Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). EFE

El crecimiento del PIB mundial se ralentizará al 2,9% en 2019 y al 3% en 2020, unos descensos que también se aplican al G20, el grupo de grandes países desarrollados y emergentes, con un crecimiento previsto del 3,1% y del 3,2%

El organismo subraya que la necesidad de aplicar con urgencia políticas macroeconómicas adicionales que fortalezcan la confianza, calmen las tensiones comerciales, estimulen la inversión e impulsen el crecimiento potencial

 

El crecimiento de la economía mundial se ralentizará al 2,9 % en 2019 y al 3 % en 2020, estimó este jueves la OCDE, que rebajó sus previsiones anteriores y advirtió de que es el aumento anual más débil desde la crisis financiera de 2008.

En su informe de perspectivas interinas, que revisa las previsiones semestrales lanzadas en mayo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó tres décimas su proyección para este año y otras cuatro para el que viene, en línea con una tendencia que se extiende en las mayores economías.

Esos mismos descensos se aplican al G20, el grupo de grandes países desarrollados y emergentes, con un crecimiento previsto del 3,1 % y del 3,2 %, mientras que en la eurozona el ajuste es más leve, de una y cuatro décimas, hasta una subida respectiva del 1,1 % en 2019 y del 1 % en 2020.

Tras un ascenso de la economía mundial del 3,6 % en 2018, sus conclusiones para el corto plazo son tajantes. El panorama se ha vuelto "cada vez más frágil e incierto", atizado en gran parte por las tensiones comerciales y políticas, que minan la confianza y la inversión.

En mayo ya había rebajado sus perspectivas, y en este nuevo informe la organización con sede en París ratifica que, según los últimos acontecimientos económicos y financieros, la ralentización durará más de lo previsto.

El peso de la incertidumbre reinante recae sobre todo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y en la perspectiva de un "brexit" sin acuerdo.

La introducción de tarifas bilaterales entre Washington y Pekín desde principios de 2018 seguirá arrastrando la actividad y el comercio global en los próximos dos años y "podría reducir el incremento global del PIB en entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales en 2020 y entre 0,2 y 0,3 en 2021".

Aunque esos dos países anotan dos de los incrementos más elevados para los próximos dos años, la OCDE subraya que también serán los más afectados.

De momento, el organismo calcula que la economía estadounidense crecerá un 2,4 % en 2019 y un 2 % en 2020, cuatro y tres décimas menos que en las previsiones de mayo, y que la china avanzará un 6,1 % y un 5,7 %, lo que supone un recorte de una y tres décimas.

Un Brexit sin acuerdo: factos desestabilizador

La posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin acuerdo es otro de los factores más desestabilizadores, con costes sobre el comercio y un impacto sobre la economía británica que podría hacer que el país cayera en la recesión.

La OCDE solo revisa de forma detallada en estas perspectivas la situación de los países del G20: mantiene por ejemplo su proyección para 2019 para Francia (+1,3 %) y le quita una décima para 2020 (+1,2 %), mientras que en Alemania el ajuste es de dos y seis décimas (+0,5 % y +0,6 %).

No se libran de su pronóstico a la baja otros como México, cuya economía se prevé que crezca un 0,5 % este año (-1,1 puntos) y un 1,5 % en 2020 (-0,5), ni Brasil, con recortes respectivos de seis décimas, hasta el +0,8 % y el 1,7 %.

El impacto de esta coyuntura sombría se deja sentir también en la calidad de vida de los ciudadanos. Las perspectivas de una mejora continuada de los ingresos a medio plazo es más débil que antes de la crisis financiera, y el crecimiento per cápita en los últimos años también se ha mantenido por debajo.

La OCDE subraya que la necesidad de políticas macroeconómicas adicionales ha crecido en la mayor parte de economías y concluye que deben aplicarse con urgencia políticas que fortalezcan la confianza, calmen las tensiones comerciales, estimulen la inversión e impulsen el crecimiento potencial.

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Las economías del G-7 se debilitan y elevan el riesgo de entrar en recesión sincronizada

Nunca en la historia del G-7, las mayores potencias del planeta habían entrado en números rojos de forma simultánea; 2009, tras la crisis financiera que estalló tras la quiebra de Lehman Brothers. Diez años después, el fantasma de la recesión vuelve a resurgir.

 

La historia se repite. O, cuanto menos, tiene visos de que las tensiones comerciales, bursátiles y monetarias que dominan la coyuntura económica global, pueden reeditar estos negros augurios. Empezando por las mayores economías del planeta. Porque el G-7 podría incurrir de nuevo en recesión, como ya ocurrió desde el mismo inicio del ejercicio 2009; por primera vez desde su creación, en 1975, a instancias del presidente de Francia, Valéry Giscard d’Estaing y del canciller alemán, Helmut Schmidt. Ni siquiera en las décadas de la Guerra Fría, este selecto club certificó algún receso económico colectivo.

En 2008, cuando la caída de Lehman Brothers, la acumulación de activos tóxicos en los balances de los bancos (swaps y productos derivados y estructurados de alto riesgo en la mayor parte de las entidades anglosajonas y europeas, y de hipotecas y préstamos inmobiliarios, en el caso del sistema financiero español) generó un credit crunch sin precedentes desde el Crash de 1929 que anuló casi de inmediato los flujos de capital y de comercio y precipitó a las economías del G-7 hacia el abismo un año después.

En cuestión de meses. Porque, según los cálculos de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, según sus siglas en inglés), la institución federal que certifica el comienzo y el final exacto de los ciclos económicos en EEUU, el mayor PIB del planeta entró en números rojos ya en enero de 2008, tras un año del estallido de la crisis subprime en su mercado hipotecario.

La NBER se toma su tiempo para sellar los periodos de bonanza y de vacas flacas. Ahora, la coyuntura está sometida a las inclemencias de unas guerras comerciales desatadas desde la Administración Trump desde el verano de 2018, que se han transformado en hostilidades monetarias, en un baile en el valor de las divisas y en una carrera desaforada por rebajar de nuevo los tipos de interés a cotas próximas a cero (sobre todo entre los bancos centrales anglosajones), así como al daño colateral de un cúmulo de altas tensiones geopolíticas. Esencialmente, por las embestidas del unilateralismo de la Casa Blanca hacia China, Irán (y, por ende, en el conjunto de Oriente Próximo), Rusia o Corea del Norte, pero también por la inconsistente y ambivalente acción exterior americana, que ha desestabilizado el orden global. Sin olvidar las inciertas secuelas que dejará el brexit y los riesgos reales de que se produzca una drástica división social, política y territorial en el Reino Unido.

Diez años después, convienen en señalar tanto los analistas del mercado como las instituciones multilaterales, la sombra de la crisis arrecia de nuevo. Porque, ¿en qué escenario se encuentran las economías del club más poderoso del planeta? Los datos coyunturales de todos ellos revelan ya que se avecina marejada. Y, en algunos casos, fuertes tormentas.

La mayoría de las potencias industrializadas (más allá del G7) están en franca ralentización, hasta el punto de que el sónar de la recesión se escucha en no pocas latitudes. EEUU, Japón, la zona del euro (con Alemania e Italia en registros negativos en los últimos trimestres y Francia en actividad plana), Reino Unido y, en menor medida, Canadá se han sumergido en un escenario crítico, tal y como alerta la OCDE en su último índice director, publicado este mes de septiembre, que anticipa el comportamiento de los ciclos de negocio entre sus socios, y que se ha instalado por debajo del nivel 100 que avisa sobre la amenaza de contracción.

Y que incluye tendencias como la drástica caída exportadora en Alemania o la pérdida de confianza de los empresarios en Japón en el futuro inminente de la economía. “Es aún algo precipitado predecir una recesión sincronizada, aunque no resulta para nada aventurado asegurar que la preocupación de que las potencias más industrializadas caigan en números rojos está en un punto de ebullición”, dice Ian Stewart, economista jefe de Deloitte en su blog corporativo, a propósito del barómetro de la OCDE, en el nivel más bajo desde 2009.

EEUU, más frágil de lo previsto

La economía americana creció un 2% en el segundo trimestre. Incluso una décima menos que la primera de las tres estimaciones que realiza el Tesoro. Sólo la sostiene la fuerte demanda interna, especialmente el consumo, porque la inversión de empresas también se ha gripado. Más evidencias de que las agresiones arancelarias de la Administración Trump están pasando factura a la mayor parte de las rúbricas del PIB. Desde el sector exterior al mercado inmobiliario y que su doble y agresiva rebaja fiscal deteriora las arcas federales por su escasa capacidad recaudatoria. Los gastos de los gobiernos estatales y locales se han frenado y crece el peligro de que el Gobierno federal pueda declararse en bancarrota. Malos augurios si la mayor potencia del mundo carece de fondos y recursos para emprender planes de estímulo en caso de que fueran necesarios para espolear la actividad. “Las últimas semanas han sido más que azarosas”, ha admitido el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien achacó la turbulencia a la escalada arancelaria de Washington. El consumo, que aporta casi las dos terceras partes de la economía, repuntó un 4,7%, el mayor salto desde 2014, pero este sostén hará difícil que se cumpla el objetivo oficial de crecimiento anual, del 3%. Desde Wall Street, bancos de inversión como Goldman Sachs, predicen contracción en los próximos doce o dieciocho meses. Antes de los 24 que, a lo sumo, pronostican otros servicios de estudios financieros. La fase de esplendor más prolongada del PIB americano -iniciada en junio de 2019, después de 18 meses de números rojos, la de mayor calado también en su historia reciente, según la NBER-, podría estar dando sus últimos coletazos.

Japón, el eterno enfermo económico

Aunque en el periodo entre abril y junio, el segundo PIB del G-7 -tercero del mundo, por detrás del de China- registró un repunte del 1,3% en términos interanuales -apoyado por el alza del consumo y de las inversiones empresariales, que lograron aupar al sector exterior nipón- el clima se ha deteriorado a lo largo del verano. El fervor por las compras tiene dos motivos coyunturales: las inyecciones monetarias del Gobierno, constantes desde hace décadas, y el adelanto de gastos antes de la subida fiscal del IVA prevista para el mes de octubre. Aun así, el mercado ve complicado que se logre la pírrica meta de crecimiento, del 0,7%, para este ejercicio. “No deberíamos ser optimistas”, advierte Yoshiki Shinke, economista jefe de Dai-Ichi Life Research Institute a Bloomberg, “porque las presiones comerciales” no sólo con China, sino también con Corea del Sur, “y las subidas impositivas al consumo están al acecho y podrían deteriorar súbitamente la actividad” y dejar a Japón en un nuevo limbo de crecimiento plano. Otra década más. Porque el alza respecto al primer trimestre fue de sólo tres décimas

Alemania, la locomotora gripada

Nueva contracción en primavera. Del 0,1%. Igual que en el verano de 2018. Y con actividad plana en el pasado otoño e invierno. Los contratos de comercio exterior alemanes restaron medio punto a su PIB durante el segundo trimestre. El colapso de sus ventas a otros mercados es el gran lastre de la mayor economía del euro junto a la pérdida de vigor de su industria, especialmente la automovilística. El Bundesbank predice otro trimestre de contracción, el segundo consecutivo, lo que adentraría a Alemania en recesión técnica, entre julio y septiembre. En un clima en el que los empresarios -y los socios europeos- reclaman planes de estímulo ante la pesadumbre que pesa sobre sus decisiones de inversión futuras. La amenaza de Trump de que las ventajas competitivas del sector del automóvil germano “son peores que la de China” atenazan al poderoso tejido empresarial alemán, que señalan a la guerra comercial y las tensiones geopolíticas como los factores del deterioro. Clemens Fuest, director del Instituto Ifo, alerta de que la debilidad industrial se está propagando a otros sectores de actividad, como lo demuestra el descenso abrupto de su prestigioso indicador de confianza empresarial.

Reino Unido y su encrucijada por el brexit

Fuga de empresas, desmantelamiento gradual de la City y pérdida de atractivo inversor a corto, medio y largo plazo. Las secuelas del brexit restaron dos décimas al PIB en el segundo trimestre. Aunque en julio, según datos del Banco de Inglaterra, el PIB parece haber recuperado un cierto vigor, al repuntar tres décimas, según sus estimaciones preliminares, con la práctica totalidad de sus parámetros en positivo. Pero el riesgo de recesión pre-brexit sigue latente. Aunque el trimestre actual otorgue un balón de oxígeno y Reino Unido eluda con ello los números rojos oficiales. Entre otras razones, por el deterioro político interno, con la opción del divorcio duro encima de la mesa de Boris Johnson, la clausura del Parlamento británico, el rechazo de esta medida “ilegal”, según los altos tribunales escoceses, y la posibilidad de un incierto adelanto electoral.

Francia, la dama se esconde

Tampoco el panorama galo es precisamente halagüeño. Las dos décimas de crecimiento de su PIB le alejan de cualquier conato de convertirse en el motor de la economía del euro. Más bien, al contrario. Su ritmo es el que marca también la zona monetaria europea y el que evidencia que la crisis manufacturera alemana ha contagiado a la francesa y, por ende, a la de los socios del euro. El futuro económico francés es, si cabe, aún más incierto, porque tampoco tira el consumo interno. Ni con el turbo económico decretado por Emmanuel Macron -17.000 millones de euros- para impulsar la actividad, ni con las rebajas fiscales que se pusieron en marcha para contener las protestas de los Chalecos Amarillos. Francia refleja casi a la perfección la profecía de Mario Draghi antes de ceder el testigo del BCE a Christine Lagarde, de que el panorama “empeora por momentos y se deteriorará aún más”. Sólo la inversión de las empresas ofreció un cierto dinamismo. Acrecentado por el alza del gasto público para construir nuevas infraestructuras. Ni el comercio ni la industria mostraron pulso antes del verano. “Francia está en un episodio plano, con previsión de que los mercados, pese a la alta volatilidad, no serán beneficiosos en los próximos años. Debemos estar en estado de cautela máxima y responder de forma ágil a los acontecimientos”, afirmó Laurent Burelle, CEO de Plastic Omnium en un reciente acto empresarial, recogidas por Reuters.

Italia, el mal endémico del euro

El cambio de gobierno en el país, con la salida de la Liga Norte de Matteo Salvini, podría facilitar la vuelta a la estabilidad presupuestaria que exige Europa. Sin embargo, el arsenal fiscal para estimular la economía y, sobre todo, la fragilidad de su sistema financiero, obstruyen cualquier plan de inyección. Su cuadro de mando es muy preocupante. El PIB italiano ha vuelto a fallar en su cometido de registrar crecimiento. Y van cuatro trimestres consecutivos de los últimos cinco. Entre abril y junio certificó una actividad cero. Tras un primer trimestre de ligero alza, aunque de apenas una décima. Vuelve a evitar una recesión técnica que se afana en pulular por la economía trasalpina. El Banco de Italia también carga contra “las varias tensiones comerciales y geopolíticas abiertas” y la manifiesta debilidad del ciclo industrial, sobre todo, el alemán. Por si fuera poco, la censura, con amenaza sancionadora, de la UE por los planes presupuestarios italianos, salvada sobre la campana el mes pasado ante el cambio de gobierno, está supeditada a que Roma reduzca drásticamente su enorme deuda desde este año.

Canadá, la gran esperanza

Es el más emergente de las potencias del G-7. Por ostentar el mayor potencial de crecimiento del club. Y es el que más cartas tiene de que el club sortee la recesión sincronizada. Su PIB aumentó nada menos que nueve décimas en el segundo trimestre, que le aupó a un alza del 3,7% en términos intertrimestrales. Pero su propulsor, el sector exterior, es el más expuesto a un recrudecimiento de las hostilidades arancelarias globales. Porque ni las inversiones empresariales ni el sector inmobiliario, que emite señales de agotamiento, parecen estar en disposición de sustituir al comercio como dinamizadores de la actividad al cumplirse el decimoprimer aniversario de la quiebra de Lehman Brothers.

 

13/09/2019 08:23 Actualizado: 13/09/2019 08:23

Por DIEGO HERRANZ

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Jueves, 12 Septiembre 2019 06:40

China prepara a sus mandos para “la lucha”

China prepara a sus mandos para “la lucha”

Hong Kong y la guerra comercial amenazan con empañar el 70º aniversario de la República Popular

Douzheng (“lucha”). Esa va a ser la palabra clave en el vocabulario político de China en el futuro próximo, según ha dejado claro el presidente chino, Xi Jinping. Un futuro marcado en las próximas semanas por una fecha clave: El 1 de octubre se celebrará el 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China, una efeméride que Pekín lleva planificando al milímetro desde hace años. No quiere que nada empañe un homenaje por todo lo alto a los logros desde 1949. Pero la conmemoración llega en momentos complicados: las protestas en Hong Kong y la guerra comercial en Estados Unidos son dos grandes nubarrones en el horizonte.

El panorama para lo que queda de año y el próximo, al menos, es de dificultades, a los ojos de Pekín. El Gobierno acaba de aprobar una veintena de medidas para estimular el consumo. La guerra comercial con EE UU pesa en el crecimiento económico, que el FMI calcula que será del 6,2% —una décima de punto menos que su pronóstico inicial—, el más débil en tres décadas. Aumentan las tensiones geopolíticas. Varios Gobiernos occidentales siguen la estela de Washington y se muestran cada vez más escépticos hacia China. El propio Xi ha estrenado el curso político con un sombrío discurso.

En una alocución la semana pasada desde la Academia Nacional de Gobierno, donde se forman los mandos del Partido Comunista de China, el presidente chino ha advertido: “El desarrollo de nuestro país ha entrado en una etapa en la que todo tipo de riesgos y desafíos se acumulan y concentran”, en áreas desde la economía al medioambiente, pasando por la Defensa. Xi ha mencionado también específicamente “Hong Kong, Macao y Taiwán”.

Hasta 60 veces llegó el presidente a mencionar la palabra douzheng en su discurso. Un término con muchas connotaciones en China: habitual durante la Revolución Cultural y los tiempos de Mao Zedong, había caído en desuso durante la época de reformas de Deng Xiaoping. Xi la empleó muy conscientemente: para motivar a los cuadros más jóvenes y para cerrar las filas del partido en torno a él. “Intenta utilizar esos desafíos en beneficio propio, tanto para aumentar su poder como para impulsar su programa político”, opina la consultora Trivium.

"Una orden de movilización"

“Este discurso es como una orden de movilización, una especie de pequeña ‘Revolución Cultural’ que en vez de movilizar a la gente corriente se centra en movilizar a los mandos, pidiéndoles que estén listos para la lucha y sean valientes en ella. Así, está marcando el camino por el que irá el Partido en el futuro: una ‘filosofía de lucha’, en vez de la ‘sociedad armoniosa’ (el lema del previo presidente, Hu Jintao) que aliviaba los conflictos sociales y buscaba el compromiso”, opina en una entrevista telefónica el comentarista político independiente Wu Qiang en Pekín.

Las palabras de Xi también preparan, opina Wu, la respuesta a los dos grandes desafíos inmediatos que afronta China: la guerra comercial y Hong Kong. El presidente ha usado ambos para fortalecer su liderazgo, según el analista, pero lograr avances requerirá —considera— algún tipo de compromiso. Xi “tiene que compaginar el papel de líder duro y de negociador. Este llamamiento a la lucha es para curarse en salud ante un futuro compromiso. En cierto modo, es una preparación estratégica para compromisos que puedan llegar en la disputa con Estados Unidos y en las protestas en Hong Kong”, subraya el experto.

Desde la semana pasada, el Gobierno chino ha dado sendos pasos para intentar suavizar ambos problemas, o al menos ponerles sordina hasta después de los festejos del aniversario. En una llamada telefónica, el equipo negociador chino ha acordado una reunión a primeros de octubre con su contraparte estadounidense en Washington, pese a la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses el 1 de septiembre. Pekín también ha eximido de aranceles suplementarios a varios productos de EE.UU, en un gesto de buena voluntad este miércoles.

Y en una comparecencia junto a la canciller alemana, Angela Merkel, el primer ministro chino, Li Keqiang, dejó claro el viernes pasado que —al menos de momento, y ante el público— la jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam, cuenta el apoyo de Pekín en su anuncio de retirar oficialmente el proyecto de ley de extradición que originó las protestas. Una rama de olivo a los manifestantes, aunque para ellos no es suficiente y las movilizaciones continúan. Preguntado sobre esa medida, Li puso de manifiesto que su Gobierno respalda los esfuerzos de Lam para “poner fin a la violencia y el caos de acuerdo con la ley, para restablecer el orden”.

Con todo, la opción de esperar y ver puede resultar solo un parche temporal en ambas crisis. Hong Kong se prepara para un nuevo fin de semana de protestas, el décimo quinto, tras los destrozos del anterior. El gobierno autónomo no descarta declarar la ley de emergencia para acabar con las movilizaciones, según confirmaba la secretaria de Justicia hongkonesa, Teresa Cheng, a los medios de la excolonia británica este martes.

En el frente comercial, pocos analistas esperan que las negociaciones en Washington vayan a arrojar resultados concretos; es probable que el tira y afloja continúe hasta el año próximo, cuando Estados Unidos celebrará elecciones. El periódico China Daily subrayaba la semana pasada que “bajo ninguna circunstancia China sacrificará sus intereses nacionales para satisfacer las exigencias de EE UU”.

Tras los festejos del 1 de octubre, asoma un calendario delicado. En octubre también se celebrará la primera reunión del pleno del Comité Central del Partido en más de un año; en noviembre, elecciones de distrito en Hong Kong; un mes más tarde se conmemora el 20 aniversario del regreso de Macao a la soberanía china, un evento al que está previsto que acuda Xi y que puede movilizar a los manifestantes hongkoneses. En enero llegará otro momento al que China no quita ojo: las elecciones en Taiwán, la isla independiente de facto que Pekín considera parte de su territorio, y en la que se siguen muy de cerca los acontecimientos en Hong Kong. La douzheng, la “lucha”, acaba de empezar.

Por Macarena Vidal Liy

Hong Kong 11 SEP 2019 - 14:29 COT

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Lunes, 26 Agosto 2019 06:42

Batallas económicas

Batallas económicas

Los gobiernos de Estados Unidos y China están metidos en una batalla económica que tiene muchas aristas y escala de modo continuo. El argumento más directo usado por la administración de Donald Trump es que China se ha aprovechado, durante mucho tiempo, para extraer ventajas comerciales, tecnológicas y cambiarias de las estrechas relaciones de intercambio comercial y financiero que ambos países mantienen.

El intercambio de productos en 2018, según los datos oficiales del Representante de Comercio, tuvo un valor de 659 mil millones de dólares (mmdd); de ellos, 120 mil fueron de exportaciones y 539 mil de importaciones, con un déficit de 419 mmdd, 16 por ciento más que en 2017.

La inversión directa de Estados Unidos en China tuvo un acervo de 107 mmdd, principalmente en manufacturas, comercio al por mayor, finanzas y seguros; de la otra parte el valor fue 39, en manufacturas también, bienes raíces e instituciones financieras.

Un aspecto relevante tiene que ver con las corrientes financieras asociadas con la deuda del gobierno de Estados Unidos. El total a finales de 2018 fue de 22 billones de dólares (trillones, según se mide allá); una cuarta parte es deuda intragubernamental y el resto es pública. De esta última, 40 por ciento (6.2 billones) está en poder de gobiernos e inversionistas extranjeros. China con 1.12 billones y Japón con 1.03 billones son los principales acreedores, con más de tres veces que el que les sigue.

La estructura de las relaciones económicas hace que mantener alto el valor del dólar constituya una ventaja adicional en términos de la competitividad de los productos chinos y es una controversia persistente con respecto al comportamiento del renminbi.

Las sanciones comerciales impuestas por Trump a China han sido en la forma de tarifas, las que ahora abarcan 250 mmdd de sus exportaciones y que se elevarán de 25 a 30 por ciento; se añadirán 300 mmdd de otros productos que pasarán de 10 al 15 por ciento a partir del primero de septiembre.

Tales medidas están encaminadas, según declaraciones expresas, a causar trastornos y forzar a aquel gobierno a negociar concesiones de un mayor acceso a su mercado y mayor protección de los derechos de propiedad intelectual. De igual manera, a incidir en la política cambiaria.

Ante la respuesta china de elevar también las tarifas a productos estadunidenses, Trump declaró que esa medida tiene motivaciones políticas, como si las que él aplica no las tuvieran.

La economía de China está en desaceleración. El crecimiento del producto se redujo a 6.2 por ciento, el nivel más bajo desde 1992. El endeudamiento ha crecido notablemente desde el plan de estímulo aplicado en años recientes.

La deuda del gobierno, las empresas y las familias es del orden de 40 mmdd, equivalentes a 300 por ciento del PIB. Esta deuda representa alrededor de 15 por ciento del total global.

El impacto negativo de la deuda ha sido resentido por las empresas y se registran altos niveles de quiebras y se ha reducido el gasto en consumo. Todo esto provoca ajustes en la economía, cuyos efectos internos y externos están aún por expresarse de manera más clara.

En el análisis de las condiciones del conflicto entre los dos países habría que considerar el significado de la relación en cómo se configuraron de los mercados globales desde la década de 1980. China, sin duda, cumplió un papel protagónico en el desempeño de la economía estadunidense y en el desarrollo de los sectores manufacturero, tecnológico y comercial, así como en el entorno financiero, tanto público como privado, en Estados Unidos.

Hay diversos elementos en la política que sigue el gobierno de Trump con respecto a China. Desde sus concepciones acerca del poderío económico, o bien sobre el efecto social provocado por la relación con China. Una visión del nacionalismo muy propia del presidente y hasta de su manera de hacer negocios privados. Por supuesto, hay un elemento electoral relevante.

En todo caso, la batalla en curso no se limita a una cuestión de índole comercial. La presión se extiende al campo geopolítico y militar, y una idea del replanteamiento hegemónico de Estados Unidos define hoy las relaciones con Europa.

El efecto de la disputa con China tiene un significado sobre el comercio y las inversiones de México con Estados Unidos derivado de los vínculos productivos generados desde 1994. Hoy, el país tiene un superávit en la cuenta corriente con ese país generado por las transacciones de comercio, y eso en plena batalla proteccionista de Trump. Hay un espacio único para que gobierno, empresarios y trabajadores aprovechen la oportunidad.

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La pesadilla del capitalismo y la inversión de la curva de rendimientos

La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha desbordado el terreno monetario y las perspectivas desfavorables para la economía mundial se han intensificado. Donald Trump anunció un nuevo arancel sobre importaciones chinas y una semana después Pekín dejó caer su moneda hasta el nivel simbólico de siete renminbi por dólar y se ha convertido (para Washington) en manipulador de su divisa. China también anunció que dejará de importar productos agrícolas de Estados Unidos, medida que afecta directamente a las bases de Trump.

Frente a este conflicto, los signos de alarma se han multiplicado. La señal más importante es la inversión de la llamada "curva de rendimientos", uno de los indicadores más interesantes para una economía capitalista.

¿En qué consiste esta famosa curva de rendimientos? Como se sabe, los inversionistas reciben una recompensa por su inversión (digamos, un bono). Esta recompensa está en función de la fecha de vencimiento o de maduración de la inversión. La lógica aquí es que a mayor plazo, mayor rendimiento para compensar por el riesgo. Por ejemplo, si usamos el ejemplo de los bonos de un gobierno, podemos observar que los bonos con vencimiento a 10 años tendrán asociada una mayor recompensa que los de dos años.

La relación entre rendimientos y plazos de vencimiento puede representarse como una curva que tiene pendiente positiva: a mayor plazo de maduración, mayor recompensa para compensar el riesgo. Esa es la relación normal, pero en los últimos meses y en muchos países la curva de rendimientos ha adoptado la forma de una curva más aplanada y hasta ha llegado a tener una pendiente negativa, es decir, los rendimientos de corto plazo son casi iguales o incluso superiores a los de largo plazo.

La inversión de la curva de rendimientos es una mala señal. A lo largo de los últimos 50 años todas las recesiones de la economía estadunidense han estado precedidas de este signo inquietante. Esta semana la inversión se hizo más pronunciada desde que en 2008 estalló la crisis financiera. La diferencia negativa entre el rendimiento de los bonos a 10 años y el de los bonos a tres meses se ha ampliado en más de 32 puntos base. El miedo a una escalada en esta guerra comercial ha llevado a los inversionistas del mundo a buscar refugio en los bonos soberanos de mayor plazo, lo que ha provocado el aumento en el precio de esos bonos y la caída de sus rendimientos. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadunidense a 10 años cayó a su nivel más bajo desde 2016, y en Alemania el rendimiento de los bonos a 30 años cayó a menos 0.07 por ciento.

En México, la curva de rendimientos también ha sufrido una transformación. Un estudio de UFM Market Trends revela que en años recientes dicha curva se ha ido aplanando. En 2015 la diferencia ( spread) entre la tasa de referencia y el rendimiento de los bonos a 30 años era de tres puntos porcentuales, pero para 2018 esa diferencia ya fue marginal.

Hasta ahora la economía estadunidense mantuvo tasas de crecimiento que si bien no eran espectaculares, sí daban la impresión de algo de prosperidad en un mundo enfermo. Hoy eso está cambiando, quizás por el peso que van a tener los aranceles sobre los consumidores (la mayor parte del crecimiento de esa economía se explica por el consumo). La última vez que la curva de rendimientos en Estados Unidos estuvo invertida fue en 2007, justo antes de la gran crisis financiera, y eso no es un buen presagio.

Aquí está lo interesante de este indicador. En síntesis, si la curva de rendimientos tiende a aplanarse, la diferencia entre la recompensa de corto y la de largo plazos se reduce (puede hasta desaparecer o incluso hacerse negativa si los rendimientos de corto plazo son superiores). Esta deformación de la curva de rendimientos es consecuencia de que los inversionistas busquen refugio en bonos (inversiones) de largo plazo aunque los rendimientos sean parecidos a los de las inversiones de corto plazo. Y ese comportamiento está provocado por una razón fundamental: los inversionistas estarían percibiendo un peligro más grave que el riesgo que convencionalmente se le atribuye a esas inversiones.

Aunque los contornos de ese peligro no pueden percibirse nítidamente en la penumbra de la incertidumbre, los inversionistas sí advierten su gravedad. Y si el capitalismo es intrínsecamente inestable, también lo son las expectativas de los inversionistas. Los efectos de las malas noticias, incluso de los rumores, se amplifican como ondas sísmicas y repercuten con mayor violencia en los mercados financieros. Hoy, sin duda, existen razones objetivas para abrigar expectativas desfavorables. Además de las guerras comerciales y de divisas, la caída en la tasa de ganancia asociada a todo tipo de inversiones productivas es probablemente la peor pesadilla del capitalismo y de esos inversionistas que buscan refugio en bonos de largo plazo aunque tengan rendimientos parecidos a los de corto plazo.

Twitter: @anadaloficial

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Estados Unidos causa miles de muertos en Venezuela

Mientras que los estadounidenses han protestado y se han rebelado legítimamente en contra de la declaración de emergencia nacional del presidente Trump para construir su preciado muro, lo que privaría al Congreso de ejercer su autoridad constitucional sobre el gasto; el presidente ha usado días atrás otra falsa declaración de emergencia nacional que ha pasado ampliamente desapercibida.

Cada orden ejecutiva anunciada por Trump en la que se imponen sanciones económicas a Venezuela incluye una frase que declara que Venezuela está causando una “emergencia nacional” a Estados Unidos y que representa “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de Estados Unidos.


El hecho de que estas absurdas afirmaciones hayan pasado desapercibidas en los principales medios de comunicación muestra cuán débil es el Estado de derecho en Estados Unidos en lo referido a la política exterior, tal y como han señalado expertos legales. Esto es especialmente cierto para aquellas medidas de agresión perpetradas por nuestro gobierno y que tienen como consecuencia la muerte de personas en otros países.


Y no hay que equivocarse al respecto: las sanciones de Estados Unidos a Venezuela están matando personas y han estado matando personas ya por algún tiempo, como ha señalado el economista de la oposición Francisco Rodríguez, el principal experto en el mundo en economía venezolana.


No existen estimaciones de la cantidad de muertos ocasionados por las sanciones, pero dada la experiencia en países con situaciones similares, es probable que haya miles o decenas de miles hasta el momento. Y empeorará rápidamente si las recientes sanciones persisten.


¿Cómo es que las sanciones matan gente? En general, lo hacen dañando la economía. Esto incluye pérdidas de empleo e ingresos de quienes ya enfrentan una situación desesperada; pero sobre todo, incluye la disminución del acceso a bienes esenciales para salvar vidas, como medicamentos, suministros médicos y atención médica.


Por ejemplo, en la década de 1990 en Irak, la cantidad de niños que murieron a causa de las sanciones se contaron por los cientos de miles.


Pero el pueblo venezolano ha sido incluso más vulnerable a las sanciones económicas de Estados Unidos que el iraquí. Venezuela depende de las exportaciones de petróleo para casi todos los dólares que la economía necesita para importar artículos de primera necesidad, como medicamentos y alimentos. Esto significa que todo lo que reduce la producción de petróleo está afectando principalmente al común de la población, pues reduce los dólares que el sector privado y el gobierno emplean para importar bienes que cubran las necesidades básicas de las personas, así como para el transporte, piezas de repuesto y la mayoría de los artículos que la economía requiere para funcionar.


Las sanciones de Trump de agosto de 2017 impusieron un embargo financiero que ha cortado casi todo el acceso de Venezuela a la obtención de préstamos. Esto tuvo un enorme impacto en la producción de petróleo, que ya había estado disminuyendo. La tasa de declive se aceleró rápidamente; durante el año posterior a las sanciones, caería en 700,000 barriles por día, aproximadamente tres veces más rápido que en los 20 meses anteriores. Esta aceleración en la pérdida de producción de petróleo posterior a las sanciones equivale a la pérdida de más de $6 mil millones. A modo de comparación, cuando la economía venezolana estaba creciendo, Venezuela gastaba alrededor de $2 mil millones por año solo en medicamentos. Se ha estimado que el total de las importaciones de bienes para 2018 fue de $11.7 mil millones.


Cuando se impusieron estas sanciones, Venezuela ya sufría una profunda recesión y tenía problemas en la balanza de pagos, los que requerían una reestructuración de la deuda. Para reestructurar la deuda, el gobierno tiene que ser capaz de emitir nuevos bonos, pero las sanciones de Estados Unidos hicieron esto imposible.


Las sanciones de Trump –tanto las sanciones de agosto de 2017 como el nuevo embargo de petróleo– hacen que también sea casi imposible para el Gobierno tomar medidas que pongan fin a la hiperinflación, la que actualmente se estima en 1.6 millones por ciento anual. Para estabilizar la hiperinflación se debe restaurar la fe en la moneda nacional. Esto podría hacerse a través de la creación de un nuevo sistema de tasa de cambio y otras medidas que requerirían el acceso al sistema financiero internacional basado en el dólar. Sin embargo, las sanciones lo impiden.


Las sanciones impuestas por el Gobierno de Obama en marzo de 2015 (para las que igualmente se declaró una “emergencia nacional”) tuvieron también un impacto muy grave. Esto es bastante conocido dentro de las instituciones financieras, pero por lo general no se informa en los principales medios de comunicación, los que abordan estas sanciones tal y como las anuncia el Gobierno de EEUU, como “sanciones impuestas a individuos”. Pero cuando los individuos son funcionarios gubernamentales de alto rango, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, las sanciones causan enormes problemas, ya que estos funcionarios son aislados de las transacciones necesarias en la mayor parte del sistema financiero mundial.


Las instituciones financieras se alejaron cada vez más de Venezuela después de marzo de 2015, ya que vieron los riesgos de otorgar préstamos a un Gobierno que Estados Unidos estaba cada vez más decidido a derribar y, a medida que la economía empeoraba, parecía más probable que tuviera éxito. El sector privado venezolano se vio privado del acceso vital al crédito, lo que contribuyó a la caída sin precedentes –en realidad, casi increíble– del 80 por ciento de las importaciones en los últimos seis años, lo que ha devastado esta economía dependiente de las importaciones.


El 23 de enero, el Gobierno de Trump anunció que estaba reconociendo a Juan Guaidó, actualmente jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, como “presidente interino” del país. Al hacerlo (junto con los países aliados políticamente), Washington impuso básicamente un embargo comercial contra Venezuela. Esto es así ya que cualquier ingreso proveniente de las ventas de petróleo de cerca de las tres cuartas partes de los mercados de exportación de Venezuela (Estados Unidos y sus aliados) ya no se destinará al Gobierno, sino al “presidente interino”. Se establecieron algunas excepciones temporales para las compañías petroleras estadounidenses, pero este embargo es lo suficientemente amplio como para multiplicar rápidamente el daño económico, el sufrimiento y la muerte que han causado las sanciones anteriores.


En una declaración sobre las recientes sanciones emitida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se señaló que “precipitar una crisis económica y humanitaria en Venezuela no es una base para la solución pacífica de las controversias”.


Siguiendo las declaraciones y acciones del equipo de Trump (incluido el asesor de seguridad nacional, John Bolton, el senador Marco Rubio y el criminal de guerra de los años ochenta y ahora enviado especial a Venezuela, Elliott Abrams) se desprende que no están interesados en una resolución pacífica a la crisis venezolana. No son de los que se preocupan por la cantidad de personas que morirán en el camino que lleve al derrocamiento del Gobierno.


La verdadera pregunta es por qué reconocidos progresistas de la talla de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, apoyan esta operación ilegal y cruel. ¿Acaso es posible que no sepan lo que están haciendo Trump y sus sanciones?


* Codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global (2016, Akal, Madrid).

Publicado enInternacional
Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz

El narcotráfico es una actividad inmersa en la política nacional e internacional donde están en juego miles de millones de dólares, además de una manipulada estrategia de control social. Sin embargo, las políticas antidrogas vigentes no solucionan el fenómeno; es momento de plantear estrategias más allá de la fumigación y la militarización de los territorios.

 

El narcotráfico no es un delito conexo con el político, es una actividad inmersa en la política. Así sucede desde que Richard Nixon declaró la llamada “guerra contra las drogas”, según lo reveló su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper’s Magazine:

 

“¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?”, me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”.

 

Y pronto se agregó a la lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo” del narcotráfico, como si este fuera una maldición inexorable. Una moderna cruzada de puritanos contra malvados narcotraficantes, que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana y europea.

 

El “Bien” contra el “Mal”

 

Una nueva guerra emprendida por el Norte, virtuoso y emprendedor, contra el Sur pagano y corruptor. Y así, el Bien, con Tratados de Extradición, combatiría sin fronteras ni limitaciones al Mal, encarnado en el polo de la oferta, para proteger a la multitudinaria demanda, cada vez más adicta y víctima de los malvados narcotraficantes del Sur. Desde entonces la extra-adicción de su juventud, su emprendedora elite de lobos de Wall Street, los altos círculos sociales y artísticos, han pretendido evadir su irresponsable hedonismo con sólo la extradición de criminales y codiciosos narcotraficantes del Sur. Al parecer, los únicos responsables de tanto vicio. Incluso se llegó al extremo de criminalizar a nuestra portentosa naturaleza y se la sindicó de ser asesina: “La mata que mata”, para justificar el ecocidio impune de bombardearla y fumigarla con glifosato. Había que convertir en tierra arrasada cientos de miles de hectáreas de bosque tropical, porque albergaba “cultivos ilícitos”. Semejante expoliación y depredación de la naturaleza fue motivo de orgullo nacional para los entonces Presidentes, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que tuvieron el cinismo de llamar a esa política “Plan Colombia” y “Plan Patriota”, respectivamente. Una política que diezmaba y desplazaba, como peligrosos delincuentes, a miles de campesinos marginados, sin consideración alguna a su salud y dignidad, pues eran cómplices de la mortífera industria del narcotráfico.

 

A fin de cuentas, “raspachines” que proveían a los malvados narcotraficantes de su materia prima, no campesinos y mucho menos ciudadanos. “Raspachines” condenados a ser carne de cañón de organizaciones criminales que se disputaban sus vidas y territorios, desde ejércitos privados con membrete antisubversivo: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pasando por la Fuerza Pública Nacional, un escuadrón de extranjeros y mercenarios fumigadores de glifosato y la misma insurgencia, Farc y ELN, que contaba así con recursos ilimitados para el avituallamiento de sus ejércitos y la “guerra anti-imperialista”.

 

Para completar el perfecto teatro de operaciones, combatió sin tregua a la criminal “narcoguerrilla”, mientras negociaba y elevaba a la condición de delincuentes políticos a los narcoparamilitares de las “AUC”, expidiendo para ellos la ley 975 de 2005, liderada por Uribe y el doctor Luis Carlos Restrepo, pura ternura. Posteriormente, cuando la cúpula de los “paras” empezó a revelar los pactos con el entorno político uribista y develar así la quintaesencia criminal de dicha gobernabilidad, serían inmediatamente extraditados. Tales fueron, muy resumidos, los principales abusos políticos de la “exitosa guerra” contra el narcotráfico y la extradición, que comparten orgullosos Pastrana y Uribe y, todo parece indicar, profundizará su hijo político adoptivo, Iván Duque, sumiso continuador de la fracasada guerra contra las drogas.

 

¿Narcoguerreros vs. narcopolíticos?

 

Lo que ahora llama a la estupefacción –incluso más que la generada por las combatidas drogas– es que quienes han politizado a tal extremo el narcotráfico, haciendo de la extradición una delegación casi total de la soberanía judicial del Estado colombiano y del “Plan Colombia” una estrategia militar contrainsurgente exitosa, nieguen en trance presidencial la esencia política del narcotráfico, para poder así extraditar en forma expedita a la antigua cúpula de la extinta Farc, haciendo trizas el Acuerdo de Paz y prolongando indefinidamente la absurda y criminal “guerra contra las drogas”, que cumple 50 años de fracasos continuos. Sin duda, la extradición es sustracción de soberanía judicial y de paz política. Nada importan las más de 220.000 víctimas mortales del conflicto armado interno, arrasadas por ese torbellino de violencia, en nombre de una falsa y maniquea moral, muy rentable para los mercaderes de la guerra y la muerte, tanto los legales como los ilegales, en Estados Unidos y en Colombia.

 

De consolidarse el anterior escenario, estaríamos frente al triunfo de los que con ironía pueden ser considerados “narcoguerreros” pura sangre, pues sus políticas antinarcóticas lo corroboran (en EU desde Nixon hasta Clinton y ahora Trump; en Colombia: Belisario, Barco, Pastrana y Uribe), frente a quienes han buscado salidas políticas al problema de las drogas ilícitas, que podrían denominarse cáusticamente “narcopolíticos” (Obama, Gaviria, Samper y Santos), con sus diferentes estrategias gubernamentales de negociación y confrontación, insuficientes para desarticular dicho entramado criminal. Entre ellas, la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35 de la Constitución, ya derogado); la política de “sometimiento a la justicia” Gavirista y su frustrada aplicación Samperista a los Rodríguez (abortada por el acuerdo de Pastrana-DEA con el proceso 8.000) y, el más reciente apoyo norteamericano, con Obama y su delegado en La Habana, que validó el cuarto punto del Acuerdo de Paz: “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Punto que consagró la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, en lugar de la depredadora y criminal de la erradicación forzada, a cambio de proporcionar las Farc las condiciones para que el Estado recobrara su precaria soberanía y la regulación de dichos territorios, reincorporando a los campesinos a su condición plena de ciudadanos, integrándolos legalmente al mercado nacional e internacional. Responsabilidad que el Estado no ha tenido la capacidad de asumir y hoy deja esos territorios en un limbo de cultivos de uso ilícito, anegado en sangre de líderes sociales asesinados por bandas narcotraficantes y de familias campesinas inermes, abandonadas o incluso masacradas por agentes de la Policía Nacional, como aconteció en Tumaco.

 

Contra una guerra perdida una política responsable

 

Pero también hay que resaltar que, en el plano internacional, en forma tardía y tímida, algunos ex-presidentes latinoamericanos que han padecido y experimentado la impostura de tan absurda guerra, se expresaron en la “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”, el 11 de febrero de 2009, bajo el título: “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio Paradigmático”:

 

“Convocada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, y Ernesto Zedillo de México e integrado por 17 personalidades independientes, la Comisión evaluó el impacto de la “guerra contra las drogas” y presentó recomendaciones para políticas más seguras, eficientes y humanas. Sus tres recomendaciones principales son: 1) tratar el uso de la droga como una cuestión de salud pública; 2) reducir el consumo a través de medidas de información y prevención; y 3) enfocar los esfuerzos de la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado”.

 

No obstante, la sensatez de dichas propuestas, hoy resultan insuficientes. Ya es hora de dar pasos más audaces en el ámbito internacional y de promover, como bloque latinoamericano, en las Naciones Unidas, el fin del prohibicionismo, matriz de la “guerra contra las drogas”, adoptando curiosamente la misma política que el Estado norteamericano aprobó en 1933, al derogar la enmienda que prohibió y penalizó el consumo del licor en 1914. Al respecto, cabe recordar el siguiente argumento a favor de la derogatoria de la Enmienda de la Prohibición, expuesto por el vocero de la Cámara, Oscar W. Undelwood, por considerar el prohibicionismo un “esquema tirano que pretende establecer por ley la virtud y la moralidad”, en contra de su colega prohibicionista de Alabama, Richmond Pearson Hobson, quien la defendía con argumentos como:

 

“Una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, es una “droga creadora de hábito”, “veneno protoplásmico, asquerosa excreción de un organismo viviente que convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delito no naturales”. El hombre blanco tiene la misma tendencia, salvo que “por el hecho de estar más evolucionado, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”1.

 

Según lo anota el historiador Martin Short: “La prohibición había originado un horrible daño moral. Había convertido en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaría al crimen organizado, convirtiéndolo en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”2.

 

Por eso es la hora de la regulación estatal, tal como lo está haciendo Uruguay con el control oficial de la producción, distribución y el consumo de la marihuana, para arrebatarle al crimen organizado tan violento como lucrativo negocio. Pero también es la hora de la prevención, la educación y la responsabilidad personal (como lo promueven con éxito las campañas contra el consumo del tabaco y el alcohol) que es lo propio de toda persona adulta y del ejercicio de la ciudadanía. Lo contrario, es reconocer que no se puede prescindir del Estado Policivo y terapéutico (Thomas Szasz), que trata a sus ciudadanos como siervos y menores de edad, carentes de autonomía personal, por lo cual deben ser vigilados y castigados, como lo propone el joven Iván Duque con mentalidad retardataria. Sigue así fielmente los preceptos de sus padres políticos adoptivos, Pastrana y Uribe, tan amigos de la templanza del fuego y las aspersiones con glifosato, totalmente inicuas y toxicas, pero electoralmente muy exitosas, sustentadas en los prejuicios y los miedos de quienes añoran un padre castigador y su brutal pedagogía de la “letra con sangre entra”. Así, Duque pretende disuadir y disminuir el consumo de sustancias estupefacientes con persecución policial, incautación de dosis personal y eventuales multas draconianas, que sólo promoverán mayor corrupción y descomposición de la convivencia y el tejido social. Tal como sucedió durante la prohibición del licor en Estados Unidos. Ya lo decía Al Capone, con fina ironía:

 

“Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos de entre la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mí mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”3.

 

Un “Bien” que estimula el “Mal”

 

Con la templanza y la virtud de Duque, sus asociados y potenciales electores, estaremos condenados a medio siglo más de heroica lucha contra el “flagelo de las drogas”, no sólo como consecuencia de la codicia de los narcotraficantes sino también del “celo y la rectitud moral” de gobernantes que los combaten en nombre de valores superiores que ellos mismos ignoran o desprecian: la libertad, la dignidad humana, la paz y la democracia, convirtiéndolos en una coartada perfecta para prolongar su dominación y perpetuar una guerra pérdida. Una guerra que sólo se ganará cuando se abandone el paradigma prohibicionista y asuma el Estado su rol regulador, preventivo y formativo, dejando atrás el policivo, represivo y punitivo, que sólo eleva los precios de las drogas ilícitas y aumenta las ganancias de los narcotraficantes, además del presupuesto de las agencias antidroga, que medran y subsisten en el mundo de la ilegalidad, la corrupción y el crimen. Sólo basta mirar, sin celo extraditable, la celada montada por la DEA en el caso Santrich, con la participación de varios de sus agentes, cuya trama deberá ser examinada y valorada por la JEP, pues la Fiscalía y la Justicia ordinaria parecen haber perdido, lamentablemente, su independencia y autonomía judicial.

 

1 Citado por Muso F, David Md, (1993) en su libro La enfermedad americana. Bogotá, Ed. Tercer mundo. p. 331.
2 Short, Martin (1986), Mafia, la sociedad del crimen, Barcelona, Ed. Planeta. p. 75.
3 Ibíd., p. 70.

Publicado enColombia
Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz

El narcotráfico es una actividad inmersa en la política nacional e internacional donde están en juego miles de millones de dólares, además de una manipulada estrategia de control social. Sin embargo, las políticas antidrogas vigentes no solucionan el fenómeno; es momento de plantear estrategias más allá de la fumigación y la militarización de los territorios.

 

El narcotráfico no es un delito conexo con el político, es una actividad inmersa en la política. Así sucede desde que Richard Nixon declaró la llamada “guerra contra las drogas”, según lo reveló su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper’s Magazine:

 

“¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?”, me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”.

 

Y pronto se agregó a la lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo” del narcotráfico, como si este fuera una maldición inexorable. Una moderna cruzada de puritanos contra malvados narcotraficantes, que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana y europea.

 

El “Bien” contra el “Mal”

 

Una nueva guerra emprendida por el Norte, virtuoso y emprendedor, contra el Sur pagano y corruptor. Y así, el Bien, con Tratados de Extradición, combatiría sin fronteras ni limitaciones al Mal, encarnado en el polo de la oferta, para proteger a la multitudinaria demanda, cada vez más adicta y víctima de los malvados narcotraficantes del Sur. Desde entonces la extra-adicción de su juventud, su emprendedora elite de lobos de Wall Street, los altos círculos sociales y artísticos, han pretendido evadir su irresponsable hedonismo con sólo la extradición de criminales y codiciosos narcotraficantes del Sur. Al parecer, los únicos responsables de tanto vicio. Incluso se llegó al extremo de criminalizar a nuestra portentosa naturaleza y se la sindicó de ser asesina: “La mata que mata”, para justificar el ecocidio impune de bombardearla y fumigarla con glifosato. Había que convertir en tierra arrasada cientos de miles de hectáreas de bosque tropical, porque albergaba “cultivos ilícitos”. Semejante expoliación y depredación de la naturaleza fue motivo de orgullo nacional para los entonces Presidentes, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que tuvieron el cinismo de llamar a esa política “Plan Colombia” y “Plan Patriota”, respectivamente. Una política que diezmaba y desplazaba, como peligrosos delincuentes, a miles de campesinos marginados, sin consideración alguna a su salud y dignidad, pues eran cómplices de la mortífera industria del narcotráfico.

 

A fin de cuentas, “raspachines” que proveían a los malvados narcotraficantes de su materia prima, no campesinos y mucho menos ciudadanos. “Raspachines” condenados a ser carne de cañón de organizaciones criminales que se disputaban sus vidas y territorios, desde ejércitos privados con membrete antisubversivo: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pasando por la Fuerza Pública Nacional, un escuadrón de extranjeros y mercenarios fumigadores de glifosato y la misma insurgencia, Farc y ELN, que contaba así con recursos ilimitados para el avituallamiento de sus ejércitos y la “guerra anti-imperialista”.

 

Para completar el perfecto teatro de operaciones, combatió sin tregua a la criminal “narcoguerrilla”, mientras negociaba y elevaba a la condición de delincuentes políticos a los narcoparamilitares de las “AUC”, expidiendo para ellos la ley 975 de 2005, liderada por Uribe y el doctor Luis Carlos Restrepo, pura ternura. Posteriormente, cuando la cúpula de los “paras” empezó a revelar los pactos con el entorno político uribista y develar así la quintaesencia criminal de dicha gobernabilidad, serían inmediatamente extraditados. Tales fueron, muy resumidos, los principales abusos políticos de la “exitosa guerra” contra el narcotráfico y la extradición, que comparten orgullosos Pastrana y Uribe y, todo parece indicar, profundizará su hijo político adoptivo, Iván Duque, sumiso continuador de la fracasada guerra contra las drogas.

 

¿Narcoguerreros vs. narcopolíticos?

 

Lo que ahora llama a la estupefacción –incluso más que la generada por las combatidas drogas– es que quienes han politizado a tal extremo el narcotráfico, haciendo de la extradición una delegación casi total de la soberanía judicial del Estado colombiano y del “Plan Colombia” una estrategia militar contrainsurgente exitosa, nieguen en trance presidencial la esencia política del narcotráfico, para poder así extraditar en forma expedita a la antigua cúpula de la extinta Farc, haciendo trizas el Acuerdo de Paz y prolongando indefinidamente la absurda y criminal “guerra contra las drogas”, que cumple 50 años de fracasos continuos. Sin duda, la extradición es sustracción de soberanía judicial y de paz política. Nada importan las más de 220.000 víctimas mortales del conflicto armado interno, arrasadas por ese torbellino de violencia, en nombre de una falsa y maniquea moral, muy rentable para los mercaderes de la guerra y la muerte, tanto los legales como los ilegales, en Estados Unidos y en Colombia.

 

De consolidarse el anterior escenario, estaríamos frente al triunfo de los que con ironía pueden ser considerados “narcoguerreros” pura sangre, pues sus políticas antinarcóticas lo corroboran (en EU desde Nixon hasta Clinton y ahora Trump; en Colombia: Belisario, Barco, Pastrana y Uribe), frente a quienes han buscado salidas políticas al problema de las drogas ilícitas, que podrían denominarse cáusticamente “narcopolíticos” (Obama, Gaviria, Samper y Santos), con sus diferentes estrategias gubernamentales de negociación y confrontación, insuficientes para desarticular dicho entramado criminal. Entre ellas, la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35 de la Constitución, ya derogado); la política de “sometimiento a la justicia” Gavirista y su frustrada aplicación Samperista a los Rodríguez (abortada por el acuerdo de Pastrana-DEA con el proceso 8.000) y, el más reciente apoyo norteamericano, con Obama y su delegado en La Habana, que validó el cuarto punto del Acuerdo de Paz: “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Punto que consagró la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, en lugar de la depredadora y criminal de la erradicación forzada, a cambio de proporcionar las Farc las condiciones para que el Estado recobrara su precaria soberanía y la regulación de dichos territorios, reincorporando a los campesinos a su condición plena de ciudadanos, integrándolos legalmente al mercado nacional e internacional. Responsabilidad que el Estado no ha tenido la capacidad de asumir y hoy deja esos territorios en un limbo de cultivos de uso ilícito, anegado en sangre de líderes sociales asesinados por bandas narcotraficantes y de familias campesinas inermes, abandonadas o incluso masacradas por agentes de la Policía Nacional, como aconteció en Tumaco.

 

Contra una guerra perdida una política responsable

 

Pero también hay que resaltar que, en el plano internacional, en forma tardía y tímida, algunos ex-presidentes latinoamericanos que han padecido y experimentado la impostura de tan absurda guerra, se expresaron en la “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”, el 11 de febrero de 2009, bajo el título: “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio Paradigmático”:

 

“Convocada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, y Ernesto Zedillo de México e integrado por 17 personalidades independientes, la Comisión evaluó el impacto de la “guerra contra las drogas” y presentó recomendaciones para políticas más seguras, eficientes y humanas. Sus tres recomendaciones principales son: 1) tratar el uso de la droga como una cuestión de salud pública; 2) reducir el consumo a través de medidas de información y prevención; y 3) enfocar los esfuerzos de la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado”.

 

No obstante, la sensatez de dichas propuestas, hoy resultan insuficientes. Ya es hora de dar pasos más audaces en el ámbito internacional y de promover, como bloque latinoamericano, en las Naciones Unidas, el fin del prohibicionismo, matriz de la “guerra contra las drogas”, adoptando curiosamente la misma política que el Estado norteamericano aprobó en 1933, al derogar la enmienda que prohibió y penalizó el consumo del licor en 1914. Al respecto, cabe recordar el siguiente argumento a favor de la derogatoria de la Enmienda de la Prohibición, expuesto por el vocero de la Cámara, Oscar W. Undelwood, por considerar el prohibicionismo un “esquema tirano que pretende establecer por ley la virtud y la moralidad”, en contra de su colega prohibicionista de Alabama, Richmond Pearson Hobson, quien la defendía con argumentos como:

 

“Una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, es una “droga creadora de hábito”, “veneno protoplásmico, asquerosa excreción de un organismo viviente que convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delito no naturales”. El hombre blanco tiene la misma tendencia, salvo que “por el hecho de estar más evolucionado, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”1.

 

Según lo anota el historiador Martin Short: “La prohibición había originado un horrible daño moral. Había convertido en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaría al crimen organizado, convirtiéndolo en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”2.

 

Por eso es la hora de la regulación estatal, tal como lo está haciendo Uruguay con el control oficial de la producción, distribución y el consumo de la marihuana, para arrebatarle al crimen organizado tan violento como lucrativo negocio. Pero también es la hora de la prevención, la educación y la responsabilidad personal (como lo promueven con éxito las campañas contra el consumo del tabaco y el alcohol) que es lo propio de toda persona adulta y del ejercicio de la ciudadanía. Lo contrario, es reconocer que no se puede prescindir del Estado Policivo y terapéutico (Thomas Szasz), que trata a sus ciudadanos como siervos y menores de edad, carentes de autonomía personal, por lo cual deben ser vigilados y castigados, como lo propone el joven Iván Duque con mentalidad retardataria. Sigue así fielmente los preceptos de sus padres políticos adoptivos, Pastrana y Uribe, tan amigos de la templanza del fuego y las aspersiones con glifosato, totalmente inicuas y toxicas, pero electoralmente muy exitosas, sustentadas en los prejuicios y los miedos de quienes añoran un padre castigador y su brutal pedagogía de la “letra con sangre entra”. Así, Duque pretende disuadir y disminuir el consumo de sustancias estupefacientes con persecución policial, incautación de dosis personal y eventuales multas draconianas, que sólo promoverán mayor corrupción y descomposición de la convivencia y el tejido social. Tal como sucedió durante la prohibición del licor en Estados Unidos. Ya lo decía Al Capone, con fina ironía:

 

“Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos de entre la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mí mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”3.

 

Un “Bien” que estimula el “Mal”

 

Con la templanza y la virtud de Duque, sus asociados y potenciales electores, estaremos condenados a medio siglo más de heroica lucha contra el “flagelo de las drogas”, no sólo como consecuencia de la codicia de los narcotraficantes sino también del “celo y la rectitud moral” de gobernantes que los combaten en nombre de valores superiores que ellos mismos ignoran o desprecian: la libertad, la dignidad humana, la paz y la democracia, convirtiéndolos en una coartada perfecta para prolongar su dominación y perpetuar una guerra pérdida. Una guerra que sólo se ganará cuando se abandone el paradigma prohibicionista y asuma el Estado su rol regulador, preventivo y formativo, dejando atrás el policivo, represivo y punitivo, que sólo eleva los precios de las drogas ilícitas y aumenta las ganancias de los narcotraficantes, además del presupuesto de las agencias antidroga, que medran y subsisten en el mundo de la ilegalidad, la corrupción y el crimen. Sólo basta mirar, sin celo extraditable, la celada montada por la DEA en el caso Santrich, con la participación de varios de sus agentes, cuya trama deberá ser examinada y valorada por la JEP, pues la Fiscalía y la Justicia ordinaria parecen haber perdido, lamentablemente, su independencia y autonomía judicial.

 

1 Citado por Muso F, David Md, (1993) en su libro La enfermedad americana. Bogotá, Ed. Tercer mundo. p. 331.
2 Short, Martin (1986), Mafia, la sociedad del crimen, Barcelona, Ed. Planeta. p. 75.
3 Ibíd., p. 70.

Publicado enEdición Nº246
Estados Unidos prohíbe las transacciones con la criptomoneda venezolana

La restricción afecta a ciudadanos norteamericanos y llega un mes después del nacimiento de la divisa virtual petro

Estados Unidos limitó este lunes el intento de Venezuela de utilizar su nueva y enigmática criptomoneda para esquivar las asfixiantes sanciones internacionales. El presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a ciudadanos estadounidenses o que vivan en EE UU efectuar transacciones con cualquier divisa virtual creada por el Gobierno de Nicolás Maduro desde el pasado 9 de enero. En paralelo, el Departamento del Tesoro incorporó a cuatro altos cargos venezolanos, en activo o retirados, a su listado de sancionados por mala gestión económica y corrupción.


Maduro anunció hace un mes la entrada en funcionamiento de la criptomoneda petro, lo que fue recibido con escepticismo por los expertos dada la hiperinflación y el declive monetario venezolano sumado a su bloqueo internacional. En la antesala de su primer día en funcionamiento, Maduro aseguró el pasado 20 de febrero que la criptomoneda había conseguido financiación por valor de 735 millones de dólares. El presidente venezolano dijo que la moneda virtual estaría garantizada por las reservas de petróleo, oro y diamantes, que su precio quedaría relacionado con el del petróleo y que el petro estaría disponible en casas de intercambio electrónico de todo el mundo.


La nueva restricción de EE UU, sin embargo, acaba con esa última posibilidad. A partir de este lunes, ninguna persona estadounidense podrá llevar a cabo “transacciones, provisiones para financiar o cualquier otro acuerdo” con cualquier divisa virtual emitida por o en nombre del Gobierno venezolano. Buena parte de las transacciones financieras internacionales pasan en algún momento por el sistema estadounidense y Washington ha redoblado en los últimos meses su abanico de sanciones a Caracas.


“Maduro diezmó la economía venezolana y propició una crisis humanitaria. En vez de corregir el rumbo para evitar una catástrofe mayor, el régimen de Maduro está tratando de eludir sanciones mediante la moneda virtual petro”, declaró el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en un comunicado. “Urgimos a Maduro a distribuir ayuda humanitaria y dejar de bloquear la necesitada asistencia humanitaria a la gente de Venezuela, y llamamos de nuevo a los militares venezolanos a respetar la Constitución”, agregó Mnuchin, que este lunes abordó la crisis venezolana en la cumbre de ministros de Finanzas del G20, que se celebra en Buenos Aires.
En una conferencia telefónica con periodistas, un alto funcionario estadounidense describió la criptomoneda venezolana como un “intento desesperado del régimen corrupto” de Maduro y advirtió de que invertir en el petro supone “apoyar una dictadura”. También minimizó el impacto de la restricción sobre el pueblo venezolano porque dijo que es “muy improbable” que puedan utilizar la divisa virtual.


Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, Washington ha endurecido sus sanciones contra altos cargos del chavismo por la deriva autoritaria de Caracas y presuntos vínculos con el narcotráfico. El Gobierno de Trump, según subrayó la citada fuente, sigue considerando la posibilidad de imponer un embargo petrolero al país caribeño, pero quiere garantizarse de que no propiciaría efectos negativos para el pueblo venezolano y las economías regionales y estadounidenses.
Los penalizados por Washington, incluido el vicepresidente Tareck El Aissami, tienen sus activos financieros bloqueados en EE UU, están vetados de llevar a cabo transacciones con entidades estadounidenses y tampoco pueden viajar a ese país.


Ese mismo castigo es el que reciben desde este lunes los nuevos cuatro sancionados a los que se acusa de corrupción y mala gestión económica. Son Américo Alex Mata García, director suplente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Hábitat y Vivienda y que, como coordinador de la campaña electoral de Maduro en 2013, ha sido señalado por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.


Los otros tres penalizados son Willian Antonio Contreras, jefe del órgano responsable de imponer controles de precios en Venezuela; Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela, y Carlos Alberto Rotondaro Cova, expresidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social.

 

Washington 19 MAR 2018 - 16:57 COT

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