Un hombre sujeta la bandera de Colombia en medio de los disturbios en el Paro Nacional (abril 2021). Oxi.Ap

Entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización, a pesar de la pandemia y de la violencia policial

 

Desde el 21 de noviembre de 2019, se inició una revuelta generalizada en Colombia que ha desbordado el llamado a la movilización hecha por el Comité Nacional de Paro, CNP, integrado por 26 diferentes sectores gremiales, sindicales y sociales entre los que se cuenta salud, transporte, diversas centrales sindicalistas, organizaciones indígenas y afro, agrarias, estudiantiles, universidades, de mujeres y movimientos feministas y LGBTI, entre otros, y por más de 60 representantes de esos sectores. Para ese momento se concertó, con distintos sectores de la sociedad civil, un pliego de negociación que precedió al llamado de Paro Nacional 21 N y que cuenta con 104 puntos presentados ante el gobierno nacional. En los meses que sucedieron a esas primeras manifestaciones, el gobierno colombiano estableció unas mesas de diálogo infructuosas por sus propias maniobras de dilación, que han sido la constante en su manera de afrontar la crisis. 

La represión fue cruenta y dejó muertos, personas detenidas y torturadas, personas con mutilaciones oculares, mujeres víctimas de violencia sexual e intentos de desaparición. En marzo de 2020, sobrevino el estricto confinamiento a raíz de la pandemia, por lo que las grandes movilizaciones empezaron enfriarse. Sin embargo, las muy difíciles condiciones de subsistencia de millones de personas durante el confinamiento activaron movilizaciones en distintos lugares del país y, en particular, en las ciudades. Así, se dio el llamado “movimiento de los trapos rojos”, consistente en que las personas que estaban pasando hambre colgaban un trapo rojo visible desde el exterior de su vivienda para llamar la atención sobre su situación. Por eso, a pesar del riesgo de contagio, por ejemplo en Bogotá, la gente convocó a ollas comunitarias en distintas localidades. 

Este estallido social tiene razones claras de fondo, tales como el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, las masacres cometidas durante su puesta en marcha –según Indepaz, sólo entre 2020 y 2021 se presentaron 132 masacres, es decir el asesinato intencionado de 3 o más personas en un mismo hecho; en Bogotá, en una sola noche de protestas frente al abuso policial, se registraron 14 muertes a manos de ese cuerpo estatal–; el asesinato de más 900 líderes y lideresas sociales desde 2016, 838 feminicidios entre 2020 y 2021, además de incumplimientos por parte del gobierno nacional de acuerdos logrados después de los recientes paros en el puerto de Buenaventura, uno de los principales de la cuenca global del Pacífico y en las movilizaciones estudiantiles por la reforma a la educación. 

Todo esto y mucho más se sumó a las retrógradas reformas fiscal y a la salud propuestas por el gobierno, a los casos de corrupción, de narcopolítica que involucra a altos funcionarios del gobierno y al derroche presupuestal por parte del gobierno nacional y de muchos gobiernos regionales, principalmente en la compra de helicópteros, camionetas, armamento y hasta biblias para dotación de la policía.

En la actualidad, están en ciernes varias reformas del mismo corte como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la Procuraduría General de la Nación, que va en contravía de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busca garantizar el equilibrio de poderes, sin el que es imposible hablar de democracia.

Ad portas de las elecciones presidenciales, que se celebrarán en mayo de 2022,  la ciudadanía expresa una bajísima confianza en la transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.  Al mismo tiempo, con claros fines electorales, ha sido desplegada una retórica generacional de exaltación a la juventud, usada tanto por la derecha como por candidatos de la oposición, una narrativa desmemoriada y ahistórica que pretende mostrar estas movilizaciones como revueltas juveniles, lo que desconoce el largo camino de las luchas sociales de ya más de cinco siglos, al tiempo que echa leña al fuego para que las y los jóvenes se enfrenten en las barricadas contra fuerzas letales policiales y paramilitares, con saldos lamentables de asesinatos marcados, como muestra un informe de CODHES, por una política racista estructural. Por otra parte, La violencia sexual que adereza estos momentos de movilización, en su gran mayoría crímenes cometidos por fuerzas policiales y ESMAD, da cuenta de una política estructural misógina, homofóbica, lesbofóbica y transfóbica herencia colonial sostenida por el Estado durante siglos. 

En medio de las movilizaciones, se presentó en el Senado una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que no salió adelante porque fue rechazada por 69 congresistas del ala de derecha. Molano había autorizado un bombardeo en 2020, que dejó un saldo de más de diez niños muertos. Antes, había asegurado que esos “niños eran máquinas de guerra”. La realidad es que se trataba de niñas y niños víctimas de reclutamiento forzado por parte las disidencias de las FARC. Paradójicamente, el ministro Molano estuvo antes al frente del Instituto de Bienestar Familiar, institución encargada de las políticas de niñez y adolescencia en el país.  Hay que recordar su antecesor en el cargo, el ministro Botero, también autorizó un bombardeo sobre una zona dominada por las disidencias de las FARC, a sabiendas de que allí había niñas y niños: el saldo, 18 niños asesinados.

Por todo lo anterior, la reciente convocatoria de paro nacional por parte del CNP, para el 28 de abril de 2021 (28A), se vio una vez más desbordada.  A estas alturas, Colombia lleva más de 45 días de movilizaciones ininterrumpidas, a pesar de la aterradora represión y de la crisis de un sistema de salud colapsado en las principales ciudades, entre ellas Bogotá, que se vive por la pandemia, por el pico de contagios ya pronosticado para abril y mayo para toda la región y por los problemas estructurales del sistema de salud que arrastra el país.

Manifestaciones pacíficas

Las manifestaciones que estamos viviendo han sido masivamente pacíficas. En algunas ocasiones han acudido a vías de hecho como el corte de rutas, una acción legal no violenta comprendida dentro del derecho a la protesta, pero también ha habido algunas barricadas apostadas en ciudades como Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y Pasto. Al mismo tiempo, se han presentado hechos de afectación a la infraestructura pública y privada, por parte de agentes que, según se puede ver en muchos videos que circulan ampliamente por redes sociales, al parecer son ocasionados por infiltrados en connivencia con las fuerzas policiales cuando no por policías vestidos de civil. Sin duda, la anomia que vivimos también da pie a que algunas personas o grupos de delincuencia común cometan algunos desmanes, pero esta, cabe aclarar, no es la nota predominante en este panorama de represión y comisión de crímenes de estado. 

El presidente y varios funcionarios sostienen que detrás de esos actos estarían grupos armados al margen de la ley, pero hasta el momento no hay ninguna investigación clara que confirme esa hipótesis. Desde allí, se ha establecido la narrativa de que quienes protestan son vándalos, representación que ha sido contrarrestada con sarcasmo e información por las personas que permanecen movilizadas desde las redes sociales. Según medios de tendencia no muy independiente frente al gobierno, como W Radio y El Espectador, entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización social.

Por si no fuera suficiente, hemos visto cómo, principalmente en Cali y en Pereira, hombres de civil, acompañados por la policía, han arremetido contra manifestantes haciendo uso de armas de fuego de largo alcance o de, aparentemente, armas “no letales” que, al ser usadas contra personas, pueden resultar letales. Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo. El trabajo de la ciudadanía documentando, mediante videos y audios, lo que está sucediendo, no solo ayuda a romper el cerco mediático impuesto por unos medios de comunicación en su mayoría amañados por intereses gubernamentales o particulares, sino que saca a la luz cómo ha sido el accionar paramilitar en nuestro país, durante décadas. 

Para la coyuntura iniciada el 28 de abril, el CNP presentó ante el gobierno, dadas las condiciones de salud pública y políticas que vive el país, un pliego de emergencia con 6 puntos, documento que no elimina el anterior de 104 puntos, cuyas demandas siguen vigentes. Por otra parte, ante la respuesta del gobierno nacional, claramente represiva y desmedida en el uso de la fuerza, el CNP presentó, el 16 de mayo, otro pliego de garantías para poder instalar las mesas de negociación. Este fue ampliamente discutido con representantes y asesores del gobierno y se llegó a un preacuerdo que fue después rechazado casi en su totalidad por el gobierno nacional.

Mesas de diálogo

Dado que no existen garantías, ni el gobierno nacional ni el CNP consideran viable instalar mesas de diálogo sobre los puntos estructurales que han conducido a este estallido social. El gobierno exige que no haya cortes de ruta mientras el CNP pide garantías mínimas para ejercer el derecho a la protesta. El CNP, después de la dilación en las negociaciones, propone una pausa en las manifestaciones, sin olvidar que el 20 de junio de este año se cumplen dos años de presentación del pliego de negociación de 104 puntos. El CNP además propone una campaña pedagógica y de comunicación en 38 regionales del CNP, que propenda por la unidad con sectores que hasta ahora no se han sentido representados en este cuerpo social. 

El paro nacional y el estallido social continúan en medio de un escalamiento de la represión y de una degradación del conflicto, provocada por la anomia impuesta por el gobierno por vías de la militarización del país y en una clara apuesta por desestabilizar aún más la ya débil democracia institucional colombiana. Por ejemplo, el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, ya recurrido por inconstitucionalidad, impone un estado de excepción de hecho, lo que, en términos prácticos, representa una ruptura del equilibrio de poderes necesarios para una democracia. 

A estas alturas, hay una controversia por las cifras que arrojan los más de 45 días de paro: según la ONG Temblores, hasta el 8 de junio se han presentado 3.789 casos de violencia policial, 1.248 casos de violencia policial física, 45 casos de homicidio y 28 en estado de verificación, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía,  25 casos violencia sexual por parte de fuerzas policiales, incluidos dentro de los más de 106 reportes de violencia de género contra personas LGBTI y mujeres a manos de la policía, según cifras de la Defensoría del Pueblo; 1.649 detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales, 65 victimas de mutilaciones oculares, que hemos visto como un accionar sistemático de fuerzas represivas en todo el mundo, y cientos de desapariciones, cifra que fluctúa a medida que se resuelven como homicidios o detenciones arbitrarias. Como es de esperar, el gobierno muestra cifras muy inferiores a las que varias ONG han logrado consolidar.

Además de todo lo anterior, se han presentado ataques por parte de la fuerza pública a las misiones médicas, campañas de desprestigio contra la protesta, el CNP y políticos de la oposición por parte del gobierno, así como gasto en propaganda gubernamental, como el sonado caso de la auto entrevista en inglés, pagada por la presidencia de Iván Duque.

Por otra parte, la postura de la alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo político más importante del país, de quien se esperaba un gobierno liberal moderado, ha sido contraria a las garantías del derecho a la protesta. En varias ocasiones, ha estigmatizado públicamente las manifestaciones, un talante que se le ha visto también con declaraciones xenófobas, en particular contra venezolanas y venezolanos. Se esperaba de ella un contrapeso a las necropolíticas del gobierno nacional.

Por estos días, luego de la dilación y reticencia por parte del gobierno nacional, se llevó a cabo la visita de la CIDH, precedida por una serie de denuncias por parte de ONG y redes como Human Rights Watch, Temblores, Indepaz, Sisma Mujer y Campaña por la Libertad: un asunto de todas, entre otras. Estas denuncias muestran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y la militarización escalonada como respuesta a las manifestaciones.

Además de la caída o aplazamiento de las reformas fiscal y de la salud logradas durante los primeros días de movilización, el gobierno, en el marco de la visita de la CIDH solicitada con urgencia por miles de ciudadanos,  anunció una reforma de la policía, cuya única medida conocida es el cambio de color del uniforme de estas fuerzas. Sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre tres puntos fundamentales: doctrina, adscripción de la policía al sector defensa y asignación de la jurisdicción penal militar de los casos de abuso sistemático por parte de policías y ESMAD. 

La protesta que transcurre en Colombia ha tenido diversas formas de participación que dan cuenta del talante de la ciudadanía y de la necesidad de resistir la represión estatal: primeras líneas jurídicas, informáticas, de madres, ollas comunitarias, iniciativa musical “el paro suena” y miles de corte artístico y cultural, aulas abiertas, universidad al barrio, clase a la calle, preicfes popular, juicio simbólico y derribamiento de monumentos de colonizadores europeos, hallados culpables de genocidio y violación, y retirada colectiva de estos monumentos que busca la sanación espiritual del territorio por parte de la Minga indígena y el pueblo Misak, acciones en algunos casos acompañadas por algunas organizaciones de mujeres.

Durante el estallido social y el paro podemos ver cómo continúa la integración de agendas políticas y sociales de diversos sectores, así como el liderazgo de la Minga indígena, de las organizaciones afro del Cauca, Valle del Cauca y del país, de organizaciones feministas y de mujeres, ambientalistas, LGBTI y de trabajadoras y trabajadores que buscan “cambiarlo todo” para poder vivir, no sólo una paz negativa, sino una paz con justicia social en Colombia.

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Por Camila Esguerra Muelle, investigadora GIEG, Universidad Nacional de Colombia.

 21/06/2021

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En Cali, 45 homicidios y en municipios del Valle, 14: el rastro de la represión

Las cifras del horor: ¡Juicio a los asesinos!


Las memorias del horror se han escrito y se siguen escribiendo por estos días en Cali, llamada, paradójicamente, “La capital del cielo”, convertida en un infierno por la represión brutal del Estado contra las manifestaciones de la población en el paro, que este domingo 20 de junio llegó a su día 53.

Todas las formas de la brutal violencia del Estado y del paramilitarismo han sido utilizadas por las élites segregacionistas en el poder a través de los diferentes componentes de su Policía, empezando por el Esmad, y de su Ejército, en conjunción con personas armadas vestidas de civil, es decir agentes de los servicios secretos del Estado y/o particulares de las autodefensas urbanas (parapolicías) que se han generalizado, aupadas y financiadas por sectores de la derecha más recalcitrante.

Esa violencia estatal y paraestatal es la responsable de las cifras aterradoras que deja la represión contra el Paro Nacional y la protesta social en marcha que, de acuerdo con el registro llevado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, es de 70 asesinatos, 46 de los cuales atribuye a la policía y otros componentes de la Fuerza Pública.

Pero a esa cifra hay que agregar los últimos tres asesinatos cometidos en Cali contra manifestantes, para un total de 73, aunque existen registros de otras entidades defensoras de derechos humanos según los cuales la cifra de homicidios contra manifestantes es superior a los 73.

Al desglosar esas cifras macabras, podemos encontrar que, del total de 73 personas asesinadas en el marco de la represión del régimen de Iván Duque contra el pueblo, 45 lo fueron en Cali *(el 62% de todo el país)* y 14 más en cinco municipios del Valle del Cauca (6 en Yumbo, 5 en Tuluá, 1 en Cartago, otro en Cerrito y uno más en Candelaria), para 59 en todo el departamento *(el 81% de todo el país)*.

Datos escalofriantes que en cualquier Estado serio del mundo habrían originado la destitución de los altos mandos policiales y militares, lo mismo que de los ministros del Interior y de Defensa y juicios al presidente y la vicepresidenta del país.

Pero estamos en Colombia, donde toda esta barbarie estatal contra las protestas del pueblo en las calles hace parte de la política oficial, de la forma como históricamente las clases dominantes han atentado contra las luchas populares y del modus operandi de un régimen despótico en cabeza de Duque, mandadero de Álvaro Uribe Vélez y de los intereses del poder burgués-terrateniente existente en el país.

Por eso, urge desde ya que el primer gran objetivo de todos quienes continúan en la resistencia social, a pesar del desmonte decretado por un sector del Comité Nacional de Paro (el llamado Comando Nacional Unitario), sea exigir el juicio a los asesinos, integrados en el régimen de Duque, responsables estos crímenes de Estado.

Más asesinatos en Cali

Precisamente, el jueves 17 de junio la represión cobró la vida de dos personas más en las calles de Cali, la primera de ellas, hacia las 4:30 p.m., en el barrio San Luis II, en el sector de Paso del Aguante (Paso del Comercio), nororiente de Cali.

Allí fue asesinado *Juan David Muñoz Montenegro*, de 23 años de edad, un joven trabajador independiente muy apreciado en el sector, que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.

El homicidio causó pánico entre los pobladores del barrio donde se produjo, varios de los cuales grababan con sus teléfonos lo que ocurría.

Asimismo, defensores de derechos humanos y juristas denuncian que gases lacrimógenos fueron lanzados de manera indiscriminada por el Esmad de la Policía, afectando a niños, ancianos y a una vasta población del sector.

En su accionar contra las protestas juveniles en Paso del Comercio, lapolicía actuó de nuevo como fuerza de ocupación en los barrios del área, pues incursionó en ellos agrediendo a la población, lanzando, además de los gases, granadas de aturdimiento y deteniendo a numerosas personas.

La actuación de la policía, incluso con el uso de una tanqueta, se registró con más violencia en inmediaciones de la Biblioteca Nicolás Guerrero, la cual, según denunciaron vecinos del lugar, agentes de la Fuerza Pública querían destruir, pues se ha constituido en un símbolo cultural de la resistencia juvenil en Paso del Comercio.

Se denunció, asimismo, que a las 5:18 de la tarde del jueves, en el sector de Calimío fue herido en la cabeza José Cuellar, defensor de derechos humanos, por el impacto de una granada de gas lacrimógeno accionada por un agente del Esmad de la policía, plenamente identificado.

Cuellar fue remitido a un centro de atención médica, donde el sábado 19 de junio era sometido a una intervención quirúrgica.

Los hechos en este punto de Cali han sido de tal gravedad, que personas en el lugar denuncian que un ciudadano que atendía un puesto de socorro médico está siendo objeto de persecución debido a su voluntariado humanitario, fue víctima de un allanamiento absolutamente injustificado y la carpa de primeros auxilios que había instalado fue destruida por la policía.

Crimen en el Suroiente

El mismo jueves 17 de junio, desde otro punto de la capital del Valle, el suroriente, la Unión de Resistencias de Cali, el Comité de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente Jaime Rosas de Sameco denunciaron que la Policía atacó a balazos un bus que se desplazaba con personas solidarias, y que un joven fue asesinado en esa acción demencial, al tiempo que cuatro ciudadanos resultaron heridos.

La víctima fue identificada como *Jhonatan Londoño, *quien sería una de las personas que acompañaban el bus que transportaba a los jóvenes agredidos por motorizados de la policía y miembros de la Sijin, en inmediaciones de la Avenida Ciudad de Cali, de acuerdo con denuncias comunitarias.

Un reporte desde Puerto Resistencia indica que entre las personas heridas se encuentra Jhan Sebastián Velasco Quintero, y que entre los detenidos en el lugar figura Anderson David Cifuentes.

Los operativos policiales del jueves se iniciaron temprano en el sur de Cali, cuando se produjo el allanamiento del apartamento de *Francisco Velasco*, dirigente de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, en el Valle, y quien es reconocido como hombre solidario con las causas juveniles y sociales. El hecho tuvo lugar en el conjunto residencial Bochalema

Otros puntos de protestas y concentración juvenil también fueron objeto de la represión estatal a lo largo de la semana, como el ocurrido en el sector de Meléndez, donde, además, la policía contaminó una olla comunitaria que preparaban en el lugar, con el fin de evitar que los jóvenes en resistencia se alimentaran.

Todo lo anterior ocurrió en el marco de los anuncios del comandante de la Policía de Cali en el sentido de que arreciaría la coerción contra todos los puntos de resistencia, y luego del fallo del Juzgado 16 de lo Contencioso Administrativo, que estableció medida cautelar consistente en declarar suspendido el Decreto 304 de la Alcaldía del Distrito de Cali, que reconocía la interlocución con las Primeras Líneas de Resistencia Juvenil, norma que había desatado la ira de la ultraderecha uribista en la ciudad.

Una semana atrás, en otra jornada de horror, el ciudadano *Elkin Andrés Fernández Salazar*, de 43 años de edad y trabajador del barrio Siete de Agosto, fue asesinado recién llegaba a su casa por la policía, que reprimía de manera brutal las protestas juveniles llevadas a cabo en el barrio, contiguo a Andrés Sanín.

Esos hechos, en los que también resultaron heridas 20 personas, se presentaron el miércoles 9 de junio, en el marco de las resistencias que la joven generación de la zona desarrolla en el así llamado Puente de las Mil Luchas (Puente de los Mil Días).

Parapolicías urbanos en los Mil días MIL DÍAS

El viernes 18 de junio las fuerzas parapoliciales volvieron a disparar contra la juventud en resistencia, de nuevo en la zona de La Mil Luchas, hasta donde llegaron motorizadas abriendo fuego y asesinando al joven *Eloy Alejandro Mata Díaz*, con cédula de extranjería 28.856295, según informó un comunicado de la Unión de Resistencia de Cali, URC. El cometido en la persona de Eloy Alejandro es el asesinato número 73.

En horas de la noche, la represión se trasladó más arriba del Puente de las Mil Luchas, a la Autopista Suroriental, en inmediaciones del sector conocido como La Luna, donde la policía inundó los barrios vecinos de gases lacrimógenos y en la calle detuvo a cuatro jóvenes manifestantes.

En ese mismo punto, en horas de la mañana, la policía acantonada en el área había agredido a los componentes de una ambulancia estacionada y cuyos integrantes permanecían alertas por la represión permanente en el lugar: la actitud de los miembros del Esmad fue lanzar piedras contra la ambulancia, por lo cual la tripulación de esta se tuvo que retirar.

El sábado 19 de junio, el Esmad y otros componentes de la policía continuaron su hostigamiento contra los puntos de concentración juvenil y popular, y siguieron en su nueva y nefasta tarea: destruir ollas comunitarias, el alimento que preparan madres y jóvenes en lugares de protesta para el colectivo social, como ocurrió en el sector de La Luna.

De acuerdo con denuncias ciudadanas en los barrios, “cuando los muchachos de Primera Línea regresan a casa los persigue la policía y les disparan, amedrentándolos”. Es el imperio del terror oficial.

Nace el jardín de la vida

Pero las resistencias juveniles y las luchas por sus derechos no cesan, a pesar, reiteramos, de las decisiones de *un sector* del Comité Nacional de Paro en el sentido de suspender las movilizaciones y de la brutal represión del Estado, represión que los medios de comunicación de las clases dominantes, obrando como aparatos ideológicos del del sistema, ocultan.

Es el momento de que pongamos en el primer plano de las exigencias el respeto a la vida y el juicio político y penal a los responsables de la horrible noche y de la barbarie policial que viven Colombia, el Valle del Cauca y, especialmente, Cali, la antes “Sucursal del Cielo”, hoy sumida en la oscuridad del averno criminal del régimen uribista.

El hermoso homenaje cumplido en la Plaza de los Poetas de Cali el viernes 18 de junio a las víctimas de la represión en Colombia, en el que participaron exponentes de diferentes actividades artísticas y varios de los padres de los jóvenes asesinados, es una esperanzadora avanzada de que la reacción ciudadana y popular frente a los crímenes del Estado no demora.

El Jardín de la Vida, como se denomina este esfuerzo de diversas organizaciones sociales y políticas de la capital del Valle, es una reivindicación de la memoria de los asesinados por el sistema de injusticias y desigualdad imperante en Colombia, y seguramente se convertirá en una comparecencia periódica de la sociedad caleña en la plaza pública para reclamar ¡juicio a los asesinos!

Cali, domingo 20 de junio de 2021.

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Miles de manifestantes se juntaron en las calles de todos los estados de Brasil en protesta contra el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, y a favor de las vacunas. La impresionante foto de la Avenida Paulista de San Pablo, corresponde al fotógrafo Ricardo Stuckert.

Sao Paulo. Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de varias capitales brasileñas para protestar contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia.

Brasil superó 500 mil muertos, mientras los expertos advierten que el segundo brote más mortífero del mundo puede empeorar debido al retraso en la vacunación.

"500 mil vidas perdidas por la pandemia que afecta a nuestro Brasil y al mundo", tuiteó el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, sin precisar el balance de las anteriores 24 horas. Hasta el viernes, su ministerio había contabilizado 498 mil 499 muertos, con un promedio diario de más de 2 mil en los pasados siete días.

Más de 20 capitales estatales fueron escenario de protestas, entre ellas Río de Janeiro, Brasilia, Recife y Sao Paulo, donde a pesar del frío, una marea humana inundó unas 10 cuadras de la avenida Paulista, marco de la capital económica de Brasil.

"Tenemos más de 2 mil muertos por día. Perdimos a más de 500 mil personas por una enfermedad que tiene vacuna. Querría estar en casa, pero nos toca venir a las calles para detener este proyecto político que es la destrucción de Brasil. Bolsonaro: escuche al pueblo", expresó Tita Couto, estudiante de 21 años que acudió a la manifestación en Sao Paulo junto a sus amigos. Muchos manifestantes llevaron carteles con el número "500 mil".

"Fuera Bolsonaro", "Fuera genocida", "Gobierno del hambre y el desempleo", "Vacuna ya" y "Vacuna en el brazo y comida en el plato" fueron otras consignas repetidas en Brasilia, Río y Sao Paulo. El viernes el mandatario reiteró su rechazo a las vacunas al afirmar que "es mejor infectarse".

La lentitud de la vacunación contra el Covid-19 en Brasil, donde sólo 11.5 por ciento de la población de 212 millones de personas ha sido inmunizada, también fue un motivo de movilización.

Al caer la tarde, la temperatura cayó en Sao Paulo y comenzó una llovizna, pero la multitud creció. Hinchas de los clubes rivales de futbol Corinthians y Palmeiras marcaron presencia con enormes banderas "por la democracia".

Más temprano, en Río de Janeiro, miles de personas se reunieron en el centro de la ciudad. "La posición de él (Bolsonaro) en relación con el Covid-19 y su negacionismo son absurdos. Él ya salió de la realidad, del buen sentido, no se explica, es tan surrealista", clamó Robert Almeida, fotógrafo de 50 años.

Los actos fueron convocados por los frentes Brasil Popular y Povo Sem Medo (Pueblo sin Miedo), formados por decenas de organizaciones sociales y sindicales y apoyados por partidos y líderes políticos, entre ellos el ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Éste no acudió a la cita para evitar que su presencia dominase "una manifestación convocada por la sociedad brasileña", tuiteó hace dos días. Y agregó: "500 mil muertos por una enfermedad para la cual ya hay vacuna, en un país que ha sido referencia mundial en vacunación. Eso tiene un nombre: genocidio".

Brasil es el segundo país en el ranking de letalidad de la pandemia, detrás de Estados Unidos. Una comisión parlamentaria investiga la acción del gobierno frente a la pandemia. A pesar de que especialistas advierten sobre el inicio de una tercera ola, el gobierno acogió este mes la Copa América de futbol, rechazada antes por Colombia debido a las protestas sociales y por Argentina a causa de la pandemia.

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Domingo, 20 Junio 2021 05:31

Miseria del algoritmo

Miseria del algoritmo

Los sistemas digitales de gestión de políticas sociales y el ensañamiento con los pobres

 

Virgina Eubanks, politóloga y profesora estadounidense, estudia desde hace 20 años las aplicaciones digitales usadas por los Estados para administrar las ayudas sociales. Lejos de obedecer a una supuesta neutralidad técnica, dice, suelen reproducir los postulados más crueles de las políticas de recorte y austeridad.

Sophie Stipes era una niña del estado de Indiana (Estados Unidos) con parálisis cerebral y un trastorno en el desarrollo. Desde su nacimiento, contó con la ayuda del seguro estadounidense de salud Medicaid. Nacida en el seno de una familia obrera, Sophie recibió una inquietante carta en marzo de 2008. En ella, los servicios sociales del Estado le advertían que perdería su acceso a atención médica gratuita –que incluía el pago de fármacos muy caros– por «falta de colaboración» con las autoridades a la hora de determinar si tenía o no derecho a contar con esa póliza pública.

La pequeña Sophie finalmente recuperó el acceso al seguro. Lo hizo después de que su madre, con la ayuda de varias asociaciones de base, llevase su caso hasta el mismo Congreso del estado de Indiana. Igual que ella, miles de familias de bajos recursos estaban siendo víctimas de un sistema automatizado que discernía, supuestamente, entre casos aptos y no aptos para recibir subsidios con base en criterios sorprendentes (como la existencia o no de una firma en un documento). Dicho sistema, implementado por la multinacional tecnológica IBM, llegó a denegar más de 1 millón de solicitudes entre 2006 y 2008, antes de que el gobierno federal lo suspendiese.

La politóloga y profesora de la Universidad de Albany Virginia Eubanks (Nueva York, 1972) relata con todo detalle la batalla de la familia de Sophie en su libro La automatización de la desigualdad, reeditado este año en castellano por Capitán Swing. Esta y otras historias de exclusión por parte de algoritmos sirven a Eubanks para alertar sobre cómo la tecnología aplicada en los servicios públicos puede tener consecuencias desastrosas sobre los pobres. «Tenemos la tendencia a pensar en estas tecnologías como simples mejoras administrativas, como cuestiones de eficiencia, cuando realmente hay una serie de decisiones sociales, culturales y políticas incrustadas en ellas», reflexiona Eubanks por videoconferencia desde su despacho en Nueva York.

SEÑALAMIENTO DEL POBRE

El libro aborda casos que ejemplifican bien esta discriminación envuelta en papel de modernidad e innovación. El condado de Allegheny, en el estado de Pensilvania, contrató en 2014 un sistema de predicción de riesgos ideado para anticiparse a posibles casos de maltrato infantil en los hogares. A partir de más de un centenar de variables, este algoritmo estimaba de forma automática en qué familias supuestamente había un riesgo para los pequeños. Si la puntuación era alta, los servicios sociales abrían una investigación que podía acabar con la retirada de la tutela de los niños.

Eubanks revela historias de familias pobres que tuvieron que pasar por este trance… aunque no existiese ese supuesto maltrato. El algoritmo –alimentado en ocasiones por denuncias telefónicas falsas– se basaba en datos recogidos por los servicios públicos, como el número de visitas al médico o la recepción de ayudas sociales. Este tipo de muestreo, explica la autora, introducía un sesgo en el sistema: en Estados Unidos, los principales usuarios de servicios públicos son familias de clase trabajadora, de tal manera que eran estas las que acababan sufriendo el escrutinio del software.

Eubanks explica que estos métodos de vigilancia digital y filtrado se han extendido por todo Estados Unidos en las últimas décadas. ¿El resultado? «Las familias de clase trabajadora y los pobres no son solo juzgados por el formulario que rellenan ante los servicios sociales, sino por todo su historial de interacciones con el sistema», apunta. «Los únicos valores que importan son la eficiencia, el ahorro de costes y la lucha contra el supuesto fraude, desperdicio o abuso de los solicitantes», en línea con el discurso proausteridad en la gestión pública que ha triunfado en las últimas décadas, prosigue.

¿QUIÉN MERECE AYUDA?

En su libro, Eubanks traza un paralelismo histórico entre estas herramientas digitales de supervisión y los asilos para pobres que proliferaron durante el siglo XIX en la joven democracia estadounidense. Estas instituciones lúgubres, explica la autora, tenían un doble objetivo: recluir a los excluidos lejos del resto de la sociedad y ejercer una suerte de diagnóstico moral sobre quiénes eran merecedores de algún tipo de ayuda pública.

«Lo que hacen estas herramientas digitales también es tomar decisiones del tipo quién merece ayuda y quién no. Y esa es una decisión política», señala. Eubanks lleva 20 años estudiando el impacto que la minería de datos, los modelos de riesgo predictivo y las políticas de algoritmo tienen sobre la población pobre de su país. Y su diagnóstico es contundente: «Estamos usando estas herramientas como escapatoria. Bajo esa especie de fachada de neutralidad y objetividad nos permiten, de alguna manera, lavarnos las manos ante conversaciones difíciles que tenemos que tener como sociedad en torno a la pobreza y el racismo».

La narrativa de que la pobreza solo afecta a una pequeña minoría en Estados Unidos sigue teniendo mucho éxito, tanto dentro como fuera del país norteamericano. Pero los datos son tozudos, esgrime esta profesora. Los estudios elaborados por los expertos en desigualdad Mark Robert Rank y Thomas A. Hirschl estiman que casi seis de cada diez estadounidenses caerán por debajo del umbral de la pobreza en su vida adulta. Estos datos, señala Eubanks, desmontan el discurso de que estas herramientas optimizan el reparto de unos recursos limitados sobre una población reducida.

«Si asumimos que esa narrativa sobre la pobreza es falsa, entonces el diagnóstico de trabajo de las herramientas digitales queda mucho más claro: se trata de una racionalización para violar los derechos humanos de la gente pobre y la clase obrera, con consecuencias duraderas para las personas, las familias y las comunidades», apunta Eubanks. «Hay un montón de lugares en el mundo en los que no hay decisión que puedas tomar que te haga no merecer atención médica. Ese no es el caso en Estados Unidos», concluye.

UNA CONVERSACIÓN GLOBAL

El libro de Eubanks ha recibido numerosos premios así como elogios de prominentes figuras de la izquierda estadounidense, como Naomi Klein. Las reseñas destacan su capacidad para analizar, a partir de historias humanas reales, el régimen distópico al que se ven sometidos los pobres en suelo estadounidense. Pero su autora advierte que estos sistemas llevan años extendiéndose por todo el mundo, con efectos perniciosos también entre las clases medias.

Un ejemplo de ello es el escándalo ocurrido en Australia en torno al sistema de cobro de deudas automatizado conocido como Robodebt. En 2016, el gobierno de la isla lanzó un software que casaba los datos fiscales de los contribuyentes y su registro de ingresos para detectar posibles fraudes en el cobro de ayudas sociales. Durante este tiempo, las autoridades enviaron cerca de 1 millón de avisos reclamando supuestas deudas. Los afectados se vieron ante el compromiso de tener que demostrar que tales reclamos, algunos de hasta 20 años de antigüedad, eran infundados.

Después de que la prensa revelase numerosas historias truculentas de cómo este sistema estaba castigando de manera injusta a miles de familias, el primer ministro australiano anunció en 2020 que cancelaba el programa. La justicia ha dictaminado que hasta 400 mil familias tuvieron que abonar injustamente el equivalente a 550 millones de dólares estadounidenses. «Ese algoritmo estaba lleno de errores, en algunos casos con efectos horribles», apunta Eubanks, quien decidió investigar casos similares en su país natal.

En Europa tuvo lugar el escándalo que provocó la dimisión del gobierno holandés en enero pasado. Las autoridades tributarias del país acusaron erróneamente de fraude a 26 mil familias receptoras de un subsidio para el cuidado de hijos menores. Según se ha demostrado a posteriori, la administración puso el foco de sus pesquisas en el origen de las familias y apuntó a los hogares de ascendencia marroquí o turca. El resultado para muchas de ellas fue la ruina económica y el estigma social por un fraude que no habían cometido.

CONTRA LA NEUTRALIDAD DE LA TECNOLOGÍA

Para la autora de La automatización de la desigualdad, es necesario desterrar la idea de que los sistemas automatizados han de ser «neutrales». Más bien al contrario: hay que construir herramientas con valores explícitos que ayuden a combatir los sesgos arrastrados históricamente. «Solo la fantasía puede llevar a creer que un modelo estadístico o un algoritmo de clasificación cambiará drásticamente, como por arte de magia, una cultura, unas políticas y unas instituciones construidas a lo largo de los siglos», escribe Eubanks.

Este análisis se emparenta con otras voces críticas con el impacto que los algoritmos están teniendo en el Estado de bienestar de numerosos países. Poco antes del inicio de la pandemia del coronavirus, el relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philipp Alston, advirtió en un informe de los riesgos de encaminarnos hacia una «distopía digital del Estado social».

En este documento se recomendaba a los gobiernos no centrar sus políticas sociales en la lucha contra el fraude, el ahorro de costes y la búsqueda de la eficiencia económica en último término, y utilizar, en cambio, la tecnología para asegurar una mejora en las vidas de los más vulnerables y desfavorecidos. «Existe el riesgo de que los Estados de bienestar digitales se conviertan en caballos de Troya de la hostilidad neoliberal hacia la protección social y las regulaciones», concluía.

Eubanks coincide con esta reflexión e insiste en la necesidad de tener «una conversación urgente» sobre unas herramientas que «automatizan e intensifican los aspectos ya punitivos de nuestros sistemas», especialmente tras la covid-19, una crisis que ha dado cobertura a los gobiernos para producir sistemas digitales cada vez más extensos e invasivos, concluye.

Pablo Jiménez Arandia
18 junio, 2021

 (Publicado originalmente en CTXT. Brecha publica fragmentos por convenio.)

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Sábado, 19 Junio 2021 06:12

La internacional ultracapitalista

Escultura de Atlas en el Rockefeller Center, Nueva York AFP, TIMOTHY CLARY

Red Atlas en América Latina

Prolijamente organizada y generosamente financiada por las industrias farmacéutica, petrolera y tabacalera de Estados Unidos, la red libertariana reúne a políticos, empresarios y comunicadores decididos a extender el reino del mercado a todas las áreas de la vida social.

La semana pasada comenzó a difundirse en Argentina una investigación sobre la «reacción conservadora», es decir, sobre el entramado de asociaciones, partidos políticos, think tanks, medios de comunicación y corporaciones que forman parte de la nueva derecha en ese país, así como sobre sus vínculos regionales e internacionales. Reproducida parcialmente en Eldiario.ar y en Página 12, hacía referencia, con nombre y apellido, a políticos, periodistas, empresarios e influencers. Los aludidos denunciaron, como era previsible, una «caza de brujas», «espionaje», «terrorismo». Y a quienes hicieron el trabajo –cinco mujeres y un hombre– algunos de los mencionados los trataron globalmente de feminazis, aludiendo a que la principal fuente de financiación de la investigación había sido la Federación Internacional de Planificación Familiar, un «lobby abortista», según dijeron. Entre los aludidos aparecían grupos e individuos que en los últimos años han formado parte de campañas públicas contra la llamada agenda de derechos.

Eldiario.ar denunció que los seis periodistas fueron amenazados y sus datos personales publicados, y que el sitio web en el que se colocó el trabajo en su totalidad (reaccionconservadora.net) fue hackeado y desde el domingo 13 está caído. Cerca de un millar de colegas –de Argentina y la región– se solidarizaron de inmediato con los periodistas. «El solo hecho de revelar el mapa de articulaciones, sus dinámicas, sus organizaciones de apoyo y sus protagonistas les valió un amedrentamiento pocas veces visto en redes y hasta la condena de un partido político (Juntos por el Cambio), algunos de cuyos integrantes son investigados por [ejercer] espionaje ilegal desde el Estado», escribieron en un comunicado. Y apuntaron: «Todo lo publicado es información de acceso público, documentada, sobre eventos que sucedieron y se pueden chequear. […] Nos llama la atención también que algunxs colegas no quieran entender la diferencia entre vigilancia y datos abiertos y que caigan en la reproducción del marco que estas ideologías de derecha le dan a la investigación; no son listas, es un sociograma; no es espionaje, es periodismo; no está hecho desde el Estado, sino desde el oficio de investigar».

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Entre quienes aparecen citados como parte de los tentáculos de la nueva derecha en Argentina figuran personas e instituciones relacionadas con la Atlas Economic Research Foundation (Fundación Atlas para la Investigación Económica), hoy conocida simplemente como Atlas Network (Red Atlas, en español), algo así como una internacional de los llamados libertarians, esos defensores a ultranza del libre mercado y la propiedad privada que gustan identificarse como «anarcocapitalistas».

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Creada en 1981 por el empresario británico Antony Fisher, un gurú del thatcherismo y fiel entre los fieles del ultraliberal premio nobel de economía austríaco FriedrichvonHayek, la Red Atlas es una suerte de federación de fundaciones, centros de reflexión e instituciones académicas que se proponen difundir las políticas de libre mercado a lo largo y ancho del planeta. «Tapizar el mundo con think tanks pro libre mercado» fue la misión que le asignó Fisher desde su propio nacimiento. La reducción de los impuestos para los malla oro (o su mantenimiento en un nivel bajo bajo bajo, según el caso, para estimularlos a crear empleo), la privatización de empresas públicas y del sistema educativo, el achique del Estado, el ataque al «poder» o la influencia de los sindicatos y el desmantelamiento de los sistemas de previsión social figuran expresamente entre los objetivos de sus principales dirigentes.

La Fundación Ecuador Libre, creada por el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y premiada por la Red Atlas años atrás por sus «aportes» a «soluciones de libre mercado para la pobreza», tiene en su página web un documento que resume el pensamiento de los individuos y las organizaciones relacionados con este entramado. «Lamentablemente, en nuestra idiosincrasia latina, el odio a los ricos es muy común. […] El discurso de nuestros políticos mueve fibras sensibles que exacerban el odio a los ricos y a la riqueza, explotando la lucha de clases para la obtención de votos y/o popularidad. […] El odio a los ricos y a la riqueza parece ser parte del ADN latinoamericano y contribuye enormemente al retraso de nuestros países. […] Ojalá entendiéramos que la acumulación de la riqueza es positiva y es la única vía segura hacia la disminución de la pobreza», dice el artículo, firmado por Paola Ycaza, una milipili ecuatoriana que dirigió el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo de Quinto.

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La Red Atlas subvenciona think tanks; financia becas; imparte y banca cursos, reuniones y seminarios, y organiza concursos. «Este es un proyecto de persuasión», decía un documento elaborado a comienzos de 2020 por tres referentes de la red: su director ejecutivo, Brad Lips; el director de su Centro para América Latina, Roberto Salinas León, y el empresario chileno y presidente de la Fundación para el Progreso, Nicolás Ibáñez Scott. Tres años antes, el entonces director de la red, el argentino Alejandro Chafuen –empresario con fuertes vínculos con las dictaduras militares de su país e integrante de la Sociedad Mont Pelerin, un think tank ultraliberal creado por el propio Von Hayek–, había sido muy claro en cuanto a las definiciones de la red: «Somos una organización sin fines de lucro que nació para proponer soluciones privadas a problemas públicos».

La red tiene el apoyo financiero de otras fundaciones; de grandes corporaciones (Pfizer, Shell, Exxon Mobil, Philip Morris, Procter & Gamble…), a las que, de cuando en cuando, retribuye con «encuestas de mercado» e «investigaciones»; de milmillonarios, como los hermanos Charles y David Koch, integrantes de una de las diez familias más ricas del mundo, y del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fundación Nacional por la Democracia, una organización washingtoniana privada, alimentada con fondos del Congreso, que en su página web dice que desde su creación, en 1983, «se ha mantenido en la vanguardia de las luchas democráticas en todos lados». En 1985, a poco de ponerse en funcionamiento, la red contaba con 27 instituciones asociadas en 17 países. El año pasado ya eran más de 500, diseminadas por 98 países. Brad Lips dijo, en enero de 2020, que el presupuesto anual agregado de la Red Atlas se acercaba a los 909 millones de dólares y que la media del de sus integrantes era de algo menos de 500 mil.

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Durante mucho tiempo la Red Atlas permaneció en una zona oscura. A mediados de 2017, el joven periodista estadounidense Lee Fang publicó en la revista digital The Intercept (25-VIII-17) una detallada investigación que comenzó a echar luz sobre sus orígenes, su financiación, su estructura, sus definiciones, sus vínculos y su crecimiento exponencial, sobre todo en América Latina. Otros informes –por ejemplo, los de los periodistas Aram Aharonian y Álvaro Verzi Rangel (rebelión.org, 9-X-17) y la filial española de la Fundación Rosa Luxemburgo (Público, 24-V-21)– aportaron luego nuevos datos sobre la red.

«El modelo de Atlas que se disemina por América Latina se basa en un método perfeccionado durante décadas en Estados Unidos y Reino Unido, en el que los libertaristas se esforzaron por contener la marea favorable al Estado de bienestar que se dio tras la Segunda Guerra Mundial», escribió Fang. En marzo de 2017 el periodista cubrió el Foro para la Libertad en Latinoamérica, una fastuosa reunión organizada por la Red Atlas en el recoleto hotel Brick de Buenos Aires, en la que participaron exponentes de la nueva derecha política, social y empresarial regional. El foro tuvo tres invitados especiales: el presidente argentino de entonces, Mauricio Macri; el escritor peruano y presidente de la Fundación Internacional por la Libertad, Mario Vargas Llosa, y el exministro de Hacienda de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, Hernán Buchi. Para el director de la época de la Red Atlas, el argentino Chafuen, que se estaba retirando de la escena tras casi dos décadas de estar al frente de la organización, el foro representaba «una mezcla de regreso a casa y festejo triunfal», señaló Fang. «Chafuen […] había dedicado su vida adulta a desacreditar los movimientos sociales y los gobiernos de izquierda en América del Sur y América Central, y a impulsar, en su lugar, una versión business-friendly del libertarismo. Por décadas fue un trabajo solitario, pero ya no», detalló.

El encuentro del hotel Brick dio pie a que la red se decidiera a crear una dirección específica para esta zona del mundo, donde tenía una presencia ascendente pero no coordinada. Lo hizo a fines de 2018, cuando surgió el Centro para América Latina, conducido por el empresario mexicano Roberto Salinas León, del Grupo Salinas, propietario de TV Azteca. Para mediados de 2020, señala el ecuatoriano Miguel Ruiz Acosta en una nota publicada el 31 de agosto del año pasado en el sitio web Rutakritica, la red ya contaba en esta región con alrededor de un centenar de organizaciones. Aunque la mayoría de sus instituciones asociadas siguen estando en los países centrales (204 en Estados Unidos y Canadá, y 135 en Europa),América Latina es hoy uno de sus principales polos de crecimiento. En Uruguay tiene vínculos con el Centro de Economía, Sociedad y Empresa, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, así como con la Universidad de Montevideo y los diarios El País y El Observador.

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La red se cuida de financiar directamente a organizaciones políticas establecidas. «No es adecuado ni eficaz», dijo en su momento Chafuen. Pero se mueve discretamente en la órbita de gobiernos liberales, apoyando la implementación de políticas promercado. The Intercept mostraba cómo Atlas tuvo estrechos lazos con think tanks y organizaciones relacionados con el golpismo hondureño, venezolano y brasileño; los tiene con el fujimorismo, en Perú, y está ligada carnalmente a la Fundación Ecuador Libre, el macrismo, en Argentina, y el trumpismo, en Estados Unidos (en la anterior administración estadounidense había prominentes integrantes del Atlas Network). Hoy los cultiva también con el entorno del presidente colombiano, Iván Duque. Propuesta Republicana, sin ir más lejos, nació de la Fundación Pensar, una de las ramas de Atlas en Argentina. La hondureña Fundación Eléutera fue, a su vez, muy activa en el respaldo a los gobiernos posteriores al golpe de 2009 contra Manuel Zelaya, y sus «expertos» inspiraron la creación en ese país de unas zonas especiales de desarrollo que los empresarios privados manejan a su antojo, sin atenerse a las leyes nacionales. También apoyó a los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro en sus reformas liberales y sus iniciativas para debilitar económicamente a los sindicatos brasileños.

Fang expuso las características de la «labor de persuasión» promovida por los impulsores de la red. Tanto Fisher como Chafuen y otros eran conscientes de que el libertarismo no tenía buena prensa: demasiado evidentes eran sus lazos con los más ricos. Había que «democratizarlo», transformarlo en una «ideología del bien común», «preocupada por la situación de los más pobres», alentando las actividades de beneficencia y filantropía de sus miembros, sin dejar, ni por un segundo, de machacar con «la idea de libertad» ni de atacar a los defensores del Estado de bienestar. «El 95 por ciento de las fundaciones de Atlas lleva en su nombre la palabra libertad», como la llevan los eventos (foros y seminarios) que organiza, comentó recientemente el investigador Julián Macías, que participó en un informe sobre la nueva derecha española elaborado por la Fundación Rosa Luxemburgo (Público, 25-V-21). Progreso y democracia son otros de los sambenitos de los fundados por Fisher, a quien Margaret Thatcher llegó a reconocer como uno de los inspiradores intelectuales de su revolución conservadora.

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En mayo lo más granado de la Red Atlas se dio cita en Ecuador para presenciar la asunción de Lasso. Antes de la ceremonia, la red –por medio de tres de sus fundaciones asociadas: la Fundación Ecuador Libre, del propio Lasso; la Fundación Internacional por la Libertad, de Vargas Llosa, y la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad, de Alemania– organizó en un hotel de la cadena Hilton en Quito el Foro Iberoamericano Desafíos de la Libertad. Entre los ponentes presenciales y virtuales estuvieron el colombiano Duque, la peruana Keiko Fujimori, la golpista venezolana María Corina Machado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al margen del foro, José María Aznar, histórico dirigente del ala más ultra del Partido Popular español, anunció la creación de una filial latinoamericana de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que él preside. La FAES Latam estará a cargo del expresidente colombiano Andrés Pastrana, un derechista duro que impulsó el Plan Colombia y se opuso a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la reunión, Aznar no ocultó su preocupación por la debacle de la derecha chilena, la situación en Colombia y la posibilidad que entonces se vislumbraba (ahora se concretó) de que Pedro Castillo derrotara a Fujimori en Perú. Dijo que al gobierno de Duque había que defenderlo con uñas y dientes, y ahora también al de Ecuador, la nueva cabeza de playa del liberalismo en la región.

Nuestro Luis iba a ir a la asunción de Lasso. Se lo impidió la muerte de Jorge Larrañaga. No se sabe si hubiera participado en el foro, pero se puede deducir que con los postulados de la red tiene no pocas coincidencias. Y en la red lo aprecian. No en vano dictó varias conferencias en eventos organizados por ella y tuvo en su gabinete a tres ministros (dos defenestrados, Ernesto Talvi y Pablo Bartol, uno sobreviviente, Pablo da Silveira) ligados a fundaciones afines al think tank neoliberal.

Por Daniel Gatti
18 junio, 2021

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Sábado, 19 Junio 2021 06:04

El pecado de la carne

La Habana, Cuba, en mayo Afp YAMIL LAGE

En la isla volvió a faenarse ganado vacuno, legalmente, por primera vez en 60 años. El país enfrenta una situación delicada y falta un rumbo claro ante la dificultad para importar comida.

Cuando lo conocí, en mayo de 2015, Pablo Lobaina se resistía a vender su pequeño rebaño de toros y vacas y dedicarse a una actividad menos exigente, como la cría de ovejas. A impulso de las menguadas fuerzas de sus 78 años y con la ayuda de algún temporero ocasional, Lobaina mantenía su finca sin la esperanza de que un hijo o nieto suyo abandonara la vida citadina para relevarlo. El día que no pudiera seguir, la propiedad terminaría perdiéndose, lamentó la tarde de aguacero que escampamos conversando en el portal de su casa.

Nunca volví a visitarlo. De sus reflexiones de entonces, durante años he conservado un razonamiento inapelable en su sencillez: «Ni loco cambiaría las vacas por los carneros», decía. «Cualquiera se roba un carnero y la Policía ni lo investiga; pero no cualquiera se atreve a llevarse una res, sacrificarla y venderla. La posibilidad de pasar 20 años preso se las trae.»

Años más o menos, dos décadas en prisión siguen siendo la condena previsible para quien en Cuba sea hallado culpable de hurto y sacrificio de ganado mayor y de la comercialización de sus carnes. En 1999 una modificación al Código Penal duplicó el monto de las sanciones fijadas hasta entonces para esos delitos, en un intento por preservar la cabaña ganadera de la avidez de los cuatreros. Las primeras normas penales al respecto habían sido promulgadas en 1979.

Fidel Castro había lanzado la primera piedra de esta historia en diciembre de 1961, cuando al presidir una graduación de técnicos agropecuarios había convocado a «salvar las vacas». «Ya la leche en la capital no alcanza. La capital está consumiendo el doble de litros de leche que consumía antes […]. Lo primero que hay que hacer ya lo hemos hecho o lo hemos estado tratando de hacer: que no se mate una sola vaca. ¿Contra quién hemos tenido que luchar para que no se mate una sola vaca? Primero que todo, contra el eterno vicio capitalista, el interés privado de los individuos que les importa un bledo la economía de la nación y de la república», había dicho el mandatario.

Pero, a despecho de las convocatorias políticas y el punitivismo judicial, no han faltado nunca los interesados en hacer dinero con el negocio de la carne bovina. La dificultad para agenciarse otras fuentes de proteína es la razón por la que el producto mantiene altos precios y alta demanda en el mercado negro, y por la que tantos se arriesgan a participar de su tráfico. Los ganaderos, a su vez, terminaron por convertirse en una suerte de custodios de sus propios animales, sin potestad para sacrificarlos ni venderlos. Para algunos, ese hecho hacía insoportables las estrecheces económicas y las veleidades burocráticas del Ministerio de la Agricultura.

Tal era el orden de cosas cuando, a mediados de abril, el gobierno anunció el fin de la prohibición. La medida, que se dictó acompañada de un paquete de normas para «incentivar la producción de alimentos y la sustitución de importaciones», fue opacada por el VIII Congreso del Partido Comunista, que se celebraba por esos días. El tema volvió a la agenda pública recién este 5 de junio, cuando en la provincia de Camagüey (en el centroriente, 500 quilómetros al este de La Habana) tuvieron lugar los primeros sacrificios. El matadero designado para la faena se ubica a menos de media hora de camino de la finca de Lobaina.

UNA SINGULAR POLÍTICA AGRARIA

Cerca de 2.500 criadores de todo el país reúnen los requisitos exigidos para hacer sacrificios. Su número es pequeño, como también lo es el potencial volumen de carne que podrán incorporar al mercado interno, pero la noticia fue tomada como un buen augurio por la mayoría de las familias ganaderas.

Motivar su permanencia en el campo es, desde hace tiempo, un lugar común del discurso oficial. Aunque el hecho es que la tendencia a emigrar hacia las ciudades (desde 1982 se redujo el peso de la población rural del 30 por ciento a poco más del 23 por ciento del censo) ha ido acompañada por la disminución del número de los jóvenes que residen fuera de las zonas urbanas (340 mil individuos menos que en 1982) y de su participación en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (de sus miembros, solo el 14 por ciento tiene menos de 35 años de edad).

La decisión de despenalizar el sacrificio de ganado mayor fue aplaudida recientemente por expertos como el doctor Omar Everleny Pérez Villanueva, profesor durante más de 30 años de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. «Es verdad que ahora habrá que ver quién tiene una vaca, pero durante muchos años no se había querido hablar siquiera de este tema», consideró Pérez Villanueva. Otros entendidos, entre ellos el también economista Pedro Monreal, asesor de la Unesco, insistieron en acortarle las riendas al optimismo. «Los datos de 2014 a 2019 no permiten visualizar una recuperación rápida. En ese período, la masa ganadera bovina se contrajo un 7 por ciento» y la producción de leche «un 2,7 por ciento», afirmó en su cuenta de Twitter. Si bien no se han publicado las estadísticas oficiales más recientes, es lógico suponer que en ambos indicadores la tendencia al decrecimiento se mantuvo en 2020, en línea con la falta de medicinas y otros insumos importados y la crónica escasez de combustible (véase «Tiempos de coyuntura», Brecha, 27-IX-19), un bien esencial para enfrentar los seis meses de seca que cada año atraviesa la isla.

La falta de dinero fue también el motivo último por el que en 2020 no fue posible importar los plaguicidas necesarios para preservar la cosecha de frijol. Un campesino de la provincia de Sancti Spíritus (en el centro, 300 quilómetros al este de La Habana) me contó cómo un insecto llamado trips de la flor del frijol acabó con sus sembrados en menos de una semana. Las alternativas biológicas propuestas por el Ministerio de la Agricultura alcanzaron apenas para contener la plaga y permitir a algunos productores recuperar sus semillas. De las 13.500 hectáreas sembradas, más de 8 mil debieron destruirse y los rendimientos obtenidos en las que se salvaron representaron menos de la décima parte de lo que se pretendía acopiar.

«Lo peor es que el trips no se pudo eliminar por completo y en la campaña de este año volvió a hacer de las suyas, a pesar de que las siembras eran mucho más pequeñas y de que habíamos cambiado a variedades más resistentes», agregó mi interlocutor. «Harían falta productos químicos que el país no está importando y que, cuando entren, seguro serán vendidos en MLC [moneda libremente convertible]», añadió.

Desde hace meses, el gobierno promueve la comercialización de insumos para la agricultura y la ganadería a través de tarjetas en MLC. Ese mecanismo financiero gira en torno a una tarjeta prepago, en la que se pueden depositar divisas tanto en efectivo como mediante transferencias. Su unidad de valor equivale a un dólar estadounidense. El problema radica en que dentro de Cuba no existen vías legales para adquirir divisas.

El esquema está pensado para captar las remesas de los emigrados en el exterior, redireccionándolas hacia las arcas del Estado. La demanda insatisfecha de divisas ha provocado un divorcio entre la tasa de cambio oficial, de 24 pesos cubanos por cada MLC, y la que rige en las calles, que ha llegado a ser de 70 por 1.

El hecho ha colocado a muchos campesinos en una situación equívoca, pues si bien el Ministerio de la Agricultura insiste en seguirles pagando con pesos sus cosechas, las tiendas del propio ministerio van pasando de manera inexorable a operar en MLC, con precios muy superiores a los del mercado internacional.

«Salvo el agua, todo lo demás pareciera que quieren vendérnoslo en dólares. No hay quién entienda, si, en definitiva, producir aquí siempre será mejor que comprar afuera», le escuché a Omar Urquiza, un arrocero de Sancti Spíritus, luego de que se enterara de que un tractor bielorruso de mediana potencia sería comercializado por el Ministerio de la Agricultura a 27 mil dólares. Más del doble del precio promedio con que se le puede encontrar en diversos sitios de maquinaria agrícola.

LA FELICIDAD ES UNA NEVERA LLENA

Para cuando Yasnier Lamorú comenzó su primer turno como custodio en una de las oficinas de la calle habanera de Galiano, ya sabía que esa noche no serían pocos los interesados en pagarle por pasar la noche en el vestíbulo del edificio, a la espera de que a la mañana siguiente abriera la cercana tienda de La Época, que opera en MLC. «Como de noche la Policía anda por la calle, deteniendo a los que violan el toque de queda de la covid, los coleros se esconden en los lugares más insólitos; hasta algunos vecinos se dedican a alquilarles. Pero nada más dan las cinco de la mañana –la hora en que finaliza la veda– se arman unas carreras tremendas para llegar antes a la puerta de la tienda y conseguir los primeros puestos de la cola», relató a Brecha.

La de los coleros ha resultado ser una de las ocupaciones más lucrativas en tiempos de pandemia en Cuba. La mayoría de los ítems acaparados por ellos en las tiendas pueden encontrarse pocas horas después en grupos de compraventa de Facebook, al doble o incluso el triple de su valor inicial.

Tampoco el Estado acostumbra a vender a precio de saldo. Al amparo del objetivo fundacional de esa modalidad de comercio (vender para un «segmento de mercado de gama media alta», según afirman las autoridades), las ofertas de las tiendas en MLC suelen incorporar en su factura los elevados impuestos con que antes operaban las llamadas cadenas recaudadoras de divisas. Así, cualquier producto ve incrementado su costo entre un 200 y un 300 por ciento solo por transitar del depósito a la estantería.

Cuando en julio de 2020 el presidente Miguel Díaz-Canel defendió las ventas en MLC, aseguró que sus ingresos serían destinados «a mantener a un costo tremendo» las ventas en pesos y que parte del dinero recaudado se introduciría en la industria nacional «para que se convierta en una fuente de productos». Pero, en la práctica, el dinero recaudado en esos establecimientos ha debido emplearse –casi por completo– en cubrir los déficits presupuestarios del último año y medio, cuando cayeron en picado la exportación de servicios médicos, el turismo y las remesas, sectores que en su conjunto aportaban más del 70 por ciento de los ingresos nacionales.

El caso del turismo es ilustrativo. De acuerdo con datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, solo 64.712 turistas extranjeros visitaron Cuba en los primeros cuatro meses de 2021, durante la llamada temporada alta. Esa cifra, que equivale al 6 por ciento de los vacacionistas internacionales atendidos un año antes (983.099) y al 3,4 por ciento de los correspondientes a 2019 (1.900.000), adquiere su verdadero significado si se tiene en cuenta que la isla ha debido apelar a mercados de menor poder adquisitivo para compensar la ausencia de visitantes «históricos», como los canadienses.

Para un país que importa alrededor del 80 por ciento de sus alimentos, una noticia así es de las peores posibles. Sobre todo por el hecho de que buena parte de las compras de ese tipo tienen lugar en Estados Unidos, al amparo de una legislación que establece que las operaciones han de hacerse mediante pagos en efectivo y por adelantado. Aunque la isla no puede ofertar productos a su contraparte estadounidense, la proximidad de la nación norteña ha hecho de esa opción una de las más usadas por La Habana.

Productos como el pollo congelado, la principal fuente de proteína animal para los habitantes de la isla, provienen en su mayor parte de territorio estadounidense. La reducción del volumen de compras verificada en 2020 (cuando se importaron 163 millones de dólares, el menor monto desde 2002) tuvo un impacto inmediato en la dieta local, con un aumento de las colas y la tensión social (véase «Lo que nos toca», Brecha, 5-XI-20).

En 2020, una semana después de dar luz verde a la dolarización parcial de su economía, el gobierno cubano presentó el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Quien lo consulta se encuentra con un ambicioso proyecto, repleto de citas, estadísticas y buenas intenciones. Pero poco más. Los alimentos que el país no pueda importar a causa de la falta de divisas deberán ser aportados por la agricultura y la ganadería locales, plantea el texto, sin entrar en detalles. Salvo por lo relativo a la comercialización en MLC y al levantamiento de la veda sobre la carne vacuna, pareciera que, en cuanto a asuntos de puchero, en La Habana no tienen muy claro qué camino seguir.

Por Amaury Valdiviadesde La Habana 
18 junio, 2021

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Sábado, 19 Junio 2021 05:58

El juez y el indio

El juez y el indio

Quienes lo hayan leído seguramente se alegrarán de recordarlo, porque hay pocos lectores que pasaron por Manuel Scorza y que lograron después sacárselo del corazón. Los personajes de la saga de La guerra silenciosa --repartida en cinco novelas-- siguen adheridos al espíritu profundo de América Latina, y eso es lo que uno le agradecerá siempre a Scorza: que nos haya dejado entrar y sentirnos involucrados en las protestas campesinas de las sierras peruanas contra la Pasco Corporation en los años ´60.

Scorza se había criado allí, porque su asma decidió a sus padres a irse de Lima, y a instalarse en Huancayo. Cuando comenzaron las protestas él ya había pasado por el mismo Liceo Militar que Vargas Llosa, ya había cursado Filosofía en la Universidad de San Marcos, ya había comenzado su militancia clandestina en el naciente APRA, que cuando viró a la derecha sufrió gran merma de afiliados, entre ellos Scorza, que escribió el documento de renuncia al partido que comandaba Haya de la Torre. El documento quedó allí para la historia. Se llama GoodBy, Míster Haya.

El primer libro de la saga que Scorza escribió un poco en Lima y otro en París fue Redoble por Rancas. Había cubierto las revueltas para un diario de Lima y para sí mismo, para un ensayo que tenía en mente. Pero cuando después el desenlace sangriento y su propio involucramiento emocional le hicieron sentir que cualquier ensayo por bueno que fuera iba a ser incapaz de transmitir la verdad de las protestas y la estatura de esos héroes cholos del Perú profundo, recurrió a la narrativa.

Ahora Pedro Castillo y el Perú invisible vuelve a pelear por sus derechos, porque el Perú racista y corrupto que se agazapa tras Keiko Fujimori quiere invalidarles sus actas electorales: es un país que convivió con una mayoría indígena y mestiza cientos de años, y cuya elite es como Vargas Llosa: todos renunciarían a su nacionalidad de ser confrontados como lo fue el agitador de la ultraderecha liberal, auspiciadora de golpes de Estado y amparadora de delincuentes de toda laya: están convencidos de que ellos son el Perú, y que el electorado de Castillo hace fraude simplemente porque gana: nunca dejaron de verlos y tratarlos como seres inferiores.

Por la misma esquina de la plaza de Yanahuanca por donde, andando los tiempos, emergería la guardia de Asalto para fundar el segundo Centenario de Chinche, un húmedo septiembre, el atardecer exhaló un traje negro. El traje, de seis botones, lucía un chaleco surcado por la leontina de oro de un Longiness auténtico. Como todos los atardeceres de los últimos treinta años, el traje descendió a la plaza para iniciar los sesenta minutos de su imperturbable paseo.

Es el primer párrafo de Redoble... Ese traje que exhaló el atardecer es el juez Montenegro. Scorza hace girar la presentación de esa comunidad de Yahahuanca oponiéndola en valores, espíritu, ética, a la de un juez corrupto como casi todos, que eran amigos de los alcaldes y parientes de los coroneles y de los diputados o gobernadores. Así sigue siendo el mundo blanco, aunque el traje negro con el que Scorza inviste y recorta al juez, que será así nombrado siempre, corre la connotación de “negro” de la piel de los cholos a la conducta de Montenegro, descripta en ese primer capítulo en una parábola perfecta.

Esa misma tarde al traje negro se le cae un sol del bolsillo, una moneda. Y en el pueblo corre como un reguero la noticia, porque quién sabe qué podría pasarle a quien tocara o peor, que se apropiara del sol del traje negro. Mucha gente había muerto por menos. Todo el pueblo se pone en alerta para que nadie mueva el sol de su lugar: era un pequeño relieve en una vereda de la plaza central.

Pero pronto surge el orgullo. Ya no era por temor, sino por dignidad, que Yahahuanca se había vuelto obsesiva con no tocar lo ajeno. Vienen de otros pueblos a ver el sol del traje negro, que se había vuelto una enorme atracción. Y los yanahuaqueños se desvivían por hacer custodia día y noche para a nadie lo tocara, porque en Yahahuanca no se robaba.

Pasó un año y el único que no estaba al tanto de cómo había cambiado la vida en el pueblo era el traje negro. Nunca se dio cuenta de que se le había caído un sol del bolsillo. Pero un día caminando por la plaza, 365 días después de haberlo perdido, los ojos del traje negro dieron con la moneda tirada en el piso. Se agachó, vio la moneda, miró para ambos lados y como creyó que no había nadie, sencillamente lo embolsó y siguió su camino.

Así son las cosas. A esos pueblos serranos de indígenas persistentes en sus modos de vida y sus creencias, hace cientos de años los blancos les vienen robando todo. Porque creen que tienen derecho, como el traje negro al que no se le ocurrió que ese sol podría tener un dueño, cuando todo el pueblo hacía un año que se turnaba para evitar que alguien se lo robara.

Scorza decía que la oligarquía peruana se había condenado a sí misma a vivir una vida a medias, al haber esclavizado a los pueblos indígenas. El negacionismo hoy explica fenómenos nuevos pero explica también fenómenos históricos.

Estos que están en las calles en varios países en los que el neoliberalismo les quiso dar su toque se gracia, eran lo más genuino, lo más intenso de América Latina. Aquí las luchas se libran y se pierden muy seguido, pero no se abandonan. En las novelas de Scorza eso sucede porque los vivos reciben instrucciones de sus muertos.

La figura del juez, el amigo o pariente del diputado o del gobernador, sigue siendo el traje negro, que condena a su antojo a los indios que osan reclamar cualquier especie de igualdad. Scorza decía que el Perú blanco se parecía a esa tortura china que consistía en hacerle cargar a un hombre vivo un hombre muerto, hasta que enloquecía.

Hay un tipo de locura supremacista en toda esta región. Nunca dejó de haberla. Y hablo de quienes --Mauricio Macri y el desquiciado Iván Duque incluidos, firmantes de una carta “contra la corrupción” a favor de Keiko Fujimori, o sea a favor del golpe-- siguen viendo al indio o a la india como poco más que objetos descartables que se pueden matar o encerrar sin ningún problema de conciencia. Hablo además del TOF de Jujuy, que condenó a Milagro Sala a 3 años y medio por los huevos que le mancharon el traje negro al gobernador Morales en 2009. La condena llegó en 2021 y cinco días antes de las elecciones. Locura supremacista y corrupción insoportable.

19 de junio

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¿Por qué vuelven las negociaciones en Venezuela?

Detrás de la aparente inmovilidad, varias cosas se mueven en Venezuela. En medio de la crisis, la desafección política alcanza al gobierno y a la oposición. Por eso ambos bloques, debilitados en diferente medida, tienen incentivos para iniciar nuevas negociaciones después de varios fracasos.

En Venezuela, se está preparando un nuevo e incierto proceso de negociación política entre el gobierno y la oposición. Para calibrar sus posibilidades de éxito, conviene preguntarse en primer lugar en qué se diferencia y en qué repite las experiencias anteriores. Es importante subrayar que la iniciativa ocurre en continuidad -al menos metodológica- con el esfuerzo emprendido en 2019 en Barbados bajo la facilitación de Noruega, cuyos expertos están involucrados desde hace varios meses en consultas a dos bandas. Ello indica que se retoma el proceso recuperando algunas bases en el campo de la creación de confianza, si no entre los actores, al menos en los mecanismos de construcción de la agenda y de reglas de funcionamiento.

Sin embargo, las condiciones políticas de 2019 y de 2021 son enteramente diferentes, y ello, en mi opinión, podría favorecer avances en una negociación de esta naturaleza siempre que los actores políticos identifiquen esas diferencias y ajusten sus demandas y estrategias.

Se parece, pero no es igual

Vista de un modo muy superficial, la situación venezolana pareciera resumirse en un estancamiento inercial en el que el gobierno de Nicolás Maduro resiste, impertérrito, en medio de la devastación de la vida cotidiana de millones de personas, mientras la oposición procura lidiar con sus propias contradicciones estratégicas. Pero tras esta apariencia de inmovilidad es posible identificar una serie de circunstancias que permiten entender por qué los actores políticos están hoy dispuestos a reiniciar un proceso de negociación que en el pasado fracasó una y otra vez.

Una de ellas afecta por igual a la oposición y al gobierno: llamémosla desafección generalizada hacia lo político. Es un lugar común señalar la despolitización que conllevan y provocan los regímenes autoritarios, reduciendo al ciudadano a la vida privada o a la mera supervivencia. Pero en el chavismo este efecto coexiste con su propia contradicción populista: en su sistema operativo hay una variable inevitable que es el metabolismo electoral, no solo en términos de la legitimación política, sino también como método de distribución de cuotas de poder entre las partes que componen ese archipiélago.

El mal resultado de las elecciones parlamentarias de 2020, con el oficialismo corriendo solo o mal acompañado por pequeños sectores desprendidos de la coalición opositora, es una señal de debilidad muy preocupante para la honra del «proyecto histórico» y, más pragmáticamente, para las bases de sustentación del propio poder. Esto lo vuelve más dependiente de alianzas con el sector militar y con socios no necesariamente muy confiables. Ciertamente, el gobierno se hizo del control total de la Asamblea Nacional, pero dejó al descubierto sus grietas internas.

Esto por supuesto no es ninguna novedad, atendiendo a los misérrimos niveles de popularidad que acompañan al gobierno desde hace años. Pero adquiere una significación estratégica distinta, y paradójica: la debilitada oposición ya no funciona como una amenaza capaz de unificar y cohesionar al bloque chavista. Maduro debe ahora atender a una infinidad de demandas contenidas, recomponer «el proyecto», ofrecer resultados y alcanzar una gobernabilidad que le exige concesiones para reconstruir la ruinosa condición del aparato del Estado. La función política de cohesiones y repartir cuotas de poder que cumple la corrupción sistémica cuesta ahora más que lo que beneficia al poder porque ha destruido las capacidades de gestión. Del mismo modo, la tolerancia hacia socios irregulares pero hasta hace poco útiles ha significado la pérdida de control territorial en zonas críticas del país y puso en evidencia limitaciones operacionales y de la cadena de mando de las fuerzas armadas.

Pero para la oposición las noticias son igual de malas: su capacidad de capitalizar el enorme descontento popular está reducida a mínimos históricos y ha perdido la iniciativa política en medio de una inercia estratégica. No es cuestión de recapitular aquí las condiciones y circunstancias que condujeron a este estado de cosas, pero se puede señalar que fue determinante la desaparición, a partir de 2016 y más agudamente a partir de la conformación del «gobierno interino» en 2019, de la instancia de conducción política unitaria que fue la Mesa de la Unidad Nacional, lo que impidió que las importantes divergencias en torno a las estrategias para impulsar el cambio político pudieran ser metabolizadas.

El fracaso de la visión dominante, que se fundamentaba en la tesis de la «máxima presión», apalancada por las sanciones estadounidenses, tanto a Venezuela como a funcionarios del gobierno, y por la diplomacia regional. Se suponía que todo esto provocaría rupturas horizontales (entre grupos del poder, especialmente en el sector militar) y/o rupturas verticales (movilizaciones populares). Pero no ocurrió nada de eso y se generaron fracturas en el campo opositor que fueron hábilmente aprovechadas por el régimen para tratar de legitimar las elecciones legislativas de diciembre de 2020 con una diminuta «nueva oposición», calificada de «moderada» en contraste con el «extremismo» de la oposición mayoritaria. Hasta ahora, los aproximadamente 20 diputados (contra los 253 del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) de esta coalición, que recientemente se ha rebautizado como Alianza Democrática, no han alterado el status quo en la nueva Asamblea Nacional.

Sin embargo la dinámica centrífuga no se limita a este grupo. En ocasión de la decisión de la mayoría de la oposición de no participar en las elecciones parlamentarias de 2020 comenzaron a producirse discretos movimientos dentro de cada uno de los partidos agrupados en torno al «gobierno interino» de Juan Guaidó (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, La Causa R, etc.) que presionaban por redefinir el rumbo estratégico hacia la reconstrucción de las condiciones para la participación electoral, considerando el horizonte inmediato de las elecciones regionales y municipales que deben realizarse en noviembre de 2021. Desde entonces, otros factores, como el liderazgo social y nuevas formaciones de activistas, irrumpen a su vez en la escena pública y acompañan lo que en realidad es una demanda de reconfiguración de la estrategia del cambio político que la dirigencia de estos partidos, junto con el «gobierno interino», lee y responde en una nueva propuesta bautizada «Acuerdo de Salvación Nacional».

La nueva teoría del cambio se fundamenta en una agenda de negociación con el chavismo en cuatro áreas: elecciones generales competitivas, ayuda humanitaria,  vacunación, garantías políticas para todos. Y junto a esto, el levantamiento progresivo de las sanciones según avances en los acuerdos.

Eppur si muove

Para calibrar las posibilidades de esta nueva negociación hay que completar el retrato anterior con dos elementos que en mi opinión podrían marcar el éxito o el fracaso del proceso: la activación de actores de la sociedad civil organizada en la escena política y las señales que el gobierno ha enviado en cuanto a su disposición a ceder parte de su control hegemónico sobre las instituciones.

En los últimos años, muchas organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado al abordaje de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país. La acción humanitaria, que debe ocurrir bajo unas reglas internacionalmente aceptadas de neutralidad y universalidad, tiene en Venezuela unas características particulares por la naturaleza misma de la emergencia: su origen es eminentemente político, a diferencia de otros casos que han resultado de catástrofes naturales o conflictos armados.

Las políticas públicas y económicas oficiales han conllevado un agudo deterioro de los indicadores de calidad de vida desde al menos 2015. El trabajo local de las ONG humanitarias y de defensa de derechos humanos ha necesitado del desarrollo de habilidades de intermediación y micronegociación con el gobierno, y con los actores políticos en general. Y hoy, una serie de organizaciones busca potenciar sus capacidades de incidencia política en la búsqueda de una solución democrática y negociada que haga énfasis en la recuperación de las instituciones y de las reglas del juego político, a partir de consensos básicos sobre los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Fundamentalmente agrupados bajo la iniciativa del Foro Cívico -aunque no es la única, sí es la más visible-, ONG, sindicatos, organizaciones empresariales y gremiales, organizaciones juveniles y académicas, han construido algunos espacios de incidencia y de catalización que han movilizado a los sectores políticos y hecho avanzar propuestas concretas de acuerdos político-institucionales que abonan el terreno para alcanzar acuerdos políticos de alto nivel.

 La historia de las relaciones entre la sociedad civil y el ámbito político en Venezuela es sumamente complicada y no exenta, como en el resto de América Latina, de motivaciones corporativas. A la vez, la historia de estas relaciones bajo el chavismo ha sido particularmente difícil, pero no aún así se ha podido desarrollar una conciencia de autonomía de la acción, que no es neutral, puesto que los objetivos de democratización y reinstitucionalización son en sí mismos políticos, pero sí tienen claridad acerca del rol esencial que deben jugar los actores políticos para adelantar las soluciones negociadas.

 Por su parte, el gobierno de Maduro, empeñado en recuperar su capacidad de gobernar, comienza desde enero de 2020 a tomar riesgos, abriendo por ejemplo algunos espacios de interlocución y negociación con organizaciones civiles y algunos actores políticos. Estas interlocuciones no son las únicas señales emitidas desde el poder: se han venido implementando, en la práctica y sin mucho ruido, un conjunto de reformas en el plano económico y fiscal para mejorar los ingresos internos, se fue formalizando la dolarización de facto de la economía, se avanzó en proyecto de creación de zonas económicas especiales que tiene un fuerte aire de familia con la concepción china de «un país, dos sistemas», y otras concesiones inéditas como la autorización de la entrada del Programa Mundial de Alimentos al país, lo que implica reconocer la tragedia humanitaria que padece la población. Pero todo ello acontece, sin embargo, en un contexto en el que no cesan los gestos hostiles y represivos contra organizaciones y personas, y se exacerban la corrupción y la miseria general en medio de la pésima gestión de la pandemia.

 Hay varios espacios de «negociaciones sectoriales» que están activos, como las que el principal gremio empresarial, Fedecámaras, lleva adelante con una agenda de incidencia en las políticas económicas, o la posible creación de una instancia de coordinación humanitaria con organizaciones que aseguraría condiciones de respeto y apoyo del gobierno a las reglas de la acción humanitaria. Hay también avances en la recuperación del llamado diálogo tripartito (empresarios, sindicatos y gobierno) al que obligan los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual ha amenazado con procesos contra el gobierno de Maduro por sus graves violaciones al derecho al trabajo y al salario digno. Un caso menos prometedor es el de la Mesa Técnica para la vacunación, en la que participan expertos sanitarios, miembros del gobierno y representantes del «gobierno interino». En una lógica bastante previsible, el gobierno no ha renunciado hasta ahora a politizar el tema de la vacunación y lejos de acordar facilitaciones internacionales para el financiamiento y suministro de vacunas a través de la Mesa Técnica, ha preferido apelar a sus alegatos de que las sanciones financieras le impiden cumplir con su plan de vacunación, que por cierto no ha hecho público.

Sin embargo, el impacto más importante es el que puede tener la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) cuya composición, en la que participan expertos electorales y políticos postulados por las organizaciones civiles especializadas en el tema electoral, resultó menos desequilibrada que las versiones anteriores, y sobre todo, ocurrió siguiendo los procedimientos legales. Ello fue posible en virtud de negociaciones entre varios actores políticos, especialmente el ex-candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky, las organizaciones civiles y los operadores políticos del gobierno de Maduro, en lo que aun sigue siendo un espacio activo de negociación que serviría para que el nuevo CNE, aunque bajo control del chavismo, cumpla un programa de reformas que mejorarían sustancialmente las condiciones institucionales para las próximas elecciones, lo que serviría de incentivo para la participación electoral de los grandes partidos de la oposición.

Esto toca un asunto medular de la estrategia de la oposición agrupada en torno al «gobierno interino» que por ahora no ha dado respuesta ante su eventual participación en esas elecciones, ni queda claro entonces si propondrá las reformas electorales como parte de la agenda de la negociación facilitada por Noruega.

No cabe duda de que las concesiones del gobierno no provienen de una súbita conciencia democrática, sino de una apuesta a que oxigenar el camino electoral agudice las actuales contradicciones dentro del campo opositor con respecto a la participación o no en los comicios. No cabe dudar, tampoco, de que parte del impulso del gobierno hacia la promoción de negociaciones sectoriales simultáneas proviene de un cálculo que básicamente persigue quitarle oxígeno al liderazgo político opositor que no participe en ellas. Pero el hecho político es que se trata de oportunidades, de rendijas por las cuales se puede avanzar hacia acuerdos que prefiguren el juego político democrático que se aspira lograr, y en esa medida también suponen un riesgo, para el régimen, de reformas en cascada que precipiten la transformación del sistema.

El realineamiento internacional

Como un tercer conjunto de factores hay que considerar que las dinámicas geopolíticas han cambiado, obviamente, en especial a partir de la instalación del gobierno de Joe Biden con el vuelco geoestratégico que ello implica y su voluntad de favorecer una solución política sustentable para Venezuela. Pero para resumir el contexto internacional, se diría que el caso venezolano se ha vuelto tóxico, en especial en el hemisferio, como suelen decir los estadounidenses. No solamente con la situación migratoria, de por sí terrible para quienes emprenden el éxodo y para los países receptores, sino porque Venezuela termina siendo una variable de la ecuación política interna en muchos países que amplifica el conflicto político con la gramática de la polarización. Así como en algún momento hubo un alineamiento internacional con la tesis de que la crisis venezolana podía derivar en el cambio político en el corto plazo, la prioridad hoy parece ser tratar de evitar la cronificación del conflicto y acompañar una ruta creíble, realista, acordada y posiblemente larga para el rediseño democrático.

La clave: la construcción de la agenda

Todas estas circunstancias mueven a los actores a negociar, sin duda, y advierten que una nueva ronda de negociaciones puede conducir a nuevos resultados si se cumple una condición esencial: que el espacio de negociación no vuelva a ser, como en ocasiones anteriores, un dispositivo para la escenificación del conflicto, en el que los actores persiguen fortalecerse uno frente al otro, en lugar de construir un marco básico de reglas del juego político para dirimir el conflicto.

En efecto, lo ocurrido tanto en los encuentros de 2017-2018 como en los del ciclo de 2019 con la facilitación de Noruega fue algo así como la continuación de la guerra por otros medios: para cada parte, se trataba de «ganar» la negociación o al menos de no quedar debilitada en el proceso. La negociación pareció funcionar como una táctica más para posicionarse en el conflicto y no como un método para acordar la recomposición de las instituciones que a la postre, permitirían regularlo para inducir el proceso de democratización.

Así, el gobierno de Maduro se sentó en la mesa de negociación en 2019 con el objetivo de mejorar las condiciones para conservar el poder, mientras que la oposición perseguía el objetivo de procurar las condiciones para asegurar el cambio político. Entre la aspiración del gobierno de ganar estabilidad y la aspiración de la oposición de sustituir a Maduro mediante unas elecciones libres se podía vislumbrar una teórica zona de posible acuerdo: pactar las condiciones de unas elecciones presidenciales en las que ambas partes pudieran ser competitivas. Pero el problema es que para el gobierno de Maduro, ser competitivo significaba (y eso sigue siendo así) poder gobernar con capacidad financiera, es decir, asegurar el levantamiento de las sanciones y el acceso a la administración de activos de la República controlados, hasta hoy, por el «gobierno interino», así como para la oposición, ser competitiva significa el cumplimiento de una serie de condiciones institucionales y legales que aseguren no solo la pulcritud del proceso sino el reconocimiento y respeto de los resultados.

La verdad es que, en 2019, ninguna de las dos partes estaba en capacidad o tenía la voluntad política de garantizar las concesiones que implicaba este esquema. En particular, la cuestión de la intervención indirecta de la administración Trump al imponer nuevas sanciones al gobierno de Maduro mientras aún estaban en curso las conversaciones, a principios de agosto de 2019, fragilizó la capacidad negociadora de la oposición, dividiéndola, y radicalizó a su vez al gobierno en una posición de resistencia, lo que suspendió las tensiones en el campo chavista entre quienes favorecían y quienes rechazaban la negociación.

Hoy, algunas señales discursivas no lucen muy prometedoras: tanto en el campo chavista como en el opositor ha habido menciones públicas muy negativas acerca de lo que cada parte espera del nuevo proceso de negociación. Desde «salvar a Venezuela de la dictadura» hasta obligar a la oposición a reconocer la supremacía del chavismo y el levantamiento de las «sanciones criminales». Las narrativas que establecen a la mesa de negociación como campo de batalla siguen creando una atmósfera beligerante que no le ofrece al ciudadano común confianza en que la negociación puede ser la vía para reconstruir la democracia.

La experiencia acumulada en muchas negociaciones políticas ha permitido decantar unos principios o guías para conducir el proceso a buen término, pero solo voy a mencionar un par de aspectos que en este caso parecen muy necesarios.

En primer lugar, hay un elemento subjetivo que falta: el mutuo reconocimiento, aquello que precisamente está en el fondo del conflicto político histórico entre oposición y gobierno. En la mentalidad hegemónica del chavismo, la oposición no existe más que, en el mejor de los casos, en una posición ancilar, mientras que por su parte la oposición en sus diferentes configuraciones ha puesto en duda la legitimidad de victorias electorales del chavismo. En principio, la negociación misma debería ser una forma de mutuo reconocimiento de cada parte como un legítimo actor político, independientemente de sus cualidades morales o de la naturaleza de su objetivo estratégico.

En segundo lugar, las cuestiones de representatividad tanto de las partes negociadoras como de los contenidos de la agenda. Como he querido mostrar, las primeras ya no son las mismas que en 2019. Con la irrupción de otros actores que no están alineados con los miembros del gobierno o con el liderazgo formal de la oposición, que tienen una visión más orgánica de las demandas de la sociedad y que tienen capacidad de intermediación, con un compromiso con la democratización pero no con las agendas particulares de los actores políticos, se hace necesario incluir esta perspectiva en la mesa.

Pero esa presencia no tiene necesariamente que materializarse en el grupo de negociadores, aunque es frecuente la fórmula de los dos tracks (actores políticos y sociedad civil); es más bien en la confección de la agenda donde debe concentrarse la experiencia de esos agentes sociales que están o han estado catalizando procesos de negociación entre actores políticos. En el proceso facilitado por Noruega, el periodo de construcción de la agenda ha transcurrido bajo una regla de discreción y prudencia que no permite conocer su contenido, pero no sería productivo, en mi opinión, que negociaciones ya adelantadas o al menos prometedoras como las que tienen que ver con las condiciones electorales que dependen del CNE, volvieran a ponerse en la mesa de la negociación integral y terminaran atadas al cumplimiento de otros acuerdos más disputados. Más bien podría pensarse en un esquema de múltiples procesos simultáneos bajo una misma concepción estratégica, que sería la materia fundamental del acuerdo integral: la reconstrucción del sistema institucional de tal manera que, en el futuro inmediato, quien sea electo limpiamente para gobernar, lo haga dentro de los límites constitucionales, y quien quede en el lugar de la oposición, pueda ejercerla con todas las garantías y libertades.

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Castillo llama a la unidad en Perú y aclara: "no somos chavistas ni comunistas"

 Lima. El socialista Pedro Castillo, profesor de primaria y novato en la política, quien está cerca de ser declarado presidente de Perú, llamó a la unidad nacional en busca de calmar los temores sobre su llegada al poder tras el final del recuento de votos que lo mostró ganador de las polarizadas elecciones del 6 de junio.

Aunque Castillo, de 51 años, se declaró antier triunfador de la contienda, su rival derechista Keiko Fujimori ha denunciado fraude, con pocas pruebas, y ha solicitado anular algunos votos. El organismo electoral aún tiene que confirmar y anunciar oficialmente al ganador.

"El pueblo peruano ha levantado la cabeza dispuesto a salvar esta patria", declaró Castillo desde un balcón en la sede de su partido Perú Libre, en el centro de Lima, ante seguidores que lo vitorearon a última hora del martes.

El sorpresivo ascenso de Castillo ha sacudido la política tradicional de Perú y podría tener gran impacto en la industria minera del segundo productor de cobre del mundo, debido a sus planes de un fuerte aumento de impuestos al sector.

En Lima los temores por la inminente victoria de Castillo se han extendido entre la pequeña pero poderosa élite, pese a que el candidato ha buscado moderar la retórica de su partido. "No somos chavistas, no somos comunistas, nadie ha venido a desestabilizar el país", afirmó Castillo, en referencia a un eslogan del partido de su rival y de los simpatizantes de Fujimori, que lo comparan con el fallecido líder venezolano Hugo Chávez.

"Somos emprendedores y garantizaremos una economía estable, respetando la propiedad privada, la inversión y los derechos a la educación y la salud", manifestó.

Castillo aseguró que los votantes de los distritos ricos del país, que se unieron en respaldo a Fujimori, tendrían el mismo peso y apoyo en su eventual gestión que los habitantes de los rincones más lejanos de Perú, los pobres de zonas rurales que impulsaron su candidatura.

Fujimori, en un mitin celebrado la noche del martes frente a su local partidario, Fuerza Popular, en Lima, se comprometió a seguir luchando y a "defender la democracia". La derechista espera que el resultado cambie a su favor una vez resueltas las impugnaciones que presentó para anular votos de su contrincante.

Castillo denunció que esos reclamos generan incertidumbre y exhortó a los peruanos a "permanecer atentos" a los intentos por desestabilizar la democracia del país. Llamó al organismo electoral a hacer respetar la voluntad popular.

Agregó que toda la clase política "necesita unirse" para ir más allá de lo que se ha convertido en el brote per cápita más letal del mundo de Covid-19 y curar las fisuras más arraigadas por la pobreza.

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El precio de la perpetuación de Daniel Ortega

Las protestas en Nicaragua han erosionado la alianza entre el gobierno, el gran empresariado y las iglesias. Entretanto, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumenta y las elecciones de noviembre de 2021 están lejos de ser competitivas. Las fuerzas contrarias al régimen se encuentran disgregadas y las detenciones de potenciales candidatos se han vuelto cotidianas.

Tomás Borge fue guerrillero fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y miembro de su dirección nacional durante el gobierno que siguió a la Revolución Nicaragüense (1979-1990). Antes de su muerte en 2012, y tras el retorno del FSLN al poder por la vía electoral seis años antes sobre la política del país centroamericano: «Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder […] Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: «hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder». Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre».

La entrevista ayuda a entender dos cosas. Primero, la naturaleza del régimen de Daniel Ortega desde 2007, que se ha empeñado en cooptar (y cuando fuese necesario, desmantelar) las instituciones democráticas del país, y también se ha dispuesto a vaciar el contenido ideológico del FSLN, abandonando la promesa de la redistribución de la riqueza y del progresismo social con el fin de tomar y preservar el poder. En otras palabras, Ortega ha preferido convertir al FSLN en una fuerza de derecha que permitir el retorno de «la derecha». Durante más de una década, esta mentalidad ha permitido que la familia Ortega -él es presidente y su esposa Rosario Murillo la vicepresidenta- construyera un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de los antiguos enemigos «contrarrevolucionarios» de los años 80. 

Pero en 2018, una explosión de indignación popular –así como la sangrienta represión posterior– pulverizó el consenso autoritario y desequilibró al régimen. En segundo lugar, las palabras del comandante Borge ayudan a explicar por qué, a pesar del enorme deterioro socioeconómico y aislamiento internacional que acompañó el estallido del 2018, es probable que Ortega y Murillo se perpetúen en el poder este año. Bajo su mandato, el gobierno de Nicaragua ha desarrollado una especial voluntad y capacidad represiva, en proporciones que no hemos visto en América Latina desde la caída de las dictaduras anticomunistas de los años 60 y 70. 

Desde la crisis de 2018, muchas cosas han cambiado en Nicaragua, pero otras permanecen igual. De cara a las elecciones programadas para noviembre de 2021, la previsible victoria de Ortega será fruto de unas «elecciones autoritarias» en las que el régimen controlará las reglas del juego. Buscando evitar el más mínimo riesgo, o quizás con el propósito de desafiar a la comunidad internacional, el orteguismo ya ha inhibido, enjuiciado, y encarcelado a los principales aspirantes opositores a la presidencia. Ante la problemática nacional y su probable prolongación, ¿por qué no ha podido la oposición nicaragüense crear una alternativa y contrapeso al FSLN, ahora hegemonizado completamente por la familia Ortega-Murillo? Esta última cuestión es la que se debate en este artículo, en el que primero se contextualizará la naturaleza del régimen y su «reconsolidación» después de la crisis política de 2018; posteriormente se señalará la naturaleza de la oposición, con los pasivos y errores que arrastra y, finalmente, se expondrá cuál es el escenario que se prevé para el día después de las elecciones de noviembre de 2021.

El orteguismo (2007-2018): del consenso a la crisis

Desde 2007 hasta 2018 Daniel Ortega articuló un régimen que –a pesar de su retórica revolucionaria– combinaba una alianza informal con las elites económicas (el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y las elites religiosas (iglesias católica y evangélicas), a la par que impulsó políticas sociales focalizadas para paliar la situación de pobreza extrema –sin combatirla sustancialmente– en la que están sumidos la mayor parte de la población del país, sobre todo en el ámbito rural. Apoyado en esta triple alianza –y con el control absoluto sobre el FSLN– Ortega rápidamente cooptó las instituciones del país, incluyendo todos los poderes del Estado y también las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional. 

El trueque autoritario del orteguismo – promesa de estabilidad a cambio de control político– se extendió también al ámbito internacional. A sus antiguos oponentes en Washington, Ortega se vendió como un estable y efectivo socio, especialmente en comparación a sus caóticos vecinos en el llamado Triángulo Norte, en la lucha contra el narcotráfico y la migración en dirección al norte.

Respecto de la alianza con la gran empresa, cabe destacar que el gobierno no cambió el modelo productivo heredado de tres lustros de desarrollo neoliberal, ni en el agro ni en los servicios. Cuando Ortega fue elegido presidente en 2006, el gran capital del país temía una restructuración al estilo Chávez. Al contrario, gracias a la inserción del país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en 2007, los grupos económicos más poderosos pudieron usufructuar créditos blandos y expandir sus mercados durante más de una década. En cuanto a la entente con las iglesias destacó el discurso que Ortega repitió desde la campaña de 2006, que calificaba a Nicaragua como «cristiana, socialista y solidaria». Pero esta posición no fue solo discursiva, sino que el mismo régimen ayudó a impulsar una de las legislaciones sobre el aborto más retrógradas del continente (criminalizando incluso el aborto terapéutico, derecho protegido no solo por la Revolución Sandinista, sino también por la anterior dictadura de los Somoza). 

En lo que atañe al apoyo de los sectores populares, cosa difícil de medir en un contexto autoritario, el gobierno creó una amplia red clientelar a través de programas de transferencias (generalmente en especies) gestionados desde el aparato partidario del FSLN, que se solapó con la administración del Estado. Este aparato, en un inicio, se organizó en todo el territorio a través de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), que tenían un claro componente político-partidario y posteriormente se transformaron en los Gabinetes de Familia (GF) y adquirieron un perfil más institucional. Con todo, tanto los CPC como los GF han sido órganos que suponían, además del último eslabón en la implementación de políticas asistencia social, un mecanismo de control partidario de naturaleza clientelar y movilizadora a lo largo de todo el territorio nicaragüense.

El régimen gozó de una notable estabilidad durante más de una década. Con el tiempo, las arbitrariedades (incluido un falló judicial para permitir la reelección inconstitucional de Ortega en 2011) fueron creciendo. Pero a pesar de ello, las alianzas del FSLN con partidos de oposición –en especial, el Partido Liberal Constitucionalista del expresidente Arnoldo Alemán–, la empresa privada y las instituciones eclesiásticas se fueron cristalizando. Y aunque las sucesivos gobiernos estadounidenses recortaron las ayudas, mostraron poco interés en agitar las aguas en Nicaragua. Por su combinación de prudencia macroeconómica y programas paliativos, Ortega se convirtió en consentido del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyos funcionarios no se preguntaron si el crecimiento económico conllevaba además el acoso a los disidentes, al desmantelamiento de las instituciones, o a la articulación de un proyecto dinástico. 

La sociedad nicaragüense, sin embargo, pasó la factura en 2018 cuando miles de jóvenes salieron a las calles a protestar. 

Al inicio, las movilizaciones se centraron en la denuncia del malestar que provocaban las reformas del sistema de pensiones y la mala gestión gubernamental ante los incendios en la reserva de la biosfera de Indio Maíz, pero rápidamente se sumaron diversos colectivos que impugnaron al régimen en su totalidad, por su carácter arbitrario, represivo, y corrupto. Con ello, las elites que habían pactado con Ortega ignorar la gobernanza democrática a cambio de estabilidad, vieron como el sueño de la paz social tocaba su fin. Al final, la estabilidad que se compró fue muy volátil, se pagó muy caro con la erosión de las instituciones y las normas necesarias para garantizar la paz a largo plazo. 

La crisis del 2018 puso a prueba la estabilidad del régimen y sacudió a la base histórica del Frente Sandinista. En lugar de gestionarla mediante concesiones o un auténtico proceso de diálogo con los nuevos grupos, el gobierno la empeoró, optando por la estrategia de represión. La «operación limpieza» –término prestado de la época de los Somoza– funcionó, en el sentido de que eliminaron los tranques y barricadas. Pero además del terrible costo humano –más de 300 muertos según el conteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centenares de presos políticos y miles de exiliados, la mayoría a Costa Rica– la recuperación del control territorial implicó un costo político para el régimen. Fue en este contexto en el que se rompió la coalición informal entre el gobierno, las elites económicas y las iglesias, que se posicionaron en contra de la reacción violenta, que ya no podía seguir presentándose como garante de la estabilidad y de la paz. 

Sin embargo, la crisis no supuso la caída del FSLN. Muchos esperaban que Ortega se fuera, tal como ocurrió con 15 presidentes en nueve países de la región entre 1992 y 2016. Pero si bien en la crisis de 2018 existieron algunos factores presentes en otros episodios de caídas presidenciales –la recesión económica, escándalos de corrupción, manifestaciones masivas, etc. – el alto grado de control de la institucionalidad por parte de las fuerzas gobernantes contuvo el colapso del sistema. En este caso el control se materializó en el uso (y abuso) de la fuerza de la Policía Nacional –además de grupos parapoliciales– para eliminar las protestas de forma violenta. Otro elemento central en la crisis fue el papel del ejército, qué si bien se negó a participar directamente en la represión, cedió el espacio a esos grupos. 

Otro elemento explicativo acerca de las caídas presidenciales es la actitud del ejecutivo ante ellas. En este caso el presidente, el FSLN y sus organizaciones afines nunca cedieron y enarbolaron un discurso totalmente acrítico. Así, los medios oficialistas acusaron de vándalos y terroristas a quienes habían salido a las calles y anunciaron que la crisis sería el comienzo de la «tercera fase» de la revolución popular sandinista a partir de la participación de las bases leales, la depuración de los arribistas, y la cancelación de las alianzas tácticas con las jerarquías eclesiásticas y empresariales. Bajo la narrativa de que las protestas eran parte de un «golpe de estado encubierto» de la derecha y Estados Unidos, el gobierno ignoró el clamor opositor de elecciones anticipadas. 

Con el tiempo el gobierno logró repelar esta y otras demandas de apertura democrática. Mientras el orteguismo reagrupaba su base, la coalición opositora del 2018 se desarticulaba. La crisis sanitaria del covid-19 reforzó ambas tendencias, pues el gobierno aprovechó para implementar nuevas leyes represivas, y el antiorteguismo desaprovechó una oportunidad para configurarse como alternativa responsable –y cohesionada– a las políticas negacionistas y erráticas de las autoridades. Ese es el contexto para el actual proceso pre-electoral que se está dando de cara al voto programado para el 7 de noviembre.

¿Quién se opone al FSLN?

Queda claro que el régimen de Ortega resistió el embate opositor gracias a su control de las instituciones y al uso de la fuerza. Pero su permanencia también se debió en parte a la naturaleza de la oposición y las decisiones que tomó su fragmentada dirigencia. Los antiorteguistas no han podido (por la feroz represión) ni sabido (por su propias limitaciones) crear un contrapeso a la dictadura. 

Primero porque la oposición que surgió a raíz de la crisis del 2018 fue una coalición negativa amplia pero poco cohesionada. Las manifestaciones, autoconvocadas al margen de liderazgos o organizaciones existentes, dieron cuenta de una gran pluralidad de sensibilidades ideológicas e intereses sectoriales. Aunque los universitarios de Managua detonaron la explosión social, en pocos días se sumaron jóvenes de todos los estratos, sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones campesinas. La Iglesia católica y los empresarios del sector privado también apoyaron el reclamo de apertura democrática, que juntó un sandinismo disidente, que vio a Ortega como traidor a la causa, con un antisandinismo que siempre concibió la Revolución de 1979 como una tragedia nacional. 

El desdén y el descrédito compartido por el régimen permitió que se suprimieran diferencias ideológicas y conflictos de interés, pero con el tiempo, las exigencias de la crisis social –sumada a la crisis sanitaria por la pandemia– atentaron contra la cohesión de esa coalición informal, multiclasista, y plurisectorial. En cualquier caso, una cosa es la protesta en la calle y otra muy diferente la competición en la arena electoral. Las dos principales organizaciones surgidas a raíz del estallido –Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)– no lograron convertir la energía callejera en moneda para negociar reformas clave, ni pudieron convertirse en vehículo electoral o fuerza política. 

Este fracaso también se explica en gran medida por la propia naturaleza de la oposición, cuya capacidad para convertirse en alternativa de gobierno siempre ha sido condicionada por los mismos procesos de desdemocratización que aferraron a Ortega al poder. El debilitamiento del sistema de partidos políticos creado a partir de la transición de los años 90 sigue jugando un papel central. Al ser absolutamente controlado por la familia gobernante, el Consejo Supremo Electoral le permite al orteguismo elegir quien puede participar en la competencia electoral y quien no. Esto, a su vez, le da poder de veto sobre los procesos de unidad en la oposición, pues el gobierno amenaza con cancelarle la personería jurídica a cualquier partido político que decide tensionar las reglas del juego. 

También el peso desproporcionado de la empresa privada en el entorno opositor es un factor importante de su inoperancia. Antes de 2018, eran los grandes empresarios los principales interlocutores con el FSLN y el resto de organizaciones políticas y de la sociedad civil. Posteriormente, a pesar de que este «modelo de diálogo y consenso» quedó caduco, la lógica no ha cambiado: la empresa continúa teniendo una relación privilegiada, siendo para todos los efectos la única fuerza que ha sido invitada a mesas de diálogo con el gobierno desde la crisis. En los últimos tres años, las fuerzas opositoras más cercanas a la sociedad civil y a los movimientos sociales han acusado al sector privado de estar más interesados en mantener esa posición preeminente que en formar parte de un único y robusto bloque opositor en favor de la democracia. Lo expuesto también da cuenta de la paradoja de que los grandes empresarios y los partidos políticos legales exigieran un cambió de régimen en 2018, a inicios del 2021 estuviesen dispuestos a aceptar condiciones electorales vergonzantes. 

Tampoco ha ayudado la falta de una oferta política lúcida por parte del universo antiorteguista. Yuxtaponiéndose con el autoritarismo de Ortega, casi todos los grupos de la fragmentada oposición enarbolan la promesa de un «retorno» a la democracia liberal, un reclamo con poco calado en un país que nunca ha tenido un sistema democrático duradero ni una cultura política cívica, y donde casi ninguno de los derechos que aparecen en la Constitución son efectivos. 

A pesar de ello, la oposición recurre con cierta nostalgia al intento de construcción de un sistema democrático-liberal que se dio en 1990 después de las elecciones que finiquitaron la Revolución Popular Sandinista. Cristiana Chamorro, quien se había perfilado como la candidata con mayores capacidades para unificar a la oposición –hasta que el gobierno le dictara prisión preventiva por supuesto «lavado de dinero» en la ONG que dirige– ha hecho uso efectivo de la memoria de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, vencedora de Daniel Ortega en aquella ocasión. El valor de este recurso es evidente: en 1990, la democracia electoral sirvió como herramienta para poner fin a una espantosa guerra civil apoyada desde el exterior. Pero es un arma de doble filo. Con la democracia representativa y expandidas libertades individuales se impulsaron duras políticas de austeridad y ajuste que borraron varios derechos económicos y sociales defendidos durante la década revolucionaria. Tampoco se atendieron los traumas rezagados del conflicto armado. 

Los resultados socioeconómicos de las tres administraciones posrevolucionarias (1990-2006) supusieron un crecimiento con desigualdad y estratificación, a la vez que introdujeron un imaginario de ostentación privada y consumismo opuesto al relato igualitarista y estatista de la década sandinista. Al obviar las condiciones socioeconómicas que acompañaron la transición de los años 90, la oposición ignora que esa misma institucionalidad liberal sirvió como caldo de cultivo para la oferta autoritaria del orteguismo. 

La propuesta debe ir más allá de la defensa de la democracia, pero también brilla por su ausencia un mensaje socioeconómico coherente por parte de la oposición con el que pueda sintonizar la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses que viven en la pobreza o que depende de instituciones estatales. Es indispensable, pero insuficiente, reclamar justicia por los crímenes perpetrados durante la represión, ya que las encuestas demuestran que el desempleo y la inseguridad son las preocupaciones centrales de los nicaragüenses. Ningún nicaragüense sabe cómo una alternativa democrática a Ortega gestionaría las ganancias del crecimiento económico de manera diferente, pues el mismo liderazgo empresarial que ahora forma parte de la oposición fue arquitecto y gestor de la política macroeconómica bajo el sistema autoritario de la última década. 

Mientras tanto, la propaganda orteguista insinúa que con el retorno de la «derecha» se cancelarían las políticas sociales focalizadas existentes que, a pesar de ser mejorables y clientelistas, representan una ayuda significativa para centenares de miles de nicaragüenses. Aquí, la memoria de la transición democrática coadyuva el discurso oficial: el recuerdo de las privatizaciones, los despidos de trabajadores públicos, la jibarización de la inversión pública durante las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, la retirada del Estado en zonas rurales y periféricas es aún traumática para muchos. 

En general, el gran problema de la oposición antiorteguista es que no ha sido capaz de apelar a una identidad común en función de un proyecto positivo. Al contrario, algunos sectores de la oposición han intentado movilizar a la población a partir de un anti-sandinismo instintivo y visceral, y a menudo torpe, ya que buena parte de la insurrección cívica del 2018 procedió de nicaragüenses con raíces o incluso historia de militancia en el sandinismo de los 80, e incluyó también orteguistas que abandonaron el régimen a raíz de su carácter represivo. En este sentido, es complicado armar un discurso mayoritario si se criminaliza (y no integra) la identidad «sandinista» que, de lejos, es la más extendida del país. Además, el discurso antisandinista furibundo reditúa a Ortega porque, al posicionarlo como referente único del sandinismo, favorece su consolidación dentro del partido, en vez de fraccionarlo. La polarización (alimentada por el revanchismo) favorece a Ortega y confirma su discurso. 

La oposición se ha mostrado, además, excesivamente dependiente de la comunidad internacional. Los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales pueden presionar a Ortega, dar oxígeno a la sociedad civil, y aminorar hasta cierto punto el clima de represión. Pero no pueden resolver los problemas de fondo ya descritos. Un creciente régimen de sanciones liderado por Estados Unidos y la Unión Europea ha sofocado algunas vías de financiamiento internacional del gobierno, pero no ha resultado en concesiones democráticas o efectos positivos para los ciudadanos. Y cuando la oposición ha celebrado las sanciones, el discurso orteguista ha podido alimentar su apelación a la soberanía nacional y al orgullo patrio.

Así, mientras el antiorteguismo se atomiza en múltiples rencillas, Ortega vuelve a componer su base política a partir de un relato «articulado» de lo sucedido en 2018, apelando a la tesis de un «golpe blando». Con ello la propaganda del FSLN proyecta una visión trágica y caótica de lo que sucedería fuera despojado del poder y enarbola un discurso anti-antisandinista, a la par que apela a una supuesta «reconciliación y paz social» y al nacionalismo antiimperialista. Así las cosas, según la última encuesta realizada por CID-Gallup, el FSLN mantiene un apoyo de 25% de los votantes, mientras que ninguna formación opositora llega ni a 5%. La mayoría de la población, desilusionada o enfocada en sobrevivir, no simpatiza con ningún partido político. 

Las elecciones de noviembre: ¿perpetuación en el poder? 

Con todo y la debilidad de la oposición, la dictadura de Ortega ha estado a la ofensiva. A inicios del 2021, el anti-orteguismo estaba dividido en dos bloques: la Alianza Ciudadana, cercana al llamado «gran capital» nicaragüense, y la Coalición Nacional, más cercana a la sociedad civil y compuesta por una extraña amalgama de partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones opositoras surgidas en 2018. Entre los dos habían al menos diez aspirantes a la presidencia. Mientras los grupos opositores se atacaban entre ellos, la Asamblea Nacional (bajo el control del FSLN) impulsó una serie de reformas, que además de suponer un mayor control del gobierno sobre las elecciones, criminalizan a la disidencia y sociedad civil bajo diversos delitos, entre ellos «traición a la patria» y «lavado de dinero». A medida de que se han ido acercando las elecciones, el nuevo marco legal ha sustentado una verdadera cacería de disidentes. Ahora los cuatro candidatos más visibles de la fragmentada oposición –Cristiana Chamorro, Juan Sebastian Chamorro, Arturo Cruz, y Felix Maradiaga– están detenidos, junto a otros dirigentes del empresariado y sociedad civil. Sumada a la reacción violenta contra las manifestaciones del 2018, se trata de la oleada represiva más grave en América Latina desde las transiciones a la democracia de hace tres décadas.

El contexto para la crisis nicaragüense no puede ser mejor para los intereses de Ortega, ya que coincide con una regresión autoritaria en la región, especialmente en Centroamérica. Muestra de ello es el deprecio del presidente nicaragüense a varios organismos internacionales –entre ellos la Organización de Estados Americanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas– que han exigido la liberación de los presos políticos. Las discrepancias internas dentro del sistema interamericano, evidenciada en la reacción a la crisis boliviana de hace un año, tampoco hace fácil un esfuerzo multilateral para encontrar una salida negociada. 

«Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua?», preguntó recientemente Sergio Ramírez. «Los hechos lo niegan» -se respondió-. El problema de las democracias imperfectas de Latinoamérica es que, aunque los votos se cuenten de manera transparente, los problemas socioeconómicos de fondo siguen sin resolverse. Por eso, en parte, las instituciones van perdiendo credibilidad. Pero en Nicaragua es peor, pues los votos no se cuentan y los electores no tienen la capacidad, como en otros países, de «corregir el rumbo». 

En Nicaragua no existe la posibilidad de competir por el poder a través de las urnas, pero eso no significa que sea irrelevante el proceso electoral de las elecciones de noviembre. Lo que está en juego es la legitimidad de las gobernanzas autoritarias y democráticas, así como el imaginario de las opciones políticas en liza. La perpetuación de Ortega va a suponer la impunidad por los «crímenes de lesa humanidad» identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la crisis de 2018 y la certeza de nuevas violaciones a los derechos humanos. Queda por ver si en su probable cuarto mandato consecutivo Ortega logrará transitar hacia un nuevo modelo de estabilidad autoritaria, reforzando un sistema político sin ningún tipo de rendición de cuentas. En otro orden de cosas, es imposible saber si a corto plazo se generarán renovadas condiciones para otro estallido social aunque, como nos demuestra la historia, las dictaduras dinásticas siempre terminan desembocando en un callejón sin salida. 

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