Caravana de Mujeres Centroamericanas.

En situación de calle, bajo el sol en la ruta, abandonados o detenidos en las cárceles de frontera. El covid-19 expulsa a miles de migrantes latinoamericanos que, sin trabajo ni vivienda, emprenden distintas travesías agobiados por el hambre y el miedo.

 

“Quiero irme a Bolivia, tengo mis hijas allá, nosotros vinimos solamente a trabajar”, contaba Marina a la prensa chilena, mientras acampaba frente al Consulado de Bolivia en este país. Mientras tanto, a miles de kilómetros, migrantes centroamericanos que tenían como destino la deportación eran abandonados en la frontera sur de México. “Nos botaron aquí porque no sabían qué hacer. Ahora a ver cómo le hacemos para volver a nuestro país sin dinero y con la frontera cerrada”, decía Anthony, migrante guatemalteco.

Por estos días América Latina ve crecer el número de contagios, al mismo tiempo que aumentan las restricciones que vacían las ciudades expulsando a la población más pobre. Los migrantes son parte de este sector sumergido que no se puede quedar en casa al vivir al día con trabajos informales y alojamientos temporales. Personas que en los últimos años se desplazaron por razones económicas, pero también forzadas por contextos de violencia o los efectos que el cambio climático genera en sus territorios.

“Estamos hablando de flujos mixtos. Las fronteras entre migrante y refugiado son cada vez menos claras en los flujos contemporáneos”, explica a El Salto María del Carmen Villareal, investigadora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, especializada en migraciones internacionales y derechos humanos.

Un fenómeno reciente es el aumento de los flujos intrarregionales que responden a las restricciones impuestas por el norte global, pero también a la mejora de las políticas migratorias que facilitaron la movilidad y las residencias en América del Sur durante los Gobiernos progresistas. Según datos de 2019, hay más de 7,5 millones de migrantes sudamericanos en esta región. El fenómeno más visible es el venezolano, que tiene como principales destinos Colombia, Perú y Ecuador. Pero también aumentó el desplazamiento de nicaragüenses a Costa Rica o de centroamericanos que tenían a Estados Unidos como destino y terminaron quedándose en México, debido a los fuertes controles migratorios que impone el Gobierno de Donald Trump.

Si bien el objetivo de los migrantes es encontrar un futuro mejor, también es una vía para ayudar a sus familias a través del envío de remesas. En varios países esta contribución es muy significativa a nivel económico: en Haití representan más del 30% del PBI, en El Salvador y Honduras el 20% y en Guatemala y Nicaragua su peso es superior al 10%. Sin embargo, el informe Especial covid-19 de la CEPAL muestra que debido al coronavirus estas podrían contraerse entre un 10% y un 15%. El estudio también revela que llevaría entre tres y cuatro años recuperar el nivel alcanzado en 2019.

Según datos también de CEPAL, antes de la pandemia, América Latina mostraba bajo crecimiento económico, la tasa de desempleo alcanzaba el 8,1%, y el trabajo informal afectaba al 54% de los trabajadores. Un panorama que se agravará con la crisis sanitaria, y que si bien los Gobiernos han querido contrarrestar implementando medidas de apoyo a los sectores más afectados, en su mayoría son ayudas que están orientadas a nacionales o a migrantes con sus documentos regularizados.

VOLVER

La desprotección y el riesgo que supone el contagio los destina otra vez al desarraigo, con un efecto que hasta hace unos meses parecía imposible: el retorno a sus países de origen. “Es mejor vivir la miseria de uno con su familia”, dice una migrante venezolana que se arriesga a cruzar con sus hijas a cuestas por uno de los pasos irregulares, los “tronchos”, que conectan la frontera de Venezuela con Colombia.

La crisis del coronavirus generó el cierre de la mayoría de la fronteras, aunque en un continente caracterizado por la porosidad de sus límites el bloqueo nunca es definitivo. “Allí hay muchísimos peligros. Son personas que se han quedado sin nada, que no tenían para comer y que están tratando de volver para tener un techo. En el caso de las mujeres es muy importante tener una mirada de género. Porque muchas migrantes hablan del peaje migratorio, de la posibilidad de ser violadas“, señala la politóloga brasileña.

En el caso de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro habilitó algunos corredores humanitarios de retorno. Días atrás salieron diez autobuses de Cali a la ciudad venezolana de Cúcuta. Sin embargo, la mayoría de las personas están retornando a través de los “tronchos”, a donde llegan también decenas de venezolanos provenientes de Ecuador y Perú, dispuestos a arriesgarse luego de haber atravesado miles de kilómetros.

Según datos del consulado de la República Bolivariana en Quito, en Ecuador hay más de 17.000 personas anotadas a la espera de un vuelo humanitario. En los primeros días de mayo, dos aviones de la empresa aérea Conviasa llegaron a la capital ecuatoriana y retornaron a Caracas con 180 ciudadanos. Sin embargo, el cónsul venezolano, Pedro Sassone, dijo que hasta el momento no saldrán más vuelos. “Además de la parte económica está también el lado emocional, que es súper agobiante. La mayoría de los venezolanos se ve sola, y depende de las buenas personas que tengan a su alrededor”, explica a El Salto Lucía León, politóloga venezolana especializada en relaciones internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

En estos días, muchos venezolanos han sido expulsados de sus viviendas, sobre todo en Quito y Guayaquil, donde se concentra casi un 70% de los 500.000 que están en el país. Una región en la que también se da la mayor cantidad de contagios y muertes, lo que incrementa la estigmatización y xenofobia debido a las noticias falsas que los culpan de la propagación del virus. Según cuenta León, “hay muchas denuncias de que los servicios de emergencia no te atienden si se dan cuenta de que eres venezolano”. Ecuador dispone de un sistema universal de salud que incluye a toda la población, algo que no habitual en todos los países de la región.

También en Perú, donde viven alrededor de un millón de venezolanos, la situación es acuciante. Si bien se han generado ayudas mínimas como la de Acnur, que brinda 80 soles (100 dólares) a migrantes sin importar su situación legal, para ello es necesario contar con una cuenta bancaria. “Algo a lo que no tiene acceso la población que se encuentra en situación irregular", explica del otro lado del teléfono Martha Fernández, refugiada que vive desde hace tres años en el país e integra la Asociación Protección Poblaciones Vulnerables.

En Brasil, el Estado incluye en sus planes de ayudas sociales a la población refugiada y migrantes regularizados. Si bien el giro a la derecha en la región marcó un momento más restrictivo con políticas que dejan de lado la retórica pro derechos humanos, algunos Gobiernos han instrumentalizados ideológicamente los flujos migratorios. “En Brasil tienes a Bolsonaro, que mucha gente podría pensar es un error en todos los sentidos, que no hay duda de eso, pero él aprobó miles de solicitudes de refugio para venezolanos”, explica la investigadora Villarreal. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil organizaron la campaña #RegularizaçãoJá, que exige una regularización permanente para todos los migrantes del país.

También en Argentina, país con una larga historia como receptor de migrantes, la Secretaría de Trabajadores Migrantes (STM) tiene el mismo reclamo. Más en estos días en que el Gobierno de Alberto Fernández creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que deja por fuera a los migrante que no están regularizados o a quienes tienen la residencia legal inferior a dos años. En el período del presidente Mauricio Macri se aprobó el Decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2017), que retrasó la entrega de la documentación de residencia. Más de 70.000 expedientes estaban a la espera de su aprobación, multiplicándose en estos días debido a la paralización de las actividades por la cuarentena obligatoria.

La STM tiene un diálogo fluido con el Gobierno de Fernández y en este contexto le envió una carta en la que le solicita el acceso al IFE sin restricciones, aunque el intercambio con las autoridades es con una mirada a largo plazo. “Hay que hablar con el Estado de igualdad de derechos para todos y todas, no paliativos que se den solo durante la pandemia. Medidas de 'cuando me sirven regularizo a los migrantes por un tiempo, y cuando no, que vuelvan a su estadío normal, que es el del trabajo informal, la trata de personas, la prostitución'”, cuenta a El Salto Lila Báez, migrante paraguaya, vocera del STM. Mientras tanto, la organización está realizando ollas populares en las barriadas y villas del país, donde vive la mayoría de la población migrante. En estos días Argentina registró un aumento de contagios de coronavirus, sobre todo en estas zonas más empobrecidas.

Mientras tanto, en países como Perú, Chile y México se han establecido medidas de regularización especial, pero solo para la contratación de personal sanitario extranjero que no contaba con sus documentos regularizados, permitiendo que médicos, enfermeros y especialistas de otros países puedan ejercer durante el período que dure la pandemia.

SIN SALIDA

Pero el cierre de las fronteras también genera que muchas personas queden cautivas o varadas en las ciudades limítrofes entre los países. México, país que con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador militarizó todo el territorio y se convirtió en gran receptor de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, tiene detenidas a cientos de personas en sus estaciones migratorias. “Es una situación difícil, con mucha población en espera o atrapada, principalmente la población centroamericana que cruzó el país en las caravanas migrantes. Muchas que incluso han solicitado refugio o que ya tienen este estatus”, cuenta Luciana Gandini, especializada en estudios sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Frente a esta situación, organizaciones de derechos humanos, como el centro Fray Matías de Córdoba, denunciaron que la situación era insostenible, con las personas angustiadas debido al encierro indefinido y a la poca información que reciben en espacios que no cumplen con las medidas mínimas de salubridad. En estos días se han realizado distintas protestas en las cárceles migratorias, que fueron reprimidas de manera violenta por las autoridades mexicanas. En unos de estos reclamos, en la estación migratoria de Tenosique, en el Estado de Tabasco, falleció un migrante guatemalteco. El hombre era solicitante de asilo y estaba previsto que fuera liberado en dos días para continuar con su trámites.

La muerte del migrante guatemalteco recrudeció las protestas, lo que generó que el Instituto Nacional de Migración decidiera vaciar algunos de los centros y trasladar a los migrantes a la frontera sur con Guatemala. “Lo que hizo fue subirlos a camiones y autobuses, en teoría para devolverlos a sus países, pero la frontera está cerrada y no los puede devolver. Entonces los deja en una ciudad fronteriza como Talismán. Imagínate lo que implica eso en términos de xenofobia y de discriminación cuando tú en una ciudad pequeña que ya viene afectada dejas a cientos de personas sin ningún tipo de plan”, señala Gandini.

Junto a ellos también se encontraban migrantes centroamericanos que Estados Unidos había deportado en los últimos días, ya que el país no detuvo las audiencias. Incluso en el contexto de la pandemia se incrementaron las “devoluciones en caliente”. La patrulla fronteriza tarda 96 minutos en devolver a las personas que detiene en los cruces irregulares. “Es interesante pensar que el acuerdo por el cual se cerró la frontera entre Estados Unidos y México dice literalmente que se cierra para los flujos no esenciales. Por lo tanto la deportación es considerada un flujo esencial. Llevada a cabo además sin ningún tipo de control sanitario, lo que implica un riesgo altísimo para México”, afirma la investigadora de la UNAM.

En la página oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), se reconoce que en los centros de detención donde son alojados antes ser deportados hay personas infectadas. Sin embargo, en ninguno de los países se realizan test o se implementan medidas de aislamiento antes o después de ser devueltos a México.

La implementación de medidas sanitarias no implica necesariamente el respeto de los derechos humanos. En Costa Rica, bajo el argumento de asegurar “la seguridad pública”, el Gobierno instaló una base área militar en la frontera con Nicaragua para impedir la llegada de ciudadanos de este país. También en Bolivia, en la localidad de Pisiga, frontera con Chile, el Gobierno obliga a los trabajadores que retornan del país andino a realizar la cuarentena en un campamento militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a exigir “el desplazamiento inmediato de estas personas a localidades de Bolivia” y recordó que “los Gobiernos están obligados a recibir a sus migrantes y a velar por su acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”.

TAMBIÉN EN CASA

Pero la movilidad que obliga la pandemia no solo se da atravesando fronteras externas. El coronavirus también generó éxodos internos. En Lima, capital de Perú, miles de pobladores provenientes de zonas andinas y selváticas que migraron a la capital en busca de mejores condiciones de vida están retornando a sus comunidades rurales. Uno de los flujos se dirige hacia los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, zonas que alcanzan una tasa del 53% de pobreza.

Según explica Martín Souto, docente peruano que trabaja asesorando a los Gobiernos locales de estas regiones, “esto lleva a un redescubrimiento de la importancia de estas comunidades para la alimentación. Son territorios que abastecen el mercado nacional y regional de papas nativas, habas, cebada”. En total hay 6.600 comunidades campesinas y nativas que son dueñas de la tierra, pero que pese a la riqueza de sus campos ven migrar a sus pobladores hacia otros zonas, no solo a la capital.

El Gobierno de Martín Vizcarra abrió una página web para que la población que quiera retornar se inscriba y pueda contar con opciones de traslado. Pero en estos días 170.000 inscripciones desbordaron la capacidad estatal. En Lima se anotaron 13.000 personas para regresar a Ayacucho. Sin embargo, hasta el momento, regresaron de manera oficial 700 personas. Mientras tanto, se estima que 6.000 pobladores están retornando por su cuenta. En el Perú profundo, el “no oficial”, miles personas se entrecruzan exhaustas luego de largas caminatas al sol con el único objetivo de regresar a casa. 

El 16 de marzo, cuando Perú implementó la cuarentena —hoy uno de los países con más casos—, las comunidades rurales de Huancavelica cerraron sus territorios. “La gente decía: 'Si acá entro en crisis, ¿quién me salva? Nadie. Entonces que no vengan, porque nosotros estamos sanos aquí'. Se habla mucho de la solidaridad, pero la gente que es pobre no tiene hospitales en el campo, está lejos y es precario”, afirma Souto. Luego de los primeros días de pánico, ahora la población permite el ingreso de los retornantes. Incluso se reactivaron las rondas campesinas que nacieron para enfrentar al grupo armado Sendero Luminoso, y que en este contexto se encargan de controlar que las personas que llegan respeten el aislamiento.

La pandemia encontró a América Latina en un momento histórico de movilidad intrarregional, con miles de personas forzadas a salir de sus territorios en busca de un futuro mejor. Al inicio de la crisis sanitaria se planteó que el virus era un “gran nivelador” que no entendía de razas, clases sociales o procedencia. Sin embargo, el #quedateencasa es imposible para los migrantes que, sin recursos y con Gobiernos que los invisibilizan, se ven obligados a emprender otra vez el camino del desarraigo.

Por Cecilia Osorio

Montevideo (Uruguay)

26 may 2020 06:00

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Capitalismo y crimen contra el trabajo mundial

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), 305 millones de personas perderán en todo el mundo sus empleos a tiempo completo, a causa de las medidas de confinamiento que aplican los gobiernos para hacer frente a la pandemia del Covid-19 [1]. Además 1.600 millones de trabajadores de la “economía informal” perderán completamente sus fuentes de sustento y pasarán del subempleo al desempleo total, en el que ya están más de 470 millones de personas. La misma organización sostenía, antes de la catástrofe laboral desatada, que los 3.300 millones de trabajadores, que tienen empleo y remuneración, no disponen de “garantías sobre condiciones de trabajo decentes ni ingresos adecuados”[2].

El Director general de la OIT, Guy Ryder, sostienen que “Para millones de trabajadores la ausencia de ingresos equivale a falta de alimentos, de seguridad y de futuro. Millones de empresas en el mundo están al borde del colapso. Carecen de ahorros y de acceso al crédito. Estos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda ahora, sencillamente perecerán».

La organización no gubernamental Oxfam, en enero de 2020, en su informe: Tiempo para el cuidado, publicó que los 2.153 milmillonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas (el 60% de la población mundial). “En América Latina y el Caribe el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. El número de milmillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En grave contraste, la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de personas, es decir, un 10,7% de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”.[3]

La pandemia como las medidas de arresto domiciliario agudizan el desempleo y agravan una situación preexistente de explotación, marginalidad, desigualdad y contradicción social, que en el Ecuador ya alcanza los 400 mil despidos y un riesgo potencial que afectará a más de 743 mil trabajadores del sector público y privado, según un informe de la Cámara de Industrias y Producción.

Hasta diciembre de 2019 la Encuesta Nacional de Empleo, Desmpleo y Subempleo, (Enemdu), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), informó que alrededor de 5 millones de ecuatorianos “están entre el desempleo y la informalidad”. [4]

En medio de esta trágica situación y en flagrante contradicción con lo manifestado por la OIT respecto a la enfermedad del Covid-19, como una enfermedad profesional que afecta principalmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud, entre los que habrían 1.500 contagiados y más de una decena de víctimas mortales en el país, el gobierno de Moreno, enemigo de los trabajadores, confirma su ausencia de humanidad y neuronas, y emite el 28 de abril de 2020 la resolución 022 del Ministerio de Trabajo, determinando que la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional.

Moreno y el estultísimo grupo de sus asesores y secretarios desoyen lo dicho por la OIT en el sentido de que el coronavirus provoca “un trastorno de estrés postraumático” que es contraído por exposición en el trabajo, y que «en la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo, deberían tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a los servicios conexos, según lo establecido en el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964». Igualmente que en el caso de los familiares a cargo (cónyuge e hijos) de la persona que muere por la enfermedad del Covid-19 contraída en el marco de actividades relacionadas con el trabajo, la OIT indica que ellos, también, tienen derecho a recibir prestaciones monetarias o una indemnización, así como una asignación o prestación funeraria[5]. Esto es precisamente lo que intenta negar el gobierno a los trabajadores de la salud, considerados en la propaganda oficial como los “héroes de la patria” que enfrentan a la pandemia pero que en los hechos son las primeras víctimas y no las únicas, no solo de la enfermedad sino de un régimen torpe como cruel, que a las puertas del primero de mayo: día de los trabajadores, se permite tal humillación.

Que se recuerde hoy más que nunca que son las clases trabajadoras del mundo las que con su fuerza de trabajo colaborativa: física e intelectual crean y producen la riqueza del mundo y no el capital, que se limita a explotar y acumular injusta y egoístamente el plusvalor creado con el sudor, las lágrimas y la sangre de una vasta red social de proletarios precarizados, negados ahora incluso de los mínimos medios de subsistencia y cobertura de sus necesidades, como queda demostrado en la historia y en estas semanas de encierro forzado de millones de trabajadores en todo el mundo con la excusa de la pandemia del Covid-19.

Como lo descubrió con profundidad Marx: El capital considera al trabajador y su fuerza de trabajo una “mercancía especial” (una cosa y no un ser humano) que al ser consumida en el proceso de producción, produce más valor que lo que ella misma vale, produce plus valor que se apropia el capitalista. El trabajador que no tiene otra cosa que vender, vende su fuerza de trabajo en el mercado, a cambio de un precio que es el salario, que el capitalista paga para que la mercancía especial pueda reproducirse, paga como a toda mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente necesario que se necesita para producirla, según las condiciones técnicas de cada época y lugar. Es decir, que el capitalista fija a su gusto y sazón los bienes de subsistencia como comida, ropa y vivienda que supone son necesarias para el trabajador y su familia. El capitalista calcula cuánto necesita el obrero para vivir, con el objetivo de que cada día ese obrero vuelva a trabajar y producir con un salario que es aparentemente “igual” al trabajo realizado.

En esto consiste la explotación del hombre por el hombre, del trabajador por el capitalista, la lucha de clases está viva y lo impregna todo, incluso la pandemia y el encierro, que no es igual para todos, es desesperación para quienes sienten hambre y siempre tienen necesidades insatisfechas.

La relación de dominación Amo-Esclavo desarrollada por Hegel define que “hay amos y hay siervos porque en unos el espíritu de dominación es más fuerte que su miedo a morir en la lucha por el reconocimiento. Si el siervo se constituye en tanto siervo por su miedo a morir es porque el amo se constituye en tanto amo por su decisión de matar. La pulsión de muerte le es esencial al espíritu de dominación”.[6]

Ahora que el miedo a la pandemia está demasiado inflado por los medios masivos, los gobiernos y sus fuerzas represivas normativas, policiales y militares, ahora que “hay un gran desorden bajo el cielo, la situación es excelente” habría repetido Mao Zedong.

La reclusión obligatoria del toque de queda no debería ser suficiente no solo para protestar y denunciar el crimen masivo del desempleo y el subempleo, sino debería ser el detonante de una gigantesca rebelión global en contra de las condiciones opresivas. Es la hora del “espíritu emancipatorio radical” como diría Slavoj Zizek, que sueñe e imagine “un mundo posible y mejor al igual que realizable”, como decía Lenin. Lo mismo que en términos de Lacan, deberíamos reconocer la situación presente como el momento de la “inconsistencia del gran otro [que] abre el espacio para el acto”.[7]

 

Por José Luis Bedón | 11/05/2020

 

Notas

1) https://actualidad.rt.com/actualidad/351587-alertan-300-millones-perderan-trabajo-covid

2) ttps://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/la-oit-preve-que-el-numero-de-desempleados-aumente-en-25m-en-el-mundo.

3) https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-milmillonarios-del-mundo-poseen-mas-riqueza-que-4600-millones-de-personas

4) https://www.elcomercio.com/actualidad/emergencia-covid19-riesgo-ecuador.html

5) https://www.vistazo.com/seccion/pais/politica-nacional/ministerio-de-trabajo-resuelve-que-el-covid-19-no-es-un-accidente-de

6) Feinmann, José Pablo, Filosofía Política del poder mediático, Ed. Planeta, 2013, p.20.

7) Zizek Slavoj, Viviendo el final de los tiempos, Ed. Akal, 2012, p.26.

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Economía informal, la más afectada por confinamiento: OIT

Las medidas de confinamiento y de contención para hacer frente al COVID-19 amenazan con aumentar la pobreza de quienes trabajan en la economía informal a nivel mundial; las mujeres serán el grupo más afectado, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un nuevo informe.

 

Con base en datos del informe “La crisis por COVID-19 y la economía informal”, se estima que las medidas de distanciamiento social ya tienen un impacto significativo en 1.6 billones de trabajadoras y trabajadores informales, con mujeres sobrerrepresentadas en los sectores más afectados. Estos incluyen a quienes laboran en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultoras y agricultores que abastecen los mercados urbanos.

En 2020, más de 2 mil millones de personas trabajadoras se ganan la vida en la economía informal. Esto es 62 por ciento de todas los y los trabajadores del mundo. El empleo informal representa 90 por ciento del empleo total. Sin embargo, de acuerdo con la OIT, las mujeres están más expuestas a la informalidad en los países de ingresos medios bajos y bajos, y a menudo se encuentran en más situaciones vulnerables que sus pares masculinos. Las mujeres, además, se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destacó el informe.

Lo mismo pasa en las empresas informales, que representan ocho de cada diez empresas en el mundo. Esto incluye a empresas que a menudo emplean a diez o menos personas, incluidas trabajadoras familiares no remunerados, que son principalmente mujeres que trabajan en condiciones precarias, sin protección social o medidas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Estos negocios tienen baja productividad, baja tasas de ahorro e inversión, y capital acumulado insignificante, lo que los hace particularmente vulnerables a los choques económicos y a menudo están excluidos de los programas de asistencia financiera a corto plazo para enfrentar la crisis por COVID-19.

Muchas mujeres y hombres en la economía informal necesitan obtener un ingreso para alimentarse a sí mismos y a sus familias, ya que la mayoría de ellos no pueden confiar en el reemplazo de ingresos o ahorros. No trabajar y quedarse en casa significa perder sus trabajos y sus medios de vida, sin embargo, el distanciamiento físico es difícil de aplicar para quienes trabajan, por ejemplo, como vendedores ambulantes y de mercado, o trabajadoras a domicilio.  “‘Morir de hambre o del virus” es un dilema real que enfrentan muchas personas trabajadoras de la economía informal’”, señaló el organismo. 

Sin embargo, dado que las condiciones laborales precarias derivan en malas condiciones de vida, las y los trabajadores de la economía informal también son un grupo vulnerable incluso si se quedan en sus hogares. De acuerdo con la OIT, en las zonas urbanas, las y los trabajadores y sus familias permanecen expuestas al virus debido a las condiciones insalubres o de hacinamiento en las que viven, y que hacen que el distanciamiento físico sea casi imposible. Estas personas también enfrentan obstáculos para acceder al agua corriente en sus hogares, lo que no solo limita las posibilidades de lavarse las manos, sino que a menudo obliga a las mujeres a hacer fila para obtener agua, lo que las pone en peligro a sí mismos y a su comunidad.

Frente a esta situación la OIT señaló que las repercusiones de la pandemia de COVID-19 requieren medidas rápidas y efectivas para mejorar la seguridad de los ingresos para las y los trabajadores en la economía informal, especialmente para mujeres con niños pequeños, un grupo con mayor riesgo económico privación. Los países pueden usar diferentes mecanismos para extender el apoyo a los ingresos a los trabajadores de la economía informal.

Por ejemplo, es factible canalizar fondos a través de bancos, instituciones microfinancieras y cooperativas financieras con criterios de divulgación claramente definidos y anunciados oficialmente y con transparencia. Esto mejoraría la difícil situación de las mujeres empresarias informales en especial, dijo el organismo. 

La OIT también expresó que quienes trabajan en la economía informal deben ser sujetos centrales para todas las respuestas frente al COVID-19. Para esto, fortalecer la participación de las mujeres el diálogo entre el gobierno y la sociedad puede ser clave. 

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La pobreza golpeará a la mitad de la humanidad

Las proyecciones estadísticas más pesimistas van quedándose cortas ante la dimensión de la crisis. Desempleo, desinformación y pobreza aparecen como algunas de las piezas de un rompecabezas todavía no armado, pero con efectos directos y colaterales devastadores. La mitad de los empleos en la escala mundial se ven amenazados

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El «privilegio» del empleo

 

En el mundo, 1.600 millones de los 2.000 millones de trabajadores de la economía informal se ven afectados por las medidas de confinamiento y de contención. La mayoría trabaja en los sectores más afectados o en pequeñas unidades económicas más vulnerables a las crisis, según un informe publicado el 7 de mayo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estos incluyen a los trabajadores en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultores que abastecen los mercados urbanos. Las mujeres se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destaca el informe.

Por otra parte, la caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa del COVID-19 significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, “corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”, señalaba la OIT en su 3er documento analítico de fines de abril.

Entre su primer informe sobre el COVID-19 y el mundo del trabajo publicado el 18 de marzo pasado y las estimaciones actualizadas difundidas a fines de abril la OIT cambió su punto de referencia. Ya no se trata de comparar la actual crisis con el terremoto financiero del 2008, sino con los estragos resultantes de la Segunda Guerra Mundial.

El 81% de la fuerza de trabajo – más de 2.700 millones de trabajadoras y trabajadores- padecía desempleo total o parcial a fines de abril. Y de continuar esta tendencia, en el segundo semestre del año en curso la reducción del empleo golpeará a 305 millones de trabajadoras y trabajadores a tiempo completo, teniendo como referencia una jornada laboral de 48 horas semanales.

En el estudio actualizado de la OIT (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang–es/index.htm) la alarma suena con respecto a los trabajadores de la economía informal, que representan en su totalidad, unos 2.000 millones de personas, la mayoría en países emergentes y en desarrollo de ingreso bajo y mediano.  Con el agravante que, en general, carecen de protección básica, de cobertura de seguridad social, de atención médica y, en caso de enfermedad, de sustitución de ingresos.

La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi 1.600 millones de trabajadora-es de la economía informal – el sector más vulnerable-, de un total de 2.000 millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo de 3.300 millones de personas a escala planetaria. Las medidas de confinamiento y/o el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados por la crisis, determinan esta dramática situación.

India, con 400 millones de trabajadores informales, Nigeria, Brasil, Indonesia, Pakistán y Vietnam, se encuentran entre las naciones que por concentración demográfica más sufrirán el impacto. Sin embargo, regiones enteras, como Centroamérica, o la América andina, dependen en gran medida de las actividades informales. Las que tienen, también, una fuerte incidencia en las concentraciones urbanas latinoamericanas, desde Buenos Aires hasta la Ciudad de México, pasando por Bogotá, Caracas, Lima o La Paz.

La pandemia desinformativa

Beber alcohol fuerte, comer gran cantidad de ajo, bañarse con agua casi hirviente, ingerir medicamentos caseros… Miles de informaciones falsas sobre el COVID-19 explotan en internet, en las redes sociales y en las plataformas de comunicación.

«La información falsa y poco fiable pone en riesgo muchas vidas”, señala la Organización Mundial de la Salud. Con los Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus 2019-nCoV, (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters) intentó salir al cruce de creencias, desinformaciones o métodos “caseros”, que se presentan como eficaces para contrarrestar el virus. Con el agravante, además, de que detrás de muchas desinformaciones se expande el comercio creciente de medicamentos falsificados o adulterados.

Ya en la segunda quincena de marzo la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que nuclea a 600.000 trabajadores del sector había advertido sobre la necesidad que “periodistas y medios informen sobre hechos y con fuentes fiables, sin especulación alguna…” Y convocaba a autoridades públicas e instituciones médicas a suministrar “información puntual y transparente”. Fue la misma FIP quien en la segunda semana de abril condenó los ataques sistemáticos del presidente brasilero Jair Bolsonaro a periodistas de su país. Un estudio al que hace referencia la central sindical mundial con sede en Bruselas contabiliza más de 140 ataques de este tipo, en los últimos tres meses, en torno a la cobertura informativa de la pandemia.

Futuro dramático

Si la explosión desbocada del desempleo y la problemática de la desinformación acompañan la nueva coyuntura pandémica mundial el tema de la deuda externa se convierte en agenda crucial de países y regiones.

No solo la antigua, acumulada y pendiente. Sino también la nueva, que muchos Estados contraerán para hacer frente a la crisis de sobrevivencia. Fue uno de los temas cruciales, por ejemplo, del debate interno de la misma Unión Europea durante las últimas semanas y aún pendiente de resolución.

Un grupo de 60 organismos y agencias de las Naciones Unidas, llamaron el pasado 10 de abril a los gobiernos a abordar la actual recesión y su repercusión en las naciones más empobrecidas del planeta. Según las instituciones onusianas miles de millones de personas viven en países al borde del colapso económico debido a la combinación explosiva de los “problemas financieros impulsados por la pandemia del COVID-19, pesadas obligaciones de deuda y un descenso de la ayuda oficial al desarrollo”, subraya el documento del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiación para el Desarrollo.

Actores de primer orden de la sociedad civil internacional subrayan, también, el riesgo de que a causa de la pandemia más de 500 millones de personas, adicionalmente, caigan en la pobreza.  Así lo señala Oxfam internacional en su último informe Elijamos dignidad, no indigencia (https://www.oxfam.org/es/informes/elijamos-dignidad-no-indigencia), que fue difundido en abril pasado.

La magnitud de esta crisis, según la ONG internacional, excede toda proyección racional. “Podría suponer un retroceso de una década en la lucha contra la pobreza y de hasta 30 años en algunas regiones como África subsahariana, Oriente Próximo y el Norte de África. Más de la mitad de la población mundial podría vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia”.

Oxfam exige a los organismos internacionales (incluidos al FMI y al Banco Mundial que tuvieron su reunión de primavera el tercer fin de semana de abril) “cancelar inmediatamente el pago de la deuda en 2020 y alentar a otros acreedores que hagan los mismo…” Y recomienda “… acordar la inmediata inyección de dinero en los países de desarrollo para ayudarles a rescatar a las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

Pronósticos, estadísticas, proyecciones, cada día peores, cada semana más dramática. En solo algo más de cuatro meses, la Tierra parece ser otro planeta y la humanidad no termina de agotar su capacidad de asombro.

Por Sergio Ferrari desde la ONU, Ginebra, Suiza

09/05/2020

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Viernes, 24 Abril 2020 06:30

Crece en Perú el éxodo del hambre

Un grupo de migrantes descansa bajo un puente de la ruta Panamericana Sur cerca de Lima.    ________________________________________ Imagen: EFE

Miles de personas huyen de Lima a pie en busca comida en sus pueblos

Es el éxodo de los olvidados, los excluidos, los pobres extremos, en plena cuarentena. Regresan a sus pueblos como sea.

Desde Lima. “Nos va a matar el hambre antes que el virus”, exclama, con voz de angustia, una mujer joven, de rostro cansado, que lleva en brazos a su hija de pocos meses. El suyo es un amargo reclamo por el abandono, un desesperado grito por ayuda. Esa noche dormirá-como las anteriores y las siguientes- sobre unos cartones al lado de la carretera que lleva de Lima a la zona andina en el centro del país. Va de regreso a su pueblo. Va escapando. Sin nada, lo hace caminando. Le esperan cientos de kilómetros. Con ella pasarán la noche más de trescientas personas que cargan la misma angustia y comparten el mismo recorrido, largo, agotador, penoso. En otros puntos de esa misma carretera, y en otras carreteras, que van para el sur y el norte del país, otros miles viven el mismo drama. Abandonan la capital para regresar a sus pueblos. En Lima, la ciudad de la que escapan con desesperación, se concentra la mayor parte de casos de coronavirus en el país, pero ellos no huyen del virus. Huyen del hambre. Es el éxodo de los olvidados, los excluidos, los pobres extremos, en plena cuarentena por el coronavirus.

 “Ya no tenemos qué comer, por eso regresamos a nuestros pueblos, donde algo tendremos. Caminando nos iremos, no tenemos de otra”, dice un hombre sentado junto a sus tres pequeños hijos que duermen abajo de un puente de la autopista. Era vendedor ambulante y ahora con la cuarentena se quedó sin los pocos ingresos con los que apenas sobrevivía. En otra carretera, un joven cuenta que era pintor eventual, que como se quedó sin trabajo desde que comenzó la cuarentena no pudo pagar el cuarto en el que vivía, lo echaron a la calle y sin dónde ir ha emprendido la sufrida caminata de retorno al pueblo del que salió hace años. “Ya no aguantamos más, no tenemos nada ya, estamos viviendo en las calles, ya no tenemos para comer”, grita una mujer cuando se le acerca la cámara de un noticiero. Ellos forman parte de este éxodo del hambre.

También están los que viajaron a la capital desde el interior por algún trámite, un tratamiento médico o para un trabajo temporal de unos meses, y quedaron atrapados por la inmovilización social. Después de 40 días de cuarentena y con sus pocos recursos agotados, tratan con desesperación de regresar a sus casas. Muchos están entre los caminantes en las carreteras, otros centenares duermen en las calles de la ciudad, frente a estaciones de buses o el aeropuerto esperando que salga ese bus o ese vuelo humanitario que las autoridades les han ofrecido, pero que no llega. Llevan días en esa interminable espera. Los que se cansan de esperar se suman a los caminantes que huyen de la capital para no morir de hambre en tiempos de cuarentena. Se han dado choques entre estos angustiados pobladores y la policía cuando ésta les bloquea el camino para que no sigan su viaje.

“No se puede permitir una salida desordenada porque estos grupos grandes son caldo de cultivo de contagios y se puede generar un problema en las zonas a las que se dirigen. Lo primero es empadronarlos, después se les tiene que hacer pruebas rápidas del coronavirus para ver si están infectados, si lo están son llevados a un centro de salud, los que dan negativo son llevados a su destino en transporte puesto por el Estado y cuando lleguen deben estar dos semanas en aislamiento porque hay la posibilidad que tengan el virus a pesar del resultado negativo de la prueba rápida. Todo esto requiere una articulación y una logística que no es algo sencillo. Entendemos la desesperación de la gente, reconocemos que esto se puede hacer más rápido, estamos trabajando en eso. Ya hemos trasladado a más de tres mil personas”, le declaró a Página/ 12 la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, encargada por el gobierno para tratar este asunto.

Con 70 por ciento de los trabajadores en la informalidad, sin derechos laborales y la mayoría con ingresos precarios, y empresas dando licencias sin paga, la larga inactividad ha llevado a una buena parte de la población, que se ha quedado sin ingresos, al límite de su resistencia. Millones que antes de esta crisis ya estaban en la pobreza, o al borde de ella, piden ayuda para sobrevivir. El gobierno ha dispuesto la entrega de un bono equivalente a unos 220 dólares para 3,5 millones de familias pobres urbanas y un millón de hogares rurales, pero es insuficiente en el monto y en la cobertura, y todavía no se termina de entregar. Ayer el presidente Martín Vizcarra anunció que este bono se ampliará hasta llegar a 6,8 millones de familias, el 75 por ciento de hogares del país. Reconoció la lentitud en su reparto. “Hay que ser autocríticos, tenemos que ser más rápidos. El hambre no espera”, dijo. Se raparte alimentos, pero la entrega es lenta y desorganizada.

El Perú es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con más casos de coronavirus. Son 20.914 los contagiados y 572 los muertos. En las últimas 24 horas se han dado 1.664 nuevos casos y 42 fallecidos. Con los contagios en alza, la cuarentena, que comenzó el 16 de marzo, ayer fue prorrogada hasta el 10 de mayo. Esa extensión era necesaria, dicen los expertos. “La salud de la gente es lo primero”, ha dicho Vizcarra al anunciar esta nueva prórroga. La cuarentena ha tenido importantes fisuras, por desorganización, irresponsabilidad de parte de la población y la necesidad de muchos que sobreviven del día a día y salen a buscar algún ingreso.

El débil sistema de salud está al límite. El Perú es uno de los países de la región con la más baja inversión en salud, con menos del cinco por ciento de su PBI al año, y eso está pasando factura en esta crisis sanitaria. Hay hospitales desbordados, enfermos que han muerto esperando atención. En las carreteras, sigue el éxodo del hambre.  

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Las remesas de emigrantes caerán este año un 20% en todo el mundo, la mayor caída “en la historia reciente”

 

 

El zarpazo de la pandemia sobre los mercados de trabajo hunde las transferencias de los desplazados a sus familias y añade presión sobre los países emergentes, según el Banco Mundial

La pandemia va camino de convertirse en una hidra de mil cabezas para los países emergentes. A la brutal salida de capitales de las últimas semanas y el hundimiento en la cotización de las materias primas ―de las que dependen muchos países del bloque― se suma ahora la constatación de un hecho que flotaba en el ambiente desde hace días: la dentellada sobre los mercados de trabajo de las economías avanzadas repercutirá, y mucho, sobre las remesas que envían los emigrantes a sus familias en sus países de origen. El Banco Mundial proyecta este miércoles “la mayor caída de la historia reciente” en el volumen total de estas transferencias por la disminución de los salarios o, en los peores casos, por la pérdida de su puesto de trabajo. Las remesas se hundirán un 19,7% desde el máximo histórico del año pasado, hasta los 445.000 millones de dólares (411.000 millones de euros), según las cifras del organismo multilateral. Un desplome que se cebará con los hogares de los emigrantes en las naciones de ingresos bajos y medios, que tienen en esta fuente de ingresos una “línea de vida financiera”. También para los propios países de destino de ese dinero, para los que las remesas son "una fuente de ingresos vital” y que ya están sometidos a una presión mucho mayor que en la crisis financiera de hace una década.

Los migrantes constituyen uno de los grupos sociales más vulnerables ante terremotos en el mercado de trabajo como el que ha desatado la crisis del coronavirus. “La recesión está pasando una severa factura a la capacidad de enviar dinero a casa y añade argumentos para tratar de acortar el periodo de tiempo hasta la recuperación de las economías avanzadas”, subraya en una nota el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Las mayores disminuciones en los envíos de dinero por parte de los emigrados las sufrirán los países de Asia central y Europa (-27,5% interanual en 2020), África subsahariana (-23,1%) y Asia meridional (-22,1%). Algo menores, aunque igualmente notables, serán las caídas en Oriente Medio y el norte de África (-19,6%), América Latina y el Caribe (-19,3%) y el este de Asia y el Pacífico (-13%). Sin embargo, y a pesar del desplome agregado, las remesas ganarán importancia como fuente de entrada de divisas a los países de ingreso medio y bajo. El motivo es puramente comparativo: la caída en la inversión extranjera directa será aún mayor, de cerca del 35%, y las llegadas de capitales a sus mercados de renta fija y variable se desplomarán, atención, un 80%.

El eslabón más débil

Toda la literatura económica apunta en una única dirección: las remesas son un factor clave para aliviar la pobreza y la pobreza extrema, mejora la nutrición de quienes se quedan y reduce el trabajo infantil en los países de origen. Y su caída, claro, "afectará a la capacidad de gasto de las familias, con la mayor parte de su dinero teniendo que ser dedicado a alimentación y necesidades inmediatas”, subrayan los técnicos del organismo con sede en Washington. También resultará en un aumento de la carestía y, algo especialmente grave en las circunstancias actuales, “reducirá el acceso de las familias a los muy necesarios servicios sanitarios”.

En paralelo al curso general de la economía —el PIB global caerá un 3% este año, la mayor contracción desde la Gran Depresión, para rebotar un 5,8% el próximo— habrá que esperar a 2021 para ver una recuperación de los flujos de remesas a escala global: crecerán entonces un 5,6%, hasta cerca de 470.000 millones de dólares. Una cifra, sin embargo, notablemente menor de la registrada en los años precedentes e “incierta” por la propia evolución del coronavirus. En el pasado, apuntan los técnicos del Banco Mundial, las remesas han actuado de forma contracíclica: los trabajadores mandaban más dinero a sus familias en tiempos de crisis y privación en casa. “Esta vez, sin embargo, la pandemia ha afectado a todos los países, creando incertidumbres adicionales”. Pero en plena recesión en los países avanzados, los migrantes son el eslabón más débil, “los más vulnerables a la pérdida del empleo y a la reducción de los salarios en su país de acogida, más que los trabajadores nacionales".

Cambio de tendencia en la migración interna

Aunque el grueso del estudio publicado este miércoles por el Banco Mundial se centra en las remesas internacionales (las enviadas por personas que emigran a otro país), el organismo llama a las autoridades de los países emergentes a “no ignorar” la situación de los migrantes internos, unos movimientos que más que duplican las salidas al extranjero. “Los confinamientos, las pérdidas de empleo y las medidas de distanciamiento social han creado un proceso caótico y doloroso de retorno masivo de inmigrantes [a sus localidades o regiones de origen] en India y muchos países de América Latina”, desgrana el reporte publicado este miércoles. “Los Gobiernos deben afrontar los desafíos que enfrentan los migrantes internos, incluyéndolos en los servicios de salud, las transferencias directas y otros programas sociales, así como protegiéndolos frente a la discriminación”. Hasta ahora, concluyen, las respuestas de los Ejecutivos a la crisis del coronavirus “han dejado fuera a los migrantes y sus familias”.

Madrid - 22 abr 2020 - 08:00 COT

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La renta básica deja de ser una utopía

La pandemia lleva a diversos países a ensayar planes de transferencias directas no universales para compensar la reducción en los ingresos de sus ciudadanos

En su punto álgido, todas las crisis parecen llamadas a cambiar el mundo. La Gran Recesión de 2008 iba a ser la de la refundación del capitalismo. La de deuda soberana del sur de Europa, la que sentaría las bases de una nueva Unión más solidaria. Y esta, la del coronavirus, “escribirá un nuevo mundo con otras reglas”, según apuntaba la semana pasada el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. Lo más probable es que, como en las dos ocasiones anteriores, ese axioma se lo acabará llevando el viento y el giro de timón se quedará en apenas buenas palabras.

Sin embargo, lejos de los discursos altisonantes y fuera de los grandes focos, algunas ideas hasta ahora consideradas de nicho comienzan a enraizar: la renta básica (universal o no), una suerte de garantía de ingresos a los ciudadanos por el mero hecho de serlo, ha sumado más adeptos en apenas unos días que en años, dando un salto exponencial en el debate público y presentando una sólida candidatura en el menú de posibles soluciones para salir del atolladero económico y social de la pandemia. Y, algo aún más importante, empieza a calar en el terreno de los hechos, con distintos Gobiernos poniendo en marcha sus versiones propias de esta herramienta para combatir una recesión que ya es, en palabras de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tan mala o peor como la de 2009”.

Estados Unidos, un país en el que el debate sobre la renta básica quedaba recluido a ámbitos académicos relativamente estancos y a propuestas electorales minoritarias, como la del excandidato demócrata a la nominación presidencial Andrew Yang, ha dado un primer y decisivo paso en esa dirección: dará a sus ciudadanos 1.200 dólares (unos 1.100 euros) de una tacada, una cuantía que se reduce gradualmente para quienes ganan más de 75.000 dólares al año y que solo deja fuera a aquellos que ingresan 99.000 dólares o más. El objetivo, según la Casa Blanca, es tratar de paliar la merma de ingresos y asegurar lo esencial. “Los fundamentos son idénticos [a lo que propongo]: es una transferencia directa a individuos y hogares”, ha reconocido Yang en declaraciones a la radio pública NPR. “La gran diferencia es que yo sugiero que sea a perpetuidad, como un derecho básico de ciudadanía para cubrir las necesidades básicas y el paquete de estímulos está diseñado para durar solo unos meses”.

En paralelo, Brasil acaba de anunciar un esquema de pagos —en este caso, mucho más lejos de la universalidad— de casi 115 euros mensuales (la mitad del salario mínimo) durante un trimestre para 60 millones de trabajadores informales. Y España ultima estos días una renta mínima que, parece, estará en el entorno de los 440 euros al mes, en línea con la ayuda aprobada la semana pasada para los trabajadores temporales que se queden sin empleo por el parón económico desatado por el virus y con lo que propuso la autoridad fiscal (la Airef) el verano pasado. El objetivo será, de nuevo, proteger a los colectivos más vulnerables. En otros países europeos, como el Reino Unido, el “ingreso universal de emergencia” también ha irrumpido en la Cámara de los Lores y en la de los Comunes, pero aún no ha permeado en el tan conservador como heterodoxo primer ministro, Boris Johnson.

¿Por qué una renta básica y por qué ahora? Sus cada vez más numerosos defensores ven en ella una herramienta útil para contener la emergencia social que sufren quienes de la noche a la mañana se han quedado sin ingresos. Y, añaden los paladines de la idea, sería también una herramienta útil para reactivar la demanda cuando se puedan ir levantando las cuarentenas.

Hasta ahora, en el Viejo Continente la contingencia se ha abordado con ayudas por colectivos y, como en Italia, hasta con bonos alimentarios para tratar de rebajar la creciente tensión social en el sur del país. Pero en América Latina y en el resto del bloque emergente, donde la informalidad (personas que trabajan, pero son totalmente invisibles para el Estado) alcanza cotas infinitamente más altas que en Occidente, la gestión de la crisis está siendo y será mucho más complicada.

“En estos países, que todavía están en una fase inicial de la pandemia, la renta básica debe aplicarse tan rápidamente como sea posible: no puedes comprar jabón ni tener agua limpia sin el dinero necesario para ello, y es más sencillo transferirlo directamente a la gente que organizar un esquema complejo de subsidios”, apunta Guy Standing, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y autor de La renta básica: un derecho para todos y para siempre (Editorial Pasado y Presente).

Todos los esquemas diseñados o puestos en marcha desde el inicio de la pandemia están, sin embargo, pensados para desaparecer tan pronto baje la marea, como destaca Philippe van Parijs, profesor de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). “Tienen un propósito útil y pueden ser la mejor herramienta disponible, pero son intrínsecamente temporales”, recalca el quizá mayor embajador global del concepto.

“Muchos de los que la criticaban, ahora la defienden”

La renta básica no ha dejado de ganar enteros con el paso de los años ante el avance de la desigualdad y la merma del Estado de bienestar. Pero no es, ni mucho menos, una idea nueva: empezó a sonar, aunque en círculos muy reducidos, en el siglo XVIII y en su travesía ha logrado reunir en torno a sí a economistas de extracción ideológica tan diversa como John Kenneth Galbraith, Milton Friedman o James Meade, entre otros. Y ha cautivado a pensadores separados por dos siglos como Thomas Paine (1737-1809) y Bertrand Russell (1872-1970). Nunca, sin embargo, ha estado tan cerca de convertirse en realidad como hoy. “Creo en el utopismo oportunista. Las crisis pueden proporcionar oportunidades para grandes avances y debemos aprovechar el impulso”, anima Van Parijs, coautor de Ingreso básico. Una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata (Editorial Grano de Sal).

La vertiente universal del ingreso básico —la más interesante, pero también la más compleja por los costes que lleva asociados— está atrayendo un interés mayor en un momento de indefinición económica, como reconoce Louise Haagh, del departamento de Ciencias Políticas la Universidad de York (Reino Unido). “Está quedando patente el fallo de nuestro sistema tanto para responder específicamente a esta crisis como, más en general, para ofrecer una seguridad económica real”, apunta por correo electrónico. “Es solo una pieza del puzle, pero al menos sería un intento serio de reconocer los derechos y el estatus económico de todos”. También Standing ve un cambio de patrón: “Muchos políticos, economistas y medios de comunicación, que en el pasado han sido hostiles a la idea, ahora la defienden”.

El coste de un ingreso básico permanente y no únicamente de emergencia varía, y mucho, entre latitudes. La renta mínima propuesta en España por el hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando estaba al frente de la Airef costaría 3.500 millones de euros si se descuentan los solapamientos con otros programas sociales y reduciría la pobreza en entre un 46% y un 60%. Una solución más ambiciosa, como una renta básica auténticamente universal y permanente de algo más 620 euros al mes por residente, supondría una carga de casi 190.000 millones anuales, algo menos del 18% del PIB, según calculó en 2017 el servicio de estudios del BBVA. Para ponerla en marcha, tanto en países europeos como emergentes, habría que empezar por librar “un combate frontal contra la evasión y la competencia fiscal [entre territorios], y repensar el objetivo de la austeridad”, incide Haagh, presidenta de la Red Global de Renta Básica (BIEN, por sus siglas en inglés).

En Latinoamérica, una región atravesada por la desigualdad y la pobreza, y donde, por tanto, su sentido se multiplica, entregar a todos los hogares el equivalente al umbral de pobreza tendría un coste para el erario equivalente al 4,7% del PIB, según un reciente estudio de la Cepal, el brazo de la ONU para el desarrollo económico del subcontinente. “No costaría tanto y daría seguridad económica en un momento de enorme incertidumbre”, remarca la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. “Esta crisis nos invita a repensar la economía, la globalización y el capitalismo. Se requieren soluciones innovadoras y la renta básica es una de ellas”. La utopía está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

 

Por Ignacio Fariza

Madrid - 06 abr 2020 - 02:49 COT

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Un grupo de personas hace cola para comprar alimentos en Venezuela durante la crisis del Covid-19. Euronews

En América Latina hacer frente al Covid-19 es especialmente complejo debido a la pobreza y las desigualdades económicas y sociales. Casi seis de cada diez personas trabajan en el mercado informal

 

Casi seis de cada diez latinoamericanos, según la Organización Internacional del Trabajo(OIT), forman parte del mercado de trabajo informal y representan un tercio de la economía. Para estas personas que viven al día, las drásticas medidas de cuarentena obligatoria, recomendadas por la OMS para enfrentar el Covid-19 y adoptadas por la mayoría de los gobiernos, suponen dejar de tener ingresos. Quedarse en casa es un lujo para los que trabajan en el sector informal. Sobrevivir a la cuarentena se convierte en un reto en sí mismo. En países como España o Italia, el confinamiento puede ser posible porque hay un espacio fiscal para subsidiar empresas y familias vulnerables. Sin embargo, en América Latina, con sectores públicos quebrados y un gran número de personas viviendo de la informalidad, la situación empuja a preguntarse si no será más peligroso “quedarse en casa” que el virus en sí. 

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Hector y Amparo fabrican artesanalmente unos tableritos didácticos para niños y niñas en Ibagué, Colombia. Normalmente los venden a librerías pero también reciben encargos y a veces los venden en la calle. Están a punto de jubilarse, con 61 y 60 años respectivamente, aunque ahora, con la falta absoluta de ingresos debido a la cuarentena del Covid-19, no pueden cotizar. “¿Qué vamos a hacer más de un mes sin recibir sustento?”, se pregunta Hector mientras cuenta que lo más importante es la comida y la salud, y lo difícil que le es conciliar el sueño. Cuando se le pregunta sobre los saqueos en Bogotá de estos días, resopla. “Yo entiendo a esa gente que no tiene, a los que venden su tintico (café), sus calditos… no están pudiendo vender”, dice por teléfono. “Ojalá que el gobierno nos vea”, repite. 

Antes del coronavirus, América Latina ya lidiaba con el estancamiento económico, la agitación política y social y la epidemia de dengue más grave de los últimos años –con más de tres millones de personas afectadas y 1.500 muertes. La caída del PIB latinoamericano a causa de los efectos del coronavirus se calcula que estará en casi el 2%. Y la recuperación dependerá en gran medida del restablecimiento de China al ser el segundo socio comercial, en algunos casos el primero, de la mayor parte de los países.

El lunes 16 de marzo las bolsas latinoamericanas se desplomaron por la bajada del precio del petróleo. Como también lo hicieron la industria relacionada con importaciones o exportaciones con China, los precios de otras commodities como el cobre y la multimillonaria industria del turismo en lugares masivos como Cuzco, Cancún o Buenos Aires. Comenzó el pánico. Las dificultades que ya venían de antes como resultado de la dependencia del mercado internacional y la inestabilidad de sus economías se sumaron a la crisis derivada del Covid-19.

Todavía no sabemos a ciencia cierta muchas cosas del virus: no conocemos su tasa de mortalidad, todas sus formas de contagio, si se genera algún tipo de inmunidad o el trastorno económico-social que causará. Hay algunos que ya hablan del periodo poscovid-19 como si hablaran de una posguerra. Lo que sí está claro es que sus consecuencias serán ecológicas, económicas y sociales. Es decir, convierte a la pandemia en un asunto político, y por lo tanto sistémico. Las dietas alimentarias deficitarias, la informalidad laboral, el hacinamiento urbano, los sistemas de agua residuales defectuosos o inexistentes, los sistemas de salud débiles, entre otros factores, hacen que la salida latinoamericana a la pandemia mundial quizás no sea seguir la misma receta que en Europa, Norteamérica o Asia. 

En la segunda mitad del año pasado América Latina, de Chile a Colombia, se levantaba indignada por la desigualdad social. Las clases medias se movilizaron denunciando una falta de recursos y dificultad de acceso en sanidad y educación en los diferentes procesos de privatización de la región. Es decir, con el aumento exponencial de infectados en coronavirus, el sistema sanitario se verá absolutamente desbordado: sólo Costa Rica y Uruguay destinan más del 6% del PIB a gasto público en salud,  como indica la Organización Mundial de la Salud. El gasto en España en sanidad sobre el PIB, por ejemplo, es del 8,9%. 

“La cuarentena desnuda desigualdades que ya estaban presentes”, señala Inés Nercesián, doctora en ciencias sociales y profesora de sociología histórica de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. El acceso a la vivienda, a la salud, a la tecnología, a la cultura y la educación, a la economía o al territorio son aspectos que se vuelven más crudos durante la cuarentena, “pero esto no es algo nuevo, es una herencia”, apunta la experta. 

La responsabilidad es individual y colectiva

Sita vive en la provincia de Buenos Aires con su hija de 15 años. Sus ingresos provenían en su totalidad de la venta de inciensos en ferias de la ciudad y desde que se impuso la cuarentena obligatoria no puede salir a trabajar. Ahora vivirá de ayudas del gobierno. La cuarentena “es un compromiso a nivel social que resulta difícil de cumplir para todos, algunos porque no les da la gana y otros por necesidad”, comenta Sita por teléfono. Estar en casa es más sacrificio justamente para los que menos tienen: no saldrían a la calle por irresponsabilidad sino por subsistencia, pero ¿qué otra manera hay de combatir el virus? 

La medida Quedate en casa impulsada con mayor o menor flexibilidad en toda la región latinoamericana se apoya en la posibilidad de realizar teletrabajo. El problema viene cuando la mayor parte de la población no tiene un trabajo que pueda realizarse desde casa vía online, o cuando su trabajo necesita de un transito callejero como pequeños comercios, taxistas, empleadas domésticas o vendedores ambulantes. El cese de las actividades cotidianas impide que puedan generar los ingresos suficientes para subsistir a una población ya de por sí vulnerable y carente de ahorros. 

En Colombia, por ejemplo, con más de un 60% de la población en el sector laboral informal, antes de la cuarentena oficial se impuso un simulacro “para aprender bien”. En un vídeo publicado en su cuenta de twiter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, en principio sin el apoyo del presidente Iván Duque, pedía que los bogotanos se quedaran en casa “aprendiendo cómo hacer una cuarentena cuando nos toque, por ahora es solo un simulacro de cuatro días”.

 “En el caso boliviano, la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de Gobierno español y leyendo en teleprónter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz”, sentencia la activista boliviana María Galindo en el blog de Radio Deseo, la emisora que codirige. Para poder quedarse en casa, primero hay que tener una casa y hay que estar a salvo dentro de ella. Para no salir de ella hay que tener el acopio suficiente de comida y para ello el suficiente dinero. Para seguir las recomendaciones de la OMS y de las autoridades sanitarias hay que tener una serie de facilidades, como el acceso a agua, por ejemplo. “Romantizar la cuarentena es un privilegio de clase” es el lema que circula por las redes sociales esta última semana. 

El primer caso registrado de Covid-19 en América Latina fue en Brasil el 26 de febrero. Hasta ahora es el país con más contagios y muertos y, sin embargo, el que menos medidas está tomando, al menos a nivel federal. Su presidente, Jair Bolsonaro, criticó la “histeria” global sobre la “gripecita”, mientras se hacía el test del virus al saberse que personal de su círculo estaba contagiado. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que la situación fuera similar a la de Estados Unidos, país en el que su presidente también ha desplegado una actitud negacionista, Bolsonaro contestó que “el brasileño tiene que ser estudiado, no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada”, aseguraba con la excentricidad que le caracteriza. 

Algunos estados como los de Sao Paulo, Brasilia o Rio de Janeiro tomaron algunas medidas, por ejemplo en Rio se prohibió el acceso a las playas. 

Según el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020, más del doble de lo estimado para el resto de América Latina. Al inicio de la semana pasada, el Gobierno anunció el apoyo a empresas afectadas por la crisis del virus, como Gol Linhas Aéreas, con 30.000 millones de dólares. A los trabajadores del sector informal, unas 38 millones de personas, a regañadientes por las críticas recibidas en un descontento social generalizado, el gobierno accedió a otorgarles una ínfima ayuda mensual de 200 reales (unos 35 euros). 

A pesar de haber registrado ya cincuenta muertes, México tampoco parece estar tomándose muy en serio las recomendaciones de la OMS. Algunas universidades y escuelas privadas han cerrado por iniciativa propia ya que el gobierno federal solo había propuesto la eufemística campaña Una sana distancia para evitar contactos cercanos. “Igualmente la gente se está quedando en sus casas, los restaurantes están cerrando, los lugares de turismo especialmente dedicado a norteamericanos también”, cuenta Ivonna, una artesana española que lleva años viviendo en Ensenada, al norte de México.

La falta de tránsito en las calles, la “cuarentena voluntaria” y el descenso de la actividad económica global están haciendo que el 53% de la población mexicana que trabaja de manera informal se vea especialmente afectada: por el lado económico pero también sanitario, al estar exponiéndose al contagio del virus. Ivonna nos explica que al no haberse implementado medidas fuertes a nivel federal, seguramente “el gobierno no va a ofrecer ayudas para los sectores más vulnerables”.

En Ecuador, el segundo país de América Latina al que más está afectando la pandemia, “las medidas adoptadas por el gobierno tienen un sesgo social de clase media-alta” advierte Diana Massa, trabajadora en gestión social en una organización en Quito. El 10 de marzo el gobierno lanzó unas medidas económicas ante la caída del petróleo a nivel mundial para intentar contrarrestar los posibles efectos del coronavirus. Estas medidas se parecían mucho a las que produjeron los levantamientos sociales a finales del año pasado: eliminar los subsidios a los combustibles y despidos y bajada de sueldos a funcionarios públicos. Esto lleva a muchas personas a trabajar en régimen de informalidad, que ya de por sí llega casi al 60% de la población ocupada.

En Guayaquil, la ciudad ecuatoriana con el 80% de los contagiados de coronavirus, el gobierno ha recogido más de trescientos cadáveres de personas que ni siquiera llegaron a ser atendidas en centros médicos. La falta de infraestructura básica, servicios y equipamientos sanitarios ha quedado totalmente al descubierto. Las autoridades locales anunciaron la apertura de una fosa común en vista de los muertos que empezaron a aprecer en las calles, las aceras y los barrios. Mientras, el presidente Lenin Moreno, habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa. La ministra de salud, Catalina Andramuño renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. Y, el director de cultura de Guayaquil publica en sus redes un texto donde culpabiliza de la expansión de la pandemia a “gente extramadamente ignorante”, “primitiva”, “de corto criterio y capacidad de análisis”, entre los que incluye a la migración venezolana “que viven como parásitos”. 

Mientras el presidente ecuatoriano habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa, la ministra de salud, Catalina Andramuño, renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. 

Venezuela impuso el aislamiento obligatorio desde el 17 de marzo, y con ello se suspendió el pago de servicios como luz, gas, o agua, y de alquileres durante los próximos seis meses. El Sistema Patria anunció el pago de las nóminas de las pymes y un bono para los trabajadores informales, unos 12 millones de personas aproximadamente. Ante el miedo al desbordamiento del sistema público de salud, que suma las enfermedades provocadas por el Covid-19 a la crisis humanitaria venezolana ya existente, el gobierno de Nicolás Maduro, en contra de lo que históricamente había criticado el chavismo, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares al FMI. Esta institución lo rechazó.

En Perú, casi siete de cada diez personas no cuenta con trabajo formal, ni con seguro social, ni pensión, ni en la mayoría de las ocasiones con pago fijo (salvo algunas excepciones como empleadas domésticas). El Gobierno de Martín Vizcarra impuso una cuarentena total y obligatoria, cerró las fronteras y sacó el ejército a la calle para mantener a la gente en sus casas. Según sus propias estimaciones, “nueve millones de personas forman parte de una familia donde si no se trabaja no se come mañana”. Por ello, el Ejecutivo anunció una medida extraordinaria: un bono de 308 soles (unos 100 euros). Varios colectivos han apuntado que esta medida no llega a las personas que no siendo “pobres de solemnidad” no podrán realizar sus trabajos con normalidad a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno.

¿Son más peligrosos los efectos de la cuarentena que el virus?

En Argentina ya de por sí muchos de los trabajadores informales son pobres: “La falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”, asegura el economista Jorge Colina en el informe IDESA (Instituto de Desarrollo Social Argentino). Para él, en este país, con aproximadamente un 45% de las familias viviendo en la informalidad, parar la actividad económica y aislar a la población es un remedio que tiene costos sociales más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad. “El remedio será peor que la enfermedad”, sentencia Colina ante la situación del sector público argentino endeudado y sin mucho margen de actuación.

Para hacer frente a la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino presentó un bono de 10.000 pesos (140 euros) para tres millones y medio de familias que viven de ingresos laborales informales. Además de que la cantidad no es suficiente si se tiene que pagar un alquiler, la ayuda excluye a las personas migrantes que no lleven más de dos años regularizadas en el país. Los trabajadores migrantes se llevan así la peor parte: “Somos vistos como enemigos internos”, critica Jorge, miembro del Bloque de Trabajadores Migrantes. La falta de posibilidades de radicación legal y los entorpecimientos burocráticos les condenan a trabajos informales y especialmente precarizados. 

La gran mayoría de los bolivianos –el 83%, según la OIT– viven al día de los productos que venden en la calle, de las pequeñas tiendas y de otros empleos no regularizados: sin la actividad de tránsito diaria están condenados a la inanición. A raíz de la cuarentena establecida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, los conflictos no se han hecho esperar. El domingo 22 de marzo, durante la hora del mercado, miembros de la policía intentaron en la ciudad de Oruro “hacer cumplir la cuarentena” impidiendo el comercio con normalidad y fueron apedreados. “Es muy lamentable de esta urbanización que no le gusta acatar las normas que se lanzan”, denunció el jefe de la Unidad de Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Oruro para el canal de televisión ATB Digital

El anuncio de la presidenta para mitigar los posibles efectos del confinamiento obligatorio fue la dotación de una canasta familiar gratuita valorada en 400 bolivianos (un poco menos de 60 euros) que beneficiará a un millón y medio de personas de las nueve millones que se verán gravemente afectadas. Además, por causa del coronavirus, se reforzó la presencia policial y militar en las calles y se aplazaron las elecciones presidenciales del 3 de mayo, que pondrían fin al gobierno de facto que destituyó a Evo Morales el año pasado.

Dilema de la humanidad

Esta crisis pone en tela de juicio a todo el mundo: a la economía, con sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, más o menos precarizados, la salud, la forma de relacionarnos y la forma de proyectarnos hacia el futuro. El gran reto al que ya de por sí se enfrentan los gobiernos y las sociedades de los países más afectados por el Covid-19 cobra particularidades especialmente complejas en América Latina por las desigualdades sociales estructurales y su dependencia a los países centrales. Para el futuro hay más preguntas que respuestas y casi todas nos llevan al gran dilema: ¿de qué manera se afrontará esta crisis?, ¿cómo se resolverán los impagos de deuda?, ¿nos esforzamos por salvar la economía y a la minoría adinerada o al resto de la sociedad?, ¿pondrán en el centro la vida o los mercados?, ¿es esto un falso dilema y hay otras vías que no estamos viendo?, ¿serán los Estados los que salgan fortalecidos de la crisis?

Organismos internacionales, como el FMI en Ecuador, ya han desembarcado tras el acuerdo firmado el año pasado, ahora con el especial cometido de “subvencionar” la lucha contra la recesión económica en América Latina causada por el coronavirus. “Yo esperaría que con los fondos internacionales que han llegado, se tomen medidas de protección social: se entregue comida, se instalen nuevos albergues, se subvencione o abarate el costo del examen del coronavirus”, dice Diana Massa desde Quito. Además, la experta, no descarta algún tipo de movilización social en las próximas semanas: “Si la gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados”.

La socióloga Inés Nercesián, desde Buenos Aires, mucho más optimista, resalta la idea de que no hay ni A ni B: “Hay que resolver todo junto y al mismo tiempo”. América Latina debe reconstruir redes y lazos de solidaridad, usar la imaginación para sobreponerse a esta crisis, algo para lo que tiene sobrada capacidad y experiencia. “Que esto sirva de enseñanza a la humanidad”, decía el presidente de Argentina Alberto Fernández en uno de sus discursos televisados. Para reconstruir el esquema social y político, Nercesián aboga por el trabajo conjunto de ciencia, tecnología, conciencia ciudadana, seguridad y mecanismos para contener la economía bajo otros formatos. “Esperemos que a raíz de este tipo de crisis revisemos cuestiones que tienen que ver con la enorme concentración de la riqueza y poder de algunos grupos en detrimento de otros”.

por Beatriz Hernández Pino Buenos Aires , 4/04/2020

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Bogotá. Alza en Transmilenio ahonda ganancias de 20 familias

En contra de la realidad de los menguados ingresos de miles de familias bogotanas, y alegando la necesidad del equilibrio financiero del consorcio Transmilenio, un negociado privado con apariencia de público, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, autorizó el incremento del transporte masivo de la ciudad en cien pesos a partir del día 2 de marzo. Inicia así el tercer mes del año 2020 con una mala noticia para quienes no tienen otra opción para transportarse mas que subirse –o que lo suban, como sucede en las horas pico– a los buses rojos y azules que recorren la capital de Colombia.

Es así como el pasaje de Transmilenio, uno de los más caros de Suramérica, queda en 2.500 pesos y el de buses del SITP (zonal) a 2.300. Una medida que, como es conocido, seguirá estimulando la compra de motos y otras máquinas para el transporte individual, con lo cual la urbe capitalina prosigue incrementando sus niveles de contaminación a todo nivel: aire, ruido, visual.

Una medida que favorece a unos pocos 

Miles de miles son los perjudicados por la medida tomada, y ¿quiénes se benefician por la misma? Como es conocido, Transmilenio, que funge como una empresa privada, en realidad es controlada por 20 familias que se apropian de los miles de millones de pesos que generan los más de dos millones de pasajeros día que ocupan tal servicio. ¿Quiénes pierden? Los trabajadores que, como dice el mural que se ve por las calles, están obligados a escoger entre el pan o el pasaje.

 

“Cada día Transmilenio recibe aproximadamente $7.000 millones de pesos, unos 9.452 salarios mínimos. De esta cifra, el 95% queda en manos de veinte familias dueñas del sistema, con una mínima inversión.La ciudad, por el contrario, apenas recibe el 5% y tiene que financiar infraestructura, aportes anuales, pago de buses, reparación de vías y estaciones, lo cual le ha costado más de $15 billones” comentó el colectivo Alternativa Popular.

El colectivo contó que algunas de estas veinte familias que se apropian de los excedentes producidos por el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá, son: 1) Collins. Socia de los Nule en la concesión Bogotá–Girardot y grandes propietarias de “Este es mi Bus”. 2) Grupo Fanalca (Losada-Herrera) y Ríos Velilla. 3) José Gutiérrez, pionero de Transmilenio, fue Representante y Senador por Colombia democrática, partido de Mario Uribe. Debió conocer bastante al dignísimo Otto Bula, pues él fue quien recibió directamente financiación de los paramilitares para capitalizar ese movimiento político3. 4) Cubides. Henry, otro pionero, fue un Senador destituido por celebración indebida de contratos. 5) Bermúdez. Histórica en Bogotá, desde 1950 con mayoría en Masivo Capital y Transmasivo. 6) Mejía Sánchez, Martínez Palacio y Ruíz son, en conjunto, zares del transporte en Bogotá. 7) Sainc es una empresa de ingeniería que, además, es uno de los cinco grupos que lidera la contratación con el IDU.

Entérese en extenso de esta información en el artículo que el colectivo Alternativa Popular realizó para desdeabajo en el siguiente link:

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/31445-duenos-de-transmilenio-no-invierten-pero-si-reciben-el-95-de-los-ingresos.html

Artículos relacionados:
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https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/34456-la-rebelion-de-los-phatos.html

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¿Cuántas clases medias caben en la clase media?

Es cada vez más común que todo lo que acontece políticamente se explique en torno a una creciente y omnipresente categoría, "la clase media". Este término monopoliza la mayoría de interpretaciones posibles a la hora de justificar los comportamientos sociológicos y políticos, y por supuesto, las preferencias electorales. Seguramente por comodidad y simpleza, da igual lo que suceda, porque todo tiene argumentativamente a la clase media como factor común.

En estos últimos años se han sucedido importantes fenómenos políticos aparentemente inesperados y novedosos en América Latina: la llegada de AMLO al gobierno de México con una amplia mayoría, la victoria electoral de Bolsonaro en Brasil, las protestas sociales en Chile y Colombia, también la imposibilidad de Lenín Moreno de dar estabilidad a Ecuador, el fin de Macri en Argentina a manos de la propuesta progresista de Alberto y Cristina, la derrota del Frente Amplio en Uruguay, y cómo no, el golpe de Estado en Bolivia. Estos hechos políticos y/o electorales han sido explicados recurrentemente y en gran medida por un mismo grupo económico y social, el de la clase media.

Si tanta capacidad explicativa tiene, lo pertinente sería comenzar por preguntarse qué es exactamente eso de la clase media. Para ello, debemos partir de dos premisas básicas, que de no considerarlas podríamos llegar a sesgar cualquier interpretación posterior.

  1. La clase media no es un bloque monolítico ni homogéneo.

Según la Cepal, el estrato medio aumentó de 136 millones a 250 millones de personas entre 2002 y 2017 en la región latinoamericana. Sin embargo, no todos esos millones de personas son idénticas. No lo son en su capacidad eco­nómica ni tampoco en su lógica ­aspiracional.

La mayoría de los organismos internacionales, en las últimas décadas, ya subclasificaron esta categoría tan amplia. A veces usan términos como el "media-baja" y "media-alta"; o incluso aparece una nueva categoría que es esa de casi clase media, bautizada por el Banco Mundial para denominar a quienes están justo un poco por encima del umbral de la pobreza, pero que son susceptibles de regresar en cualquier momento a ser pobres.

No obstante, esta desagregación tampoco es suficiente para captar la gran heterogeneidad existente dentro de estos 250 millones de personas que viven de manera muy diversa en Latinoamérica. En esa categoría hay dinámicas completamente contrapuestas. Por ejemplo, no es lo mismo aquella familia que luego de años llega a tener niveles (de educación, trabajo, salud, propiedad, ingresos) de clase media que otra que estuvo siempre en ese nivel. Como diría Álvaro García Linera, no tiene nada que ver la clase media de origen popular en Bolivia –que, según encuesta Celag es con la que se autopercibe un tercio de la población– con la clase media tradicional (que es media no por densidad sino porque se encontraba en medio de una clase baja multitudinaria y otra clase, alta y muy reducida). Tampoco tendría ningún sentido equiparar la clase media recién llegada con aquella que fue alta, pero que acabó siendo clase media por múltiples razones económicas, sociales o políticas.

Es por ello imposible tratar por igual a un grupo tan diverso en su capacidad económica, en sus niveles educativos, en sus hábitos culturales, y más aún si queremos hacerlo en relación con su lógica aspiracional. Si bien hay un "comportamiento imitador" de aquella ciudadanía que asciende y mejora, no es verdad que las aspiraciones sean las mismas con aquella otra porción de la clase media que desea ser alta; o con aquella otra que tiene tradición histórica de pertenecer a ese grupo social, con usos y costumbres arraigados, sólidos, que hacen que la subjetividad se diferencie de los ciudadanos que aún están en esa fase de movilidad social y siempre con una sensación más bien de tránsito, del "querer llegar a ser".

  1. La segunda premisa es que la clase media no puede ser un concepto ­importado.

No se puede trasladar ahistóricamente la concepción de clase media eu­ropea a Ecuador, ni la de Argentina a Bolivia, ni la mexicana a Chile. Cualquier "epistemicidio", como diría Boaventura De Sousa, para sustituir una episteme externa por la propia suele hacer mucho daño en cualquier análisis. Con la clase media esto es lo que sucede constantemente. Es frecuente presuponer que los comportamientos de la clase media son similares en todas partes, como si no hubiera historia específica de cada país y, mucho peor, como si la distribución del ingreso fuera la misma en cada lugar. Por ejemplo, no podemos comparar de ninguna manera aquella distribución en un país cuya clase media es multitudinaria con aquel otro en que su clase media es una pequeña porción entre dos jorobas: una gigante conformada por la clase baja y la otra, la clase alta, muy reducida. La subjetividad de una u otra de ningún modo podría ser la misma. Existe siempre un "relativismo" en la construcción de la subjetividad de esa clase media basado en cómo te observas en relación con el otro, con los de abajo y con los de arriba. Incluso, estadísticamente, la misma clase media identificada con indicadores "objetivos", como el ingreso o consumo, también tiene un componente relativista que es determinante.

Por tanto, por una u otra razón, es necesario que cuando hagamos referencia al desafío de sintonizar con la clase media entendamos que no hay una única clase media, sino que son muchas las variedades dentro de ese gran grupo tan complejo. Hay clase media que recién llega y que, además, lo hace por muy diferentes vías; hay clase media de toda la vida; clase media que es más alta que media; clase media que siempre está en riesgo de dejar de serlo. Hay clase media en lo económico que a su vez es distinta según su capacidad económica sea con base en ingresos, herencia, consumo o endeudamiento. Pero no todos los matices diferenciadores proceden de lo económico, porque también hay clase media en lo cultural, en lo simbólico, en el poder político, y sin descuidar tampoco el componente país o, a veces, el regional. La clase media guayaquileña tampoco es la misma que la quiteña; ni la boliviana del El Alto a la de Santa Cruz. En definitiva, ante tanta variedad de "clases medias", habrá que considerar multiplicidad de lógicas aspiracionales y sentidos comunes.

Por ello debemos "cuidar" el modo de querer atraerla e incorporarla al proyecto político progresista, porque no siempre existe una única manera de hacerlo. Se requiere mucho más bisturí que brocha gruesa. Es más, resulta imprescindible comenzar a analizar e identificar las disputas y tensiones que se dan dentro de este gran grupo social, porque seguramente de ello dependerá buena parte de la sostenibilidad de una propuesta política. Sería un gran error confundirse de objetivo, porque seguramente satisfacer a una clase media es mucho más fácil que a todas las clases medias que caben en ella.

Por Alfredo Serrano Mancilla, director Celag

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