Domingo, 28 Febrero 2021 05:28

Bill Gates: el clima de los billonarios

Bill Gates: el clima de los billonarios

El 16 de febrero de 2021, Bill Gates, el tercer hombre más rico del planeta, lanzó su libro Cómo evitar un desastre climático. Gates no sabía nada de cambio climático hasta hace pocos años, aunque su "huella climática" personal y empresarial es enorme, miles de veces mayor que la de cada persona de la vasta mayoría de la población mundial. Nada propone para cambiar esa realidad. Su receta es aplicar una mezcla de tecnologías extremas de alto riesgo –energía nuclear, nuevos transgénicos y geoingeniería–, mercados de carbono y fondos de inversión, y que los gobiernos apoyen a las empresas para ello con incentivos económicos, normativas a su favor e infraestructura con dinero público.

El libro no agrega nada a sus propuestas ya conocidas. Es más bien un resumen organizado para gobiernos, empresas e investigadores, en formato “como salvar el planeta para dummies” (o tontos, usado en manuales para referirse a principiantes). En una reciente entrevista con el periodista Anderson Cooper, Gates dice que el primer libro que leyó sobre clima hace 10 años, fue Weather for dummies (El tiempo para principiantes) (https://tinyurl.com/47x45b9v). En el libro aclara que además de otras lecturas, expertos como los promotores de la geoingeniería David Keith y Ken Caldeira le han estado informando sobre el tema.

La lista de tecnologías propuestas por Gates da vértigo: no duda en manipular desde los átomos a los genomas y el clima. La combinación de su mentalidad de ingeniero que ve al mundo, la naturaleza, el clima y los pueblos como partes de una máquina donde todo se puede mover con tecnología e inteligencia artificial, contrasta con sus rampantes declaraciones de fe de que nada de eso tendrá ningún problema, al menos ninguno que no pueda afrontar con más tecnología. Propone, por ejemplo, desplegar masivamente reactores para energía nuclear –que asegura que ahora no tendrán problemas como los desastres de Chernóbil o Fukushima; nuevas megaplantaciones de agrocombustibles, que al ser con semillas transgénicas y microbios de biología sintética ahora no competirán con la producción de alimentos, al igual que más plantaciones de soya y maíz transgénico para fabricar carne sintética en laboratorio, tambien con microbios manipulados genéticamente. Promueve la geoingeniería tanto para remover carbono como la geoingeniería solar. Financia la tecnología de impulsores genéticos para extinguir especies que, pese a presentarla como combate a la malaria, tiene sobre todo aplicaciones en agricultura industrial y química.

Gates afirma que el mayor desafío "para la humanidad" es llegar a reducir las emisiones de dióxido de carbono a cero en 2050. Una meta demasiado distante para no sobrepasar un aumento de temperatura global de más 1.5 grados, según el Panel de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Tanto Gates, como muchas empresas trasnacionales contaminantes y el Foro Económico de Davos, han anunciado compromisos de alcanzar "cero emisiones netas" en unas décadas. Es una trampa: Gates aclara en el libro que se refiere a emisiones cero "netas", es decir que se puede seguir emitiendo gases, incluso aumentar las emisiones, porque se puede asociar compensaciones ( offset), para que la suma sea cero. Esas compensaciones se harían con mercados de carbono y tecnologías de geoingeniería para remover carbono de la atmósfera una vez emitido. Nada de eso ha funcionado para enfrentar el caos climático, ni va a funcionar. Gates lo sabe, por ello exhorta a apoyar también el desarrollo de la geoingeniería solar para bajar la temperatura, para evitar que parte de los rayos del sol lleguen a la Tierra, como un plan B, aunque reconoce que tiene grandes riesgos.

Una de las técnicas de geoingeniería que presenta el libro es la captura directa de aire, en particular la empresa Carbon Engineering, donde Gates es inversor junto a Chevron, Occidental Petroleum y la minera BHP Billiton. La técnica requiere tanta energía para capturar y filtrar carbono de la atmósfera, que aumenta las emisiones totales de CO₂ si se tiene en cuenta todo el ciclo. Salvo con megainstalaciones de energías no fósiles, que de todos modos requerirán materiales, tierra, agua y competirán con mejores usos de tales fuentes de energía. El fundador (e inversor) de Carbon Engineering es David Keith, quien también dirige desde la Universidad de Harvard el programa de geoingeniería solar, financiado por Gates y otros millonarios. En este momento en el ojo de la tormenta por el cuestionamiento a su proyecto ScoPEx para experimentar en territorios indígenas cómo bloquear la luz del sol (https://tinyurl.com/t3wr59r5).

Aunque Gates declara que él y la Fundación Gates han retirado sus inversiones en las industrias petroleras, un ilustrativo artículo de Tim Schwab muestra lo contrario (https://tinyurl.com/dkuapxbk). Además, las empresas en las que invierte, como Microsoft y Carbon Engineering, siguen haciendo negocios con ellas. Señala, que aunque Gates promueve sus propias empresas, no es porque necesite más dinero. El punto más importante que comunica no es sobre clima, sino el poder de los milmillonarios sobre los gobiernos, para avanzar en lo que quieran, y qué éstos le pavimenten el camino.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

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La ONU en alerta ante la pasividad de los países contra el cambio climático

Tan solo 75 países han comunicado una actualización de sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales.

 

La Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (UNFCCC, por sus siglas en inglés) ha reclamado a los países que redoblen sus esfuerzos y aumentar su compromiso nacional de contribución a la lucha contra el cambio climático en 2021 si quieren cumplir con los objetivos del Acuerdo del Clima de París.

La organización ha publicado este viernes el 'Informe de Síntesis de los Compromisos Nacionales de Reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés)' que muestra como los niveles actuales de ambición climática están "muy lejos" de situarse en el camino con el que se pueden alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, según ha asegurado la secretaria Ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa.

De hecho el informe concluye tras analizar los compromisos expresados hasta el 31 de diciembre de 2020, que de momento 75 países han comunicado una actualización de sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales de efecto invernadero.

"Las decisiones para acelerar y ampliar la acción climática en todo el mundo debe ser adoptada. Esto subraya por qué la COP26 debe ser el momento en el que avancemos en la senda hacia un mundo más verde, limpio, saludable y próspero", ha afirmado.

El informe publicado fue solicitado a propuesta de las partes del Acuerdo de París para medir el progreso de los planes climáticos de cada país de cara a la próxima cumbre del Clima (COP26) que se celebrará el próximo mes de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido).

El informe muestra como la mayoría de estas naciones han aumentado sus niveles individuales de ambición para reducir las emisiones pero su impacto combinado les sitúa en la senda de lograr una reducción un 1% superior en 2030 comparado con los niveles de 2010.

En un comunicado, la UNFCCC explica que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático por su parte, ha indicado que los rangos de reducción de emisiones para llegar al objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC debería ser incluso un 45% más bajos.

Espinosa ha aclarado que este informe de síntesis es una instantánea pero no da la fotografía completa dado que los retos que ha supuesto el COVID-19 ha supuesto un reto para numerosas naciones con respecto a como cumplir sus compromisos en 2020.

2021, una oportunidad "sin precedentes"

Para la secretaria ejecutiva, el año 2021 supone una oportunidad "sin precedentes" para hacer un progreso significativo en la lucha contra el cambio climático y urge a "todas las naciones" a construir un futuro tras el COVID-19 economías más sostenibles y más resistentes contra el cambio climático.

"Este es un extraño momento que no se puede perder", ha añadido Espinosa que señala que mientras se acomete la reconstrucción no se pude volver a la "vieja normalidad". "Los compromisos nacionales de contribución al cambio climático deben reflejar esta realidad, sobre todo los mayores emisores y en especial los países del G20 que deben liderar este camino", ha señalado.

El presidente entrante de la COP26, Alok Sharma, ha defendido que este informe debería servir para urgir una llamada a la acción. "Estoy pidiendo a todos los países, particularmente a los mayores emisores, que suscriban objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030", ha reclamado.

El Acuerdo de París está fallando

En la misma línea, la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan, considera que el informe de síntesis de la secretaría de Cambio climático de la ONU dice una cosa "clara" y es que en este momento el Acuerdo de París está fracasando.

"Nos dirigimos hacia una catástrofe climática. Los gobiernos deben trabajar juntos para dar prioridad a las personas y al planeta sobre los intereses de los combustibles fósiles", ha insistido.

Por ello, exige a los mayores emisores del mundo, Estados Unidos y China, que presenten el mes que viene unas NDC que den "motivos de esperanza".

A su juicio, las "promesas rotas" del Acuerdo de París cuentan la historia de un sistema multilateral "rehén de los intereses de los combustibles fósiles, obstaculizando la acción climática y arriesgando el futuro de todos nosotros".

madrid

26/02/2021 17:49

Europa Press

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Cuánto se pierde por los paraísos fiscales

Informe del Panel FACTI, creado hace un año por Naciones Unidas

Alrededor del 10 por ciento del PBI mundial está escondido en jurisdicciones con opacidad fiscal, unos 7 mil billones de dólares.

 

Alrededor del 10 por ciento del PBI mundial está escondido en jurisdicciones con opacidad fiscal. Se trata de una riqueza de 7 mil billones de dólares canalizada a través de paraísos fiscales. Solamente teniendo en cuenta el flujo de fondos derivado de la operatoria de las multinacionales con jurisdicciones cuyos sistemas impositivos son reducidos o nulos, el costo para los países en términos de pérdida de recursos fiscales asciende a unos 500 a 600 mil millones de dólares por año. Se calcula que un 2,7 por ciento del PBI global es lavado de dinero que proviene del crimen.

Los datos del párrafo anterior constituyen la principal señal de alarma que plantea el informe del Panel FACTI (Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera), creado hace un año en el marco de Naciones Unidas. “El panel propone un acuerdo global en el cual todos los países acepten adoptar medidas para fortalecer la integridad financiera para el desarrollo sostenible”, dice el trabajo, presentado este jueves mediante videoconferencia.

Entre las recomendaciones del informe, sobresale la propuesta de aplicar una tasa mínima global para las empresas de entre el 20 y el 30 por ciento sobre las ganancias, "lo cual ayudaría a limitar los incentivos a la operatoria de las empresas con los paraísos fiscales y a la competencia entre países para bajar impuestos".

"Está demostrado que la competencia fiscal y la reducción de los tipos del impuesto de sociedades no traen inversión como tal. Sólo trae flujos financieros, sin más actividad y empleo en el país que ha reducido los impuestos. Pero sí provoca una reducción de los ingresos fiscales para todos los países", indicó José Antonio Ocampo, Profesor de la Universidad de Columbia y uno de los autores del informe.

¿Cómo se mide?

Los flujos ilícitos de dinero o los artilugios financieros para evadir impuestos están confeccionados para escapar a los organismos de control, por lo cual son naturalmente muy difíciles de medir. El informe del FACTI explica que una de las formas utilizadas para realizar estimaciones es medir los desvíos entre la información de comercio exterior: si Argentina en teoría exportó por 100 millones a Estados Unidos, el país del norte debiera haber importado por la misma cuantía desde el territorio nacional. Sin embargo, esto no es así.

El informe detalla que, por ejemplo, los estudios sobre el intercambio comercial de Japón arrojan discrepancias de 31 mil millones de dólares todos los años, mientras que entre 2006 y 2015 se calcula que el margen de error es de 44 mil millones de dólares en Costa Rica.

Otro capítulo está vinculado al esquema de desviación de ganancias de parte de multinacionales en favor de los países con alta opacidad fiscal. “La pérdida de recursos fiscales derivada de esta práctica se calcula a partir de las desviaciones entre las ganancias de las empresas y la actividad económica real”, indica el documento.

¿Cuánto es?

En el caso de Canadá, esa pérdida de la recaudación se calcula en 5,7 mil millones de dólares por año, mientras que para Tailandia, es de 1,1 mil millones de dólares. El Estado alemán pierde 35 mil millones de dólares por año en elusión fiscal y en Sudáfrica la pérdida anual de recursos a partir de la planificación fiscal nociva por parte de los multinacionales es de 3 mil millones.

En el caso de Brasil, la pérdida de recaudación se calcula en 15 mil millones de dólares al año, lo cual serviría para construir hogares para 8 millones de familias de bajos ingresos. Si bien el informe no presenta estimaciones para el caso argentino, se puede calcular lo siguiente: si el grado de perjuicio para las finanzas públicas es proporcional al caso brasileño, en 2019 los recursos en juego hubieran más que alcanzado para financiar el déficit fiscal primario de 95 mil millones de pesos.

¿Quiénes son?

"La mayor responsabilidad radica en los centros financieros tradicionales de los países desarrollados, donde se encuentran los mercados más grandes y los servicios profesionales de las empresas", indica el informe, aunque aclara que "todas las jurisdicciones, incluyendo aquellas que tratan de construir nuevos centros financieros, deben asumir la responsabilidad de lo que sucede en su territorio". 

"Banqueros, abogados y contadores son actores importantes en la organización de los negocios y al igual que los asesores, facilitadores, negociadores y mediadores, están en su derecho de cuidar por los intereses de los clientes. Sin embargo, esto no los excluye de actuar de forma ética y en línea con los valores y las normas globales", agrega

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Martes, 26 Enero 2021 05:59

Pandemia y deuda, los ejes de Davos

António Guterrez, de la ONU, reclamó disponibilidad de vacunas para todos los países.  Imagen: EFE

Empezó el foro económico del establishment global

Las consecuencias de la covid-19 marcarán otra vez el año económico. Xi Jinping advirtió a Biden y la ONU pidió alivio por las deudas.

 

El encuentro anual del Foro de Davos, que congrega a la crema del establishment global, comenzó este lunes, con una agenda dominada por la pandemia y su impacto en la economía, el cambio climático y el comienzo de la presidencia demócrata de Joe Biden en los Estados Unidos. Por primera vez, tiene un carácter virtual y entre las presencias de la primera jornada se destacaron el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. También estuvieron Pedro Sánchez, primer ministro de España; Antonio Fauci, asesor de Salud de Joe Biden, y entre las figuras empresariales, Pascal Soriot, CEO del laboratorio AstraZeneca; James Quincey, CEO de Coca-Cola y Herbert Diess, CEO de Volkswagen. El plato fuerte del día fue la declaración del presidente de China, Xi Jinping, quien solapadamente advirtió a Biden acerca de una nueva guerra fría.

En el foro también se presentó un documento sobre la economía global en donde se plantea que los riesgos de los próximos dos años están vinculados al empleo y vivienda, desilusión entre los jóvenes, inequidad digital, estancamiento económico, daño al medio ambiente, erosión de la cohesión social y ataques terroristas. Pero además, el informe presenta un cuadro en donde la Argentina aparece como una de las economías más golpeadas por la pandemia, solo superada por España y Perú. En paralelo, el país aparece con una de las mayores tasas de muerte por coronavirus cada 100 mil habitantes, algo peor que México,

En su presentación ante el Foro de Davos, el presidente de China, Xi Jinping, alertó sobre el comienzo de una nueva “guerra fría”, un dardo dirigido al flamante presidente norteamericano, Joe Biden. “La confrontación siempre va a terminar hiriendo a los intereses de todas las naciones y sacrificando el bienestar del pueblo”, advirtió. También reafirmó el compromiso de China de reducir en un 65 por ciento las emisiones de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono (emisiones netas igual a cero) para 2060. La economía de China creció 2,3 por ciento el año pasado, su peor marca desde 1976. Aun así, se trata de la única economía grande del mundo con crecimiento positivo en 2020. Se espera para 2021 una recuperación del 7,9 por ciento.

El crecimiento de China volverá a estar muy por encima del promedio del avance mundial, que será de 4,7 por ciento, según detalló en Davos Antonio Guterres, secretario general de la ONU. El funcionario advirtió que la recuperación económica va a depender de la “disponibilidad y eficacia de las vacunas para todos, del apoyo fiscal y monetario inmediato en los países desarrollados y en vías de desarrollo y de medidas transformadoras de estímulo a más largo plazo".

"Muchos de los países con ingresos medios y los menos desarrollados necesitan liquidez para evitar impagos de la deuda. Se necesita el alivio de deuda de todos los países que lo necesiten para que nadie se vea forzado a elegir entre ofrecer los servicios básicos a su población o cumplir con sus deudas", señaló Guterres. La declaración apunta a la situación de los países más pobres pero sirve para reforzar la posición de Argentina, que se encuentra en plena negociación con el FMI para llegar a un acuerdo de renegociación. "Nuestro principal objetivo para 2021 es construir una coalición global para lograr un saldo nulo en

Por otro lado, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anticipó que el crecimiento económico esperado de la Eurozona en el primer trimestre de 2021 es de apenas 0,6 por ciento, la mitad de la predicción que se había hecho en diciembre pasado. "Todavía se trata de cruzar el puente hacia la recuperación. El tren está demorado, pero no descarrilado", dijo Lagarde.

Para la jornada de este martes, se espera la presencia (virtual) de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, su par de Francia, Emmanuel Macron, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El jueves está prevista la participación del presidente argentino, Alberto Fernández.

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Biden dice que suspenderá la construcción del muro, pero no demuele los mil 488 km construidos por sus antecesores. En imagen de ayer, la obra continúa.Foto Afp

 

Si en algún rubro tan estratégicamente delicado pulula la tóxica desinformación es en la construcción de mil 488 km del muro de EU en la frontera con México: iniciada por el demócrata Bill Clinton en 1994.

Los denomino los "cuatro muros" al sumar la parte que corresponde a los otros tres ex presidentes –al republicano Baby Bush, al demócrata Obama y al republicano Trump–, quienes ostentan profundos significados geo-demográficos desde hace 27 (sic) años.

Es más atroz la complicidad de cuatro presidentes neoliberales "mexicanos": dos del PRI, Zedillo y Peña, y dos del PAN, Fox y Calderón.

Los foráneos orígenes biográficos de Fox y Zedillo son tan oscuros que no los deseo exponer ahora.

La transfrontera aproximada de 3 mil 200 km consta de mil 126 km terrestres y 2 mil 92 km del "Río Grande" (la mayor parte).

Aquí señalo un error del excelente diagrama alusivo (https://bit.ly/2Y56sud): en EU su "Río Grande" (Great River) en México es "Río Bravo". Esto no es ocioso, ya que las conquistas comienzan con el uso lingüístico.

Desde hace 27 años, Clinton tenía ya la proyección del crecimiento demográfico de los mexicanos, que no "latinos", cuando inició sus 100 km que avaló en forma sincrónica el "apátrida" (en el doble sentido castizo y "romano") neoliberal Zedillo, quien llegó al poder por el asesinato de Colosio.

Clinton fue impuesto por la banca de Wall Street para impulsar el neoliberalismo global (https://bit.ly/3peRH3E) y estuvo a punto de desencadenar la "Tercera Guerra Mundial" con Rusia en Kosovo.

La construcción acumulada de los "cuatro muros" –sin contar el proyectado "quinto muro" de la dupla Videgaray/Jared Kushner en Tapachula (Chiapas), frontera con Guatemala (https://bit.ly/3qOuiqu)– se aceleró con Baby Bush, que edificó 781 km que reflejaban la dinámica demográfica de los mexicanos en EU y sus "guerras permanentes" contra el terrorismo yihadista mediante el "Acta Patriótica" de la "Seguridad del Hogar" a raíz del montaje hollywoodense del 11/9.

Amén del desastre del Plan Puebla-Panamá del locuaz Fox, su infatuado cuan logorreico canciller Castañeda Gutman (https://bit.ly/3sTDV8O), quien sirvió a intereses anti-mexicanos (https://bit.ly/3peKrVw), causó un grave daño migratorio a México con su delirante "enchilada completa".

Tampoco los coetáneos de Baby Bush, los neoliberales panistas Fox –otro "apátrida" (en el doble sentido castizo y "romano")– ni Calderón, impuesto por un fraude electoral, osaron chistar ante la erección del muro de Baby Bush de 781 km: ¡52.5 por ciento del total acumulado con los otros tres muros!

Es curioso que de los tres neoliberales "mexicanos", dos llegaron a la Presidencia en circunstancias aberrantes –uno, gracias a un asesinato, y otro, con el magnicidio de la "democracia electoral"– y el tercero, Fox, cuyo padre no fue "mexicano", por lo que se cambió el artículo 82 de la Constitución.

Obama, que hoy gobierna su "tercer (sic) mandato" tras bambalinas, construyó 222 km para que el muro alcanzara mil 102 km, mientras libraba sus guerras en Medio Oriente –¡que le valieron su vacuo Premio Nobel de la Paz!–, mientras impulsaba el contrabando masivo de armas mediante el operativo Rápido y furioso que permitió la complicidad de Calderón.

Trump construyó 386 km –¡la mitad de lo hecho por Baby Bush!–, con lo cual el muro alcanzó un total de mil 488 km.

Los 386 km del "muro Trump" fueron construidos en Texas, hoy notable feudo republicano que busca su secesión (https://bit.ly/3aJFhwz), por lo que lo bauticé como el "muro de la secesión", al comportar características geodemográficas diferentes con los otros tres muros.

No pasó desapercibido que en su plena debacle –derrota de dos senadurías republicanas en Georgia, toma del Capitolio e inicio de su insólito “segundo impeachment”– Trump se haya dado el lujo en forma desparpajada de ir a visitar el "muro de la secesión" (https://bit.ly/3c5rgtD).

Joe Biden anunció que "detendrá" la construcción del muro, pero no demuele los mil 488 km, prácticamente la mitad de la frontera total, construidos por sus cuatro antecesores. Es solamente una "pausa" (https://wapo.st/3qPrVTY). A ver qué sigue.

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Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra, en una imagen de 2019.Chris Ratcliffe / Bloomberg

Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra, alerta de la posibilidad de una crisis financiera en la eurozona

 

Barón King de Lothbury, nada menos, y “el economista más brillante de nuestra generación”, según dejó por escrito uno de los grandes, el historiador Tony Judt. El currículo de Mervyn King (Chesham Bois, al noroeste de Londres, 73 años) no cabría en una sábana de matrimonio, pero en estas páginas aparece por dos libros imprescindibles (El fin de la alquimia, Deusto, e Incertidumbre radical, aún por traducir) y por ese peculiar descaro al hablar de los temas más delicados que da el haber sido uno de los banqueros centrales más poderosos durante esos tiempos turbulentos que llamamos Gran Recesión. King fue gobernador de La Vieja Dama: el Banco de Inglaterra, el segundo banco central más antiguo del mundo, fundado en 1694 con la finalidad de recaudar dinero para refundar la armada inglesa después de que Francia la destruyera. Capaz de sacudir por igual a los dirigentes británicos (“incompetentes” en el Brexit) y a los europeos (predijo la ruptura del euro en 2016), y capaz de zumbarle por igual al sistema (“estancamiento es sinónimo de capitalismo”) y a los banqueros (“codiciosos y arrogantes, se creyeron aquello de que hacían el trabajo de Dios”), King conversa con EL PAÍS para vaticinar “una crisis de endeudamiento”. Y pronto. Su gestión a partir de 2008 fue muy discutible, pero después entendió el problema mejor que otros y adoptó políticas monetarias ultraexpansivas, a pesar de que ahora es crítico con los banqueros centrales. En especial con el BCE: “Se ha adentrado en territorio político”.

Covidnomía. “La covid es un ejemplo clásico de incertidumbre radical: una pandemia global era un acontecimiento altamente probable, como lo es un accidente climático, pero aun así puso el mundo patas arriba. Lo imposible era saber que un coronavirus procedente de China iba a expandirse por el mundo y asignarle una probabilidad a ese suceso: los modelos matemáticos son estupendos, pero antes de enfrascarse en esa absurda tarea de intentar medirlo todo hay que hacer un esfuerzo por conocer la naturaleza de fenómenos como la covid. Veo a un montón de economistas creyendo que van a aplicar sus modelitos a cualquier cosa, y eso es no haber entendido nada”.

¿Aprendemos algo? “La Gran Depresión fue una sacudida para la ciencia económica. La Gran Recesión fue decepcionante en términos de pensamiento económico: la crisis fue un fracaso del sistema y de las ideas que lo sostenían, y aun así perdimos la oportunidad de repensarlo. Con las normas que regulan la aviación, los accidentes aéreos se han vuelto menos habituales; las crisis financieras, en cambio, son cada vez más frecuentes. Pero con la covid quizá pase una cosa buena: que los recursos pasen de sectores y empresas inviables a sectores y empresas con futuro”. King parafrasea a Schumpeter y su destrucción creativa.

Fragilidad. “La economía moderna pone el acento en la eficiencia. El sistema financiero es un buen ejemplo: antes de la crisis la banca era muy eficiente y ganaba montones de dinero, pero luego vimos lo frágil que era, y se hizo un esfuerzo (con un éxito solo parcial) por aumentar su resiliencia”. “Yo no luché en ninguna guerra. No pagué por mi educación. En nuestros países tenemos Seguridad Social, prestaciones, sanidad pública. Pero el coronavirus ha puesto de manifiesto lo frágiles que son nuestras sociedades, incluso las más avanzadas: los políticos deben centrarse en eso, en aumentar la resiliencia del sistema”.

Crisis: próxima parada. “En 2020 los países desarrollados caímos un 10% y este año creceremos en torno al 5%: las cifras exactas dan completamente igual, lo de verdad importante no es pronosticar el PIB, sino ampliar el foco. Y lo que se avecina es una crisis de endeudamiento, que llegará pronto. La deuda global está por encima de los niveles de 2007, y empresas y Estados la han aumentado aún más con la pandemia. Cuando se retiren las muletas del Estado habrá quiebras de empresas, y muy probablemente crisis de deuda soberana en los países emergentes. El hecho de que todo eso vaya a suceder de forma más o menos sincronizada es un problema serio, con potencial para provocar una crisis financiera, particularmente en la zona euro. Es imposible saber cuándo y dónde va a suceder exactamente eso, por la incertidumbre radical, pero el sistema chirría por el lado de la deuda”.

Políticas monetarias. “Es el momento de decir alto y claro que hay límites que los bancos centrales no pueden traspasar porque no tienen mandato y porque nadie vota a los banqueros centrales. En 2020, con la irrupción de la covid, los Gobiernos hibernaron la economía: la narrativa económica en vigor nos dice que la combinación de estímulos fiscales y políticas monetarias ultraexpansivas ha sido un éxito, pero yo no termino de ver el beneficio del activismo de los bancos centrales. Llevo días discutiendo con mi mujer si es el momento de ir a cenar a nuestro restaurante favorito en Londres: el tenor de esa discusión no va a cambiar porque nos sigan bajando los tipos de interés. Lo que hace falta es que los Gobiernos apoyen a empresas y trabajadores: no son los bancos centrales quienes tienen que hacer eso, y no tienen mandato para hacerlo”.

El euro. “El peligro es que los bancos centrales están empezando a hacer cosas para las que no tienen mandato y pongan en peligro su independencia. El caso extremo es el BCE, que se ha convertido en un animal político: lleva años relocalizando recursos de una parte de la eurozona a otra sin mandato para ello. El euro se creó pretendiendo que una unión monetaria es viable sin unión fiscal. Eso provoca constantes tensiones, como ya vimos en 2010 en el Sur: en ausencia de transferencias fiscales del Norte al Sur es muy difícil mantener unida la zona euro. Con la covid, Europa no ha optado esta vez por la austeridad sino por los fondos europeos: por las transferencias fiscales. Pero de momento es algo temporal, para una sola vez, y en cambio ese es un reto permanente para la eurozona”. “El ministro alemán Wolfgang Schäuble vino una vez a mi despacho en Threadneedle para pedirme consejo sobre cómo solucionar los problemas del euro. Y yo no tengo la solución, pero sí le di tres opciones: desempleo permanente en el Sur, más inflación en el Norte o unión fiscal. ‘No me gusta ninguna de las tres’, dijo. Y ese es el problema, porque lo único seguro es que llegará otra crisis y entonces será tarde para arreglar el avión en pleno vuelo. Argumentar como hizo Schäuble en su día que el superávit alemán es útil para el conjunto del euro porque genera déficits en otros países es no haber entendido las consecuencias de una unión monetaria”.

Lagarde en territorio político. “El riesgo ante la incapacidad de los políticos de dar el paso adelante que requiere la zona euro es que el BCE reciba presiones para hacer transferencias fiscales por la puerta de atrás. Esa no es una forma transparente ni honesta para lidiar con el problema. Fráncfort está cada vez más cerca de esa ventana, que implica aceptar interferencias políticas. Tanta responsabilidad sobre los hombros del BCE no es buena: Christine Lagarde se adentra más y más en territorio político. Con la pasada crisis descubrimos que hay un límite al dolor económico que puede imponerse en la búsqueda de una Europa federal sin una respuesta política. Y en la próxima crisis pueden resurgir las divisiones en esa batalla entre la voluntad política y la realidad económica”.

España.Cuando España ingresó en el euro pudo crecer con gran rapidez, pero perdió competitividad a raudales: los salarios subieron a lomos de una burbuja y la competitividad desapareció por el camino. España ha sido un ejemplo de lo difícil que es recuperar competitividad incluso haciendo reformas: no consigue rebajar el paro por debajo del 15%. Los tipos de cambio existen por alguna razón: España se unió al euro y perdió esa posibilidad de ajuste, como le ocurrió a mi país hace 100 años con el patrón oro. España ha hecho los deberes, ha hecho duras reformas, pero el desempleo sigue muy arriba. Los españoles tienen que aceptar que el alto desempleo tal vez sea el precio por estar en el euro. España salía de una dictadura y Europa fue un salto hacia la democracia; entiendo que los españoles estuvieran dispuestos a hacer en su día ese sacrificio. Los británicos nunca lo estuvimos. Pero el precio es muy alto. El resto del Sur tiene problemas parecidos. Si a los italianos les hubieran dicho hace 20 años que si entraban en el euro no iban a crecer nada de nada, ¿se hubieran unido al euro? Lo dudo”.

Brexit. King criticó con dureza “la aproximación incompetente de los políticos británicos” durante la negociación del Brexit. “Teniendo en cuenta cómo estábamos hace un par de años, este me parece un buen acuerdo para las dos partes”. “El debate sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE nunca fue económico: era político. La Unión nunca se avino a considerar que podía haber dos tipos de miembros en la UE: quienes quieren estar en el euro, en una unión política, y quienes no. Los británicos no entendimos lo fuerte que era ese compromiso. El Brexit era casi inevitable tras la creación de la Unión Económica y Monetaria: no queremos pagar por mantener unido el euro, preferimos nuestro parlamentarismo a la Eurocámara, no queremos estar sujetos a la Corte europea de justicia. Las consecuencias políticas del Brexit son formidables, pero creo que dentro de un tiempo veremos que las económicas no son para tanto. Lo que no sabemos aún es si el mecanismo creado para potenciales disputas comerciales y sobre regulación va a funcionar. Eso va a ser interesante”.

Estancamiento secular. “Tenemos un problema global de demanda: lo que Larry Summers llama estancamiento secular. Creo que nos falta explicar por qué: si la economía funcionara razonablemente bien, el equilibrio económico global se regeneraría en una recesión porque los recursos pasarían de empresas en decadencia a empresas con futuro, de sectores inviables a sectores viables. Eso no ocurre porque tenemos problemas con los precios: con los tipos de cambio, por ejemplo. China es un ejemplo de libro. El euro también: Alemania y el Norte tienen una moneda significativamente infravalorada; el resultado es que Alemania sigue invirtiendo en su sector exportador, pese a que los retornos son muy bajos, en lugar de invertir en casa, donde podría rentabilizar su demanda interna. Es posible que la crisis que se avecina, paradójicamente, nos venga bien si conseguimos que haya mecanismos de reestructuración bien articulados. Pero para ello deberíamos ser capaces de acertar con las narrativas: Trump ha convencido a los estadounidenses de que los EE UU han sido los perdedores de la Guerra Fría y de la globalización; los alemanes están convencidos de que son los paganinis de Europa. Tremendo error”. “El síntoma más evidente del gran desequilibrio que tiene la economía mundial son los bajísimos tipos de interés. La otra cifra preocupante es el nivel de deuda. Tarde o temprano veremos quiebras de empresas, reestructuraciones de deuda privada, y crisis de deuda soberana en los emergentes. También necesitamos una reforma de la gobernanza monetaria global, que corre el peligro de fragmentarse. Ojalá seamos suficientemente audaces”.

Por Claudi Pérez

Madrid - 16 ene 2021 - 23:30 UTC

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2020: el año más difícil para los movimientos anticapitalistas

Fue un año en el que se acumularon dificultades: desde el crecimiento de la militarización y los diversos controles estatales (materiales y digitales) hasta la imposición de confinamientos que impidieron la movilidad y acentuaron el aislamiento y el individualismo. Un cóctel opresivo y represivo como no se veíamos desde hacía mucho tiempo.

Las limitaciones impuestas a la población en general, y a la movilización en particular, sumadas al abandono de los Estados, llevaron a los movimientos a replegarse, primero, para estar en condiciones de volver a relanzar la protesta y la movilización más adelante.

El momento del repliegue fue importante para salvaguardar la salud colectiva y comunitaria, evitar contagios masivos en los territorios de los pueblos y fortalecer las autoridades propias. Las guardias de autodefensa comunitaria jugaron un papel decisivo, ya sea en áreas rurales como urbanas, destacando entre éstas los controles realizados en ciudades como Cherán y en espacios como la Comunidad Acapatzingo en Iztapalapa, en Ciudad de México.

En vastas regiones rurales el EZLN, el Consejo Regional Indígena del Cauca, los gobiernos autónomos de pueblos amazónicos, comunidades mapuche, palenques y quilombos, además de comunidades campesinas, decidieron impedir o restringir el ingreso de personas que provenían de las ciudades, como forma de regular la pandemia.

Si no lo hubieran hecho así, sobreponiéndose a la violencia estatal y paraestatal, especialmente mortífera en regiones de Chiapas y del Cauca colombiano, hubieran sufrido una severa desestabilización interna. Esa fue la condición para acotar daños y el paso previo a retomar la iniciativa hacia afuera.

Hacia mediados de año, los pueblos comenzaron un nuevo activismo que en varios casos los llevó a romper el cerco militar y mediático..

En el mes de julio la huelga de hambre de veintisiete presos mapuche sacudió a las comunidades del sur de Chile que comenzaron una oleada de movilizaciones en apoyo a los detenidos en las cárceles de Temuco, Lebu y Angol. Los huelguistas demandaban el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT que les permite cumplir la condena en sus comunidades, que se revise la prisión preventiva y para denunciar las condiciones inhumanas en las cárceles.

A pesar de las dificultades generadas por la militarización y la pandemia, se registraron manifestaciones y concentraciones en el norte, centro y sur de Chile. Las huelgas de hambre denunciaron, además, la represión que están sufriendo los mapuche en todo el país, como la persecución contra las vendedoras de hortalizas y de cochayuyo, un alga marina altamente nutritiva.

En los primeros días de agosto se produjeron masivos bloqueos de carreteras en Bolivia en al menos 70 puntos, por grupos de campesinos e indígenas contra la postergación de las elecciones pordel gobierno golpista de Jeannine Añez. Los bloqueos fueron levantados cuando el gobierno aceptó celebrar elecciones el 18 de octubre, que ganó ampliamente el MAS con más del 55% de los votos, superando con holgura el cuestionado resultado de un año atrás.

El 30 de setiembre comenzaron manifestaciones en Costa Rica contra un acuerdo con el FMI que implica aumento de impuestos y una mayor austeridad en el gasto público. Ante la oleada de protestas, el 4 de octubre el gobierno anunció la suspensión de la negociación para abrir un ámbito de diálogo y rever la postura.

El 5 de octubre el EZLN emitió el primer comunicado desde que cerró los caracoles por la pandemia, el 16 marzo de 2020. Informan que en ese lapso fallecieron 12 personas por coronavirus y asumieron la responsabilidad, a diferencia de lo que hacen los gobiernos, y que decidieron “enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual”. Apuestan a la movilización global contra el capital e informan que en abril de 2020 comenzarán una primera gira por Europa, que luego extenderán a otros continentes, con una amplia delegación integrada mayoritariamente por mujeres, porque “es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación”.

A fines de octubre de 2020 en Colombia se realizó la Minga Indígena, Negra y Campesina, que arrancó en el suroccidente, en el Cauca y continuó en Cali, recorrió varias ciudades y pueblos para llegar ocho días después a Bogotá. En todo su recorrido, la minga (trabajo comunitario o tequio) dialogó con poblaciones que comparten sus mismos dolores, en un país que se desangra por la violencia narco-militar-paramilitar, con cientos de líderes sociales asesinados.

La Minga hacia Bogotá, en la que participaron ocho mil personas fue escoltada por la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona y la Guardia Campesina, con especial protagonismo de las mujeres y los jóvenes. Fue recibida y acompañada por miles de personas que vienen luchando contra la represión de cuerpos militarizados, contra los que se levantaron en las jornadas memorables del 9 al 11 de setiembre, en las que ardieron o fueron vandalizadas decenas de dependencias policiales.

El 18 de octubre, a un año del inicio de la revuelta social de 2019, miles de chilenos volvieron a salir a las calles de Chile en conmemoración de aquella protesta. Ese día hubo 580 detenidos y un fallecido tras la represión de Carabineros.

El 25 de octubre el pueblo chileno desbordó las urnas en el referendo para redactar una nueva Constitución que sustituya a la heredada por la dictadura militar de Pinochet. El 80% de los votantes aprobó el inicio de un proceso constituyente, cuando se esperaba un resultado de un 60% a favor de la iniciativa. La movilización popular por el referendo la continuación de la revuelta iniciada en octubre de 2019 que le cambió la cara al país, deslegitimando la política oficialista neoliberal y represiva.

En Perú se produjo una notable movilización popular a raíz de la destitución ilegítima del presidente Martín Vizcarra, instalando en su lugar un gobierno corrupto considerado golpista por la población, ya que la mayoría absoluta de los parlamentarios tienen acusaciones de corrupción. En una semana de gigantescas manifestaciones, el golpista Manuel Merino debió abandonar la presidencia abriendo una coyuntura inédita en el país.

El 21 de noviembre en Ciudad de Guatemala miles se concentraron para protestar contra el proyecto de ley de presupuesto que había sido aprobado en el Congreso y que reducía los fondos destinados a la educación, el combate a la desnutrición, defensa de derechos humanos y la respuesta a la pandemia. Los manifestantes ingresaron a la sede del legislativo e incendiaron parte de las instalaciones.

Habría mucho más para relatar. Por todo lo anterior, parece evidente que los pueblos en movimiento, los movimientos sociales y anticapitalistas están lejos de haber sido derrotados por la mayor ofensiva lanzada por el sistema en décadas.

14 diciembre 2020 

Publicado enSociedad
Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

“Sabemos lo que significa para Colombia poder hacer justicia y cerrar medio siglo de guerra”, afirma el magistrado que preside el tribunal de paz

 

Eduardo Cifuentes (Popayán, 1954) fue elegido el mes pasado para relevar a Patricia Linares como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Desde entonces, ha vuelto a estar muy presente en el debate público. Experimentado jurista, su dilatado currículo incluye haber sido parte de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991 y defensor del pueblo a principios de este siglo.

El magistrado defiende en esta entrevista con EL PAÍS la naturaleza inderogable del alto tribunal –parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del acuerdo de paz con la guerrilla–, a pesar de los ataques del exmandatario Álvaro Uribe, mentor político del presidente Iván Duque. “Ningún colombiano quiere propiciar una involución y un regreso a un pasado de atrocidades”, valora.

Pregunta. ¿Cómo define el momento que atraviesa la justicia transicional?

Respuesta. Colombia está atravesando un momento crítico. Por un lado estamos avanzando en un modelo de justicia transicional, observado por toda la comunidad internacional y por las más de nueve millones de víctimas. Es un modelo novedoso sobre el cual hay muchas expectativas. De otro lado, somos objeto de una embestida política por parte de sectores que le temen a la verdad en Colombia. A pesar de eso, por primera vez está en marcha la judicialización de los máximos responsables por delitos de secuestro, ejecuciones extrajudiciales y los casos mas graves de violaciones de derechos humanos. Con base en las investigaciones iniciadas hace dos años y medio, en siete grandes macro casos que aparejan también macro victimizaciones, se van a comenzar a expedir autos de determinaciones de hechos y conductas, lo que significa que los responsables tendrán que admitir verdad y asumir responsabilidad o someterse a un procedimiento en el cual se les pueden imponer penas hasta de 20 años.

Pregunta¿Es inminente la apertura de nuevos casos?

Respuesta Durante más de medio siglo de guerra se cometieron delitos atroces, graves violaciones de derechos humanos que han dejado una huella indeleble y más de nueve millones de víctimas. Además de los siete macro procesos, esperamos muy pronto poder también avanzar en la investigación de delitos tan dolorosos como el desplazamiento y la violencia sexual. Esa decisión depende de la Sala de Reconocimiento y no puedo anticiparme, pero tenga la certeza que la JEP llegó para hacer justicia, investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes mas atroces. No habrá impunidad.

Pregunta. ¿Cuándo pueden producirse las primeras sanciones?

Respuesta. Entendemos que hay una gran presión social y unas expectativas para que pronto se tengan las primeras sentencias. Trabajamos día y noche sin descanso porque sabemos lo que significa para Colombia poder hacer justicia, conocer esa verdad sanadora y cerrar medio siglo de guerra. Entenderá que no se trata de procesos ordinarios. Son delitos complejos, cometidos a lo largo de años por estructuras y sistemas de criminalidad donde participaron miles de personas. Estamos en el proceso de verificar los registros judiciales, practicar pruebas y acopiar y analizar todo lo que se conoce con el fin de contrastarlo con las declaraciones de los excombatientes y las víctimas. Al final del proceso Colombia tendrá la certeza de que se hará justicia.

Pregunta. Usted afirmó en su posesión que la JEP es inderogable, que es justamente lo que se ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué es imposible derogarla?

Respuesta. El acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con la creación de la JEP, tiene un sustento constitucional de la mayor envergadura, hasta el punto de que se trata de una institucionalidad sin la cual decae una vértebra o un principio esencial de la Constitución colombiana, como es el derecho y el deber de la paz y la asunción de buena fe de los compromisos nacionales a internacionales que contrae el Estado colombiano. Hay elementos de la Constitución que son irreformables. Ni siquiera a través de un procedimiento de reforma constitucional como un referendo podrían ser eliminados. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta institucionalidad es precisamente aquella a través de la cual el Estado colombiano cumple con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos internacionales, y por consiguiente se trata de una función judicial que no puede eliminar o soslayar. En síntesis, el acuerdo de paz está íntimamente ligado a elementos esenciales de nuestra constitución política y también a normas de derecho internacional que se imponen al Estado colombiano.

Pregunta, La implementación contempla tres Gobiernos sucesivos a partir de la firma de los acuerdos

Respuesta. Trasciende a los gobernantes de turno, como jefes de Estado tienen que cumplir todos los deberes derivados del acuerdo de paz y no solamente aquel de respetar el componente de justicia. El proceso de paz sí puede ser frágil, independientemente de que la JEP no pueda ser eliminada. El proceso de paz resulta afectado con el asesinato de líderes de derechos humanos, de desmovilizados de las FARC, con la ausencia del Estado en las que han sido zonas de conflicto. Se debe garantizar no solo el ejercicio legítimo de la fuerza, también un Estado social que haga presencia masiva y no deje simplemente unos vacíos territoriales en los que prolifera la violencia incontrolada, el narcotráfico y la minería ilegal.

Pregunta. El presidente Iván Duque ha sido particularmente crítico con la justicia transicional. ¿Ha llegado a percibir un acoso por parte del Gobierno?

Respuesta. La JEP es un órgano jurisdiccional independiente que aspira a que los ciclos de violencia no se repitan. Y no se repiten no solamente como consecuencia de que las FARC dejaron las armas, también a través de actos claros y permanentes de cumplimiento del acuerdo de paz. Este consta de varias estipulaciones que suponen deberes del Estado, que deben ser cumplidos. Realmente lo que plantea el acuerdo de paz es una especie de plan Marshall social, económico y humanitario en aquellos territorios y zonas más afectadas, y también respecto de las poblaciones –sobre todo comunidades étnicas, afrodescendientes y campesinado– más afectadas. Y es lo que no se ha visto. Entonces, más que una tensión con el Gobierno, lo que he puesto de presente es que el acuerdo de paz hay que entenderlo como un todo: no tiene solamente como sustento el componente de justicia, que por supuesto es fundamental. Hay que cumplir las líneas gruesas, que tienen que ver con la presencia efectiva de un Estado social de derecho y principalmente la reforma rural agraria.

Pregunta. ¿La desinformación ha envenenado el debate público alrededor de los acuerdos? ¿Cuáles son las razones de las campañas de desprestigio contra la JEP?

Respuesta. Creo que la población colombiana, la ciudadanía en general, respalda el proceso de paz. La oposición proviene de un sector político que permanentemente ha mostrado insatisfacción desde el plebiscito, y que asume que el proceso de paz carece de legitimidad cuando por el contrario fue incorporado a la propia constitución política. Ha sido igualmente cimentado a través de muchas normas, y por consiguiente la institucionalidad del proceso de paz ha sido tramitada e incorporada normativamente como una pieza esencial del Estado. Pese a esa oposición ciega e irracional de la extrema derecha, el resto del país comparte la necesidad de mantener y desarrollar ese proceso de paz. Creo que ningún colombiano quiere propiciar una involución y un regreso a un pasado de atrocidades. Las antiguas FARC se desmontaron y con ello la apelación a la violencia para conquistar el poder político. Ese es un avance que se debe mantener a toda costa.

Pregunta. Como usted lo ha dicho, la justicia restaurativa exige verdad completa. ¿Los comparecientes están aportando esa verdad?

Respuesta. La verdad es la piedra angular del sistema de justicia transicional y es la condición irrenunciable para poder obtener las sanciones propias alternativas. Durante todo el proceso el rol de la JEP será contrastar sus versiones con los aportes de las víctimas y los expedientes judiciales e informaciones, pruebas y análisis de todo tipo en poder de la JEP. Si se verifica que sus aportes no corresponden a lo que sucedió, los excombatientes y agentes del Estado se podrán ver enfrentados a más de 20 años de cárcel. Por ahora tenemos que surtir todas las etapas procesales para comprobar los aportes efectivos a la verdad y la aceptación de responsabilidad. Esta es la fase en la que nos encontramos. Hasta ahora en los casos que están abiertos se han recibido aportes importantes y sustanciales, pero por supuesto, aún no es suficiente.

Pregunta. Concretamente en el caso del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez, hay sectores que cuestionan el reconocimiento de ese crimen. ¿Cómo garantizar esa verdad plena?

Respuesta. Entendemos que la verdad pueda ser dolorosa. Pero la guerra y sus consecuencias lo son. Nuestra tarea es develar desde la función judicial lo que pasó durante el conflicto. El caso que usted menciona es uno que conmocionó al país entero, sobre el cual durante lustros no avanzaron las investigaciones y hoy estamos conociendo una versión de la historia de la cual no existían registros. Nuestro deber es contrastarla, verificar si eso que se dijo se corresponde con la realidad o no. Pero descartarlo de plano no solo es contrario a los procedimientos legales, sino que es desleal con el propósito del proceso mismo.

Pregunta. La Comisión de la Verdad, que hace parte del sistema integral surgido de los acuerdos, aunque tiene carácter extrajudicial, cumple su mandato en menos de un año. ¿El informe final de la Comisión puede tener impacto en la dinámica de la justicia transicional?

Respuesta. Sí. El informe es muy importante porque va a ilustrar el contexto, ofrecerá elementos de verdad muy importantes sobre patrones y máximos responsables. Lo hace desde una perspectiva distinta a la de la JEP. Sin embargo, es un insumo esencial también para que las diferentes salas de justicia y las secciones del tribunal puedan profundizar sus investigaciones y su propia tarea de juzgamiento e incorporen esta visión. El informe final profundizará la consciencia de Colombia sobre la gravedad de estos hechos que se cometieron en el conflicto. Espero que tanto la JEP como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, logren su cometido de estabilizar la paz y puedan producir un cambio cultural profundo: erradicar para siempre la violencia política como medio para llegar al poder y como medio para sojuzgar a los otros.

Pregunta. Cuando usted era defensor del pueblo se instauró el sistema de alertas tempranas. Además, es del Cauca, uno de los lugares más críticos. ¿Por qué el Estado ha sido incapaz de detener fenómenos de violencia como el asesinato de líderes sociales?

Respuesta. Lo que está pasando con los líderes sociales y defensores de derechos humanos es una tragedia, una catástrofe. Esta situación desnuda esa ausencia histórica del Estado en esa Colombia olvidada, donde se ha desarrollado la guerra, donde sus ciudadanos están a la merced de los grupos armados ilegales que se alimentan no solo de la ausencia del Estado sino de un sinnúmero de economías ilegales. Ese es el verdadero termómetro de la paz, y es la incapacidad del Estado de ser Estado, de garantizar la vida, la integridad y los derechos de los ciudadanos. Nuestros esfuerzos no serán nunca suficientes si el Estado no logra ocupar el vacío institucional que durante décadas ha marcado la realidad de varias regiones en nuestro país.

Pregunta ¿Qué es el posconflicto?

Respuesta. Posconflicto es el largo proceso de materializar las expectativas sociales, políticas y económicas que garanticen que nunca más se reproduzcan las condiciones que dieron origen a la guerra en nuestro país. Es una aspiración y un derecho. Es pasar una página sin olvidar y sin impunidad. Dar un paso adelante, pero darlo de la mano con las víctimas y con la ciudadanía.

Pregunta. Usted llegó a ser presidente de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991, ¿qué siente cuando escucha las propuestas de una constituyente para reformar a la justicia?

Respuesta. Un acto demencial, igual que cuando escucho voces que pretenden eliminar la JEP. Una invitación esquizofrénica a involucionar, un llamado a la distopía. Colombia afortunadamente ha tenido momentos de lucidez y de sensatez. Uno de ellos fue precisamente incorporar en la constitución política la exigencia de efectividad de los derechos humanos, y crear instituciones como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Ha tenido también momentos de sensatez cuando se incorporó en la constitución el cumplimiento de un acuerdo de paz y se creó la JEP. Creo que eso es lo que ha salvado al país, que pese a las dificultades tiene una institucionalidad democrática y una justicia que igualmente de una manera robusta ha recordado a todos los gobernantes sus limitaciones y sus deberes en términos de construir un Estado social justo y no afectar las libertades.

Por SANTIAGO TORRADO

Bogotá - 15 DEC 2020 - 18:02 COT

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Los manifestantes se enfrentan a la policía durante una manifestación contra el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera.

Los jóvenes de Chile, Guatemala, Perú y Argentina han estado en primera línea de los movimientos sociales que han sacudido buena parte del continente latinoamericano en los últimos meses

María García Arenales

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12 de diciembre de 2020 21:50h

Las protestas lideradas por jóvenes en este último tiempo han generado cambios importantes en países como Chile, que redactará una nueva Constitución; Guatemala, que suspendió la aprobación de unos polémicos presupuestos; o Perú, donde el presidente interino Manuel Merino tuvo que renunciar. Esta nueva generación, principalmente personas que han nacido a partir de los años 90 y que por tanto no han vivido los traumas de la dictadura, protestan contra un sistema que consideran injusto y corrupto.

El estallido social como consecuencia del descontento ciudadano no es ninguna novedad, y menos en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo. Sin embargo, la frecuencia de las protestas multitudinarias ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo desde que en 2015 los precios de materias primas como el petróleo, el cobre o la soja se desplomaron, provocando un efecto devastador en la región. A partir de ese año no solo crecieron las tasas de pobreza en Latinoamérica, sino también los movimientos neopentecostales y la extrema derecha, lo que generó un contexto mucho más incierto en una situación de descrédito de la democracia por su incapacidad de dar respuestas adecuadas a los problemas de la población.

Los jóvenes, al igual que ocurrió en épocas pasadas en América Latina, están siendo ahora los grandes protagonistas de las movilizaciones sociales que ha habido en países como Chile, Perú, Ecuador, Bolivia o más recientemente Guatemala. Protestan por la desigualdad, la corrupción, la fragilidad institucional, la falta de oportunidades o la informalidad laboral y lo hacen de diversas formas, desde caceroladas y protestas pacíficas en plazas hasta saqueos y destrucción de mobiliario público. 

Una nueva generación

A diferencia de los jóvenes de generaciones anteriores, los de esta han nacido inmersos en un entorno digital y no tienen ni miedo ni traumas por haber vivido en dictadura, si bien, se han criado en un ambiente de crisis y precariedad constante. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para sus reclamos.

"Hay tres aspectos importantes. El primero es que se trata de personas nacidas y educadas en la era digital, con todo lo que eso implica en términos de sociabilidad, y lo segundo es que son jóvenes que no han vivido la dictadura en primera persona como sus padres o abuelos. Eso marca una diferencia y hace más difícil que la precariedad de estas democracias que se están viviendo convenza a estos sectores de la población", explica a elDiario.es la uruguaya Yanina Welp, investigadora del Centro para la Democracia Albert Hirschman con sede en Ginebra.

El tercer elemento que diferencia a los jóvenes de esta nueva generación, tiene que ver con unas expectativas socioeconómicas "muy deterioradas". "Si en el mundo en el que yo era joven la expectativa era que los hijos viviríamos mejor que nuestros padres y abuelos, ahora esto ya no se da", dice Welp, integrante de la Red de Politólogas. En algunos países los jóvenes de entre 18 y 30 años son quienes están impulsando verdaderos cambios en sus democracias.

¿Cuáles son los casos más significativos?

En Chile, la juventud ha tenido un papel clave en la movilización social y en el cambio de ciclo político que se ha producido desde el año 2000. El gran auge de los movimientos sociales comenzó en 2006 con el denominado "movimiento pingüino", en el que estudiantes de educación secundaria protestaron contra la privatización de un sistema impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ese movimiento abrió las puertas para que en 2011 se movilizaran los universitarios. Esta movilización fue un fenómeno tan importante que tiempo más tarde generó nuevos liderazgos políticos como Camilla Vallejo o Gabriel Boric, ambos diputados actualmente, y nuevas formaciones políticas.  

"No hay duda de que los jóvenes son quienes han empujado el cambio político en Chile en los años recientes. Esta generación no tiene la experiencia de crecer en dictadura, no tienen esa carga ni esos traumas, y son mucho más exigentes. No tienen miedo y eso se vio el año pasado cuando desafiaron el toque de queda durante el estado de excepción que decretó el Gobierno Sebastián Piñera", explica a este medio Claudia Heiss, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. 

La politóloga hace referencia al estallido social que se produjo en Chile en octubre de 2019, a raíz de que el Gobierno anunciara una subida en el precio del metro de Santiago y los estudiantes comenzaran a protestar. Pero más allá del alza de precio en el transporte, la población chilena comenzó a salir a las calles de forma masiva para pedir un aumento de las pensiones y del salario mínimo, además de cambios profundos en el sistema educativo y en salud. En definitiva, cambios para reducir las desigualdades. "En esas marchas hubo muchos jóvenes y fueron ellos quienes estuvieron en primera línea y se enfrentaron con los carabineros (policía militarizada), pero también hubo un grupo muy importante de gente de mediana edad endeudada con la educación", aclara Heiss.

Tras esas intensas protestas de 2019 contra la precariedad de los servicios públicos, el Gobierno chileno se vio obligado a convocar un referéndum en abril de este año para que la población decidiera si se redactaba una nueva Constitución que sustituyese a la vigente, heredada de la dictadura. Y en esta votación, que se aplazó hasta octubre debido a la pandemia del coronavirus, una aplastante mayoría (78%) votó a favor de cambiar la Carta Magna. "Por primera vez los jóvenes de entre 18 y 25 años, que son quienes menos votan en las elecciones por lo general, se movilizaron de manera masiva para votar en los comicios del 25 de octubre para cambiar la Constitución. De alguna manera era la movilización que ellos habían impulsado en la calle", recuerda la politóloga chilena.

Heiss asegura que el Gobierno que lidera Piñera no solo está debilitado por las protestas, sino también porque "ha perdido toda capacidad de regular lo que hace el Congreso". Ejemplo de ello, continúa, "es que el Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley que permitirá a los ciudadanos un segundo retiro anticipado del 10% de sus fondos de pensiones, algo a lo que en principio se negó el Gobierno", pero "ha sido incapaz de hacer frente a la situación económica generada por la pandemia y al desempleo y se ha visto obligado a hacerlo".

"Es una derrota, es una agenda que va en contra de las políticas y convicciones del Gobierno. Se da, además, en un contexto de completo descrédito. En la práctica, la Constitución de 1980 ya no sirve para el propósito para el que fue creada, que era impedir reformas que avanzaran en una dirección más redistributiva o que desafiara el modelo neoliberal. Está deslegitimada tanto por la movilización social como por la derrota aplastante de la votación de octubre", concluye Heiss.

En Guatemala continúan las protestas

Andrea Reyes tiene 30 años, es de Guatemala, y además de abogada, desde hace algún tiempo también es experta en protestar. Esa habilidad la adquirió mientras estudiaba en la universidad, pero fuera de las aulas, cuando en 2015 se unió a las masivas manifestaciones que obligaron a renunciar al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos acusados de liderar una red de corrupción aduanera. Para un país como Guatemala, históricamente dividido entre clases sociales y etnias y que aún sufre las consecuencias de una guerra civil de 36 años, esa revolución pacífica gestada en las redes sociales y en la que los jóvenes tuvieron un papel destacado, supuso todo un hito. "Los estudiantes de universidades privadas de Guatemala nunca habían salido a la calle a manifestarse y en 2015 no solo lo hicieron, sino que se unieron a los de las públicas. Todos salimos a protestar contra la corrupción y el Gobierno de Pérez Molina, al igual que otros muchos sectores de la sociedad", recuerda Reyes a elDiario.es.

Cinco años después, las intensas protestas han vuelto a la nación centroamericana terminando incluso con una parte del Congreso en llamas. Esta vez el estallido se produjo después de que el 18 de noviembre el Congreso aprobara los polémicos presupuestos generales para 2021, que implicaban recortes en áreas como salud, educación y ayudas sociales en plena pandemia. Sin embargo, la aprobación de estos presupuestos solo ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que en estas últimas semanas la población también se ha manifestado contra la corrupción y la gestión del Gobierno que lidera el conservador Alejandro Giammattei.

"Algunas autoridades pensaron que ya no iba a despertar la plaza otra vez, se habían confiado, pero volvió a ocurrir. La convicción de los jóvenes es impresionante y la forma en que fueron reprimidos solo va a tener el efecto de fortalecer esa convicción", dice por su parte el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas. A raíz de estas protestas, el Congreso tuvo que dar marcha atrás y suspendió la aprobación de esos presupuestos. Aún así, las manifestaciones contra el Gobierno y el Legislativo continúan en Guatemala, que vive un contexto muy diferente al de años atrás, agravado por la pandemia. En este país de 17 millones de habitantes el coronavirus ya ha dejado más de 4.170 fallecidos y más de 122.000 contagios.

Andrea Reyes confía en que estas nuevas movilizaciones sociales también generen cambios en el país, pues asegura que el Estado guatemalteco está cooptado por las mafias de las élites empresariales y del crimen organizado. Además, tampoco hay que olvidar que la situación ha empeorado desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU, tuviera que abandonar el país en 2019 tras 12 años de intenso trabajo contra la corrupción después de que el anterior Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) decidiera no renovar el mandato de ese organismo.

El caso peruano

Perú también ha vivido este mes de noviembre protestas masivas en las calles como no se recordaban en años. La crisis política y social se desató en el país andino el pasado 10 de noviembre, cuando el Congreso destituyó a Martín Vizcarra como presidente por presunta corrupción cuando ejercía como gobernador de Moquegua (2011-2014). Vizcarra fue reemplazado por Manuel Merino, hasta entonces presidente del Congreso, pero tan solo aguantó unos días en el cargo, ya que tuvo que renunciar tras las intensas movilizaciones que se produjeron en el país.

Después de una semana de convulsión política, el liberal Francisco Sagasti asumió el cargo como presidente interino y por delante tiene el importante reto de mantener la tranquilidad en el país y garantizar la celebración de las elecciones generales el próximo mes de abril. En el caso de Perú, un país con graves problemas estructurales como la corrupción y la informalidad laboral, los jóvenes también han tenido un papel protagonista en este estallido social producido en plena pandemia –que ya ha dejado más de 36.000 fallecidos y cerca de un millón de contagios–. Pese a la fuerte represión policial que provocó dos muertos y numerosos heridos en las movilizaciones, los manifestantes no se rindieron y siguieron exigiendo durante días cambios en la Constitución y el fin de la corrupción.

En estas protestas fue especialmente notoria la presencia de jóvenes de entre 18 y 24 años de clase media que "han aprendido a organizarse y politizarse a través de redes sociales", asegura Matheus Calderón, periodista del portal Comité de Lectura. "Es una generación que salía a protestar por primera vez, que ha aprendido a marchar fijándose en experiencias extranjeras a través de redes sociales, que ha aprendido incluso a apagar una bomba de gas lacrimógeno a través de Youtube, Tik Tok o Instagram", explica este joven de 26 años que ya ha participado en anteriores movimientos de protesta en Perú.

Sin embargo, Calderón considera que los verdaderos cambios llegarán a Perú cuando se politicen otros sectores de la población más allá de la clase media, porque de lo contrario, "solo habrá parches".

Movimiento feminista en Argentina

En los últimos años en países como Argentina el movimiento feminista, referente en toda América Latina y en el que las mujeres jóvenes tienen especial protagonismo, no solo ha llenado plazas en todo el país para reclamar igualdad, sino que también ha logrado marcar la agenda política. La inmensa Marea Verde que pide la legalización del aborto en el país ha continuado su incansable lucha después de que en 2018 el Senado argentino rechazó aprobar la ley que pretendía despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y ahora el país podría estar más cerca que nunca de lograr que esta práctica sea legal, segura y gratuita. 

Este viernes, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley para legalizar el aborto, que ahora tendrá que pasar por el Senado. El proyecto que se votó esta madrugada autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. También reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica.

Ya sea la desigualdad, la falta de oportunidades o la corrupción los motivos por los que protestan, está claro que las nuevas generaciones en América Latina no están dispuestas a quedarse calladas y utilizarán todas las herramientas a su alcance –participación política, manifestaciones o redes sociales– para lograr esos ansiados cambios.

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México y Argentina firman un acuerdo para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe

El canciller Marcelo Ebrard dio el anuncio a través de un mensaje en redes. El proyecto busca poner satélites en órbita y desarrollar la industria aeroespacial.

 

México y Argentina firmaron un acuerdo para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE), informó este viernes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a través de un mensaje difundido sus redes sociales.

"Firmamos compromiso con Argentina para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE). Gratitud a Felipe Solá y al Gobierno de Alberto Fernández, así como a todos los miembros de la CELAC. Construimos futuro hoy desarrollando tecnología propia. ¡Buena noticia!", escribió Ebrard.

"A mayor cohesión en América Latina y del Caribe, mayor autonomía relativa y mayor posibilidad de negociación en el mundo. Es un tema geopolítico y estratégico", dijo Ebrard.

La iniciativa contempla que las agencias de cada país latinoamericano realicen aportes en función de una misma agencia regional, que además de explorar el espacio, ayude a compartir imágenes satelitales y tenga como fin la observación del planeta. 

El proyecto fue presentado por Javier López Casarín, presidente Honorario del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a través de una videoconferencia en internet.

"Marca una nueva etapa en la cual la región se incorpora a una ruta de búsqueda del conocimiento y en pro de la humanidad", sostuvo López Casarín.

La idea de crear una agencia espacial regional surgió como una de las iniciativas de México cuando asumió la presidencia temporal de la CELAC, en 2020. 

Durante la reunión estuvieron presentes funcionarios de México y Argentina, así como el director de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue; el embajador de Argentina en México, Carlos Tomada; y Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia.

"Nuestro país tiene grandes expectativas en la posibilidad de avanzar en una colaboración con los países de la región", señaló Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia de Argentina. 

El eje México-Argentina

No es el primer acuerdo que ambos países firman este año. En agosto pasado, México y Argentina anunciaron que producirían de manera conjunta la vacuna contra el covid-19, desarrollada por la Universidad de Oxford y los laboratorios AstraZeneca, para distribuirla a otros países de América Latina.

Sin embargo, diversos problemas con las pruebas experimentales de la vacuna detuvieron momentáneamente el proyecto que, sin embargo, ha evidenciado la cooperación entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández.

Otro punto de la cooperación entre ambos países se produjo cuando Fernández pidió a López Obrador interceder en la negociación de la deuda de Argentina con sus acreedores, lo que resultó en una solución satisfactoria para el país sudamericano.

Publicado: 9 oct 2020 16:12 GMT

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