Trump puso sanciones porque investigaban crímenes de sus tropas

EE.UU. sigue atacando a la Corte Penal Internacional

 

La gravedad del problema institucional que ya implicaba el desconocimiento de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) se profundizó a fines de junio. En el sistema mundial que concibió Immanuel Wallerstein, EEUU sigue enfrascado en su histórico excepcionalismo. Ese que consiste en el doble estándard para juzgarse a sí mismo y al resto de las naciones de modo distinto. Además de aislarse –se fue de la OMS a fines de mayo– sigue anunciando sanciones unilaterales contra organizaciones o países. Al tribunal con sede en La Haya lo alcanzó el largo brazo de Washington cuando tuvo el tupé de investigar los crímenes que cometieron sus tropas en la invasión de Afganistán. La secuencia es así: el 11 de junio en respuesta a esa decisión de la CPI, Donald Trump emitió la orden ejecutiva 13928 para bloquear los bienes de algunos de sus integrantes. La réplica, un documento del mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, no demoró. Se conoció el 25 de junio y considera la sanción “un ataque directo” a la independencia judicial del organismo que reúne a 123 naciones que adoptaron el estatuto de Roma en 1998.

Estados Unidos no reconoce a la Corte como el instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personas físicas. Los especialistas, relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraron que “estas amenazas constituyen una interferencia inadecuada con la independencia de la CPI y también podrían tener posibles efectos adversos en los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las víctimas…”.

Desde que se creara la Sociedad de las Naciones en 1919 a la que Estados Unidos no adhirió –disuelta en 1946 para dejar paso a la ONU- los intentos de la potencia mundial para condicionar a los organismos multilaterales se dan con frecuencia. Por citar los últimos, Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2018. Al año siguiente, en diciembre de 2019, el gobierno de EEUU ya ni siquiera argumentó que actuaba en defensa propia. Acudió en ayuda de su incondicional aliado, Israel. Le advirtió a la CPI que “tendría consecuencias” si pretendía poner en marcha cualquier investigación “ilegítima” sobre las políticas en los territorios palestinos ocupados.

Estos antecedentes fueron contextualizados por Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados: “La implementación de tales políticas por parte de Estados Unidos tiene el único objetivo de ejercer presión sobre una institución cuyo papel es buscar justicia contra los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”.

Si la ONU tiene 193 países y la Corte Penal 123 se debe en buena medida a la historia recorrida por ambas. Naciones Unidas cumplirá 75 años el próximo 24 de octubre y la CPI recién llegará a los 22 años este 17 de julio. No es menor la cantidad de sus países miembros si se toma en cuenta que al 1° de enero de este año 117 estados de la ONU pasaron por el Consejo de Derechos Humanos que tiene un cuerpo estable de 47 naciones desde el 15 de marzo de 2006.

El conflicto entre Estados Unidos y la Corte se agudizó cuando la fiscal internacional Fatou Bom Bensouda, recibió el apoyo clave de una las Cámaras de Apelaciones de la CPI. El 5 de marzo de este año, la Cámara decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos en la república islámica de Afganistán que EEUU todavía ocupa con unos trece mil soldados. John Bolton, uno de los halcones de la Casa Blanca que asesoró a Trump hasta septiembre de 2019 cuando el presidente lo despidió, fue el más taxativo de todos los funcionarios cuando se refirió al tribunal de La Haya: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.

Pero la CPI está muy lejos de morirse y tiene quienes la defienden de las medidas con que la amenazó Washington: “El uso de sanciones unilaterales contra jueces internacionales y funcionarios públicos internacionales constituye una clara violación no solo de sus privilegios e inmunidades, sino también de un amplio espectro de derechos de las personas seleccionadas”, dijeron los responsables de todas las relatorías de la ONU, quienes no reciben un salario por su trabajo, son independientes de cualquier gobierno y se desempeñan a título individual. Entre ellos hay un argentino: Fabián Salvioli, quien se encarga del área de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas.

La gambiana Bensouda es por ahora el principal blanco individual del gobierno de Trump. Los crímenes que investiga en Afganistán según informes de la CPI afectaron a 699 víctimas, 61 de las cuales fueron torturadas por las fuerzas de ocupación. Estados Unidos llegó a retirarle la visa a la fiscal que también investiga crimenes de los talibanes. El Fiscal General de EEUU, William Barr, afirmó el mes pasado que las medidas tenían como objetivo “responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos”.

Esa concepción muy vinculada con la doctrina del destino manifiesto que se arroga Washington desde la época de sus padres fundadores, es analizada por Thierry Meyssan. El periodista francés que preside y fundó la Red Voltaire escribió en un artículo que publicó el 2 de abril del año pasado: “Estados Unidos afirma que sigue ‘la voluntad de Dios’ mientras que sus enemigos se niegan a ‎hacerlo y, por tanto, juzga a sus enemigos mucho más severamente de lo que se juzgaría a ‎sí mismo por los mismos hechos, recurriendo así al doble rasero”. ‎

La posición del gobierno de EEUU es evidente desde que se firmó el estatuto de Roma con que se rige la CPI. Se considera una nación “excepcional” -de ahí la doctrina del excepcionalismo- que no debe ni puede quedar condicionada por los principios universales que rigen a otros Estados.

Según algunos académicos este conflicto plantea un dilema ético. Thomas Bender, un respetado historiador norteamericano, autor del libro Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones (Siglo XXI), le dijo en 2011 a Página/12: “Nosotros aceptamos nuestras actividades imperialistas justamente porque nos consideramos ‘aparte’. Creemos que estamos ayudando a la gente que invadimos. Este excepcionalismo es intrínsecamente contradictorio: no compartimos la historia mundial, pero cualquier historia nacional extranjera nos parece una emulación de la nuestra, como si los demás debieran ir en la misma dirección”. Como se ve, nada cambió hasta hoy y la ofensiva de Trump contra la Corte Penal Internacional es más de lo mismo.

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“Debe haber límites para lo que queremos tener”. Entrevista a Ingrid Robeyns

Se dice que el mundo puede ser distinto después de la pandemia. Aquí la economista y filósofa belga Ingrid Robeyns propone un mundo donde la acumulación de la riqueza tenga un límite y donde los súper ricos sean vistos como un problema. No quiere construirlo a punta de impuestos, sino poniendo en discusión cuál es la diferencia aceptable entre el sueldo del gerente y el cajero. Es decir, no busca emparejar la cancha al final del proceso productivo -como hacen los impuestos-, sino hacer que el proceso entero sea parejo. Eso es importante para Robeyns porque una de las cosas que quiere proteger al limitar la acumulación es la democracia: no es posible que esta funcione bien si algunos ganan un millón de veces lo que gana una persona común, explica. Eso pasa en Chile, dicen algunos estudios. La entre vista la realizó Marcela Ramos.

 

Durante décadas ha dominado la idea de que los súper ricos triunfan porque trabajan duro y son inteligentes. El economista de la Universidad de Harvard Gregory Mankiw lo sintetizó en un artículo de 2013, titulado En defensa del uno por ciento: “el grupo más rico ha hecho una contribución significativa a la economía y en consecuencia se ha llevado una parte importante de las ganancias”.

De esa mirada se derivan dos ideas que están muy presentes en la discusión pública: que la riqueza es un premio justo al esfuerzo (de lo que se sigue que el rico se merece su riqueza y los pobres tienen responsabilidad por su situación); y que el rico es un actor valioso para nuestra sociedad, porque estos “altamente educados y excepcionalmente talentosos individuos”, como los describe Mankiw, generan su propio bienestar y el del resto.

Tras la crisis financiera de 2008 esas ideas han sido puestas en duda. Investigaciones en el área de la educación han mostrado que los ricos no son excepcionalmente inteligentes sino, más bien, personas normales que por el azar de nacer en familias adineradas, accedieron a una educación que les garantizó pertenecer al 10% de más altos ingresos (ver entrevista al economista de la UCL, Francis Green en CIPER); otros autores no solo cuestionan el “excepcional” talento del rico, sino también la calidad de la educación que reciben, afirmando que lo que realmente aprenden en la escuelas de elite es a comportarse como privilegiados: interiorizan los gustos, las maneras y los contactos que permiten ser reconocidos como parte de un club. Es decir, aprenden a “encarnar” el privilegio (ver entrevista al sociólogo de Columbia Shamus Khan, en CIPER). En otras palabras, no serían personas de inteligencia sobresaliente o muy bien preparadas, sino seres normales con una excepcionalmente buena red de contactos.

Otra importante fuente de cuestionamiento viene de las investigaciones que examinan la forma en que se genera esa riqueza que termina en sus manos en forma creciente. La economista Mariana Mazzucato ha mostrado que incluso en las áreas tecnológicas, donde domina la idea del ingeniero genio haciendo maravillas en su garaje, el financiamiento del Estado ha sido el actor central (Apple, dice Mazzucato, le puso diseño “cool” a tecnología que se generó en programas financiados por el Estado norteamericano para ganar la Guerra Fría).

En el caso chileno, la idea de que estas fortunas se han construido a partir de una dura competencia, fue puesta en duda por Ben Ross Schneider, que describe un capitalismo jerárquico manejado por pocas familias. El descubrimiento de cuán frecuente han sido las colusiones (ver columna de Claudio Fuentes), ha hecho que la idea del rico como el triunfador de una competencia justa sea cada vez más difícil de aceptar. Paralelamente, una serie de trabajos han mostrado cómo los más ricos usan su dinero para que la democracia funcione de acuerdo a sus intereses y les dé más dinero: cómo usan el lobby y los contactos para pagar pocos impuestos (ver Tasha Fairield, Carlos Scartascini y Martín Ardanaz, o Francisco Saffie); como  financian ilegalmente la política y consiguen leyes hechas a la medida de sus intereses. En una entrevista con CIPER, la economista Andrea Repetto destaca también cómo los más ricos logra manejar el debate público, fijando los estándares de qué es razonable y qué es inaceptable: “Si tienes mucho dinero puedes comprar muchas cosas, entre otras, thinks tanks, medios y académicos”, dijo.

Para enfrentar algunos de estos problemas las sociedades modernas intentan generan regulaciones que ponen cortafuegos entre la política y la riqueza y aumentan la fiscalización. La economista y filósofa belga Ingrid Robeyns dice que esos cortafuegos no han funcionado ni funcionarán porque las grandes fortunas son un poder demasiado grande para las democracias. Sostiene que la extrema riqueza no genera problemas, sino que “es” el problema.

Antes de seguir hay que aclarar que Robeyns no es marxista. Tampoco envidia a los ricos. Si hay que ubicarla en algún lugar, tal vez el más adecuado sea la economía del bienestar, una propuesta de nuevo sistema económico que plantea que el modelo actual es insostenible ecológicamente e injusto; y que propone nuevos indicadores para evaluar y pensar el desarrollo. En lugar de poner el énfasis en el crecimiento económico, sus principales preocupaciones son el bienestar de las personas y el desarrollo sustentable.

Robeyns es doctora en Economía en la Universidad de Cambridge y hoy hace investigación en el área de la Filosofía. Trabaja en el instituto de Ética de la Universidad de Ultrecht, Holanda. Es la investigadora principal de “The Fair Limits project” (Límites Justos), un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación con 2 millones de Euros para problematizar las formas actuales de distribución de recursos económicos y ecológicos.

Un paper de 2017 titulado “Tener demasiado” resume bien sus ideas. Su planteamiento central es que, en el mundo real, el cielo no puede ser el límite. En el mundo real con democracias que requieren equilibrios de poder y con recursos naturales sobreexplotados, el límite tiene que estar mucho antes. Así como hay una línea de la pobreza bajo la cual nadie debiera estar, Robeyns propone una línea máxima de riqueza.

La teoría de Robeyns se denomina “limitarianismo” y arranca de un esfuerzo por pensar cómo repartir los recursos escasos de una manera ética y justa, para proteger la igualdad en política y enfrentar los desafíos que impone el cambio climático y la pobreza. No entiende la riqueza como algo negativo; pero sí su acumulación excesiva, es decir la codicia. Robeyns no es la primera que dispara contra la acumulación sin límite (ver recuadro). Pero probablemente es una de las que más ha avanzado en desarrollar estas ideas en el contexto actual.

En Chile, los economistas Ramón López y Gino Sturla, usando datos de CreditSuisse y el Boston ConsultingGroup, identificaron 140 súper ricos (que suman un patrimonio total US$150.000 millones) y 5.700 ricos, cada uno con un patrimonio de entre US$ 5 y US$ 100 millones.

-¿Cuál debiese ser el límite de la riqueza?

-El límite debe definirlo cada sociedad a través de sus procesos políticos. Pero la idea es preguntarse qué necesitamos para alcanzar una vida plena en términos de acceso a salud, educación, transporte, alimentación. En el caso de Holanda, en conjunto con sociólogos económicos, evaluamos si la idea de establecer un límite a la riqueza  le hacía sentido a las personas, si la entendían. En una encuesta representativa de la población total, encontramos que un 96,5% de los holandeses piensa que debe haber un límite a la cantidad de dinero que una persona debe tener. Esa cantidad está vincula con un determinado estándar de vida. Las personas piensan que pasado ese nivel, el dinero no contribuye a la prosperidad [1] a la calidad de vida. El cálculo que hicimos para Holanda fijó la línea de la riqueza entre 2 y 3 millones de euros para las familias (entre $1.700 y $ 2.700 millones). Actualmente un equipo liderado por Tania Burchard de la London School of Economics está investigando una línea de riqueza para Inglaterra.

Sin embargo, me parece que más importante que fijar un límite ahora, es avanzar en contestar la pregunta: ¿debe el cielo ser el límite? Lo que me interesa es promover una discusión sobre las razones por las cuales el cielo no debe seguir siendo el límite, y por qué debemos imponernos límites más bajos.

-¿Por qué es un problema “tener demasiado”?

-Cuando vives dentro del marco ideológico del Neoliberalismo parece equivocado pensar que algunos tienen demasiado. Ello más bien puede significar que eres envidioso. El limitarianismo cuestiona esa mirada y considera que tener demasiado es problemático por distintas razones. En primer lugar, la investigación académica sobre concentración de riqueza en Estados Unidos y también en economías mixtas como Holanda, muestra que los súper ricos manipulan o influyen en el sistema político para que las reglas los favorezcan. Su fortuna entonces puede ser resultado de la elusión tributaria o de que contrataron lobistas para tener leyes favorables y por lo tanto tener muchas más ganancias que la mayoría de las personas. Esto es lo que hemos visto.

Frente a esto la gente contra-argumenta que súper ricos como Bill Gates hacen donaciones y filantropía. Pero esa es una forma equivocada de analizar las cosas, porque la pregunta debiera ser ¿cómo llegaron a tener tanto? En un mundo justo, todos aquellos que son súper millonarios no podrían serlo. Si llegaron a acumular tal nivel de riqueza es porque torcieron la ley, o porque esa riqueza fue resultado de procesos de colonialismo, explotación de mano de obra u otras razones.

-¿No es posible una extrema riqueza bien obtenida?

El caso más complejo para discutir es el de aquella persona que se vuelve rica en un contexto de mercado, pero que lo hace, por ejemplo, produciendo música y bajando sus costos de distribución y difusión casi a cero. En ese caso, me podrías decir que no hay problema, pues esta persona está acumulando riqueza no como consecuencia de su poder sino de su talento y no explota a sus trabajadores, sino que está siendo muy eficiente y obteniendo todas las ganancias posibles. Esta persona entonces se hace rica en un proceso que es política y moralmente correcto. No podemos objetar su riqueza a nivel de procesos, pero desde una perspectiva de resultados podemos argumentar contra su nivel de acumulación. Es decir, aún en los casos en que se trata de una gran fortuna acumulada de manera limpia, igualmente tener mucho dinero permite influir en la política de diversas formas: puedes financiar un partido, influir en la agenda política, contratar lobistas. Políticamente entonces es un problema. Y esa es otra razón por la cual no debiésemos permitir que las desigualdades sean tan grandes en contextos democráticos.

-Una desigualdad muy visible hoy es la diferencia de salarios. La economía ha justificado por años esas diferencias en razón de la productividad ¿Es esa una explicación plausible?

-Los modelos económicos asumen que los salarios reflejan la productividad. Pero eso es un supuesto. En las grandes empresas los salarios altos no son definidos sobre la base de la relación oferta/demanda en el mercado laboral, sino que los definen los directorios. Es decir, son definidos por amigos para otros miembros de la elite. La idea de que los sueldos reflejan la productividad marginal es un supuesto que funciona como un dato empírico hasta cierto nivel. Pasado cierto límite, lo que muestran esos salarios es colusión entre los individuos.  Por supuesto podemos encontrar ejemplos donde las diferencias salariales se justifican por las diferentes características y tipos de empleos. Pero eso es sobre todo un supuesto teórico. Y tenemos muchos casos para mostrar que eso no es verdad. La crisis financiera de 2008, por ejemplo, mostró que algunos bancos hacían un trabajo de muy mala calidad. Si fuese verdad que el salario está de acuerdo al nivel de productividad, algunos de los gerentes de esos bancos no debieron haber recibido más sus pagos, pero aún están en el grupo de los mejor pagados.

-¿Cuál es la explicación entonces para estas enormes brechas salariales? En Chile un estudio del economista Ramón López mostró que cada uno de los cinco hombres más ricos de Chile en 2011 ganaba lo mismo que un millón de chilenos. Uno se pregunta cómo se puede trabajar más duro o ser más productivo que un millón de personas.

-Una de las características del Neoliberalismo es que pone mucha presión sobre las responsabilidades individuales. Las personas deben felicitarse por sus triunfos pero también son los responsables de sus fracasos. Pero hay otras perspectivas que hemos empezado a discutir en la filosofía política contemporánea, y que plantean que un componente central del éxito es resultado de la suerte. Entonces tus talentos, la salud que tienes, la familia y el país en que naciste, todo eso es resultado de la suerte, y eso significa que tenemos que ser mucho más modestos a la hora de felicitarnos por nuestros éxitos. Esto por supuesto cuestiona la posición de aquellos que se consideran con el derecho moral de tener salarios altos y fortunas. Estas personas dicen ‘yo me merezco esto’, pero la perspectiva correcta sobre lo que nos merecemos es más bien que buena parte de nuestro éxito económico es suerte o es resultado de un contexto construido por otros y sobre el cual podemos sacar algunas ventajas. Si tomamos en cuenta que buena parte de lo que somos es resultado del azar, del lugar donde nacimos, de nuestra salud, no debiese ser tan simple mirarse al espejo y decir ‘bueno, está muy bien que yo gane lo mismo que un millón de mis conciudadanos”.

Robeyns empezó a pensar en el limitarianismo en 2012, cuando la discusión sobre desigualdad en economía se alimentaba de investigación sobre la pobreza, buscando entender en lo que hacían y no hacían los pobres, las causas de su situación.

“Insistentemente me preguntaba por que no estábamos estudiando a los ricos. Al comenzar las discusiones sobre el limitarianismo, recuerdo que en las primeras conversaciones con mis colegas del instituto de Filosofía y Economía en Amsterdam, la reacción de ellos era reírse. Me preguntaban, “¿qué quieres hacer? ¿quieres disparar a los ricos?” Para ellos era muy difícil pensar que este tema podía investigarse. La gran diferencia la hizo la publicación del libro “El capital en el siglo XXI” de Thomas Pyketty, porque allí mostró que estábamos volviendo a una época de aumento sostenido de la desigualdad. Hasta entonces, teníamos la idea de que las tasas de desigualdad del siglo XIX, las más altas en la historia, eran una cosa del pasado, y que vivíamos en un contexto de igualdad de oportunidades. Pero Piketty mostró que eso no era verdad. Ese libro vino a cambiar el juego, a patear el tablero”.

Robeyns dejó la economía porque la forma dominante de entender el mundo en esa disciplina –matemática y estilizada- no le permitía hacer preguntas sobre el poder.

-Y en el mundo real, si actúas como si el poder no existiese, no puedes entender lo que está pasando. Lo que no considera la economía es que en el mundo real las personas poderosas tienen los números celulares de los Presidentes. Si quieren algo, simplemente llaman por teléfono y ejercen presión. En el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, podemos pedir una reunión con el Primer Ministro, pero no tenemos su número de teléfono. En Holanda, un país que lo ha hecho bastante bien en temas de corrupción y transparencia, puedes encontrar ejemplos recientes sobre cómo las grandes empresas influyen en la política a través de formas que las personas comunes y corrientes no pueden. Eso es porque son poderosos, porque el dinero da poder. Además hay que tomar en cuenta que la economía, que es la que prepara gente para implementar políticas neoliberales, es una disciplina fundamentalmente tecnocrática. Les gusta pensar que el conocimiento está libre de valores e ideología. Esa es la razón por la cual yo dejé la economía como disciplina de estudio, porque no reconocen el punto de vista normativo que adoptan frente a este tipo de problemas.

-¿Cree que esta falta de consideración y problematización de la concentración de la riqueza es responsabilidad de los economistas y el tipo de modelo que han sustentado?

-En este tema creo que hay cosas que nos deben preocupar y otras que nos deben hacer sentir optimistas. El lado preocupante es cuando ocurren cosas como las siguientes. Cuando Tomas Piketty publicó su primer libro, El Capital en el Siglo XXI, muchos economistas dijeron ‘bueno, esto es historia económica’. De hecho, Debra Satz, entonces directora del Centro de Ética para la Sociedad de la Universidad de Stanford, me contó que, cuando ellos lo invitaron a Piketty a presentar su libro, los economistas no asistieron. Piensan que el libro es muy político y eso los pone nerviosos; porque lo que Pikkety muestra es que el emperador está desnudo, lo que es algo muy desestabilizador para los economistas. Esto da cuenta lo profundamente problemática que la disciplina económica puede ser. En el lado optimista, hay que reconocer que hay muchos economistas en posiciones de poder, como Dani Rodrik y Paul Krugman, que han comenzado a cuestionar las ideas dominantes. Hace unas semanas Rodrik publicó una columna donde decía que la opción por la globalización era eso, una opción; y que podemos elegir otro tipo de acuerdos de comercio internacional que pongan la salud y el cambio climático en el centro de las preocupaciones. Esto muestra que un economista que es respetado por sus pares, reconoce que hay opciones y que éstas no están libres de valores. Lo que es frustrante para los filósofos de las ciencias, los filósofos políticos y quienes nos dedicamos a la ética, es que por muchos años hemos mostrado en detalle que la economía no puede estar libre de valores y que el razonamiento económico tiene incorporadas decisiones éticas e ideológicas. Pero la economía se pone un escudo frente a otras disciplinas. Yo creo que un tema importante, pensando en el futuro, es que la economía no sea enseñada solo por economistas, sino por historiadores, filósofos políticos, sociólogos. No hay que dejar la economía a los economistas, eso es crucial. Una vez que ésta disciplina se abra, vamos a poder tener conversaciones nuevas, diferentes.

Si hemos crecido en un contexto en el que tener dinero significa éxito y poder, y nos felicitamos por nuestros resultados, ¿de qué manera podemos movernos a otras formas de pensar y a otros valores?

-Yo creo que tenemos que elaborar contra-narrativas. El limitarianismo es una de ellas. Está la red de economistas por el bienestar y el Centro para el Estudio de la Prosperidad Sustentable, que propone dar una mirada ecológica al desarrollo y cuyo modelo plantea también que la economía debe estar al servicio de las personas. La economista Mariana Mazucatto de UCL también ha desarrollado una contra-narrativa, al plantear que buena parte de la innovación más determinante ha sido resultado de la inversión estatal. Entonces si pones sobre la mesa todas estas contra-narrativas puedes ver que está emergiendo una perspectiva alternativa al Neoliberalismo. También creo que hay cada vez más voces que se dan cuenta de que el Neoliberalismo nos falló. Antes que el coronavirus, la crisis climática es el ejemplo más claro de que, aún cuando estamos ganando mucha plata, eso es a costa de destruir nuestro planeta. O sea, no es un modelo económico bueno.

-¿Tiene usted ejemplos donde se estén efectivamente impulsando otro tipo de políticas y no sea solo teoría?

-Tengo dos ejemplos. Hay una ley en Holanda que establece un límite a los ingresos de los directivos de las instituciones públicas. Entonces, si eres el rector de una universidad, no puedes ganar más que el salario que recibe el Primer Ministro. Ese es un ejemplo de una política limitarianista, aunque tiene la limitación que solo se aplica al sector público. Otro ejemplo ocurrió recientemente, cuando comenzó la crisis del coronavirus: la primera compañía que pidió apoyo gubernamental en Holanda fue la aerolínea KLM. Pocas semanas después, se publicó que los directores de esta empresa habían pedido un aumento en el monto de los bonos que iban a recibir, los cuales constituyen una parte importante de sus ingresos. Se generó una crítica pública muy fuerte contra KLM, por lo que la empresa negó la solicitud hecha por los directores. En 2008, a propósito de la crisis financiera, vivimos una situación similar. Entonces nos enteramos por la prensa que, un año después de recibir un salvataje gubernamental, el dueño de un banco estaba solicitando aumentar el monto de compensación que le iba a pagar a uno de sus directivos. Esto generó mucha rabia, por lo que el banco retiró la propuesta y su máximo directivo reconoció en una entrevista que no se había dado cuenta lo sensible que eran estos temas para la sociedad. Estos ejemplos dan cuenta también de otro problema: que en general los ricos y las elites viven en un mundo aparte, en su burbuja; y lo que les tiene que quedar claro es que, aun cuando crean que se merecen esos sueldos y paquetes de compensación, desde una perspectiva de bien común e interés público, no es justificable.

Hay cada vez más voces en esta línea. Por ejemplo en Estados Unidos hay un grupo que se denomina millonarios patrióticos y su líder, que es una de las dueñas de Disney, plantea que deben pagar más impuestos. Estos ejemplos muestran que hay voces entre los super ricos que se dan cuenta que esto es ridículo. Me parece que hay mucho debate sobre hasta qué punto pueden aumentar las desigualdades. Y estos llamados tienen en común el buscar establecer límites.

-¿El limitarianismo implica aumentar la tasa de impuestos a los súper ricos?

-En Filosofía pero también en otras disciplinas dividimos el espacio posible de aplicación de estas políticas en dos áreas: pre-distribución y redistribución. El primero se refiere al diseño y características de instituciones económicas del mercado laboral, como el salario mínimo o el salario máximo, si es que hay; el poder de negociación que tienen los trabajadores al interior de una empresa. Es posible tratar de limitar la desigualdad en este espacio, poniendo en marcha medidas para adecuar el mercado laboral; o puedes optar por dejar al mercado en su estado salvaje y usar, entonces, en el espacio de la redistribución, instrumentos fiscales como los impuestos. Creo que es mejor adaptar las instituciones del mercado en el espacio productivo, pre-distributivo, por dos razones. Primero, porque allí puedes tener discusiones fundamentales para la sociedad. Por ejemplo, cómo divides entre directivos y trabajadores los resultados productivos de una compañía. O la fijación del salario mínimo; o cuán democrática es la relación entre trabajadores y dueños. Segundo, porque al aplicar impuestos lo que se busca es corregir las desigualdades en la fase económica de la post-producción. Y los capitales globales son fluidos, se mueven por el mundo, lo que hace más fácil para los súper ricos eludir impuestos. Además existen razones sicológicas. Hay más resistencia a pagar impuestos si tuviste la plata y por lo tanto sientes que es tuya. La idea entonces es usar las instituciones económicas para evitar que las brechas aumenten antes de las etapas de producción, lo que puede ayudar a poner el foco en un espacio concreto de medidas.

-En este espacio de medidas pre-distribución ¿podría situarse también la implementación de un ingreso básico universal?

-Ciertamente es una medida que dialoga con estas narrativas alternativas en relación a la economía y el contrato social, entendiendo esto último como el conjunto de reglas a través de las cuales decidimos organizar nuestra sociedad. Pero hay una gran diferencia: el ingreso básico es un ingreso incondicional que se da a todas las personas mensualmente. El monto depende de decisiones a nivel nacional, algunos dicen que debe ser el monto de la línea de pobreza, pero hay literatura académica que muestra que esto no es sostenible, por lo que debiese ser más bajo. Pero lo que es importante es que el ingreso básico universal puede ser financiado de múltiples maneras. Puedes financiarlo aplicando impuestos a los ingresos, a los altos sueldos, impuestos ecológicos. A la perspectiva limitarianista lo que le preocupa es de dónde pueden salir los recursos para financiar ese tipo de medidas; pues el eje está puesto en reducir las desigualdades aplicando medidas en la parte alta de la distribución.

La acumulación sin límites es un asunto que ningún tipo de gobierno parece haber resuelto en la historia. Así lo sugiere el cientista político Jeffrey Winters en su libro Oligarquía, quien nota que desde la antigüedad la enorme riqueza personal “ha logrado construirse ideológicamente como algo injusto de corregir, a pesar de los significativos avances que han hecho retroceder otras fuentes de injusticia en los recientes siglos”.  Winters argumenta que dictaduras, monarquías, sociedades agrarias y sociedades postindustriales, coinciden en que es un error forzar una radical distribución de la riqueza. “No ha ocurrido lo mismo con la forma en que se juzga la esclavitud, la exclusión racial o el dominio de género”, afirma.

Winters explica que la democracia tampoco ha logrado enfrentar ese problema, pese a que “la riqueza extrema en manos de una pequeña minoría crea ventajas de poder significativas en el terreno político, incluso en las democracias. Sostener lo contrario es ignorar siglos de análisis político explorando la íntima relación entre riqueza y poder”, concluye.

Robeyns cree que para avanzar en este problema hay que revisar los supuestos que ponen la libertad económica de los individuos en el centro de la economía. Para ella, la pregunta que hay que hacer es ¿por qué tenemos que dar por sentado que las personas tienen el derecho a acumular riqueza?

-Es la ideología del Neoliberalismo la que nos ha convencido que hay un derecho infinito a acumular. Hace mucho tiempo también se aceptaba como derecho el tener esclavos y en un momento de la historia la mayoría de los norteamericanos no cuestionaron el ser dueños de otras personas. Visto desde hoy, sin embargo, pensamos que esto es moralmente repulsivo. Desde una perspectiva económica, pienso que la línea de la riqueza no debe ser muy baja, para no poner límites a la actividad empresarial; pero también considero que las personas deben imponerse a sí mismas estos límites para vivir una vida más virtuosa y tener menos desigualdad global. Está muy bien que las personas quieran tener más, pero rechazo de base la idea de que tenemos un derecho infinito a acumular riqueza.

Creo que el tema central hoy es clarificar la relación entre los individuos y la economía. La ideología neoliberal tiene como valor central la libertad económica de los individuos y su foco es que las personas puedan ejercer esa libertad. Pero hay otros modelos.

-¿Cuáles?

-Por ejemplo, el de la economía del bienestar, que no pone en el centro la libertad económica sino a las personas y los valores públicos. Hoy este modelo está presente en Nueva Zelanda, Escocia, Costa Rica, Islandia y hay gente investigándolo y dirigentes políticos que lo apoyan. Yo diría que el país que más ha avanzado es Nueva Zelanda, que identificó el bienestar de los individuos como una meta central de sus políticas y diseñó su presupuesto económico en función de nuevos indicadores. En la economía del bienestar se pone al centro la equidad, el desarrollo ecológico sustentable, la justicia económica. En ese contexto, medidas limitarianistas como poner un límite a la riqueza son justificables, porque no se trata de la libertad económica individual sino de la calidad de vida y otros valores. Entonces la discusión de fondo es sobre el objetivo de la economía. En un modelo neoliberal las personas sirven a la economía. En el modelo de la economía del bienestar, es la economía la que está al servicio de las personas.

Límites a la riqueza en la historia de la filosofía occidental

En marzo de este año Matthias Kramm e Ingrid Robeyns, investigadores del proyecto Límites Justos (The Fair Limits project), publicaron un artículo en el que revisan que han dicho pensadores clave de la historia de la economía y la filosofía occidental, sobre limitar la extrema riqueza. Su revisión incluyó a Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx y Friedrich Engels, y John Maynard Keynes.

La pregunta que guía esta revisión es la siguiente: ¿hay algún precedente histórico a la idea de establecer límites máximos a la riqueza individual? A continuación presentamos un extracto de las principales ideas.

Anexo

  1. El problema de la insaciabilidad: Platón y Aristóteles/Adam Smith/Karl Marx/John Maynard Keynes

Según Kramm y Robeyns, unos de los primeros argumentos que registra la historia de la filosofía es sicológico y se refiere a la idea de que los humanos, por naturaleza, se caracterizan por tener deseos y un apetito insaciable. La insaciabilidad es abordada en La República, por Platón y en La Política, por Aristóteles.

“Tanto Platón como Aristóteles -dicen los autores- plantean que estos apetitos deben ser limitados de una u otra manera”, por razones intrínsecas, pero también porque consideran que la insaciabilidad puede tener consecuencias para la vida de la polis (la ciudad-estado).

Kramm y Robeyns describen: “el Sócrates de Platón identifica ‘la acumulación interminable de dinero’ (Plato, 1997b, 373d) como la principal causa de protesta ciudadana y guerra. Esto es particularmente cierto en un sistema oligárquico (…) Los oligarcas están dominados por su deseo de riqueza, por lo que su gobierno conduce a una distribución desigual y a un incremento de las brechas entre ciudadanos ricos y pobres. Esta desigualdad es probable que estalle en una revolución en algún momento”.

En “Ética a Nicómaco” -explican Kramm y Robeyns- “Aristóteles describe la codicia como un apetito ‘por aquello que es placentero’ (Aristóteles, 2014, 1119b) y plantea que esta parte hambrienta del alma debe ser gobernada por la razón. Si una persona no es regulada por la razón, fácilmente puede caer en el error de entender a la riqueza como el bien máximo, aún cuando la riqueza ‘es fundamentalmente útil para acceder a otros bienes’ (Aristóteles, 2014, 1096a)”.

Aristóteles, describen los autores, está de acuerdo con Platón en que “la codicia puede tener consecuencias negativas para la polis, especialmente si la forma de gobierno es una oligarquía o una democracia” (Aristóteles, 1998, 1279b4).

En resumen -concluyen Robeyns y Kramm- “podemos decir que los argumentos intrínsecos en favor del limitarianismo de Platón y Aristóteles se concentran en el problema del ‘apetito insaciable’.

Este tipo de comportamiento puede terminar distrayendo a los individuos en la lucha por tener una vida buena y sabia y, en cambio, dedicar la mayoría de sus actividades a acumular riquezas, a costa de otras actividades más virtuosas. El argumento no intrínseco pro-limitarianismo de estos filósofos se centra en la distribución desigual y la brecha entre ciudadanos ricos y pobres, y los potenciales conflictos que pueden emerger de ello”.

En la misma línea del debate sobre “el problema de la insaciabilidad” Robeyns y Kramm registran ideas de Adam Smith, Karl Marx y Keynes.

Según los investigadores, Adam Smith constata que “cuando se trata de admirar, la disposición de las personas tiende a dirigirse hacia la riqueza más que hacia la sabiduría y la virtud. Smith afirma que ‘los observadores descuidados son propensos a confundir lo uno con lo otro’ (Smith, 2004, p. 73), porque tanto la adquisición de riqueza como de sabiduría y virtud pueden ayudarnos a ser respetables y respetados. Smith sugiere que la adquisición de riqueza debe ser controlada hasta el nivel que un hombre ‘pueda razonablemente esperar adquirir” (Smith, 2004, pags. 74), de manera que las virtudes puedan florecer también”.

Según Robeyns y Kramm, de los escritos de Smith pueden derivarse argumentos intrínsecos y no intrínsecos para limitar “el comportamiento adquisitivo”.

Entre los últimos Smith plantea que “demasiada desigualdad entre ricos y pobres puede llevar a disturbios civiles. Smith asigna a los ricos los vicios de ‘avaricia y ambición’ y a los pobres ‘el odio al trabajo y el amor a la facilidad y el disfrute actuales’ (Smith, 1976, 2.709)”. Adam Smith, explican los autores, “pone su esperanza en la clase media, que puede desarrollar un mayor grado de virtud”.

En tanto, en el trabajo de Karl Marx, “el problema de la insaciabilidad se reinterpreta como el resultado de las estructuras sociales propias del capitalismo. Marx describe la disposición a luchar por la riqueza como un fin en sí mismo, pero explica que esta disposición es una consecuencia del modo capitalista de producción”, escriben Robeyns y Kramm.

El problema de la insaciabilidad, en el caso de Marx, se circunscribe al espacio político-económico: “la insaciabilidad es inherente al modelo capitalista de producción y este modelo debe ser dejado atrás para establecer una sociedad justa”, describen los autores.

Por último, Robeyns y Kramm identifican los argumentos desarrollados por el economista inglés John Maynard Keynes, quien distingue dos tipos de necesidades en las personas: absolutas y relativas. Según Keynes, el primer tipo de necesidades, que tienen que ver con demandas individuales físicas o bienes, pueden ser satisfechas. El problema está en las segundas, “pues dado que implican una competencia con otros, la superioridad nunca se alcanza”. En el caso de Keynes, dicen los autores, considera relevante establecer límites al comportamiento “competitivo de las personas”, como una condición necesaria para una vida “sabia y prudente”.

  1. La falacia de los fines y medios: Platón y Aristóteles/Marx y Engels/John Maynard Keynes

Además de la insaciabilidad, Robeyns y Kramm identifican un segundo argumento usado para defender la idea del limitarianismo. De acuerdo a este, “los individuos tienen la tendencia a justificar la producción de dinero como un fin en sí misma, aun cuando no debe ser más que un medio para conseguir otra cosa. Esta falacia moral puede llevar a las personas a adoptar conceptos erróneos de lo bueno”, dicen los autores. Constatan que estas reflexiones están presentes en escritos de Platón, Aristóteles, Keynes y Marx y Engels.

En La República de Platón, dicen los autores, “la falacia de los medios y fines es introducida en el contexto de una discusión de las artes médicas. De acuerdo al Sócrates de Platón, no es apropiado para un arte buscar la ventaja más allá de su objetivo (Platón, 1997b, 342b). Así, si el objeto de la Medicina es la salud del cuerpo, el fisiatra actúa mal cuando, en lugar de cuidar a su paciente, se preocupa de hacer dinero”.

Aristóteles aborda este tema en Ética para Nicómaco y en su Política. Aristóteles, según los autores, plantea que “para que una familia florezca, el dueño de hogar debe dejar en claro que hacer dinero es un medio para un fin. De acuerdo a Aristóteles, el negocio de acumular riqueza por el solo hecho de hacerlo puede tener un efecto corrosivo en otras actividades”.

En el ensayo “Posibilidades económicas de nuestros nietos” (1928), Keynes, en la misma línea que Aristóteles “distingue entre el ‘amor al dinero como una posesión’ y ‘el amor al dinero como un medio de disfrutar los placeres de la vida” (Keynes, 2008, pp. 23–24), explican los autores.

En el “Manifiesto del Partido Comunista”, Marx y Engels entregan su propia versión de la falacia de medios y fines, explican los autores. En este caso, se plantea que “la acumulación de capital” debe ser un medio para “sustentar la vida de la clase trabajadora”.

“En resumen -concluyen los autores- podemos decir que Platón, Aristóteles y Keynes sitúan su argumentación en el aspecto intrínseco del limitarianismo. Transformar los medios en fines puede hacer que actuemos mal (Platón), limitemos el florecimiento de las personas (Aristóteles) o pongamos límites al disfrute individual de las cosas” (Keynes).

  1. Umbrales mínimos y máximos: Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Locke, Adam Smith y John Stuart Mill

Un tercer argumento que sustentaría la posición del limitarianismo en la historia de la filosofía se encuentra en la distinción entre necesidades y excesos, y la importancia de establecer “umbrales” mínimos y máximos.

“En términos generales, esta mirada plantea un mínimo a partir del cual todos los miembros de la sociedad deben crecer (necesidades) y también considera un límite máximo por sobre el cual la propiedad individual debe redistribuirse de una u otra manera (excesos)”, explican los autores.

“Mientras el umbral mínimo es definido en términos de los medios necesarios para la supervivencia del individuo, su hogar y su familia, en términos de alimento, vestimenta y habitación, hay formas diversas de determinar el umbral máximo”, explican Robeyns y Kramm.

Entre los dos umbrales, los pensadores analizados proponen distintas medidas para combatir la brecha entre ricos y pobres. Platón recomienda un diseño específico para la sociedad en combinación con regulaciones legales. Aristóteles sugiere restringir las actividades económicas dañinas. Tomás de Aquino propone límites en el marco de la caridad voluntaria y obligatoria. Locke, al igual que Tomás de Aquino, ve la caridad como una alternativa, pero complementa esa mirada con una discusión sobre los derechos de los individuos. Adam Smith y John Stuart Mill proponen la generación de impuestos como una medida adecuada de redistribución.

“En conclusión, podemos distinguir entre aquellos pensadores que plantean diseños de sociedad determinados (por ejemplo Platón y Aristóteles) y otros que no tocan este tema y fundamentalmente proponen herramientas de redistribución, como Tomás de Aquino, Smith y Mill”, plantean Robeyns y Kramm.

Nota:

  1. En el estudio se les preguntó a los holandeses qué consideraban extrema riqueza. Un 67% estuvo de acuerdo en que una familia que tiene una casa grande con piscina privada, dos autos de lujo, otra propiedad en el sur Francia y 500 mil euros (aldedor de 450 millones de pesos) en bienes (propiedades, inversiones), está por sobre la línea de la riqueza.

Ingrid Robeyns

02/07/2020

Economista y filósofa belga. Trabaja en el instituto de Ética de la Universidad de Ultrecht.

Fuente:

https://ciperchile.cl/2020/05/17/ingrid-robeyns-debe-haber-limites-para-lo-que-queremos-tener#_ftnref1

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El impuesto a los ricos como sentido común

Un fantasma recorre América Latina en forma de nuevo sentido común de época: los superricos deben aportar una parte de sus colosales recursos para afrontar la crítica situación económica y social que vivimos. Se trata de un consenso emergente nacido en medio de esta pandemia y que ha tomado forma de iniciativa tributaria en muchos países. Con gran variedad de términos y con especificidades legales propias de cada país, esta propuesta de política pública cuenta hoy en día con gran aceptación en la región.

En Chile, el impuesto a los más altos patrimonios es una iniciativa del Partido Comunista, y ya ha sido aprobada en el Congreso; en Argentina, se viene discutiendo desde hace semanas la propuesta del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas, y está a las puertas de entrar a debate en la Cámara legislativa; en México, el subsecretario de América Latina ha propuesto públicamente una contribución extraordinaria que afectaría a los grandes patrimonios; también ha aparecido en Brasil como iniciativa en el Senado por parte del Partido de los Trabajadores; en Perú, se ha presentado como proyecto de ley en el Congreso; en Bolivia, lo ha expuesto el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce.

Lo interesante de este fenómeno regional es que no está disociado de lo que piensa la gente. Es decir, no son propuestas legislativas sin base ciudadana. Y es por ello que tienen mayor fuerza y posibilidades para que sean plenamente implementadas.

Si observamos las tres últimas encuestas realizadas por el Celag en los pasados dos meses, en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: 1) en Argentina, 78 por ciento estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; 2) en Chile, este valor es de 72 por ciento; 3) en México, de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública. Y seguramente esto responde no sólo a un criterio de justicia sino también de eficiencia. Recuperar la economía también se logra gracias a este tipo de medidas que permiten poner a circular recursos ociosos, que en la mayoría de los casos no son utilizados para el buen desempeño económico, social y productivo de un país.

El impuesto a los superricos no es un hecho aislado en este nuevo tiempo. La explicación está en sintonía con la mayor demanda de más Estado en medio de esta pandemia. Según datos de las encuestas del Celag, en Argentina 90 por ciento cree que el Estado debe intervenir y estar presente en la economía; en Chile, 68 por ciento, y en México, 60 por ciento.

Como casi siempre ocurre en la Historia, cada idea o propuesta es fruto de sus circunstancias. Como ocurrió luego de la gran crisis de 1929 con la subida de los tipos impositivos marginales para las rentas más altas (tal como lo describe Piketty en Ideología y capital), ahora sucede algo similar: lo que hasta hace poco era una idea minoritaria, ahora se transforma en idea mayoritaria.

*Por Alfredo Serrano Mancill, doctor en economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

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La Justicia impide a Trump deportar a 700 mil inmigrantes

Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. a favor de los "dreamers" 

La mayor instancia judicial del país decidió mantener un programa que posibilita a jóvenes inmigrantes ilegales trabajar y estudiar.

Trump había ordenado su cierre en 2017. 

 

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio un inesperado revés al presidente Donald Trump. La mayor instancia judicial del país decidió mantener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El mismo otorga papeles a los denominados “dreamers”, inmigrantes menores de edad que llegan al país de manera ilegal con sus padres. En 2017 el presidente republicano había decido dar de baja el programa. Sin embargo ahora la Corte Suprema rechazó la medida. Casi 700 mil personas estaban en riesgo de ser deportadas. El gobierno de México calificó a la decisión judicial como histórica. Trump dijo que volverá a empezar el proceso para terminar con el DACA.

"Necesitamos nuevos jueces"

La Corte llegó a un fallo por la mínima diferencia: 5 votos a favor y 4 en contra. El Supremo concluyó que Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 el DACA. Además consideró que sería caprichoso y arbitrario poner fin al programa creado por el presidente Barack Obama en 2012. El DACA evita deportaciones al otorgar permisos de trabajo y estudio a jóvenes principalmente oriundos de América Latina.

Esta era una de las decisiones más esperadas de la Corte Suprema. Había dudas respecto al fallo ya que los jueces conservadores son mayoría. Finalmente el alto tribunal secundó las opiniones que ya habían dado cortes inferiores. El magistrado John Roberts sumó su voz a la de los cuatro jueces progresistas para apoyar la permanencia del programa. "No estamos decidiendo si DACA o su terminación son políticas fundadas. Nos referimos sólo a si el programa cumplió con los requerimientos de procedimiento que le daban una explicación razonada para su acción", escribió Robert en el acta.

A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, Trump calificó la decisión como horrible y políticamente sesgada. "¿No les da la impresión de que no le gusto a la Corte Suprema?", escribió el mandatario en Twitter. Luego pidió un recambio de los jueces del alto tribunal. “Las decisiones recientes de la Corte Suprema (…), sólo dicen una cosa, necesitamos NUEVOS JUECES para de la Corte Suprema”, sostuvo el líder republicano. Luego advirtió que si los "demócratas radicales de izquierda" llegan al máximo órgano judicial pondrían en riesgo los derecho básicos de los norteamericanos. Finalmente advirtió que volvería a empezar el proceso para dar de baja el DACA.

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¿Edwin Dagua, autoridad indígena de Huellas Caloto asesinado en vano?

"¿Cuál es el direccionamiento de nuestras autoridades a la guardia indígena frente a grupos armados?"

Los Kiwe Thegnas (Guardias Indígenas) se han pronunciando con dolor, valentía y frustración a partir de la Audiencia de juzgamiento y armonización realizada ayer 16 de junio de 2020, en el resguardo indígena de Huellas Caloto. Acá compartimos esa reacción y sus preguntas, así como la noticia de Comunicaciones CRIC al respecto.

Dados los hechos a partir de la captura de 7 personas que confiesan su participación en el asesinato de un comunero de Huellas;
Dado el transcurrir y los resultados de la audiencia mencionada;
Dados los hechos graves que se suman a muchos otros que se vienen presentando en diversos territorios indígenas del Cauca;
¿Podría asumirse que la guardia indígena y quienes arriesgan y entregan sus vidas en defensa del territorio, del proceso organizativo y de sus comunidades -haciéndole frente a la ocupación delincuencial, del narcotráfico y de toda clase de actores armados y no armados vinculados al despojo-; estarían siendo un estorbo a negociaciones y acuerdos entre algunas autoridades indígenas y estos actores que causan desarmonía, terror y muerte?

¿Cómo es posible que las armas con las que se intimida, amenaza, somete y asesina sean ofrecidas y entregadas a un tercero como prenda para convocar un diálogo con estos actores armados?

¿Si el diálogo se iniciara, les devolverían las armas con las que delinquen y asesinan?

Brilló por su ausencia durante la audiencia, un verdadero análisis de contexto que, sin lugar a dudas, tendría que empezar por la guerra en la que se está sumiendo el territorio y que tiene como telón de fondo el narcotráfico. Es, para decir lo menos, sorprendente que estos asuntos no se hayan abordado. Sin este análisis resulta incomprensible el accionar de los asesinos en estos territorios ancestrales:

¿Cuáles son las razones o intereses detrás de que estos temas de fondo no se aborden? ¿cuáles son las razones para que el CRIC no tenga una posición política clara frente al narcotráfico como la reclamó en su momento Sath Tama Kiwe?.

Ante estos y otros hechos, es obvio asumir que si las comunidades organizadas, el proceso como un todo incluidas sus autoridades a partir de mandatos asamblearios no asume con la guardia la defensa digna y consciente de sus territorios y lucha ancestral, el resultado inminente es la consolidación de la ocupación y reclutamiento a sangre y fuego de estos territorios y luchas por parte de actores armados al servicio del negocio y de la política integral del narcotráfico. Las preguntas que hacen y se hacen los Kiwe Thegnas no pueden ser ignoradas en esta hora de vida o muerte para una de las luchas más ejemplares, sabias y valientes de las y los hijos de la Madre Tierra. No es un Problema de indígenas en el Cauca. Si este proceso cae, ¿qué puede esperarse del resto del país? ¡Así No! ¡Ya Basta! Pueblos en Camino

 


 

El futuro de los Kiwe Thegnas frente al control territorial en el norte del Cauca

 

Con profundo dolor, tristeza, temor, indignación, preocupación e incertidumbre compartimos la palabra de Lxs Kiwe Thegnas de Huellas Caloto. Aquí preguntas concretas de las cuales depende la vida misma en los territorios

 

Se llevó a cabo la asamblea extraordinaria en el resguardo indígena de Huellas Caloto con los 7 disidentes de las FARC EP, columna móvil delincuencial Dagoberto Ramos, dando un veredicto final de: tres (3) disidentes condenados a patio prestado y cuatro (4) de ellos entregados a sus familias para que sigan matando guardias y autoridades.

 

Hoy surge una gran preocupación dentro del ejercicio de guardia indígena y nos hacemos las siguientes preguntas:

 

¿Cuál es el direccionamiento de nuestras autoridades a la guardia indígena frente a grupos armados?

 

¿Hay que dejar las armas para luego canjearlos con guardias y autoridades que detengan?

 

¿En dónde queda la muerte del gobernador Satwesx, EDWIN DAGUA IPIA, asesinado por el mismo grupo en el mismo resguardo?

 

¿Dónde queda la muerte de los 11 guardias asesinados y de la Autoridad Neejwesx Cristina Bautista?

 

¿Por qué no se destruyen las armas?

 

¿Será que están llegando a acuerdos con los delincuentes, mientras la guardia da su vida por un territorio libre de actores armados?

 

Hoy queremos hacer reflexión porque todo se ha convertido en protagonismo, hablan duro los mediadores políticos de control territorial pero ¿será que ellos son los que recorren el territorio o mandan a los más bobos a la guerra para que mueran por ellos?.

 

Lo argumentamos porque todas las acciones que se realizan en el marco del control territorial las realiza la guardia indígena pero no se les tiene en cuenta para nada, –les da lo mismo el guardia que piensa, que siente, que quiere, y que opina.

 

Hoy caímos en la estrategia del gobierno cuando decía que no había necesidad de gastar un tiro en un indígena porque ellos solos se acabarían, y hoy vemos que ese dicho se está haciendo realidad.

 

Hoy desde el posicionamiento del sentir y el actuar de la guardia indígena le decimos a los grupos armados que nuestra lucha continuará contra subestructura delincuencial, porque la muerte de nuestros compañeros guardia y nuestras autoridades no quedarán en vano. Si en verdad piensan en la defensa del pueblo, es hora que empiecen a reflexionar y a pensar si es conveniente seguirnos matando porque estamos dispuestos, nuestro territorio lo tiene que gobernar nuestras comunidades, NO los grupos armados así nuestros líderes continúen cargando sillas para el guadual a negociar.

 

Como guerreros milenarios NO estamos en contra de nuestras autoridades, al contrario los apoyamos y base sus orientaciones tratamos de llevar el control territorial, pero si estamos en contra del direccionamiento que les dan, hoy hablan duro los asesores, pero no son ellos los que enfrentan el control territorial.

 

A las comunidades y familias debemos sentarnos a reflexionar para ¿dónde va esta situación?

 

¿Quién estará ganando esta lucha milenaria?

 

¿La guardia, los grupos armados, la fuerza pública, ACIN, el CRIC, la ONIC? ¿O EL GOBIERNO?…… somos nosotros los que vivimos y sufrimos a diario la guerra, las muertes, amenazas y señalamientos, por lo tanto somos nosotros los que conjuntamente debemos plantear la ruta del buen vivir de nuestros hijos e hijas.

 

Somos guerreros milenarios”

Kiwe Thegnas Huellas Caloto

Junio 17 de 2020

Publicado enColombia
Jueves, 18 Junio 2020 06:11

Impuestos a los que pueden pagar

Impuestos a los que pueden pagar

La reforma que proponen Stiglitz, Piketty y otros expertos

Una comisión internacional de economistas postula cobrar más tributos a sectores concentrados y combatir los paraísos fiscales.

 

Las consecuencias económicas de la pandemia resultan una buena oportunidad para establecer un sistema tributario progresivo a nivel internacional. El economista francés, especialista en distribución del ingreso, Thomas Piketty; la experta en finanzas internacionales Jayati Gosh; el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y el ex ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, presentaron un informe elaborado por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict), donde proponen medidas para mitigar la crisis económica mundial. 

En teleconferencia, los especialistas hablaron en primer lugar del desplome que han sufrido los Estados en los ingresos fiscales por la caída de la actividad. A ello se suma el incremento del gasto tanto para fortalecer los sistemas de salud como para asistir a empresas y a la población vulnerable. Esta situación se ve magnificada en muchos países- como la Argentina- por la caída de las exportaciones, la ruptura de las cadenas de suministro, el parate del turismo y la baja en los precios de las materias primas. Existe una necesidad urgente de recursos públicos que no podrá sostenerse con las estructuras tributarias actuales. “Las medidas tributarias no solo son razonables, sino urgentes”, sentenció Ghosh.

Dado este contexto, algunas de las medidas que Icrit propone a los gobiernos son:

-Introducir impuestos progresivos sobre los servicios digitales, que se apliquen sobre las rentas económicas generadas por las compañías multinacionales, como Amazon, Netflix, Facebook y Google, entre otras que fueron las ganadoras de estos últimos meses. “Son las que más se han beneficiado en este tiempo, porque su consumo no requiere del cara a cara, indica. “Desde antes de la crisis no están pagando lo justo en impuestos y eso distorsiona la economía, impactando negativamente en la creación de trabajos”, explicó Stiglitz. 

-Incorporar mayor progresividad en los tributos sobre beneficios empresariales: que sean más altos para las empresas más grandes y con especial foco en los monopolios y oligopolios y más bajos para las más pequeñas de sectores competitivos.

-Exigir más transparencia a las empresas que reciban apoyo del Estado. Cuando las grandes empresas se sitúan en paraísos fiscales para reducir al mínimo su contribución fiscal, deberían renunciar a su pretensión de contar con apoyo de los gobiernos. Sin embargo, en la práctica no es así: un contraejemplo es el de las líneas de cruceros que operan bajo banderas de conveniencia, pero que reclaman el apoyo público de los Estados Unidos. Parece por tanto lógico prohibir el apoyo con fondos públicos a las empresas que tienen su sede o sus filiales en paraísos fiscales y que la ayuda pública a grandes empresas esté condicionada a la publicación de los datos financieros y tributarios en cada territorio en el que operan.

-Gravar a la riqueza offshore.  En tiempos de crisis globales, se suele producir un efecto de fuga de capitales, sobre todo en los países en desarrollo. Las grandes empresas retiran sus activos de capital y lo sustituyen por deuda de contando, en muchos casos, con el respaldo de los gobiernos. Para que esto no suceda, es necesario acceder a la información de los paraísos fiscales para que cada jurisdicción pueda gravar de forma efectiva y progresiva el patrimonio neto de sus residentes.

Para finalizar, José Antonio Ocampo sostuvo que se requiere “más gasto para pobres y vulnerables. No es el momento para la austeridad, es el momento para gastar más, sobre todo en salud”. En esa línea, Stiglitz remató: “Si los gobiernos quieren que la recuperación dure diez años, pongan medidas de austeridad”.

El Icrict es un grupo de economistas, expertos fiscales, especialistas en derechos humanos que ocuparon cargos estatales que tiene como objetivo promover el debate sobre la reforma fiscal internacional a favor del interés público mundial. 

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El exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez (primero por la izquierda) y el expresidente de Venezuela Hugo Chávez en una visita a los trabajadores de PDVSA en Caracas en octubre de 2008.AFP PHOTO / THOMAS COEX

La fiscalía define por primera vez al cabecilla del saqueo de 2.000 millones de euros de la petrolera estatal como “socio" del exministro

Rafael Ramírez

Se llamaban “empresas de maletín, carecían de actividad y sirvieron para ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los más de 2.000 millones de euros expoliados por una red de exministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) de la joya de la corona del país, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la trama que saqueó PDVSA, controló un tinglado de 100 compañías fantasma en Venezuela para ocultar la adquisición de propiedades en el país latinoamericano, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Por primera vez, el ministerio público venezolano sitúa a Salazar como “socio” de Rafael Ramírez, el que fuera presidente de PDVSA, ministro de Energía y Petróleo y hombre fuerte de los Gobiernos de Chávez.

La telaraña mercantil de Salazar se constituyó entre 2004 y 2016 y controló directamente 28 propiedades. Un apartamento junto a la paradisíaca playa de Tucacas, en el Estado de Falcón, brillaba en el emporio.

La maraña societaria tenía un denominador común: la mayoría de firmas compartían domicilio fiscal. Y 39 de ellas se encontraban en el centro de negocios de Salazar, un acristalado enjambre de oficinas en la Torre Edicampo del municipio de Chacao. Solo una de las compañías, Inversiones CS, cuyo accionista era Luis Mariano Rodríguez, primo de Salazar, tenía 11 locales comerciales a su nombre.

“La finalidad [de las empresas] era ocultar los bienes y la fortuna de los verdaderos propietarios”, indica la Fiscalía de Venezuela en un escrito de acusación contra Salazar y su primo José Enrique Luondo. El documento atribuye a los investigados los delitos de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales (blanqueo) y asociación.

Los investigadores descubrieron el tinglado empresarial ficticio durante las indagaciones del saqueo de la petrolera pública. Tirando del hilo, hallaron al registrar decenas de domicilios que las supuestas compañías ocupaban locales vacíos. Así lo reveló en 2017 una inspección policial a dos presuntas firmas controladas por Salazar en la Torre JWM El Rosal de Caracas.

Junto a Salazar y Luondo, las sociedades instrumentales tenían en sus órganos sociales a otros dos miembros del denominado clan Salazar, Rosycela Díaz Gil y Luis Mariano Rodríguez Cabello.

La Fiscalía de Venezuela sitúa a Salazar en el epicentro de una trama de cobro de comisiones a empresas entre 2007 y 2012. Su red se valía para hacer caja de la relación con su primo Rafael Ramírez, que dirigió 12 años PDVSA. Durante este periodo, la petrolera estatal pagó 4,5 millones de euros por informes inexistentes a Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo.

La organización de Salazar blanqueó en Andorra –según la Fiscalía- un total de 1.347 millones entre 2011 y 2012. El dinero procedía de presuntas comisiones abonadas por compañías, principalmente chinas, a cambio de adjudicaciones del Estado de Venezuela. La red pagaba millonarias comisiones a los directivos de PDVSA y sus filiales con capacidad para otorgar contratos.

Contrato verbal de 10 millones

Los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que otro de los miembros de la trama, el que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, abonó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 5,2 millones a José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA. Villalobos ordenó el pago a través de una de sus sociedades panameñas, Tristaina Trading, en virtud de un “acuerdo verbal” en enero de 2010. El exviceministro se comprometía en el acuerdo hablado a retribuir al directivo de la petrolera con hasta 10 millones. Parada solo cobró en la BPA 5,2 en un traspaso interno, un mecanismo que no deja rastro, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) del pasado octubre. Un juzgado del principado pirenaico procesó en 2018 a Villalobos junto a otras 27 personas por el saqueo de la petrolera.

A través de otra sociedad instrumental panameña, Josland Investments, Villalobos también transfirió 440.000 euros a Alonso Javier Rodríguez, ex responsable de Proyectos de Corpolec, filial eléctrica de petrolera. Rodríguez justificó ante la BPA sus ingresos como honorarios por unos supuestos servicios de asesoría. Como él, otros altos funcionarios del conglomerado energético venezolano esgrimieron este argumento para burlar los controles de prevención de blanqueo del banco. Una justificación que no convence a los investigadores.

Las pesquisas enmarcan estos pagos en un mecanismo de sobornos a cambio de adjudicación de obras. En esta línea, la trama desembolsó en la BPA 3,5 millones en febrero de 2012 a Carmelo Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo del Ejecutivo de Chávez.

Un préstamo bajo sospecha

Las indagaciones también han aflorado sospechosas operaciones que tienen como protagonista a Mariela Matheus Baptista, ex supervisora de pagos de PDVSA y PDVIC. La antigua empleada de la petrolera cobró 250.000 dólares en marzo de 2011 como supuesta devolución de un préstamo que le concedió a una de las sociedades de la trama, High Advisory Consulting. Los investigadores consideran que no existió tal préstamo, ya que la firma receptora del dinero tenía una liquidez de 5,8 millones. Las pesquisas conectan la transacción con un soborno. Matheus Baptista fue arrestada en España el pasado julio por su presunta conexión con la trama que saqueó la petrolera.

Por otra parte, la juez instructora del caso en Andorra ha ordenado rastrear el patrimonio en el principado pirenaico del que fuera directivo de la filial de PDVSA Corporación Eléctrica Nacional (CADAFE), Carlos Enrique Luongo. El exdirectivo manejó una cuenta en la BPA donde cobró 172.544 euros entre 2013 y 2014 por supuestos servicios de asesoría. La magistrada también quiere cuantificar el supuesto botín en Andorra del que fuera primer secretario de la Embajada de Venezuela en Pekín Luis Enrique Tenorio. La red de Salazar cobró presuntamente comisiones a empresas chinas para “facilitar” contratos en Venezuela.

La misteriosa caja fuerte de Salazar

Salazar fue arrestado en diciembre de 2017 en la cocina de una de sus tres oficinas de 600 metros de la Torre Edicampo de Chacao. Los investigadores encontraron en la caja fuerte de su dormitorio un documento de 14 páginas de un juzgado de Andorra del 30 de noviembre de 2012, cuando arrancó en el país pirenaico la investigación del expolio de la petrolera. Otro de los papeles revelaba que Salazar dio poderes en 2015 a Carlos Enrique Luongo para comprar el 80% de la firma de ingeniería de San Sebastián de los Reyes (Madrid) RLG Asociados.

A golpe de transferencias invisibles, la red de Salazar movió su botín a través de un enjambre de 40 empresas. De Andorra, un pequeño Estado en Europa blindado hasta 2017 por el secreto bancario, el dinero viajó a los paraísos fiscales de Belice, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

Por Joaquín Gil

José María Irujo

Madrid - 12 jun 2020 - 12:47 COT

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Estados Unidos anunció sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional

Golpe preventivo a La Haya por investigar la invasión de Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (foto), ordenó ayer sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que procese a militares estadounidenses, en un momento en que el tribunal estudia presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán.

En una orden ejecutiva, Trump anunció que Estados Unidos va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal de La Haya que esté involucrado en la investigación. La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos, lo que también afectará al resto de la familia de los funcionaros sancionados.

"Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado. En ese texto, el gobierno de Estados Unidos recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal de Estados Unidos.

El gobierno de Trump revocó el año pasado la visa de la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, buscando presionarla para que desistiera de investigar incidentes durante la larga guerra en Afganistán. En marzo el tribunal autorizó en una apelación la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán. Bensouda desea examinar no solo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses. La fiscal también busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también los concierne. "Es un mensaje para varios aliados cercanos en todo el mundo especialmente aquellos países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán del lado de Estados Unidos", señaló.

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, a su vez acusó a Rusia de "manipular" la CPI. "Potencias extranjeras como Rusia también están manipulando la CPI para adelantar sus propios intereses", indicó Barr a los periodistas.

En cambio la ONG Human Rights Watch criticó la decisión del presidente estadounidense. "La orden de Trump demuestra un desprecio por el Estado de Derecho global. Este ataque contra la CPI es un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina busquen justicia", afirmó en un comunicado.

En La Haya, un portavoz del tribunal indicó que estaban al tanto del anuncio en Washington y que emitirán una reacción tras examinar su contenido. 

La corte con sede en La  Haya, fundada en 2002, basa su investigación en que sí tiene jurisdicción sobre el país.El tribunal internacional enfrenta una crisis profunda en un momento en que varios países de África cuestionan al organismo e ingnoraron un mandato de detención internacional contra el expresidente de Sudán Omar al Bashir.

Trump ha emprendido una campaña contra instituciones multilaterales que considera que van en contra de los intereses de su país y recientemente anunció el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por sus críticas a la respuesta frente al coronavirus.

El rol de la Corte ya había sido criticado por anteriores administraciones como el gobierno del presidente republicano George W. Bush, que alentó a los países miembros a cerrarla. Su sucesor Barack Obama adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma.

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Viernes, 12 Junio 2020 06:09

Más impuestos a los ricos

Más impuestos a los ricos

Ya lo pide hasta el Fondo Monetario

El Fondo Monetario Internacional recomendó aumentar impuestos a quienes perciben más ingresos. La titular del organismo Kristalina Geogieva dijo este jueves que “a mediano plazo habrá espacio para hacer una reforma tributaria que se traduzca en aumentar las tasas impositivas a ingresos personales más altos sin desacelerar el crecimiento”. También planteó la posibilidad de mejorar la eficiencia del gasto.

La directora del Fondo también recomendó que el sistema de impuestos corporativos capture una parte apropiada de las ganancias “inusuales recibidas por los ganadores de la crisis”, como las actividades digitales. Además de combatir los flujos ilícitos y cerrar las lagunas fiscales, tanto a nivel nacional como internacional.

Georgieva indicó que habrá un aumento significativo en la desigualdad de ingresos, tal como en la crisis financiera de hace más de una década, pese a que en 2020 los países han inyectado en conjunto 10 billones de dólares para mitigar la pandemia por la covid-19. “La realidad es que los hogares de bajos ingresos enfrentan mayores riesgos de salud por el virus. Llevan la peor parte del desempleo récord y tienen menos probabilidades recibir un beneficio de la educación a distancia”, remarcó.

Estimaciones del Banco Mundial apuntan que 100 millones de personas en el mundo serán empujadas a la pobreza extrema en 2020. Además, proyecciones de Naciones Unidas reportan que más de 500 millones de niños han perdido su acceso a la educación por la pandemia.

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Lunes, 08 Junio 2020 06:46

La rodilla

La rodilla

Hay violencia abierta, visible, palpable. Hay violencia que se ejerce de muchas maneras, soterradamente. Las formas y los niveles de violencia conforman todo un inmenso catálogo histórico, social, humano, político. No es lo mismo presenciarla que saber de ella, sea por relatos o imágenes; el grado de impresión que provocan es distinto. No es lo mismo imaginar el objeto de la violencia que verlo. No es igual el resultado que el proceso de cómo se perpetró el acto violento, saber cómo es que eso ocurrió.

No puede haber candidez alguna con respecto a los actos, los dichos, las actitudes violentas. Eso lo sabemos bien en México (desde Tijuana irradiando por todo el mapa) durante mucho tiempo y sin menguar.

El hecho concreto que hoy convoca a la protesta a millares de personas por todas partes, el hecho comprobable, es que la rodilla del oficial de la policía de Minneapolis estaba encima del cuello de George Floyd, que había sido esposado anteriormente y sometido con exceso de fuerza y saña, indefenso. Murió ahí mismo. El hecho es que otros tres oficiales asistieron de algún modo en el asesinato: omisos, diligentes, al parecer convencidos de que eso es lo que debe hacerse a un hombre como Floyd. Esa es hoy la imagen icónica de los excesos de la fuerza policial. La de Floyd es la imagen de un racismo incrustado en el tuétano de esa sociedad. No fue el único hecho ocurrido durante los días recientes que quedó grabado. Son muchos. Así fue el empujón a un hombre durante una protesta reprimida en Búfalo (Nueva York), que provocó la rotura de la cabeza. Es otra pieza maestra de la violencia y la soberbia ejercida oficialmente.

La violencia tiene muchas caras. La que involucra el abuso físico impresiona de manera particular. Son muy diversos sus significados, pero los hechos son contundentes. A menudo como individuos y como sociedad nos acomodamos ante un hecho violento, al igual que a su abundancia, tal vez por la impotencia que provocan. Lejos de acostumbrarnos a ella la asimilamos de alguna manera para poder eludirla. Deja marcas. El acomodo es sólo un remedio incompleto, únicamente escapamos temporalmente, pues sabemos bien que la violencia está ahí con su efecto demoledor que se acumula. El caso del joven asesinado en Guadalajara, tras haber sido detenido por la policía, es uno más de la misma serie de Floyd. En México no somos bisoños en cuanto a violencia se refiere.

En el caso de Estados Unidos se advierte, como no podía ser de otro modo, que la violencia verbal no para en lo que se dice, sino que tiene un impacto concreto en los hechos. El discurso de Trump durante años, desde la campaña a la presidencia, tiene un efecto real de confrontación. Lo ha promovido a sabiendas de lo que ocasiona, que su base de apoyo lo celebra y ese es su objetivo principal.

Un rasgo de ese discurso violento, de los desplantes que lo acompañan y que en estos días de protestas se han multiplicado, es que sus declaraciones no paran, embisten contra todo y todos los que le estorban. No escucha, pues para eso se necesita silencio, elemento del que carece como hombre y político. Lo que hace, la provocación que alienta como método, representa una real crisis del lenguaje, que se diferencia radicalmente de un lenguaje de la crisis que envuelve a su país y al resto del mundo.

El conflicto que ha abierto con las fuerzas armadas apunta al campo constitucional. Al mismo tiempo, se exhibe la naturaleza represiva del poder concentrado en las policías y sus organizaciones, que rebasa a las autoridades electas y que el presidente parece ni siquiera cuestionar. Ley y orden es la respuesta que da, más fuerza de contención ante la gente que protesta en la calle (con los provocadores y oportunistas que siempre los acompañan como un virus social). Y luego la foto fuera de la iglesia episcopal de San Juan; el arrogante lenguaje del poder.

El poder del lenguaje es un elemento clave en el quehacer político y la conformación de una sociedad. Hay un tipo de congruencia entre la forma del lenguaje –qué, cómo y cuándo se dice– y el tipo del cuerpo político que se establece. Desde el lado conservador, Joseph de Maistre plantea explícitamente esa relación ( Las veladas de San Petersburgo, 1821) y Orwell lo hace en sus obras apuntando cómo se descomponen el individuo y la nación en su conjunto cuando se tiñe el lenguaje y se planta como el núcleo de una ideología determinada y del sistema político.

Trump no inventó el racismo y la discriminación. Tampoco a la derecha alternativa que se ha extendido por su país ni la brutal represión policiaca, pero ciertamente nunca las ha confrontado directamente y mucho menos las ha condenado. Las usa en su favor groseramente. Para eso ha contado con el respaldo en bloque y disciplinado del otrora partido de Abraham Lincoln, creado en 1854, opuesto a la extensión de la esclavitud.

Cuántas veces se ha repetido esto en la historia, de uno y otro lado de las concepciones ideológicas y las prácticas políticas. Ningún lenguaje político es inocuo, pero sí los hay de distinta naturaleza. Sobre esto no caben demasiadas ilusiones, sólo un acercamiento pragmático y cauteloso.

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