Una joven protesta contra la compañía Monsanto, en Ciudad de México, el 21 de mayo de 2016Tomas Bravo / Reuters

El 31 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto ordenando a las instituciones públicas "sustituir" el uso de este agroquímico.

 

Funcionarios de varias agencias estadounidenses y la multinacional Bayer presionaron al Gobierno mexicano para que reconsidere la prohibición del uso del glifosato, un herbicida muy usado en agricultura al que expertos y grupos ecologistas atribuyen efectos adversos sobre la salud.

Mediante solicitudes de transparencia, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) obtuvo correos electrónicos que revelan que funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) intercambiaron información con CropLife America sobre la postura de México respecto al uso del controvertido agroquímico. 

CropLife America es un gremio que representa a gigantes del sector agroquímico, entre ellos Bayer, que a su vez es dueña de Monsanto, la polémica compañía que comercializó el glifosato a través del producto Roundup, el herbicida más vendido del mundo.

En las comunicaciones internas de funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio, reveladas por el diario británico The Guardian, queda de relieve cómo la industria de agroquímicos presiona para que EE.UU. incorpore este tema al acuerdo comercial que tiene con México y Canadá, conocido como T-MEC, conocido como USMCA por su siglas en inglés, que entró en vigor el 1 de julio de 2020.

La estrategia incluye la advertencia a México de que sus acciones respecto al glifosato y los cultivos transgénicos generan preocupación "respecto al cumplimiento" del T-MEC. De esta forma, la industria presionaría al país latinoamericano para que modifique su política a cambio de no enfrentar sanciones por el supuesto incumplimiento del acuerdo comercial. 

"Cómo podríamos usar el USMCA para resolver estos problemas", se desprende de una comunicación interna de funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. 

En la información obtenida por el Centro para la Diversidad Biológica, se cita una comunicación de la directora de Asuntos Internacionales Gubernamentales de Bayer, Stephanie Murphy, con la entonces directora de Comercio Internacional y Política Ambiental de la Oficina del Representante de Comercio, Leslie Yang, sobre la postura de México respecto al uso del glifosato.

Murphy menciona el vínculo del T-MEC con esta cuestión y reconoce que ejecutivos de Bayer trabajaban "en estrecha colaboración" con el Servicio de Agricultura Extranjera (FAS, por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Agricultura estadounidense, en la Embajada de EE.UU. en México.

En un correo electrónico enviado el 5 de diciembre de 2019, Murphy hizo referencia a la decisión de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México de prohibir a un particular la importación de 1.000 toneladas de glifosato

"Por ahora, Bayer no se ha visto afectada por las importaciones", señala Murphy, aunque advierte que la compañía podría ser perjudicada en el futuro. 

Por su parte, el 19 de mayo de 2020, el entonces representante de comercio estadounidense, Robert Lighthizer, le envió una carta a la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, en la que instaba al Gobierno latinoamericano a "reevaluar" su postura respecto a la importación del glifosato, un herbicida que ha estado asociado con varias afectaciones a la salud, "desde mareos e irritaciones en la piel hasta el desarrollo de cáncer", según denuncia Greenpeace México.

"El glifosato tiene un historial de seguridad demostrado y es uno de los herbicidas más rigurosamente estudiados en el mundo. Insto a México a reevaluar estas solicitudes y otorgar permisos de importación", señaló Lighthizer en la misiva, advirtiendo que podrían incumplirse ciertas obligaciones del T-MEC, lo que tendría impactos en el comercio bilateral

Presión de la industria

La presión de la industria de agroquímicos y de funcionarios estadounidenses fue expuesta por el entonces titular de la Semarnat, Víctor Toledo.

En una conversación privada que fue filtrada a medios, Toledo se quejó de que el Gobierno estadounidense y funcionarios de "20 embajadas en México" mostraron una respuesta "apabullante" tras la intención de la Semarnat de prohibir 111 herbicidas y pesticidas catalogados como altamente peligrosos.

Hasta el momento, la presión de la industria de agroquímicos y de los funcionarios estadounidenses no han tenido el efecto esperado sobre la nación latinoamericana.

Decreto en México

El 31 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), obligando a las instituciones públicas a "sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país". 

En el decreto, se ordena que estos agroquímicos sean sustituidos "por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas", que resulten "seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente". 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citadas por la Semarnat, el 60,6 % de las hectáreas de producción en México utilizan herbicidas químicos. Aunque la dependencia desconoce la cantidad exacta del glifosato usado en el país, afirma que es la sustancia a la que más recurren.

Publicado: 17 feb 2021 04:24 GMT

Publicado enInternacional
El Salvador: odio, asesinatos y... elecciones

En medio de un escenario de tensión política e intolerancia social, el país centroamericano está a pocos días de las elecciones legislativas y municipales. Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han sido asesinados tras participar en un acto de la formación de izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se apunta a un crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos funcionarios del país, incluido el presidente Bukele que llegó a afirmar que se había tratado de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador?

El pasado 31 de enero, simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron atacados por tres hombres que dispararon directo al camión en el que se encontraban. Todo ocurrió en el centro de la capital salvadoreña en el marco de la campaña para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, en las que el oficialismo aparece liderando las encuestas y podría alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. Dos personas fallecieron y otras tres fueron lesionadas en el tiroteo. Los veinte militantes del FMLN que se encontraban en el camión regresaban de un evento proselitista del candidato a la alcaldía de San Salvador, cuando el auto con los tres hombres a bordo los interceptó. Uno de ellos abrió fuego. Eran las 6:25 de la tarde de ese domingo.

El ataque contra simpatizantes de izquierda se ha convertido es parte de una escalada de radicalización política que se vive en el país. En las redes sociales se destila tensión, en especial en Twitter, atizada por los mensajes de odio e intolerancia que son generados, principalmente, desde el gobierno. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador se vio marcado por la polarización entre el FMLN, partido de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019, y la derecha dura representada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Y es sobre ese escenario dividido y sobre el desencanto generado por ambos partidos tradicionales que cobró relevancia la figura del actual presidente Nayib Bukele. El mandatario de 39 años, que se autodefine como un outsider de la política, consiguió 54 % de los votos en las últimas elecciones, lo que le permitió romper con 30 años de bipartidismo, aunque no con la polarización.

Lo que ocurrió el 31 de enero pasado en El Salvador es la expresión mayúscula de una situación de violencia política que ya había sido advertida por la sociedad civil. Los mensajes de odio calan fuertemente ante una población enajenada por la violencia y se encienden con una mínima chispa. Bukele, sin embargo, tuvo declaraciones altamente desafortunadas solo media hora después del asesinato de los miembros del FMLN. En lugar de condenarlos, insinuó que se había tratado de un autoatentado. «Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron», decía el presidente desde su cuenta de Twitter. El FMLN no tardó en rechazar la afirmación de Bukele.

La muerte de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, los dos militantes del FMLN, recibió la condena de actores políticos y sociales y de la comunidad internacional. Y el lenguaje de Bukele quedó en el centro de la escena. «Condeno profundamente el ataque de ayer dirigido al meeting de campaña del @FMLNoficial en El Salvador y hago un llamado a una investigación total del crimen. El Estado necesita garantizar a todos los partidos políticos democráticos a que puedan hacer una campaña y baje la intensidad no que añada gasolina al fuego @nayibbukele», escribió Tilly Metz, que forma parte de la bancada de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El 10 de febrero, Metz envió una carta a Bukele pidiendo que reduzca la escalada de violencia política que se vive en el país centroamericano. «Sinceramente espero que las próximas elecciones sean justas, pacíficas y transparentes».

La campaña de odio del presidente se ha transformado se ha transformado ya en una política gubernamental. Armando Álvarez, catedrático del departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le recordó a Bukele que «procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores» del país es parte de sus atribuciones constitucionales como presidente. Pero eso no ocurrió esa noche. La presidencia de El Salvador no condenó el hecho, sino que continuó fomentando la división entre los salvadoreños.

Radicalización presidencial

El presidente Bukele ha encontrado en Twitter un nicho que seguirá explotando hasta donde la red social se lo permita. Aunque las políticas de esa red social son claras en cuanto a no fomentar el odio, tal parece que eso no aplica para el presidente de El Salvador. Twitter es enfático en cuanto a qué considera como «conductas de incitación al odio». Por ejemplo, «no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco permitimos la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas», se afirma en las políticas de la red social. Sin embargo, el 1 de febrero de 2020, justo un año antes de este ataque, Bukele tuiteó: «Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos». El mensaje lo compartió cuando se conoció que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado un requerimiento para procesar a algunos funcionarios por negociar con pandillas. Lo que omitió el presidente en ese momento es que algunos funcionarios de su administración cuando fue alcalde de San Salvador (2015-2018) también han sido investigados por reunirse con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Bukele ha tenido buenas relaciones con políticos de otras naciones que también han apelado a los discursos de odio. Entre ellos, por supuesto, se destaca el ex presidente estadounidense Donald Trump. En la historia reciente de El Salvador nadie ha sido tan «florido» para atacar a sus adversarios políticos como Bukele. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, afirma que Bukele y Trump se asemejan porque «han hecho del odio su emblema». Y asegura que «tampoco hubo otro mandatario que haya pretendido explícitamente dividir al país como lo ha hecho él».

La disputa por la versión de los hechos

Cada vez que Bukele habla, sus funcionarios —y un ejército de trolls— se convierten en la caja de resonancia de su mensaje. Hasta cuando ocurre un temblor, el presidente se expide. A pesar de que existe un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bukele considera que es él quien debe informar la escala del sismo. Así sucede con una diversidad de temas. Y sus acólitos no dejan de replicar sus mensajes. Cuando Bukele habló de «autoatentado» algunos funcionarios de su círculo cercano, como el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Federico Anliker, continuaron alimentando esa versión. La misma noche del atentado escribió en su cuenta de Twitter: «Los mismos de siempre, hoy resulta que después de acabarse al país y llevarnos a la violencia social que ellos mismos la propiciaron y otros incluso son parte de esas mafias, hoy se quieren pintar como blancas palomas. ¡NO JODAN!».

De lo ocurrido el 31 de enero, se sabe que en el camión viajaban mujeres, unos cuantos hombres y ex-combatientes de la guerrilla ya ancianos. Además, se sabe que el automovil les interceptó porque hubo hostigamientos previos, que llevaron a que unas mujeres, simpatizantes del partido de izquierda, respondieran tirando bolsas con agua a los atacantes. También se sabe la identidad de los tres hombres que bajaron del auto azul que interceptó al camión. Se trata de tres empleados del Ministerio de Salud, dos de los cuales se desempeñan en el área de seguridad. El otro trabaja como conductor. Es decir, los tres son empleados del gobierno de Bukele. Testigos manifestaron al periódico El Faro que uno de ellos fue quien disparó.

Cuando se conoció que los atacantes eran empleados públicos, Bukele cambió su discurso: pasó de sostener que se trataba de un autoatentado a afirmar que se había producido un enfrentamiento. Esta tesis fue sostenida también por la Fiscalía General de la República, al conocer que uno de los atacantes también estaba lesionado por una bala. Las víctimas del ataque que resultaron lesionadas afirman, sin embargo, que no portaban armas.

El ataque contra militantes del FMLN ha acentuado una disputa entre la Presidencia y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Ministerio Público por quién presenta pruebas irrefutables de lo sucedido. Aun cuando la PNC es un brazo de investigación de la Fiscalía, su posición ha sido la de demostrar que los atacantes reaccionaron a un enfrentamiento con los militantes. Lo que ocurre entre las dos instituciones es grave. Marcela Galeas, abogada penalista, ha sostenido que «lo peligroso en este caso es que la forma en que desde el gobierno, específicamente el presidente y la PNC, se quiso deslegitimar las calidades de las víctimas y justificar las acciones de los hechores por tratarse de empleados del Ministerio de Salud». «Que la Policía cuestione de manera pública la dirección funcional de la Fiscalía, priorizando la protección de los acusados y no de las víctimas, es inaudito». No hay justificación alguna, ni jurídica ni lógica, que lleve a pensar, al evaluar los videos que se han presentado como prueba, que hubo enfrentamiento. Bukele, sin embargo, acusó al Ministerio Público de ocultar videos y él mostró los propios, los que la PNC había obtenido «por su cuenta».

El ambiente se ha convertido en un campo de batalla en el que todos acusan y todos se responden. Ante lo enunciado por Bukele, el fiscal general de la República, Raúl Melara, no tardó en responder. «Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos ni por sus familias», escribió Melara en su cuenta de Twitter.

Mientras las investigaciones continúan, el fiscal intentó juntar a todos los representantes de los partidos políticos inscritos en la contienda. Quería un pacto de no violencia, pero no lo logró: el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, no se presentó. Tampoco lo hizo Cambio Democrático, un partido aliado del presidente. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos llamó a una reunión citando a todos los partidos políticos para garantizar la no violencia política, los partidos oficialistas asistieron. El llamado del gobierno estadounidense parece ser, para Bukele, más importante que el llamado de un fiscal de su país.

Las señales de autoritarismo

El oficialismo de Bukele ha intentado sostener una única línea de lo sucedido y todos se han cerrado sobre ella. Para hacerlo ha intentado que los medios difundan su posición. Para un gobierno deseoso de concentrar el poder, la estrategia mediática ha sido clara. Los constantes bloqueos gubernamentales a la información pública, el debilitamiento de la prensa independiente a través de ataques y de campañas de desacreditación, a la vez que el fortalecimiento de los medios estatales que sostienen la posición del gobierno, operan como herramientas claves para Bukele. Defensores de los derechos humanos han sostenido que estas constituyen evidentes señales de autoritarismo por parte del gobierno.

El 9 de febrero de 2020 una imagen recorrió el mundo: la de Bukele rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, practicando un intento de autogolpe con amenazas a la oposición. El peso del Ejército y las actitudes autoritarias del presidente son evidentes. Alcanza con revisar el presupuesto general de la nación e identificar dónde está destinada la mayor cantidad de dinero. La respuesta no es difícil: en los militares. Tal como sostiene la defensora de los derechos humanos Celia Medrano en una entrevista concedida al periódico El Faro, Bukele apuesta por la militarización de la política y muestra rasgos «autocráticos y claramente autoritarios».

La oposición es débil y muy poco inteligente. En medio de un clima tenso, Bukele encuentra las palabras para controlar el voto popular. Mientras sus ojos están puestos en las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, pareciera que no habrá un cambio en el discurso que ha traído desde que inició su mandato en junio de 2019. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sostiene que la violencia se ha vuelto una constante a partir de la siembra de odio gubernamental. Los resultados están a la vista: ya no se trata solo de polarización política, sino de asesinatos, como se verificó con lo sucedido en la caravana del FMLN. «Lo peor es que los más afectados siempre es la clase pobre, la gente del pueblo, que están en las comunidades, mientras en las cúpulas seguramente van a llegar a arreglos políticos», insiste Serrano. Con la presidencia de Bukele, lo único que quedó atrás fue la hegemonía de los dos partidos tradicionales. Ahora, sin embargo, ha emergido otra cosa: el odio en el discurso político, la responsabilización a terceros por los errores propios. Los hechos lamentables están lejos de haber terminado.

Publicado enInternacional
Manifestantes se enfrentan con policías ayer en Puerto Prín-cipe durante una marcha contra el gobierno de Jovenel Moise.Foto Afp

Manifestantes se enfrentan con policías ayer en Puerto Prín-cipe durante una marcha contra el gobierno de Jovenel Moise.Foto Afp

 

Puerto Príncipe., Miles de personas se manifestaron ayer en Puerto Príncipe para denunciar la tendencia a una nueva dictadura que, según ellos, tiene el gobierno de Haití, y con el fin de criticar el apoyo de la comunidad internacional al presidente Jovenel Moise.

Las afirmaciones del Ejecutivo de Moise de que el fin de semana pasado se había producido un "intento de golpe" en el país fueron recibidas con escepticismo por la oposición y la sociedad civil, que denunciaron una serie de detenciones políticas ilegales. Moise sostiene que su gobierno al frente del país caribeño se extiende hasta el 7 de febrero de 2022; sin embargo, parte de la dirigencia política haitiana afirma que su mandato quinquenal finalizó el 7 de febrero.

Esta discrepancia obedece a que Moise fue elegido en una votación anulada por fraude y luego relegido un año después.

El 5 de febrero, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que un nuevo presidente debería suceder a Moise tras nuevas elecciones "al final de su mandato el 7 de febrero de 2022".

Sin embargo, los manifestantes cuestionaron ayer la legitimidad del mantenimiento del actual mandatario y el apoyo que le dan otros países. “A pesar de todos los secuestros, las masacres en los barrios obreros, Estados Unidos le continúa dando apoyo.

"El dinero del fondo Petrocaribe se ha derrochado, no tenemos buenos hospitales y Estados Unidos sigue apoyando al gobierno", dijo Sheila Pelicier, una manifestante.

La protesta fue pacífica aunque se produjeron altercados entre algunos manifestantes y la policía, que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma. Los agentes de policía también dispararon munición real al aire en Pétionville, una comuna acomodada del área metropolitana, donde un automóvil resultó quemado.

Publicado enInternacional
Domingo, 14 Febrero 2021 05:31

Brasil: razones y dilemas de Lula

Brasil: razones y dilemas de Lula

Desde Río de Janeiro.Lula da Silva (foto) vive una situación similar a la que vivió en 2018. Condenado, espera el desenlace de su situación jurídica, para tomar una decisión definitiva. Pero Brasil está atravesando una situación diferente y esto puede marcar la diferencia en las razones y dilemas de Lula. Pude conversar con él para entender mejor su posición.

Sabe que las situaciones son similares, pero con varias diferencias significativas. En 2018, a pesar de que fue arrestado y condenado, era el favorito para ganar en la primera ronda, como lo demuestran las encuestas. Extendió el plazo al máximo, esperando que su situación cambiara y fuera candidato. Cuando consideró que se habían agotado los plazos, lanzó a Fernando Haddad como candidato.

Ahora la expectativa es formalmente la misma, pero en un escenario político muy diferente. Con la desmoralización de Lava Jato y el ex ministro de Justicia Sergio Moro, la erosión de la imagen del presidente Jair  Bolsonaro, el clima político y legal es muy distinto. Incluso en sectores  insospechados de ser lulistas hay consenso para reconocer no solo su inocencia, sino también que hubo un operativo expreso para evitar su elección. Que es una forma de reconocer que hubo un golpe de Estado contra el Partido de los Trabajadores (PT) y que la elección de Bolsonaro fue producto de una manipulación gigantesca

Y que, por lo tanto, Brasil no vive en democracia, hay que restaurarla. (Contrariamente a la afirmación del juez del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, que reiteradamente difunden en los medios de comunicación, en la que dice “vivimos en una democracia muy consolidada”.)  Por supuesto, esta gente todavía necesita atar los cables, para que el razonamiento sea completado, pero el consenso es favorable a Lula, independientemente de las decisiones del Poder Judicial.

Pero la posición de Lula es, en esencia, la misma que terminó adoptando en 2018:  preferiría ser candidato, solo no lo sería si la Justicia se lo impidiera. Sabe que la disputa es dura y decisiva en 2022 y está dispuesto a afrontarla si ha recuperado sus derechos políticos.

Lula también saca conclusiones de la experiencia de 2018. No cree que tenga derecho a dejar el PT a la espera de una situación similar. Por eso le dijo a Haddad que ocupara sus espacios, que no se quedara esperando, pendiente de la situación de Lula, que se estiró mucho. Aunque tiene mucho más tiempo, se hace más largo.

Ya há vivido esa situación y prefiere no repetirla. Está listo para pelear. Cuando le dicen que regrese a las calles lo antes posible, reacciona con entusiasmo. Pero también él tiene mucha consideración y confianza en Haddad. Da la impresión de que, si es el candidato y vuelve a ser presidente de Brasil, Haddad tendrá un lugar esencial en su gobierno. Y, de hecho, si no puede ser candidato, apoyará a Haddad.

La diferencia está en la gigantesca presencia de la imagen de Lula, que lo llevó a ser gran favorito en 2018 y las dificultades de la candidatura de Haddad. Por supuesto, Haddad fue víctima de la monstruosa operación mediatica y de la huida de los debates por parte de Bolsonaro, con la complacencia del Poder Judicial y de los medios de comunicación.

Bolsonaro ya demostró, en su enfrentamiento con el Parlamento, que utilizó todos los recursos para derrotar a sus oponentes en el campo de la derecha - Joao Doria y Rodrigo Maia, después de haber logrado marginar a Moro-, para demostrar que la batalla de 2022 será la madre de todas las batallas.

La izquierda debe hacer todo lo posible para contar con Lula, el mejor candidato para enfrentar a Bolsonaro. Si la izquierda es consciente de que su principal objetivo es derrotar a Bolsonaro, restaurar la democracia y retomar un modelo de desarrollo con distribución de ingresos, tiene que luchar por la candidatura de Lula como objetivo central.

Todos los de la izquierda deben enfrentar los desafíos que definirán el destino de Brasil durante mucho tiempo. No es de extrañar de que el PT estará a la altura de sus responsabilidades y tendrá su propia candidatura en la primera vuelta, que debe ir a la segunda vuelta y contará con los votos de otros candidato de izquierda en la segunda vuelta. Que el PT debe estar presente en el ballotage, con Lula o Haddad. La victoria depende de la capacidad para unir todas las fortalezas, elegir las mejores alternativas y llegar unidos en la segunda vuelta.

Publicado enInternacional
Sábado, 13 Febrero 2021 06:35

El legado de la pandemia

El legado de la pandemia

Nadie olvidará el 2020. Nunca antes tantos saludos de cambio de año fueron a propósito de terminar, dejar atrás, salir de ese año como de la peste, literalmente. Excepto varias de las más grandes empresas farmacéuticas, los titanes tecnológicos y unas cuantas trasnacionales más que aprovecharon el desastre para cosechar ganancias en volúmenes que la mayoría de la gente no podemos ni imaginar. Basadas, además, en enormes subsidios públicos y en no pagar impuestos, especialmente las plataformas digitales.

Según el informe El virus de la desigualdad (Oxfam, 2021), los milmillonarios que vieron afectadas sus fortunas, recuperaron el nivel previo a la pandemia en apenas nueve meses, mientras la pobreza en el mundo aumentó notoriamente y se sigue profundizando. Para los miles de millones de personas de la población mundial en situación de pobreza, recuperar el escaso poder adquisitivo que tenían antes de la pandemia tomará más de una década. Algo además incierto (https://tinyurl.com/23zy6zz9).

Desde el inicio de la pandemia, los 10 hombres más ricos del planeta (siete de ellos dueños de plataformas y empresas digitales) agregaron más de 500 mil millones de dólares a sus abultadas arcas. Oxfam pone el ejemplo de Jeff Bezos, actualmente el segundo individuo más rico del mundo, fundador de la plataforma digital Amazon. Con la fortuna personal que acumuló entre marzo y agosto 2020, podría haber pagado a cada uno de sus 876 mil trabajadores un bono de 105 mil dólares y aún seguiría siendo tan rico como al inicio de la pandemia.

Se hizo patente la destrucción o falta de sistemas de atención de la salud accesibles para las mayorías en muchos países. La educación formal se realizó con grandes limitaciones y en modo virtual en todos los niveles, aumentando en estos sectores también la brecha entre pobres y ricos. La carga de trabajo para las mujeres aumentó mucho más que para los hombres, también la violencia de género.

Al aumento brutal de la desigualdad que ya existía, se sumó el hecho de que las medidas restrictivas para contener los contagios dejaron una importante huella negativa en la interacción social y una ola de contención de las luchas sociales, al no poder participar en forma presencial en protestas, reuniones, etcétera. A tono con lo mismo, se enlentecieron e hicieron más injustas (por idioma, zonas horarias, acceso a internet) las discusiones en Naciones Unidas sobre alimentación, cambio climático, biodiversidad, y se limitaron seriamente las posibilidades de participación de la sociedad civil en esos ámbitos. La tendencia de los gobiernos del G-7 hacia el resto de los países es convertir esas discriminaciones en permanentes.

Para las grandes plataformas digitales y empresas tecnológicas, las ganancias han sido indescriptibles, pero no sólo en dinero, también en poder y control. Ya están presentes en todas las industrias –incluso agricultura y alimentación– en el trabajo, educación, salud, comunicación, sistemas de gobierno, redes "sociales", sistemas financieros.

Todas y todos somos sus presas y el comercio de nuestros datos, sus principales fuentes de ganancia. Prácticamente no están reguladas en ninguna parte y apenas se ha comenzado tímidamente a intentar supervisarlas en algunos países, solo en aspectos parciales. No tiene precedente el peso y poder económico y de cabildeo de estas empresas frente a gobiernos nacionales e internacionales, sumado a que tienen control de sus datos e instrumentos.

A las medidas de Twitter de cerrar cuentas de quien considere según su criterio y conveniencia, se suma el reciente anuncio de Facebook e Instagram, de cerrar las cuentas que comenten que las vacunas podrían no ser efectivas o que el virus podría haber sido producto de una manipulación de laboratorio. Más allá de que existe mucha basura en Internet (que las plataformas alientan), de que nos alegre que cancelen los mensajes de Trump o que estemos o no de acuerdo con posiciones críticas sobre las vacunas, el fenómeno de la censura ejercida por los gigantes tecnológicos abre una batería de preocupaciones.

Mientras Facebook – cuyo fundador Mark Zuckerberg es uno de esos 10 hombres más ricos del globo– sostiene que las vacunas son la solución para la pandemia y se arroga determinar qué y quien puede hablar sobre ellas, Oxfam explica en su informe que nueve de cada 10 personas en países pobres no tendrán acceso a las vacunas en este año, aunque varios de los países más ricos han comprado dosis para inocular a toda su población tres veces. El debate de los muchos y diferentes impactos de esta industria es urgente e impostergable.

Pese a la debacle global que la pandemia ha causado, prácticamente nada se ha tocado de sus causas, lo cual afirma las bases para que sigan preparándose próximas pandemias. Por ejemplo, para parar la destrucción de la biodiversidad que aumenta con megaproyectos mineros, de transporte, energía, expansión de la frontera agrícola (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

El panorama sin duda es sombrío. Que muchos aspectos del capitalismo hayan quedado al desnudo, también ayuda a combatirlo. Existe un creciente tejido de debates y acciones entre comunidades, organizaciones y movimientos populares que siguen actuando solidariamente, pensando, cuestionando, construyendo.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Publicado enSociedad
Caminos y bifurcaciones del movimiento indígena ecuatoriano

El resultado de la primera vuelta de las presidenciales puso de nuevo en el primer plano al movimiento indígena ecuatoriano y a Yaku Pérez, quien disputó voto a voto con el banquero Guillermo Lasso el paso a la segunda vuelta. Los clivajes en el interior de Pachakutik, una suerte de brazo político-electoral del movimiento indígena, no son sencillos y no se pueden reducir a «clasistas» vs. «etnicistas». Al mismo tiempo, los enfrentamientos con el gobierno de Rafael Correa explican parte de sus posicionamientos y sus divisiones internas.

 

Varias veces dado por muerto y milagrosamente resucitado a lo largo de treinta años, el movimiento indígena ecuatoriano y su principal organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siguen sorprendiendo y desconcertando. En la más reciente muestra de su poderío, Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, organización electoral auspiciada por la Conaie, estuvo a punto de pasar al balotaje, con casi el 20% de los votos, en un empate con el político y banquero conservador Guillermo Lasso, quien se proyecta para competir con Andrés Arauz el 11 de abril próximo. En cualquier caso, la votación de primera vuelta ha sido un éxito arrollador para Pachakutik, cargado de implicaciones políticas futuras, y le dará al partido un fuerte bloque parlamentario. 

Unánimemente aclamado por el pensamiento progresista y de izquierdas latinoamericanos como un movimiento democratizador, una renovación de las luchas emancipatorias y una expresión de la lucha contra el racismo y el colonialismo interno, súbitamente el conflicto de la Conaie con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la transformó para una parte de esas izquierdas en una especie herramienta del Imperio, una expresión del etnicismo excluyente y un arma geopolítica del «ambientalismo liberal». Con la posibilidad del posible paso de Yaku Pérez a la segunda vuelta contra el candidato apoyado por Rafael Correa, esas acusaciones se volvieron particularmente violentas, a veces mezcladas con expresiones que lindan el racismo abierto, como cuando se denuncia que se cambió el nombre a «Yaku» (agua, en kichwa, adoptado legalmente en 2017).

Desde 1990, la Conaie y el movimiento indígena han sufrido, como todo el país, importantes cambios sociales, culturales y económicos. Entre ellos, destacan una acentuación de la urbanización de sus bases sociales, una amplia diversificación ocupacional de sus dirigentes, una mayor penetración de los servicios estatales y un importante, aunque todavía limitado, aumento de la escolarización. La presencia de ONG, de partidos que compiten por conseguir candidatos indígenas, de oficinas y entidades públicas que ofrecen becas o proyectos sociales de variado tipo, se han mantenido y probablemente crecido, aunque esta era una tendencia ya presente desde la década de 1980. El antiguo aislamiento relativo de las áreas indígenas es una reliquia del pasado, aunque subsista parcialmente, sobre todo en la Amazonía. Pero, al mismo tiempo, los pueblos indígenas siguen siendo las poblaciones más empobrecidas, abandonadas y con peores indicadores sociales del país.

Tradicionalmente, el movimiento indígena ecuatoriano fue descentralizado y heterogéneo, tanto en términos ideológicos como organizativos. Desde la década de 1970, la mezcla indisociable de discursos clasistas («somos pobres») y étnicos («somos nacionalidades indígenas») se asoció a demandas ecologistas, aprovechando las oportunidades internacionales y nacionales existentes. Más lentamente, y de modo más desigual, el feminismo penetró también en las comunidades, aunque no se han formado, como en Bolivia, organizaciones supralocales formadas exclusivamente por mujeres indígenas. Al mismo tiempo, un persistente conservadurismo moral, propio de casi todas las zonas rurales, entremezclado con la influencia de las iglesias evangélicas y católica, han limitado, por ejemplo, la incorporación de las agendas de derechos reproductivos en el seno de las organizaciones indígenas. 

El conflicto entre la Conaie y el gobierno de Rafael Correa atravesó todas las fracturas ideológicas, sociales y organizativas del movimiento indígena. No es verdad que haya predominado una sola de ellas. Quiero decir que ni los dirigentes más «clasistas» o los más «étnicos» tuvieron una posición común (a favor o contra) frente a Correa. Apenas un ejemplo. Carlos Viteri, un reconocido intelectual indígena amazónico, oriundo de Sarayacu, imbuido de un fuerte discurso étnico, se volvió un militante del correísmo. Su comunidad de origen goza de fama mundial por su radical oposición a la explotación petrolera en su territorio desde los años 80. Viteri, no obstante, fue el parlamentario encargado de hacer el informe que viabilizó la explotación petrolera en el Yasuní en 2013. El énfasis en los valores de la etnicidad puede perfectamente combinarse con las bondades del extractivismo.

No hay, pues, evidencia alguna de que los cambios sociales, generacionales o el conflicto con Correa obedezcan a una acentuación del carácter «etnicista» del movimiento. Las tendencias étnicas y clasistas siguen conviviendo y mutando en su interior. El levantamiento popular de octubre de 2019, por ejemplo, tuvo una agenda esencialmente económica y de esas movilizaciones contra el gobierno de Lenín Moreno salió fortalecido el liderazgo de Leonidas Iza, dirigente kichwa de la provincia de Cotopaxi, conocido por el énfasis «clasista» de su agenda. El bosquejo de programa económico que, bajo el liderazgo de la Conaie, se gestó en los meses posteriores a ese levantamiento, retoma todos los temas propios de una agenda redistributiva.

Yaku Pérez fue el líder más visible de las tendencias internas que se oponían más radicalmente al gobierno de Correa. La razón es bastante simple. Dirigente de la organización rural de una zona de la Sierra sur de relativamente reciente proceso de mestizaje (dos generaciones), la amenaza de una concesión minera en su territorio lo acercó a la Conaie, que tenía una larga trayectoria de oposición a las actividades extractivas, sobre todo en la Amazonía. Pérez llegó a ser presidente de la filial serrana de la Conaie, la Ecuarunari, la organización indígena más numerosa del país. Luego, como prefecto electo, pugnó por conseguir una consulta popular que prohibiera toda minería metálica a gran escala en la provincia del Azuay. Aunque la Corte Constitucional negó sus pedidos, una consulta más limitada, que prohíbe las actividades de minería metálica en las cabeceras de cinco ríos en la capital, Cuenca, acaba de obtener 80% de los votos y a ningún gobierno futuro le será fácil ignorar semejante veredicto.

Esta lucha antiminera desató un proceso interno de recuperación y reinvención de las identidades ancestrales cañari en estas comunidades. Estas identidades contribuían prácticamente a su lucha y también les otorgaban un orgullo y una sensación de que era posible ofrecer alternativas económicas y de vida enraizadas en la tradición y el pasado local. La obsesión del gobierno de Correa por impulsar la minería metálica a gran escala en un país (y unas regiones) sin tradición minera, lo llevó a una persecución sistemática a los dirigentes sociales, entre ellos Yaku Pérez, que estuvo cuatro veces en prisión. Pero no era un ataque personal: la Fiscalía General del Estado reconoció que entre 2009 y 2014 hubo 400 procesos judiciales por año por delitos contra la seguridad del Estado, entre ellos, más de un centenar por año por delitos de sabotaje y terrorismo. No hay un antecedente semejante en la historia ecuatoriana del siglo XX. Como uno de los principales damnificados de esa ola represiva, para Yaku Pérez, el fin del gobierno de Correa se imponía como una cuestión de sobrevivencia. Ese es el contexto de su famosa frase en la segunda vuelta de 2017 entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno: «prefiero un banquero a una dictadura».

No veo cómo se puede llamar a esta movilización ecologista «ambientalismo liberal». Ningún liberal que yo conozca está en contra de la minería en Ecuador. Tampoco parece lícito suponer que la política opuesta, la de Rafael Correa, de concesionar estos yacimientos mineros a empresas chinas, pueda ser calificado en sí misma de nacional-popular. El grupo ecologista más cercano a Yaku Pérez es Acción Ecológica, ampliamente reconocido en Ecuador y el mundo como la más combativa de las organizaciones del ecologismo popular. En la campaña para las elecciones del 7 de febrero pasado, Pérez hizo una propuesta radical pero viable: optimizar la explotación petrolera en las regiones donde ya existe, pero no ampliar la frontera extractiva. Respetar, con una conducta ambiental vigilante, los contratos mineros actualmente en explotación y terminar con los que solo están en fase de exploración.

El conflicto interno reciente más conocido en el movimiento indígena ocurrió en el momento de la selección del candidato de Pachakutik para las últimas elecciones presidenciales. Jaime Vargas, dirigente shuar de la Amazonía sur y presidente de la Conaie, y Leonidas Iza se quejaron públicamente del proceso de selección, que en su opinión estuvo organizado para favorecer a Pérez. Vargas se asocia, como la mayoría de los dirigentes shuar, a las corrientes más «étnicas», mientras Iza está más cerca de las «clasistas». De nuevo, las etiquetas ideológicas fluyen con facilidad al calor de combinaciones siempre cambiantes y siempre presentes. Ningún giro reconocible, solo una constante negociación y convivencia de dos dimensiones de una identidad política en tensión. 

Este tipo de disputas internas por candidaturas es tradicional y frecuente en Pachakutik. Sin embargo, la gran masividad de la votación en zonas indígenas a favor de Pérez en 2021 desmiente que haya habido una división significativa en las bases de la Conaie. Estas parecieron sentirse bien representadas electoralmente por Pérez. Fue, por lo tanto, un conflicto entre dirigentes, sepultado por una avalancha de votos. Esa disputa, sin embargo, especialmente con Iza, seguramente volverá a aparecer en el futuro. Pero es claro que el peso político de Yaku Pérez se ha potenciado enormemente dentro de la Conaie luego de obtener casi el 20% de los votos. Ha surgido por primera vez una figura individual que potencia electoralmente el peso social y organizativo de la Conaie a escala nacional. La situación parece comparable a la de Evo Morales en Bolivia luego de las elecciones de 2002, cuando este obtuvo más de 21% de los votos y quedó en segundo lugar de manera sorpresiva. El peso político personal de Pérez en las internas no tendrá equivalentes.

El gran desafío del movimiento indígena, como referente indiscutido de las organizaciones y el movimiento popular ecuatoriano, será administrar sabiamente esta victoria electoral y navegar sobre este inmenso capital político. Luego de varios intentos, al fin este movimiento logró interponerse exitosamente como una tercera opción política entre el correísmo y la derecha tradicional. Y lo hizo gracias a otra tradición antigua: combinar la movilización callejera (el levantamiento de octubre de 2019) y la participación electoral. 

Las conflictivas relaciones con el correísmo serán, sin duda, un componente crucial de esa difícil navegación. ¿Será Andrés Aráuz el artífice de un giro generacional hacia una política más abierta frente a los movimientos sociales por parte del correísmo? Hasta ahora no hay ningún indicio en esa dirección, pero es claro que, si quiere ganar en segunda vuelta, tendrá el imperativo de tomar distancias de su mentor, que fue su único sostén político en primera vuelta, pero que se vuelve su principal pasivo en la segunda. 

Otro de los grandes desafíos de Pachakutik de acá en más será precisar de manera más detallada las agendas programáticas que se esbozaron en la reciente campaña y en los documentos del programa económico tanto del levantamiento de octubre de 2019 como de la «Minka por la vida», nombre dado a la agenda económica y social de Pérez. Es claro que un fuerte compromiso ambiental es fundamental para guiar la tarea parlamentaria o de gobierno, pero no es suficiente. Yaku Pérez cuenta para esta tarea no solo con su experiencia personal y sus inclinaciones individuales, sino con treinta años de experiencia colectiva acumulada.

Publicado enInternacional
La cantante brasileña Maria Bethania, en una imagen de febrero de 2021.Jorge Bispo / Divulgação

La artista brasileña habla sobre la tristeza que le provoca su país y del concierto que ofrecerá este sábado, el día que cumplirá 56 años de su debut musical

 

Maria Bethânia (Santo Amaro, 75 años) fue aconsejada por Boninho, director de televisión de la cadena Globo, para que hablara bastante durante el recital en directo que ofrecerá este sábado y que podrá verse de forma gratuita a través de la plataforma Globoplay. Le sugirió que evitara el vacío entre las canciones ante la ausencia de aplausos, ya que no habrá público. La cantante sonríe: “Le dije que se quedara tranquilo, porque soy la cantante brasileña que más pega una canción con la otra, ya sea con un texto, con una introducción. Odio esos vacíos, no me gusta darles espacio”, comenta por teléfono la también hermana de Caetano Veloso. “Espero los aplausos, pero no cuento con ellos. Muchas lecciones de Fauzi”, dice la cantante, nombrando a Fauzi Arap, el director y dramaturgo que fue su gran maestro en la sabiduría de casar texto y música en los espectáculos, una dinámica que se tornó su marca registrada.

Rosa de los vientos, un espectáculo fundamental de la colaboración entre Bethânia y Fauzi, cumple 50 años en 2021 y se celebrará en el directo de este sábado, su primera experiencia en este formato, que se emitirá desde el espacio cultural Ciudad de las Artes, en Río de Janeiro. No es la única efeméride que marca la presentación. Bethânia recuerda, “perfectamente”, el 13 de febrero de 1965, día de su debut en el espectáculo Opinión: “Recuerdo mi llegada al Teatro Opinião, entré con Caetano. Tereza Aragão [actriz y productora] me recibió y me llevó al camerino. Recuerdo que era muy pequeño, pero cálido. Una luz ámbar, un espejo cuadrado, sencillo. El camerino desnudo”, describe con detalle. Una osadía para aquellos años. Brasil vivía en dictadura después del golpe militar de 31 de marzo de 1964.

Días antes del audaz espectáculo, Bethânia había llegado desde Bahía. Estaba allí para sustituir a otra estrella de la música brasileña, Nara Leão. Ya había cantado en Salvador, capital del Estado de Bahia, pero Opinión sería su debut nacional. “El Grupo Opinión me pidió una hora en una peluquería al día siguiente de mi llegada, no les gustó mi pelo”, recuerda. “Me pasé toda la mañana en esa peluquería. No me gustó nada cómo quedó. En el camerino, el día del estreno, me miraba y pensaba: ‘Este no es mi pelo’.” Minutos antes de entrar, un gran escenógrafo, amigo de Tereza, vio que no estaba satisfecha, me cogió el pelo y me hizo ese moño con el que canté Carcará. Me preguntó si estaba bien, le dije que estaba mucho mejor que antes. Subí al escenario feliz, descalza, para cantar É de manhã, de Caetano. Había conseguido convencerles de entrar con esta canción de mi hermano, que por aquel entonces era un artista desconocido. Y el moño se convirtió en una marca”.

Bethânia recuerda que estaba tranquila: “Tereza estaba muy nerviosa, Caetano también, yo no”. Pero no estaba indiferente. Estaba ansiosa por subir al escenario y mostrar lo que había preparado. La misma sensación que tiene poco antes de su primer directo virtual, 56 años después de aquel espectáculo. “Siempre es así, hasta hoy. Por eso me gusta ensayar, mucho. Sé hacerlo, lo he aprendido, esto es lo que he elegido, voy a mostrarlo”, afirma Bethânia, anticipando que el espectáculo Opinión será recordado brevemente en el directo “con una estrofa”. “No voy a cantar Carcará. Pero cantaré algunos éxitos y algunas cosas de Noturno”.

Noturno es el disco que lanzará en los próximos meses, con canciones de compositores como Adriana Calcanhotto, Chico César y Tim Bernardes, algunas de ellas extraídas del espectáculo Claros breus, de 2019. Carcará — nombre de una ave del norte de Brasil — es un marco de la historia musical, una música de protesta metafórica en contra los militares. Su letra tiene versos como Carcará es malo y valiente… coge, mata y come.

Bethânia tiene una ansiedad tranquila por el recital de este sábado. Se afirma en la certeza de que el 13 de febrero es “el día de la buena suerte, el día de la bendición”. Ese día, en 2016, la escuela de samba Mangueira, de Río de Janeiro, ganó el Desfile de Carnaval de ese año con el tema María Bethânia: la niña de los ojos de Oyá, en honor a la cantante, otro recuerdo que se invocará en el directo, en el que estará acompañada por dos guitarras, bajo y percusión.

“El 13 de febrero es inolvidable. Es el mes de Nuestra Señora de la Purificación, siempre estoy en Santo Amaro para las fiestas, que no se han celebrado este año”, se lamenta. “Siempre reservo el 13 de febrero para pasarlo con un amigo, descorchar un champán, beber una cerveza. Es un gran día. La gente le tiene un poco de manía al 13, pero para mí es todo lo contrario”.

El lamento de estar lejos de Santo Amaro estos días se hace más fuerte en esta era de noticias falsas. Un vídeo, realizado en 2019, en el que aparecen Bethânia y Caetano en una fiesta en Santo Amaro, se compartió como si fuera de esta pasada Nochevieja. Es decir, se les acusó falsamente de asistir, durante la pandemia, a un evento donde había multitud de gente y sin llevar mascarilla. “Ni siquiera he visto el vídeo, pero por supuesto me he enterado”, dice Bethânia. “También he oído que se ha desmentido. Que tampoco sirve de nada, porque todo el mundo sabía que no era verdad, pero no se trata de eso. El mundo se ha convertido en esto. La pandemia llegó como una marca de hierro de esta cosa vulgar, pequeña, perversa y mala que vivimos. Y no parece que Brasil vea que hay una salida. Pero un día lo hará”.

El Brasil de 2021 que describe Bethânia no se parece en nada al país de belleza profunda y luminosa que cantó con ternura en Brasileirinho, un álbum de 2003. Pero afirma que aquella patria de sussuaranas, de Heitor Villa-Lobos y de cigarrillos de paja aún permanece: “Brasil sigue siendo el mismo, pero está dormido, aterrorizado, asustado, enfermo y triste. Ya no me gusta hablar de Brasil. Me dan ganas de llorar”.

Noturno, el nuevo disco de Bethânia, no es una respuesta a ese estado de cosas: “Este Brasil no me inspira”. Pero, como ella misma explica, el álbum no ignora su tierra, su tiempo. Su repertorio incluye, por ejemplo, “2 de junio”, lanzada por la cantante Adriana Calcanhotto en 2020 sobre la muerte del niño Miguel Otávio, que se cayó de un edificio de lujo en Recife mientras su madre, una empleada del hogar, paseaba al perro de su empleadora. Ese caso de marcada negligencia por parte de los empleadores expone (y la canción lo pone de manifiesto) profundos nudos en la cuestión racial y la desigualdad social que han formado y forman Brasil.

Noturno invoca una sobriedad, una calma, una madurez”, dice Bethânia. “Pero es un disco de una mujer de 74 años, una cantante brasileña, en una pandemia, con las angustias y situaciones que todo eso implica. También trae una canción como Lapa santa, inédita, de Roque Ferreira y Paulo César Pinheiro, que canta este Brasil de hoy, de manera fuerte, nordestina, honesta. En uno de los versos, se pregunta: ‘¿Dónde está el dueño de la casa?”. En un país que no ve salida, la pregunta podría estar inscrita en la bandera.

Leonardo Lichote

Río de Janeiro - 12 feb 2021 - 23:56 UTC

Publicado enCultura
Viernes, 12 Febrero 2021 06:43

Contrainsurgencia 4T

Contrainsurgencia 4T

Las estrategias contrainsurgentes son flexibles, se adaptan a cada tiempo y lugar, a cada sector de la población que deben combatir. Actúan con modos distintos en áreas urbanas y rurales, ante actores armados o pacíficos, despliegan en cada caso los dispositivos adecuados para cada situación.

Las estrategias contrainsurgentes son múltiples, como lo demuestra su acción durante el último siglo en América Latina. Combinan masacres con programas sociales, feroces dictaduras que en cierto momento promueven "aperturas democráticas" que se reducen a convocar elecciones.

La contrainsurgencia moderna tiene un sólo objetivo: abatir a las y los diferentes, despojarlos de sus territorios, reconstruirlos para la acumulación salvaje de capital y tener a la población absolutamente controlada. En síntesis, buscan aniquilar cualquier atisbo de autonomía de abajo.

Estamos asistiendo a un despliegue feroz de la contrainsurgencia denominada "guerra de desgaste" en Chiapas, contra la comunidad Nuevo San Gregorio y la región Moisés Gandhi, en total seis comunidades autónomas zapatistas pertenecientes al municipio autónomo Lucio Cabañas del Caracol 10.

Esta guerra decidida bien arriba, se enfrenta a procesos organizativos pacíficos. En estos casos la contrainsurgencia no puede desplegar políticas como la "tierra arrasada" que se instauró en Guatemala contra los pueblos originarios de raíz maya, porque caería en la más completa deslegitimación.

Impedidos, por ahora, de arrasar comunidades a través de un genocidio, ensayan otras estrategias que persiguen exactamente el mismo objetivo, pero de manera lenta, sofocando pueblos para despojarlos y convertir sus bienes comunes en mercancías.

Desde abril de 2019 vienen atacando a las comunidades mencionadas, invadiendo y alambrando las tierras recuperadas por las bases de apoyo zapatistas, robando sus cultivos, materiales de trabajo y tiendas comunitarias. Disparan sus armas durante horas, a veces desde el amanecer hasta la noche, con agresiones físicas y verbales.

El 22 de agosto de 2020 integrantes de Orcao (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) incendiaron la bodega y la tienda comunitarias en el crucero de Cuxuljá, todo ello en el municipio oficial de Ocosingo. Han secuestrado comuneros y comuneras, los amenazan y torturan.

Como documentan las caravanas de solidaridad, integradas por 15 colectivos y acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), a las familias zapatistas se les está haciendo imposible cultivar sus tierras (https://bit.ly/2NiBaOo).

Esta misma semana la última caravana constató que los paramilitares armados ingresaron a las tierra comunitarias recuperadas para sacar el ganado y quemar su leña. Antes ya habían cercado escuelas, espacios de salud, fuentes de agua y tierras donde pasta el ganado.

Como puede observarse, se trata de microacciones contrainsurgentes que representan una guerra de altísima intensidad para las familias campesinas. Todo esto sucede con el apoyo de las fuerzas armadas, de los gobiernos estatal y federal que no han hecho nada para impedirlo.

Estamos ante una política consolidada para aislar, debilitar y ahogar toda resistencia. No se busca matar de un machetazo como en las masacres de la tierra arrasada del general Ríos Montt, sino con la exasperante gradualidad del goteo criminal, del hambre y la muerte por asfixia. Es una guerra mundial.

El 3 de febrero la comunidad de paz San José de Apartadó (Antioquia, Colombia), emitió un comunicado donde denuncia la complicidad estatal en los acosos, violaciones y asesinatos que suceden cada semana desde hace 23 años. El comunicado es testimonio de que estamos ante una estrategia global contra las y los diferentes (https://bit.ly/3a6T5R2).

Pese a ser un grupo de campesinos sin armas, los paramilitares asesinaron y desaparecieron más de 300 personas de todas las edades, incluyendo niñas y niños por el delito de resistir la muerte, el desplazamiento y la lógica de la muerte (https://bit.ly/3rG63Li).

"No les bastó con la violencia directa", luego "impidieron el paso de alimentos para la comunidad", señala el documento sobre su historia. Con el desgaste hoy quedan 35 familias repartidas en veredas y 35 niños y niñas que asisten a la escuela comunitaria propia.

En todos los casos son varones armados contra niñas, niños y mujeres, que son la mayoría absoluta de las comunidades.

Debemos comprender el amplísimo abanico de la contrainsurgencia: desde bombardeos aéreos en Turquía, Siria y Palestina, hasta el implacable goteo cotidiano contra comunidades zapatistas, pasando por asesinatos masivos y desapariciones como en Ayotzinapa.

El capital aprendió que los asesinatos masivos generan amplias movilizaciones de repudio, pero mediante el goteo que promueve el terrorismo de Estado progresista, puede avanzar con menos obstáculos, ahogando en vida a las comunidades. Es hora de tomar la palabra para nombrar crímenes y criminales.

Publicado enInternacional
El exjefe del Ejército brasileño reveló que la cúpula castrense conspiró contra la liberación de Lula da Silva

Contenido escandaloso del libro "General Villas Boas: conversaciones con el comandante"

Villas Boas admite que el texto disparado vía Twitter que amenazó a los ministros de la Corte Suprema fue elaborado por todo el Alto Comando del Ejército, sin consultar a las demás fuerzas armadas. 

 

Revelaciones y declaraciones surgidas en los últimos días sacuden Brasil. La revelación más contundente, que apareció el miércoles, está a la venta en Amazon por poco más de tres dólares: el libro General Villas Boas: conversaciones con el comandante.

Ya la declaración que sorprendió vino un día antes, a través de Gilmar Mendes, uno de los veteranos integrantes del Supremo Tribunal Federal.Frente a las revelaciones sobre la manera con que el exjuez Sergio Moro actuó en el juicio que condenó el expresidente Lula da Silva a la cárcel, Mendes admitió sentirse “perturbado”. 

Dijo además que se pregunta cómo permitieron (en referencia a sus colegas de la corte suprema de justicia) que ocurriesen las manipulaciones y los absurdos ahora comprobados a través de grabaciones de intercambio de mensajes entre juez y fiscales. Mucho más que juez, Moro – quien luego sería ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro – actuó todo el tiempo como verdadero jefe de la acusación.

El objetivo único de las maniobras absolutamente ilegales era precisamente impedir que Lula fuese candidato en las elecciones de 2018.

A la omisión de la corte suprema frente a las manipulaciones ya bastante visibles en el juicio a Lula, se suma ahora otra revelación explosiva: Villas Boas, entonces comandante general del Ejército (bajo Dilma Rousseff), admite con una serenidad impactante que conspiró todo el tiempo, primero para alejar a su entonces jefa, y luego para impedir que un pedido de hábeas-corpus elevado por la defensa de Lula fuese aprobado por la corte suprema.

En el libro escrito por Celso de Castro, profesor de la prestigiosa Fundación Getulio Vargas, Villas-Boas revela algo aún más grave: el texto disparado vía Twitter que amenazó a los ministros de la corte suprema fue elaborado por todo el Alto Comando del Ejército, sin consultar a las demás fuerzas armadas – Marina y Aeronáutica –, y divulgado a tiempo de aparecer en el “Jornal Nacional”, noticiero de mayor audiencia en Brasil.

En otra de las entrevistas reunidas en el libro, Villas Boas admite haberse reunido muchas veces con el entonces vicepresidente Michel Temer, cuando la conspiración para desfechar el golpe institucional contra Dilma Rousseff estaba en plena marcha.

El argumento para justificar su omisión frente al golpe que se armaba gira alrededor de dos puntos: lo que él clasifica como “desastre económico” del gobierno, y la instauración de la Comisión de la Verdad que investigó crímenes cometidos por militares y agentes públicos a lo largo de la dictadura que duró 21 años, de 1964 a 1985.

Con relación a la política económica de Dilma, bastante criticable por cierto, no hay nada que justifique la participación de un general en la preparación de un golpe institucional.

Ya la referencia a la Comisión de la Verdad muestra la ambigüedad moral con que se mueven los militares brasileños.

En el twitter lanzado en vísperas de que la corte suprema analizase el pedido de hábeas corpus solicitado por la defensa de Lula, está dicho con todas las letras que el Ejército brasileño “juzga compartir la ansia de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad”.

Ironías de la vida: hace años la misma corte suprema, con otros integrantes, aseguró a todos los militares y agentes públicos de seguridad que cometieron crímenes de lesa humanidad exactamente la impunidad, con base a una ley de amnistía negociada al cerrarse las luces de la dictadura.

Hay muchas otras revelaciones lanzadas por el general retirado Villas Boas en el libro, relacionadas inclusive sobre cómo el Ejército en particular, pero con respaldo de la Fuerza Aérea y la Marina, optó por tragarse la candidatura de Jair Bolsonaro y luego integrar su gobierno.

Por más que las revelaciones y declaraciones no tengan mayor repercusión frente a la tragedia sanitaria padecida por los brasileños, quedan claras dos cosas.

La primera: la corte suprema actúa de manera omisa y luego el más contundente de sus integrantes se pregunta cómo permitieron que ocurriese lo que efectivamente permitieron.

La segunda: considerar que luego de la redemocratización los militares volvieron a los cuarteles determinados a cumplir su función constitucional ha sido, en el mejor de los casos, pura ingenuidad.

Siguen igualitos a lo que siempre han sido.

Publicado enInternacional
Martes, 09 Febrero 2021 06:44

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?

El correísmo, representado por Andrés Arauz, venció en la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas pero no logró esquivar el balotaje. El conservador Guillermo Lasso y el dirigente indígena Yaku Pérez se disputan, voto a voto, el pasaje a la segunda vuelta del 11 de abril. Derrotado en la Sierra, donde los sectores populares tienen más densidad organizativa, y con su bastión electoral en la Costa, Arauz parece tener más posibilidades de triunfo frente al «banquero del Opus Dei» que al candidato de Pachakutik.

 

El 7 de febrero, Ecuador asistió a uno de los procesos electorales más inusuales de su historia. Inusual por el efecto de la pandemia, inusual por tener que elegir entre dieciséis binomios electorales a la Presidencia de la República e inusual también por el permanente ruido de posible fraude electoral que sobrevoló las redes sociales durante la última semana.

Los tres años y ocho meses de gobierno de Lenín Moreno dejaron al país agotado. En el sentir general de la sociedad ecuatoriana está el anhelo de que este período termine cuanto antes y se entregue el listón de mando gubernamental a un nuevo mandatario. En paralelo, asistimos a una sigilosa fuga del país de varios de quienes ejercieron la toma de decisiones durante este período: tanto Richard Martínez, ex-ministro de Finanzas y artífice de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como María Paula Romo, ex-ministra de Gobierno y principal responsable de la represión en las movilizaciones de octubre de 2019, entre otros, residen hoy en Washington.

Ecuador sufre el deterioro generalizado de prácticamente todos sus indicadores sociales, macro y microeconómicos, así como de la credibilidad de sus instituciones públicas. En un marco en el que el divorcio entre el establishment político y la sociedad es cada vez mayor, crece de forma acelerada la pobreza, la mendicidad infantil, el ausentismo escolar, los suicidios, el endeudamiento familiar, la inseguridad ciudadana, el deterioro del mercado de laboral, el desempleo, el endeudamiento externo y el desprestigio de la institucionalidad. Si bien este proceso ya venía de antes, las condiciones se volvieron dramáticas a partir del impacto de la pandemia de covid-19 en el país. Quizás la consecuencia más brutal de todo esto hayan sido los cerca de 40.000 fallecidos durante el 2020 por encima del promedio de muertes correspondiente a años anteriores.

Es en ese contexto en el que definieron su estrategia electoral las dos principales tendencias políticas hasta entonces existentes en el país. Por un lado, la opción correísta encabezada por Andrés Arauz –al estar impedido legalmente Rafael Correa de ser candidato–, quien articuló como narrativa principal que «vuelve la esperanza» al país o llama a «simplemente comparar el anterior gobierno con este y piensa cuando estábamos mejor». Por otro, el conservadurismo con Guillermo Lasso a la cabeza –en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot– intentando posicionar que Lenín Moreno fue originalmente el candidato avalado por Rafael Correa y por lo tanto signo de su continuidad. Todo ello pese a que el giro a posiciones políticas neoliberales del actual gobierno se sostuviese con el apoyo precisamente de las bancadas de Lasso y Nebot en la Asamblea Nacional. En resumen, el clivaje político electoral se posicionaba entre las –a priori – dos grandes tendencias ideológicas del país en correísmo vs. anticorreísmo, una polarización que beneficiaba a ambas tendencias. 

Sin polarización

En este contexto, de los catorce binomios presidenciales que acompañaban a las dos principales tendencias políticas en disputa hubo dos que fueron capaces de imponer clivajes alternativos. Por un lado, la candidatura social liberal de Xavier Hervas al frente de la Izquierda Democrática (ID) un partido que venía cayendo en picada desde hace años; y por otro el brazo político del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, con Yaku Pérez, activista ambientalista y ex prefecto de Azuay, como candidato.

Mientras Hervas, joven empresario del agronegocio, se posicionó como el candidato outsider de esta contienda representando «lo nuevo» con una estrategia comunicacional muy creativa y desenfadada que consiguió conectar con targets de jóvenes urbanos y sectores ilustrados de clase media, Pérez capitalizó el acumulado de las movilizaciones de octubre del 2019 –episodio de lucha social brutalmente reprimido por los aparatos de seguridad del Estado– y la defensa de la Pachamama, sumado al rechazo al correísmo en varias zonas andinas, mediante su oposición a las políticas extractivas y la defensa del agua. Con ello, el candidato indígena sintonizó también con sectores juveniles, en este caso con sensibilidad ambiental, y con sectores urbanos marginales que se movilizaron especialmente en Quito junto a los sectores indígenas. «Yaku es pueblo» fue el arquetipo construido en torno a la figura del referente indígena durante la campaña.

Estas estrategias alternativas fueron poco a poco calando en la sociedad ecuatoriana y generando un sostenido y silencioso crecimiento de apoyo a estos nuevos liderazgos. Todo ello mientras un «banquero del Opus Dei y del feriado bancario [de 1999]» como Guillermo Lasso disputaba la contienda en un plano superior con Andrés Arauz, el «candidato del bolivarianismo chavista apoyado por grupos terroristas colombianos como las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]». Así se desprestigiaban los unos a los otros entre estas dos principales tiendas políticas en disputa.

El correísmo tendrá, sin duda, que hacer su ajuste de cuentas interno tras esta primera vuelta. Toda estrategia electoral parte de un análisis del contexto. La práctica demuestra que la campaña de Arauz manejó encuestas equivocadas, insistiendo en los últimos quince días en que ganarían en una sola vuelta, para lo cual necesitaba llegar al 40% y obtener diez puntos de diferencia sobre el segundo. Y, fruto de lo anterior, se posicionó públicamente con la habitual prepotencia que suele dar sentirse anticipadamente ganador, sin hacerle guiños políticos a ningún sector más allá de su «barra brava». 

En paralelo y teniendo en cuenta que el mensaje es el 50% de una estrategia electoral, la campaña de Lasso no pudo ser más confusa y desesperadamente desorganizada. Comenzó prometiendo un millón de puestos de trabajo para terminar comprometiéndose a duplicar su propuesta inicial, incorporando en la última semana de campaña dos de sus principales promesas electorales: vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de su gobierno y subir el salario mínimo –que en los últimos siete años no dejó de considerarlo excesivo– en un 20%. Ninguna de estas propuestas formaba parte de su plan de campaña inicial.

Resultados y perspectivas

Al momento de escribir este artículo, el conteo oficial señala que la opción con mayor apoyo popular en esta primera vuelta ha sido la candidatura correísta. Arauz cuenta con un respaldo de alrededor de 32% de los votos válidos. El segundo lugar, lo pelean voto a voto Pérez y Lasso, ambos con alrededor de 19% y con una diferencia de apenas unas décimas inicialmente a favor del candidato indígena. Por último, en el cuarto lugar quedaría Hervas con un sorpresivo 16%.

Pese a que el conteo esta muy avanzado, existe un 14% ciento de actas con inconsistencias técnicas cuyo origen mayoritario está situado en mesas electorales de la Costa, territorio donde Lasso tiene mayor apoyo que Pérez. Aquí un paréntesis: tanto el populismo progresista como el populismo conservador tienen históricamente mayor entrada en la región costeña del país que en los territorios de Sierra y amazónicos, caracterizados por una mayor presencia indígena, mayor densidad organizativa popular y una cosmovisión más alejada del clientelismo político. En todo caso, esto hace presuponer que al final de cuentas, Lasso pueda imponerse sobre Yaku Pérez y disputar la segunda vuelta, la alternativa sin duda preferida por el correísmo, que busca presentar la contienda en el clivaje clásico pueblos vs. oligarquía, lo que no podría hacer con el referente de Pachakutik.

Las espadas están cruzadas y el movimiento indígena se mantiene alerta y expectante. Es muy posible que asistamos a movilizaciones importantes de este sector en defensa del voto, cuyo resultado supone un hito histórico sin precedentes en la política ecuatoriana. Sin embargo, el conflicto interno está asegurado en el interior del indigenismo si es Lasso la opción que disputara el balotaje del 11 de abril. De hecho Pérez, difícilmente clasificable desde una visión ideológica clásica pese a provenir de una militancia maoísta en su juventud, apoyó a Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las presidenciales del 2017 frente la candidatura de Lenín Moreno, que entonces se presumía identificada con Correa. Su justificación fue: «es preferible un banquero que una dictadura, que nos ha despojado de nuestros territorios, que ha declarado el estado de excepción...». 

Con Yaku Pérez en segunda vuelta y sin necesidad de tener que negociar nada con los sectores conservadores –la mayor parte del voto no correísta se iría hacia esa opción electoral sin necesidad de tranzas, y el propio Lasso dijo que lo votaría–, Arauz tendría más dificultades para sumar votos a los ya obtenidos el domingo pasado. En paralelo, la bancada legislativa principal será de tendencia correísta, ocupando posiblemente unos 49 curules de los 137 en la Asamblea Nacional, es decir sin mayoría absoluta. En un hipotético gobierno de Arauz, su movimiento no tendría mayoría y tendría que negociar con las otras dos principales fuerzas en el legislativo: Pachakutik, con unos 27 curules, e Izquierda Democrática con otros 18, ambas tendencias políticas no conservadoras.

En resumen, el gran derrotado de este domingo electoral ha sido la derecha y las elites sociales y económicas ecuatorianas. Pero a su vez, el pueblo expresó su deseo de romper la dicotomía correísmo/anticorreísmo que ha marcado los últimos catorce años de la política nacional. La sociedad ecuatoriana exige una regeneración en sus liderazgos y representaciones, así como una narrativa política diferente para los próximos años.

La hipótesis de un triunfo de Lasso en una segunda vuelta parece poco probable. Ni la juventud mayoritaria en el censo electoral ni el mundo rural se sienten identificados con este candidato que se presenta por tercer vez las elecciones presidenciales. A su vez, la tendencia conservadora con predominio en la región de la Costa, el PSC, obtuvo los peores resultados de su historia en varios de los que han sido considerados hasta ahora su feudos territoriales. Ni Lasso ni Nebot tienen condiciones ya para seguir liderando a la derecha ecuatoriana. 

 

 

En paralelo, se hace difícil entender la pervivencia del correísmo sin la figura de Rafael Correa ejerciendo el poder o al menos algún cargo de representación popular. Lo más probable es que el progresismo ecuatoriano entre en un proceso de renovación, posiblemente encabezado por Arauz –un joven de 36 años recién cumplidos y ex ministro de Correa–, más vinculado a posiciones ideológicas que a la alabanza a la figura de su líder carismático. De ocurrir, esto generaría inevitablemente fuertes tensiones internas, las cuales de una u otra forma ya se perfilaron durante la actual campaña. En ella, el tema de la lealtad y la traición estuvo siempre presente. En todo caso, hoy Arauz depende de Correa para ganar las elecciones de igual manera que mañana será Correa quien dependerá de Arauz para solventar los procesos judiciales a los que ha sometido, en muchos casos de forma extremadamente forzada, durante estos casi cuatro de residencia fuera del país. Pendientes aun de ver quien disputará el 11 de abril la segunda vuelta y cual será su resultado, las votaciones del 7 de febrero posiblemente signifiquen un punto de inflexión respecto a la historia reciente del Ecuador. Asistiremos a la conformación de una nueva cartografía política nacional que se desarrollará en los próximos dos años, demanda social que quedó claramente expresada en las urnas.

Por último, habrá que ver cómo se desempeña en movimiento indígena en roles institucionales. Su historia reciente, conformada a partir del levantamiento indígena del Inty Raymi en 1990, nos demuestra que su potencial tiene más que ver con el mundo de los movimientos sociales y organización comunitaria que con la representación electoral. La última vez que el Pachakutik participó como aliado de un gobierno nacional, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, entró en una seria crisis de la que le ha costado años recuperarse.

Publicado enInternacional