La Corte Penal Internacional investiga crímenes de guerra en los territorios palestinos

Pone bajo la lupa delitos cometidos desde junio de 2014 

Mientras el premier israelí Benjamin Netanyahu lanzó fuertes críticas hacia la decisión del tribunal con sede en La Haya, la Autoridad Nacional Palestina saludó la "medida largamente esperada".

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya anunció hoy que abrió una investigación por supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel o por grupos armados palestinos en los territorios bajo ocupación israelí.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda informó en un comunicado que la investigación iniciada por su oficina abarcará los crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte y presuntamente cometidos desde el 13 de junio de 2014. “La decisión de abrir una investigación se produjo tras un minucioso examen preliminar realizado por mi oficina que duró cerca de cinco años”, explicó en el texto. En 2019 Bensouda afirmó que había fundamentos razonables para abrir una investigación por los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de la Franja de Gaza y en la colonización israelí de Cisjordania.

A inicios del pasado febrero un fallo de la CPI dictaminó que el organismo cuenta con la autoridad para juzgar crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. La decisión suscitó fuertes críticas por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu que en ese momento calificó al CPI de “tribunal político”.

"El tribunal creado para evitar que vuelvan a suceder atrocidades como las perpetradas por los nazis contra el pueblo judío ahora se pone en contra del Estado del pueblo judío", afirmó Netanyahu sobre la decisión de abrir una investigación. Sumándose a las críticas, el canciller israelí, Gabi Ashkenazi también calificó la decisión como “política” y aseguró que Israel tomará las medidas necesarias para proteger a sus civiles y soldados.

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) saludó la decisión de la fiscal Bensouda, que dejará su cargo en junio próximo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino también celebraron la investigación de la CPI. “Esta medida largamente esperada sirve a los vigorosos esfuerzos palestinos para lograr justicia y deslindar responsabilidades, bases indispensables para la paz", informó el ministerio en un comunicado. La ANP suscribió a la CPI en 2015 y desde entonces busca que se investigue las acciones de Israel en territorio palestino.

La ANP pidió específicamente que se investiguen las acciones israelíes durante un ataque militar ocurrido en Gaza en 2014 y que tenía como objetivo al movimiento islamista palestino Hamas. También pidió la investigación sobre la creciente colonización israelí de Cisjordania y Jerusalén. Bensouda afirmó que también investigarán a Hamas por lanzar cohetes de forma indiscriminada hacia territorio israelí durante la ofensiva de 2014.

Desde Hamas también saludaron la la decisión de la fiscal Bensouda. "Damos la bienvenida a la decisión de la CPI de investigar los crímenes de guerra de la ocupación israelí contra nuestro pueblo. Es un paso adelante en la senda hacia la paz", dijo el vocero de Hamas en Gaza, Hazem Qassem."Nuestras acciones (de resistencia) son legítimas", agregó.

La organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) se mostró a favor de la decisión de la corte internacional. "Los países miembros de la CPI deben estar listos para proteger fuertemente el trabajo del tribunal de cualquier presión política", dijo en un comunicado Balkees Jarrah, directora adjunta de justicia internacional de HRW.

La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente con sede en La Haya, Países Bajos. El organismo comenzó a funcionar en 2002 y es el único tribunal internacional que juzga a responsables de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

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Miércoles, 03 Marzo 2021 05:26

Impuesto global a las corporaciones

Impuesto global a las corporaciones

Propuesta de reconocidos economistas a Joe Biden

 

Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo y Jayati Ghosh, con el apoyo de otros economistas como Thomas Piketty, le escribieron una carta abierta a Joe Biden pidiendo remodelar el sistema tributario internacional para garantizar una fiscalidad justa de las multinacionales y eliminar "uno de los aspectos más tóxicos de la globalización: el fraude fiscal y la evasión de las corporaciones multinacionales".

"Una tributación justa de las multinacionales es necesaria para crear el tipo de sociedades a las que aspiramos, y debe ser una parte central de cualquier sistema fiscal progresista destinado a impulsar el crecimiento económico y crear altos estándares de vida para todos. Poner fin a la evasión impositiva de las empresas también es una de las mejores maneras de hacer frente a la creciente desigualdad de riqueza e ingresos".

Los economistas calculan que con las desviaciones de ganancias a paraísos fiscales, las grandes empresas privan a los gobiernos en todo el mundo de por lo menos 240.000 millones de dólares por año en ingresos fiscales: "Este déficit afecta no sólo a Estados Unidos, donde alrededor del 50 por ciento de las ganancias en el exterior generadas por multinacionales norteamericanas se transfiere a paraísos fiscales cada año, sino también al Sur Global, donde las fuentes de ingresos son más limitadas y donde, en consecuencia, la dependencia de la recaudación impositiva corporativa para financiar los servicios públicos es mayor", agregan los economistas.

La propuesta más fuerte en este sentido es la de imponer un impuesto mínimo global: si los países del G20 acordaran imponer un impuesto corporativo mínimo del 25 por ciento sobre el ingreso global de sus empresas multinacionales, más del 90 por ciento de las ganancias mundiales automáticamente estaría gravado con el 25 por ciento o más. "Por supuesto, también es esencial que un impuesto de estas características esté diseñado para asignar potestad tributaria de manera justa entre los países de origen y los países receptores de las empresas", explica la carta.

Los economistas reforzaron que no existe ninguna evidencia de que la tendencia reciente hacia tasas más bajas del impuesto corporativo haya estimulado una inversión y un crecimiento productivos. "Está plenamente en nuestro poder construir un mundo post-pandemia que sea más sustentable, cooperativo y justo, donde las multinacionales paguen los impuestos que deberían pagar", concluyen. 

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Domingo, 21 Febrero 2021 05:37

Guerra de nervios

Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH)

La resolución cautelar que la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) adoptó a escasos días de que hoy sábado la Corte Urbana de Moscú decida si procede o no el recurso de apelación del opositor encarcelado Aleksei Navalny y una corte de distrito dicte sentencia por “calumniar” a un veterano, confirma que Rusia y la Unión Europea continúan su guerra de nervios que, al desafiarse mutuamente, puede terminar muy mal para ambos.

Con base en el artículo 39 de su reglamento, medida excepcional que se toma cuando considera que existe un riesgo real para la vida del solicitante, la CEDH exigió a Rusia liberar “con efecto inmediato” al principal adversario del Kremlin mientras haya procesos penales en su contra sin tener sentencia en firme.

Rusia, que en 1998 ratificó la Convención Europea de Derechos Humanos y su protocolo y a la vez es el único país miembro que desde 2015 por ley permite a las autoridades desestimar los fallos de la CEDH, calificó la decisión de aplicar el artículo 39 por primera vez en su contra de “injerencia inadmisible en el sistema judicial de un Estado soberano” y afirmó que la exigencia es “de antemano incumplible”, porque pretende “suplantar la justicia rusa y anular un veredicto”.

Esta enésima falta de entendimiento entre Rusia y la Unión Europea no crea el ambiente más favorable la víspera de que, el lunes siguiente, los cancilleres de los 27 se reúnan para decidir si imponen sanciones a Rusia por el caso Navalny, cuestión en la que todavía no ha alcanzado consenso a partir de tres posiciones encontradas: los que, como Polonia y los tres países ex soviéticos del Báltico, demandan severas sanciones contra su vecino; los que, como Alemania, privilegian sus intereses económicos al no querer renunciar a los energéticos rusos, y los que, como la mayoría, apuestan por emitir una declaración contra el Kremlin y por dejar el asunto en manos de la próxima cumbre de jefes de Estado y gobierno.

El rechazo a la resolución cautelar de la CEDH puede inclinar la balanza hacia la aplicación de sanciones o, no menos grave, ser el comienzo del mecanismo trilateral para la solución de controversias que, en caso de no acatarse un fallo obligatorio, sólo puede tener dos resultados: la suspensión o la expulsión de Rusia de la Convención Europea de Derechos Humanos.

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El experimento de qué pasa si un país y un gigante tecnológico chocan: la confrontación entre Facebook y Australia

La red social reacciona con un apagón informativo a la intención del gobierno australiano de hacerle pagar por las noticias que comparten sus usuarios. Los algoritmos han censurado también decenas de páginas del gobierno y la sociedad civil

 

En los últimos tiempos los gobiernos han subido el tono con las multinacionales digitales. La cosa empezó con la manipulación informativa de Cambridge Analytica y los rusos pero siguió con la precarización que impone su economía a escala, con los gastos extra que suponen para los estados, con su ingeniería financiera para pagar menos impuestos, con sus prácticas monopolísticas, con sus algoritmos sesgados o con sus estrategias para mantenernos enganchados.

En ese tira y afloja con las GAFAM (Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft), Australia ha sido la primera en probar hasta dónde puede estirarse la cuerda antes de romperse. Los resultados preliminares de ese experimento son: 1) a los países no va a serles fácil torcer la voluntad de estas multinacionales; y 2) hay varias y todas son monopolios en sus sectores, por lo que un conflicto con solo una de ellas puede llevar a problemas.

Una exigencia made in Australia

El problema que ha elegido Australia para lanzar el órdago es, curiosamente, una disputa aletargada desde los primeros pasos de Internet: ¿cómo deben remunerar las multinacionales tecnológicas a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos en sus plataformas?

Tras años de tregua, parlamentos de todo el mundo han retomado el debate sobre esto. También en España. El dominio de la publicidad digital de Google y Facebook está tan consolidado que ya no hay dudas sobre la necesidad de regulaciones a medida. Las compañías por su parte han aceptado que ha llegado el momento de pagar, después de muchos años usando las noticias como vía para extraer datos sobre los intereses de sus usuarios con los que rellenar sus perfiles publicitarios.

El punto medio donde gigantes digitales y empresas editoras se están encontrando son los acuerdos individuales con cada medio para llevar a cabo esa remuneración, que ya se han firmado en varios lugares del mundo.

El Gobierno y el Parlamento australiano quieren ir un paso más allá: pretenden establecer tasas reguladas por ley a negociar entre las plataformas y los medios. Si no se ponen de acuerdo, entra en acción un organismo de mediación. El problema es que las plataformas no quieren ni oír hablar de estos entes intermediarios, ni en Australia ni en ningún otro lugar. España, por ejemplo, es el único país europeo sin Google News y el motivo es que Google se negó a negociar con un intermediario, una SGAE de la prensa, llamada Cedro. Ante el ultimátum del canon AEDE, la multinacional desactivó el servicio de agregación de noticias. Y así lleva desde 2014.

Australia también quiere que tanto Google como Facebook informen a los editores sobre los cambios que vayan a introducir en los algoritmos, con el fin de que puedan estar preparados de antemano. Estas modificaciones en la forma en la que las tecnológicas muestran la información pueden resultar dramáticas para los medios, que sufren una gran dependencia de la visibilidad que obtienen de Google y Facebook.

Si los entes intermediarios son una línea roja para las plataformas, lo de abrir sus algoritmos a los medios locales australianos y darles en exclusiva una información por la que negocios de todo el mundo –mucho más allá de la industria mediática– estarían dispuestos a pagar millones, a las multinacionales les suena ya a exigencia de otro planeta.

Apagón informativo

Google amenazó con bajar la persiana y abandonar totalmente Australia si esta insistía en sus demandas, aunque finalmente ha llegado a un acuerdo con News Corp., la multinacional editora de un buen número de cabeceras en el país, y con otros medios locales. El trato es similar al alcanzado con editores de Francia, Reino Unido o Brasil y no incluye ninguna cláusula sobre algoritmos.

Facebook, en cambio, ha decidido cortar por lo sano y vetar todos los enlaces de noticias y las páginas de Facebook que publican información para los 16 millones de australianos que usan sus servicios. Antes incluso de que Australia apruebe la ley.

La decisión ha producido un caos informativo este jueves. Un apagón informativo que recuerda a esos que los que protagonizan las dictaduras o cuando se llevan a cabo golpes de Estado como el de Birmania, donde lo primero que se hace es cortar el acceso a las redes sociales. La diferencia es que en esta ocasión ha sido una multinacional la que ha dejado a oscuras a los ciudadanos.

El debate ha trascendido rápidamente de disputa comercial a las libertades fundamentales. "Es extremadamente preocupante que una empresa privada esté dispuesta a controlar el acceso a la información de la que dependen las personas. La acción de Facebook demuestra claramente por qué permitir que una empresa ejerza un poder tan dominante sobre nuestro ecosistema de información amenaza los derechos humanos", ha denunciado Amnistía Internacional, que pide a la empresa de Zuckerberg que "revoque inmediatamente la decisión".

Uno de los aspectos más graves es que la acción de Facebook ha arrasado un gran número de páginas que no son medios de comunicación. El periodista Kevin Ngouyen ha ido recopilando en Twitter los casos en los que los algoritmos han censurado páginas meramente informativas, que se cuentan por decenas. Entre ellos hay páginas oficiales del Gobierno australiano, de sindicatos, de ONG, de asociaciones deportivas, benéficas, de víctimas de violencia de género, metereológicas, de aviso de incendios...

por Carlos del Castillo

18 de febrero de 2021 23:03h

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Freno a Uber en el Reino Unido: la Justicia dictaminó que los choferes no son trabajadores autónomos

Lo decidió del Tribunal Supremo y fue calificado como "una victoria histórica"

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este viernes que la compañía estadounidense de transporte Uber deberá clasificar a sus conductores como “trabajadores” y no como autónomos, lo que dio por terminado una batalla legal que comenzó en 2016.

El fallo de los jueces determinó que los trabajadores de la empresa deben tener acceso a todos los “derechos básicos” y a “vacaciones pagas”, por lo que Uber tendrá que desembolsar una compensación de hasta 13.834 euros para cada uno de sus trabajadores.

Uber recurrió al Tribunal Supremo tras haber perdido litigios en tres instancias inferiores, luego de que en 2016 un tribunal laboral resolvió que los conductores de la compañía prestan sus servicios como trabajadores y no como contratistas externos.

De esta manera, la sentencia del Supremo reconoce a los choferes como trabajadores (“workers”, en inglés), pero no como empleados (“employees”), que en la legislación británica gozan de ventajas laborales superiores. Sin embargo, este estatus de “workers” sí implicó un rechazo a la categoría de autónomos (“self-employed”) que proveen servicios en forma independente, que era lo que reclamaba la compañía.

El fallo fue celebrado por distintas organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, como el sindicato GMB, que señaló en un comunicado que se trata de una “victoria histórica”, al tiempo que llamó a Uber a “dejar de perder tiempo y dinero persiguiendo causas legales perdidas” y apoyar a los trabajadores que “apuntalan su imperio”.

La decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido también podría afectar el modelo de negocio de los llamados “gig” (trabajos precarios), en el que a los trabajadores se les paga únicamente por cada servicio prestado y que fue creciendo en los últimos años en distintos sectores, como el de los repartidores.

Quienes comenzaron el proceso judicial en 2016 fueron los conductores Yassen Aslam y James Farrar, que fueron sometidos a una prueba en el Supremo para comprobar que sus condiciones laborales se encontraban dentro de la definición de “trabajador” del código laboral.

“Ser conductor de Uber puede ser estresante. Ellos te pueden prohibir conducir para ellos en un instante y no hay proceso de apelación”, expresó en un comunicado Mark Cairns, trabajador de Uber en Londres desde hace 5 años, que se mostró “encantado” por haber salido victorioso tras un largo proceso judicial.

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Trump muestra una portada de periódico sobre su impeachment.- EFE

El Senado de Estados Unidos absuelve al expresidente en su segundo juicio político por 57 votos a favor de la condena y 43 en contra, aunque se necesitaban 67 votos favorables.

 

El expresidente de EEUU Donald Trump ha sido absuelto este sábado por el Senado, bajo control demócrata, de cualquier culpa en el asalto al Capitolio del 6 de enero, una de las jornadas más convulsas de la historia del país y en la que murieron cinco personas.

Los votos republicanos del Senado, constituido como jurado en este juicio político  o impeachment, salvaron a Trump e impidieron que los demócratas se hicieran con suficientes votos para condenarle.

El propio Trump ha dado la bienvenida a su absolución y ha avisado de que su movimiento para "Hacer a EEUU grande de nuevo" ("Make America Great Again") solo "acaba de empezar".

"Nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para 'Hacer a EEUU grande de nuevo' solo acaba de empezar. En los meses venideros, tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente. ¡Nunca ha habido nada igual!", dijo en un comunicado

Los siete republicanos contra Trump

Solo siete republicanos votaron a favor de condenar a Trump por "incitar a la insurrección": Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, Bill Cassidy, Pat Toomey y Richard Burr.

El marcador final quedó con 57 a favor de la condena y 43 en contra, unas cifras insuficientes para los demócratas que necesitaban una mayoría de 67 votos para condenar al examandatario, algo que desde el principio parecía altamente improbable debido a la influencia que Trump aún tiene en su base de votantes.

A favor de absolver al expresidente votó el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, una figura muy influyente en el partido y que al principio se había mostrado abierto a una condena.

Sin embargo, esta mañana, el equipo de McConnell filtró a la prensa que pensaba absolver al exmandatario, lo que con toda seguridad influyó en el voto de algunos de sus correligionarios.

En las últimas horas del juicio político, la defensa de Trump se esforzó por defender el derecho a la libertad de expresión del expresidente y lo retrató como un garante de "la ley y el orden" en un retrato manipulado de los hechos, en el que culpó a los demócratas de incitar a la violencia, algo que es falso.

"Este juicio político ha sido una farsa completa de principio a fin. Todo este espectáculo no ha sido más que la búsqueda desquiciada de una vendeta política de larga data contra el señor Trump por parte del partido de la oposición", dijo uno de los letrados del exmandatario, Michael Van Der Veen.

Por su parte, en su alegato final, los legisladores demócratas que hacen de "fiscales" en el juicio político intentaron demostrar que Trump incurrió en un patrón de incitación a la violencia y que lo ocurrido en el Capitolio el pasado 6 de enero no es un incidente asilado.

Para ello, se valieron de horas de vídeo, cientos de documentos y capturas de pantalla de los mensajes en Twitter de Trump.

En un último intento por ganar una batalla que ya se veía perdida, el legislador demócrata Jamie Raskin, que lidera la acusación contra Trump, pidió a los republicanos que pensaran en el futuro del país y votaran su conciencia, poniendo a EEUU por encima de sus colores políticos.

"Si no podemos resolver esto juntos como un pueblo, si no podemos resolver esto olvidando las líneas partidistas, la ideología, la geografía y todas esas cosas, entonces ¿cómo vamos a conquistar otras crisis de nuestro tiempo?", preguntó al hemiciclo, que aguardaba en silencio.

"Senadores -rogó Raskin,- este no puede ser nuestra nueva normalidad. Esto tiene que acabar".

El final del juicio político estuvo rodeado de drama debido a que, esta mañana, de manera inesperada, el Senado aprobó que se citaran testigos a propuesta de los legisladores demócratas que hacen de "fiscales"; pero, finalmente, optó por recular en esa decisión.

Desde el principio, los dos partidos habían optado por un juicio rápido sin testigos, ya que los demócratas querían centrarse en la agenda legislativa del presidente, Joe Biden, y los republicanos deseaban pasar página del asalto lo antes posible.

washington

13/02/2021 21:52 Actualizado: 13/02/2021 22:44

EFE

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Domingo, 14 Febrero 2021 05:31

Brasil: razones y dilemas de Lula

Brasil: razones y dilemas de Lula

Desde Río de Janeiro.Lula da Silva (foto) vive una situación similar a la que vivió en 2018. Condenado, espera el desenlace de su situación jurídica, para tomar una decisión definitiva. Pero Brasil está atravesando una situación diferente y esto puede marcar la diferencia en las razones y dilemas de Lula. Pude conversar con él para entender mejor su posición.

Sabe que las situaciones son similares, pero con varias diferencias significativas. En 2018, a pesar de que fue arrestado y condenado, era el favorito para ganar en la primera ronda, como lo demuestran las encuestas. Extendió el plazo al máximo, esperando que su situación cambiara y fuera candidato. Cuando consideró que se habían agotado los plazos, lanzó a Fernando Haddad como candidato.

Ahora la expectativa es formalmente la misma, pero en un escenario político muy diferente. Con la desmoralización de Lava Jato y el ex ministro de Justicia Sergio Moro, la erosión de la imagen del presidente Jair  Bolsonaro, el clima político y legal es muy distinto. Incluso en sectores  insospechados de ser lulistas hay consenso para reconocer no solo su inocencia, sino también que hubo un operativo expreso para evitar su elección. Que es una forma de reconocer que hubo un golpe de Estado contra el Partido de los Trabajadores (PT) y que la elección de Bolsonaro fue producto de una manipulación gigantesca

Y que, por lo tanto, Brasil no vive en democracia, hay que restaurarla. (Contrariamente a la afirmación del juez del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, que reiteradamente difunden en los medios de comunicación, en la que dice “vivimos en una democracia muy consolidada”.)  Por supuesto, esta gente todavía necesita atar los cables, para que el razonamiento sea completado, pero el consenso es favorable a Lula, independientemente de las decisiones del Poder Judicial.

Pero la posición de Lula es, en esencia, la misma que terminó adoptando en 2018:  preferiría ser candidato, solo no lo sería si la Justicia se lo impidiera. Sabe que la disputa es dura y decisiva en 2022 y está dispuesto a afrontarla si ha recuperado sus derechos políticos.

Lula también saca conclusiones de la experiencia de 2018. No cree que tenga derecho a dejar el PT a la espera de una situación similar. Por eso le dijo a Haddad que ocupara sus espacios, que no se quedara esperando, pendiente de la situación de Lula, que se estiró mucho. Aunque tiene mucho más tiempo, se hace más largo.

Ya há vivido esa situación y prefiere no repetirla. Está listo para pelear. Cuando le dicen que regrese a las calles lo antes posible, reacciona con entusiasmo. Pero también él tiene mucha consideración y confianza en Haddad. Da la impresión de que, si es el candidato y vuelve a ser presidente de Brasil, Haddad tendrá un lugar esencial en su gobierno. Y, de hecho, si no puede ser candidato, apoyará a Haddad.

La diferencia está en la gigantesca presencia de la imagen de Lula, que lo llevó a ser gran favorito en 2018 y las dificultades de la candidatura de Haddad. Por supuesto, Haddad fue víctima de la monstruosa operación mediatica y de la huida de los debates por parte de Bolsonaro, con la complacencia del Poder Judicial y de los medios de comunicación.

Bolsonaro ya demostró, en su enfrentamiento con el Parlamento, que utilizó todos los recursos para derrotar a sus oponentes en el campo de la derecha - Joao Doria y Rodrigo Maia, después de haber logrado marginar a Moro-, para demostrar que la batalla de 2022 será la madre de todas las batallas.

La izquierda debe hacer todo lo posible para contar con Lula, el mejor candidato para enfrentar a Bolsonaro. Si la izquierda es consciente de que su principal objetivo es derrotar a Bolsonaro, restaurar la democracia y retomar un modelo de desarrollo con distribución de ingresos, tiene que luchar por la candidatura de Lula como objetivo central.

Todos los de la izquierda deben enfrentar los desafíos que definirán el destino de Brasil durante mucho tiempo. No es de extrañar de que el PT estará a la altura de sus responsabilidades y tendrá su propia candidatura en la primera vuelta, que debe ir a la segunda vuelta y contará con los votos de otros candidato de izquierda en la segunda vuelta. Que el PT debe estar presente en el ballotage, con Lula o Haddad. La victoria depende de la capacidad para unir todas las fortalezas, elegir las mejores alternativas y llegar unidos en la segunda vuelta.

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Lo que la izquierda debería pensar sobre los impuestos

Cada vez se oye más a menudo que “los impuestos no pagan el gasto del gobierno”. La idea de que los impuestos son en el mejor de los casos innecesarios y que en el peor de los casos son un problema, está ganando fuerza entre la izquierda. El tesoro [británico] ha tanteado la posibilidad de incrementar los impuestos incluyendo la retirada de rendijas en el sistema que benefician a los más ricos. Es importante que estos cambios están siendo considerados por un ministro conservador. ¿Cómo debería responder el partido Laborista?

De momento, la línea oficial es que las subidas de impuestos no son pertinentes durante la actual crisis económica: el portavoz de Starmer ha dicho que “este es el peor momento para hablar de subidas de impuestos”. Esta respuesta se basa en el teoría keynesiana convencional por la cual en una crisis provocada al menos parcialmente por una falta de gasto, debe evitarse cualquier cosa que reduzca aun más el gasto del sector privado. Y aunque esto ha provocado cierto enfado entre la izquierda, que correctamente considera prioritaria la justicia impositiva, hay un cada vez más un bullicioso grupo en la izquierda que protesta en contra de incrementos impositivos por razones distintas.

El alegato comienza con que no hay de hecho ninguna conexión entre la imposición y el tamaño del sector público: el gasto del gobierno puede ser incrementado a cualquier nivel, así se afirma, sin necesidad de preocuparse por incrementar los ingresos fiscales para “pagar por” ello. El razonamiento detrás de esa afirmación se presenta a menudo de forma compleja, pero esencialmente se reduce a una simple observación: el Banco de Inglaterra –una institución del sector público- es el emisor de la libra esterlina. Siempre que el Banco de Inglaterra quiera seguir emitiendo libras en nombre del gobierno, este podrá gastar sin necesidad de gravar impuestos.

El argumento es técnicamente correcto en términos técnicos –el gobierno del Reino Unido nunca se quedará sin libras. Pero la conclusión de que “los impuestos no pagan el gasto” es incorrecto. Esto es porque se mezclan dos diferentes significador de “financiar”. El primero es el acto de liquidar una transacción. Es bien entendido por el público en general que cuando se hace un pago –al comprar en el supermercado, por ejemplo- esto llevará a cambios en los saldos de los balances: el efectivo del comprado, ya sea en dinero físico o electrónico, será reducido y el balance del supermercado será incrementado por el mismo importe.

“Pago” en este sentido se refiere a los tecnicismos de la transacción: ¿tiene el comprador suficiente dinero efectivo para comprar el bien o servicio? Si no, la transacción no puede llevarse a cabo. Dado que una falta de efectivo nunca puede limitar el gasto del gobierno en un sentido técnico del término, se dice, los impuestos no pagan o financian el gasto. El gasto, en cambio, “se paga” con el nuevo dinero que el Banco de Inglaterra emite electrónicamente.

De nuevo, esto es técnicamente correcto –pero es una estrecha, mecanicista y a últimas engañosa definición de cómo el gobierno “paga” su gasto-.  Lo que realmente importa son los bienes y servicios que los balances de dinero efectivo pueden comprar. El gobierno puede adquirir más cosas imprimiendo más dinero si se cumplen dos condiciones. La primera es que haya cierta atonía en la economía: en otras palabras, que haya desempleo o subempleo que pueda emplearse para producir bienes y servicios. La segunda condición es que el sector privado (hogares y empresas) estén dispuestas a aceptar el dinero extra creado por el gobierno.

Siempre que esas condiciones se cumplan, hay de hecho una barra libre para el gobierno debido a su habilidad de imprimir dinero fresco. Pero mientras que la mayoría de economías operan con cierta atonía –siempre hay personas desempleadas- esta capacidad tiene límites. En algún momento, se llegará al punto en el que los bienes y servicios comprados por el gobierno no puedan ser nuevamente producidos, de modo que el gobierno tenga que competir por los recursos económicos con el sector privado.

De igual modo, la disposición a aceptar más efectivo en los balances tiene sus límites: en algún momento los tenedores de esas libras creadas nuevamente las usarán para gastar en bienes y servicios, o adquirirán activos como casas o acciones de empresas. Los inversores podrían vender en los mercados de divisas por otras monedas, reduciendo así el valor de la libra.

Existe, por tanto, un límite a cuánto puede “pagar" el gobierno por su gasto con la impresión de nueva moneda. Más allá de este límite, el gobierno debe o tomar dinero prestado, o gravar impuestos. Este es el sentido en el cual los impuestos “pagan por” el gasto: hacen que haya recursos económicos disponibles para el gobierno que de otra manera no estarían disponibles.

Al gravar impuestos, el gobierno puede reducir el gasto de algunos individuos, o reducir el gasto en ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, gravando a aquellos con mayores ingresos, el consumo en lujos altamente contaminantes puede ser reducido. Así más recursos estarán disponibles para otras actividades, como la construcción de infraestructuras para el transporte o para la provisión de necesidades de consumo para los trabajadores.

La emergencia climática y la pandemia requieren una reestructuración fundamental de la economía. El nivel de inversión que se necesita implica que los cuellos de botella son inevitables, requiriendo reducciones en el gasto en algún otro lugar. Por ejemplo, un mejor aislamiento de los hogares puede significar una reducción del gasto en nuevas calefacciones.

Hace un flaco favor y es confuso afirmar, por ejemplo, que el Green New Deal puede implementarse sin aumentar los impuestos a los ricos: los tecnicismos monetarios son más bien irrelevantes –lo que importa es que el consumo despilfarrador de los ricos tiene que ser reducido para liberar los recursos para el gasto social útil.

Los cambios discutidos por el Tesoro británico incluyen igualar las tasas impositivas de las ganancias de capital a las del ingreso, eliminar las desgravaciones de las pensiones a los más ricos e incrementar los impuestos a las empresas. Esto son cambios progresivos y que se necesitan desde hace un buen tiempo. La propuesta de cambios también ha congregado un amplio apoyo público. Oponerse a ellos supone alinearse con los ricos en vez de con la clase trabajadora y los más pobres.

Al mismo tiempo, los progresistas deben continuar abogando por el activismo fiscal para mantener los puestos de trabajo y transformar la economía. La pretensión de que los incrementos de la deuda pública debidos a la pandemia deben ser pagados son simplementes incorrectos y deben ser refutados.

El deficit público se mantendrá en niveles elevados hasta que la crisis se acabe y el ratio entre deuda y PIB incrementará –tal y como debe ocurrir, por otra parte-. El Banco de Inglaterra puede y debe continuar usando su poder de emitir moneda para asegurar que el incremento de la deuda pública ocurra sin generar inestabilidad financiera o económica.

Pero los ingresos impositivos y el tamano del estado no pueden divergir de manera constante en el tiempo. Aquellos que quieran un mayor y más eficaz estado deben abogar por cambios progresivos en el sistema fiscal que aseguren que el ingreso aumenta más o menos al mismo tiempo que los gastos en el largo plazo. Esto no quiere decir que los dos sean igual: no lo deben ser. El déficit público ha sido el estado normal de las cosas durante décadas –pero los déficits fiscales no puedes crecer sin límite alguno.

No debemos permitir que el argumento de que “los impuestos no pagan el gasto” erosionen el sistema impositivo, incrementen la desigualdad y abran la puerta a los fanáticos del mercado a abogar por la necesidad de rebajar el gasto en programas sociales básicos. Si queremos ver un cambio de sistema, es momento de que la izquierda abogue por una reforma fiscal progresiva en sus propios términos.

Por Jo Michell

economista post-keynesiano, profesor de la University of West of England.

05/02/2021

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Una familia palestina permanece sentada cerca de los escombros de su casa tras ser demolida por las fuerzas israelíes. EFE/ Abed Al Hashlamoun.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación".

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves que Palestina es un Estado Parte del tribunal y dio el primer paso para abrir una investigación por crímenes de guerra. Una sala de cuestiones preliminares dictaminó, por dos votos a uno, que Palestina abarca los territorios ocupados por Israel en la Guerra de los seis días de 1967, lo que incluye Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.

Bensouda dijo en diciembre de 2019 que existe una base razonable para comenzar una investigación, por lo que ahora depende de la fiscal general solicitarla formalmente a los jueces, especificó a Efe una fuente del tribunal.

Palestina, gracias a su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que la Fiscalía del tribunal internacional abriese una investigación. Israel en cambio no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, por lo que la Oficina de Bensouda no podría iniciar las pesquisas en su territorio.

En unas vistas orales celebradas en febrero de 2020, países aliados de Israel como Alemania, Australia, Hungría o la República Checa defendieron que Palestina no sea considerada un Estado Parte de la CPI. No obstante, los jueces dijeron en su decisión que "independientemente de la condición de Palestina en virtud del derecho internacional general, su adhesión al Estatuto de Roma siguió el procedimiento correcto y ordinario".

"La sala no tiene autoridad para impugnar y revisar el resultado del procedimiento de adhesión llevado a cabo por la Asamblea de los Estados Partes" de la CPI, añadieron los magistrados. La Autoridad Nacional Palestina solicitó formalmente la apertura de la investigación en 2018, lo que faculta a Bensouda a comenzar las pesquisas sin la necesidad de pedir autorización a los jueces, tal y como ocurre normalmente en la CPI.

Palestina espera que se investigue la reacción de Israel a las protestas conocidas como las Marchas del Retorno de 2018, que dejaron un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos. La CPI no tiene una fuerza policial propia que se encargue de ejecutar órdenes de arresto, sino que confía en la voluntad de los Estados para aplicarlas y, de momento, es poco probable que Israel entregue de forma voluntaria a eventuales sospechosos de crímenes de guerra.

Asimismo, cabe la posibilidad de que miembros de grupos armados palestinos también sean investigados por la CPI, pues en informes públicos de la oficina de Bensouda se menciona el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio de Israel.

la haya

05/02/2021 19:39 Actualizado: 05/02/2021 22:09

EFE

Publicado enInternacional
El presidente Joe Biden firmó ayer varias órdenes ejecutivas en la Casa Blanca para atender las crisis que marcan prioridad en su agenda. Lo observa la vicepresidenta Kamala Harris.Foto Afp

El gobierno de Joe Biden emitió una serie de órdenes ejecutivas y medidas para abordar el tema de la desigualdad racial en el sistema de justicia y vivienda, reafirmar la soberanía de las naciones indígenas y la anulación formal de la llamada política de tolerancia cero que fue empleada para separar de sus padres y secuestrar a más de 5 mil niños migrantes, mientras el nuevo presidente sostuvo su primer diálogo con su par ruso, Vladimir Putin, en lo que se pronostica será un giro menos amistoso en la política bilateral con Moscú.

Biden firmó cuatro órdenes ejecutivas en torno a su promesa de abordar la injusticia racial, informó la Casa Blanca. Al firmar las órdenes, Biden recordó el caso de George Floyd, el afroestadunidense que murió cuando un policía se hincó sobre su cuello, caso que detonó manifestaciones masivas a nivel nacional. “Esos ocho minutos y 46 segundos que le quitaron la vida a George Floyd abrieron los ojos de millones de estadunidenses y millones en todo el mundo. Fue una rodilla sobre el cuello de la justicia y no será olvidado… marcó un parteaguas en la perspectiva de este país sobre la justicia racial”, comentó.

También recordó que entre quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero estaban supremacistas blancos y que ahora es el momento de actuar sobre la crisis de la injusticia racial, una de las cuatro que sufre el país junto con la pandemia, la crisis económica y el cambio climático, que ha identificado como las prioridades de su gobierno.

Sus órdenes ayer, según su asesora de política doméstica Susan Rice (quien se identificó como descendiente de migrantes jamaiquinos y esclavos estadunidenses), son parte de las iniciativas que ponen la equidad racial al centro de la agenda del nuevo gobierno.

En conferencia de prensa, Rice indicó que “para demasiadas familias el racismo sistémico y la desigualdad en nuestra economía, leyes e instituciones aún ponen muy fuera de alcance el sueño americano”. Añadió que la familia afroestadunidense promedio tiene una décima parte de la riqueza de su contraparte blanca, que las personas de color son más afectadas por el Covid-19 que los blancos y que uno de cada 10 trabajadores afroestadunidenses y uno de cada 11 latinos están ahora desempleados, mientras las comunidades indígenas sufren condiciones aún peores.

Una de las órdenes firmadas ayer –la no renovación de contratos del Departamento de Justicia con prisiones privadas– es parte de la respuesta a demandas para reformar el sistema de justicia criminal. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos de migrantes y de derechos civiles criticaron que esa orden no incluye los centros de detención para inmigrantes. Según una investigación de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, 81por ciento de migrantes (en promedio, unos 50 mil cada día) bajo custodia de la agencia federal ICE están en instalaciones operadas por empresas privadas.

Otras órdenes incluyen reforzar el compromiso del gobierno federal de respetar la soberanía de gobiernos tribales y promover su inclusión en la formulación de políticas federales que tienen implicaciones para los pueblos indígenas, medidas para revertir la discriminación en políticas de vivienda y dar pasos para combatir la xenofobia y los actos de violencia contra asiáticos estadunidenses (esto después de que Trump llamaba al Covid-19, el virus chino).

Por separado, el Departamento de Justicia anuló el memorando del gobierno de Trump que proclama una política de tolerancia cero, según la cual todo adulto capturado cruzando la frontera de manera ilegal sería enjuiciado, reportó la agencia Ap. Pero los menores de edad que viajan con adultos no podían permanecer encarcelados con ellos, de acuerdo con la ley, y como resultado agentes federales separaron a más de 5 mil 500 niños de sus padres en un periodo de meses antes de que la crítica feroz de la práctica la frenara en 2018. Sin embargo, luego de que un tribunal federal ordenó al gobierno pasado reunificar a todas estas familias, hoy día aún no se ha logrado ubicar a los padres de unos 600 de estos menores.

Relaciones exteriores

Mientras el enfoque político del gobierno de Biden ayer fue sobre asuntos de política interna, también se marcaron cambios en la externa. Biden se comunicó la tarde de ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el fin de abordar varios temas, como extender el tratado de armas nucleares New START por otros cinco años (caduca el 5 de febrero) y también para expresar críticas y advertencias.

Según la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, Biden expresó sus preocupaciones sobre la interferencia en la elección de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y el trato a manifestantes pacíficos por las fuerzas de seguridad rusas. Agregó que también se habló de la agresión contra Ucrania y de las versiones de que Rusia había colocado recompensas sobre las vidas de soldados estadunidenses en Afganistán.

Biden había prometido en su campaña asumir una postura más firme con Putin y criticó a Trump por ser demasiado cercano al mandatario ruso. De acuerdo con Psaki, la intención de Biden ayer fue dejar claro que Estados Unidos actuará firmemente en defensa de nuestros intereses nacionales en respuesta a acciones malignas de Rusia.

A la vez, el encargado de la política exterior de Biden, Antony Blinken, fue ratificado por el Senado como secretario de Estado. Blinken tiene una larga relación con Biden desde que el ahora presidente era jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, después fue su asesor de política exterior cuando era vicepresidente, y finalmente subsecretario de Estado en ese mismo gobierno de Barack Obama.

No todo cambia

Al mismo tiempo, el senador Robert Menéndez será el nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores, como parte de los cambios del traslado del control de la cámara alta a los demócratas, noticia que preocupó a quienes tienen esperanzas de un giro más progresista en la política exterior. Menéndez tiene un largo historial como halcón y fue opositor a la normalización de la relación diplomática con Cuba (él es cubanoestadunidense) impulsada por el gobierno de Obama (con Biden como vicepresidente).

Menéndez también promueve una línea dura contra el gobierno de Nicolás Maduro y ayer la Casa Blanca no indicó que estuviera preparada para algún cambio, aunque tampoco lo descartó. La vocera de la Casa Blanca, Psaki, sólo reiteró que el objetivo de Estados Unidos es apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela por medio de elecciones libres e imparciales y subrayó que Biden se enfocará en abordar la situación humanitaria y buscará proceder por conducto de la diplomacia multilateral.

¿Impunidad otra vez?

Hablando de democracia, elecciones imparciales y transiciones pacíficas, hubo noticias relativamente positivas para Trump en Washington: aunque una mayoría del Senado estuvo a favor de proceder con el juicio político del ex mandatario, sólo cinco de los 50 republicanos se sumaron a todos los demócratas (50), lo que indica que no habrá suficientes votos –por ahora– para condenar a Trump (se requieren dos tercios de la cámara alta para declararlo culpable). Pero eso puede cambiar antes y durante el juicio político programado para comenzar el 9 de febrero.

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