños en casa, ha tenido que llevar la multitarea a nuevas cimas de locura. Un cuarto grupo, el de las ‘trabajadoras esenciales’, se enfrenta a diario a la amenaza de contagio en primer línea, con el temor de llevar a casa el virus, a la vez que cumple con lo que es preciso hacer, con frecuencia a cambio de un sueldo muy bajo, para que otros, más privilegiados, puedan acceder a los bienes y servicios que necesitan con el fin de aislarse en casa. Qué mujeres se encuentran en según qué grupo tiene todo que ver con la clase y el color. Es como si alguien hubiera inyectado un líquido de contraste en el sistema circulatorio del capitalismo, iluminando todas sus líneas constitutivas de fractura.

En los Estados Unidos, el brote de la Covid se vio seguido por una impresionante ola de protestas, dirigidas en su mayor parte por juventudes negras, contra la violencia policial racista. ¿Adoptó el lema Black Lives Matter un significado diferente durante la pandemia?

Se trata de una cuestión importante. ¿Por qué coincidió el resurgimiento de la actividad antirracista militante en los EE.UU. con la pandemia de la Covid? Hemos visto asesinatos de gente de color durante mucho tiempo, lo mismo que movilizaciones en contra de ello. Asi que, ¿por qué las protestas se hicieron tan amplias y continuadas justo en ese momento, en medio de una horrible crisis sanitaria? Hay quienes han sugerido que los meses de confinamiento crearon una intensa presión psicológica que encontró un desahogo muy necesario en las calles. Pero creo que hay razones más profundas, forjadas en la crisis, que provocaron algunos destellos importantes de percepción política. El darse cuenta de que esas dos expresiones aparentemente distintas de racismo estructural – vulnerabilidad dispar a la muerte causada por el virus y vulnerabilidad dispar a la muerte causada por la violencia policial– estaban en realidad ligados, que ambas estaban enraizadas en el mismo sistema social.

Para cuando estallaron las protestas en mayo de 2020, ya estaba claro que los norteamericanos de color, y los negros en particular, contraían y morían a causa de la Covid de forma desproporcionada. Tenían peor atención sanitaria y una mayor tasa de situaciones subyacentes, ligadas a la pobreza y la discriminación y vinculadas con las malas secuelas de la Covid: asma, obesidad, estrés, alta presión sanguínea. Afrontaban mayores riesgos de contagio, debido a sus trabajos en primera línea que no podían realizarse en remoto y a una situación de viviendas atestadas. De todo esto se había informado ampliamente en los medios informativos. Y eso caló hondo, dando un nuevo sentido a ‘Black Lives Matter’.

El lema llevaba circulando desde 2014, cuando el asesinato de Michael Brown en Ferguson, estado de Misuri, a manos de la policía desencadenó el Movement for Black Lives. Desde entonces, ha habido muchísima organización, sin que faltaran grupos de concienciación y de lectura, lo que ha formado a una nueva generación de activistas antirracistas militantes, sobre todo de jóvenes activistas de color. Ese fue el contexto, la atmósfera, en la que se recibieron y procesaron las noticias del impacto racializado de la Covid. Como remate de todo esto llegó el asesinato de de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, que captó para que todo el mundo lo viera ese video indignante y desgarrador. Y así se encendió la mecha. Dicho de otros modos, ese momento justo no fue una coincidencia.

La convergencia de las protestas por la pandemia y la violencia policial expresaban la expansión, la profundización de ‘Black Lives Matter’. Un primer nivel de significado era que, si las vidas de los negros de verdad le importaran al sistema de ‘justicia’ penal norteamericano, en ese caso no existirían las múltiples formas de violencia racializada. Cuando golpeó la pandemia, eso también vino a significar: no se deberían perder ni acortar las vidas negras con esta mezcla letal de exposición al contagio y a problemas de salud preexistentes, que señalan a su vez condiciones estructurales subyacentes.

La repercusión electoral de BLM fue enormemente positiva, de manera evidentísima en el estado de Georgia, que pasó del profundo rojo [color de los republicanos] al azul [color de los demócratas], otorgando sus votos electorales a Biden y dándole la vuelta a dos escaños del Senado, concediendo uno a un afroamericano y el otro a un judío (lo que es una gran noticia en el Profundo Sur), y entregando así de este modo a los demócratas el control del Senado. En la dinámica que opera aquí contó el rechazo de las zonas residenciales blancas, así como una participación masiva de los negros, galvanizados sin duda estos últimos por Black Lives Matter, pero también preparados gracias a años de organizarse en ese estado para ‘salir a votar’, una dura labor sostenida por activistas sobre el terreno, como Stacey Abrams.

La derrota de Trump fue aclamada como una victoria, pero no parece que la victoria de Biden despertase el mismo entusiasmo. ¿Qué lectura hace de los resultados de las elecciones norteamericanas? Ha vencido de manera decidida el ‘neoliberalismo progresista’ al populismo reaccionario del bloque de Trump y al populismo progresista de Sanders?

Seguimos, por recurrir a los términos de Gramsci, en un interregno, en el que lo viejo agoniza, pero sin que lo nuevo pueda nacer. En esa situación, se tiende a registrar una serie de oscilaciones políticas, con balanceos de un lado a otro entre alternativas que están agotadas y no pueden tener éxito. En el presente, sin embargo, no nos hemos columpiado todavía del trumpismo a la vuelta al ‘neoliberalismo progresista’ a gran escala encarnado por las administraciones de Clinton y Obama. Eso podría suceder todavía, por supuesto, pero a fecha de hoy el movimiento del péndulo lo controla un ala izquierda recrecida en el Partido Demócrata. La derrota de Trump quedó asegurada gracias a una alianza entre el centro neoliberal del establishment del Partido, el ala Clinton-Obama, y su oposición populista de izquierdas, el ala de Sanders-Warren-AOC [Alexandria Ocasio-Cortez]. Cierto es que los centristas habían maquinado la brutal expulsión de Sanders del proceso de primarias, pese – o a causa de – su sólida proyección, con el fin de abrir camino al entonces tambaleante Biden para que se convirtiera en el candidato designado por el Partido. Pero a diferencia de 2016, las dos alas se fusionaron para las elecciones generales. La facción de Sanders prestó apoyo total a Biden contra Trump, y a cambio consiguió tener una mayor voz política.

El resultado es que los populistas progresistas y los neoliberales progresistas están hoy en coalición. Los populistas son la parte más débil de esta alianza y no están representados en el gabinete de Biden. Pero su influencia ha crecido, sin embargo. Sanders encabeza hoy el poderoso Comité Presupuestario del Senado y le entrevistan con frecuencia en las televisiones nacionales, lo cual es algo nuevo: antes nunca le dispensaban tratamiento de portavoz o comentarista clave. Además, asimismo ‘The Squad’, el grupo de AOC en el Congreso, ha doblado su número, y ha vencido en algunas contiendas importantes en las elecciones de 2020.

Y en política interior, los centristas se han movido a la izquierda. Los demócratas de ambas cámaras votaron unánimemente a favor de la ley de ayudas para la Covid de Biden, cifrada en 1.9 billones de dólares, que contiene varios puntos de la lista de preferencias progresista-populista. Ese paquete refleja claramente la fuerza e influencia del ala de Sanders. Sin embargo, ha tenido el apoyo de los asesores económicos de Biden, los cuales, aunque no estén, ciertamente, ‘a la izquierda’, representan al menos una ruptura parcial con los ex-alumnos de Goldman-Sachs que han gestionado durante décadas el departamento del Tesoro y nos trajeron la financiarización. Dirigidos por Janet Yellen, la orientación del nuevo equipo es neo- o cuasi-keynesiana; si bien todavía comprometidos con el ‘libre comercio’, al menos han renunciado temporalmente a la lógica de la austeridad y han dado prioridad al pleno empleo por encima de una inflación baja.

 El actual estado de la administración Biden representa una formación de compromiso. Sus políticas de (re)distribución mezclan algunos elementos reactivados del pensamiento del New Deal con el lado de libre comercio propio de la economía política neoliberal, mientras sus políticas de reconocimiento incluyen elementos tanto meritocraticos como igualitarios. Se acumulan aquí muchas tensiones inherentes, que van a aparecer tarde o temprano. Está todavía por ver cuándo y de qué manera, y también si se resolverán y en qué términos. En general, la alianza de la izquierda y los liberales es endeble, y no durará siempre. Pero sigue sin estar claro qué es lo va exactamente a substituirla.

Una variable clave reside en la medida en que las políticas de Biden van a satisfacer a una población que se tambalea no sólo a causa de los efectos colaterales sanitarios y económicos de la pandemia, sino también debido a las ‘condiciones preexistentes’. Son cuarenta años de desindustrialización y deslocalización, financiarización, acoso a los sindicatos, trabajos basura, declive industrial, además de violencia policial, destrucción ambiental, deshilachamiento de la red de seguridad social: todo lo que ha operado para empeorar las condiciones de vida de los pobres, la clase trabajadora y las clases medias y medias bajas.

Son esos los procesos que desencadenaron el abandono masivo del ‘neoliberalismo progresista’, en la revuelta populista, de dos filos, de 2016: Trump, por un lado, Sanders, por otro. Y ambos movimientos continuarán de una forma u otra, mientras continúen esos procesos. De manera que el compromiso de Biden depende de su capacidad de hacer suficientes concesiones favorables a la clase trabajadora para mantener a bordo a los populistas de izquierda y mellar la fuerza de los populistas de derechas. Y además, hay que mantener contenta a la clase inversora. No es un trabajo fácil.

La elección de Kamala Harris ha provocado reacciones encontradas en la izquierda, entre quienes recalcan que hay una mujer negra de vicepesidenta y los que critican sus anteriores posturas sobre la pena de muerte y su encubrimiento de abusos de autoridad como Fiscal General de California. ¿Qué análisis hace de ello?

Nunca he sido muy partidaria de lo que Anne Phillips llamó en cierta ocasión la ‘política de la presencia’, la idea de que elegir a alguien que se te parece – a una mujer o a una persona de color, por ejemplo – es por si misma un gran logro. A nadie con una pizca de feminismo en los huesos se le ocurrió apoyar a Thatcher. En los EE.UU. de hoy esto lo tenemos más claro, creo, después de haber elegido a un afroamericano para la presidencia en 2008. Mucha gente depositó su voto con tremendas esperanzas en un cambio de envergadura, que el candidato cultivó deliberadamente mediante una elevada retórica de campaña. Y el resultado fue una profunda decepción. Una vez en el poder, Obama se desprendió rápidamente de esa inspiradora oratoria y gobernó como neoliberal progresista. Después de esa experiencia, nadie que piense en la política con cierta hondura se va a sentir muy estimulado por el ascenso de Harris a la vicepresidencia. Hay un viejo dicho que afirma: ‘si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos veces, la culpa es mía’.

En cualquier caso, Harris no es – a diferencia de Obama –ni una desconocida política ni una oradora de gran altura. Tiene un largo historial político como fiscal y administradora ‘dura con la delincuencia’ y como agente político ambicioso. Habría que estar voluntariamente ciego para pensar en ella como un faro de ‘esperanza y cambio’. Por otro lado, es muy brillante y muy flexible, sabe leer bien la dirección del viento y ajustar su rumbo como corresponde. Entra dentro de lo posible que pudiera moverse un poco a la izquierda si ese rumbo le conviniera a sus ambiciones, que incluyen la presidencia para la que ahora la están preparando como número dos y supuesta sucesora de Biden. Pero en la medida en que se trata de alguien que sigue la corriente, es más importante analizar la corriente.

Cuando se derrumbe el compromiso de Biden, como tiene que pasar, los liberales atacarán probablemente a la izquierda y tratarán de resucitar el neoliberalismo progresista con algún nuevo disfraz, igual que las fuerzas del MAGA [Make America Great Again, el trumpismo del “Hacer de Nuevo Grande a Norteamérica”] tratarán de resucitar su alternativa reaccionaria-populista. Y en ese punto, la izquierda se enfrentará a una encrucijada. En una hipótesis, redoblaría las formas de superficiales políticas de identidad que impulsan la cultura de la cancelación y el fetichismo de la diversidad, En otra, haría un serio esfuerzo por construir una tercera alternativa, articulando una política inclusiva de reconocimiento con una política igualitaria de redistribución. La idea consistiría en separar a los elementos favorables a la clase trabajadora de cada uno de los otros dos bloques y unirlos en una nueva coalición anticapitalista, que se comprometiera a luchar por el conjunto de la clase trabajadora, no solamente por la gente de color, los inmigrantes y las mujeres que apoyaron a Sanders, sino que atrayera – sobre la base de sus intereses económicos – a quienes se pasaron a Trump. Esa coalición podría entenderse como una versión de izquierdas del populismo. Pero lo veo menos como un punto de llegada que como un estadio transicional, en camino hacia algo más radical, una transformación estructural profunda de todo nuestro sistema social. Eso requeriría no sólo una política de populismo de izquierda, sino algo más parecido al eco-socialismo democrático.

Por Nancy Fraser

es profesora de Filosofía Política en la Henry A. and Louise Loeb, un centro de política y ciencias sociales de la New School for Social Research de Nueva York. Su investigación académica gira en torno a la teoría social y política, la teoría feminista y la filosofía contemporánea francesa y alemana.

Fuente:

Sidecar, New Left Review, 9 de abril de 2021

Traducción:

Lucas Antón

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Incitación al socialismo autogestionario

Un gran clásico del anarquismo, Gustav Landauer, advertía de las dificultades con que se encontrarían los obreros revolucionarios para construir un régimen socialista tras derrocar a la clase dirigente y abolir el Estado.

 

Un gran clásico del anarquismo, Gustav Landauer, advertía de las dificultades con que se encontrarían los obreros revolucionarios para construir un régimen socialista tras derrocar a la clase dirigente y abolir el Estado. El problema no consistía en una supuesta falta de condiciones políticas y económicas objetivas para ello, puesto que el socialismo libertario era posible fuese cual fuese el estadio de desarrollo y compenetración en el que se encontrasen la economía y el Estado, sino a la falta de experiencias autogestionarias de magnitud apreciable, y, por lo tanto, a la carencia de ideas prácticas que mostraran los caminos de su realización. Las enormes trabas internas de funcionamiento coordinado que tuvieron las colectividades de la Revolución Española facilitaron el sabotaje que los partidos defensores del orden burgués, mientras el curso desfavorable de la guerra acababa precipitándolas en la cloaca estatal de la que nunca saldrían. La ocupación de la calle, la huelga y la toma de edificios públicos, armas tradicionales de la lucha de clases, son la negatividad en acción que por si sola no basta. En la actualidad, se hace cada vez más patente la necesidad de un anticapitalismo afirmativo: el frente de la guerra social exige una retaguardia logística hecha de proyectos autogestionarios ejemplares. El libro “Los papeles de Albert Mason. Volumen I. La Acción Económica”, anónimo, una selección de artículos de calidad desigual, aclara este último punto: “la revolución es menos un construir sobre la destrucción que un destruir construyendo”. Con esa rotunda aseveración se cambia radicalmente la estrategia de lucha tradicional contra el capital y el Estado basada únicamente en la resistencia organizada; la confrontación ideológica y política ha de combinarse con la forja de un entramado económico autogestionario, antipatriarcal, fuera del mercado e independiente del Estado. La finalidad no ha cambiado puesto que se persigue la revolución social total, no una reforma cualquiera.

Para un lector ajeno a los guiños de la moda, la lectura se complica por culpa del empleo del femenino como genérico -producto de la influencia del movimiento feminista, hoy en día más fuerte y pujante que el obrero e ideológicamente más creativo-, un mal hábito posmoderno que intenta justificarse con la peregrina idea de la repercusión durante milenios del patriarcado en la gramática. De acuerdo con esta manera de discurrir, un periodo machista prolongado en la historia sería el causante lógico y directo de que el género masculino en las lenguas indoeuropeas fuera no marcado. Creemos que el axioma es cuanto menos dudoso y que existen mejores modos de socavar el dominio social de los varones, visibilizar a las mujeres y deshacer los estereotipos sexuales que machacar infundadamente el lenguaje -al fin y al cabo obra del pueblo hablante-, con falaces especulaciones seudorradicales. Bueno, por más que se contorsione la forma, el contenido no se enriquece ni se hace más claro y más crítico. Habría que proceder al revés, creando conceptos nuevos que iluminen la cuestión como lo han sido los de “patriarcado”, “cuidados”, “sexismo” etc. A mi entender, la neolengua inclusiva es un reflejo identitario de gueto, como en otras partes lo son el nacionalismo, las arrobas o el pañuelo palestino. Y el gueto es un elemento de la zona gris que se acomoda con la novedad sin objeción alguna, sobre todo si se cocinó en la universidad, pues no pretende la nitidez de la verdad, sino el velo que más contribuya a su cercado, o sea, a su conservación.

Esta modesta objeción sin embargo no intenta quitar méritos a la materia del libro, que es original y provechosa, y que consiste en lo que el autor llama acción económica, definida como “la forma específica que adopta la lucha contra el capitalismo -en sus dos vertientes, estatal y empresarial- dentro del ámbito de la economía.” Es un modo de acción directa contra la empresa y el Estado cuyo objetivo consiste en perjudicar económicamente todo lo posible a ambos. Desobediencia civil en el plano económico y administrativo. Su forma orgánica es la Asociación Libre. No se trata de un tipo de organización nuevo, sino de lo que corrientemente se ha llamado sindicato, cooperativa, ateneo o comité, o de lo que hoy llamamos colectivo, proyecto o red. Todas se caracterizan por no ser jerárquicas, regirse por asambleas y “ensayar modelos económicos compatibles con la anarquía.” Las tácticas de la acción económica van del huerto comunitario, el consumo combativo, el intercambio en especie y la compra colectiva hasta el fraude administrativo, la insolvencia programada y la insumisión fiscal. No estamos ante una simple alternativa agroecológica a la alimentación industrial, pues suponemos que la susodicha acción económica abarca otras experiencias autogestionarias en el campo de la sanidad, la educación, la seguridad social, la vivienda, la energía y el derecho, por poner solo algunos ejemplos. Lo cierto es que sin esa especie de rearme de la sociedad civil, la lucha social urbana y la defensa del territorio no podrán evitar la integración.

Desde luego, a fin de no recurrir al dinero, la extensión de una economía paralela no capitalista requiere instrumentos como monedas sociales, equipamientos eficientes, asesorías jurídicas y ayudas financieras, cuyo empleo incurre forzosamente en contradicciones, pues no olvidemos que estamos dentro de un régimen tecnocapitalista, como quien dice, en el vientre de la ballena. Encuentro además discutible la busca de subvenciones o el recurso a las inversiones que defiende el libro, aunque trate de justificarlo con el argumento de usarlas contra el Estado, algo así como si se fuera tras una expropiación suave y ligera de fondos. Y también cosas que el libro no menciona como los socios benefactores, la autogestión a tiempo parcial o los liberados. Son prácticas que recuerdan algo el discurso en torno a Marinaleda, y, exagerando un poco, el irónico relato de Pessoa, “El Banquero Anarquista”. Y sobre todo nos trae a colación la autodenominada “Economía Social”, en otras palabras, la autogestión de la miseria, el modo menos violento de administrar la exclusión en beneficio del mercado que la produce. El autor se ve obligado a marcar la línea roja que separa la Acción Económica de aquella, “la rama del capitalismo cuya actividad lucrativa es la crítica al capitalismo y la mercantilización de supuestas alternativas”, y a denunciar como aberrante la terminología seudosolidaria de “precio justo”, “finanzas éticas” “desarrollo sostenible” o “responsabilidad social de las empresas.” Sin embargo, no logra sustraerse a un círculo vicioso: la “desmercantilización” de cualquier actividad sin abolir integralmente el mercado resulta imposible, así como la autogestión generalizada sin salirse de la economía o la autonomía plena sin suprimir el Estado. A mi modo de ver, y supongo que al modo de ver del autor, la única manera de romper el círculo es dejando claro dos cosas: primera, que la actividad autogestionaria y feminista es un medio y no un fin en sí misma. Segunda, que no es más que la vertiente positiva de la lucha social anti-industrial.

El libro, redactado con el espíritu mitad de un pionero de La Cecilia y mitad de un expropiador tipo Marius Jacob, no tiene final. La lista de ejemplos de sabotaje de la economía es larga y abierta. En lo relativo a los métodos ilegales -por ejemplo, la falsificación de documentos o la clonación de tarjetas- conviene más practicarlos silenciosamente en la clandestinidad que alardear de ellos en manuales. A buen entendedor... No busquemos tampoco una valoración suficientemente crítica de los experimentos autogestionarios reales, quizás porque no sea ese el objetivo del libro, que ante todo quería demostrar que, sin la experiencia previa de la autogestión “a fuego lento”, la subversión negadora rodará incesantemente en la oscuridad y se consumirá en su propio fuego. Hoy en día, plantar una tomatera, según cómo, puede ser un acto tan radical como el ir a la huelga o defenderse de la policía, y un humilde potaje de garbanzos, con los ingredientes sociales adecuados, puede convertirse “en un atentado cotidiano contra toda autoridad.”

Por Miguel Amorós

16 abr 2021 13:55

Publicado enPolítica
El expresidente brasileño Lula da Silva, el pasado 6 de marzo, en Ginebra. — Martial Trezzini / Efe

El exmandatario del Partido dos Trabalhadores, dispuesto a presentarse para ganar "a un fascista que se llama Bolsonaro".

 

La Corte Suprema de Brasil ratificó este jueves la decisión adoptada por uno de sus jueces, que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos y podrá aspirar a la Presidencia en 2022

La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el 8 de marzo había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, por un conflicto de competencias.

Fachin consideró que los dos juicios en que Lula fue condenado a prisión, y otros dos en los que todavía no había sentencia, fueron irregulares, ya que se realizaron en los tribunales de la ciudad de Curitiba, a cargo del exmagistrado Sergio Moro (posteriormente, ministro de Justicia y Seguridad Pública entre 2019 y 2020 en el Gobierno de Jair Bolsonaro), que no tenían competencia sobre esos asuntos.

El argumento de Fachin, instructor en el Supremo de los procesos relacionados con la operación Lava Jato, fue que los casos por los que Lula fue juzgado no tenían vínculos con las corruptelas en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de la jurisdicción de Curitiba, limitada a las causas relacionadas con la petrolera.

Esas causas se refieren a un apartamento y una casa de campo que Lula habría recibido a modo de soborno de empresas que, según la acusación, obtuvieron contratos fraudulentos con Petrobras; y a supuestas donaciones que esas mismas firmas hicieron a un instituto del expresidente en un contexto similar.

Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por esos procesos ahora anulados, ha proclamado desde siempre su inocencia y también recurrido en otras instancias contra la jurisdicción de Curitiba.

"Desde hace cuatro años defendemos que los tribunales de Curitiba no podían juzgarme", declaró antes de conocer el fallo Lula, quien también reiteró que no le preocupa que los procesos sean reiniciados en Brasilia.

Lula, dispuesto a presentarse "para ganar las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro"

Una vez emitida la sentencia, Lula ha mostrado su disposición a presentarse a las elecciones de 2022 para disputar el liderazgo al ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien considera un "fascista" y un "genocida".

Si es necesario y tengo que ser candidato en el 2022 para ganar las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro", lo hará, afirmó el exmandatario, quien señaló que, antes de valorar su candidatura, deberá "hablar mucho con las demás fuerzas políticas del centro y de la izquierda", en un proceso similar al que realizó Alberto Fernández para obtener la Presidencia argentina.

No obstante, Lula reconoció que no tiene que ser él el candidato progresista: "Yo tengo 75 años, yo me considero que tengo una buena salud, estoy bien físicamente, pero no tengo que ser yo obligatoriamente, podemos escoger a alguien que pueda representar los intereses progresistas del país", precisó.

"Yo nunca pensé que fuéramos a tener en Brasil un presidente de la República fascista y genocida, que es el mayor responsable de la pandemia", dijo en referencia a la gestión de Jair Bolsonaro sobre la covid-19, que ha situado a esa nación como una de las más golpeadas del mundo por el virus.

Bolsonaro "solo piensa en los militares y, por eso, yo creo que la democracia va a volver y espero participar en ese proceso que le devolverá a Brasil la esperanza y la alegría", agregó el exmandatario.

Bolsonaro: "Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida"

Jair Bolsonaro afirmó este jueves que "sólo Dios" le puede sacar de la "silla presidencial", en alusión a la posibilidad de que se produzca un juicio de destitución en momentos en que sube la temperatura política en el país.

"Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse. En absoluto", dijo Bolsonaro.

El dirigente de Brasil hizo las declaraciones tras saber que el Supremo  estableció un plazo de cinco días para que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, explique por qué no ha analizado las cerca de cien peticiones de destitución presentadas hasta el momento contra él.

En los últimos días, el líder ultraderechista ha subido el tono después de que el Senado, por decisión de la Corte Suprema, acordara instalar una comisión para investigar las omisiones en que pudo haber incurrido el Gobierno en el combate a la pandemia del coronavirus, que atraviesa su peor fase en el país, con más de 365.000 muertos por la enfermedad.

Bolsonaro también comentó la decisión de anular las penas de prisión contra Lula y comparó números de su Gobierno con el del líder del Partido de los Trabalhadores: "Si Lula vuelve, por el voto directo, por el voto auditable, todo bien. Pero piensa cómo será el futuro de Brasil con el tipo de gente que él va a traer para dentro de la Presidencia".

Y agregó: "Si Lula es elegido, en marzo de 2023, tres meses después, él va a elegir dos magistrados más para el Supremo Tribunal Federal. Creo que la conclusión cabe a todos ustedes".

brasilia

16/04/2021 09:27 Actualizado: 16/04/2021 09:55

EFE

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