Domingo, 29 Noviembre 2020 06:20

Banda de halcones

El presidente electo, Joe Biden, presenta a algunos miembros del nuevo gabinete de gobierno, en Wilmington, Delaware, el 24 de noviembre. AFP, CHANDAN KHANNA

EL COMPLEJO INDUSTRIAL-MILITAR EN EL GABINETE DE BIDEN

 

presidente electo de Estados Unidos nombró esta semana a algunos de sus candidatos para puestos clave en defensa y política exterior. Detrás de los anuncios se esconde un mundo de puertas giratorias y lobbies belicistas con ropaje académico, financiados por la industria armamentística y de la seguridad global.

o había razón alguna para creer que un gobierno de Joe Biden estaría a la izquierda de los gobiernos de Barack Obama en lo que a política exterior se refiere. Biden tiene una larga carrera de respaldo a las guerras de Estados Unidos y aliados: desde la invasión a Irak en 2003, pasando por la agresión israelí contra los palestinos, hasta la larga ocupación de Afganistán. Y cualesquiera hayan sido sus limitadas concesiones a la izquierda demócrata durante la campaña electoral, los lineamientos en política exterior no fueron parte de ellas, como lo demuestra la completa exclusión del tema de la agenda del grupo de trabajo unitario que Biden formó con la gente de Bernie Sanders.

Quizás su toma de posición más distintiva durante la campaña fueron sus imprecaciones belicosas contra China, no tan racistas como las de su rival Donald Trump, pero lo suficientemente fuera de tono como para que uno de sus anuncios de propaganda fuera condenado por grupos asiático-estadounidenses por su contenido xenofóbico. El ahora presidente electo dijo, sí, en los últimos meses, que quiere poner fin a las guerras «interminables» de Estados Unidos (a pesar de que él ayudó a iniciar varias de ellas) y que está en contra del conflicto en Yemen (una postura que sólo dio a conocer luego de servir en el gobierno de Obama, que auspició esa carnicería), pero no puso estos temas en el centro de su plataforma ni acompañó sus declaraciones con propuestas concretas. Los recientes anuncios sobre su futuro gabinete van, por lo tanto, en consonancia con su larga trayectoria en Washington.

EN EL ALA DE UN DRON

Antony Blinken, quien será nominado secretario de Estado, tal como se reveló este lunes 23, ha atraído considerables críticas por su historial de apoyo a las llamadas «intervenciones humanitarias». Blinken fue uno de los principales consejeros de Biden cuando el entonces senador por Delaware votó a favor de la invasión estadounidense a Irak en 2003. Lo ayudó luego, entre otras cosas, a desarrollar una propuesta para partir ese país en tres regiones separadas de acuerdo a identidades étnicas y sectarias. Como asesor de seguridad nacional del vicepresidente de Estados Unidos (2009-2013), secundó, además, la desastrosa intervención militar en Libia.

En 2018 Blinken ayudó a lanzar Westexec Advisors, una «firma de asesoría estratégica» que se ha negado sistemáticamente a revelar quiénes son sus clientes. Una de sus socias en ese emprendimiento es Michèle Flournoy, otra funcionaria que viene de la cantera de los gobiernos de Obama (y probable candidata de Biden a secretaria de Defensa). El periodista Jonathan Guyer escribió en The American Prospect que «Blinken y Flournoy han usado su red de contactos para construir una gran base de clientes allí donde se cruzan la tecnología de punta y la defensa. Una empresa israelí de vigilancia ha recurrido a ellos, así como también una importante empresa de defensa de Estados Unidos, el multimillonario de Google Eric Schmidt y algunas empresas de la lista Fortune 100» (23-XI-20).

Otros elementos de las épocas de Obama, menos conocidos que Blinken, merecen, sin embargo, un mayor escrutinio. Avril Haines, por ejemplo, ha sido nombrada en estos días directora de Inteligencia Nacional para el futuro gobierno de Biden. Haines fue una de las coautoras de la llamada Guía de Política Presidencial de la era Obama, el infame manual para el uso de drones en asesinatos selectivos. Así es como Newsweek describió a Haines en 2013: «Desde que se convirtió en asesora legal del Consejo de Seguridad Nacional en 2011, estuvo trabajando en una amplia gama de temas sumamente complicados y legalmente sensibles –por lo general hasta la 1 o las 2 de la mañana, a veces hasta más tarde– que tocan el núcleo de los intereses de seguridad de Estados Unidos. Entre ellos, se encontraban los requisitos legales que rigen la intervención estadounidense en Siria y las opciones disponibles, altamente clasificadas, para frustrar el programa nuclear de Irán. A veces se llamaba a Haines en medio de la noche para evaluar si un supuesto terrorista podía ser legalmente incinerado por un dron» (26-VI-13).

Durante la campaña presidencial de Biden hubo un esfuerzo concertado por parte de algunos exayudantes de Obama para presentar retroactivamente a Haines como la voz de la moderación y de las garantías a los civiles, un intento que registró en su momento el corresponsal del Daily Beast Spencer Ackerman (7-VII-20). Este revisionismo es difícil de vender: las medidas de protección de civiles que Haines habría incluido en la «ley de drones» claramente no funcionaron, como lo demuestra el devastador costo en vidas civiles de las guerras de drones estadounidenses. Si bien la administración de Trump intensificó este programa de asesinatos selectivos y acotó las restricciones referidas a la matanza de civiles, fue la administración de Obama, con la ayuda de Haines, la que lo normalizó en el paisaje político estadounidense y permitió así convertir al mundo entero en un campo de batalla de Washington.

Hay, además, otros aspectos preocupantes en el historial de Haines. «En el pasado, supo describirse a sí misma como exconsultora de la controvertida empresa de minería de datos Palantir», escribe el periodista Murtaza Hussain para The Intercept (26-VI-20). Palantir fue cofundada por un donante multimillonario de las campañas de Trump y está implicada en algunas de las peores irregularidades de la administración republicana, incluidas la vigilancia masiva y la detención de inmigrantes. Como informa Hussain, poco es sabido sobre el papel de Haines en la firma y ella misma se encargó de eliminar de su currículum cualquier mención a Palantir cuando se incorporó al equipo de asesores de Biden (de acuerdo a Guyer, Haines también trabajó para Westexec). En 2018, Haines enfureció a los sectores de izquierda cuando apoyó el nombramiento de Gina Haspel como directora de la CIA. En aquel momento, Haspel era duramente criticada por su papel previo al frente de cárceles de la agencia secreta donde se practicaba la tortura de forma sistemática.

A PÓLVORA

Luego está Linda Thomas-Greenfield. Elegida por Biden para servir como embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Thomas-Greenfield presenta como su empleo más reciente el que tuvo en Albright Stonebridge Group, una opaca consultora estratégica global presidida por Madeleine Albright, secretaria de Estado de la era Clinton. Albright Stonebridge Group es un agujero negro: ha sido casi imposible para el periodismo obtener información sobre quiénes son sus clientes. La empresa afirma que no ejerce lobby sobre el gobierno estadounidense ni realiza trabajos comprendidos bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, pero muchos de sus empleados también figuraban o figuran en roles que, ciertamente, les permiten ejercer influencia a nivel oficial.

No hay nada extraordinario en que Biden designe para un papel poderoso a alguien que proviene de una consultora de estrategia global poco dada a la transparencia, pero ese es precisamente el problema. Jake Sullivan, quien será el asesor de seguridad nacional de Biden, comenzó a trabajar para Macro Advisory Partners en 2017. «Dirigida por exjefes de espionaje británicos, Macro Advisory Partners tiene alrededor de 30 empleados a tiempo completo y reportó ingresos por 37 millones de dólares el año pasado», señala Guyer. La firma «ha utilizado la participación de Sullivan como parte de su estrategia de marketing a la hora de ofrecer “asesoría confiable en un mundo turbulento” […]. Pero, cuando Sullivan publica un artículo sobre la política exterior de Estados Unidos o da conferencias universitarias, casi siempre omite de su currículum este trabajo».

Por su parte, Flournoy, la presunta favorita para liderar el Pentágono en los próximos cuatro años, no sólo está en la junta directiva del contratista de defensa Booz Allen Hamilton, sino que también cofundó el think tank Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS, por sus siglas en inglés), que recibe importantes fondos de los gigantes de la industria armamentística, como General Dynamics Corporation, Raytheon, Northrop Grumman Corporation y Lockheed Martin Corporation. Flournoy se desempeñó en la administración de Obama como subsecretaria de Defensa para la política militar (2009-2012) y luego jugó un papel importante al influenciar al gobierno desde el CNAS. Fue una de las principales patrocinadoras de la intervención militar de 2011 en Libia, una defensora de la ocupación de Afganistán y una firme opositora de la retirada total de Irak de las tropas estadounidenses.

ACADÉMICOS Y TRAFICANTES

En los próximos días y semanas, se conocerán más nombramientos de Biden. Tenemos todas las razones para esperar más de lo mismo: su equipo de transición para el Pentágono así lo indica. Al menos un tercio de los integrantes de este ha señalado como sus empleadores más recientes a think tanks, organizaciones y compañías que o bien son financiadas por la industria de las armas o bien son directamente parte de dicha industria. Muchas de estas entidades, fundamentalmente los think tanks, son bien conocidas e incluso respetadas. Sus empleados no suelen recibir las mismas críticas que reciben los miembros de algunos lobbies, pero deberían: a través de sus paperssobre políticas públicas, su llegada a los medios masivos de comunicación y sus relaciones con el estamento político, estos funcionarios hacen efectivamente lo mismo que los lobbistas, pero revestidos de una apariencia más académica. Los think tanks de los que Biden está tomando a su gente tienen probados antecedentes como impulsores de la compra de determinados sistemas de armamento por el gobierno estadounidense. Y luego, por fuera de ese tercio, están, además, los varios asesores del presidente electo que no revelan sus patrocinadores, incluidos los cuatro miembros del equipo de transición que provienen del Albright Stonebridge Group.

Existe la tentación en el progresismo estadounidense de tomarse un momento para respirar, celebrar que el gobierno de Trump ha sido repudiado por el voto popular y aferrarse a la esperanza de que Biden marque un cambio en algunos de los peores impulsos del presidente en funciones. Pero un valioso aprendizaje de los primeros días de la era Obama es que lo que se requiere en momentos como este es una evaluación sobria más que una proyección. Obama, con Biden a su lado, supervisó la intervención en Libia, el desastroso involucramiento en la guerra de Yemen, la ocupación aún en curso de Afganistán, el apoyo al golpe en Honduras y mucho más. Biden cuenta ahora con el mismo equipo de asesores y traficantes de influencias que colaboraron para que todo eso sucediera.

Sarah Lazare
27 noviembre, 2020

(Publicado originalmente en In These Times con el título «Biden’s Foreign Policy Picks Are From the Hawkish National Security Blob. That Is a Bad Sign». Traducción y titulación en español de Brecha.)

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Airbus y Boeing: política industrial y mercado

La industria aeronáutica está pasando por un mal momento. Los dos gigantes que controlan el mercado mundial de aviones de pasajeros, Boeing y Airbus, enfrentan dificultades financieras, económicas y tecnológicas. Boeing acaba de recibir un duro golpe, pues dos accidentes de aviación en menos de cinco meses involucraron su modelo B 737 Max 8. Eso condujo a todos los países en los que operan aerolíneas con estas naves a suspender los vuelos con esos aparatos y a mantenerlos en tierra mientras se terminan las investigaciones sobre las causas de esos percances.

El impacto sobre el valor de las acciones de Boeing no se hizo esperar, con una caída superior a 14 por cientoen unas cuantas horas, lo que representó una pérdida de 33 mil millones de dólares. La serie 737 Max ha sido ya durante varios años el producto principal de Boeing en el mercado y se han vendido más de 15 mil aparatos de esta serie, aunque sólo se han entregado 10 mil 444. Del modelo Max, que es el más moderno y ahora se descubre que está plagado de problemas en los sistemas de control automático del estabilizador horizontal, se han vendido 5 mil 05 y se han entregado 375. El precio promedio de un avión serie Max es de unos 120 millones de dólares. Un colapso en los pedidos futuros del 737 Max sería un fuerte descalabro para la empresa.

En tanto, Airbus, el archicompetidor de Boeing, ha experimentado su propia serie de problemas. En 1990 anunció el lanzamiento de un programa para construir un avión de pasajeros jumbo capaz de destronar al clásico 747 de Boeing en el mercado de aviones de gran capacidad. El nuevo Airbus 380 comenzó a producirse en 2000 y para 2005 se realizó el primer vuelo del avión con dos pisos y capacidad para 550 pasajeros (bajo ciertas configuraciones el A380 puede transportar 650 pasajeros). El costo total del programa alcanzó la cifra de 10 mil millones de euros: los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido dieron créditos a Airbus por más de 6 mil millones de euros.

El costo de desarrollar una nueva familia de aviones es tan elevado que una compañía como Airbus se estaba jugando el pescuezo en este proyecto. Al principio el ritmo de ventas parecía anunciar el éxito del proyecto, pero muy rápido los costos de operación se fueron revelando demasiado altos para las aerolíneas y los nuevos pedidos se fueron haciendo cada vez más difíciles de conseguir. Sólo la fidelidad de una compañía, Emirates, permitió mantener el proyecto de la familia del A380 sobre la línea de flotación. La estrategia de esa aerolínea ha estado basada en los súper-jumbo de Airbus para dominar el mercado de vuelos intercontinentales.

Pero el problema del Airbus A380 no está solamente en los costos de operación. También comenzó a revelarse que era difícil llenar los asientos de este avión, lo que agravó el perfil de rendimiento. En síntesis, los pronósticos sobre flujo de pasajeros fueron desmentidos por la realidad y las compañías de aviación prefirieron comprar aviones más pequeños y de mejor rendimiento. El 14 de febrero el conglomerado Airbus anunció el final de la producción del súper-jumbo y varias compañías (incluyendo Air France) han incluso comenzado a deshacerse de los aparatos que operan.

Es posible que los problemas técnicos del 737Max 8 sean resueltos en poco tiempo por los ingenieros de Boeing en su planta maestra en Seattle. De hecho, la compañía ya anunció que los sistemas de pilotaje automático serán remplazados por completo. Y también es probable que el costo de retirar al enorme A380 del mercado pueda ser superado por Airbus. Pero es importante tomar en cuenta algunas lecciones que se derivan de la dinámica de este duopolio. La realidad es que sin los subsidios que han recibido ambos consorcios ninguno de ellos hubiera podido desarrollarse. El año pasado la Organización Mundial de Comercio (OMC) anunció el fallo de un panel de controversias en el que Airbus fue encontrado culpable de recibir subsidios que la OMC había prohibido en 2016 por parte de varios gobiernos de la Unión Europea.

Boeing clamó victoria, pero la verdad es que todavía falta la decisión de un panel en otra demanda contra el consorcio estadunidense que recibe astronómicos subsidios por parte del Departamento de Defensa. Desde hace décadas Boeing ha recibido un subsidio a través del apoyo del Pentágono para su línea de aviones cisterna de aplicación militar (el KC35 y el más moderno KC46). La plataforma para estos aviones tanque y los componentes que comparten con los demás aparatos de Boeing permiten al consorcio beneficiarse del apoyo que reciben sus aviones de uso militar.

Si Boeing y Airbus se disputan hoy la hegemonía del mercado mundial eso se debe a una decidida y clara política industrial, no a las veleidades de la mano invisible del mercado. Sin los subsidios y apoyos estatales que ambos consorcios han recibido simplemente no hubieran podido ajustarse a un mercado tan errático.

Twitter: @anadaloficial

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El submarino nuclear brasileño, pospuesto indefinidamente

La revista militar Jane's Defence alertó el pasado 20 de junio que el Gobierno de Brasil está considerando una "suspensión prolongada de la financiación para el programa de su submarino nuclear".


Según el portal, la combinación de dificultades financieras por la larga crisis económica y la inestabilidad política serían la causa de la nueva postergación del mayor programa militar del país.


El mismo día, la Marina se apresuró a difundir un breve comunicado en el que asegura que el Programa de Submarinos (Prosub) no sufre ninguna alteración en su cronograma. Agrega que no hubo ningún retraso en los pagos del Gobierno "entre los años 2012 y 2013", que el primer submarino convencional será botado en 2018 y que el nuclear lo será en 2027.


En 1979, Brasil inició el Programa Nuclear de la Marina, que le permitió en 10 años dominar el ciclo completo de enriquecimiento de uranio a través de centrifugadoras elaboradas autónomamente. El programa funciona en el Centro Tecnológico de la Marina, en Aramar, a 20 kilómetros de Sao Paulo y tiene dos vertientes: el Proyecto de Propulsión Naval para el primer submarino nuclear, y el Proyecto del Ciclo de Combustible Nuclear, que incluye el enriquecimiento de uranio.


Por este motivo, el país fue colocado en una 'lista negra' que le impedía importar materiales para el área nuclear, entre ellos las supercomputadoras necesarias para monitorear el proceso. Uno de los creadores y principales directores del programa es el vicealmirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, que fue "monitoreado por agentes de la CIA" cuando el país importó bajo su orientación materiales 'prohibidos'.


Graduado en ingeniería mecánica en el MIT, Othon fue la pieza clave en el desarrollo de una tecnología nuclear nacional, lo que le valió amplio reconocimiento con la entrega de ocho medallas militares. Pero el programa tenía sus detractores. En 1997, el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, alineado con Washington, firmó el Tratado de No Proliferación, lo que significó un giro de 180 grados en la política nuclear del país.


En 2008, el viejo proyecto fue reactivado cuando se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en el mar, la llamada 'capa pre-sal', que imponía Brasil la vigilancia de sus 8.000 kilómetros de litoral marítimo. También en 2008 se formuló la Estrategia Nacional de Defensa, bajo el Gobierno de Lula, que establece como 'prioridad' la construcción de un submarino nuclear con el objetivo de negar el uso del mar a cualquier potencia hostil y defender las plataformas petrolíferas.


En 1983, la Marina ya había firmado un acuerdo con Alemania por el que se construyeron cuatro submarinos de propulsión diésel-eléctrica en Brasil. El descubrimiento de petróleo en la plataforma marítima aceleró los panes de construir submarinos y en 2009 se firmaron acuerdos con Francia para construir un astillero, una base de operaciones, cuatro submarinos Scorpene y uno nuclear con transferencia de tecnología.


El cronograma inicial preveía que el primer sumergible nuclear estaría listo en 2011, por lo cual el retraso es ya de seis años, aunque seguramente sea mayor si no llega a ser definitivamente aplazado.


El proyecto comenzó con buen pie, pero pronto aparecieron dificultades. El primer obstáculo provino de Estados Unidos. Desde 2009, según los cables revelados por WikiLeaks, la Embajada de EEUU en Brasil mostró su oposición al submarino nuclear al que el embajador Clifford Sobel calificaba como "elefante blanco políticamente popular" y adelantaba el surgimiento de "agujeros negros" de carácter financiero.


El segundo problema consiste en la crisis política brasileña comenzada luego de 2014 con la operación Lava-Jato contra la corrupción. En apenas dos años, la justicia desbarató los planes estratégicos de Brasil, encarcelando a la plana mayor de Odebrecht, con lo que la empresa entró en bancarrota, y al vicealmirante Othon, presidente de Eletronuclear, con lo que asestó un golpe moral a la Marina.


Othon recibió la mayor pena entre los 144 condenados por Lava-Jato; de 43 años, acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Era la principal referencia del Programa Nuclear y, según las palabras del juez que lo condenó, tenía gran influencia en más de una generación de ingenieros y oficiales de la Marina.


El tercer problema es la falta de recursos por la crisis económica que vive el país, que está desmantelando el aparato productivo. Apenas un ejemplo: la pujante industria naval se vino abajo. De los 40 astilleros existentes, 12 están parados y el resto trabajan muy por debajo de su capacidad, al punto que el sector despidió a 50.000 trabajadores, la mitad de los empleados, y tiene deudas millonarias que no puede pagar.


Algunos analistas, como Sergio Rezende, ministro de Ciencia y Tecnología bajo el Gobierno de Lula entre 2005 y 2010, sostiene que "está todo paralizado" en relación a proyectos estratégicos tales como el programa de submarinos y los de la Fuerza Aérea. Opina que tanto la Marina como la Aeronáutica están cerca de reaccionar contra el Gobierno de Michel Temer si no se liberan fondos para esos proyectos que los militares consideran vitales para la defensa.


Rezende considera que las personas que están al frente de la Operación Lava Jato no tienen idea de lo que es importante para Brasil, porque "combatir la corrupción es muy importante, pero ¿acabar con una empresa?", se pregunta en relación a Odebrecht, que estaba al frente de todo el programa de submarinos. Criticó la entrega de papeles sensibles de Odebrecht al departamento de Justicia de EEUU.


"¿Cuándo los EEUU entregarían una empresa importante para ellos a otro país?", se pregunta Rezende. "Una de las razones por las cuales el PIB no crece es porque las grandes empresas están paralizadas. Con la excusa de combatir la corrupción están aniquilando el sistema empresarial brasileño", concluye el exministro.


En ese sentido, el contralmirante Flavio Augusto Viana Rocha, director del Centro de Información de la Marina, dijo que el diseño del submarino de propulsión nuclear fue terminado hace tres años, pero los atrasos en otras estructuras del proyecto y la pérdida del 50% del efectivo de Odebrecht "deja incertidumbres en la expectativa de conclusión" del proyecto.


El primer submarino convencional, bautizado Riachuelo, será botado en julio de 2018, con tres años de retraso si todo marcha bien. El submarino nuclear enfrenta aún más dificultades. El reactor está aún en fase embrionaria. Por sus dimensiones, Brasil debería tener en activo por lo menos 30 submarinos, pero sólo tiene cinco convencionales. Y está a punto de perder la posibilidad de tener el primero nuclear, una pieza clave para la defensa de su petróleo.

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