Megaincendios en la costa oeste de EEUU: “Si no creen en el cambio climático, vengan a California”

El humo proveniente de incendios forestales es visible en Pasadena, California, este sábado 12 de septiembre de 2020. Foto: AP.Varios megaincendios incineran más de un millón de hectáreas. Millones de residentes están asfixiados por el aire tóxico. Apagones continuos y olas de calor con temperaturas altísimas. El cambio climático, en palabras de un científico, le está dando una bofetada a California.

La crisis que enfrenta el estado más poblado de Estados Unidos es algo más que una mera acumulación de catástrofes individuales. También es un ejemplo de algo que les ha preocupado a los expertos del clima desde hace mucho, pero que pocos esperaban ver tan pronto: un efecto en cascada en el que una serie de desastres coinciden y se detonan o amplifican entre sí.

“Se están cayendo las piezas de dominó como los estadounidenses nunca se habían imaginado”, dijo Roy Wright, quien dirigió programas de resiliencia en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) hasta 2018 y creció en Vacaville, California, cerca de uno de los incendios más grandes de este año. “Es apocalíptico”.

Lo mismo se podría decir de toda la costa oeste del país esta semana, hasta Washington y Oregón, donde los pueblos se vieron diezmados por el fuego mientras los bomberos combatían al límite de sus capacidades.

Las crisis simultáneas de California son un ejemplo de cómo funciona la reacción en cadena. Un verano sofocante derivó en condiciones de sequía que jamás se habían experimentado. La aridez ayudó a que los incendios forestales de la temporada fueran los más grandes que se hayan registrado. Seis de los 20 incendios forestales más grandes en la historia moderna de California han sucedido este año.

Si el cambio climático era un concepto abstracto hace una década, en la actualidad es demasiado real para los californianos. Los intensos incendios forestales no solo están desplazando a miles de personas de sus hogares, sino que están provocando que químicos peligrosos se filtren en el agua potable. Las advertencias sobre el calor excesivo y el aire asfixiante lleno de humo han amenazado la salud de personas que ya están batallando durante la pandemia.

Además, la amenaza de más incendios forestales ha hecho que las aseguradoras cancelen las pólizas de los propietarios de las viviendas y que los principales proveedores de servicios públicos del estado corten el suministro de electricidad para decenas de miles de personas con fines preventivos.

“Si no creen en el cambio climático, vengan a California”, dijo el gobernador Gavin Newsom el mes pasado.

Los funcionarios se han preocupado por los eventuales desastres en cascada. Pero no pensaron que comenzarían tan pronto.

“Solíamos preocuparnos por un peligro natural a la vez”, dijo Alice Hill, investigadora principal del Consejo de Relaciones Exteriores que supervisó la planificación de la resiliencia en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Obama. “Pero la aceleración de los impactos climáticos ha sucedido más rápido de lo que esperábamos”.

Los climatólogos argumentan que el mecanismo detrás de la crisis de incendios forestales es simple: el comportamiento humano, sobre todo la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, ha liberado gases de efecto invernadero que elevan las temperaturas, lo cual seca los bosques y los predispone a incendiarse.

Mark Harvey, quien fue director sénior de resiliencia en el Consejo de Seguridad Nacional hasta enero, dijo que al gobierno se le ha dificultado prepararse para situaciones como las que se están viviendo en California.

“El gobierno tiene un desempeño muy muy deficiente en cuanto a los efectos en cadena”, afirmó Harvey. “La mayoría de nuestros sistemas están diseñados para lidiar con un problema a la vez”.

De cierto modo, los incendios forestales que han sucedido en California durante este año llevan décadas gestándose. Una sequía prolongada que terminó en 2017 fue una de las principales causas de muerte de 163 millones de árboles en los bosques de California en la última década, según el Servicio Forestal de Estados Unidos. Uno de los incendios que se propagó con más velocidad este año devastó los bosques que tenían la concentración más alta de árboles muertos, al sur del Parque Nacional de Yosemite.

Más al norte, el Bear Fire (incendio del oso) se convirtió en el décimo incendio más grande en la historia de California, pues arrasó con la impactante cantidad de 93.077 hectáreas en un periodo de 24 horas.

“Es realmente impresionante ver la cantidad de incendios enormes y destructivos que se propagan con tanta rapidez y suceden al mismo tiempo”, dijo Daniel Swain, climatólogo del Instituto del Medioambiente y Sustentabilidad en la Universidad de California en Los Ángeles. “He hablado con casi treinta expertos en incendios y climatología en las últimas 48 horas, y casi todos se han quedado sin palabras. Sin duda, no se ha vivido algo de esta magnitud en los últimos tiempos”.

Mientras las autoridades estatales se movilizan para lidiar con las amenazas inmediatas, los incendios también dejarán a California con problemas difíciles y costosos a largo plazo, desde los efectos de inhalar humo hasta el daño a los sistemas de agua potable.

El humo proveniente de un incendio forestal puede ser mortal, en el peor de los casos, sobre todo para las personas mayores. Hay estudios que demuestran que cuando llegan las olas de calor, la tasa de hospitalizaciones se eleva, y los pacientes experimentan problemas respiratorios, paros cardiacos y derrames cerebrales.

La pandemia de coronavirus añade una nueva capa de riesgo a una situación que de por sí es peligrosa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido comunicados que advierten que las personas con COVID-19 corren mayor riesgo de resultar afectadas por el humo de los incendios forestales durante la pandemia.

“Cuanto más tiempo dure el aire contaminado en California, más preocupaciones tendremos por los efectos adversos en la salud”, comentó John Balmes, vocero de la Asociación Americana del Pulmón y profesor de Medicina en la Universidad de California, campus San Francisco.

13 septiembre 2020 

(Tomado de The New York Times)

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Un hombre sostiene una foto que muestra una estructura antes de que se sumergiera bajo el agua debido a las inundaciones. REUTERS/Baz Ratner

Andrew Wheeler, dirigente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, afirmó que la regulación climática va en contra de los más vulnerables. Sin embargo, la ciencia señala que los efectos del cambio climático serán más severos para las clases más desfavorecidas y los países en desarrollo.

 

En el 50 aniversario de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), su actual dirigente, Andrew Wheeler, opinaba que las políticas dirigidas a luchar contra la crisis climática basadas en medidas regulatorias suponen un ataque a los intereses de los pobres y los colectivos más vulnerables. Se trata de un mantra del negacionismo que parecía olvidado y que durante el mandato de Trump ha resurgido con fuerza.

De esta forma, el administrador del organismo federal –designado por Trump en 2017– cargaba contra las políticas demócratas del mandato Obama y vinculando la desregulación ambiental con los intereses de las clases trabajadoras. "Algunos miembros de administraciones anteriores y progresistas en el Congreso han elevado la defensa de un solo tema, en muchos casos centrados solo en el cambio climático, y por encima de los intereses de las comunidades dentro de su propio país", comentaba este jueves Wheeler, haciendo ver que una hipotética reelección del presidente republicano supondrá el portazo definitivo a la lucha contra el cambio climático.

No en vano, la afirmación del dirigente de la EPA pretende difuminar las evidencias científicas que confirman que los efectos de la crisis climática son (y serán) más severos para las clases trabajadoras y los países pobres del sur global. Se trata de un mensaje tradicional de la derecha republicana que señala con el dedo a las políticas de protección ambiental por lastrar los intereses económico y las vincula con un supuesto interés de la izquierda de querer controlar las vidas cotidianas de los ciudadanos de a pie. En un ejemplo claro, Wheeler hizo referencia a la restricción de los combustibles fósiles, argumentando que no van tanto en contra de los intereses de las compañías de petróleo y las marcas de automóviles, como de las necesidades de las clases trabajadoras para moverse en automóvil. De hecho, según informa Reuters, el dirigente de la Administración Trump vinculó escenarios de apagones en California con las políticas demócratas de transición verde basadas en energías renovables como la eólica o la solar.

El rechazo de Wheeler a la regulación y protección ambiental es un fiel reflejo de la forma en la que se aborda desde la Casa Blanca el reto climático. Más allá del incremento de contaminación y el aumento de concesión de licencias para macroproyectos con impacto ambiental, el hecho de que desde la EPA se considere que la lucha contra la crisis ecológica va en detrimento de los más vulnerables va en contra del grueso de las publicaciones científicas. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC), sin ir más lejos, advirtió en su último informe que el incremento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global será devastador para los países más pobres y para las estados insulares, que serán engullidos por el agua. No sólo eso, sino que la absorción del océano de cerca del 30% del CO2 emitido por el ser humano desde los años ochenta del siglo XX afectará en mayor medida a las comunidades rurales que viven de la pesca debido a una gran pérdida de biodiversidad marina.

"Las personas más expuestas y vulnerables son a menudo aquellas que cuentan con menor capacidad de respuesta", dijo el presidente del IPCC, Hoesung Lee, en relación al informe y alertando de que las demandas de la ciencia ya no pueden ir destinadas a luchar contra el cambio climático, sino a mitigar en la medida de lo posible sus consecuencias sobre los colectivos más desfavorecidos.

Cómo todo fenómeno, la crisis climática está teniendo consecuencias en función de la clase social. Así lo evidencia una investigación exhaustiva realizada por The New York Times , que detalla como los barrios negros y obreros de grandes urbes norteamericanas como Nueva York, Baltimore, Richmond, Dallas o Portland sufren ya temperaturas más cálidas que los distritos blancos y con mayor nivel de renta.

El oleoducto de Keystone que pretende transportar crudo desde EEUU es un buen ejemplo de cómo la desregulación normativa afecta directamente a los intereses de determinados colectivos. Este proyecto fue bloqueado durante el mandato de Obama, después de numerosas denuncias por parte de grupos ecologistas y comunidades indígenas canadienses y estadounidenses que iban a ver como sus territorios tradicionales iban a ser atravesados por esta infraestructura destinada al transporte de combustibles fósiles. Pese a ello, la Administración Trump decidió, en el mes de abril, reactivar el plan unos días después de que la EPA emitiera un comunicado donde anunciaba que todas las normas de protección ambiental quedaban suprimidas, al menos hasta que se ponga fin a la pandemia del coronavirus

La desregulación, al servicio de las grandes empresas

 

El mandato de Trump en materia ambiental ha estado articulado por un menosprecio a la ciencia y a todo lo relacionado con la crisis climática y la protección ambiental. Tanto es así, que su llegada a la Casa Blanca supuso la salida de los EEUU del Acuerdo de París, el tratado internacional firmado por 195 países que buscaba limitar las emisiones de CO2 mundiales y evitar que la temperatura del planeta ascendiera más de dos grados centígrados antes de que finalice el siglo XXI.

Tal y como recoge la revista Climática, durante sus cuatro años de Gobierno, el presidente republicano ha reducido o eliminado más de 150 medidas relacionadas con el medioambiente, ha incrementado la perforación del Ártico y ha afirmado que el cambio climático no tiene que ver con las acciones del ser humano en la Tierra. Todo ello, lejos de ir en beneficio de las clases proletarias como afirmaba dejaba ver el pasado jueves el dirigente de la EPA, ha ido destinado a favorecer los intereses de las grandes compañías petroleras.

El fin de las restricciones a las fugas de metano, una de las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo demócrata de Obama, ha sido una de las últimas decisiones de Trump más criticadas por la oposición y los grupos ecologistas, ya que libera a las compañías de la obligación de detectar y reparar cualquier escape de este gas nocivo, según informa The New York Times. La medida, como muchas otras, producirá beneficios económicos de hasta 100 millones de dólares al año hasta 2030 y conllevará 850.000 toneladas de metano durante esa década. La EPA justifica esta reciente medida y argumenta que "las cargas regulatorias impuestas por la administración Obama-Biden recayeron en gran medida sobre las pequeñas y medianas empresas de energía".

"Las acciones del presidente Trump con frecuencia han tomado la forma de ordenes ejecutivas que describen políticas nacionales, como priorizar la producción y distribución de combustibles fósiles, enfatizar el uso económico de los recursos naturales, acelerar las revisiones ambientales federales para proyectos de infraestructuras, y disminuir las restricciones de emisiones y estándares de eficiencia en todos los ámbitos", resumen desde el Centro Sabin para la Ley de Cambio Climático de la Universidad de Columbia, que cifra en en 159 el número de medidas de desregulación climática llevadas a cabo por el Ejecutivo republicano durante los últimos cuatro años de legislatura. 

05/09/2020 10:14

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El imperialismo estadounidense, la catástrofe climática y la nueva Guerra Fría

Entrevista a Paul Oquist

 

Es evidente que la humanidad se enfrenta a varias amenazas extremadamente graves. Lo que está en juego en las luchas que definirán la próxima década tendrá implicaciones sísmicas para el futuro de nuestra especie.

Me reuní con el Dr. Paul Oquist, representante de larga data de Nicaragua ante las Naciones Unidas en materia de cambio climático, para entrevistarlo con motivo del lanzamiento de su nuevo libro Equilibra: la filosofía y la economía política de la existencia y la extinción, en el que se exploran las múltiples amenazas existenciales a las que se enfrenta la humanidad.

La pandemia mundial de coronavirus -que ya se ha cobrado la vida de más de 800.000 personas en los primeros ocho meses de 2020- sigue propagándose de manera incontrolada en muchas partes del mundo, en particular en los Estados Unidos, el Brasil y la India. Al mismo tiempo, la perspectiva de una catástrofe humana mucho más grande se avecina a medida que las temperaturas mundiales siguen aumentando hacia el punto crítico de 1,5°C. Si se supera este umbral, se producirán cambios drásticos en el clima, lo que dará paso a una era de sufrimiento humano con condiciones meteorológicas extremas, hambrunas, inundaciones, huracanes, sequías y olas de calor a una escala que amenazaría la vida de millones de personas.

Oquist sostiene que los Estados Unidos son un gran obstáculo para que la humanidad logre la cooperación para resolver nuestros problemas. Los EE.UU. se han fijado el objetivo de lograr la “dominación del espectro completo”, argumenta. Es esta mentalidad de “América primero” la que está impulsando la política exterior estadounidense hacia una constante agresión contra los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, incluida Nicaragua, y hacia un gran ataque a China, a través del lanzamiento de una nueva Guerra Fría.

Frente a estas inmensas amenazas a la humanidad, Oquist está reclamando un movimiento global de “supervivencia” para desafiar la dominación de los EE.UU. y hacer frente a los problemas urgentes que enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta las armas nucleares.

Lo que está en juego: las amenazas existenciales a las que se enfrenta la humanidad

Empecé preguntando al Dr. Oquist cuáles son los principales mensajes que intenta transmitir en su nuevo libro, Equilibra. Su respuesta es franca y al punto: “Estamos realmente en un estado de cosas mucho más precario de lo que pensamos. Vivimos en una falsa estabilidad”.

Sostiene que el equilibrio a largo plazo del planeta, un equilibrio vital que sostiene y hace posible la vida humana, es ahora inestable y se enfrenta a múltiples amenazas a corto plazo que podrían desequilibrarlo.

La razón de esto, sostiene Oquist, es debido a los “puntos de inflexión” – puntos de inflexión a los que nos acercamos después de 170 años de emitir carbono desde la revolución industrial, más allá de los cuales “los ecosistemas básicos que mantienen la vida humana y la vida en general” se enfrentan a un “impacto permanente e irreversible”.

El enfoque en la acumulación de capital a toda costa, y un sistema económico dominante que “se basa en tomar ganancias a corto plazo a pesar de las consecuencias negativas a largo plazo” es fundamental para el problema, dice Oquist.

“El uso continuado de los combustibles fósiles es un ejemplo de ello”, dice, y “la creencia de que el crecimiento de la producción, el consumo y la acumulación de capital puede continuar sin cesar, sin pensar, sin límite alguno en un planeta con recursos finitos, degradados y limitados”.

El riesgo de un intercambio nuclear es otro escenario en el que el equilibrio de la Tierra, y los ecosistemas que sostienen a los humanos podrían ser expulsados en un corto espacio de tiempo: “Es un triste comentario sobre nuestra especie que estemos jugando a la ruleta rusa con nuestra propia existencia, que estemos jugando con un suicidio potencial de las especies al tener estas 4.000 armas nucleares operativas desperdigadas por ahí; y si continúan desperdigadas algún día serán usadas, así que deshagámonos de ellas mientras podamos”.

Los Estados Unidos son el “desafío número uno” para resolver el cambio climático

Le pregunté al Dr. Oquist cuáles son los principales desafíos para detener la catástrofe climática en la próxima década. Su respuesta fue enfática: “El desafío número uno es los Estados Unidos de América… Los EE.UU. son un gran problema. El resto del mundo tiene que hacer el trabajo pesado porque los EE.UU. se llevan la palma en este tema.”

Oquist procedió a explicar cómo los EE.UU. han desempeñado un papel destructivo en los debates internacionales sobre el cambio climático durante dos décadas, comenzando con el Protocolo de Kyoto en 1997:

“El Protocolo de Kyoto era un buen acuerdo, era legalmente vinculante, tenía objetivos para el mundo… Los EE.UU. eran signatarios del Protocolo de Kyoto y luego el Senado de los EE.UU. no lo ratificó, así que los EE.UU. quedaron fuera”.

Caracteriza el próximo período de la política internacional de cambio climático en el período previo al Acuerdo de París de la ONU en 2015 en los siguientes términos:

“Los europeos y el derecho latinoamericano hicieron concesión tras concesión tras concesión a los EE.UU. con el fin de que se sumaran al Acuerdo de París.” Una de las concesiones importantes hechas a los EE.UU. fue hacer que el Acuerdo de París no fuera “legalmente vinculante” sino “voluntario”.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos europeos y de los gobiernos de derecha de América Latina, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en 2017 que los Estados Unidos se retirarían del Acuerdo de París. Oquist dice:

“Así que, dada toda esta historia, se puede imaginar el trago amargo que fue para los europeos y la derecha latinoamericana que, habiendo hecho todas las concesiones del mundo, los EE.UU. se retiraran del Acuerdo de París. Así que una vez más los EE.UU. están fuera del acuerdo. La mayor economía del mundo no va a participar en el Acuerdo de París y actualmente basa su modelo económico en los combustibles fósiles. Los EE.UU. son el mayor productor y exportador de petróleo y gas del mundo.”

Por qué Occidente debe pagar por la crisis climática

La clase dirigente de los Estados Unidos está decidida a bloquear una demanda vital que ha sido presentada constantemente por los países en desarrollo en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático: que los países y las empresas más responsables de causar el cambio climático paguen por las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Esto tal vez no sea sorprendente, ya que los EE.UU. son responsables de un cuarto de todas las emisiones de carbono jamás liberadas.

Oquist explica por qué la demanda de los países en desarrollo por pérdidas y daños es justa:

“Sabemos, desde la revolución industrial, quiénes son los grandes países emisores y quiénes son las grandes empresas emisoras. Se les debe hacer responsables de las pérdidas y daños en la medida de su responsabilidad por haber causado el problema. Algunas personas dicen que eso es muy radical. No, no es radical en absoluto”.

Señala que la idea de que si se causa daño a otra persona se debe pagar por ello es una parte central del derecho común. “Es la única manera científica de decidir quién debe pagar por la pérdida y los daños… preguntándose histórica y actualmente quién lo ha causado y en qué medida. Entonces pueden contribuir proporcionalmente al costo.”

Para Oquist, la negativa de los EE.UU. y Occidente a pagar por la crisis climática es una continuación de la explotación de los pueblos y recursos del mundo en beneficio del capital. Señala que el capital en Occidente se enriqueció utilizando un recurso común, el presupuesto mundial de carbono.

Dominio de todo el espectro: desde el cambio de régimen en América Latina hasta la nueva guerra fría de los EE.UU. contra China, lo que significa para el mundo “América primero”.

Oquist cree que “hay un bajo nivel de conciencia sobre el hecho de que América Latina este siglo ha sido objeto de acciones muy viciosas de cambio de régimen por parte de los EE.UU.”.

“Hubo el golpe de estado en Venezuela en 2002 en el que Hugo Chávez fue detenido y llevado a una isla. Sólo después de 3 manifestaciones, de una gran presión de algunos sectores del ejército y de una cierta presión internacional, eso se resolvió. Jean-Bertrand Aristide ganó las elecciones presidenciales en Haití con el 92% de los votos, pero eso no fue suficiente. Los EE.UU. lo depusieron en 2004; incluso hubo una breve intervención militar en ese momento. En 2009 el presidente electo Zelaya en Honduras es depuesto en un golpe de estado, seguido por Paraguay donde el presidente electo Lugo es depuesto por un golpe de estado. Luego tenemos a Dilma en Brasil con el golpe de estado”.

“Y luego, para completar esta lista tan triste, tenemos el golpe de Estado boliviano de 2019, que derrocó a un movimiento social y una revolución muy poderosa que había llevado por primera vez a los grupos indígenas a encontrar su independencia. Porque la independencia antes de eso no había sido para los grupos indígenas, había sido para los grupos de descendencia europea no para los indígenas que nunca fueron reconocidos”.

Sobre el fallido intento de golpe de estado respaldado por los Estados Unidos en Nicaragua en 2018, Oquist dice que la realidad de lo que realmente ocurrió no se entiende en los Estados Unidos y Europa debido a la distorsionada cobertura de los medios de comunicación occidentales. Dice que:

“24 oficiales de policía fueron asesinados por disparos en ese golpe. Tomaron las carreteras del país e hicieron un gran daño a la economía del país porque querían estrangular la capital impidiendo la entrada de alimentos. Estos bloqueos en la autopista fueron muy, muy violentos, se impusieron violentamente, se mantuvieron violentamente y de ellos se obtuvieron secuestros, torturas, asesinatos”.

“Los EE.UU. usaron el mismo manual que en las revoluciones de color”, afirma. Como en muchos otros casos en el continente donde los EE.UU. intentan cambiar de régimen, cualquier acción tomada para controlar la violencia extrema y los intentos de golpe de Estado por parte del gobierno se presenta entonces en los medios de comunicación occidentales como la represión gubernamental de los manifestantes pacíficos. “Lo cual es ridículo” dice, claramente frustrado por la facilidad con la que tan obvias mentiras no son cuestionadas.

Me resulta difícil entender por qué los europeos tienen tanta dificultad para entender que hubo un intento de golpe de estado. Cuando todo lo que tienen que hacer es escuchar al Presidente Trump, al Vicepresidente Pence y al Secretario de Estado Pompeo que declaran explícitamente que quieren un cambio de régimen, que quieren derrocar los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

La política de EE.UU. de “dominio del espectro completo” está llevando al mundo hacia una nueva guerra fría, según Oquist. Los EE.UU. están “tratando de imponer su voluntad a todo el mundo con su política de ‘América primero’”.

“La etapa actual del imperialismo es la política de EE.UU. de dominación del espectro completo. No sólo dominar el mundo militar y políticamente, sino también dominar los medios de comunicación, dominar los medios sociales, dominar la ciencia y la tecnología. Es por eso que tienes esta segunda guerra fría inminente, esta vez entre los EE.UU. y China, porque los EE.UU. quiere seguir siendo hegemónico en lo que respecta a la ciencia y la tecnología – y sucede que en términos de inteligencia artificial y 5G está detrás de China.

“Los EE.UU. y sus aliados no tienen sistemas que puedan competir con el Huawei. EEUU es muy explícito en contra del socialismo – lo combatirá internacionalmente dondequiera que se encuentre, como declaró Trump. Pero parece que tampoco cree mucho en el capitalismo, porque en lugar de competir con Huawei en un mercado libre quiere excluirlo del mercado”

Un nuevo movimiento para la supervivencia

Con las amenazas de una guerra permanente, una nueva guerra fría, armas de destrucción masiva, calentamiento global y degradación ambiental identificadas en Equilibra, ¿qué soluciones ve Oquist como un camino a seguir para la humanidad? Sus esperanzas están puestas en la gente.

“Si se mira la historia de los últimos siglos, un cambio social importante, realmente profundo, un cambio transformador ha venido de los movimientos sociales.”

Cree que se necesita un movimiento para la supervivencia, que una a los movimientos sociales y a los gobiernos progresistas que resisten la presión de los Estados Unidos en todo el mundo, para superar el cambio climático y las demás amenazas urgentes a las que se enfrenta la humanidad.

Sin esta presión, las negociaciones de la ONU seguirán sin llegar a ninguna parte. “Las negociaciones de la ONU pueden prolongarse durante otro siglo sin resolverlo. Lo que puede resolverlo es la gente – tiene que ser la gente organizada en un movimiento social para la supervivencia que obligue a los políticos y obligue a los países en sus votos y en sus acciones en las organizaciones internacionales a tomar las medidas para abolir los combustibles fósiles, para abolir las armas nucleares, para controlar nuestra ciencia y tecnología”.

Oquist considera que las elecciones de noviembre en EE.UU. son críticas en su potencial para romper la “coalición de negación del clima” que crece alrededor de Trump. Si Trump pierde las elecciones “los EE.UU. volverán al Acuerdo de París”.

También ve esperanza en el grupo de estados y ciudades de EE.UU. que dicen “todavía estamos en el Acuerdo de París”. “Son muy influyentes y estas ciudades pueden tomar acciones muy importantes y los estados también porque tienen poder sobre la energía y las emisiones y por lo tanto eso es una señal positiva dentro de los EE.UU.”.

Sin embargo, es en la gente joven en la que más confía. “Quedé muy impresionado en Madrid, una tarde saliendo tarde de la reunión de la COP de la ONU. Greta había tenido una gran manifestación. Se veían esos jóvenes de 16 y 17 años allí con sus carteles yendo a casa. Y luego vi a niños de 10, 11, 12 años que se iban a casa con sus carteles. Partiendo de eso se puede obtener un cambio generacional muy profundo… Podemos ver un giro de oleaje más rápido de lo que pensamos cuando esta generación tome posiciones en su activismo que obliguen a los políticos y las organizaciones internacionales a tomar medidas.”

“A los 67 años de edad esa es mi esperanza – ver que algo suceda mientras aún estoy en este planeta y mi esperanza es que la juventud venga al rescate con un movimiento de supervivencia.”

Por Fiona Edwards | 02/09/2020 

Traducido del inglés por Alexandre Anfruns. Fuente original Eyes on Latin America

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Green New Deal: del capitalismo verde al cambio de sistema

Si bien el debate de los últimos meses en los movimientos ecologistas está fundamentado en “Green New Deal vs decrecimiento”, quizá sería más acertado plantearlo en términos de “Green New Deal para el decrecimiento", ¿cómo lo hacemos”?

 

Hay pocas formas más brillantes y sencillas de describir la crisis socioecológica a la que nos enfrentamos que la que expuso Greta Thunberg en el Foro de Davos en 2019: nuestra casa está ardiendo. Vivimos en un escenario de urgencia, donde la economía, la política y la cultura hegemónicas le han declarado la guerra a la vida, a través de la construcción de sus paradigmas completamente en contra de las bases materiales que la sostienen. La ciencia actual confronta la idea de que es posible alcanzar una economía sostenible bajo el mantra del crecimiento ilimitado. Iago Otero y algunos de sus colaboradores concluyen en su trabajo que la única forma de frenar la pérdida de biodiversidad es abandonando esa línea, igual que ocurre si queremos respetar los límites de emisiones de gases, y por tanto resistir el cambio climático, como señala Jason Hickel.

En el imaginario colectivo parece imposible la renuncia a este sistema tóxico, y aunque “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”, la cuestión es si podemos pagar el precio de creer que no existen alternativas. O visto desde otro ángulo, si podemos pagar el precio de pensar que todo lo que está respaldado por la razón nos va a permitir construir políticas públicas, o tiene más de mantra sobre el que fundamentamos nuestros discursos. Quizá tener un discurso basado únicamente en el conocimiento científico, pero que no apele a nuestros deseos, dudas y sentimientos, que es lo que nos hace humanos, no sea suficiente para construir hegemonía en torno a esas alternativas.

Además, nos surge otra dificultad: la necesidad de conseguir este cambio por el que llevamos décadas luchando, en apenas cinco años, el margen de seguridad con el que contamos si no queremos presenciar la sexta extinción masiva, o la emigración forzada de casi un tercio de la población mundial huyendo de la sequía, las inundaciones y el hambre.

En este escenario de urgencia, no nos queda alternativa a elegir que el camino más corto entre nuestra realidad y el mundo nuevo que hay en nuestros corazones —que decía Buenaventura Durruti— y asegurarnos victorias que nos permitan generar una transición que no deje a nadie atrás. Y si bien el decrecimiento es la única opción a largo plazo, no parece que sea una alternativa realista en el corto, cuando tenemos que disputar hasta las medidas más obvias de transición ecosocial, como las zonas bajas en emisiones en el centro de las ciudades.

Por ello, la posibilidad de contar con un Acuerdo Verde, puede ser el primer paso (insisto, el primer paso, no el fin) para mantenernos bajo los límites de seguridad ecológica, mientras generamos el resto de condiciones materiales que nos permitan el cambio de sistema, inevitable para garantizar nuestra supervivencia.

Por ello, si bien el debate de los últimos meses en los movimientos ecologistas está fundamentado en “Green New Deal vs decrecimiento”, quizá sería más acertado plantearlo en términos de “Green New Deal para el decrecimiento, ¿cómo lo hacemos?”. Y es que si bien muchos de los modelos presentados por distintas naciones en torno a esto se basan en que todo cambie para que nada cambie, la indefinición manifiesta de este tipo de políticas nos permite reapropiarnos de ellas, de forma que el Green New Deal nos interese en tanto en cuanto sea una herramienta para el cambio de sistema.

Tenemos que articular medidas y marcos de referencia que superen la tibieza del mismo, y aunque es una propuesta arriesgada sabiendo la facilidad que tiene la economía de reapropiarse de nuestro discurso y despojarlo de cualquier elemento emancipador, no podemos esperar a que, parafraseando a Jorge Riechmann, lo necesario ecológicamente se haga posible políticamente. Y quizá sea esta una de las palancas que hagan posible lo imposible.

Resignificar el Green New Deal implica de base incidir en que esta propuesta tendrá que ir unida a la reparación al Sur Global y no a perpetuar nuestras dinámicas colonialistas, a democratizar la alimentación y la energía, a incluir una mirada feminista y de cuidados en las propuestas económicas o a expulsar al poder corporativo de los procesos internacionales de toma de decisiones. Lamentablemente, la fina diferencia lingüística entre lo que el Green New Deal “es” y lo que “puede ser” puede cambiar el devenir de la humanidad.

Empujar en esa dirección implica en primer lugar asegurar lo que ya tenemos, y por tanto crear y mantener redes de resistencia para evitar los peores efectos sobre los ecosistemas y las personas vulnerables. Junto con esto, y más si entendemos el Green New Deal como un proceso, tenemos la tarea de crear e implementar alternativas en todos los sectores que nos permitan esa transición, a la vez que aseguramos recorrido.

Por último, y quizá lo más importante, necesitamos una movilización masiva que presione a empresas e instituciones en la dirección que debemos tomar, que no puede ser otra que la superación de la economía neoliberal. Este es posiblemente el punto también más complicado, ¿cómo conseguimos que decenas de miles de personas se movilicen por un cambio de sistema que no permitirá el desarrollo de muchos planes que comercialmente nos han prometido? ¿Cómo asociamos esa movilización a un esfuerzo por imaginar un mundo más allá del consumo desenfrenado?

En septiembre tendrá lugar la Online Youth Gathering for Climate and Social Justice, un evento online organizado por la red Young Friends of the Earth y con el apoyo de decenas de organizaciones, que reunirá a jóvenes de toda Europa para debatir, reflexionar y avanzar en la creación de escenarios realistas posibles y ambiciosos para la configuración de una sociedad más justa y respetuosa. Grupos de base de todo el continente nos reuniremos del 3 al 13 de septiembre, en un encuentro abierto a escuchar las voces de todos y todas, generando redes de resistencia y creación de alternativas.

Puede que esto sea uno de los pasos que nos permita tener a miles de personas bloqueando instalaciones extractivistas, cultivando huertas en las ciudades o instalando placas solares junto a sus vecinas. Puede que tengamos días oscuros, pero no podemos perder. Porque hay mucho en juego. Y para ganar solo tenemos una receta: movilizar, resistir y transformar.

Por Miguel Díaz-Carro

responsable de Juventud en Amigos de la Tierra (@MDiazCarro)

27 ago 2020 05:25

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El dueño de la vacuna Hugo Sigman: de la izquierda a la farmacéutica

¿Quién es el empresario argentino que producirá la vacuna contra el covid-19 para América Latina? Sus lazos históricos con el Partido Comunista, su ingreso al mundo empresarial, su mirada de la política: el perfil de un personaje peculiar.

 

El pasado 12 de agosto, el gobierno argentino anunció la coproducción con México de la vacuna contra el coronavirus AZD1222, diseñada por la Universidad de Oxford. El acuerdo permitirá fabricar 250 millones de dosis de esta vacuna (que se encuentra ahora en fase experimental) y abastecer a toda América Latina (excepto a Brasil) con vacunas que costarán entre 3 y 4 dólares.

Se trata de un acuerdo de transferencia de tecnología entre el laboratorio británico AstraZeneca, dueño de la fórmula, el argentino mAbxience, que fabricará el principio activo, y el mexicano Liomont, que se encargará de la estabilización, fabricación y envasado. La Fundación Slim financiará todo el proyecto. Detrás de esta trama empresarial hay dos personas: Carlos Slim, el quinto hombre más rico del mundo, y el mucho menos conocido Hugo Sigman, el argentino dueño de un imperio farmacológico que se extiende desde Vietnam hasta Barcelona, desde Marruecos hasta Paraguay, desde Rusia hasta la Patagonia argentina.

El misterio de Sigman radica en su «exterioridad interna» al capitalismo farmacéutico: formado como psiquiatra en Argentina, progresista de pasado comunista, amante del arte y la intelectualidad, comenzó su carrera empresarial en Europa y nunca deja de definirse como alguien ajeno a un mundo de los negocios que, por otra parte, maneja con maestría: aprovechando los vacíos legales de la industria farmacológica, tejiendo alianzas con el Estado y rentabilizando de una u otra manera sus variados mecenazgos.

La acumulación originaria

La historia de Sigman es inseparable de la de su esposa y socia, Silvia Gold. Doctora en Bioquímica, es hija de Roberto Gold, dueño de los laboratorios Sintyal y miembro del «directorio» del Partido Comunista Argentino (PCA), una comisión auxiliar creada en la década de 1940 para financiar al partido (tal como lo indica Isidoro Gilbert en su libro El oro de Moscú). Sus integrantes eran empresarios no afiliados como el propio Gold, Samuel Sivak o José Ber Gelbard, quien llegaría a ser ministro de Economía del tercer gobierno de Juan Perón en 1974.

A través del «directorio», el PCA, que fracasó como partido revolucionario, tuvo un éxito notable como empresa capitalista: llegó a controlar constructoras, agencias publicitarias, la embotelladora de Coca Cola y ChemotécnicaSintyal, adquirida por Gold en 1959. Luego del golpe de Estado de 1976, el grupo se desbandó y muchas de las empresas pasaron a estar bajo control de sus propios miembros. Gold se asentó en Barcelona y se asoció con capitales italianos en una nueva farmoquímica. Luego llegaron su hija y el esposo, Hugo Sigman, un bohemio psiquiatra becado. «Aquella decepción inicial con la que llegué a España después de haber tenido que dejar mi país me facilitó el cambio de mentalidad. Fue decisiva la inteligencia de mi suegro, que me llevó de la mano lentamente, sin que yo me diera cuenta. Yo creo que él pensaba en su hija, en sus nietos y se diría: 'Este, como psiquiatra, ¿qué futuro tiene?'. Con preocupación de padre me fue llevando sin que yo me diera cuenta, tranquilamente, hacia la actividad empresarial», aseguró en el libro Los que dejan huella: 20 historias de éxito empresarial.

Gold les propuso a su hija y a su yerno colocar en el mercado europeo los principios activos que él desarrollaba. Un medicamento está compuesto por dos tipos de sustancia: los excipientes, que ayudan a la absorción pero no provocan efectos medicinales, y los principios activos o API (ingredientes farmacéuticos activos), que son los que permiten prevenir, tratar o curar. En 1977, Sigman y Silvia Gold fundaron Chemo, la empresa española dedicada a la comercialización de API. En 1984 pasaron a la producción y adquirieron Industriale Chimica, una pequeña fábrica en Italia.

El mercado farmacéutico no era amigable, pero Sigman confiaba en su mirada no empresarial: «Nos diferenciamos de los demás porque los bróker tradicionales eran comerciantes sin formación científica (…) me entusiasmaba la idea de adelantarme a las prácticas estrictamente comerciales y tratar de ver con años de anticipación los productos que podrían necesitarse en el mercado».

Sin embargo, la suerte empresaria de Sigman conoce otras causas. Una es el padrinazgo de Gold, quien les prestó su prestigio y contactos farmacéuticos en Europa y Sudamérica. Algunos iban más allá de la cortina de hierro: los lazos de Gold con el PCA le dieron a Sigman acceso a laboratorios de Cuba, China y la Unión Soviética.

Otra causa la relata el propio Sigman: «Hasta 1978 Italia no tuvo una ley de patentes. Italia era en esa época el gran suministrador mundial de materias primas para la industria farmacéutica (…) Al implantar Italia la Ley de Patentes en 1978, España, sin norma de patentes, pasa a ocupar el lugar que Italia tenía hasta ese momento. Y nosotros estábamos en España…». Sigman operaba sobre los vacíos legales de una Europa que se unificaba muy lentamente, como más adelante hará con los laboratorios de China y el ex-bloque oriental. Esa práctica lo vincula, pese a su «mirada no empresarial», a una de las más arraigadas prácticas del capitalismo farmacéutico argentino.

El capital que no teme al vacío

La industria farmacéutica argentina se desarrolló de manera casi salvaje, antes que el resto de la industria local, en un estado de vacío legal casi constante. A fines del siglo XIX se asentaron en el país distribuidores europeos de medicamentos que pronto comenzaron a producir. Así empezaron algunas de las dinastías que aún hoy controlan el mercado, como Bagó o Roemmers. Bajo un marco legal mínimo, los laboratorios consolidaron una posición de mercado dominante, que a lo largo de todo el siglo XX supieron defender de cada intento gubernamental de regulación. Tan tarde como en 1992, y ante la epidemia de cólera, que afectó sobre todo al noroeste del país, se creó un ente destinado a regular la producción y distribución de medicamentos: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Hoy el mercado farmacéutico argentino es un enclave asimétrico y cartelizado, con fuerte presencia de capitales locales: 20 laboratorios (de los cuales 13 son nacionales) que concentran 67% de la facturación total pero participan modestamente del crecimiento económico (1% del PIB, 6% del sector industrial), en parte debido a su carácter de punta (empleo calificado, capital intensivo), que aísla al sector de su entorno subdesarrollado; en parte, debido a su deficitaria dependencia de insumos importados.

Uno de los vacíos legales que más duramente defendieron los laboratorios fue su negativa a pagar patentes por el uso de fórmulas extranjeras, pese a los reclamos de laboratorios e incluso gobiernos de otros países. Recién en 1995 fue aprobada una ley de patentes y aun así los laboratorios nacionales pudieron prorrogarla por cinco años, mantener el control del mercado interno y forzar a los laboratorios internacionales a importar directamente o a dedicarse a vender patentes.

En ese mercado salvaje desembarcó Sigman a la vuelta de su exilio, durante las reformas neoliberales de los años 90. Asociado con la familia Sielecki (de laboratorios Phoenix) y al resto de la familia Gold (de Sintyal), adquirió Elea, una empresa especializada en productos hormonales de alta complejidad, que desde entonces provee a compañías como Merck, Pfizer y AstraZeneca.

La campaña antiaftosa de 1994 fue la siguiente oportunidad de Sigman para formar un consorcio. La fiebre aftosa asolaba al ganado de la región desde principios del siglo XX, con grandes epidemias locales en 1942 y 1966. A fines de los años 70 se optó por reemplazar las vacunas tradicionales por otras de tipo oleoso, que fueron obligatorias a partir de 1994. Para fabricar la nueva vacuna, los laboratorios debieron encarar una costosa reconversión. Chemotécnica Sintyal se fusionó con Biogénesis y dio a luz Biogénesis Sintyal, que pronto exportó la vacuna a toda la región.

En 1998 murió Roberto Gold. La empresa de Hugo y Silvia había alcanzado la mayoría de edad. Era hora de saltar al mundo.

La metástasis de un imperio

«Siempre tuve la convicción de querer tener una empresa internacional. No tenía el dinero para que lo sea», aseguró Sigman en su día. En 1986 Chemo adquirió Química Sintética de España, su primera planta aprobada por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que les daba acceso al mercado de ese país. Al año siguiente, el grupo empezó a operar en China, que atravesaba un momento crítico de sus reformas económicas. Pero fue recién en el nuevo milenio cuando Sigman se globalizó.

Entre 2003 y 2015 Chemo se lanzó a un raid de adquisiciones en Brasil, México, Rusia, Estados Unidos, Marruecos y Turquía, además de la formación de consorcios regionales como Altian (América Central), Ladee Pharma (Europa Central), Gold Pharma (China) y Exeltis (India), la marca que desde entonces engloba a toda la red de empresas y su centro de investigación, el Ladee Pharma Research Institute, centrado en la salud femenina.

En medio de ese despliegue, Biogénesis Sintyal se fusionó con Bagó y nació Biogénesis Bagó, un ciclópeo trust de biotecnología y sanidad animal, habilitado para exportar a Europa y Estados Unidos, a los que provee de antígenos. En 2009 la planta de Biogénesis Bagó, con un predio de 10.000 metros cuadrados en Garín, al norte de la provincia de Buenos Aires, fue incluida entre los 300 lugares del mundo que el Departamento de Estado de Estados Unidos debía proteger de un ataque terrorista. En 2013 Biogénesis se asoció a la china Hile Biotechnology en una joint-venture que provee al gobierno chino de 90% de las vacunas antiaftosa.

Hoy Chemo tiene 5.000 profesionales en más de 12 centros de alto rendimiento en Investigación y Desarrollo que proveen a una red de fabricación propia con puntos de contacto comercial en más de 95 países. «Siempre quise que mis hijos conocieran otras culturas. A casa venían hindúes, chinos, asiáticos…». La periferia es el espacio vital de Chemo: América Latina, Oriente Medio, Sudeste asiático y la ex-Unión Soviética. La marginalidad que Sigman se atribuye en el mundo de los negocios se tradujo en su predilección por hacer negocios en los márgenes del mundo.

mAbxience: el reseteo biotecnológico

«Si me voy ahora, me voy, porque si me quedo, no vamos a trabajar bien, tendremos conflictos, porque vos tenés tu estilo y yo el mío, vos tenés una formación y yo la mía... ¡Así que me voy!». El que habla es Hugo Sigman. El que escucha es Leandro, su hijo. Había empezado a trabajar para su padre durante la adolescencia, como visitador médico, usando otro apellido. Se formó como economista y llegó a CEO de Chemo Group España. El choque generacional fue inevitable.«A pesar de mi voluntad, los primeros años no fui capaz de retirarme totalmente –admitió Hugo más tarde– y, consciente o inconscientemente, no llegué a renunciar del todo. Se produjeron algunos cortocircuitos con Leandro por culpa mía».

En 2007, el patriarca por fin se retiró de Chemo y concentró su energía en otro rincón del capitalismo farmacéutico: la compra y capitalización de pequeños emprendimiento biotecnológicos, un nuevo vacío legal en donde innovar: «Las agencias de regulación todavía están confundidas respecto a los productos biotecnológicos».

Los fármacos biológicos son sustancias medicinales producidas a partir de seres vivos: una hormona, una enzima o un anticuerpo monoclonal. Se emplean para tratar enfermedades complejas y su costo es muy elevado. «Los productos biotecnológicos son pocas unidades a altísimo precio y son de uso perentorio para enfermedades donde el paciente se juega la vida», dice Sigman. Un biosimilar en un clon de un fármaco biológico. Su costo es sensiblemente menor y su mercado, prometedor: hoy representan 15% del mercado mundial de medicamentos, más de 600.000 millones de dólares, y se prevé que lleguen a ser 25% en los próximos diez años, especialmente por la expiración de patentes.

En 2009 Sigman creó mAbxience, una división de Chemo especializada en anticuerpos monoclonales, o mAbs, biosimilares empleados para neutralizar objetos extraños como tumores. En 2012 inauguró la planta piloto en Munro, viejo polo industrial semiabandonado al norte de la provincia de Buenos Aires. La empresa pronto hizo acuerdos con laboratorios de Rusia, Irán, Turquía y el Sudeste asiático.

Las aventuras biotecnológicas de Sigman en América conocen dos hitos. El primero es el desarrollo de una vacuna para tratar el cáncer de pulmón. Un proyecto que Sigman comenzó a mediados de la década de 1990 en Cuba, con el desarrollo del antígeno NgcCM3, y culminó en 2013 con la presentación de Racotumomab, la primera vacuna que logra cronificar el cáncer pulmonar, transformando un mal mortífero en una enfermedad tratable, como la diabetes o la hipertensión. Los 18 años de investigación y desarrollo involucraron a las empresas de Sigman, universidades nacionales, centros de investigación cubanos y argentinos (incluyendo al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) y el respaldo de dos ministerios.

El segundo hito fue la creación de Sinergium Biotech. Durante la pandemia de gripe A H1N1 de 2009, Sigman le propuso al gobierno argentino, a través del entonces ministro de Salud Juan Manzur, un proyecto de transferencia de tecnologías farmacéuticas a cambio de la concesión de un monopolio provisorio, inspirado en un proyecto similar del gobierno brasileño. La licitación se presentó privilegiando a Sigman como «autor de la iniciativa», con el compromiso de adquirir todas las vacunas producidas. El acuerdo se hizo con la multinacional Novartis, que tendría un monopolio de tres años sobre la vacuna antigripal, mientras transfería la tecnología a Elea y Biogénesis Bagó, a través de una empresa creada a tal fin: Sinergium Biotech. Pasados los tres años, Sinergium sería la fabricante exclusiva.

En 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desconoció a la gripe A, como pandemia pero el negocio mundial ya estaba hecho. Sinergium siguió operando acuerdos de transferencia de tecnología con Pfizer para la vacuna neumocócica y con Merck & Co para la vacuna contra el papiloma, ambas incluidas por el gobierno argentino en el calendario de vacunación obligatorio. El mismo tipo de acuerdo que hoy alcanzó con AstraZeneca para la producción de la vacuna contra el covid-19.

Coleccionista y mecenas

En oposición a buena parte de la alta burguesía argentina, más proclive al fútbol, el turismo de alta gama y la evasión fiscal, Hugo Sigman profesa una devoción por el mundo de la cultura que lo posiciona como mecenas. Quizás por su pasado comunista, quizás por el volumen que representan las industrias de contenidos a escala mundial, una serie de proyectos e iniciativas se encadenan como gemas incrustadas en su corona.

La cadena de producción de valor cultural de Sigman como mecenas empieza por la «sustentabilidad». Más allá de poseer miles de hectáreas utilizadas por sus empresas de ganadería bovina y ovina, agricultura y producción de madera –su cabaña Garruchos tiene 75.000 hectáreas dedicadas a la siembra directa y al pastoreo en San Luis, y Sigman posee más de 200.000 hectáreas dedicadas a estos mismos fines en la Patagonia, rankeando apenas detrás de Lázaro Báez y Luciano Benetton–, al mecenas le gusta mostrar sus emprendimientos sustentables con valor agregado a base de diseño.

Solantu, por ejemplo, diseña, produce y exporta las materias primas tanto de sus estancias australes como los cueros y la carne de los yacarés que se crían en la provincia de Corrientes. Cuencos, floreros, cajas y tablas de maderas nobles son comercializados tanto en internet como en locales europeos de diseño. La sustentabilidad de Solantu tiene un tercer vértice: el hotel boutique Puerto Valle, instalado sobre una estancia construida en 1868, localizado en los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. Una construcción de tan solo 13 habitaciones, también orientada al mercado del lujo. Galerías, pequeños livings, proximidad a las playas y oferta de turismo ecológico, que incluye avistaje de especies en los esteros y visitas al criadero de Yacaré Porá, una granja modelo donde se trabajan el yacaré overo y el yacaré negro, especies locales en peligro de extinción.

En una época en que la sociedad occidental no ve con buenos ojos la matanza de animales salvajes para producir objetos de lujo, ni la deforestación para confeccionar habaneras que cotizan en euros, este impacto negativo es licuado por las estrategias de sustentabilidad y el desarrollo socioeconómico de las regiones donde intervienen. Como si esto fuera poco, Solantu posee en su plantel a una empleada de lujo: Lucía González, hijastra de Felipe, ex-presidente del gobierno y hombre influyente en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se encarga del marketing y la comercialización de la firma.

El particular mecenazgo de Sigman se completa con la creación de empresas culturales y de la producción de películas. Es dueño de la franquicia argentina de Le Monde diplomatique y de la editorial Capital Intelectual (en España, Clave Intelectual). En la producción audiovisual, a través de Kramer & Sigman, produjo desde 2005 films como El perro, El último Elvis, El pasado, Relatos salvajes y El clan, entre otras. Fue pionero en el mundo de las revistas periodísticas progresistas con TresPuntos y TXT. Circulan diversos rumores sobre los motivos del cierre. El primero y el más fuerte es que se trataba de publicaciones que iban a pérdida. Y como los emprendimientos culturales dependen exclusivamente de su voluntad, un día Sigman se cansó. Al cansancio habrían contribuido los frecuentes llamados de políticos, muchos de ellos socios, amigos o conocidos suyos a lo largo de su ajetreada historia empresaria.

Esto no logró que Sigman dejase de disfrutar de rodearse de figuras del mundo de la cultura, un puñado de elegidos para frecuentar su cuartel del palacio Díaz Vélez, sede corporativa de Insud, el grupo que engloba sus empresas argentinas. Una construcción de estilo francés ubicada en el Barrio Norte porteño, forjada en 1900, con más de 1.000 metros cuadrados cubiertos restaurados. Cerca de la entrada, el palacio posee una monumental escultura del alemán Anselm Kiefer, uno de los artistas europeos más cotizados en la actualidad. La colección de Sigman posee también obras de Guillermo Kuitca, Jorge de la Vega, Juan Carlos Distéfano; esculturas del británico Tony Cragg y pinturas de los españoles Pablo Palazuelo, Jaume Plenza y Sevilla. Apoyó también los envíos de Jorge Macchi y del mismo Kuitca a bienales de Venecia, e integra el comité del Museo Nacional de Bellas Artes.

Uno de los proyectos que más entusiasmó a Sigman fue el documental sobre el ex-presidente uruguayo José «Pepe» Mujica. Porque, cerca de los 75 años, el mecenas aún navega en busca de su identidad. «Tratamos de armar una compañía universal, globalizada y coherente en todas sus ramas, desde la ciencia a la cultura. Todo se integra, no tengo contradicciones al respecto. Pero tampoco soy un ser súper especialista en todas las ramas que tengo, sino que trabajo con grupos humanos que me revitalizan y me permiten conocer cosas distintas. Todavía tengo el sueño de ir armando mi propio personaje, es lo que busco en este momento de mi vida», supo declarar.

Sigman, el pharmakon

Amigo personal de Felipe González, Sigman no pierde oportunidad de ponderar el modelo europeo de cooperación público-privada como tercera vía entre un socialismo que ya dejó atrás y un neoliberalismo en el que nunca confió del todo. No se trata de una idea abstracta: el rubro farmacéutico necesariamente se articula con las políticas sanitarias de cada Estado y Sigman se maneja allí con la misma exterioridad interna que en todos lados, como un antígeno extraño pero influyente en los cuerpos que habita.

Durante el conflicto por la Ley de Patentes, Sigman hizo causa común con el proteccionismo de los laboratorios locales a pesar de ser dueño de un laboratorio multinacional e importar los principios activos para sus medicamentos. Sigman también fue parte de la resistencia de los laboratorios a la Ley de Genéricos, sancionada durante la crisis de 2002, que obliga a los médicos a recetar el medicamento genérico y no la marca, para permitirle al paciente elegir. Para 2014, solo 25% de las recetas cumplía con la ley.

Ese mismo año, ante un aumento generalizado de los precios de los medicamentos, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández, quien nunca dejó de beneficiar a Sigman con contratos y licitaciones, denunció desde su cuenta de Twitter a Elea y Biogénesis como dos de las farmacéuticas de mayor facturación, sin olvidar consignar el nombre de sus titulares: Hugo Sigman, Luis Alberto Gold y la familia Sielecki (parientes políticos de su propio canciller de entonces, Héctor Timerman).

La crisis económica obligó a Elea a pedir un procedimiento preventivo de crisis en 2019, pese a las estrechas relaciones de Silvia Gold con el gobierno de Mauricio Macri. Con el retorno del peronismo, Sigman inauguró una nueva planta de mAbxience junto a la plana mayor del nuevo gobierno y reclamó menos impuestos para los laboratorios locales.

Hasta que llegó el covid-19. Paracelso, un alquimista del siglo XV, llamaba pharmakon a la enfermedad entendida como posible cura. El elemento externo que el cuerpo debe incorporar. En el otoño de su vida y al frente del que seguramente será su último consorcio farmacéutico, Sigman busca la oportunidad para salvarnos de la peste y reivindicarse como un ser exterior e interior al sistema, un pharmakon que invade el cuerpo social para inmunizarlo.

Este perfil es una adaptación del publicado en el libro Los dueños del futuro (Planeta, Buenos Aires, 2017).

Publicado enSociedad
Viernes, 24 Julio 2020 06:09

Agro-imperialismo en tiempos de Covid-19

Agro-imperialismo en tiempos de Covid-19

«En América Latina, nuevo epicentro de la pandemia del Covid-19, la matanza ha sido particularmente severa. Con la economía global casi detenida, los agronegocios de la región han continuado funcionando con total impunidad, profundizando su impacto y daño en las comunidades y los ecosistemas. En casi todos los países de la región, las actividades agroindustriales han quedado exceptuadas de la cuarentena ya que se consideran “esenciales”, aunque se centran en las exportaciones y no en proporcionar alimentos a la población local».

Nestlé, la compañía de alimentos más grande del mundo, es famosa por el escándalo. En la década de 1970  se ganó el apodo de “asesina de bebés” por provocar enfermedades y muertes infantiles en comunidades de bajos ingresos al promover la alimentación con biberón de su fórmula infantil y desalentar la lactancia materna. En los últimos años se han presentado  cargos similares contra la compañía por dirigir sus ventas de alimentos chatarra ultraprocesados en comunidades pobres y así contribuir al aumento de las tasas de obesidad y diabetes. Pero hay otro escándalo de proporciones igualmente sombrías que está archivado en la contabilidad de la empresa.

El 23 de abril de 2020, mientras el mundo estaba sumido en la pandemia del Covid-19 y la FAO advertía sobre una inminente crisis alimentaria mundial, los accionistas y ejecutivos de Nestlé  se otorgaron un pago de dividendos récord de 8.000 millones de dólares. En una época de crisis mundial en materia de salud y alimentos, esta ganancia equivale a más que todo el  presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sería suficiente para cubrir el gasto anual promedio de la atención médica para más de 100 millones de personas en África.

El cuantioso pago de los dividendos de Nestlé de 2020 fue, de hecho, apenas poco más que el año anterior. Esos pagos tan enormes para accionistas y ejecutivos son una práctica habitual para la compañía, así como lo son para todas las grandes empresas transnacionales de la alimentación y el agronegocio, incluso en momentos de catástrofes sanitarias mundiales. Entre otros notables lucros para los accionistas, anunciados en abril de este año, figuran un pago de 2.800 millones de dólares por parte de Bayer AG, la compañía de semillas y agroquímicos más grande del mundo; un pago de 600 millones de dólares de Tyson, el mayor productor avícola del mundo; y un pago de 500 millones de dólares del Grupo WH, la mayor empresa porcina mundial. Cargill, la compañía del agronegocio más grande del mundo, está en vías de superar el pago récord del año pasado de 640 millones de dólares, que alcanza a un pequeño número de miembros de la familia Cargill. El aumento del comercio electrónico, particularmente de alimentos, durante la crisis del Covid-19 aumentó el patrimonio neto de Jeff Bezos, el fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, en la impactante cifra de  24.000 millones de dólares. También es un momento de ganancias para los accionistas de actores más pequeños de la industria, como la empresa de plantaciones de palma aceitera y caucho SOCFIN. Las dos familias francesa y belga que son esencialmente las propietarias de la compañía,  recibieron 20 millones de euros (alrededor de 22,5 millones de dólares) en dividendos y remuneraciones de las actividades del grupo SOCFIN, mientras que las comunidades en Nigeria, Ghana y Camerún, donde opera la empresa, no pueden acceder a agua limpia o potable.

Toda esta avaricia de los de arriba deja devastación y muy poco se filtra a los de abajo, donde sus consecuencias son mortales.

 

Una industria poderosa en medio de una “tormenta perfecta”

 

Los y las trabajadoras del sistema alimenticio empresarial, quienes literalmente están muriendo por mantener el estilo de vida de accionistas y ejecutivos, no están bien. Las cadenas de suministro de las grandes compañías de alimentos, que siempre han sido lugares peligrosos para los trabajadores, ahora se han convertido en puntos críticos para las infecciones y la transmisión del Covid-19. En todo el mundo se han producido brotes mortales en plantas de carne, instalaciones portuarias,  almacenes,  fábricas de conserva de pescado,  plantaciones de palma aceitera, granjas frutícolas,  supermercados y todos los demás puntos a lo largo de las cadenas que estas compañías controlan, con la excepción de sus torres de oficinas, por supuesto.

Las grandes compañías cárnicas quizás hayan sido las peores delincuentes. Con la pandemia del Covid-19 en su apogeo,  aceleraron agresivamente sus líneas de producción para incrementar sus exportaciones a China, donde los precios de la carne son inusualmente altos. Esta decisión se tomó con pleno conocimiento de que estos aumentos en el procesamiento hicieron imposible el distanciamiento social y pusieron a sus trabajadores y trabajadoras y a las comunidades vecinas en riesgo de masivos brotes del virus. A fines de mayo, los resultados en las mayores naciones exportadoras de carne fueron terribles: cientos de trabajadores migrantes de fábricas de carne enfermos con Covid-19 en  Alemania y  España, miles de casos de trabajadores enfermos con Covid-19 en la industria del envasado de carne de Brasil, y más de  20.000 trabajadores infectados con Covid-19 en fábricas de envasado de carne de los Estados Unidos, con al menos 70 muertes. Mientras tanto, se están sacrificando cientos de miles de animales  en condiciones atroces porque estas enormes fábricas han tenido que clausurar la producción, y los pequeños mataderos que podrían haber recibido el ganado, hace tiempo se vieron obligados a cerrar sus negocios.

En América Latina, nuevo epicentro de la pandemia del Covid-19, la matanza ha sido particularmente severa. Con la economía global casi detenida, los agronegocios de la región han continuado funcionando con total impunidad, profundizando su impacto y daño en las comunidades y los ecosistemas. En casi todos los países de la región, las actividades agroindustriales han quedado  exceptuadas de la cuarentena ya que se consideran “esenciales”, aunque se centran en las exportaciones y no en proporcionar alimentos a la población local.

Por ejemplo, el gobierno de Ecuador emitió un  decreto de estado de emergencia que paralizó a todo el país, pero asegura que “toda la cadena de exportaciones, la industria agrícola, [la industria] ganadera … seguirá funcionando”. Como resultado, los trabajadores de las plantaciones de bananeras, de palma, piscinas camaroneras, viveros de flores y muchos más, se vieron obligados a continuar trabajando, como si el país no estuviera en una emergencia sanitaria, y exponiéndose al riesgo de contraer el Covid-19.

Del mismo modo, el gobierno de Bolsonaro en Brasil  declaró que las actividades de producción, transporte y logística general de las cadenas alimenticias para exportación eran actividades esenciales que deben seguir funcionando sin restricciones. En este contexto, las exportaciones de carne, soja y otros productos van en aumento, al igual que el número de personas expuestas al Covid-19 a lo largo de las cadenas de exportación. En el Estado brasileño de Rio Grande do Sul, centro de actividades de exportación de carne, más de una  cuarta parte de los nuevos casos de coronavirus confirmados en mayo se dieron entre trabajadores de frigoríficos de carne. Los abogados laborales luchan ahora para  cerrar las plantas infestadas y obligar a las empresas a implementar al menos las medidas básicas para  proteger y cuidar a sus trabajadores durante la pandemia.

Las exportaciones de soja de Brasil, que  aumentaron un 38 por ciento respecto al año pasado, son otro foco potencial del Covid-19, especialmente en los puertos donde circulan constantemente camiones y trabajadores. Cuando el gobierno local de la ciudad portuaria de Canarana en Mato Grosso intentó adoptar medidas  emitiendo un decreto para detener temporalmente la exportación de soja y otros granos a falta de condiciones adecuadas de salud y seguridad, los gigantes del agronegocio Louis Dreyfus y Cargill intervinieron y lograron revertir el decreto en pocos días. Canarana está ahora, a principios de junio, experimentando un aumento de las infecciones por Covid-19.

Todo este frenesí exportador tiene un tremendo impacto en el terreno. Según Deter, el sistema de detección en tiempo real del instituto nacional de investigaciones espaciales de Brasil, la deforestación de la Amazonía en ese país, en el apogeo de la pandemia de coronavirus, ha aumentado más del 50 por ciento en estos tres primeros meses de 2020 en comparación con el primer trimestre del año anterior. Aprovechando la cortina de humo de la pandemia, con menos agentes capaces de llevar a cabo las tareas de inspección,  las actividades del agronegocio y la minería avanzan en áreas protegidas y territorios indígenas, aumentando el riesgo de contagio por Covid-19 en las poblaciones indígenas. Numerosos observadores temen un genocidio como resultado de estos irresponsables avances de las actividades del agronegocio y la minería durante la pandemia.

En Argentina, en plena cuarentena nacional, tampoco han cesado las exportaciones de soja ni la tala de bosques. En uno de los bosques más conservados de todo el ecosistema del Gran Chaco se está preparando deforestar  una superficie de 8.000 hectáreas. Además, basándose en el monitoreo con imágenes satelitales, Greenpeace denunció que desde que comenzó la cuarentena, en el norte del país se  deforestaron más de 10.000 hectáreas.

Tal descarada búsqueda de lucros empresariales está creando una crisis de legitimidad del sistema alimenticio empresarial. Por otro lado, si bien las cuarentenas dificultan la medición, se  perciben cambios en el terreno: vemos a los trabajadores de la industria alimenticia denunciar, organizarse y obtener más apoyo y solidaridad de otros trabajadores; vemos un interés creciente entre los consumidores por alimentos locales saludables así como por el bienestar de los productores de alimentos y agricultores; y ha habido un auge innegable de los esfuerzos desde la comunidad por llevar los alimentos a donde se necesitan a través de la solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo voluntario y las cooperativas. Ha habido incluso algunas victorias a nivel político, como la  reciente decisión del gobierno alemán de prohibir mano de obra subcontratada en frigoríficos de carne y otra para evitar que las empresas que reciben ayuda pública  otorguen dividendos.

Pero se trata de una industria poderosa, que dispone de grandes sumas de efectivo y conexiones políticas, y no hay duda de que hará todo lo que esté a su alcance para utilizar este momento de confusión y cuarentena para beneficio de sus intereses. Ya lo hemos visto con la orden ejecutiva que dictó el presidente de los Estados Unidos, Trump, a instancias de JBS, Tyson, Cargill y otras empresas cárnicas para mantener en funcionamiento sus fábricas infestadas de Covid-19. También lo vimos en Brasil, donde el gobierno de Bolsonaro  aprobó un récord de 96 nuevos plaguicidas en los primeros meses de 2020, más que todas las aprobaciones de 2019. El mismo gobierno utilizó deliberadamente la cobertura de la pandemia para tratar de  aprobar una ley que legalizaría el acaparamiento de tierras y la deforestación de 80 millones de hectáreas en las regiones de la Amazonia y del Cerrado. La pandemia también ha sido utilizada como una oportunidad para expandir rápidamente  el comercio electrónico para la compra minorista de alimentos e imponer los organismos modificados genéticamente (transgénicos) en  Etiopía y  Bolivia, donde el gobierno de facto afirmó que la emergencia sanitaria del Covid-19 ha convertido las semillas transgénicas en una necesidad para el país.

 

El agronegocio como gran ganador de la nueva ola de ajuste estructural

 

Lo peor todavía está por venir. Numerosos gobiernos están empleando firmas consultoras internacionales, como  McKinsey, para darle forma a sus planes de abrir nuevamente sus economías. Estas empresas herméticas que están profundamente conectadas con las  empresas más grandes del mundo, incluidas aquellas del sector agroalimenticio, influirán sin duda en quienes emerjan como ganadores y perdedores de las respuestas pandémicas: trabajadores o jefes, mercados de agricultores o gigantes del comercio electrónico, pescadores o la industria de arrastre.

También estamos viendo que el FMI y el Banco Mundial usan sus fondos de emergencia del Covid-19 para presionar a los países a implementar reformas favorables a los agronegocios. En  Ucrania, por ejemplo, se implementó una ley que privatiza las tierras agrícolas a pesar de la oposición de la mayoría de los ucranianos. En los próximos meses, ese tipo de presiones aumentarán.  Decenas de países se encaminan a situaciones de incumplimiento, y esas deudas deberán negociarse no solo con el FMI y los prestamistas bilaterales sino también con acreedores privados que  ya han indicado que no están interesados en siquiera retrasar el pago de la deuda y los intereses durante esta crisis sanitaria. Se viene una nueva ola de ajuste estructural que se centrará en gran medida en aumentar la inversión extranjera en el agronegocio así como las exportaciones de productos agrícolas para pagar a los predadores.

Esta vez, sin embargo, a los gobiernos les resultará increíblemente difícil imponer una nueva ronda de agro-imperialismo a poblaciones que ya han tenido más que suficiente, y que están cada vez más ávidas de las alternativas que los movimientos sociales han estado promoviendo durante décadas.

23 julio 2020 

Publicado originalmente en GRAIN

Publicado enMedio Ambiente
La productividad industrial en América Latina es un quinto de la de Estados Unidos.  ________________________________________ Imagen: NA

Informe de CEPAL sobre el sector manufacturero en América Latina

El 92 por ciento de las ramas de mayor contenido tecnológico de la región están enfrentando una crisis fuerte y/o significativa.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que la crisis causada por el coronavirus en la estructura productiva y empresarial de los países de la región puede profundizar dificultades que se vienen gestando desde hace décadas.

La pandemia atacó a una América Latina con empresas cuya productividad llegó a ser, entre 1999 y 2018, de apenas un quinto que aquellas que funcionan en Estados Unidos. Los resultados de actividad productiva en estos meses permiten concluir que, si bien la industria en su conjunto sufre un impacto significativo,  para una parte importante de los sectores intensivos en tecnología y de los intensivos en trabajo la situación es aún peor. 

En particular, el 92 por ciento de las ramas industriales de mayor contenido tecnológico están enfrentando una crisis que puede ser considerada entre fuerte y significativa. "Estas ramas reúnen las actividades más intensivas en aprendizaje e innovación, que son fundamentales para el proceso de diversificación e incorporación de mayor valor agregado necesario para cerrar las brechas de productividad e ingresar a una senda de crecimiento sostenible de largo plazo", explica el  informe.

El impacto sobre la estructura industrial ya se puede observar en algunos países, al analizar el desempeño del primer cuatrimestre de 2020 comparado con el del mismo período de 2019. Los datos de Argentina resuenan familiares: la producción industrial se desplomó, y los sectores más afectados son el de automóviles y autopartes, asi como también algunos sectores intensivos en trabajo como textil, prendas y calzado.  

En los países de la región sucede algo similar Brasil exhibió una caída mayor al promedio en el rubro autos y autopartes (-31,1 por ciento) y “otros equipos de transporte” (-30,7 por ciento), que incluye la industria aeroespacial. En México y Colombia, los sectores más afectados fueron cuero y calzado. 

En general, el sector de alimentos creció en los países estudiados. En este escenario, "si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región", advierte el informe. 

Cepal identificó que los sectores fuertemente afectados por la crisis son el turismo, industrias culturales, comercio, reparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte, moda y automóviles.  El informe estima que un 34,2 por ciento del empleo formal y un 24,6 por ciento del PBI de la región corresponden a los sectores fuertemente afectados. Del otro lado, los sectores en los que la crisis impactó o impactará de manera moderada son agricultura, producción de alimentos, insumo y equipamiento médico, medicamentos, telecomunicaciones y envases.

La Cepal hizo un análisis de las medidas para mitigar los efectos de la pandemia: en 23 países de la región se adoptaron 91 medidas en las que se enfatiza la pertenencia a un sector para acceder a los beneficios. La mayor cantidad se dirigieron al turismo y las mipymes agropecuarias y de alimentación. 

En América del Sur se prefirió extender las facilidades para el acceso al crédito de los sectores más afectados. En Centroamérica, se adoptaron medidas de ayuda directa enfocadas en el turismo, la actividad agropecuaria y la alimentación, mientras que en México se ampliaron los presupuestos a programas ya existentes ligados a la agricultura, cultura y las artes. 

Dada que la recuperación será más lenta y gradual de lo inicialmente esperado y, pese a los programas puestos en marcha por los gobiernos, es esperable un alto nivel de destrucción de empresas y empleos. Ante esta situación la Cepal propone tres conjuntos de medidas: 

- Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas, ya sea a traves de la postergación o cancelación de pagos de impuestos o imposiciones previsionales por lo menos hasta finales de 2020; la suspensión del pago de los servicios de luz, agua, gas y telecomunicaciones, sin multas ni corte de servicios, hasta finales de 2020; la flexibilización y mejora de las condiciones de crédito con períodos de gracia de por lo menos un año y plazos de cinco años o más. 

- Reforzar las transferencias directas a las empresas para evitar la destrucción de capacidades. 

- Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis, que representan el 39 por ciento del empleo formal y más del 90 por ciento de las exportaciones.

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Producen seda de araña a partir de bacteria marina fotosintética

Las arañas producen hilos increíblemente fuertes y livianos llamados dragalinas, hechos de proteínas de seda. Aunque pueden usarse para fabricar una serie de materiales útiles, obtener suficiente proteína es difícil porque cada araña puede producir una pequeña cantidad.

Un nuevo estudio publicado en Communications Biology, dirigido por Keiji Numata en el Centro Riken de Investigación en Recursos Sostenibles (CSRS, por sus siglas en inglés) informó que produjeron seda de araña utilizando bacterias fotosintéticas.

Además de ser resistentes y livianas, las sedas derivadas de artrópodos son biodegradables y biocompatibles. En particular, la seda de araña es ultraligera y tan resistente como el acero. "Puede ser utilizada para fabricar materiales duraderos y de alto rendimiento, como ropa resistente a roturas, piezas de automóviles y componentes aeroespaciales", explicó Choon Pin Foong, uno de los autores.

"Su biocompatibilidad es segura en aplicaciones biomédicas como sistemas de administración de medicamentos, dispositivos de implante y andamios para la ingeniería de tejidos", señaló. El estudio se centró en la bacteria marina fotosintética Rhodovulum sulfidophilum'.

Nueva gripe porcina: otra pandemia en ciernes

Un estudio publicado esta semana alerta que una nueva cepa de gripe porcina (G4 EA H1N1) ha mutado para infectar a humanos y se está expandiendo en varias provincias de China. Más de 300 trabajadores de instalaciones de cría industrial de cerdos dieron positivo a esa cepa. Los autores advierten que podría aumentar su capacidad de trasmisión para convertirse en epidemia o pandemia, tal como sucedió con la gripe porcina en México en 2009.

El 29 de junio un grupo de investigadores liderados por el científico Liu Jinhua, de la Universidad de Agricultura de China, publicó los resultados de sus estudios sobre patógenos en cerdos en ese país en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, de Estados Unidos. (https://tinyurl.com/ycjqqv59). Se basan en 30 mil muestras tomadas entre 2011 y 2018 en cerdos de 10 provincias chinas. Identificaron 179 virus diferentes de gripe porcina. Uno les preocupó especialmente, el denominado G4. Es una combinación de tres linajes, entre ellos la cepa H1N1 que mutó de cerdos a humanos y originó la pandemia de 2009. En pruebas con hurones, que muestran síntomas de gripe similares a los de los humanos, concluyeron que esa cepa es "altamente infecciosa" y "causa síntomas graves" en animales, por lo que la consideran de alto riesgo.

En los últimos tres años del estudio tomaron también muestras de trabajadores de 15 granjas industriales y poblaciones vecinas: 10.4 por ciento de los trabajadores y 4.4 por ciento de otras personas mostraron tener anticuerpos contra G4 EA H1N1, indicador de que habían sido infectados. La incidencia entre personas de 18 a 35 años fue de 20.5 por ciento.

Aunque variantes de H1N1 han circulado por años en varios continentes, la presencia de enfermedad causada por el virus G4 en cerdos en China aumentó notablemente desde 2014. Se estima que la cepa ya está en la mayoría de las grandes instalaciones de cría de cerdos, lo cual acelera la posibilidad de nuevas mutaciones para infectar a humanos.

Ian H. Brown, jefe del Departamento de Virología de la Agencia de Salud Animal y Vegetal de Gran Bretaña, uno de los científicos que revisó el artículo, afirmó: "Puede ser que con un mayor cambio en el virus éste se vuelva más agresivo en las personas, tal como ha hecho el SARS-Cov-2", causante del Covid-19. Los científicos saben que esta cepa se replica con facilidad en las vías respiratorias humanas, y aunque aparentemente aún no causa enfermedad grave en humanos esto podría cambiar "sin previo aviso", ya que los virus G4 "tienen todas las características esenciales para convertirse en candidato a virus pandémico" (https://tinyurl.com/y7mbjxw5).

Como expliqué en artículos anteriores, el sistema agropecuario industrial tiene un rol fundamental en las pandemias, incluso la que estamos sufriendo actualmente, por las condiciones de cría industrial de ganado. Son millones de animales hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos muy debilitados (https://tinyurl.com/ycfcksva).

Ahora sale a la luz el escenario de pesadilla: una nueva pandemia de gripe porcina se podría traslapar con la actual de Covid 19, porque no se ha hecho nada para cambiar el sistema de cría animal y el sistema agrícola industrial que lo sostiene, con extensos monocultivos, principalmente de transgénicos, cuya expansión es la principal causa de deforestación y destrucción de hábitats naturales. Al contrario, las empresas de agronegocios y cría animal han tenido abultadas ganancias y hasta subsidios gubernamentales en varios países en este periodo.

Al mismo tiempo, está en curso otra grave enfermedad en cerdos: la peste porcina africana (PPA), que ha diezmado la población de cerdos en China y Europa. Aunque este virus aún no ha mutado para contagiar humanos, muestra las enfermizas condiciones de la cría industrial. China es el mayor criador industrial de cerdos del mundo, y debido a la PPA ha perdido cerca de la mitad de su plantel de cerdos.

Paradójicamente, esto, aunque afectó al principio a WH Group, empresa china que es la mayor porcícola del mundo (dueña de la empresa Smithfield), la "escasez" aumentó significativamente los precios y WH terminó haciendo más ganancias, con la venta de sus cerdos y la importación de éstos desde Brasil, en un acuerdo con la principal criadora de ganado a escala global, la empresa JBS, de origen brasileño. (Grain, https://tinyurl.com/y9f98atd)

Las ganancias de estas empresas carnívoras son tan grandes, debido a que externalizan todos los costos de las enfermedades que provocan en humanos, animales y ambiente, que aún en medio de la peste y la pandemia actual siguen haciendo grandes negocios. En vista de lo que pasa con la PPA, WH Group hizo este año varios acuerdos para trasladar gran parte de la cría de cerdos a Argentina, con una inversión de 27 mil millones de dólares hasta 2028. Argentina pasaría de criar anualmente 6 millones a 100 millones de cerdos, en 5-8 años. WH eligió Argentina por sus condiciones climáticas y por la cercanía de millones de hectáreas de soya y maíz transgénico, base de la alimentación de ganado industrial (https://tinyurl.com/yaefy3mv).

En lugar de aumentarlo, urge desmantelar todo el sistema agrícola y pecuario industrial, máquina letal de producción de enfermedades para la gente, animales y ambiente.

* Investigadora del Grupo ETC

La canciller alemana, Angela Merkel, con una maqueta de un A380, en la sede de Lufthansa el 18 de noviembre de 2015.

Compañías como Lufthansa y el grupo turístico TUI han anunciado despidos de miles de trabajadores tras recibir ayudas públicas millonarias. "Un consorcio que en este tiempo recibe miles de millones de euros del estado como apoyo tiene ante la sociedad una responsabilidad social", ha recordado el sindicato Ver.di

 

La crisis económica que han generado las medidas para hacer frente al SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, será la peor que se recuerda en generaciones. Esto parece estar fuera de toda duda. Sí parece más cuestionable, sin embargo, el comportamiento de algunas grandes empresas que, en Alemania, han recibido ayudas por valor de miles de millones de euros y que, pese a ello, ahora quieren despedir a miles de empleados.

Alemania pasa por ser uno de los países que primero se ha movido para proteger su tejido empresarial. La semana pasada se planteaban a las empresas ayudas en forma de rebajas fiscales, algo que se suma a los miles de millones en ayudas o créditos garantizados por el estado que ya han recibido grandes y pequeñas compañías necesitadas de liquidez en pleno parón económico por culpa del coronavirus.

Se asume, por tanto, que el Gobierno de 'gran coalición' de la canciller Angela Merkel ha actuado rápido. Sin embargo, parece que, con la celeridad, se han dejado lagunas. Una cuestión fundamental que genera debate ahora mismo es la de mantener puestos de trabajo en empresas que han recibido ayudas multimillonarias.

De esto son claros ejemplos la compañía aérea Lufthansa y el grupo turístico TUI. Ambas son empresas acostumbradas a mover volúmenes de negocio de miles de millones de euros. Pero la crisis del coronavirus les ha golpeado de lleno.

Frente al coronavirus, la aerolínea germana, la mayor de Europa, ha recibido ayudas por valor de 9.000 millones de euros. Esa ayuda ha supuesto la entrada del estado en el capital de la empresa, pero eso no es garantía para mantener empleos a salvo en un consorcio con algo más de de 138.000 trabajadores. De hecho, esta semana  la compañía ha anunciado que pretende realizar despidos masivos. Hasta 22.000 empleos están ahora en entredicho.

"Sin una reducción significativa de los costes de personal durante la crisis corremos el riesgo de perder la oportunidad de recomenzar bien tras la crisis y de que el Grupo Lufthansa salga claramente debilitado de la crisis", justifican desde la compañía aérea. Pero habiendo dinero público de por medio, un salvamento de Lufthansa en el que miles de empleados acaben en la calle despierta críticas.

El Gobierno podría haberlo evitado

Bernd Riexinger, presidente de Die Linke, el partido más izquierdista de la oposición que hay en el Bundestag, ha señalado que los 9.000 millones de euros de dinero público inyectados en Lufthansa "no pueden ser un cheque en blanco para realizar despidos". "El Gobierno federal había tenido en su poder el evitar este escenario de antemano y haber garantizado la ayuda pública con garantías", según Riexinger. Por su parte, los sindicatos de los trabajadores de Lufthansa reprochan a la empresa estar utilizando las ayudas públicas para llevar a cabo despidos.

No es la primera vez que hay críticas a la actuación del Ejecutivo de Merkel ante grandes grupos empresariales tocados o casi hundidos que han salido rescatados en la pandemia. El grupo turístico TUI fue de las primeras grandes compañías en recibir ayudas multimillonarias para hacer frente al temporal levantado por la COVID-19. A principios de abril, hasta 1.800 millones de euros recibía esta empresa en forma de créditos garantizados por el estado a través del Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW, por sus siglas alemanas), una entidad de titularidad pública. Poco después la empresa hizo público su deseo de deshacerse de 8.000 de sus cerca de 70.000 empleados.

En vista de esos planes, el salvamento de TUI levantó ampollas hasta en el sector más neoliberal alemán. Así, en el diario económico Handelsblatt hubo editoriales el pasado mes de mayo que señalaban en titulares que "las ayudas del estado para TUI fueron un error".

"El dinero [para salvar a TUI] habría sido suficiente para mantener a flote a las 10.000 agencias de viajes y sus 100.000 empleados", señalaban en este diario. En lugar de eso, salvar a TUI supone hacer un favor a grandes oligarcas, como el ruso "Alexei Mordashov, propietario de un cuarto de TUI", recordaban en ese periódico.

La COVID-19: dos crisis en una

En la empresa se defienden asegurando que la compañía "tiene que cambiar", según los términos de Friedrich Joussen, presidente de TUI. "No hemos recibido un regalo, sino deudas", según ha definido él los 1.800 millones de euros en créditos del KfW. En Ver.di, el principal sindicato del sector servicios, reclaman a la compañía "responsabilidad social".

"Un consorcio que en este tiempo recibe miles de millones de euros del estado como apoyo tiene ante la sociedad una responsabilidad social", han manifestado en Ver.di.

En realidad, la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que son dos crisis en una. Una primera crisis se ha producido debido al parón. Junto a esta crisis hay otra de "adaptación" de las empresas que peor ha dejado la COVID-19.

"Hay empresas que están sufriendo una crisis de adaptación, que tiene hacerse más pequeñas y reducir costes. Por ejemplo, para Lufthansa, en el futuro habrá menos vuelos y ahora mismo la empresa está sobrecapacitada y tiene que reaccionar", dice a eldiario.es Hubertus Bardt, responsable en el Instituto de la Economía Alemana, un centro de estudios con sede en Colonia (oeste germano). A su entender, sin las ayudas recibidas, "Lufthansa no estaría ahí, ni siquiera los puestos de trabajo que se van a mantener".

Si bien Merkel y compañía han sido de los primeros – sino el primer Ejecutivo – en tomar iniciativas serias para ayudar a empresas y relanzar la economía frente a la crisis que ha supuesto el coronavirus, en Berlín no hay discurso ni medidas para paliar las traumáticas "adaptaciones" de Lufthansa o TUI. Al menos, de momento.

Por Aldo Mas

12/06/2020 - 21:40h

Publicado enEconomía
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