La trastienda de la negociación de los líderes del bloque para superar las diferencias entre el norte y el sur

Qué significa el histórico acuerdo de la Unión Europea para enfrentar la crisis

Surge una Europa más solidaria, que se federó en torno a un Fondo de Recuperación cuya cifra es tan inédita como abultada: 750.000 millones de euros en ayudas a los países más afectados por la pandemia. 

 

Siempre hace falta un primer día para que haya historia. Este martes 21 de julio fue ese primer día, o mejor dicho, el último de 90 horas de transas, portazos, diatribas, insomnios y hasta arrebatos de pugilato que desembocaron en un acuerdo histórico entre los miembros de la Unión europea destinado a reactivar las economías de los 27 países y enfrentar la galopante recesión que dejó la covid-19. Recién en la madrugada del martes las dos fracciones hostiles superaron lo que, hasta el lunes por la noche, se había calificado de “posiciones inconciliables”. Por un lado, la mayoría de los Estados a cuyo frente estaban París y Berlín, ambos partidarios de una ayuda consistente a los países más afectados por la crisis (Italia, España, Grecia, Portugal); por el otro el eje de los llamados “cuatro frugales” compuesto por Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, más un aliado, Finlandia. Se los llama “frugales” justamente por su inclinación a la disciplina presupuestaria y su oposición radical a una Europa más federal e integrada. 

Cuatro días de negociaciones pugilísticas dieron como resultado eso que los frugales no querían: una Europa que se federó en torno a un Fondo de Recuperación cuya cifra es tan inédita como abultada: 750.000 millones de euros en ayudas a los países más afectados donde se incluyen unos 390.000 millones de euros en transferencias directas (subvenciones, de hecho). Muy inspirado en las propuestas franco- alemanas presentadas el pasado 18 de mayo, el plan adoptado diseña a partir de ahora una Europa que antes no existía: al mismo tiempo que se esgrime como una respuesta económica de masa a la crisis de la pandemia, también esboza los contornos de una Europa más federal, más solidaria e integrada. Curiosamente, hasta no hace mucho, esa era la Europa que la canciller alemana Angela Merkel rechazaba. Sin embargo, la agudeza de la pandemia-crisis la llevó a evolucionar en su posición y a aceptar el plan. Si bien es menor a los 500.000 millones solicitados bajo forma de subvenciones directas, el monto no se queda lejos:390.000 millones y, el resto hasta los 750 mil, en préstamos.

El paso no tiene referentes en la historia y, con justa razón, debe estar arrancando lágrimas de bronca en Grecia. Durante la crisis griega, a Atenas le impusieron una troika (FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo) y Memorandos de Entendimiento a cambio de un plan de rescate tortuoso. Los 27, juntos, apartaron esa opción y combinaron dos fuentes de financiación: los préstamos y una emisión de la Comisión Europea en los mercados que pagará entre 2026 y 2058. ”Esas noches de negociaciones fueron tórridas y expuestas a todos los golpes”, contaban ayer en la prensa quienes participaron en las maratónicas cesiones. El primer encontronazo se plasmó entre el grupo frugal y los demás en torno al monto de las subvenciones: Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y su aliado finlandés no querían que las subvenciones superaran 350.000 millones mientras que París y Berlín ponían un piso nunca inferior a 400.000 millones.

Los Países Bajos, por ejemplo, propusieron incluso que el monto no llegase ni siquiera a 100 mil millones. Se consiguieron los 390 mil mencionadas y el grupito rebelde no se fue con las manos vacías: rebaja en sus propias contribuciones financieras, reducción de las subvenciones en el presupuesto 2021-2027. En el medio hubo gente que se levantó de la mesa, que dio un par de puñetazos en la misma y que amenazó con abandonar las negociaciones. La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, tuvo que aplazar su matrimonio por culpa de la cumbre. Según cuentan los testigos, en una de las reuniones Mette Frederiksen se mostró tan cáustica que Macron y Merkel se retiraron de la sala. Antes de este episodio todos participaron en una cena ya retratada como “envenenada” por el clima y otro antagonismo interno cuyos protagonistas fueron los bad boys de la UE, o sea, el Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, y su no menos radicalizado colega de Polonia, Mateusz Morawiecki. El plan de reactivación contenía un mecanismo de salvaguarda por medio del cual se condicionaba la entrega de las ayudas al respeto del Estado de Derecho, principio de cuyos ideales la Polonia y la Hungría actual están muy lejos. Orbán dijo que le querían imponer “una dictadura comunista”. El plan final dejó el tema entre brumas (“un sacrificio doloroso” dijeron algunos) y con la promesa de volver a tratarlo. Se evitó así que Orbán vetara el texto en discusión. Todo era tan incierto que el sábado 18 de julio, a las tres de la madrugada, Merkel y Macron saboreaban un vaso de vino blanco y dudaban realmente si iban o no continuar con las negociaciones.

Apostaron por el sí cuando la fisura entre el Norte y el Sur de Europa parecía más profunda. Por un lado Países Bajos y su insolente y despreciativo Primer Ministro Mark Rutte, por el otro Roma, Atenas, Madrid y Lisboa, considerados por Rutte como incapaces y gastadores. La construcción europea es hija de un compromiso y el de estos días restaura esa regla y, al mismo tiempo, inaugura otra: uno, es la primera vez que la Comisión Europea se endeuda en nombre de los 27 por un monto tan abismal. Antes, la Comisión había emitido deuda en los mercados, pero nunca por más de 100 mil millones: dos, de los 750.000 millones, 360.000 podrán ser prestados a los Estados que lo pidan y son esos mismos Estados quienes devolverán el dinero. Los otros 390.000 millones se transferirán de aquí a 2023 bajo forma de subvenciones, las cuales serán reembolsadas por los 27 países. Con este mecanismo, los europeos mutualizaron la deuda, se endeudaron juntos por 30 años y asumieron así una suerte de conducta práctica y no retórica de solidaridad que los liga más allá de sus sueños….y pesadillas.

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Italia contará con casi 209 mil millones para su recuperación económica 

 

Europa ayuda a Italia con una montaña de euros

Por Elena Llorente

Después de casi cinco días de durísimas negociaciones, los 27 países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre el llamado Fondo de Recuperación, las ayudas destinadas a las naciones europeas en serias dificultades económicas a causa de la covid 19, aprobando un total de 750 mil millones de euros. El gobierno italiano, que recibirá casi 209 mil millones, se mostró muy satisfecho por los resultados que ayudarán a relanzar la economía italiana, una de las más afectadas en Europa por la pandemia.

Se habla de que la Unión Europea sufrirá la recesión más grande de su historia y de que la crisis será la más profunda desde la gran depresión de 1929. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sólo por dar un ejemplo, la desocupación podría llegar a un máximo histórico del 9,4% en promedio a fines de 2020 en los 37 países miembros de esa organización, entre ellos varios europeos, latinoamericanos y asiáticos.

Para Italia, el futuro se presenta más complicado. Las estimaciones de la OCDE hablan de la desocupación en torno al 12,4% a fines de 2020. Pero si la cuarentena debe reimponerse por una nueva agresiva presencia del virus, como se prevé para el otoño-invierno europeo, no habría muchas mejoras en la ocupación italiana. Para el 2021, según la OCDE, y pese a que Italia estaría un poco más preparada para afrontar una nueva cuarentena, se calcula que la desocupación podría llegar al 11.5%. Los fondos europeos negociados esta semana estarán destinados en buena parte a crear fuentes de trabajo.

La insistente oposición llevada adelante por los gobiernos de centro-derecha de Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, entre otros, no impidieron que la UE aprobara el total de 750 mil millones de euros para restaurar la economía europea, 390 mil millones en calidad de subvenciones y 360 mil millones como préstamos. Todo se hará a través de la emisión de Eurobonos.

“Hemos conservado los 81,4 mil millones de euros a fondo perdido que nos había destinado la Comisión Europea en su primer programa, pero hemos incrementado notablemente el importe destinado a los préstamos, que pasaron de 91 mil millones de euros a 127,4 mil millones”, explicó el primer ministro Giuseppe Conte a la prensa sobre los 208,8 mil millones que Italia recibirá. El gobierno italiano está muy satisfecho de los resultados calificados por Conte como “un momento histórico para Italia y para Europa”. El primer ministro anunció además que se creará una comisión especial para un rápido y eficaz uso de ese dinero que para Italia significa el 28% del total del dinero aprobado por la UE. “Tendremos una gran responsabilidad: con casi 209 mil millones de euros Italia puede partir con fuerza y cambiar su aspecto. Pero tenemos que correr”, subrayó el primer ministro.

También el presidente de la República, Sergio Mattarella, manifestó su satisfacción por el “importante resultado del Consejo Europeo que refuerza la Unión y contribuye a la creación de condiciones que permitan a Italia disponer rápidamente de un concreto y eficaz programa de intervenciones”. Y el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, del Partido Democrático (PD), contó: “Estamos trabajando para elaborar un programa que relance la economía italiana, que afronte problemas históricos y haga aumentar las inversiones en infraestructuras y digitalización, entre otras cosas”. Según Gualtieri se está elaborando un plan “preciso y detallado” en este sentido, que debería partir en octubre. “El gobierno sale reforzado de estas negociaciones”, concluyó Gualtieri.

El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) -que junto con el PD integran el gobierno de Conte- se dijo igualmente satisfecho. “Es un resultado fundamental para nuestro futuro, fruto del trabajo del primer ministro Conte, de todos los ministros que participaron y del cuerpo diplomático al que agradezco -escribió por su parte en Facebook el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, ex máximo dirigente del M5S -. Hoy Europa ha demostrado que ha cambiado: piensa en el interés común de todos los estados miembros. Esto demuestra que es posible una Europa diferente”.

El centro derecha italiano no parece del todo contrario al acuerdo logrado en la UE. Para Silvio Berlusconi, de Forza Italia en efecto, “La de anoche ha sido una noticia positiva para Italia. Pero el camino es todavía largo. Hay que hacer un plan que esté dirigido hacia el futuro y no de tipo asistencial. Y esta vez pedimos al gobierno que la oposición pueda participar de esas decisiones , declaró.

El que se manifiestó contrario, como siempre, a todo lo que hace el gobierno, fue el líder de la ultra derechista Liga, Matteo Salvini. “La Liga ilustrará en breve cuánto dinero llegará de Europa, en cuánto tiempo y para hacer qué cosas. Y así “evitar una estafa grande como una casa que se alcanza a vislumbrar al final del túnel”, dijo Salvini en tácita alusión a eventuales maniobras no transparentes del gobierno y de la UE a la que él combate, como el resto de los derechistas europeos. El líder de la Liga -primer partido de Italia con el 25% de los votos pese que ha perdido algunos puntos según las últimas encuestas mientras el PD ha crecido- se prepara así a las elecciones que se llevarán a cabo en siete regiones italianas, en principio a mediados de septiembre, y en las que se podrá apreciar claramente qué piensan los italianos del gobierno que ha combatido una crisis sin precedentes como la del covid, y de la Liga que se ha limitado a estimular el ultra nacionalismo y la discriminación en todas sus críticas. 

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Abigail Disney y Stephen Tindal forman parte de "Millonarios por la Humanidad".   ________________________________________ Imagen: AFP

Ochenta y tres millonarios del mundo publicaron una carta al G20

"Tenemos una deuda enorme con los que realizan trabajos esenciales que son groseramente mal pagados”, dicen los signatarios de la carta, entre ellos, Abigail Disney y Jerry Greenfield (Ben and Jerry). 

 

Un nuevo grupo de 83 super-millonarios del mundo le escribió una carta al G20 para exhortar a los gobiernos a que les cobren más impuestos. “Nuestros gobiernos tienen que subir los impuestos a gente como nosotros. Inmediatamente. Sustancialmente. Y que sea permanente”, dice la carta publicada hoy por el matutino británico The Guardian.

Entre los signatarios se encuentran Jerry Greenfield, co-fundador de los helados Ben and Jerry, Abigail Disney, heredera del imperio Disney, y Stephen Tindall, el segundo hombre más rico de Nueva Zelanda. “No somos los que atienden a los enfermos en la terapia intensiva. No somos los que manejan las ambulancias. No somos los empleados que se ocupan de llenar las góndolas o distribuir la comida puerta a puerta. Pero tenemos dinero. Mucho dinero. Dinero que se necesita desesperadamente para que el mundo se recobre de la crisis. Y tenemos una deuda enorme con los que realizan trabajos esenciales que son groseramente mal pagados”, dice la carta.

El grupo autodenominado, “Millonaires for Humanity” (Millonarios por la Humanidad" es una ampliación con millonarios de otros países de los “Patriot Millonaires”, una organización estadounidense fundada en 2010. En su carta los “Millonaires for Humanity” dejan en claro que la filantropía o las organizaciones caritativas, tan tradicionales en los países anglosajones, son insuficientes para lidiar con esta crisis. “Los problemas causados y revelados por la covid-19 no pueden resolverse con caridad por más generosa que sea. Los líderes mundiales tienen que tomar la responsabilidad de recaudar los fondos necesarios e invertirlos de una manera justa”, dice la carta

El párrafo tiene dos destinatarios: el resto de los millonarios globales y los gobiernos. Al decir que no basta con la caridad están dirigiéndose a sus pares: los superricos. Al exigir voluntad política, exhorta a los gobiernos - al mismo tiempo que les ofrecen una inusual alianza política – a cambiar el regresivo sistema fiscal de los últimos 40 años.

La caritativa evasión fiscal

En marzo de este año la consultora Knight Frank calculó que había más de medio millón de personas con fortunas superiores a los 30 millones de dólares.

El más rico de todos, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, es uno de los grandes beneficiarios de la pandemia: su fortuna creció en 75 mil millones de dólares desde el comienzo de la crisis hasta rondar la estratosférica cifra de 189 mil millones de dólares. Esta fortuna es tres veces el monto de la deuda que el gobierno argentino buscar reestructurar en estos momentos (66 mil millones)

Bezos donó 100 millones de dólares a la organización caritativa “Feeding America” que suministra ayuda alimentaria a los sectores relegados de los Estados Unidos. “Feeding America", que maneja unos 200 centros en todo el país, estaba obviamente agradecida. La donación era la máxima que había recibido en su historia y “muchísimas vidas cambiarán gracias a su generosidad”.

Esta generosidad representa menos del 0,1 por ciento de la fortuna de Bezos. Con un detalle adicional: Amazon se dedica a la evasión serial y global a gran escala. Lo que da con una mano, lo roba multiplicado por mil con la otra.

En 2018 la compañía pagó cero impuestos a nivel federal en Estados Unidos. Ese mismo año desembolsó unos 5 millones en el Reino Unido sobre más de 70 millones de ganancias, alrededor del 8%, cuando el impuesto corporativo británico es 19%. En 2017 la Unión Europea multó en 250 millones de euros a Amazon por “prácticas impositivas ilícitas”: el caso todavía está en la Corte Europea de Justicia.

Los gobiernos son obviamente co-responsables de esta situación. El mensaje de los “Millonaires for Humanity”es también para el G20 que desde el estallido financiero de 2008 viene hablando de un cambio de reglas impositivas a nivel mundial con sucesivaspromesas incumplidas de eliminar o al menos controlar los paraísos fiscales. En 2013 el G20 y la OCDE comenzaron a trabajar en un nuevo sistema para lidiar con la evasión tributaria de los grandes prestidigitadores impositivos a nivel global: las multinacionales. Desde entonces ha habido avances en cuentagotas y con rendijas legales para todos los gustos. Este fin de semana los ministros de finanzas del G20 se reúnen este 18 y 19 en Jeda, Arabia Saudita.

 Los Millonaires for Humanity apuestan a que la magnitud misma de la crisis comience a desequilibrar la balanza a favor de una reforma impositiva que no solo aumente la tasa efectiva que pagan las grandes fortunas sino que también lidie con el tema de la evasión y la elusión tributarias. “Nunca como ahora ha quedado expuesto que estamos absolutamente interconectados. No va a haber otra posibilidad de corregir este problema. A diferencia de decenas de millones de personas, no tenemos que preocuparnos de perder nuestros trabajos, nuestras casas o nuestra posibilidad de mantener a nuestras familias. Así que por favor. Cóbrenos más impuestos”, dice la carta. Y para que quede claro lo repiten tres veces: “Tax us. Tax us. Tax us” ¿Llegará el mensaje a nuestras pampas?

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Cómo y cuándo salir de la enorme crisis económica creada por la pandemia

El hecho de que muchos países hayan conseguido reducir el crecimiento de la tasa de mortalidad causada por el coronavirus, mitigando así el impacto de la COVID-19, ha generado un optimismo que explica que muchos de ellos estén ya iniciando el proceso para intentar recuperar alguna forma de normalidad y reactivar la actividad económica, saliendo así de la mayor crisis económica que estos países hayan sufrido en los últimos cien años.

Ello ha originado un debate sobre cuándo y cómo debe llevarse a cabo dicha recuperación. Este artículo intentará resumir varias alternativas, hoy presentes a los dos lados del Atlántico Norte. Pero para evaluarlas hay que ser conscientes de que, en general, y desde el punto de vista científico, hay bastante consenso entre los expertos en salud pública sobre los criterios básicos que deberían regir esta recuperación. Unos de los más conocidos a nivel internacional son los criterios de la Johns Hopkins University, cuyo Center for Health Security ha señalado que para iniciar tal proceso hay que cumplir cuatro condiciones. La primera es que el país tiene que haber experimentado un descenso de la mortalidad debida al coronavirus durante, al menos, 14 días. Otra condición es que el país tenga suficiente capacidad para realizar pruebas de diagnóstico que le permitan cubrir, al menos, a todas las personas con síntomas de tener la COVID-19 (y también realizarlas a los contactos que estas personas hayan tenido) así como a las personas que trabajan en todos los servicios definidos como "esenciales". Una tercera condición es que el país tenga un sistema sanitario con capacidad suficiente para poder atender a todos los pacientes, y cuyo personal sanitario tenga todo el equipo de protección necesario que le permita atenderlos con el mínimo riesgo de contagio. Y, por último, la cuarta condición es que los servicios de salud pública del país tengan capacidad suficiente para llevar a cabo campañas de detección de nuevos casos de infección, así como controlar y diagnosticar a sus contactos para su confinamiento y aislamiento (ver "Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors", The Johns Hopkins University Center for Health Security, 17.04.20). La aplicación de estos cuatro principios, junto con las medidas de confinamiento selectivo, así como el uso generalizado de mascarillas y guantes, permiten el control y resolución de la pandemia. La experiencia así lo ha mostrado. Casos como el de Corea del Sur muestran claramente que la pandemia puede abordarse con éxito. Ello requiere un compromiso firme por parte del país y sus autoridades, dentro de una cultura cívica de solidaridad y compromiso con el bien común.

 

Estas condiciones no se están respetando en la gran mayoría de países que se están desconfinando

 

Ahora bien, el éxito que las campañas de confinamiento han tenido en muchos países para reducir el número de contagios, de enfermos y de muertes por coronavirus ha generado un optimismo que, sin que se den las condiciones previamente detalladas, ha animado a que se inicie en muchos de ellos un proceso de desconfinamiento y de paulatina recuperación económica. Es comprensible que este proceso esté ocurriendo, pues las medidas de contención de la pandemia y, muy en particular, el confinamiento de la mayoría de la población (que en un momento determinado fue de tres cuartas partes de toda la población que vive en las economías avanzadas), han representado y continúan representando un enorme sacrificio con el que la población, con razón, desea y ansía terminar. Es más, a favor del desconfinamiento existe el hecho de que el confinamiento también tiene costes para la salud de la población, entre ellos, causar un aumento de mortalidad por enfermedades distintas a la COVID-19, al no poder ser atendidas estas enfermedades por la saturación de los centros sanitarios desbordados de enfermos por coronavirus. Y no hay que olvidar tampoco que la propia crisis económica está deteriorando la salud y calidad de vida de grandes sectores de la mayoría de la población.

Pero, por muy comprensibles que sean los argumentos favorables a un pronto desconfinamiento, ello no quiere decir que sea aconsejable, ya que tal recuperación (dependiendo de cómo se haga) podría incluso empeorar la situación y agravar todavía más la crisis económica. Y la principal causa de que ello sea así es que la actividad productiva continúa basándose en la actividad humana, dependiendo su ejecución de la salud y la vida de sus agentes, lo cual hace que la viabilidad del sistema económico dependa de que se respeten los principios científicos y las condiciones indicadas al inicio del artículo. A no ser que los trabajadores estén vivos y sanos, el sistema económico se paraliza. Un desconfinamiento rápido puede conducir incluso a una mayor parálisis como consecuencia del crecimiento de la enfermedad entre los trabajadores, tal y como está ocurriendo, por ejemplo, en algunos Estados de EEUU, donde la pandemia está teniendo unos efectos devastadores.

Esta es la realidad de la que deben ser conscientes las autoridades que tienen que tomar las medidas sobre el desconfinamiento. Naturalmente que el deseo común es terminar con esta situación anómala. De ahí que la diferencia entre las distintas alternativas no sea tanto sobre desconfinamiento sí o no, sino sobre qué tipo de desconfinamiento, es decir, en qué condiciones debe realizarse, a fin de que se puedan minimizar los daños que dicho desconfinamiento podría causar a la población, incluida la laboral, lo que afectaría y retrasaría la recuperación económica.

 

Las distintas estrategias de recuperación económica existentes hoy a los dos lados del Atlántico Norte

 

Una estrategia de recuperación económica es la promovida por el gobierno federal estadounidense presidido por Donald Trump, y consiste en el masivo desconfinamiento de la mayoría de la población, a fin de recuperar la economía lo más pronto posible (y a ser posible, antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, en las que el presidente Trump se presenta para conseguir su relección). Esta alternativa es consciente de que ello implicará un riesgo muy elevado de contagio y muertes por coronavirus. En esta estrategia, la vuelta a la normalidad pasa a ser el objetivo urgente e inmediato para la recuperación. Y el elevado número de fallecidos se justifica por la necesidad de salvar la economía del país, salvación que en ocasiones se presenta en términos belicistas y patrióticos. Tal y como ha señalado el presidente Trump, "hay que salvar la patria en una guerra en la que los muertos son el precio para ganar y conseguir la victoria". Salvar la patria equivale a volver a la normalidad del período prepandemia. Esta posición trumpiana está bastante extendida en amplios sectores conservadores y liberales del mundo occidental, incluyendo España.

Esta estrategia ha sido muy criticada por la gran mayoría de la comunidad científica, incluyendo el comité de expertos que asesora a la Casa Blanca en el tema de la pandemia. Las tensiones entre el Sr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, (y otros miembros del comité científico), por un lado, y el propio presidente, por el otro, son bien conocidas. La elevada popularidad de este experto (la figura más reconocida hoy en EEUU) lo ha protegido de los intentos de la administración por apartarlo del cargo o del comité de expertos. La razón de este rechazo por parte de la comunidad científica es que la pandemia no se resolvería y podría agravarse todavía más, cronificándose y matando a un elevado número de ciudadanos que se considera inaceptable, pues la pandemia podría prolongarse durante un período muy largo, de hasta cinco o más años.

La esperada vacuna contra el virus no será una realidad próximamente

 

El argumento utilizado por los que se muestran favorables a la vuelta rápida a la "normalidad" para negar la posibilidad de que aumente la mortalidad de una manera muy marcada es que se espera que en el corto plazo de algunos meses ya haya disponible una vacuna para prevenir y curar la enfermedad de la COVID-19. Pero existe un gran escepticismo en amplios sectores de la comunidad científica de que esta vacuna pueda desarrollarse, producirse y distribuirse en los próximos meses. Ni que decir tiene que la industria farmacéutica es la mayor promotora de esta tesis, industria que es muy próxima al presidente Trump, cuyas propuestas favorables hacia ella son bien conocidas en aquel país. Aceptando la tesis del descubrimiento y amplio uso de la vacuna en un "futuro próximo", la administración Trump está intentando recuperar la economía inmediatamente, consciente del elevado coste en mortalidad que significará el abandono de los principios científicos enunciados anteriormente, con la suspensión masiva del confinamiento y del distanciamiento social, entre otras medidas salubristas. En esta visión trumpiana, la "recuperación de la normalidad" significa dar prioridad a las grandes inversiones de dinero público para favorecer la recuperación de los elevados niveles de beneficios de las grandes empresas y grupos económicos próximos a la administración Trump (sin condicionar tal ayuda pública masiva al mantenimiento del empleo).

La alternativa progresista a esta estrategia extremista

 

Frente a la alternativa trumpiana, hay una alternativa progresista que las encuestas muestran a los dos lados del Atlántico Norte que es la más popular, y que consiste en desconfinar gradualmente a la población, de manera que la reapertura esté relacionada con el cumplimiento y la mejora en cada una de las condiciones enumeradas al principio del artículo, de manera que cuanto más se cumpla cada condición, mayor sea el grado de apertura. Ello requiere que, como primer paso, se invierta masivamente en los sectores "esenciales" necesarios para el mantenimiento y la sostenibilidad de toda la sociedad y, por lo tanto, de la economía. Entre ellos merecen especial atención los servicios sanitarios y de salud pública, así como los servicios sociales y los de atención personal (conocidos también como la economía de los cuidados), incluyendo los servicios del cuarto pilar del Estado del Bienestar (escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia, entre otros), que son todos ellos necesarios para garantizar la supervivencia, el mantenimiento, la seguridad y el cuidado de la ciudadanía (tanto como trabajadores como consumidores), sin la cual la actividad económica no puede existir. Se propone así un New Deal Social que incluya una gran inversión en los servicios y transferencias del Estado, inversión que, insisto, debería reforzar los servicios de supervivencia, mantenimiento y continuidad de la sociedad, incluida su economía, y que además sería una de las fuentes más importantes para crear empleo. Esta inversión garantizaría una recuperación que minimice la mortalidad y morbilidad (enfermedad), creando además un empleo necesario para facilitar tanto la seguridad y salud de la población como el estímulo para la recuperación económica. Por ejemplo, el desarrollo del 4º pilar del bienestar facilitaría la integración de la mujer en el mercado de trabajo, tal y como ha ocurrido en aquellos países donde existe dicho pilar (como es el caso de los países escandinavos, que tienen el mayor porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo), ya que permite compaginar el proyecto personal a nivel laboral con la responsabilidad familiar (facilitada también por una revolución cultural, corresponsabilizando al hombre en tales tareas familiares). Estas políticas públicas están adquiriendo una gran urgencia hoy como consecuencia del confinamiento de las familias, con el cierre de las escuelas, incluidas las infantiles. El número de puestos de trabajo creados en el desarrollo de estos servicios sociales básicos sería muy grande. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en estos sectores sociales del Estado del Bienestar (hoy, uno de cada diez) que tiene Suecia (uno de cada cinco), España crearía unos 3,5 millones de puestos de trabajo. De ahí la urgencia de que el Estado cree empleo. La muy necesaria renta mínima garantizada que asegure un ingreso mínimo vital debe ser complementada con la universalidad del derecho de acceso a los servicios sanitarios y sociales (incluyendo el 4º pilar del bienestar) que garanticen su vida, salud y bienestar social. El derecho al ingreso mínimo vital debería estar acompañado con el derecho de acceso a los servicios vitales universales.

Hoy existe un gran consenso popular, expresado en el aplauso a las 8 de la tarde hacia los trabajadores de los sectores sanitarios y sociales, sobre la urgente necesidad de cubrir el enorme déficit de personal y recursos en estos servicios. Esta inversión en el New Deal Social es una de las condiciones más importantes para los programas de recuperación económica a fin de resolver, por un lado, la pandemia y, por el otro, prevenir su reaparición, toda vez que se garantiza el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía (objetivo principal de cualquier política pública), así como la seguridad y el mantenimiento del quehacer económico. La pandemia y la enorme crisis que ha creado es la mejor prueba de la importancia de priorizar esta inversión social, siendo el centro de la recuperación.

 

La necesaria reorientación del sector industrial para orientarlo hacia el bien común

 

La recuperación económica tiene que incluir también una gran inversión pública para la recuperación del sector industrial, que debería utilizarse para reformarlo a fin de dar mayor prioridad a la producción orientada al bien común en lugar de estar centrado exclusivamente (como ha sido hasta ahora) en responder a la demanda del consumo individual, determinado por la capacidad adquisitiva de las personas, orientándose así hacia los sectores con mayor capacidad monetaria. Hay que producir respiradores que salven vidas, por ejemplo, en lugar de producir tantos automóviles, y hay que producir mascarillas en lugar de vestidos de lujo. Y hay que enfatizar las energías renovables en lugar de las contaminantes. El New Deal Verde tiene que complementar el New Deal Social. Y para asegurarse de que esta nueva orientación se cumple, el Estado tendría que utilizar la inversión pública, pasando a ser parte de la dirección de algunas empresas, conforme a la cantidad de apoyo financiero que haya aportado. No puede reproducirse lo que ocurrió con la salvación de la banca, que terminó con una enorme pérdida de 60.000 millones de euros públicos, sin haber sido utilizada aquella inversión para una modernización del sector bancario, a fin de que desarrollara una vocación de servicio al bien común, escasamente presente en este sector económico.

En realidad, una gran diferencia entre las dos alternativas -la trumpiana y la progresista- es que la primera, defensora del statu quo (al coste que fuere), ha percibido al Estado como un servidor de la economía, interviniendo solo cuando tiene que corregir los fallos del mercado. En la alternativa progresista, por el contrario, es la economía la que está al servicio de la sociedad y del bien común, con una activa intervención del Estado para garantizar que sea así. En este sentido, el Estado tiene que intervenir activamente en el proceso de reconversión económica. Un ejemplo, entre muchos otros, es el desarrollo de la digitalización y de la inteligencia artificial, que constantemente es presentada como un riesgo (según algunos) o una oportunidad (según otros) para la desaparición del trabajo humano. Que sea lo uno o lo otro depende del contexto político que dirija tal proceso y los objetivos deseados. El mérito o demérito de las nuevas tecnologías depende, pues, de quién las controla. Dejarlas en las manos del mercado, como proponen los conservadores y liberales (y cuya máxima expresión es el trumpismo), es optimizar el poder y beneficios de las empresas y grupos económicos que las controlan. Pero la experiencia también muestra cómo en países donde el Estado ha tenido un mayor protagonismo (como los países escandinavos) estas nuevas tecnologías han servido para redefinir las condiciones del trabajo y permitir una mayor satisfacción y creatividad del mundo trabajador, facilitando una considerable reducción del tiempo de trabajo (ver "Robots won’t make us redundant", de Lars Klingbeil y Henning Meyer, Social Europe, 14.05.2020).

 

¿Cómo se pagará esta reconversión? La necesaria reforma de la política fiscal

 

Por extraño que parezca, la respuesta a esta pregunta no es económica sino política. La pregunta debe reformularse para decir: ¿tiene la sociedad española recursos para financiar esta recuperación? Y la respuesta, apoyada por los datos existentes, creíbles y claros, es afirmativa. España tiene los recursos para pagar su New Deal Social (complementado con el New Deal Verde). El excesivo poder e influencia de las fuerzas conservadoras en la vida política y mediática de España explica la infrafinanciación de sus sectores esenciales, incluyendo, por ejemplo, la sanidad y los servicios de salud pública. España es uno de los países de la UE-15 que gasta menos en su Estado del Bienestar. En sanidad, por ejemplo, invierte solo un 6,4% del PIB, cuando la media en la Unión Europea es del 7,1% y en la UE-15 del 7,2%. Si tal gasto fuera el de la UE-15, tendríamos casi 10.000 millones de euros más para la sanidad.

Las enormes desigualdades de renta y de propiedad que existen en este país, unas de las más altas hoy en el mundo desarrollado, muestran que el problema no es la falta de recursos sino la redistribución de esos recursos, lo cual ocurre por cierto también en la Unión Europea (UE), cuya falta de solidaridad en respuesta a la pandemia está mostrando, una vez más, una carencia de sensibilidad social que podría significar su desaparición como consecuencia de la falta de apoyo popular. La Europa democrática, que fue el sueño y punto de referencia que nos motivó a la resistencia antifascista durante la dictadura, se está convirtiendo en una pesadilla. Que hoy, en medio de la mayor crisis económica que este continente haya experimentado, todavía se insista en la UE en las medidas neoliberales que hicieron tanto daño a las clases populares de este continente es un sinsentido. Hoy están claramente desfasadas, pues hay casi un consenso internacional en que la principal condición para salir de la crisis es precisamente una enorme inversión pública, y debe ser el Estado (desde sus diferentes niveles) el que invierta cantidades nunca vistas antes para esta recuperación.

De ahí que, además de políticas fiscales redistributivas, el crecimiento de la deuda pública sea necesario y urgente, pues sin ella no hay posibilidad de recuperación económica. Incluso el mayor ideólogo neoliberal, conocido por su insistencia en reducir el déficit público durante la Gran Recesión, el Sr. Kenneth Rogoff, de la Universidad de Harvard, no solo tolera, sino que es favorable a un gran aumento del déficit ("tanto como sea necesariopara recuperar la actividad económica"). Y un tanto igual el presidente del Federal Reserve Board, Jerome H. Powell (institución equivalente al Banco Central Europeo y máximo promotor del neoliberalismo en EEUU), que ha pedido al Congreso de EEUU que continúe invirtiendo dinero público hasta que la economía se recupere, sin límite en su déficit. El tema a debate, pues, no es inversión pública sí o no, sino dónde, cuándo y cómo se hace tal inversión, y para el beneficio de quién: o se hace para salvar los intereses particulares del establishment financiero y económico, o para salvar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población, poniendo el bien común por encima de todo lo demás. Ahí es donde está el debate. Y de su resolución depende la vida de todos, incluida la del lector de este artículo.

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Qué significa la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

Se trata de una decisión inédita y temporal para que los gobiernos de la Unión Europea liberen el gasto público y asuman los costos de la pandemia.

El Covid-19 arrasó con muchas cosas: vidas humanas, la libertad, tal vez la sensación de que éramos eternos y algunos de los cimientos que habían sustentado la construcción liberal del mundo y el híperconsumo exterminador. En Europa, ese cimiento se llamaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

Ante el congelamiento de las economías y la crisis sanitaria que la provocó, la Comisión Europea determinó la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento cuyo principal postulado consistía en obligar a los Estados miembros de la Unión a mantener bajo estricto control el déficit público (3%) y la deuda (60% del PIB). 

Ha sido, desde su aprobación en junio de 1997, la disposición más criticada por las oposiciones políticas de izquierda y el instrumento mediante el cual Alemania trasladó a sus socios europeos su propia disciplina fiscal. Se trata de una decisión inédita para que los gobiernos liberen el gasto público y asuman los costos de la pandemia.

Es la primera vez en la historia que Bruselas hace jugar la llamada “cláusula de escape general” prevista en casos de crisis graves. Esta disposición ni siquiera se puso en juego durante la crisis financiera de 2008. La UE optó entonces por un plan de reactivación por un monto de 200.000 millones de euros. Salvaron a los bancos mientras que ahora necesitan salvar a la gente, a las empresas, los puestos de trabajo y las economías.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció que “esto nunca se ha hecho antes”. La meta, en todo, caso, equivale a que “los Gobiernos nacionales pueden inyectar en la economía todo necesario”. El pacto de estabilidad ha sido desde el inicio el jinete apocalíptico que, al mismo tiempo que introdujo una disciplina fiscal drástica, privó a los Estados de su libertad de acción. 

El virus acabó devolviéndole a los gobiernos lo que la crisis bancaria de 2008 y la siguiente de 2011 no habían conseguido. Alemania y Holanda, los padres titulares del rigor en el seno de la zona euro, fueron esta vez, al menos temporalmente, derrotados por el coronavirus y las abismales necesidades que la pandemia plantea a los poderes públicos. La suspensión del Pacto de Estabilidad es temporal, pero con ella cae uno de los símbolos más negativos de la construcción europea iniciada después de la Segunda Guerra Mundial y reforzada luego con la instauración de la moneda única, el Euro, mediante el Tratado de Maastricht (1992) que abrió la ruta para la Unión Económica y Monetaria diseñada en 1990. 

A diferencia de las dos crisis precedentes que azotó a la zona euro, ahora no se trata de reaccionar ante los mercados ofuscados por la gestión de las cuentas públicas sino de una crisis mundial, mutante e imprevisible. El camino ascendente es doble: por un lado, contar con los medios necesarios para luchar contra el coronavirus, por el otro, crear las condiciones para una posterior reactivación de las economías. El dinero público servirá a evitar los despidos, el desempleo en masa y, por consiguiente, la quiebra masiva de las empresas y la posterior recesión.

En 2008 los Estados salvaron al sistema, en 2020 el sistema hace una pausa para salvarse a si mismo concediéndole autonomía presupuestaria a los Estados. Sin embargo, no hay soluciones mágicas. 

La suspensión del Pacto de Estabilidad también trajo a las orillas europeas tres ideas que, antes, eran la peste: mutualizar los costos de la crisis, lanzar una suerte de “corona empréstito” o activar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES). Este dispositivo está dotado de una capacidad de préstamo de 410 mil millones de euros que pueden ser prestados sin condición a los Estados. Esta tercera opción es la que mejor conviene a la visión fiscal de Alemania y Holanda porque el MES es, de hecho, una suerte de ente intergubernamental supervisado por los Parlamentos. Tiene, no obstante, una contrapartida bien conocida y sufrida por los griegos, o sea, la obligación de llevar a cabo ajustes y reformas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pugna por el lanzamiento de un “eurobono” que asentiría una emisión de deuda común a todos los países de la Unión, pero su idea choca con la hostilidad de la canciller alemana Angela Merkel. No hay todavía un acuerdo dentro de la UE en torno a un plan de estimulo fiscal supervisado por la Unión Europea. El Banco Central Europeo desbloqueó 750.000 millones de euros destinados a los estragos causados por el coronavirus, pero ello no tiene el mismo alcance que una solución global. Europa se desgarra en tres planos: el de la salud, el de sus economías y, una vez más, en el plano de la dificultad para elaborar un consenso. 

Pese a que, como lo señaló el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, el “único punto común de comparación que existe son las dos guerras mundiales y la recesión de 1929”, no se plasma una línea común. Los ciudadanos de muchos países de la UE están confiados en sus casas y la Unión Europea sigue confinada en sus históricas desavenencias entre una visión ultraliberal y disciplinada y otra menos sacrificante.

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EEUU consagra su hegemonía militar en el mundo y triplica los recursos bélicos de su rival, China

El ranking de Global Firepower constata la supremacía del ejército de EEUU, por su arsenal atómico y sus operativos bélicos en el ámbito naval y aéreo, por delante de Rusia y China, que acorta distancias con sus presupuestos de crecimientos anuales intensos. 

La multinacional armamentística y consultora de seguridad Global Firepower acaba de publicar su ranking 2019 sobre el poder militar en el mundo. Una fuente de datos a la que acuden tanto los expertos en asuntos de Defensa, como altos cargos de los ejércitos de todo el planeta, o investigadores en su cometido de acceder a los últimos movimientos tácticos en un tema sobre el que la práctica totalidad de las naciones guarda una escrupulosa ocultación. Impera la ley del silencio. Sin embargo, esta corporación se ha convertido en la más recurrente referencia sobre la capacidad real de los distintos ejércitos. Hasta el punto de haber superado las históricas bases de datos de la CIA.

Su clasificación diagnostica 55 factores que determinan su nota final. Es su Índice de Poder que analiza en 137 países, después de que en esta edición se sumara a su repertorio Moldavia y que, en esta ocasión -según resaltan los autores del estudio- ha cambiado su metodología para ganar en precisión, enfatizan.

Los datos que manejan son el resultado de su acceso a una amplia variedad de especificidades de la capacidad armamentística de cada país. Con especial atención -destacan- a la productividad y eficiencia de la mano de obra que contribuye a la escalada y a la modernización de los distintos ejércitos, así como a parámetros geográficos, el acceso a fuentes naturales o el estatus de las industrias vinculadas a la producción de los arsenales militares.

En su calificación también otorgan puntuaciones específicas adicionales a las naciones con la vitola de potencias atómicas o a los socios de la OTAN, con el propósito de calibrar su valoración real dentro de una organización que comparte recursos operativos, financieros y estratégicos y que tienen fijado en sus estatutos un concepto de defensa colectiva en caso de ataque a alguno de sus miembros.

El ranking de Global Firepower constata la supremacía militar de EEUU y Rusia. En consonancia a otros informes metodológicos que otorgan a las dos grandes superpotencias nucleares el cetro del poder bélico mundial. Aunque ambas redujeron sus arsenales atómicos en 2018; una especie de tregua momentánea, un paso hacia atrás para tomar impulso. Porque en las dos se avecina un inminente incremento de sus censos armamentísticos, al calor de sus respectivos procesos de modernización de sus ejércitos, que elevarán en próximos años, aún más, su poder nuclear en una carrera sin cuartel a la que ha dado alas sus sendos abandonos -propiciado por la salida unilateral, una vez más, de la Administración Trump- de los tratados de no proliferación.

El resto de las siete potencias atómicas, en cambio, aumentaron su capacidad destructiva. De forma que, al inicio de este año, había 13.865 cabezas nucleares. Así lo atestigua el Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI, según sus siglas en inglés), un "think tank" con sede en Estocolmo y considerada la máxima autoridad independiente en la vigilancia armamentística de las grandes potencias.

La metodología de Firepower concede una nota de 0,0000 a la "meta inalcanzable, en realidad", según reconocen, de una supremacía plena. Pero que, sin embargo, sirve para evaluar bajo unos mismos parámetros, la capacidad armamentística de cada país analizado. Cuanto más próximo esté una nación de esta calificación, más capacidad militar posee.

Con estos criterios, estos son los veinticinco ejércitos más poderosos del planeta, por orden decreciente.

25. Arabia Saudí 

Rating de su Índice de Poder: 0,4268. Con una población de 33 millones de habitantes, destina 230.000 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 848 aviones, las decimosegundas del mundo, de los que 244 son de combate; 1.062 tanques y vehículos acorazados; 55 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 70.000 millones de dólares.

24. Polonia

Rating de su Índice de Poder: 0,4059. Con una población de 38,4 millones de habitantes, destina 105.000 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 469 aviones, en el puesto vigesimoséptimo del mundo, de los que 93 son de combate; 1.100 tanques y vehículos acorazados; 83 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 9.360 millones de dólares. Miembro de la OTAN.

23. Vietnam

Rating de su Índice de Poder: 0,3988. Con una población de 97 millones de habitantes, destina 5,4 millones de efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 318 aviones, en el puesto trigésimo tercero del mundo, de los que 108 son de combate; 2.575 tanques y vehículos acorazados; 65 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 3.365 millones de dólares.

22. Taiwán

Rating de su Índice de Poder: 0,3956. Con una población de 23,5 millones de habitantes, destina 1,8 millones de efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 837 aviones, en el puesto decimotercero del mundo, de los que 286 son de combate; 1.885 tanques y vehículos acorazados; 87 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 10.725 millones de dólares.

21. Canadá

Rating de su Índice de Poder: 0,3941. Con una población de 35,8 millones de habitantes, destina 94.000 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 384 aviones, en el puesto trigésimo primero del mundo, de los que 53 son de combate; 80 tanques y vehículos acorazados; 63 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 21.200 millones de dólares. Miembro de la OTAN.

20. España

Rating de su Índice de Poder: 0,3921. Con una población de 49,3 millones de habitantes, destina 139.500 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 522 aviones, en el puesto vigésimo tercero del mundo, de los que 136 son de combate; 327 tanques y vehículos acorazados; 46 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 11.600 millones de dólares. Miembro de la OTAN.

19. Australia

Rating de su Índice de Poder: 0,3277. Con una población de 23,4 millones de habitantes, destina 79.700 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 467 aviones, en el puesto vigésimo octavo del mundo, de los que 78 son de combate; 66 tanques y vehículos acorazados; 47 buques de guerra (dos de ellos portaviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 26.300 millones de dólares.

18. Corea del Norte

Rating de su Índice de Poder: 0,3274. Con una población de 25,3 millones de habitantes, destina 7,58 millones de efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 949 aviones, en el puesto undécimo del mundo, de los que 458 son de combate; 6.075 tanques y vehículos acorazados; 967 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 7.500 millones de dólares. Potencia nuclear.

17. Israel

 Israel. Rating de su Índice de Poder: 0,2964. Con una población de 8,4 millones de habitantes, destina 615.000 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 595 aviones, en el puesto décimo octavo del mundo, de los que 253 son de combate; 2.760 tanques y vehículos acorazados; 65 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 19.600 millones de dólares. Potencia nuclear no reconocida.

16. Indonesia

Rating de su Índice de Poder: 0,2804. Con una población de 262,7 millones de habitantes, destina 800.000 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 451 aviones, en el puesto trigésimo del mundo, de los que 41 son de combate; 315 tanques y vehículos acorazados; 221 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 6.900 millones de dólares.

15. Pakistán

Rating de su Índice de Poder: 0,2798. Con una población de 207,8 millones de habitantes, destina 1,2 millones de efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 1.342 aviones, en el puesto séptimo del mundo, de los que 348 son de combate; 2.200 tanques y vehículos acorazados; 197 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 7.000 millones de dólares. Potencia nuclear.

14. Irán

Rating de su Índice de Poder: 0,2606. Con una población de 83,02 millones de habitantes, destina 873.000 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 509 aviones, en el puesto décimo séptimo del mundo, de los que 142 son de combate; 1.634 tanques y vehículos acorazados; 398 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 6.300 millones de dólares.

13. Brasil

Rating de su Índice de Poder: 0,2487. Con una población de 208,8 millones de habitantes, destina 1,6 millones de efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 706 aviones, en el puesto décimo sexto del mundo, de los que 43 son de combate; 437 tanques y vehículos acorazados; 110 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 29.300 millones de dólares.

12. Egipto

Rating de su Índice de Poder: 0,2283. Con una población de 99,4 millones de habitantes, destina 920.000 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 1.092 aviones, en el puesto noveno del mundo, de los que 211 son de combate; 2.160 tanques y vehículos acorazados; 319 buques de guerra (de los que dos son portaviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 4.400 millones de dólares.

11. Italia

Rating de su Índice de Poder: 0,2277. Con una población de 62,2 millones de habitantes, destina 357.000 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 831 aviones, en el puesto décimo cuarto del mundo, de los que 94 son de combate; 200 tanques y vehículos acorazados; 137 buques de guerra (de los que cinco son portaviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 29.200 millones de dólares. Miembro de la OTAN.

10. Alemania

Rating de su Índice de Poder: 0,2097. Con una población de 80,4 millones de habitantes, destina 208.641 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 613 aviones, en el puesto vigésimo sexto del mundo, de los que 122 son de combate; 900 tanques y vehículos acorazados; 81 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 49.100 millones de dólares. Miembro de la OTAN.

9. Turquía

Rating de su Índice de Poder: 0,2089. Con una población de 81,2 millones de habitantes, destina 735.000 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 1.067 aviones, en el puesto décimo del mundo, de los que 207 son de combate; 3.200 tanques y vehículos acorazados; 194 buques de guerra y un presupuesto destinado a Defensa de 8.600 millones de dólares. Miembro de la OTAN.

8. Reino Unido

Rating de su Índice de Poder: 0,1797. Con una población de 65,1 millones de habitantes, destina 233.000 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 811 aviones, en el puesto décimo quinto del mundo, de los que 129 son de combate; 331 tanques y vehículos acorazados; 76 buques de guerra (un porta-aviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 47.500 millones de dólares. Miembro de la OTAN. Potencia nuclear.

7. Corea del Sur

Rating de su Índice de Poder: 0,1761. Con una población de 51,4 millones de habitantes, destina 5,8 millones de efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 1.614 aviones, en el puesto quinto del mundo, de los que 406 son de combate; 2.654 tanques y vehículos acorazados; 166 buques de guerra (un porta-aviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 38.300 millones de dólares.

6. Japón

Rating de su Índice de Poder: 0,1707. Con una población de 126,1 millones de habitantes, destina 303.157 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 1.572 aviones, en el puesto sexto del mundo, de los que 297 son de combate; 1.004 tanques y vehículos acorazados; 131 buques de guerra (de los que cuatro son portaviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 47.000 millones de dólares.

5. Francia

Rating de su Índice de Poder: 0,1584. Con una población de 67,3 millones de habitantes, destina 388.635 efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 1.248 aviones, en el puesto octavo del mundo, de los que 273 son de combate; 1.004 tanques y vehículos acorazados; 118 buques de guerra (de los que cuatro son portaviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 40.500 millones de dólares. Miembro de la OTAN. Potencia nuclear.

4. India

Rating de su Índice de Poder: 0,1065. Con una población de 1.296,8 millones de habitantes, destina 3,4 millones de efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 2.082 aviones, en el puesto cuarto del mundo, de los que 520 son de combate; 4.184 tanques y vehículos acorazados; 295 buques de guerra (un porta-aviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 55.200 millones de dólares. Potencia nuclear.

3. China

Rating de su Índice de Poder: 0,0673. Con una población de 1.384,6 millones de habitantes, destina 2,6 millones de efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 3.187 aviones, en el puesto tercero del mundo, de los que 1.222 son de combate; 13.050 tanques y vehículos acorazados; 714 buques de guerra (un porta-aviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 224.200 millones de dólares. Potencia nuclear.

2. Rusia

Rating de su Índice de Poder: 0,0639. Con una población de 142,1 millones de habitantes, destina 3,5 millones de efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 4.078 aviones, en el puesto segundo del mundo, de los que 869 son de combate; 21.932 tanques y vehículos acorazados; 352 buques de guerra (un porta-aviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 44.000 millones de dólares. Potencia nuclear.

1. EEUU

Rating de su Índice de Poder: 0,0651. Con una población de 329,2 millones de habitantes, destina 2,1 millones de efectivos a su ejército (cifra estimada). Dispone de unas fuerzas aéreas de 13.398 aviones, en el puesto primero del mundo, de los que 2.362 son de combate; 6.287 tanques y vehículos acorazados; 415 buques de guerra (de los que 24 son portaviones) y un presupuesto destinado a Defensa de 716.000 millones de dólares. Miembro de la OTAN. Potencia nuclear.

 

madrid

23/10/2019 07:56 Actualizado: 23/10/2019 07:56

Por DIEGO HERRANZ

Publicado enInternacional
Miércoles, 19 Junio 2019 06:12

Teoría monetaria: la moderna controversia

Teoría monetaria: la moderna controversia
En los últimos años ha surgido una importante polémica sobre lo que se conoce como la teoría monetaria moderna (TMM). Se trata de una visión macroeconómica sobre la creación monetaria por parte del Estado y su funcionamiento en una economía desarrollada. La TMM estuvo relegada hasta hace poco a seminarios académicos en pocas universidades estadunidenses, pero desde que la recogieron Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en un tema de gran popularidad en el debate político.

Uno de los más importantes méritos de la TMM es que rompe de golpe con el dogma central de la macroeconomía clásica sobre el financiamiento del Estado. Ese dogma dice que cuando el gobierno quiere financiar un programa debe hacer una de dos cosas: incrementar los impuestos o endeudarse. La TMM dice que existe una tercera opción: el Estado puede crear dinero y utilizarlo para financiar cualquier proyecto que desee, incluyendo erigir nuevos hospitales y universidades. Por supuesto, todo esto suena muy atractivo para una política de izquierda que quiere romper con los dogmas neoliberales.

Para los autores que han desarrollado la TMM, el único límite para el financiamiento por la vía de la creación monetaria es el de la inflación. Pero si uno considera la experiencia de Estados Unidos, la eurozona y Japón, se observa que este problema no se manifiesta como piensa la teoría monetaria ortodoxa. Japón entró en una recesión deflacionaria a principios de los años 1990 y el gobierno aplicó una política de flexibilización monetaria consistente en inyectar liquidez en el mercado financiero con una tasa de interés cercana a cero para reanimar la economía. Desde entonces la economía se mantuvo con un crecimiento mediocre y la inflación nunca se materializó.

Después de la crisis financiera, Estados Unidos aplicó tres programas de flexibilización cuantitativa que resultaron en una inyección de 4.4 billones (castellanos) de dólares al sistema financiero. Y a pesar de los gritos estridentes de los economistas ortodoxos sobre la hiperinflación, que según ellos iba a desatarse, hoy la Reserva Federal sigue sin poder alcanzar su meta de inflación. Y Powell, el jefe de la Fed, ya ha anunciado que no sólo no continuará el programa de alzas en la tasa de interés líder (la famosa normalización), sino probablemente se va a reducir en las semanas próximas.

En Europa ha sucedido algo similar, y Mario Draghi señaló apenas ayer que el Banco Central Europeo lanzará una nueva ola de estímulos para la economía. Su anuncio incluyó una referencia a la posibilidad de retomar la política de flexibilización monetaria si las tensiones recesivas siguen manifestándose en la eurozona.

Estos ejemplos parecen confirmar uno de los principales enunciados de la teoría monetaria moderna: un Estado que tiene control sobre su moneda puede financiar sus proyectos de desarrollo económico con sólo imprimir dinero. El nivel de endeudamiento no es importante, porque dicho país nunca caerá en insolvencia. Pero hay que aclarar varios problemas. Hay diferencias entre la forma en que se ha puesto en práctica la flexibilización cuantitativa y lo que los políticos como Bernie Sanders proponen hacer con esta nueva creación monetaria. Hasta ahora el dinero creado por la flexibilización cuantitativa no entró directamente en los canales de la economía real, sino que se quedó en los circuitos del sistema financiero. La inyección de dinero de alto poder en la economía real es un asunto más delicado y requiere mayor atención.

El tema de la inflación es otro punto clave en el debate sobre la TMM. En general, la ortodoxia ha mantenido que las presiones inflacionarias siempre vienen por el lado de la demanda. Pero la historia económica de Estados Unidos y Japón en los últimos cinco decenios demuestra que las presiones inflacionarias han provenido del lado de la oferta, por aumentos en costos, choques externos (bloqueo petrolero) o por poder oligopólico en industrias clave. Pero si el miedo a la inflación por el lado de la expansión monetaria es infundado, los autores que proponen la TMM (Stephanie Kelton y Randall Wray), si son cuidadosos y señalan que en la medida en que los recursos reales de una economía se utilizan al máximo, la inflación puede convertirse en un problema serio.

La TMM es un instrumento político importante para el discurso de la izquierda en Estados Unidos y Europa. Pero es probable que el privilegio de aplicar la teoría monetaria moderna estaría reservado a un pequeño club de países cuya moneda es al mismo tiempo medio de pagos internacionales y reserva de valor para otros bancos centrales. Para otras naciones que no están en esa categoría, como México y el resto de América Latina, habría que explorar hasta qué punto las enseñanzas de la TMM podrían ser de utilidad. De todos modos, es claro que la TMM muestra una vez más que los dogmas neoliberales sobre política macroeconómica son sólo eso, mitos creados por una teoría económica obsoleta y lógicamente desacreditada.

Twitter: @anadaloficial

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Los estudiantes salen a defender la universidad

Cientos de miles de docentes y estudiantes se manifestaron en todo el país, manteniendo la vitalidad mostrada el 15 de mayo o “15M”.

Por segunda vez en quince días los estudiantes se movilizaron en una centena de ciudades para defender la educación pública y contra el recorte presupuestario ordenado por Jair Bolsonaro y su ministro de Educación, el circense Abraham Weintraub. La primer concentración comenzó a las 10 de la mañana en Brasilia donde miles de jóvenes marcharon hacia el Congreso. Fueron movilizadas tropas federales, como si el acto amenazara la seguridad nacional, y hubo represión.

La marcha más esperada ocurrió a la tarde en San Pablo, coincidiendo con la visita del ex presidente Barack Obama, al convite de un grupo de empresas multinacionales. Obama hizo un discurso que tal vez haya sido bien recibido por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) brasileña y seguro resultó indigesto para Bolsonaro. Recomendó que los profesores sean “debidamente valorados” con salarios a la altura de su papel en la sociedad porque “dar una buena educación no es caridad, es algo necesario para el desarrollo económico de un país”.
El panorama observado al cierre de esta crónica, cuando aún no habían concluido las marchas en San Pablo y Río de Janeiro, mostraba que la capacidad de convocatoria de la UNE, la UBES (Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios), y de los profesores mantiene la vitalidad mostrada el 15 de mayo o el “15M”, una fecha bisagra en el enfrentamiento al gobierno que mañana cumplirá cinco meses de gestión, en los que perdió alrededor de veinte puntos de aprobación. Es casi seguro que ayer no se movilizaron 1,5 o 2 millones de personas como ocurrió el 15M, pero sí cientos de miles, y esto es un aliciente de cara a la huelga general convocada para el próximo 14 de junio por todas las organizaciones sindicales.


Las protestas de este jueves y la huelga del mes que viene, que tendrá como principal bandera el rechazo a la reforma previsional, están “totalmente ligadas”, aseguró Mayara Souza, presidenta de la Unión Estadual de los Estudiantes de San Pablo. “Este gobierno chantajista y autoritario” quiere condicionar la revisión del recorte del 30 por ciento de gastos de la educación a la aprobación de la reforma jubilatoria, sostuvo. “Los banqueros no pagan impuestos y quieren que la educación y los más pobres paguen el pato de la crisis económica”, arengó la joven a las cuatro y media de la tarde en el Largo da Batata, oeste de la ciudad, cuando las batucadas marcaban el ritmo. De allí iban a partir las columnas hacia la Avenida Paulista. Los organizadores dijeron que a esa hora ya había 50 mil personas. Las imágenes en las redes sociales indicaban que había un considerable número de personas que iba al acto principal previsto para las 20 horas en el Museo de Arte de San Pablo. A las 18 horas la cadena Globo, a la que no se le puede reprochar favoritismo por los estudiantes, informó que había actos en 92 ciudades de 23 de los 27 estados de la Unión. En ese momento miles de personas se encontraban frente a la iglesia de la Candelaria en el centro de Río de Janeiro, aguardando para comenzar la movilización.


En Salvador de Bahía, nordeste del país, la capital con más proporción de habitantes afrodescendientes, la movida arrancó poco antes del mediodía en el Largo de Campo Grande, zona céntrica, donde fue desplegado un pasa calles blanco con letras rojas: “Bolsonaro sacá las manos de la educación pública, porque ella es nuestra”.


Los estudiantes de San Pablo, Río, Brasilia y Salvador de Bahía, en general recibieron el saludo y hasta el aplauso del público. La pelea por la educación ganó contornos de demanda compartida por amplios sectores populares y de las clases medias, incluso con la simpatía de estudiantes de escuelas privadas. De ese sector proviene el público que ayer fue a escuchar a Obama, y lo aplaudió cuando aconsejó más fondos para escuelas y universidades.


El capitán retirado del Ejército Bolsonaro concibió el enfrentamiento como una forma de guerra propia contra los estudiantes, y está descubriendo que su táctica puede haber sido ser un boomerang. El domingo pasado decenas de miles de bolsonaristas salieron en su defensa con consignas apologéticas de la dictadura y en favor del autogolpe a través del cierre del Congreso. Globo y la mayoría de los medios poderosos intentaron disimular a los extremistas. Una faena difícil, dado que las tesis radicales son expresadas por el mandatario y su ministro de Educación Abraham Weintraub, que esta semana volvió a defender el ingreso de la policía en los campus, lo que está prohibido por la Autonomía universitaria. Ayer pidió a los padres de estudiantes secundarios que delaten a los profesores sospechados de izquierdistas.


Weintraub sorprende por vía doble: presenta argumentos del gurú de la extrema derecha Olavo de Carvalho en perfomances que lindan con lo ridículo. Así sucedió ayer cuando grabó un video para denostar lo que él llamó “lluvia de fake news” contra el gobierno, munido de un paraguas y meneándose al ritmo de la canción Danzando bajo la Lluvia.


Mucho más que un recorte


Por Andrés Ferrari Haines

Desde Porto Alegre*


En Brasil, los estudiantes marcharon de nuevo, continuando la gran marcha del 15 de mayo, cuando dos millones se movilizaron en todos los estados del país. En Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, San Pablo y Río de Janeiro, las imágenes fueron impactantes. Escenas pocas veces vistas en Brasil.


El domingo los bolsonaristas marcharon en respuesta. Y la concurrencia resultó bastante pobre. Sólo en San Pablo y Rio de Janeiro fueron de consideración, pero bastante inferiores a la de los estudiantes. En el resto, sólo puñado de personas. Grabaciones difundidas por las redes muestran algunas hasta cómicas, con mucho ruido de altavoces y pocas nueces... Había expectativa porque, aunque el presidente viene perdiendo credibilidad y apoyo a alta velocidad, en octubre obtuvo casi 58 millones de votos y porque se comunica a través de las tinieblas de las redes. Hashtags en su favor fueron líderes; algunos, a nivel mundial, difundidos con beneplácito por bolsonaristas. Sólo que aparecían con banderas de Brasil y EE.UU., indicando el origen doble de sus seguidores. En efecto, en el apuro, un hashtag apoyaba a “Boldonaro”... Por eso, los estudiantes se convocaron confiados: los robots no marchan.

La gran movilización de los estudiantes se gestó contra el fuerte recorte educativo del gobierno que deja a las universidades sin recursos para funcionar en septiembre. El rechazo se hizo social, distintos sectores afirmando que la educación es esencial para el país. Incluso estudiantes secundarios participaron entendiendo que se busca desmantelar la educación pública: es decir, cuando tengan edad, no tendrán universidades. No se equivocan. El ministro de Educación Weintraub dejó claro su desinterés en la educación pública. Sin presentar datos, pero en contradicción con ellos, afirmó que las universidades públicas son de bajo nivel y de peor calidad que las privadas. En las listas de mejores universidades elaboradas en Brasil y en otros países, no sólo las públicas dominan los rankings nacionales sino, también, algunas se destacan en los internacionales. Esa actitud del ministro, además, es congruente con otros proyectos de arancelar o desfinanciar las áreas sociales y humanas. Bolsonaro directamente llamó imbéciles e idiotas útiles a los estudiantes que, azuzados, dicen que le respondieron con esta segunda marcha porque “sin educación, alcanza con Bolsonaro”.


Las reacciones bolsonaristas también revelaron, ya sin ningún maquillaje, su lado autoritario. Convocaron su marcha del domingo con agresiones al Congreso y a la Corte, generando un clima de posible autogolpe. Varios sectores se pronunciaron en contra de este tono antidemocrático: el ejército, partidos aliados y miembros de su propio partido, hasta grandes medios de comunicación. La alianza de Bolsonaro se quebró. Bolsonaro, que había avalado el embate a los otros dos poderes, intentó despegarse. Pero hubo el domingo demandas en favor del cierre del Parlamento y de la Corte.


El apoyo inicial del presidente había tenido un fuerte fundamento personal. En el Congreso no avanzan las propuestas neoliberales de su “superministro” Guedes –en particular, la reforma previsional–, mientras muchos parlamentarios coinciden, con parte de la sociedad, en que Bolsonaro no tiene capacidad para gobernar. Impeachment se escucha fuerte –sobre todo en la derecha, que considera que las medidas sólo avanzarán si asume su vice, el General Mourão–. En la justicia, su hijo Flavio está siendo investigando por lavado de dinero y asociación ilícita junto a casi cien personas, incluyendo la esposa del presidente. Sus socios serían los para-policías cariocas vinculados con el asesinato de Marielle Franco. Según el conocido periodista Luis Nassif, de las tres hipótesis sobre el crimen, una está relacionada con el presidente.


La segunda marcha por la educación es parte de la batalla por las calles que se instaló en Brasil. Hecho novedoso en una sociedad, hasta ahora, poca politizada. Curiosamente, fue la autodenominada “nueva derecha” la que inició esta forma de disputa política cuando se movilizó en contra Dilma Rousseff, primero en 2013 y, después, en 2015. Grupos como “Vení a la calle” y “Movimiento Brasil Libre” que estuvieron detrás de ellas y de las del triunfo de Bolsonaro, hoy se alejan del gobierno. Pero la disputa se mantiene. Y la marcha por la educación dejó de ser vista por los estudiantes como meramente contra un recorte para entenderse como una crítica al proyecto de país del actual gobierno. Y la educación pública expresa la diferencia entre ellos: el domingo bolsonaristas arrancaron vivando un cartel en defensa de la educación en la Universidad de Paraná. Conscientes de esto, los estudiantes dicen que ayer las clases fueron en las calles -y que las próximas clases callejeras se dictarán en la huelga general del 14 de junio.


* Profesor UFRGS (Brasil) @Argentreotros.

 

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Duquismo, modelo de Desarrollo y política fiscal 2019-2022

Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

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La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

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Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

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Asumir el reto histórico de crear un nuevo ethos cultural y recrear la Universidad

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los estudiantes, en diciembre pasado, tras dos meses de paro en las 32 universidades públicas del país, lo ha valorado la opinión pública como un éxito. Aunque transciende más lo simbólico que lo real, expresan algunos desde otra orilla. En todo caso, su peso y su significado lo señalarán los estudiantes en las asambleas citadas para los primeros días de reingreso a labores en todos y cada uno de los centros de estudio comprometidos en esta lucha.

 

La agenda de tal lucha –financiamiento, autonomía, democracia y garantías para la movilización–, en la práctica, quedó centrada en la primera de las reivindicaciones. Todas ellas mantienen vigencia y pueden ser elevadas para el debate en las mesas de trabajo aprobadas dentro del acuerdo, debates que deben llegar a un punto crucial: el futuro de la Universidad misma, con su carácter público y gratuito por establecer tras otras muchas jornadas de lucha que conocerá el país.

 

¿Cómo lograr este carácter público de la Universidad, abierta a los miles de estudiantes que terminan bachillerato cada año? ¿Cómo lograr que la educación superior, íntegra, sea una preocupación y una prioridad nacionales? ¿Cómo articular de manera virtuosa los ciclos educativos, para que todo el proceso educativo, desde 0 y hasta último nivel, constituyan apartes de un mismo tronco? ¿Cómo hacer para que su rol central esté inspirado en las necesidades y el proyecto de país que defina la sociedad toda? ¿Cómo conseguir que esté a la altura de las demandas de la crisis sistémica que vive la sociedad global en campos como el ambiental y el social? ¿Cómo diseñar sus retos actuales para que de verdad responda a los requerimientos de las revoluciones científica –tercera– e industrial –cuarta–, que hoy han llevado al sistema capitalista y su soporte central –democracia– a una crisis sin precedentes?

 

 Adentrarse –para buscar respuestas adecuadas a estos y otros muchos interrogantes– en el carácter del sistema educativo y de la Universidad en particular (pág. 8-9) es una pista para ello. Otro camino en tal senda (pág. 6) es la reestructuración del sistema educativo, poniéndolo patas arriba, como vía para generar un nuevo ethos cultural. Hacerlo con la potencia de lo social (pág. 10-11), sabiendo valorar los tiempos y la fuerza de las mayorías, es parte del método que nos llama a propiciar y saber articular agendas entre los sectores activos y alternativos de lo social, para entre todos arrinconar a quienes impiden que nuestra sociedad se encamine por un camino de justicia que tiene como base la satisfacción de los Derechos Humanos, todos, entre ellos el derecho a una educación plena, universal, gratuita, laica, abierta a lo mejor del conocimiento global, en que su dinámica diaria no esté marcada por la productividad, la eficiencia, las apariencias, todo aquello que pretende sumir en las formas a los estamentos universitarios para alejarlos del debate crítico, esencia misma de la educación.

 

Son éstos los interrogantes y los retos que hoy la sociedad puede encarar como un solo cuerpo y resolver de igual manera. Los tiempos lo permiten, y también las circunstancias en que irrumpimos.

 

Abrir las puertas para que así sea pasa por encarar debates en todos los niveles y en todos los espacios sociales, a la vez que copar el escenario nacional con las voces que compartan la necesidad de enfrentar estos retos.

 

El movimiento universitario que logró el acuerdo económico con el actual presidente Iván Duque presenta características inéditas. Es la primera vez que participan tanto directivas, como el profesorado y el estudiantado en un proyecto común: salvar la universidad pública. El vigor del movimiento tuvo como acicate superar un peligro existencial. La sociedad en su conjunto acompañó al movimiento en el proyecto.

 

La conciencia de ese peligro se fue incubando poco a poco. Habrá que reconstruir el proceso que convirtió el tema de las finanzas universitarias en asunto central para la supervivencia de la Universidad. En las reuniones de los rectores, que tiene como escenario el llamado SUE (sistema universitario estatal), los agobios presupuestales estaban siempre en primer plano. Aspu (Asociación de profesores Universitarios) denunciaba sistemáticamente el deterioro constante de los recursos del presupuesto general de la nación asignado a las universidades. Las organizaciones estudiantiles captaron las consecuencias de ese estado de cosas y se sincronizaron con las directivas y el profesorado.


Ese proceso de deterioro tuvo, sin embargo, un punto de inflexión: el programa Ser pilo paga (SPP) Recordemos brevemente cómo surgió ese proyecto. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se quiso imponer una reforma en la normativa universitaria para facilitar la creación de universidades con ánimo de lucro. Los estudiantes y un núcleo de profesores denunció inmediatamente el propósito último de la iniciativa: liquidar la universidad pública. Los estudiantes se organizaron en la Mane y enfrentaron en la calle la defensa de la Universidad. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en su propósito pero luego inventó el programa Ser Pilo Paga.

 

Este programa partía de un supuesto perverso. En una sociedad donde por la paga los magistrados dictan sentencias, proponerles a los jóvenes de las familias de los trabajadores que por la paga debían esforzarse para obtener un cupo en una universidad privada era una broma macabra. En términos financieros el programa que beneficiaba a 40.000 estudiantes costaba 3.5 billones, mientras la matrícula total de las universidades pública (611.000 estudiantes) recibía 2.93 billones. Esa desproporción en la asignación de los recursos develó el sinsentido de la política gubernamental y aceleró la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto acerca del peligro existencial en que el gobierno colocaba a la universidad pública.

 

El reciente acuerdo entre el gobierno y los estudiantes ha sido valorado como un éxito y simultáneamente se han hecho las advertencias acerca de la necesidad de monitorear el cumplimiento del mismo y mantenerse vigilantes. Pero hay un componente del acuerdo que mira hacia el futuro. Se conformaron mesas de trabajo para tratar temas, por ejemplo, la función del Icetex, que permiten avanzar en una dirección más ambiciosa: el futuro de la Universidad misma. La Universidad arrastra una crisis que se remonta a cincuenta años atrás. Estamos recordando a Mayo del 68. La tensión esencial de esa crisis la crea el tránsito de la Universidad como institución para formar pequeñas élites a la Universidad como ciclo universal de formación de las nuevas generaciones.

 

Jean François Lyotard le dio forma sintética a las paradojas desencadenadas por esa perspectiva. En su famoso Informe sobre el saber donde formuló la pauta que nombró como Condición postmoderna, le decreta la muerte a la Universidad y le da partida de nacimiento a los institutos politécnicos. La dedicatoria de tal informe, que califica de “escrito de circunstancias” dice lo siguiente: “Tal y como está lo dedicamos al Instituto Politécnico de filosofía de la Universidad de París VIII (Vincennes), en el momento muy postmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instituto a nacer”1.

 

Ahora bien, no todo Instituto tiene garantizada su existencia. Sólo los que cumplan los requisitos exigidos por los administradores de los negocios capitalistas. Lyotard sentencia: “El criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación”2. En esas condiciones generales, postmodernas, los jóvenes egresados de la agonizante universidad son parias que ni siquiera aparecen en las estadísticas: “[…] los jóvenes presentes en la Universidad son, en su mayor parte, parados no contabilizados en las estadísticas de demanda de empleo. Son, en efecto, excedentes con respecto a las salidas correspondientes a las disciplinas en las que se los encuentra”3.

 

Las políticas universitarias globales y sus diferentes formas locales, se han convertido en acuerdos entre administradores y empresarios. La retórica de la eficiencia, la productividad, los estándares, los créditos, es un indicador de ese hecho. Este modo de existencia espurio obliga a repensar la Universidad más allá de la lógica capitalista postmoderna. En el debate sobre la crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva época la reinvención de la Universidad es una tarea al orden del día. El actual movimiento universitario de directivas, maestros y estudiantes debe asumir ese reto histórico.

 

En Colombia ese reto se esbozó en el debate que acompañó la elaboración de la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. En el informe titulado “Al filo de la oportunidad”, el neurocientífico Rodolfo Llinás planteó lo siguiente hace ya casi dos décadas: “Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados demuestran que la productividad y los avances del conocimiento humano requieren una fundamentación en un contexto civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida. Esta lección importante señala que el desarrollo como avance económico, político y cultural debe significar un legado humano de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la creatividad humana para futuras generaciones.

 

Lo anterior requiere una reestructuración y una revolución educativa que generen un nuevo ethos cultural, que a la vez permita la maximización de las capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos. La manera innovativa de entender y actuar –no el simple saber y hacer– debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de organización productiva”4.

 

Este reto es el que es necesario desarrollar y están dadas todas las condiciones para su realización exitosa.

 


 

1 Lyotard J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989, p. 11.
2 Ibídem., p. 88.
3 Ibídem., pp. 91,92.
4 Llinás Riascos R., Colombia: Al filo de la oportunidad, Ed. Magisterio, Bogotá, p. 25.

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Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

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La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

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Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Publicado enEdición Nº253
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