Miércoles, 19 Junio 2019 06:12

Teoría monetaria: la moderna controversia

Teoría monetaria: la moderna controversia
En los últimos años ha surgido una importante polémica sobre lo que se conoce como la teoría monetaria moderna (TMM). Se trata de una visión macroeconómica sobre la creación monetaria por parte del Estado y su funcionamiento en una economía desarrollada. La TMM estuvo relegada hasta hace poco a seminarios académicos en pocas universidades estadunidenses, pero desde que la recogieron Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en un tema de gran popularidad en el debate político.

Uno de los más importantes méritos de la TMM es que rompe de golpe con el dogma central de la macroeconomía clásica sobre el financiamiento del Estado. Ese dogma dice que cuando el gobierno quiere financiar un programa debe hacer una de dos cosas: incrementar los impuestos o endeudarse. La TMM dice que existe una tercera opción: el Estado puede crear dinero y utilizarlo para financiar cualquier proyecto que desee, incluyendo erigir nuevos hospitales y universidades. Por supuesto, todo esto suena muy atractivo para una política de izquierda que quiere romper con los dogmas neoliberales.

Para los autores que han desarrollado la TMM, el único límite para el financiamiento por la vía de la creación monetaria es el de la inflación. Pero si uno considera la experiencia de Estados Unidos, la eurozona y Japón, se observa que este problema no se manifiesta como piensa la teoría monetaria ortodoxa. Japón entró en una recesión deflacionaria a principios de los años 1990 y el gobierno aplicó una política de flexibilización monetaria consistente en inyectar liquidez en el mercado financiero con una tasa de interés cercana a cero para reanimar la economía. Desde entonces la economía se mantuvo con un crecimiento mediocre y la inflación nunca se materializó.

Después de la crisis financiera, Estados Unidos aplicó tres programas de flexibilización cuantitativa que resultaron en una inyección de 4.4 billones (castellanos) de dólares al sistema financiero. Y a pesar de los gritos estridentes de los economistas ortodoxos sobre la hiperinflación, que según ellos iba a desatarse, hoy la Reserva Federal sigue sin poder alcanzar su meta de inflación. Y Powell, el jefe de la Fed, ya ha anunciado que no sólo no continuará el programa de alzas en la tasa de interés líder (la famosa normalización), sino probablemente se va a reducir en las semanas próximas.

En Europa ha sucedido algo similar, y Mario Draghi señaló apenas ayer que el Banco Central Europeo lanzará una nueva ola de estímulos para la economía. Su anuncio incluyó una referencia a la posibilidad de retomar la política de flexibilización monetaria si las tensiones recesivas siguen manifestándose en la eurozona.

Estos ejemplos parecen confirmar uno de los principales enunciados de la teoría monetaria moderna: un Estado que tiene control sobre su moneda puede financiar sus proyectos de desarrollo económico con sólo imprimir dinero. El nivel de endeudamiento no es importante, porque dicho país nunca caerá en insolvencia. Pero hay que aclarar varios problemas. Hay diferencias entre la forma en que se ha puesto en práctica la flexibilización cuantitativa y lo que los políticos como Bernie Sanders proponen hacer con esta nueva creación monetaria. Hasta ahora el dinero creado por la flexibilización cuantitativa no entró directamente en los canales de la economía real, sino que se quedó en los circuitos del sistema financiero. La inyección de dinero de alto poder en la economía real es un asunto más delicado y requiere mayor atención.

El tema de la inflación es otro punto clave en el debate sobre la TMM. En general, la ortodoxia ha mantenido que las presiones inflacionarias siempre vienen por el lado de la demanda. Pero la historia económica de Estados Unidos y Japón en los últimos cinco decenios demuestra que las presiones inflacionarias han provenido del lado de la oferta, por aumentos en costos, choques externos (bloqueo petrolero) o por poder oligopólico en industrias clave. Pero si el miedo a la inflación por el lado de la expansión monetaria es infundado, los autores que proponen la TMM (Stephanie Kelton y Randall Wray), si son cuidadosos y señalan que en la medida en que los recursos reales de una economía se utilizan al máximo, la inflación puede convertirse en un problema serio.

La TMM es un instrumento político importante para el discurso de la izquierda en Estados Unidos y Europa. Pero es probable que el privilegio de aplicar la teoría monetaria moderna estaría reservado a un pequeño club de países cuya moneda es al mismo tiempo medio de pagos internacionales y reserva de valor para otros bancos centrales. Para otras naciones que no están en esa categoría, como México y el resto de América Latina, habría que explorar hasta qué punto las enseñanzas de la TMM podrían ser de utilidad. De todos modos, es claro que la TMM muestra una vez más que los dogmas neoliberales sobre política macroeconómica son sólo eso, mitos creados por una teoría económica obsoleta y lógicamente desacreditada.

Twitter: @anadaloficial

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Los estudiantes salen a defender la universidad

Cientos de miles de docentes y estudiantes se manifestaron en todo el país, manteniendo la vitalidad mostrada el 15 de mayo o “15M”.

Por segunda vez en quince días los estudiantes se movilizaron en una centena de ciudades para defender la educación pública y contra el recorte presupuestario ordenado por Jair Bolsonaro y su ministro de Educación, el circense Abraham Weintraub. La primer concentración comenzó a las 10 de la mañana en Brasilia donde miles de jóvenes marcharon hacia el Congreso. Fueron movilizadas tropas federales, como si el acto amenazara la seguridad nacional, y hubo represión.

La marcha más esperada ocurrió a la tarde en San Pablo, coincidiendo con la visita del ex presidente Barack Obama, al convite de un grupo de empresas multinacionales. Obama hizo un discurso que tal vez haya sido bien recibido por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) brasileña y seguro resultó indigesto para Bolsonaro. Recomendó que los profesores sean “debidamente valorados” con salarios a la altura de su papel en la sociedad porque “dar una buena educación no es caridad, es algo necesario para el desarrollo económico de un país”.
El panorama observado al cierre de esta crónica, cuando aún no habían concluido las marchas en San Pablo y Río de Janeiro, mostraba que la capacidad de convocatoria de la UNE, la UBES (Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios), y de los profesores mantiene la vitalidad mostrada el 15 de mayo o el “15M”, una fecha bisagra en el enfrentamiento al gobierno que mañana cumplirá cinco meses de gestión, en los que perdió alrededor de veinte puntos de aprobación. Es casi seguro que ayer no se movilizaron 1,5 o 2 millones de personas como ocurrió el 15M, pero sí cientos de miles, y esto es un aliciente de cara a la huelga general convocada para el próximo 14 de junio por todas las organizaciones sindicales.


Las protestas de este jueves y la huelga del mes que viene, que tendrá como principal bandera el rechazo a la reforma previsional, están “totalmente ligadas”, aseguró Mayara Souza, presidenta de la Unión Estadual de los Estudiantes de San Pablo. “Este gobierno chantajista y autoritario” quiere condicionar la revisión del recorte del 30 por ciento de gastos de la educación a la aprobación de la reforma jubilatoria, sostuvo. “Los banqueros no pagan impuestos y quieren que la educación y los más pobres paguen el pato de la crisis económica”, arengó la joven a las cuatro y media de la tarde en el Largo da Batata, oeste de la ciudad, cuando las batucadas marcaban el ritmo. De allí iban a partir las columnas hacia la Avenida Paulista. Los organizadores dijeron que a esa hora ya había 50 mil personas. Las imágenes en las redes sociales indicaban que había un considerable número de personas que iba al acto principal previsto para las 20 horas en el Museo de Arte de San Pablo. A las 18 horas la cadena Globo, a la que no se le puede reprochar favoritismo por los estudiantes, informó que había actos en 92 ciudades de 23 de los 27 estados de la Unión. En ese momento miles de personas se encontraban frente a la iglesia de la Candelaria en el centro de Río de Janeiro, aguardando para comenzar la movilización.


En Salvador de Bahía, nordeste del país, la capital con más proporción de habitantes afrodescendientes, la movida arrancó poco antes del mediodía en el Largo de Campo Grande, zona céntrica, donde fue desplegado un pasa calles blanco con letras rojas: “Bolsonaro sacá las manos de la educación pública, porque ella es nuestra”.


Los estudiantes de San Pablo, Río, Brasilia y Salvador de Bahía, en general recibieron el saludo y hasta el aplauso del público. La pelea por la educación ganó contornos de demanda compartida por amplios sectores populares y de las clases medias, incluso con la simpatía de estudiantes de escuelas privadas. De ese sector proviene el público que ayer fue a escuchar a Obama, y lo aplaudió cuando aconsejó más fondos para escuelas y universidades.


El capitán retirado del Ejército Bolsonaro concibió el enfrentamiento como una forma de guerra propia contra los estudiantes, y está descubriendo que su táctica puede haber sido ser un boomerang. El domingo pasado decenas de miles de bolsonaristas salieron en su defensa con consignas apologéticas de la dictadura y en favor del autogolpe a través del cierre del Congreso. Globo y la mayoría de los medios poderosos intentaron disimular a los extremistas. Una faena difícil, dado que las tesis radicales son expresadas por el mandatario y su ministro de Educación Abraham Weintraub, que esta semana volvió a defender el ingreso de la policía en los campus, lo que está prohibido por la Autonomía universitaria. Ayer pidió a los padres de estudiantes secundarios que delaten a los profesores sospechados de izquierdistas.


Weintraub sorprende por vía doble: presenta argumentos del gurú de la extrema derecha Olavo de Carvalho en perfomances que lindan con lo ridículo. Así sucedió ayer cuando grabó un video para denostar lo que él llamó “lluvia de fake news” contra el gobierno, munido de un paraguas y meneándose al ritmo de la canción Danzando bajo la Lluvia.


Mucho más que un recorte


Por Andrés Ferrari Haines

Desde Porto Alegre*


En Brasil, los estudiantes marcharon de nuevo, continuando la gran marcha del 15 de mayo, cuando dos millones se movilizaron en todos los estados del país. En Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, San Pablo y Río de Janeiro, las imágenes fueron impactantes. Escenas pocas veces vistas en Brasil.


El domingo los bolsonaristas marcharon en respuesta. Y la concurrencia resultó bastante pobre. Sólo en San Pablo y Rio de Janeiro fueron de consideración, pero bastante inferiores a la de los estudiantes. En el resto, sólo puñado de personas. Grabaciones difundidas por las redes muestran algunas hasta cómicas, con mucho ruido de altavoces y pocas nueces... Había expectativa porque, aunque el presidente viene perdiendo credibilidad y apoyo a alta velocidad, en octubre obtuvo casi 58 millones de votos y porque se comunica a través de las tinieblas de las redes. Hashtags en su favor fueron líderes; algunos, a nivel mundial, difundidos con beneplácito por bolsonaristas. Sólo que aparecían con banderas de Brasil y EE.UU., indicando el origen doble de sus seguidores. En efecto, en el apuro, un hashtag apoyaba a “Boldonaro”... Por eso, los estudiantes se convocaron confiados: los robots no marchan.

La gran movilización de los estudiantes se gestó contra el fuerte recorte educativo del gobierno que deja a las universidades sin recursos para funcionar en septiembre. El rechazo se hizo social, distintos sectores afirmando que la educación es esencial para el país. Incluso estudiantes secundarios participaron entendiendo que se busca desmantelar la educación pública: es decir, cuando tengan edad, no tendrán universidades. No se equivocan. El ministro de Educación Weintraub dejó claro su desinterés en la educación pública. Sin presentar datos, pero en contradicción con ellos, afirmó que las universidades públicas son de bajo nivel y de peor calidad que las privadas. En las listas de mejores universidades elaboradas en Brasil y en otros países, no sólo las públicas dominan los rankings nacionales sino, también, algunas se destacan en los internacionales. Esa actitud del ministro, además, es congruente con otros proyectos de arancelar o desfinanciar las áreas sociales y humanas. Bolsonaro directamente llamó imbéciles e idiotas útiles a los estudiantes que, azuzados, dicen que le respondieron con esta segunda marcha porque “sin educación, alcanza con Bolsonaro”.


Las reacciones bolsonaristas también revelaron, ya sin ningún maquillaje, su lado autoritario. Convocaron su marcha del domingo con agresiones al Congreso y a la Corte, generando un clima de posible autogolpe. Varios sectores se pronunciaron en contra de este tono antidemocrático: el ejército, partidos aliados y miembros de su propio partido, hasta grandes medios de comunicación. La alianza de Bolsonaro se quebró. Bolsonaro, que había avalado el embate a los otros dos poderes, intentó despegarse. Pero hubo el domingo demandas en favor del cierre del Parlamento y de la Corte.


El apoyo inicial del presidente había tenido un fuerte fundamento personal. En el Congreso no avanzan las propuestas neoliberales de su “superministro” Guedes –en particular, la reforma previsional–, mientras muchos parlamentarios coinciden, con parte de la sociedad, en que Bolsonaro no tiene capacidad para gobernar. Impeachment se escucha fuerte –sobre todo en la derecha, que considera que las medidas sólo avanzarán si asume su vice, el General Mourão–. En la justicia, su hijo Flavio está siendo investigando por lavado de dinero y asociación ilícita junto a casi cien personas, incluyendo la esposa del presidente. Sus socios serían los para-policías cariocas vinculados con el asesinato de Marielle Franco. Según el conocido periodista Luis Nassif, de las tres hipótesis sobre el crimen, una está relacionada con el presidente.


La segunda marcha por la educación es parte de la batalla por las calles que se instaló en Brasil. Hecho novedoso en una sociedad, hasta ahora, poca politizada. Curiosamente, fue la autodenominada “nueva derecha” la que inició esta forma de disputa política cuando se movilizó en contra Dilma Rousseff, primero en 2013 y, después, en 2015. Grupos como “Vení a la calle” y “Movimiento Brasil Libre” que estuvieron detrás de ellas y de las del triunfo de Bolsonaro, hoy se alejan del gobierno. Pero la disputa se mantiene. Y la marcha por la educación dejó de ser vista por los estudiantes como meramente contra un recorte para entenderse como una crítica al proyecto de país del actual gobierno. Y la educación pública expresa la diferencia entre ellos: el domingo bolsonaristas arrancaron vivando un cartel en defensa de la educación en la Universidad de Paraná. Conscientes de esto, los estudiantes dicen que ayer las clases fueron en las calles -y que las próximas clases callejeras se dictarán en la huelga general del 14 de junio.


* Profesor UFRGS (Brasil) @Argentreotros.

 

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Duquismo, modelo de Desarrollo y política fiscal 2019-2022

Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

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La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

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Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

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Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

 Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

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Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

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La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

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Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Publicado enEdición Nº253
Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

Publicado enEdición Nº253
¿Guerra comercial 'in crescendo'? China se acerca a los niveles de innovación global de EE.UU.

El gigante asiático ocupa actualmente los dos primeros lugares del mundo en cuanto a gasto de I+D y número de investigadores, patentes y publicaciones.

 

China se está acercando a gran velocidad a los niveles de innovación de Estados Unidos, según indica el recientemente publicado informe del 2018 del Índice de Innovación Global, reportó este martes la revista Forbes.

Cada año, la Universidad de Cornell, la escuela de negocios y centro de investigación INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y sus socios realizan de manera conjunta este índice basándose tanto en el número de solicitudes de patentes a nivel internacional como en la actividad de publicaciones científicas para identificar grupos de innovación en 126 países.


En la lista del año pasado, China ocupa el puesto número 17, mientras que el país norteamericano se sitúa en sexto lugar. Desde 2016, el gigante asiático figura entre los 25 países con mayor innovación global y su posición mejora de manera constante. Estos datos van acorde con el ranking de innovación de Bloomberg, que ubica a China y EE.UU. en los puestos 19 y 11, respectivamente.


De acuerdo con el índice, las capacidades de innovación chinas son evidentes en distintas áreas "como la investigación y el desarrollo globales de sus empresas, las importaciones de alta tecnología" o la calidad de sus publicaciones, entre otras. Asimismo, se destaca que el país asiático ocupa en la actualidad los dos primeros lugares del mundo en cuanto a gasto de I+D y número de investigadores, patentes y publicaciones.


¿Un cara a cara entre Washington y Pekín?


"China presenta un impresionante ejemplo para que otros países de ingresos medios lo sigan cuando busquen unirse a los escalones de las economías de altos ingresos", reza el informe, que añade que el objetivo de Pekín es centrarse en "la calidad y el impacto de la innovación".


En opinión de Xiaomeng Lu, gerente de Políticas Públicas Internacionales de Access Partnership, las compañías chinas Alibaba y Tencent "han crecido para rivalizar con sus contrapartes estadounidenses" como Amazon y Facebook. Asimismo, Xiaomeng indica que China ha logrado asimismo éxitos en tecnologías militares, como los satélites Beidou.
Panos Mourdoukoutas, autor del artículo de Forbes, opina que el país asiático necesita cambiar su enfoque desde productos que requieren mucha mano de obra a productos que requieran mucha tecnología, siguiendo el modelo japonés de la década de 1980, lo cual haría que China se enfrente cara a cara con EE.UU., un importante exportador de productos tecnológicos.


Mourdoukoutas concluye el escrito subrayando que una intensificación de la competencia en alta tecnología podría añadir más leña al fuego a la guerra comercial entre Washington y Pekín.

 

Publicado: 23 ene 2019 05:50 GMT | Última actualización: 23 ene 2019 10:20 GMT

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De qué va el tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos

En Ginebra, países y organizaciones civiles están trabajando para acordar un tratado vinculante para que las empresas paguen por las violaciones a los derechos humanos de sus empresas filiales

 “Un tratado internacional para las grandes corporaciones en materia de derechos humanos no es necesario y genera inseguridad jurídica”. “Generar nuevas obligaciones para las empresas transnacionales socava la soberanía de los Estados”. “Con un acuerdo vinculante como el que se plantea, la inversión extranjera puede reducirse”. Intervenciones como estas se están volviendo a escuchar esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde se celebra la cuarta reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos por todo el mundo. Y al igual que en anteriores reuniones, la Unión Europea (UE) y países como Rusia, Brasil, Perú, Chile o México insisten en rechazar la creación de nuevas normas para controlar a las grandes corporaciones. 

Por su parte, “las personas afectadas por las operaciones de las transnacionales han intentado durante décadas acceder a la justicia. Pero el sistema actual no nos lo permite y la impunidad persiste”. Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco (UDAPT), ha recalcado así la necesidad de un tratado que sirva para enfrentar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las multinacionales. Lo ha hecho junto a otras activistas sociales y también europarlamentarias, ante la sede de la ONU, en una rueda de prensa de la campaña global que aglutina a organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, de pueblos indígenas y de defensa de los derechos humanos que han llegado a Ginebra para reiterar la impunidad con que operan las empresas transnacionales.


Durante toda la semana, se están escenificando una vez más las relaciones de poder para tratar de impedir que un organismo internacional como Naciones Unidas pueda limitar el poder de las grandes corporaciones. Para eso, vuelven a ponerse sobre la mesa los mecanismos habituales para desactivar la presión de las organizaciones sociales: eternizar los procesos, incrementar la burocracia, fomentar la ambigüedad de los textos, centrar el debate en las cuestiones procedimentales.


Este año, la novedad es que ya hay un primer borrador del texto del tratado. Por eso, más allá de la necesidad de que el gobierno español y la UE —como así lo mandatan las resoluciones aprobadas en sus respectivos parlamentos— se comprometan a participar en el proceso de negociación del tratado vinculante, vale la pena centrarse en el análisis de sus contenidos. Veamos los que, a nuestro entender, son los seis elementos fundamentales.


1. NO ES ESPECÍFICO PARA LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES


Como dice el texto al principio, el objeto del instrumento internacional es el cumplimiento de los derechos humanos por parte de todas las personas físicas y jurídicas con actividades de carácter transnacional. Y eso desdibuja todo el tratado, porque este proceso nació justamente con el propósito de elaborar una herramienta que de manera específica enfrentara la impunidad de las multinacionales y de toda su cadena de valor. Hay que recordar que, a día de hoy, no existe ningún mecanismo eficaz a nivel global para controlar a unas corporaciones que pueden eludir con facilidad las legislaciones estatales a través de complejos entramados societarios.


“La mayoría de los Estados y partes interesadas tienen problemas con la nota a pie de página [en la resolución 26/9] que restringe el alcance a las empresas transnacionales”. En cada reunión, la UE y los lobbies empresariales han insistido en la “discriminación” que eso significa, defendiendo la necesidad de ampliar el alcance a todas las empresas con el fin de debilitar las medidas dirigidas a las multinacionales. Y parece que sus exigencias han acabado por tener eco en el borrador del tratado, pues se elimina uno de los elementos estratégicos que dotaban de identidad a este proceso: la búsqueda de una fiscalización jurídica efectiva de las grandes corporaciones, para cuyo control el derecho de los Estados no resulta suficiente. Es una de las principales renuncias del texto.


2. SITÚA EN EL CENTRO LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS

El texto del tratado se ha construido en base al desarrollo de normas estatales. Así, solo establece obligaciones para los Estados, ignorando que tanto los de origen como los que son destino de las inversiones no son neutrales: forman parte de los ejes que favorecen la arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales.


Los acuerdos y tratados de comercio e inversión que firman los Estados, los contratos que estos establecen con las compañías multinacionales y todas aquellas políticas que inciden en la desregulación de los derechos sociales —mientras regulan con fuerza los “derechos” de las grandes corporaciones— son las piezas fundamentales de la armadura jurídica que blinda los intereses de las empresas transnacionales. Dejar en manos de los Estados-nación la posibilidad de controlar a estas empresas significa básicamente continuar como hasta ahora; significa que no hay ningún avance en la creación de contrapesos suficientes para hacer responsables a las grandes corporaciones de la violación de derechos humanos.


3. NO INCORPORA MECANISMOS DE RESPONSABILIDAD LEGAL


Dado que las empresas transnacionales operan en un contexto global, parece necesario incorporar en el tratado tanto sus obligaciones directas como también las de sus directivos, independientemente de las normas reconocidas por los Estados donde localicen sus actividades. Se evitaría así que la responsabilidad de las grandes compañías se diluyera con la desregulación de las normas sobre derechos humanos, y se pondría freno a la deslocalización de las empresas hacia aquellos países con legislaciones más débiles en materia social, ambiental, fiscal o laboral.


“No queda claro que las violaciones solo corresponden a los Estados y puede parecer que hay obligaciones directas sobre las empresas”, declara sin embargo el representante de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para rechazar cualquier atisbo de normas internacionales que pueda afectar a sus intereses de negocio. Pero, efectivamente, no se incorporan mecanismos de responsabilidad legal ni del cumplimiento de leyes. En su lugar el borrador plantea la “diligencia debida”, un mecanismo unilateral de las empresas para que ellas mismas vigilen sus actividades. Que, dicho sea de paso, también es rechazado por la OIE.


4. No clarifica la responsabilidad en la cadena de valor


En el borrador del tratado no se recoge con claridad otra cuestión central: la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales en las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus filiales, subcontratistas y proveedoras. Las grandes corporaciones, aún con una enorme complejidad societaria, tienen un centro donde se establece el modelo de negocio y se toman las decisiones fundamentales. La vaguedad del texto para señalar este aspecto y obligar a clarificarlo favorece que las casas matrices se desliguen de la responsabilidad que tienen en relación a las actividades de todo su perímetro empresarial.


Un elemento que podría corregir este punto débil son las obligaciones extraterritoriales de los Estados. A través de ellas, por poner un ejemplo, los pueblos indígenas de México afectados por Iberdrola, Naturgy y Acciona podrían demandar a estas empresas ante tribunales españoles, ya que han incumplido el derecho internacional a una consulta previa, libre e informada sobre el uso de sus territorios. Esta cuestión de la extraterritorialidad sí está recogida en el borrador, aunque de una forma muy poco precisa. Se echa en falta el trabajo avanzado desde 2011 en los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales, un punto de referencia importante para avanzar en la responsabilidad del Estado en relación con las personas que viven en otros países.


5. NO SE SUBORDINA EL COMERCIO A LOS DERECHOS HUMANOS


El tratado no menciona la jerarquía normativa por la que los acuerdos y tratados de comercio e inversión tienen que estar subordinados al cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, el texto no incluye obligaciones que garanticen esta prioridad y le den plena exigibilidad y justiciabilidad. Para eso bastaría con invocar la prioridad de una norma jerárquicamente superior a través del artículo 53 de la Convención de Viena, que establece la nulidad de todo aquel tratado que contravenga cualquier norma imperativa del Derecho Internacional —como las de derechos humanos, sin ir más lejos—.


Tampoco aparecen por ningún lado disposiciones en relación a las instituciones económico-financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cómplices y colaboradoras en numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales. Ambas cuestiones se podrían incorporar sin mayor problema, como señala la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo. En su contribución escrita dirigida a la ONU, esta campaña propone partir del hecho de que “los Estados parte reconocen la supremacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre todo otro instrumento jurídico, en particular los concernientes a comercio e inversión”. Tampoco parece nada demasiado revolucionario; de hecho, en el documento oficial previo al borrador se incluía.


6. FALTAN ÓRGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


En el borrador del tratado destaca la ausencia de las instancias necesarias para realizar un control jurídicamente vinculante. Como diría el jurista Alfred de Zayas, se trata de un instrumento “sin dientes”; por tanto, poco o nada efectivo. No se menciona la creación de un centro internacional para el seguimiento de la actividad empresarial y la recepción de las denuncias por parte de las comunidades afectadas. Ni tampoco la posibilidad de poner en marcha un tribunal internacional para juzgar a las compañías y sus directivos.


Según el texto, se crea un comité… que no tiene la capacidad de investigación ni la posibilidad de recibir denuncias. De forma que el acceso a la justicia de las comunidades afectadas queda únicamente en manos de los Estados, o sea como está actualmente. Es verdad que se propone la cooperación judicial entre Estados, pero hay una excesiva fe en su buena voluntad para perseguir la violación de los derechos humanos por parte de las multinacionales. Esta ausencia en parte podría haberse enmendado si en el protocolo de aplicación del tratado se hubiesen recogido estas instancias, en vez de establecer un mecanismo nacional que únicamente puede realizar recomendaciones y acompañar en la realización de acuerdos entre las partes —pero deja de actuar si las partes recurren a sistemas judiciales—.

OMAL
@OMAL_info

publicado
2018-10-19 05:01:00


*El artículo lo han escrito Erika González, Juan Hernández Zubizarreta, Gorka Martija y Pedro Ramiro, del Oservatorio de munti9nacionales en América Latina (OMAL) - Paz con dignidad

Publicado enInternacional
Miércoles, 26 Septiembre 2018 09:31

La caída de Lehman Brothers y el pánico financiero

La caída de Lehman Brothers y el pánico financiero

El modelo capitalista sufre una crisis profunda desde el 2007-2008, cuando el pánico financiero se espació por todo el mundo. Una década después, el modelo no logra reponerse y al parecer se avecina una nueva crisis aún más profunda.



“En un sistema de producción en el cual todo el complejo edificio del proceso de reproducción social se basa en el crédito, si este se interrumpe de forma repentina y sólo tienen curso los pagos en efectivo, es evidente que debe producirse una crisis, una corrida en procura de medios pagos. En consecuencia, a primera vista, toda la crisis se presenta como una simple crisis de crédito y dinero”.
Carlos Marx.

 

La experiencia del pánico financiero es propia del capitalismo. En el siglo XIX se vivieron varias situaciones de ese tipo y Marx en el tercer tomo de El Capital se ocupó de dilucidar la lógica intrínseca de ese acontecimiento histórico que ninguna sociedad humana había vivido. Ese hecho es fundamental para captar la especificidad del modo de producción capitalista, y también para reconocer sus limitacionesm así como para poder pensar y obrar más allá de ese modo de producción.

 

Hoy existe un consenso entre los economistas sobre la pauta que caracteriza la crisis financiera: se detiene la economía porque ningún banco presta y el dinero se esfuma. Al así ocurrir se espera que el Estado salga a rescatar los bancos para poder garantizar de nuevo el funcionamiento del crédito y la inversión.

 

Ejemplo de una crisis financiera

 

La caída del banco Lehman Brothers, acaecida el 15 de septiembre de 2008, fue uno de los puntos culminantes de la crisis financiera que desencadenó el desinfle de la burbuja inmobiliaria en el año 2007. Richard Fuld, el presidente ejecutivo de ese banco, un año después de la desaparición súbita de esa institución centenaria, declaraba en una comparecencia en la Cámara de Representantes que no entendía porque las máximas autoridades de las finanzas norteamericanas (la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro) no habían salvado el banco, y dijo que esa certeza íntima lo acompañaría: “[…] hasta el día en que me entierren”.

 

Las vicisitudes del proceso que culminó con la desaparición del banco se pueden seguir en el libro del secretario del Tesoro Henry M Paulson Jr. El título es un acierto: “On The Brink” (*). Efectivamente, la experiencia vivida por esos actores de la crisis fue la de estar frente el abismo. El libro escrito al modo de un diario, cuenta la angustia padecida ante la posibilidad de la desaparición de la red de instituciones financieras globales que mantienen el capitalismo en esta fase de su existencia. Y la caída de Lehman fue el detonante que los puso frente a esa posibilidad. Hoy, una década después, la élite dirigente del capitalismo global no ha podido superar los efectos de ese dramático acontecimiento y lo que se vislumbra en el horizonte inmediato es la posibilidad de otra crisis.

 

¿Se acerca una crisis de tipo política global?

 

Lo interesante del proceso en desarrollo es que el catalizador de esta nueva crisis es de tipo político. El presidente de los Estados Unidos para el periodo 2016-2020 Donald Trump, durante lo que lleva de su ejercicio ha quebrantado los consensos mínimos que las élites globales venían tratando de consolidar, después del pánico del 2007 y 2008. Este personaje logra la Presidencia de los Estados Unidos aprovechando el resentimiento y la impotencia de los norteamericanos afectados por esa crisis, pero también porque al final quienes se beneficiaron de los esfuerzos de la sociedad para superar la crisis fueron los mismos que la desencadenaron.

Trump centró su discurso de campaña en la crítica a Wall Street y a los políticos de Washington. Esa crítica fue perfectamente asimilada por la mayoría del electorado norteamericano. Lo que no se asimiló fue la autenticidad del personaje que levantaba la crítica. Ahora la sociedad norteamericana tiene al frente del Estado a alguien que recuerda a Luis Napoleón Bonaparte, el personaje que surgió de la crisis capitalista de 1848 y a Hitler, el personaje que surgió de la crisis de la década del 30 del siglo XX y que condujo a la humanidad a la carnicería de la Segunda Guerra Mundial.

 

Ahora (agosto de 2018), la élite norteamericana desesperada con el personaje trata de llevarlo a juicio. Ante esa posibilidad, Trump advirtió que su destitución podría ser el detonante de la nueva crisis. En una entrevista con Fox New dijo: “Si se me sometiera a un proceso de destitución, los mercados financieros se hundirían”.

 

Estamos, por tanto, frente a una coyuntura político-económica sin antecedentes en el capitalismo contemporáneo. La solución que se encuentre para salir de la crisis que se avecina podría ser el comienzo de la construcción de un modo de producción más allá del capitalismo o, de nuevo, una solución que prolongue el funcionamiento del agónico modo de producción capitalista.

 

* Paulsons H. On the Brink. Business Plus, NeW York, 2010.

 

Publicado enEdición Nº250
Domingo, 03 Junio 2018 07:12

El ruido de la ausencia

El ruido de la ausencia

Colombia se apresta a elegir al próximo presidente de la República. El número exacto en la lista de presidentes no es exactamente claro, debido a circunstancias como la Patria Boba, o las numerosas guerras del siglo XIX.

 

Colombia, el candidato a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); el país miembro del grupo de Civets (presuntamente el grupo de vanguardia en el futuro de la economía después de los países Brics); la cuarta economía de América Latina, después de Brasil, México y Chile; la Atenas Suramericana, como jocosamente aún alguna aerolínea lo anuncia al aterrizar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, siguiendo una leyenda urbana que se remonta a los comienzos del siglo XX; en fin, si se quiere, Colombia, el país que más universidades está logrando situar en los grandes escalafones universitarios mundiales en la región, al lado de Brasil, Chile y México.

 

Pues bien, una mirada atenta a los discursos, los pronunciamientos, incluso las entrevistas de los candidatos a la presidencia 2018-2022 pone en evidencia que no ha habido absolutamente ninguna palabra acerca de propuestas, políticas, planes de ciencia y tecnología. Sí hay, y variadas, propuestas sobre educación; desde luego sobre política internacional; sobre políticas de centralización y descentralización, políticas sociales de diversa índole. Pero ni una sola palabra acerca de la ciencia y la tecnología.

 

Dicho puntualmente, la ciencia y la tecnología no existe ni en las agendas de los candidatos a la presidencia, ni en la de sus grupos de asesores, ni tampoco en los periodistas que indagan, consultan y cuestionan.

 

El Estado y la política frente a la ciencia y la tecnología

 

Esta circunstancia no es extraña. Todo lo contrario, es perfectamente congruente con la historia misma del país. Nunca ha habido una preocupación seria por parte del Estado ni de la clase política acerca de la ciencia y la tecnología (CyT).

 

Nunca en la historia del país se logró que el presupuesto de inversión en (CyT) fuera superior al 0.5 por ciento del PIB. Jamás se logró la creación de un ministerio de (CyT).

 

Santos desplazó a Colciencias –el Departamento Administrativo sobre el tema– hacia el Departamento de Planeación Nacional. El candidato Gustavo Petro, quien más se ha acercado al tema, sencillamente propuso que Colciencias pase a ser una dependencia del Ministerio de Educación, lo cual podría tener buenas intenciones de cara a la educación, pero no dice una palabra acerca de (CyT).

 

Digámoslo de manera franca y directa, las élites colombianas jamás han estado sinceramente interesadas en ciencia y tecnología como un asunto de política pública. Los logros alcanzados ocasionalmente en materia de ciencia, tecnología e investigación es más el resultado del trabajo denodado de investigadores individuales y grupos de investigación, antes que el resultado de políticas de apoyo por parte del gobierno o el Estado. Las universidades han hecho lo suyo, pero buena parte de la motivación resulta del hecho de que a un mayor prestigio en calidad académica y de investigación resultan más matrículas y más dinero que ingresa por conceptos como aportes del sector privado.

 

Ante una mirada y un oído sensibles, es atronador el silencio en la política en materia de ciencia y tecnología. Lo cual significa desconocer que el apoyo a la (CyT) se traduce en más y mejores condiciones de vida para la población, más y mejor infraestructura, alimentación, servicios de salud, esperanzas y expectativas de vida, en fin, mayor cuidado del medio ambiente y de la naturaleza.


De un lado, ni las universidades, que invitan a los candidatos a presentar sus programas, les han abierto los ojos a los políticos acerca del tema; y de otra parte, ni los políticos, sus partidos, movimientos y grupos de asesores han caído en la importancia del conocimiento y la información para el desarrollo de la sociedad.


Temas y asuntos como la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes, permanecen al margen de las preocupaciones políticas. Es cierto que sí existen planes por parte del Gobierno para pasar del sistema wifi al wimax; es verdad que hay conciencia en algunos sectores acerca del significado de la cuarta revolución industrial, por ejemplo. Pero en el mapa amplio y profundo de la política esos planes representan apenas asuntos de mera gobernabilidad antes que de estrategias políticas en el sentido preciso y fuerte de la palabra.

 

Y no importa si los candidatos son de extrema derecha, de derecha, de centro, de cualquier variedad de la izquierda. Los partidos y movimientos políticos en Colombia no saben de ciencia y tecnología. Ello en marcado contraste con diversos movimientos sociales y políticos desde abajo que sí están aprendiendo y han aprendido de la importancia del conocimiento y la investigación para mejorar sus condiciones de vida; la dignidad y la calidad de vida.

 

Ciencia y tecnología y posibilidades de vida

 

No existe la más mínima duda: en la historia, los países que han invertido en ciencia y en tecnología logran desarrollar políticas sociales y medioambientales que se traducen en mayor gratificación de la existencia. Los índices de felicidad y de satisfacción de la vida consigo misma, son mayores en esos países

 

En la historia, los casos son perfectamente conocidos, pero más recientemente, se trata de países como Irlanda, Corea, Israel, Indonesia y Chile, para mencionar tan sólo un puñado de países que recientemente han invertido de manera significativa en ciencia, tecnología e investigación y sus índices de desarrollo, crecimiento y calidad de vida han aumentado de manera importante.

 

En Colombia sigue prevaleciendo ampliamente la innovación como el modelo de transferencia tecnológica. No existe en Colombia una política pública de apoyo a la innovación, y de manera atávica la entienden, los responsables de lo público, simple y llanamente como emprendimiento. Que es tan torpe como confundir el fuego con el calor, o la lluvia con inundaciones, por ejemplo. Colombia nunca ha hecho hasta la fecha de la innovación un asunto de política pública.

 

Sería interesante realizar un muestreo de las facultades de derecho y gobierno, ciencia política y relaciones internacionales –independientemente del nombre– en las que existen sistemáticamente planes de estudio sobre política de ciencia y tecnología. Reina el silencio, el abandono y el desconocimiento. En Colombia la política y la ciencia y la tecnología no se han llegado a encontrar, ni desde la teoría, ni desde el estudio ni en la práctica.

 

Un mapa congruente que se traduce en violencia, inequidad, injusticia e impunidad. La historia gruesa y oficial de la República de Colombia.

 

Ciencia y tecnología y educación

 

El ministerio de educación nacional (MEN) ha volcado todas sus apuestas de formación de niños, jóvenes y adolescentes en tres criterios: competencias argumentativas, competencias propositivas y competencias interpretativas, todo lo cual, presuntamente se traducirían en competencias ciudadanas. Un embeleco, la verdad sea dicha.

 

Los niños y jóvenes deben hacerse competitivos y desarrollar competencias –todo lo cual pone en evidencia que es el mercado y no la educación por sí misma la que determina los criterios de la educación y la formación. Al fin y al cabo, el sistema de libre mercado se rige por la competitividad, y no sabe nada de cooperación. Confunde, al cabo, la cooperación con programas asistencialistas, dos cosas perfectamente distintas.

 

Los niños y jóvenes se están formando con criterios guerreristas antes que de solidaridad, comensalismo, mutualismo o cooperación. La lucha contra la pobreza, la lucha contra la enfermedad, la lucha por la supervivencia, en fin, cada cual sálvese por sí mismo. Políticas educativas semejantes crean una sociedad indolente, egoísta, ciega.

 

En Brasil, ante el asesinato de una líder social, Marielle Franco, la sociedad civil entera se lanzó a las calles a protestar. En Honduras, el asesinato de la defensora del medioambiente Berta Cáceres produjo una respuesta solidaria de envergadura nacional y mundial. En España, la violación de una mujer por parte de un grupo de amigos conocido como la Manada y la subsecuente condena débil por parte de un juez hizo que toda España se levantara contra la impunidad y la injusticia. En Argentina, la desaparición y muerte del líder social Santiago Maldonado produjo un movimiento de protesta y solidaridad que perdura hasta la fecha. Los ejemplos y casos pueden multiplicarse alrededor del mundo.

 

En Colombia, según diversas fuentes, después de los Acuerdos de La Habana, han sido asesinados alrededor de 200 líderes sociales. Desde el año 2016 han caído asesinados más de 110 defensores de derechos humanos. Pero no se sienten las protestas y los reclamos en las calles en contra de los asesinatos, crímenes y atentados.

 

Colombia es un país de una extremada violencia, traducida en egoísmo y miedo. Y entonces, claro, la falta de cooperación y solidaridad salta ante la vista. Pues bien, un sistema que promueve la competitividad y no la cooperación es una un sistema que apoya, por acción o por omisión, la violencia, la injusticia, la inequidad, la pobreza y la indolencia. Que cada quien se salve a sí mismo, eso es lo construido por décadas desde el sistema educativo y desde las políticas públicas.

 

Competencias educativas, competencias ciudadanas: conceptos erróneos y peligrosos.

 

¿Qué significa una educación y cultura en ciencia y tecnología?

 

En la Grecia antigua, la ciencia y la filosofía fueron el resultado de la política y el derecho. Los debates dejaron de resolverse a las armas, y los argumentos pasaron al primer plano. Argumentos, pruebas, demostraciones, datos, recurso a la experiencia, pensamiento crítico, y mucha libertad. Ese es el modelo que alimenta a Occidente.

 

La formación en ciencia tiene muchos componentes; así por ejemplo, es el reconocimiento del valor de la palabra, de lo argumentos, de los juicios bien construidos. Se trata del hecho de que un conjunto de enunciados no vale nada si la experiencia demuestra lo contrario, lo cual pone en el foco de la mirada la importancia de los hechos, de los datos. Es imposible hacer buena ciencia sin una buena base de datos.

 

Asimismo, la formación en ciencia es el reconocimiento explícito de que los argumentos de autoridad no tienen absolutamente ningún valor. En ciencia no valen las autoridades, sino los experimentos, las reflexiones, los juicios críticos y ponderados a la vez.

 

En ciencia la opinión no vale de nada. Ello en marcado contraste con el modelo liberal de la sociedad que se funda en la libertad de opinión y en la importancia de los formadores de opinión y de los grandes medios de comunicación. Ya Sócrates lo señalo de manera precisa. La opinión, los saberes circulantes, los lugares comunes deben ser radicalmente eliminados y transformados en conceptos. Una idea guía de una inmensa carga democrática.

 

La educación en ciencia forma ciudadanos con criterios propios, reflexivos, críticos. En ciencia, en contraste con el mundo de la política y los negocios, los consensos y los acuerdos no son lo importante. Por el contrario, se promueve la discusión, el debate, la crítica, la reflexión. El mundo de la ciencia no está construido sobre consensos, acuerdos y pactos, sino sobre pruebas y contra-pruebas, refutaciones, mejores experimentos y la elaboración de interpretaciones más consistentes.

 

El Magistrado Carlos Gaviria ya lo decía en algún momento. Grosso modo, la historia de Colombia ha sido la historia del Derecho, puesto que la gran mayoría de los gobernantes fueron formados en el Derecho. Más recientemente, a la responsabilidad del Derecho se suma la responsabilidad misma de la economía, la administración y las finanzas. Grosso modo, las élites colombianas se vienen formando principalmente en estas áreas. Y ellas no saben de ciencia, de tecnología, de investigación. Son eminentemente instrumentales y efectistas. Su lenguaje es el del crecimiento, la eficacia, la eficacia, y la competitividad, notablemente. Todo lo contrario a la ciencia, prima facie.

 

La investigación científica existe hoy en día con base en redes, y promueve a su vez ampliamente las redes: redes de colaboración, redes académicas, redes de citación, redes de investigación. Pues bien, al interior de las redes lo que prima es la colaboración y no la competencia o el egoísmo, el individualismo y la sospecha.

 

Una educación fundada en competencias le hace un flaco favor a la justicia y la igualdad.

 

Los políticos en toda la línea de la palabra, candidatos o no, poco y nada saben de ciencia. Y el más popular de ellos amenaza a sus oponentes, los testigos de sus actos son misteriosamente asesinados, y alrededor suyo se impone una red de silencio y complicidad. Literalmente, se llama el innombrable porque no merece ser nombrado.

 

Los partidos políticos, los movimientos políticos, deben asumir la responsabilidad que tienen ante la ignorancia que tienen ante la ciencia y la tecnología; en el país y en el mundo.

 

Repetimos, frente a esos políticos hay movimientos sociales que sí saben, están aprendiendo y estudian temas de ciencia y tecnología. Pareciera ser que el futuro del país puede encontrarse en estos movimientos sociales con la condición de que logren dinámicas políticas de amplio alcance.

 

Mientras tanto, en materia de conocimiento bien vale un juicio crítico, negativo o de abstención frente a las élites políticas y los candidatos en curso. El ruido de la ausencia.

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