Irán admitió que derribó al avión ucraniano por "error humano"

El presidente Rohani prometió que se juzgará a los responsables

 

Las Fuerzas Armadas de Irán reconocieron este sábado que derribaron el avión ucraniano con 176 personas a bordo "involuntariamente y por un error humano". Según el comunicado, el error se debió a que "en esa situación muy delicada y de crisis" el Boeing 737 se situó cerca de un centro militar de los Guardianes de la Revolución con "una altura y una posición de vuelo de un objetivo enemigo".

Las Fuerzas Armadas explicaron que tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y comandantes de ese país de "tomar como objetivo una serie de lugares en el territorio de la República Islámica en caso de que haya una operación recíproca (...) estaban en el más alto nivel de alerta".

Poco antes del derribo del avión ucraniano, Irán había efectuado un ataque con misiles contra una base aérea en Irak que alberga a tropas estadounidenses, en venganza por el asesinato días antes del general Qasem Soleimani en un bombardeo selectivo de EE.UU.

La nota también apuntó que el error estuvo motivado por "el aumento sin precedentes de los movimientos aéreos en la región", en especial de "vuelos de guerra de las fuerzas estadounidenses alrededor del país".

"En esa situación, por un error humano e involuntariamente el avión fue atacado y se provocó el martirio de un grupo de nuestros compatriotas y algunos extranjeros", admitieron las Fuerzas Armadas.

En el avión de Ukranian International Airlines (UIA) viajaban 169 pasajeros, entre ellos 82 iraníes y 63 canadienses, aunque estos últimos en su mayoría de origen iraní, y nueve tripulantes ucranianos.

El aparato se estrelló al sur de Teherán el pasado miércoles poco después de despegar del aeropuerto internacional Imán Jomeiní con destino a Kiev, causando la muerte de sus 176 ocupantes.

Promesa de juicio

El presidente iraní, Hasan Rohani, aseguró este sábado que se juzgará a los responsables del derribo involuntario del avión y urgió a revisar los sistemas de defensa del país.

Rohani lamentó en un comunicado la muerte de tantas "personas inocentes debido a errores humanos y disparos equivocados" y señaló que "este doloroso accidente no es algo que pueda pasarse por alto fácilmente".

"Se necesita más investigación para identificar todas las causas y raíces de esta tragedia y enjuiciar a los responsables de este error imperdonable", subrayó el presidente. También señaló que es necesario adoptar medidas para "abordar las debilidades de los sistemas de defensa del país para garantizar que tal desastre nunca se repita", según Rohaní, que culpó en cierto modo a Estados Unidos de la tragedia por sus "amenazas e intimidaciones".

El papel de Estados Unidos

"Para defendernos de posibles ataques del Ejército estadounidense, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán estaban en alerta total, lo que desafortunadamente llevó a esta terrible catástrofe", indicó.

Poco antes del derribo del avión ucraniano, Irán había efectuado un ataque con misiles contra una base aérea en Irak que alberga a tropas estadounidenses, en venganza por el asesinato días antes del general Qasem Soleimani, por lo que esperaban una acción de represalia de EE.UU.

Las Fuerzas Armadas de Irán explicaron que el derribo fue por "un error humano" y que se debió a que el Boeing 737 se situó cerca de un centro militar de los Guardianes de la Revolución con "una altura y una posición de vuelo de un objetivo enemigo".

También el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, alegó que "el error humano en un momento de la crisis causada por la temeridad política estadounidense condujo al desastre". "Un día triste", escribió en Twitter Zarif, quien expresó su "arrepentimiento, disculpas y condolencias" al pueblo de Irán, las familias de las víctimas y todas las naciones afectadas.

Reclamo de Ucrania

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, espera de Irán un "pleno reconocimiento de culpabilidad" por haber derribado el avión con 176 personas a bordo, así como que lleve a los responsables ante la Justicia y que pague una indemnización.

"La mañana ha traído la verdad. Ucrania insiste en un pleno reconocimiento de la culpabilidad. Esperamos de Irán que lleve a los responsables ante la Justicia, devuelva los cuerpos, pague una indemnización y publique una disculpa oficial. La investigación tiene que ser completa, abierta y debe continuar sin retrasos o obstáculos", señaló en un mensaje de su cuenta de Twitter.

Zelenski respondió así al reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas de Irán de que derribaron el Boeing 737 "involuntariamente y por un error humano", después de dos jornadas de negación de esta hipótesis, planteada por varios países.

El director de la aerolínea Ukraine International Airlines (UIA), a la que pertenecía el avión derribado, Evgeny Dykhne, afirmó en Facebook que no había dudado "ni un segundo" de la tripulación ni se había creído que algún fallo en el avión pudiera haber causado la tragedia.

De acuerdo con Teherán, el error se debió a que "en esa situación muy delicada y de crisis" el avión se situó cerca de un centro militar de los Guardianes de la Revolución con "una altura y una posición de vuelo de un objetivo enemigo".

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Un impeachment deslactosado y un Trump renergizado

El voto para avanzar en el proceso del impeachment con Nancy Pelosi, vestida de luto circunstancial, tuvo tintes dramáticos unipartidistas en la Cámara de Representantes. Pelosi sufrió tres deserciones demócratas, mientras los republicanos exhibieron su compactación monolítica.

La muy hábil amazona Pelosi se ha guardado hasta nuevo aviso los dos artículos sentenciados –abuso de autoridad y obstrucción de la justicia, sin el menor estigma sobre criminalidad alguna– que valieron el impeachment monocromático para intentar impedir que la mayoría republicana del Senado deseche fulminantemente su impeachment deslactosado –cuya lista de felonías pudo haber sido infinita al disponer de un mayoriteo automático en la Cámara de Representantes–.

En términos jurídicos estrictos, el impeachment deslactosado se podrá quedar en el cajón de sastre y desastre de Pelosi, si no conviene a sus intereses partidistas. Se puede asegurar que hasta el 5 de febrero de 2020 Trump no será defenestrado, ya que la misma Pelosi invitó al todavía presidente a dar su discurso sobre el estado de la unión el 4 de febrero (https://politi.co/2Q6HCpn).

Los Republicanos tienen escondido un as jurídico bajo la manga, según la Constitución, para absolver a Trump (https://bit.ly/2M9AgQQ).

Pareciera que no existió la fase primera del impeachment deslactosado, ya que los dos partidos, hoy fratricidas, han aprobado en forma expedita el T-MEC –que resultó perjudicial para Canadá y México (https://bit.ly/2SgpCLZ)–, el gasto militar por 738 mil millones de dólares con la creación de una nueva fuerza en el espacio y un presupuesto de egresos de 1.4 billones de dólares (trillones en anglosajón), mientras Wall Street escalaba niveles antigravitatorios.

Steve Bannon, ideólogo del trumpismo, en una entrevista a The Guardian, comentó que los donativos por 110 millones de dólares del multimillonario Mike Bloomberg, anterior alcalde de Nueva York y hoy candidato a la nominación del demócrata a la presidencia, que literalmente puede comprar –octava fortuna del ranking de Forbes (https://bit.ly/2MfYc4L)–, consiguió el triunfo de 21 de 24 candidatos en la Cámara de Representantes, donde brilla la camarera Alexandria Ocasio Cortez, lo cual fue el picaporte para el impeachment de Trump, quien no hubiera sido juzgado si no fuera por Bloomberg (https://bit.ly/2sRcSAC).

Desde el inicio de la investigación para defenestrar a Trump hasta el veredicto unicamaral/unipartidista/monocromático, Trump obtuvo el incremento de 6 por ciento que no desea su impeachment, fuese deslactosado o no, lo cual se refleja en la perplejidad de un amplio segmento de los votantes independientes que pueden definir la relección de Trump y pueden sepultar muchas carreras de los congresistas.

Cuando faltan 11 meses de campaña feroz en el frente del evangelismo sionista (https://bit.ly/38WfmhT), considerado inexpugnable para los trumpófilos, a mi juicio existe un escollo de alto riesgo para Trump, quien fue sorprendido por una muy influyente revista evangelista Christianity Today, fundada por el pastor Billy Graham, cuyo virulento editorial, firmado por Mark Galli, conminó a que Trump debería ser defenestrado (https://bit.ly/34LqVVJ), lo cual ha causado trémulos y convulsiones en la Casa Blanca, mucho peores que las del mismo impeachment.

Galli mancilló a Trump como infractor consuetudinario de los 10 mandamientos bíblicos. El mismo Trump pasó al control de daños infligido por la revista evangelista y le propinó dos sendos tuits al arremeter contra la revista de extrema izquierda, mientras se autoalabó de que nadie había hecho más para la comunidad evangélica que él (https://bit.ly/35Met9x).

El también pastor Franklin Graham, hijo de Billy Graham (considerado el Papa de los evangelistas), difundió que su padre había votado por Trump y fustigó la conducta de los demócratas en la cámara (https://bit.ly/2SiBRY7).

El Cinturón Bíblico (Bible belt) aseguró el triunfo de Trump en 2016. Si no lo preserva, perderá su relección en 2020: mucho más grave que el impeachment deslactosado de Pelosi. As simple as that!

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“Este ‘impeachment’ es una broma, una pérdida de tiempo”

El cierre de filas de los republicanos en torno al presidente se reproduce entre las bases trumpistas. Algunos demócratas moderados temen un efecto 'boomerang' en las urnas

Decorada con antigüedades de la Segunda Guerra Mundial y reconocible desde lejos por el cilindro de franjas blancas, rojas y azules, la barbería de Jason Romage llama la atención en esta calle comercial de Martinsburg, una ciudad de 17.000 habitantes en Virginia Occidental. “Tío Joe. Establecida en 1915”, reza el cartel de la entrada. Dentro, Romage elabora un moderno corte de pelo a un joven profesor de secundaria y rompe la norma tácita de un lugar así, que solo el cliente puede permitirse enredar con temas como la política, la religión o el deporte. Esta semana, al fin y al cabo, ha ocurrido algo demasiado excepcional en el país: la Cámara de Representantes, gracias a la mayoría demócrata, ha aprobado juzgar al presidente de Estados Unidos y, si lo determinase el Senado, destituirlo.

Estimpeachment es muy partidista”, protesta Romage, de 50 años. Donald Trump está acusado de abuso de poder por haber presionado a Ucrania —congelando ayudas militares incluso— para lograr que anunciase investigaciones sobre su rival político, Joe Biden, y el hijo de este, Hunter, a sueldo de una empresa gasista del país, mientras el padre era vicepresidente. También afronta el cargo de obstrucción al Congreso por haber boicoteado la investigación sobre el caso. “Pidió que se mirase lo de Joe Biden, y es legítimo, un millón de personas, incluido yo, lo ven necesario. ¿Cuál es la verdad? No lo sé”, afirma.

Pero el barbero entrará en todo eso más tarde. La conversación, mantenida este viernes, arranca con elogios al local: un comercio con más de un siglo de historia, un lujo… Romage, muy afable, corta enseguida y aclara que, en realidad, el negocio abrió en 2015, pero, por cuestión de marketing, pone 1915.

“La verdad no es verdad”. Ya lo dijo el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, el pasado verano, fabricando ipso facto una cita legendaria que sirve para hablar de casi todo en Washington, pero que se refería a la negativa del presidente a testificar por la trama rusa. También serviría para el caso ucranio. Este ha provocado tal cierre de filas entre los republicanos, sin una sola grieta, que el pleito no parece objeto de debate jurídico, político o criminal, sino de pura lealtad al partido, la misma que se respira en un feudo trumpista como el de Virginia Occidental. “Trump es ofensivo y grosero, pero también refrescantemente sincero y sus políticas se están demostrando muy productivas”, afirma el barbero.

Pasadas las dos de la tarde, entra pidiendo un corte de pelo el fiscal municipal de Martinsburg, Kin Sayre, declarado demócrata. A su juicio, el impeachment “es una pérdida de tiempo, con las elecciones que vienen en 2020, la gente que no está contenta tiene ocasión de echarlo”. Para Sayre, las maniobras del presidente para forzar la investigación sobre los Biden son “una decisión muy mala, pero no está tan claro que suponga un delito grave o falta”, que es lo que requiere la Constitución estadounidense para la destitución. “El cargo de obstrucción al Congreso, en cambio, me preocupa más, porque parece que el presidente se cree por encima de él, pero, de nuevo, ¿llega al nivel de un impeachment? No estoy seguro”, añade.

Esto es Virginia Occidental, el Estado que en 2016 concedió a Trump la mayor ventaja electoral de todo el país, el lugar del que procede Joe Manchin, el único senador demócrata que el año pasado votó a favor del juez conservador Brett Kavanaugh, acusado de abusos sexuales, y que ahora se confiesa “dividido” sobre este asunto. Desde las presidenciales, este trozo de América se ha convertido en uno de los símbolos trumpistas por excelencia, el lugar desde el que contar por qué un multimillonario de Manhattan logró conectar así con el trabajador venido a menos: la crisis de las minas, el cierre de las fábricas, la epidemia de opioides, el descontento general.

A la poetisa afroamericana Crystal Good, de 45 años, nacida y criada en el Estado, le saca de quicio el estereotipo: “Existe ese relato de que si uno apoya a Trump es porque es un estúpido, se suele pintar a los votantes de Virginia Occidental como idiotas, como hillbillys [forma despectiva de referirse a la población blanca y obrera de zonas rurales]. Eso acaba activando aún más a las bases de Trump y creo que todo el tema del impeachment también movilizará voto para 2020”, explica Good. “Yo no encajo demográficamente en lo que se piensa de Virginia Occidental, pero soy de aquí y muy orgullosa de serlo”, añade.

El miedo al efecto boomerang del impeachment está presente entre los demócratas de distritos centristas o conservadores que temen un castigo en las urnas o que rechazan de veras el proceso abierto contra el mandatario. Aun así, también la lealtad se impone: solo tres de los 233 congresistas del partido (de Nueva Jersey, Minnesota y Maine) votaron en contra y uno de ellos, Jeff Van Drew, se acaba de pasar al Partido Republicano.

Hay motivos para el cálculo electoral: comparado con el pasado octubre, cuando la investigación acababa de arrancar en el Congreso, la popularidad de Trump ha mejorado y el apoyo al proceso ha menguado. La encuesta de Gallup hecha pública el miércoles, justo el día de la votación, señalaba que la tasa de aprobación del presidente entre los estadounidenses había subido del 45% al 51%, mientras que el apoyo al juicio político y posterior destitución había descendido del 52% al 46%. Si la pregunta se dirige exclusivamente a los republicanos, el respaldo al impeachment no pasa del 5%.

Trump es el único presidente que se enfrenta a la reelección después —o durante— un juicio político de estas características, a diferencia del precedente de Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998). Dice Rick Tayler, estratega republicano pero crítico con Trump, que el desenlace del caso de Ucrania no erosionará las bases trumpistas, pero recuerda "que Trump no puede ganar solo con su base, para ganar, necesita más" y por eso es importante esta crisis.

Bill Clinton, el caso más reciente, vio su popularidad mejorada tras superar el proceso en el Senado por el escándalo Lewinsky, en un contexto de bonanza económica. También ocurre ahora. La economía ha crecido de forma sólida a lo largo de estos tres años de era Trump, la tasa de desempleo se halla en mínimos desde la Guerra de Vietnam y los temores a una próxima recesión que dominaban los análisis económicos se han disipado. En Virginia Occidental, pese a los problemas crónicos de algunos de los condados más pobres, también se respira optimismo. El gigante de los productos de consumo Procter & Gamble está construyendo una nueva planta cerca de Martinsburg que dará empleo a 1.800 personas y Amazon tiene un centro de distribución en el condado vecino de Frederick (Maryland).

Bajo la Administración del republicano, Virgina Occidental ha visto anunciarse incluso la apertura de unas pocas minas de carbón, industria en puro declive, y sus seguidores lo atribuyen a las políticas de Trump, que ha dado marcha atrás a buena parte de los planes medioambientales de Obama. “Los mineros han vuelto a trabajar”, sentencia Chris Hamilton, vicepresidente de la Asociación del Carbón de Estado y firme defensor del presidente. Todo el escándalo de Ucrania y el juicio parlamentario le parece “un mazazo desproporcionado, motivado políticamente por la extrema izquierda”.

La cocinera Lindy Rice, de 59 años, cambió de trabajo hace un mes, explica en su día libre, mientras toma el desayuno en la barra del Palace Lounge, un local lleno de trabajadores con chalecos amarillos. Llevaba seis años trabajando en el restaurante de abajo de la calle cuando pidió un aumento del sueldo y, como se lo racanearon, acabó por marcharse al Momma’s Country Chicken. Para Rice, la economía no es precisamente la clave del éxito de Trump, no atribuye al Gobierno que las cosas vayan bien, pero es republicana de toda la vida y, además, le gusta la idea de que un multimillonario deje sus negocios y opte por entrar en política. El impeachment es, en su opinión, “una broma, una pérdida de tiempo, la prensa está siendo ridícula”, “¿qué pruebas tienen?”, pregunta. Cuando se le cuestiona si ha seguido los detalles del caso responde rauda: “Sí, lo veo todo el día en la televisión, en la CNN”, una cadena muy crítica con Trump.

“No sé si usted lo siente también como periodista, pero siempre ha habido desconfianza en los medios de comunicación”, afirma el barbero Jason Romage. Trump “es un neoyorquino, que tiene un estilo propio de hombre de negocios de Nueva York, pero, de nuevo, es refrescante tener a alguien franco”. Nacido en una familia católica y conservadora, hoy se siente libertario más que republicano y creyente del trabajo. “El tío Joe empezó trabajando en una mina a los seis años, ¿sabe?”, comenta.

—¿Pero el tío Joe existió de veras?

Por AMANDA MARS

Martinsburg 21 DIC 2019 - 19:33 COT

—Claro, no todo es marketing, siempre hay algo real.

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El Tribunal Penal Internacional abre una investigación sobre los crímenes de guerra en Palestina

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado dicha decisión, motivada por un examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino y considerar que se dan "todos los criterios" para ello.

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este viernes la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino.

Bensouda ha informado de que el examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino, como Estado parte del Estatuto de Roma –tratado fundacional del TPI–, ha llegado a su fin, considerando que se dan "todos los criterios" para abrir una investigación formal.

La jurista gambiana ha afirmado que "hay una base razonable" para pensar que se han cometido crímenes de guerra en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza, desde 2014.

"Dado que ha habido una remisión por parte del Estado de Palestina, no hay necesidad de solicitar al Tribunal una autorización antes de proceder a la apertura de una investigación formal, por lo que no lo voy a hacer", ha dicho en un comunicado.

 

JERUSALÉN 

20/12/2019 15:34 Actualizado: 20/12/2019 15:34

EUROPA PRESS

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Sábado, 21 Diciembre 2019 06:46

Assange acusa a EU de someterlo a espionaje

Assange acusa a EU de someterlo a espionaje

Madrid. El periodista y activista australiano Julian Assange acusó Estados Unidos de someterlo a espionaje y vigilancia ilegal durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres, donde fue grabado y escuchado sin autorización. El experto informático, quien saltó a la escena política internacional con la filtración de cientos de miles de documentos clasificados a través de su plataforma Wikileaks, tuvo que pedir asilo político en la legación de Ecuador en Londres en junio de 2012.

Durante su declaración desde el tribunal de Westminster en videoconferencia, Assange señaló a la empresa española Undercover Global como cómplice del espionaje, por ser encargada de la seguridad privada de la embajada, y a su dueño, David Morales, quien fue detenido en septiembre y posteriormente puesto en libertad con medidas cautelares.

Assange reiteró ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que desconocía absolutamente que las cámaras de la embajada grabasen audio o que hubiese micrófonos ocultos en lugares como la base de PVC de los extintores. Agregó que sospechaba que lo vigilaban y que por eso mantenía reuniones en lugares inusuales de la embajada ecuatoriana, como los baños o habitaciones cerradas.

Su abogado también informó que Assange se encuentra en un estado muy precario de salud tras los años transcurridos desde que se refugió en la legación diplomática ecuatoriana y ahora en la prisión londinense, pero que confía en que la justicia española aclare el espionaje al que fue sometido por órdenes de Estados Unidos.

Uno de los argumentos que presenta la defensa de Assange para que se rechace su extradición es precisamente que se vulneraron sus garantías como preso y ciudadano al ser espiado en las conversaciones privadas con sus abogados.

Desde que se inició el proceso, la policía española rastreó la pista de Undercover Global, que está acusada de delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, así como de blanqueo de capitales. Según la querella, el propietario de Undercover llegó a encargar a su personal que robara el pañal de un bebé que visitaba regularmente a Assange para hacer una prueba de ADN de las heces del niño y averiguar si era hijo del activista, aunque la iniciativa se frustró porque trabajadores de la compañía alertaron a la madre para que el menor no volviera a la legación diplomática.

Undercover Global se hizo cargo de la seguridad en la embajada de Ecuador en Londres entre 2015 y 2018, periodo en el que Morales supuestamente experimentó un incremento patrimonial notable.En un principio, la seguridad, que fue subcontratada a su empresa, consistía en un circuito cerrado de cámaras sin sonido, pero, tras varios viajes a Estados Unidos, el empresario pidió a un grupo de empleados que instalaran cámaras con audio y con posibilidad de acceder a las grabaciones en tiempo real, y micrófonos ocultos para captar reuniones confidenciales de Assange.

En 2012, el gobierno del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correo le concedió el asilo político a Assange y años después la nacionalidad, por lo que permaneció recluido en la embajada hasta abril pasado, cuando el actual gobierno de Ecuador, de Lenín Moreno, le retiró el asilo político y la nacionalidad, con lo que la policía británica ejecutó de inmediato la orden de detención en su contra.

Por Armando G. Tejeda

Corresponsal

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Sábado, 21 Diciembre 2019 06:26

Google, multado por discriminar 

Google, multado por discriminar 

Francia penalizó la política comercial del motor de búsqueda

 

El gobierno de Francia penalizó a Google con una multa de 150 millones de euros por considerar que las reglas que impone a los anunciantes de su motor de búsqueda son opacas y discriminatorias, y la empresa adelantó que apelará la decisión.

La Autoridad de Competencia del país europeo consideró en su fallo que "la opacidad y la ausencia de objetividad de esas reglas hacen difícil su aplicación por los anunciantes, mientras Google puede modificarlas de forma difícilmente previsible y decidir en consecuencia si las respetan o no". Esta política, según el organismo, perjudica a los clientes anunciantes del motor de búsqueda, pero también a los usuarios.

La Autoridad de Competencia intervino tras recibir una denuncia de la empresa Gibmedia, cuya publicidad fue suspendida por el motor de búsqueda sin aviso previo y, según sus alegaciones, sin motivos objetivos y transparentes.

El gigante de Internet adelantó que apelará la sanción. "Gibmedia estuvo publicando anuncios de sitios web que engañaban a las personas para que pagaran por determinados servicios aplicando términos de facturación poco claros para los usuarios", aseguró Google en la nota. "En Google no queremos este tipo de anuncios en nuestras plataformas y por eso no solo hemos suspendido a Gibmedia sino que también renunciamos a los ingresos por publicidad que se generaron a partir de este proceso con el fin de proteger a los consumidores de cualquier daño", subrayó.

Además de la multa, la Autoridad le obligó a la empresa estadounidense a publicar la sentencia en el buscador durante una semana. Se trata de la tercera mayor multa impuesta por este organismo regulatorio y la primera contra Google, que ya había sido sancionada en Francia por la Comisión Nacional de Informática y Libertades y por los tribunales por cláusulas abusivas.

El fallo hace referencia a las páginas patrocinadas que Google muestra cuando un usuario efectúa una búsqueda, y que el gigante de Internet vende a través de subastas entre anunciantes. "Google está obligado a definir reglas de funcionamiento de su plataforma de anunciantes de manera objetiva, transparente y no discriminatoria", destacó el fallo. Sin embargo, en la actualidad "no se basan en ninguna definición precisa y estable, lo que deja libertad a Google para interpretarlas según las situaciones", agregó.

El gigante de Internet -que representa el 90 % de las búsquedas en Francia y que detenta más del 80 % del mercado publicitario asociado-, además "ha modificado su interpretación de las reglas" lo que genera "inseguridad jurídica y económica" a los anunciantes, que han comprobado que, incluso en el seno de Google, no todos los equipos tienen la misma visión. Esas modificaciones normativas no son comunicadas a los clientes anunciantes, sostuvo el organismo regulatorio.

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 Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal colombiano. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal de Colombia, coordina los trabajos de exhumación de cuerpos sin identificar

 

Las víctimas en el centro. Estuvieron en el vórtice del dolor del conflicto armado colombiano y hoy deben estar en la primera línea. También en la búsqueda de sus familiares desaparecidos como sucede, por ejemplo, en el cementerio de Dabeiba, a menos de 200 kilómetros de Medellín. Este es el propósito del Instituto de Medicina Legal, que trabaja en ese municipio del departamento de Antioquia junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC que busca esclarecer y juzgar las tropelías de la guerra. El reflejo de ese dolor se encuentra ahora en una fosa común en la que las autoridades tratan de identificar desde hace semanas decenas de civiles asesinados por militares. Víctimas de un sistema perverso de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, planeadas para mejorar resultados y perpetradas a mediados de la pasada década a cambio de permisos o premios.

Claudia García lleva 24 años en el instituto forense y el pasado febrero asumió las riendas de ese organismo público en un momento decisivo para la transición de Colombia hacia la convivencia. El operativo de Dabeiba, que las víctimas consideran esperanzador, no tiene precedentes y es un ejemplo de los intentos de cerrar las heridas del pasado. "Ese trabajo comienza hace unas semanas, cuando los magistrados de la JEP se comunican con el Instituto de Medicina Legal para informarles de la existencia de esta información en la fosa, en donde hay posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. En la primera fase de acompañamiento, asesoramos a la unidad de investigaciones y acusaciones para el momento de las exhumaciones. Una vez en campo, recibimos 14 casos y en este momento recibimos 17 en total", explica García en conversación telefónica con EL PAÍS. 

El instituto trabaja con un equipo de médicos, antropólogos, odontólogos y expertos en balísticos que se trasladaron desde Bogotá para comenzar a estudiar los casos en su sede de Medellín. "La primera fase", continúa esta cirujana especialista en medicina forense, "es una necropsia médico legal completa en donde el objetivo es establecer el número de individuos que hay en estos 17 casos que recibimos, porque no necesariamente pueden ser 17 cuerpos, pueden ser más o menos". Hacia la tercera semana de enero, explica, ofrecerán el primer informe, sobre todo para cumplir su compromiso con las víctimas.

Esta semana la directora de Medicina Legal dio a conocer una cifra aterradora. En Colombia faltan alrededor de 200.000 cuerpos por exhumar e identificar. García explica que se trata de una estimación, pero es a partir de ese cálculo que las autoridades tienen que buscar a los desaparecidos durante más de medio siglo de guerra. "Si partimos del número de cementerios que tiene nuestro país, pensando en que al menos hay uno, a veces dos por cada uno de los municipios. Pensando en el número de cuerpos que han sido inhumados en el transcurso de todo los años de conflicto, los que han pasado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y permanecen en condición de no identificados, los que pasaron por el sector salud, y si sumamos la existencia de fosas clandestinas, el estimativo es que los desaparecidos debemos buscarlos entre 200.000 cuerpos que están inhumados en estas circunstancias". Un trabajo titánico que requiere, explica, de mayores recursos.

"Valoro todo lo que el instituto ha construido en sus 105 años de historia, creo que tiene una experiencia única, desafortunadamente hemos aprendido de la violencia. Tenemos la experiencia, tenemos la tecnología, tenemos la infraestructura, pero necesitamos un apoyo del Gobierno nacional frente a los recursos. Porque la búsqueda no va a durar uno, dos años, ni siquiera los 20 años que tiene la Unidad de Búsqueda. Va a durar muchos años, pasaré yo por este instituto y pasarán muchos otros directores y directoras antes de que logremos encontrar todos los desparecidos. Entonces, hay que fortalecer la institucionalidad", defiende Claudia García.

Esta forense cree que tanto las instituciones como la sociedad colombiana "han aprendido de las familias de las víctimas". "Nos han enseñado que con perseverancia se logran muchas cosas, que la perseverancia es la que realmente se requiere este país para poder buscar desaparecidos. Las mujeres buscadoras nunca han desfallecido incluso cuando las instituciones les hemos cerrado las puertas. Han logrado que las reconozcamos y que entendamos que es con ellas, con las familias de las víctimas, con esas mujeres buscadoras, que debemos mejorar lo que hasta ahora hemos hecho. Tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero lo fundamental y que estamos liderando desde el instituto es que el trabajo se haga de mano de las víctimas", enfatiza. El enfoque de trabajo con los familiares pasa por el derecho a conocer la verdad, el derecho a la información y el derecho al trato digno.

García relata que aprendió "a través del dolor de las víctimas cosas fundamentales como poder reconocer que la desaparición es lo peor que le puede pasar a un ser un humano y a una familia". "Por eso, tengo un total compromiso con las víctimas para la búsqueda de los desaparecidos", prosigue. "Todo este dolor que ha sentido el país y al que nos enfrentamos día a día los funcionarios lo único tiene que ser es fortalecernos para realmente uno, dejar memoria en los jóvenes. Las personas jóvenes no conocen la historia de este país y hay que dejársela viva para que no la repitan. Y lo otro es lograr unirnos como país para que logremos que no haya repetición y además logremos una reparación real de las víctimas. He aprendido que las víctimas son las que están más dispuestas a perdonar y repararse y el Estado les debemos a ellas todos los mecanismos para que logren esa reparación".

Po FRANCESCO MANETTO

Bogotá 18 DIC 2019 - 22:38 COT

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Los golpistas piden la captura de Evo Morales 

El gobierno de facto de Bolivia emitió una orden de detención por "sedición"

Con ironía, el presidente depuesto afirmó que se trataba del "mejor regalo" que podía recibir, al cumplirse 14 años de su triunfo en 2015. Agregó que seguirá luchando "por una Bolivia libre y soberana".

El gobierno de facto de Bolivia cumplió con lo prometido y emitió una orden de detención contra el presidente depuesto Evo Morales. El ministro del Interior Arturo Murillo, designado por la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, se regodeó por el pedido de captura en redes sociales. Con ironía, el presidente depuesto afirmó que se trataba del "mejor regalo" que podía recibir del gobierno golpista, al cumplirse 14 años de su triunfo en las presidenciales de 2005. Desde Argentina, donde permanece en condición de refugiado, aseguró que seguirá luchando sin miedo "por una Bolivia libre y soberana".

"Sr. Evo Morales para su conocimiento", expresó el ministro Murillo en el breve mensaje que acompañaba la orden de detención, en tono amenazante frente a una potencial vuelta del exmandatario al país. El ministro del Interior había presentado días atrás una demanda penal contra Morales, acusándolo sin pruebas contundentes de haber promovido los violentos enfrentamientos que dejaron un saldo de 35 muertos en el país

En tanto, el coronel Fernando Guarachi, jefe de una unidad policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), adelantó que se tomarán las medidas pertinentes para concretar la detención de Morales en territorio argentino.

"Se van a hacer todos los actos investigativos que sean necesarios para poder coordinar. Sin embargo, es atribución del Ministerio Público poder coordinar también con sus similares de otros países para cumplir la detención", señaló. "Se emitió la orden de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma por los ilícitos que se está investigando en la denuncia de oficio que inició el Ministerio Público", agregó más adelante.

La orden fue emitida esta tarde por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el marco de la causa por los supuestos delitos de "sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo". La orden faculta al director departamental o "a cualquier funcionario público hábil o autoridad para que aprehenda y conduzca" a Morales ante las oficinas de la Fiscalía.

Además, aclara que podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil. "En caso necesario, recúrrase a la ayuda de la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del sindicado", agrega. La orden de captura fue firmada por el fiscal de Cochabamba, Jhimmy Almanza, y avalada por la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la Fiscalía de La Paz.

Todo el expediente judicial está montado sobre los audios filtrados en los que, según Añez y su gabinete, Morales coordinaba bloqueos desde México, el primer país que lo recibió tras el golpe de Estado del diez de noviembre. Desde un principio, el presidente depuesto denunció que esas grabaciones habían sido manipuladas.

La orden de detención se hace también extensiva a Faustino Yucra, dirigente del MAS, con quien supuestamente Morales habría mantenido la comunicación telefónica durante las movilizaciones populares.

Por la tarde, el exmandatario respondió con ironía al pedido de detención, destacando que "A 14 años de nuestra revolución" se trataba del "mejor regalo" de parte del gobierno de facto. "No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana", agregó.

Horas antes Morales también se expresó en Twitter sobre el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno interino de Añez. Lo consideró "una prueba más de que Estados Unidos organizó el golpe de Estado en Bolivia".

Morales fue víctima de un golpe tras haber ganado las elecciones presidenciales de octubre. La derecha opositora tomó el poder con apoyo del ejército y la policía en una acción que también contó con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno estadounidense.

Ese diez de noviembre, el presidente depuesto anunciaba su salida de Bolivia para evitar, según sus palabras, un "baño de sangre" en el país. Un día después, la por entonces senadora Jeanine Añez asumía la presidencia de facto.

La propia Añez prometió en una de sus primeras alocuciones como presidenta que no habría persecución a sus adversarios políticos. Sin embargo dejó en claro que el exmandatario se enfrentaría a sus responsabilidades en caso de volver a Bolivia. "Si el presidente Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe que también tiene que responder con la justicia. Resulta que nosotros lo que vamos a exigir es que la justicia boliviana haga su trabajo", dijo, anticipando la orden de detención.

Después de su asilo en México, Morales llegó a Argentina en condición de refugiado. Durante los últimos días, mantuvo una agitada agenda de reuniones con dirigentes políticos de Argentina y Bolivia, y concedió entrevistas a algunos medios de comunicación del país, entre ellos Página/12 . Junto al expresidente, llegaron al país el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera y el excanciller Diego Pary.

El ministerio del Interior aclaró que la solicitud de refugio de morales sigue en trámite. La Comisión Nacional para los Refugiados (organismo que depende del Ministerio del Interior) remarca que entre los derechos de las personas que obtienen esa condición está el de no "no ser devueltos, expulsados o extraditados al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro".

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Día internacional de los Derechos Humanos, día internacional del cinismo

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que instituciones y gobiernos de todo el mundo conmemoran desde entonces cada año bajo el título de Día Internacional, en lo que quizá sea el mayor ejercicio de cinismo que se puede dar a escala planetaria.

Solo con esa palabra, cinismo, puede definirse, por ejemplo, el acto oficial que ha convocado este martes el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda. Desde que comenzaron las protestas el pasado mes de octubre por la subida del precio del transporte público, cerca de 20.000 personas han sido detenidas, 23 han muerto como consecuencia de la represión militar y policial y en torno a 2.000 han resultado heridas. Según el Instituto de Derechos Humanos, se han interpuesto un total de 1.383 denuncias, entre ellas, 192 por violencia sexual, 405 por torturas y 787 por uso excesivo de la fuerza.

Lo que está sucediendo en Chile lo hemos visto primero en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno, aplastó las protestas contra su pacto con el Fondo Monetario Internacional; y en Bolivia, donde la extrema derecha golpista derrocó con la ayuda del Ejército y la Policía a Evo Morales y ha emprendido una persecución sin precedentes contra dirigentes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo y la población indígena.

Pero también en Colombia, donde los acuerdos de paz de la Habana son pisoteados una y otra vez por el Gobierno de Iván Duque, heredero político de Álvaro Uribe. Cientos de líderes sindicales, campesinos, exguerrilleros y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el último año bajo la mirada impasible de un Ejecutivo que tenía ante sí una oportunidad histórica, pero que ha decidido declararle la guerra a los pobres y, usando las mismas técnicas que sus homólogos, ha recurrido a la represión y a la violencia militar y policial para acallar las protestas por sus políticas económicas.

Al otro lado del mundo, Israel sigue bloqueando, asfixiando y arrasando Palestina con agresiones militares, sometiendo y asesinando a su población, realizando detenciones sistemáticas e incumpliendo cualquier tipo de convención internacional. La situación del Sáhara Occidental no es muy distinta. Marruecos continúa persiguiendo y torturando a los activistas de los derechos humanos y mientras perpetúa la ocupación con la complicidad europea, expolia sus recursos naturales e incumple las resoluciones de Naciones Unidas sobre el legítimo derecho del pueblo saharaui a su independencia.

EUU tiene mucho que ver en todos estos conflictos. Alienta golpes de Estado, desestabiliza economías enteras a golpe de tuit, genera y provoca guerras que duran décadas y organiza y reorganiza el tablero global como mejor se acomode a sus intereses económicos y geoestratégicos.

Pero en Europa, no nos engañemos, no somos mucho mejores que otros países que vulneran los derechos humanos. Nuestras democracias son, quizá, más sofisticadas a la hora de hacerlo y conseguir que no parezca que se están vulnerando. Con la excusa de la crisis económica los Estados iniciaron una época de recortes de derechos sociales, laborales y de libertades que no hace sino ir en aumento. La entrada en juego de la extrema derecha ha afianzado esta tendencia reaccionaria en toda Europa y cuestiones que parecía imposible que estuvieran en discusión, hoy se ven amenazadas.

La Unión Europea no es el paraíso de los derechos humanos, por mucho que las instituciones comunitarias se empeñen en promover de forma propagandística la idea de que como en Europa no se vive en ningún sitio. La desigualdad, la pobreza, la precariedad, la homofobia, la violencia machista, la represión policial o el revisionismo histórico son problemas instalados en nuestras sociedades que vulneran la famosa Declaración de 1948.

Y la mayor parte de las políticas que emanan de Bruselas están encaminadas a salvaguardar el bienestar de unos pocos por encima de la explotación y el sufrimiento de nuestros propios Estados, de terceros países o de continentes enteros. La política migratoria de la Unión Europea es el ejemplo más gráfico de ello. La externalización de fronteras, la militarización del Mediterráneo, las deportaciones exprés, los acuerdos con países como Turquía o Libia y la financiación de centros de detención de las personas migrantes y refugiadas son fruto de esas políticas y conllevan violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Como también lo hacen los acuerdos comerciales como Mercosur, la venta de armas a países como Arabia Saudí, los Acuerdos de Asociación como el que mantenemos con Israel, o la deriva armamentística en la que estamos inmersos y que ha quedado patente en la última cumbre de la OTAN celebrada en Londres la pasada semana.

Hoy viviremos un día de grandes discursos, de declaraciones impecables, de ceremonias de altos vuelos, de loas a la libertad y a los derechos fundamentales. Pero abajo hay un pueblo que sufre y que, cuando se levanta con dignidad, como estamos viendo estos días en América Latina, es reprimido a sangre y fuego con total impunidad.

Este 10 de diciembre debe ser el día de la defensa de los derechos humanos, no el de las alabanzas a los derechos humanos. Y las instituciones que tienen capacidad para garantizarlos deben cumplir con el mandato de unas mayorías sociales conscientes de que los derechos humanos no son patrimonio propagandístico de unos cuantos, sino el último reducto de la dignidad que compartimos, como personas, como trabajadoras y trabajadores, como seres libres, como habitantes de un planeta en riesgo de ser destruido.

Setenta y un años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU ha llegado la hora de que los discursos se conviertan en hechos. Ha llegado el momento de decir alto y claro que el sistema económico y las políticas neoliberales están provocando una división mundial sin precedentes. Un mundo en el que el uno por ciento de los seres humanos se queda con el 82 por ciento de la renta mundial de todos y todas. Donde el hambre, la destrucción de nuestro planeta, la desaparición de nuestra diversidad cultural, la miseria, la violencia sobre las mujeres, la represión y el crimen son la norma.

Solo la democracia, en su máxima expresión, podrá devolver los derechos humanos a la humanidad, poniendo en el centro de la economía y de la sociedad la vida de las personas y la soberanía de los pueblos.

Por MANU PINEDA

EURODIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA POR UNIDAS PODEMOS

10/12/2019

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La desigualdad enturbia el tímido avance de América Latina en desarrollo humano

Argentina, Venezuela y Nicaragua registran retrocesos en el indicador de la ONU. En el resto de la región las mejoras son escasas, con la inequidad penalizando sistemáticamente

 

 El desarrollo humano avanza en América Latina, aunque a un ritmo notablemente más bajo que en el resto del mundo y menor al de las últimas décadas. Todos los países de la región salvo tres —ArgentinaVenezuela y Nicaragua, todas ellas economías inmersas en crisis económicas y políticas— mejoraron el año pasado en el índice de desarrollo humano (IDH que aglutina un buen número de variables en todos los ámbitos) publicado este lunes por Naciones Unidas. La inequidad se ceba muy especialmente con el subcontinente —la región más desigual del mundo—, corrigiendo a la baja sistemáticamente las mediciones de prácticamente todos los países del área. El IDH es una fórmula de medición del bienestar de la población mucho más completa que la renta per cápita: no se queda en los factores económicos e incluye variables como la esperanza de vida o la calidad educativa.

"Aunque las medidas de desigualdad han mejorado en muchos países de la región, los niveles siguen siendo muy altos", analiza Pedro Concencião, director del informe. "Ha habido, también, progresos en salud y en educación. Pero el ingreso tampoco ha acompañado, en especial desde 2014". BrasilMéxicoColombiaChileParaguay o Panamá son algunos de los casos más paradigmáticos de cómo las amplias diferencias de ingresos merman el progreso social. El primero, responsable de la mayor parte del incremento de la pobreza extrema en la región durante el último lustro, se deja 23 puestos en la clasificación de Naciones Unidas cuando se incorpora el factor inequidad; Chile, durante décadas tomado como ejemplo de las políticas de liberalización económica en la región e inmerso ahora en el periodo social más convulso desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, con un alzamiento social contra la injusticia social y la ausencia de un Estado verdaderamente protector, retrocede hasta 14 lugares; México cae 17 puestos; Colombia, 16; y Paraguay y Panamá, 14 y 13 respectivamente. En todos estos países, la métrica más común de dispersión de rentas, el coeficiente de Gini, supera —con creces, en el caso de Brasil— la media mundial y del resto de países en vías de desarrollo.

En el caso latinoamericano, el administrador del PNUD y presidente del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner vincula sin ambages la reciente oleada de protestas sociales en varios países de la región —Chile, Ecuador y Colombia, entre otros— con una "sensación generalizada de descontento en la población" y con la desigualdad misma. El caso chileno es, quizá, el más claro cuando se cruzan los datos de la ONU con las reclamaciones de los manifestantes que han tomado Santiago y el resto de grandes ciudades chilenas: en un país en el que las demandas sociales apuntan claramente a la ausencia (o mala calidad) de los servicios públicos, la prosperidad —es uno de los más ricos de la región— no lo es todo y las diferencias de renta y la discriminación social pesan —y mucho— sobre el bienestar general.

 

Monográfico sobre inequidad

El PNUD suele centrar una parte importante de su análisis anual en la influencia de la inequidad sobre el índice en todas las regiones del mundo. Esta vez, sin embargo, el énfasis es mucho mayor. Los datos justifican claramente el porqué de esta mayor preocupación del organismo: mientras el avance global en pobreza extrema es indudable, apuntan los técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —un punto en el que América Latina también ha pinchado en hueso en los últimos cinco años—, "las brechas de desigualdad siguen en niveles inaceptables". En un país de desarrollo humano muy alto, una persona de 40 años que pertenece al 1% más rico tendrá una esperanza de vida de entre 10 y 15 años más que alguien que pertenezca al 1% más pobre. Y mientras un niño nacido en el año 2000 tiene un 50% de probabilidades de estar hoy en la universidad, otro nacido el mismo año en un país de desarrollo humano bajo (como Haití, por citar un caso de la región) tiene un 83% de probabilidad de haber sobrevivido y solo un 3% de estar cursando hoy estudios superiores.

Más datos del PNUD que sustentan por qué en los últimos años el problema de la desigualdad no ha dejado de ganar peso en la escala de preocupaciones de los principales organismos internacionales: si el crecimiento económico sigue la pauta fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su cuadro de proyecciones, el número de personas en situación de extrema pobreza en todo el mundo se mantendrá por encima de los 550 millones —más que la suma de las poblaciones de EE UU y Brasil—; si, por el contrario, cada año se lograse reducir el índice de Gini en un 1%, 100 millones de personas más saldrían de la carestía extrema. En el caso de los países emergentes, el problema de desigualdad está, en gran medida, en la incapacidad redistributiva del Estado: la posición de partida es prácticamente la misma que la de las economías avanzadas, pero a diferencia de estas últimas, los impuestos y las transferencias públicas apenas logran corregir las diferencias de renta.

Pese a la lectura habitual de la inequidad como mera medida económica, la ONU anima a ir un paso más allá. "Tenemos todavía un sentido de la desigualdad del siglo XX, únicamente vinculado a la renta per cápita", apunta Steiner. "Pero estas desigualdades económicas iniciales han dado lugar a una nueva generación de inequidad: microdesigualdades que parten de la percepción de que 'mi hijo nace en una situación de desventaja'. Y eso revela una falta de movilidad social". En América Latina, esa ruptura del ascensor social se hace especialmente evidente.

Salvo los citados casos de Argentina —que pierde dos lugares en la clasificación global pero que, pese a todo, sigue siendo el único representante latinoamericano junto con Chile entre los países con IDH muy alto—, Venezuela —que retrocede 26 puestos desde 2013, el mayor retroceso en todo el mundo y que suma su cuarta caída anual consecutiva— y Nicaragua, la evolución del indicador de desarrollo humano es positiva en la región. Con un importante pero: es la zona del mundo que registra el menor avance en este apartado desde 2010: menos del 0,5% anual, la mitad que Asia del Sur y el África subsahariana. En el lado opuesto, las mayores mejoras en 2018 se registran en Perú, que escala cuatro puestos, y en Bolivia, que ya se ha sumado al grupo de países con desarrollo económico alto y que es, de lejos, el país en el que más mejoran las condiciones de vida de sus ciudadanos en las tres últimas décadas. En ambos casos, matiza Concencião, buena parte de la mejora es achacable al crecimiento económico Dos buenas noticias, en todo caso, en un entorno marcadamente negativo por el efecto arrastre de la desigualdad sobre el desarrollo humano.

 

Por IGNACIO FARIZA

Madrid 9 DIC 2019 - 15:22 COT

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