El sector azucarero no beneficia a los vallecaucanos

La producción agroindustrial de caña de azúcar en Colombia y, específicamente en el valle geográfico del río Cauca por parte de unos pocos ingenios que se han apropiado de una de las tierras más fértiles del planeta, está organizada en uno de los gremios económico-políticos más poderosos del país, bajo la sombrilla gremial de ASOCAÑA. Como vocera de este gremio agroindustrial, ASOCAÑA produce y fabrica “informes” en los que argumenta, una y otra vez, los “beneficios” que trae este monocultivo, incluyendo argumentos contra toda evidencia del severo daño ambiental, climático y la intoxicación y degradación de tierras y aguas. ASOCAÑA genera informes falsos, contra toda evidencia, pero son la “verdad histórica” porque tiene el poder económico-político-judicial-intimidatorio-represivo para imponerla.


La Carta Abierta a ASOCAÑA que compartimos acá enumera y contra-argumenta, citando evidencia suficiente, en 9 puntos, la degradación y destrucción ambiental que causa esta industria. Son 9 puntos incontrovertibles, contundentes y definitivos que además responden a las distorsiones, tergiversaciones y falsedades de propaganda del gremio. Por el énfasis en los daños ambientales que son el objeto de esta misiva, apenas se menciona, sin elaborar al respecto, el impacto social aterrador de esta industria. Recomendamos a las y los lectores ver el reportaje Cortar Caña para Sembrar Comida del videasta mexicano Iván Castañeira para Tele-Sur (http://pueblosencamino.org/?p=4722). Las estrategias para despojar al campesinado afro-indígena-campesino de las tierras, la participación impune en asesinatos, judicializaciones, intimidaciones

(blob:https://web.whatsapp.com/39c8de2e-a36c-4d7f-8bf2-286e0ae10c3a) y masacres siempre negadas pero claramente conocidas. La explotación laboral infame e inmisericorde, bajo diversas estrategias, de las y los trabajadores, en particular de los corteros de caña y sus familias.


Este año se conmemora el décimo aniversario del Paro de los Corteros de Caña (ver http://anterior.nasaacin.org/index.php/corteros-por-la-dignidad) que pusieron en evidencia el abuso a costa del cual se generan ganancias obscenas, así como la articulación gremial con toda la clase política, a partir del propio Presidente de la República y la forma en que toda la estructura institucional represiva, judicial y legislativa se puso al servicio del gremio y contra los trabajadores y sus familias. Pero también, de nuevo, quedó a la vista la reconocida relación directa entre los dueños de los ingenios más grandes y poderosos, con los medios comerciales de comunicación. Propaganda, terror, represión, control de la agenda legislativa, poder político-económico directo e indirecto, pero también, naturalmente, compra, captura y división de los movimientos y organizaciones campesinas,

indígenas, afro afectadas individual y colectivamente por el agro-negocio de la caña, logrando aislar denuncias y protestas a nombre de alianzas que han establecido con algunas dirigencias.


Dirigentes y empresarios del gremio, avanzan ahora sobre otros territorios, como lo es la altillanura y Orinoquía de los llanos orientales de Colombia, 6 millones de hectáreas bajo amenaza (ver https://www.las2orillas.co/la-tierra-aceitada-de-manuelita-en-casanare/) con el mismo tipo de estrategias y toda esta experiencia de ocupación para explotar-despojando con otros monocultivos y el mismo tipo de impactos consecuencia de procesos criminales (http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/cultivo-de-palma-africana-redujo-el-90-de-aves-en-el-piedemonte-llanero-1/). El agronegocio de la caña de azúcar y ASOCAÑA son, a pesar de su propaganda y apariencia, una estructura criminal para la acumulación. Crímenes contra la población, contra trabajadores y familias, pero también contra la tierra, el agua, el aire y la vida. Liberar el valle geográfico del río Cauca de este monocultivo destructivo y del crimen organizado que lo mantiene y expande haciendo justicia a las víctimas de ahora y de antes y reparando los daños causados, es un imperativo absoluto si es que hay alguna esperanza de futuro: agua, comida, tierra, trabajo, vida en este territorio. Si ASOCAÑA y el agronegocio permanecen, la muerte es presente y futuro. ¡Así No! ¡No Más! Pueblos en Camino


Señor
Juan Carlos Mira
Presidente Asocaña


Cordial saludo;


Teniendo en cuenta su condición de vocero del gremio que representa al Sector Agroindustrial de la Caña, y con ocasión de una misiva que usted dirigió a uno de los candidatos presidenciales; la Alianza Ambiental Estratégica conformada por el Círculo de Pensamiento Ambiental (Fundaciones Biodiversidad, Nueva Luz, Solar de Celina, Huella de Agua, Monaya, Veeduría Santiago de Cali, e Ideó), el Centro de Asistencia Legal Ambiental y el Centro de Pensamiento Estratégico Democracia y Postconflicto; nos permitimos objetar sus conclusiones sobre supuestos beneficios del sector azucarero, en virtud de las siguientes consideraciones:


1. La agroindustria de caña de azúcar consume el 90% del agua subterránea que se usa con fines agrícolas, mientras que la población de los 42 municipios vallecaucanos consume la tercera parte de dicha oferta (IDEAM, Informe del Agua 2014 y Anuario del Valle del Cauca 2014), aún así, en la preocupante sequía de los 10 municipios del norte de este departamento del 2016, Asocaña no aportó su capacidad hidráulica instalada para calmar la sed de estos coterráneos.


2. La siembra de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca (Valle del Cauca, Cauca y Risaralda), ocupa 240 de las 300 mil, transformando la otrora fértil planicie en un desértico monocultivo que arrinconó al sector horticofruticola, además de desecar ingente cantidad de humedales que servían para la biodiversa migracion de aves, y arrasar con la rica oferta de Bosques Secos Tropicales que ofrecía este valle (reduciéndolo al 3%), una de las 5 regiones del país que albergan este bioma en peligro de extinción (Instituto Humboldt, 2014).


3. La quema de los cañaduzales, genera gran cantidad de calor (635°C), alterando parámetros como la temperatura, humedad relativa, evapotranspiración y ciclo de lluvias, contribuyendo al calentamiento global, desprendimiento material particulado y sustancias de interés sanitario que causan enfermedades respiratorias en la población infantil de los municipios circunvecinos a la quema, además esteriliza los estratos superiores del suelo, en donde residen los microorganismos fijadores de nutrientes (E.I.A. Universidad de La Salle, 1991), además de los estragos que causan las vinazas de la producción del alcohol carburante a los suelos y cuerpos de agua, de acuerdo con el IGAC (2012, 2015), el efecto más severo de la quema es la destrucción de los contenidos de materia orgánica del suelo, el componente más importante de este recurso.


4. A los cultivos de Asocaña se hace aspersión con Glifosato, para acelerar su maduración y cosecha, desecando los pequeños cultivos de pan coger, atentando contra la salud de los vallecaucanos por los efectos cancerígenos y mutagenéticos de este agroquímco (OMS, 2015).


5. No hay una educación promovida por Asocaña, sobre los efectos nocivos a la salud por el alto consumo de azúcar en gaseosas y demás productos de la canasta familiar, por ejemplo la creciente diabetes.


6. Los grandes beneficiarios económicos de la agroindustria azucarera son los pocos dueños de los ingenios La Cabaña, Carmelita, Central Tumaco, Incauca, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Providencia, Riopaila-Castilla, Risaralda, y San Carlos, siendo el único sector agrícola del país que recibe 3 subsidios estatales: a) Protección al precio interno respecto al bajo valor internacional; b) El antes uribista agro-ingreso seguro, hoy santista desarrollo rural con equidad; c) La obligatoria mezcla de alcohol carburante con la gasolina, elevando el precio del metanol al del derivado petróleo.


7. Si bien es cierto, se deben actualizar estos estudios, el cultivo de caña y la producción de azúcar generan efectos sobre emisión de Gases de Efecto Invernadero y por lo tanto sobre el Cambio Climático. Si suponemos con relativo alto nivel de certeza que las condiciones climáticas cambiaran, pero no sobre la oferta de agua. Asumimos que el calentamiento y la pérdida de páramos disminuirá esa oferta. Por su fisiología de compuestos de 4 carbonos, la caña se beneficia con el aumento de temperatura, lo que posibilita subirse a cotas cada vez más altas. Esta situación permite concluir que ese cultivo exigirá más agua por exigencias de temperatura como por aumento del área cultivada.
8. La presencia permanente del representante de la agroindustria cañera en el Consejo Directivo de la C.V.C. ha contribuido, directa o indirectamente, a la conducta omisiva de la autoridad ambiental en la implementación de las disposiciones legales sobre la franja forestal protectora de 30 metros paralela al cauce permanente o línea de mareas máximas de los ríos y humedales en el Valle del Cauca. Los cañaduzales llegan hasta el borde de las playas fluviales. La autoridad ambiental tampoco ejerce control de las gravosas externalidades provocadas por la quema de la caña, tanto para las personas como para el suelo. Tampoco ejerce el debido control hacia todas las industrias vallecaucanas.
9. La ecuación costo beneficio de estos indicadores ambientales, nos permiten concluir con la mayor responsabilidad y objetividad, que son más los aportes al deterioro del entorno vallecaucano y su oferta de recursos naturales, que la contribución a una mejor calidad de vida de este grandioso pueblo. La agroindustria de la caña tiene una deuda social y ecológica con los vallecaucanos, como lo han demostrado los investigadores Mario Pérez y Paula Álvarez (Semillas, 2009).


Atentamente,


Armando Palau Aldana – Cirpa
José Ma Borrero Navia – Cela
Alberto Ramos Garbiras – CPE


Publicado originalmente en Pueblos en Camino

Publicado enColombia
El sector azucarero no beneficia a los vallecaucanos

La producción agroindustrial de caña de azúcar en Colombia y, específicamente en el valle geográfico del río Cauca por parte de unos pocos ingenios que se han apropiado de una de las tierras más fértiles del planeta, está organizada en uno de los gremios económico-políticos más poderosos del país, bajo la sombrilla gremial de ASOCAÑA. Como vocera de este gremio agroindustrial, ASOCAÑA produce y fabrica “informes” en los que argumenta, una y otra vez, los “beneficios” que trae este monocultivo, incluyendo argumentos contra toda evidencia del severo daño ambiental, climático y la intoxicación y degradación de tierras y aguas. ASOCAÑA genera informes falsos, contra toda evidencia, pero son la “verdad histórica” porque tiene el poder económico-político-judicial-intimidatorio-represivo para imponerla.


La Carta Abierta a ASOCAÑA que compartimos acá enumera y contra-argumenta, citando evidencia suficiente, en 9 puntos, la degradación y destrucción ambiental que causa esta industria. Son 9 puntos incontrovertibles, contundentes y definitivos que además responden a las distorsiones, tergiversaciones y falsedades de propaganda del gremio. Por el énfasis en los daños ambientales que son el objeto de esta misiva, apenas se menciona, sin elaborar al respecto, el impacto social aterrador de esta industria. Recomendamos a las y los lectores ver el reportaje Cortar Caña para Sembrar Comida del videasta mexicano Iván Castañeira para Tele-Sur (http://pueblosencamino.org/?p=4722). Las estrategias para despojar al campesinado afro-indígena-campesino de las tierras, la participación impune en asesinatos, judicializaciones, intimidaciones

(blob:https://web.whatsapp.com/39c8de2e-a36c-4d7f-8bf2-286e0ae10c3a) y masacres siempre negadas pero claramente conocidas. La explotación laboral infame e inmisericorde, bajo diversas estrategias, de las y los trabajadores, en particular de los corteros de caña y sus familias.


Este año se conmemora el décimo aniversario del Paro de los Corteros de Caña (ver http://anterior.nasaacin.org/index.php/corteros-por-la-dignidad) que pusieron en evidencia el abuso a costa del cual se generan ganancias obscenas, así como la articulación gremial con toda la clase política, a partir del propio Presidente de la República y la forma en que toda la estructura institucional represiva, judicial y legislativa se puso al servicio del gremio y contra los trabajadores y sus familias. Pero también, de nuevo, quedó a la vista la reconocida relación directa entre los dueños de los ingenios más grandes y poderosos, con los medios comerciales de comunicación. Propaganda, terror, represión, control de la agenda legislativa, poder político-económico directo e indirecto, pero también, naturalmente, compra, captura y división de los movimientos y organizaciones campesinas,

indígenas, afro afectadas individual y colectivamente por el agro-negocio de la caña, logrando aislar denuncias y protestas a nombre de alianzas que han establecido con algunas dirigencias.


Dirigentes y empresarios del gremio, avanzan ahora sobre otros territorios, como lo es la altillanura y Orinoquía de los llanos orientales de Colombia, 6 millones de hectáreas bajo amenaza (ver https://www.las2orillas.co/la-tierra-aceitada-de-manuelita-en-casanare/) con el mismo tipo de estrategias y toda esta experiencia de ocupación para explotar-despojando con otros monocultivos y el mismo tipo de impactos consecuencia de procesos criminales (http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/cultivo-de-palma-africana-redujo-el-90-de-aves-en-el-piedemonte-llanero-1/). El agronegocio de la caña de azúcar y ASOCAÑA son, a pesar de su propaganda y apariencia, una estructura criminal para la acumulación. Crímenes contra la población, contra trabajadores y familias, pero también contra la tierra, el agua, el aire y la vida. Liberar el valle geográfico del río Cauca de este monocultivo destructivo y del crimen organizado que lo mantiene y expande haciendo justicia a las víctimas de ahora y de antes y reparando los daños causados, es un imperativo absoluto si es que hay alguna esperanza de futuro: agua, comida, tierra, trabajo, vida en este territorio. Si ASOCAÑA y el agronegocio permanecen, la muerte es presente y futuro. ¡Así No! ¡No Más! Pueblos en Camino


Señor
Juan Carlos Mira
Presidente Asocaña


Cordial saludo;


Teniendo en cuenta su condición de vocero del gremio que representa al Sector Agroindustrial de la Caña, y con ocasión de una misiva que usted dirigió a uno de los candidatos presidenciales; la Alianza Ambiental Estratégica conformada por el Círculo de Pensamiento Ambiental (Fundaciones Biodiversidad, Nueva Luz, Solar de Celina, Huella de Agua, Monaya, Veeduría Santiago de Cali, e Ideó), el Centro de Asistencia Legal Ambiental y el Centro de Pensamiento Estratégico Democracia y Postconflicto; nos permitimos objetar sus conclusiones sobre supuestos beneficios del sector azucarero, en virtud de las siguientes consideraciones:


1. La agroindustria de caña de azúcar consume el 90% del agua subterránea que se usa con fines agrícolas, mientras que la población de los 42 municipios vallecaucanos consume la tercera parte de dicha oferta (IDEAM, Informe del Agua 2014 y Anuario del Valle del Cauca 2014), aún así, en la preocupante sequía de los 10 municipios del norte de este departamento del 2016, Asocaña no aportó su capacidad hidráulica instalada para calmar la sed de estos coterráneos.


2. La siembra de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca (Valle del Cauca, Cauca y Risaralda), ocupa 240 de las 300 mil, transformando la otrora fértil planicie en un desértico monocultivo que arrinconó al sector horticofruticola, además de desecar ingente cantidad de humedales que servían para la biodiversa migracion de aves, y arrasar con la rica oferta de Bosques Secos Tropicales que ofrecía este valle (reduciéndolo al 3%), una de las 5 regiones del país que albergan este bioma en peligro de extinción (Instituto Humboldt, 2014).


3. La quema de los cañaduzales, genera gran cantidad de calor (635°C), alterando parámetros como la temperatura, humedad relativa, evapotranspiración y ciclo de lluvias, contribuyendo al calentamiento global, desprendimiento material particulado y sustancias de interés sanitario que causan enfermedades respiratorias en la población infantil de los municipios circunvecinos a la quema, además esteriliza los estratos superiores del suelo, en donde residen los microorganismos fijadores de nutrientes (E.I.A. Universidad de La Salle, 1991), además de los estragos que causan las vinazas de la producción del alcohol carburante a los suelos y cuerpos de agua, de acuerdo con el IGAC (2012, 2015), el efecto más severo de la quema es la destrucción de los contenidos de materia orgánica del suelo, el componente más importante de este recurso.


4. A los cultivos de Asocaña se hace aspersión con Glifosato, para acelerar su maduración y cosecha, desecando los pequeños cultivos de pan coger, atentando contra la salud de los vallecaucanos por los efectos cancerígenos y mutagenéticos de este agroquímco (OMS, 2015).


5. No hay una educación promovida por Asocaña, sobre los efectos nocivos a la salud por el alto consumo de azúcar en gaseosas y demás productos de la canasta familiar, por ejemplo la creciente diabetes.


6. Los grandes beneficiarios económicos de la agroindustria azucarera son los pocos dueños de los ingenios La Cabaña, Carmelita, Central Tumaco, Incauca, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Providencia, Riopaila-Castilla, Risaralda, y San Carlos, siendo el único sector agrícola del país que recibe 3 subsidios estatales: a) Protección al precio interno respecto al bajo valor internacional; b) El antes uribista agro-ingreso seguro, hoy santista desarrollo rural con equidad; c) La obligatoria mezcla de alcohol carburante con la gasolina, elevando el precio del metanol al del derivado petróleo.


7. Si bien es cierto, se deben actualizar estos estudios, el cultivo de caña y la producción de azúcar generan efectos sobre emisión de Gases de Efecto Invernadero y por lo tanto sobre el Cambio Climático. Si suponemos con relativo alto nivel de certeza que las condiciones climáticas cambiaran, pero no sobre la oferta de agua. Asumimos que el calentamiento y la pérdida de páramos disminuirá esa oferta. Por su fisiología de compuestos de 4 carbonos, la caña se beneficia con el aumento de temperatura, lo que posibilita subirse a cotas cada vez más altas. Esta situación permite concluir que ese cultivo exigirá más agua por exigencias de temperatura como por aumento del área cultivada.
8. La presencia permanente del representante de la agroindustria cañera en el Consejo Directivo de la C.V.C. ha contribuido, directa o indirectamente, a la conducta omisiva de la autoridad ambiental en la implementación de las disposiciones legales sobre la franja forestal protectora de 30 metros paralela al cauce permanente o línea de mareas máximas de los ríos y humedales en el Valle del Cauca. Los cañaduzales llegan hasta el borde de las playas fluviales. La autoridad ambiental tampoco ejerce control de las gravosas externalidades provocadas por la quema de la caña, tanto para las personas como para el suelo. Tampoco ejerce el debido control hacia todas las industrias vallecaucanas.
9. La ecuación costo beneficio de estos indicadores ambientales, nos permiten concluir con la mayor responsabilidad y objetividad, que son más los aportes al deterioro del entorno vallecaucano y su oferta de recursos naturales, que la contribución a una mejor calidad de vida de este grandioso pueblo. La agroindustria de la caña tiene una deuda social y ecológica con los vallecaucanos, como lo han demostrado los investigadores Mario Pérez y Paula Álvarez (Semillas, 2009).


Atentamente,


Armando Palau Aldana – Cirpa
José Ma Borrero Navia – Cela
Alberto Ramos Garbiras – CPE


Publicado originalmente en Pueblos en Camino

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El campo, el territorio olvidado de Colombia

El campo, el territorio olvidado de Colombia, ha vuelto a ser noticia estas últimas semanas. Un nuevo informe de la ONG internacional OXFAM ubicó a Colombia como el país más desigual de Latinoamérica en lo que respecta a la concentración de la tierra[1].


Entre los datos más relevantes que aborda el informe, a partir de los datos del Censo Agropecuario elaborado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas), se destaca que el 1% de los propietarios concentran el 81% de las tierras, mientras que el 99% restante apenas ocupa el 19%. A su vez, el 81% de las explotaciones agrícolas son de menos de 10 hectáreas, pero solamente explican el 5% del área total.


Lo que no se ha abordado en el mencionado informe -ni en las notas periodísticas que lo replicaron- es la situación social que vive el campo colombiano como consecuencia de la elevada desigualdad. Esta triste realidad puede ser seguida a partir de diversos indicadores oficiales provistos por el DANE que dan cuenta del abandono al que fue sometida la ruralidad durante los últimos años.


Si Colombia en general se caracteriza por sus elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, por la falta de acceso a derechos básicos y por la precariedad laboral, todo esto se potencia en el sector rural. Por ejemplo, en 2016 la pobreza monetaria en el país se ubicó en el 28%, pero en el campo ascendió a 38,6%. La pobreza monetaria extrema, que implica el no poder acceder a una canasta alimentaria mínima que garantice las necesidades calóricas básicas, en la media nacional registró 8,5% y en el sector rural 18,1%, más del doble. En otras palabras, en el campo, 4 de cada 10 personas se encuentran en situación de pobreza y 1 de cada 5 en condición de pobreza extrema.


La pobreza no es el único indicador que refleja la difícil realidad de la vida en el agro colombiano. No solo los ingresos son bajos, sino que la precariedad laboral es muy elevada. Durante 2016 la informalidad laboral en el campo ascendió al 90%, muy por encima del ya de por si elevado 48% registrado como promedio nacional.


Por otro lado, son muchos los derechos básicos a los que no acceden quienes habitan en el sector rural. El analfabetismo alcanza al 21,4% de la población, es decir a 1 de cada 5 habitantes. A su vez la situación educativa actual es delicada. El 37% de los estudiantes sufre rezago escolar y el 79,9% tiene bajo logro educativo. Por último, cabe destacar que el 37,1% de la población rural no tiene acceso a fuentes de agua mejorada.


También el abandono de la ruralidad se ve reflejado en la pérdida de participación relativa del sector en la economía. El DANE registra que en 2002 el sector agropecuario representaba el 8,1% del PBI, mientras que en 2016 la incidencia se redujo a 6%. A su vez, según CEPAL, en los primeros quince años del nuevo siglo la superficie agrícola en Colombia se retrajo y fue el segundo país de la región de menor crecimiento en la producción.


La elevada concentración de la tierra, la precaria situación social y la pérdida de participación del sector en la economía se dan en el marco de años de abandono del Estado. Un documento elaborado por el propio Departamento Nacional de Planeación[2], bajo la coordinación de José Ocampo, da cuenta de que los Tratados de Libre Comercio realizaron una contribución prácticamente nula al aumento y diversificación de la canasta exportadora de productos agropecuarios, mientras que por el contrario implicaron un crecimiento y diversificación de las importaciones que desplazaron a la producción local. A su vez, destaca las consecuencias negativas en materia de infraestructura y vivienda de la descentralización del gasto hacia los departamentos y municipios y los efectos negativos del cambio climático que como consecuencia de la baja inversión en ciencia y tecnología no encuentran soluciones. Por último, el informe señala la carencia de asistencia técnica y financiera a las unidades de menor tamaño debido al deterioro en las últimas décadas de las redes de instituciones de apoyo al sector.


Los acuerdos de paz pueden ser una oportunidad para comenzar a revertir la dramática situación del campo colombiano. Los mismos establecen una Reforma Rural Integral[3] que implicaría promover el acceso a la tierra; desarrollar la infraestructura vial, de riego y eléctrica; mejorar el acceso a la educación, salud y vivienda; brindar estímulos financieros y asistencia técnica a los productores; garantizar el acceso a la alimentación necesaria; lograr la formalización laboral rural y el acceso a la protección social; y favorecer canales de comercialización de los alimentos colombianos.


No obstante, la implementación y profundización de estas medidas implicaría dar un vuelco de 180 grados en el rol que el Estado viene cumpliendo hasta el momento y una reversión del modelo económico vigente, por lo cual estos avances aun no pueden darse por hechos.


Notas:


[1] https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf
[2] https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/DOCUMENTO%20MARCO-MISION.pdf
[3] http://www.acuerdodepaz.gov.co/sites/all/themes/nexus/files/reforma-rural-integral.pdf


Por Pablo Wahren, investigador CELAG.
@p_wahren

Publicado enColombia
La concentración de la tierra en Latinoamérica, causa de conflicto social y subdesarrollo

• 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras

• 32 millonarios igual riqueza que 300 millones de personas

• Importante reunión de la FAO en Santiago de Chile


El 1% de los propietarios de América Latina concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), retomó estos datos de un informe de la ONG OXFAM para describir la enorme desigualdad que atraviesa al continente.

El tema de la concentración de las tierras junto con la reflexión sobre el impacto de las reformas agrarias de la región, constituyó el tema central de la Reunión de alto nivel sobre “Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en América Latina y el Caribe”, realizada en Santiago de Chile en el transcurso de la primera semana de abril.

La región de América Latina y el Caribe tiene la distribución de la tierra más desigual del mundo. La FAO destacó que esa distribución es aún más inequitativa en Sudamérica, mientras que en Centroamérica es levemente inferior.

La región tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, superando ampliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

El organismo de la ONU sostiene que administrar mejor los derechos de la tierra, así como el acceso a los bosques y la pesca es fundamental para reducir la pobreza en las zonas rurales y proteger los recursos naturales. E instó a mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia.

Mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y su distribución es un paso necesario para erradicar el hambre y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, subrayó la FAO en Santiago de Chile.

Otro problema significativo, según el organismo onusiano: cada vez es menor el porcentaje de la tierra en manos de pequeños propietarios. Fenómeno que conspira, en particular, contra las mujeres. En Guatemala, por ejemplo, sólo el 8% de las mujeres es propietaria. En Perú, sólo el 31%. En la mayoría los casos, estas propiedades son de menor tamaño y calidad que las que poseen los hombres.

A fines del año pasado OXFAM publicó “Desterrados: Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina”, uno de los informes más completos realizados hasta ahora sobre la situación agraria del continente. El mismo centraliza su análisis en 17 países latinoamericanos.

“El 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva. Es decir, este 1% concentra más tierra que el 99% restante. Esta situación no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones ” , indica el informe de la ONG, retomado ahora por la FAO.

La desigualdad económica y social es uno de los mayores lastres que impiden a las sociedades latinoamericanas alcanzar el desarrollo sostenible y supone un obstáculo para su crecimiento económico. “En la región, 32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres. Esta desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan un 64% de la riqueza total”, subraya OXFAM.

Publicado enEconomía
Martes, 17 Enero 2017 06:57

Lo primero es la desigualdad

Lo primero es la desigualdad

El dato surge de una investigación de la ong Oxfam. En Argentina, el 1 por ciento concentra el 36 por ciento de la tierra.


El 1 por ciento de las estancias más grandes de América Latina acapara la mitad de la tierra agrícola y el 80 por ciento de las fincas cuentan con solo el 13 por ciento del territorio. “América latina es la región del mundo más desigual en la distribución de la tierra”, asegura una reciente investigación de la ONG internacional Oxfam. En Argentina, el 1 por ciento de las estancias más grandes concentra el 36 por ciento de la tierra. La injusta distribución tiene directa relación con el avance minero, petrolero, agronegocio y forestal. “El extractivismo ha dado lugar a una crisis de derechos humanos en la región, amenaza derechos y libertades fundamentales”, alerta Oxfam.


“Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, es el nombre de la investigación que, en base a datos oficiales, analiza la situación de todos los países de la región. Colombia es el país más desigual en el reparto de la tierra. El 0,4 por ciento de las explotaciones agropecuarias domina el 68 por ciento de la tierra del país.


Sigue Perú, donde el 77 por ciento de la tierra está en manos del 1 por ciento de estancias. Le siguen Chile (74 por ciento) y Paraguay (71). En Bolivia el 1 por ciento de las chacras maneja el 66 por ciento de la tierra, y en México el 56 por ciento. En Brasil, el 44 por ciento del territorio agrícola es para el 1 por ciento de las fincas. En Argentina, el 36 por ciento está en manos de esa mínima porción de estancieros y pooles de siembra.


“La extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es una de las causas de los niveles intolerables de pobreza. Sin políticas que aborden este reto (la tierra) no será posible reducir la desigualdad económica y social”, afirma la investigación de Oxfam e interpela la concentración de tierra en pocas manos: “Es un orden social arraigado y más cercano al feudalismo que a una democracia moderna”.


La investigación, de cien páginas y con extensa bibliografía de referencia, vincula claramente la extrema desigualdad al modelo de explotación de recursos naturales. “El extractivismo se ha hecho con el territorio”, resume la investigación y advierte que tanto gobiernos de izquierda como derecha han optado por favorecer la explotación petrolera, minera, forestal y el agronegocio. “La explotación minera y petrolera se aceleró a partir del 2000. La nueva oleada fue atraída por reformas estructurales que desprotegían los territorios comunales y relajaban los controles medioambientales”, explica. Entre los numerosos ejemplos, cita la situación de Colombia, que en 2002 contaba con un millón de hectáreas en concesión minera y en 2015 ya era de 5,7 millones de hectáreas (el cinco por ciento del territorio nacional).


Precisa que la soja, la palma de aceite y la caña de azúcar tuvieron una “expansión sin precedentes en las últimas dos décadas”. En el apartado “geopolítica de la soja”, destaca que los gobiernos “han impuesto un modelo de organización territorial a la medida de las necesidades de transnacionales”. En base a datos de 2014, precisa los datos del monocultivo: el 68 por ciento del territorio cultivado de Paraguay tiene soja, le siguen Argentina (49), Uruguay (45), Brasil (37) y Bolivia (30 por ciento). “Los cincos países conforman lo que se conoce como ‘repúblicas unidas de la soja’, producen más de la mitad de la soja del mundo”, detalla Oxfam.


Las pequeñas explotaciones agropecuarias son mayoría, pero tiene muy poca tierra. En Colombia, el 84 por ciento de las fincas ocupa solo el cuatro por ciento de la superficie agrícola. Paraguay es otra mala referencia: el 91 por ciento de las chacras cuenta con sólo el seis por ciento de la tierra. En Argentina, el 83 por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene sólo el 13 por ciento del territorio.


“La tierra se encuentra cada vez más concentrada en menos manos y sometida a un modelo de extracción y explotación de los recursos naturales que, si bien ha ayudado a crecer a las economías de la región, también ha acentuado la desigualdad. Los beneficios de este modelo extractivista se concentran en manos de unas élites”, resume la investigación. El informe llama a una “urgente y necesaria nueva distribución de la tierra en América latina”.


Entre los sectores más perjudicados se encuentran campesinos y pueblos originarios. “La impunidad con la que se asesina a los activistas indígenas debe terminar. Es urgente que los gobiernos en todo el mundo actúen de forma inmediata para protegerlos”, destaca el informe


La injusta distribución de la tierra se profundiza con el uso de violencia. “Con la expansión de las actividades extractivas se han multiplicado los conflictos territoriales y se han disparado de forma alarmante los índices de violencia contra quienes defienden el agua, los bosques y los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Estos grupos son marginados, perseguidos, agredidos y criminalizados por defender su derecho a la tierra”, denuncia Oxfam.

Publicado enInternacional
Empresas translatinas y acaparamiento de tierras en América Latina

ALAI AMLATINA, 13/11/2013.- El acaparamiento de grandes extensiones de tierras, conocido en inglés como land-grabbing, fenómeno que surgió principalmente en la última década y que se acentuó a partir de la crisis alimentaria del 2008, está transformando radicalmente la estructura agraria en el mundo, desplazando al campesinado y reforzando la agroindustria. En África y Asia, este fenómeno corresponde principalmente a acuerdos entre Estados, donde un gobierno acuerda la compra o arriendo de grandes extensiones –cien, doscientas mil hectáreas o más-, en otro país, para producir alimentos bajo su propio control y exportarlos, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de su población.

 

En América Latina, sin embargo, el proceso ha asumido una característica distinta, según explica Cristóbal Kay, especialista en desarrollo y reforma agraria. Y es que en nuestro continente, no son otros Estados sino principalmente las grandes empresas translativas las que están invirtiendo en países vecinos. En entrevista con ALAI, Kay advirtió que, entre más avanza este proceso, más complejo se vuelve pensar en una reforma agraria en los países afectados.

 

Académico especializado en teoría del desarrollo, que estudió primero en Chile e Inglaterra, y hoy es profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Cristóbal Kay nos recordó que en América Latina este fenómeno tiene sus raíces en la llamada década perdida de los años 80, con las políticas neoliberales. Cuando los Estados disminuyeron sus políticas de crédito y asistencia técnica al campesinado y bajaron los aranceles a la importación de alimentos, la economía campesina quedó marginada y muchos campesinos tuvieron que buscar otras formas de ingreso, cuando no acudir a la migración. En cambio los sectores rurales que salieron beneficiados fueron aquellos productores agrícolas capitalistas que tenían acceso a las inversiones y los conocimientos necesarios para entrar en los nuevos mercados de exportación, con nuevos productos como el brócoli, hortalizas, frutas, palma africana aceitera.

 

Este hecho, relata Kay, "cambió totalmente la estructura agraria, llevando hacía un proceso de concentración de tierras y, también, hacía un proceso de capitalización del agro... Se expandieron estas empresas agrarias, muchas veces incorporando a tierras campesinas, o deforestando la amazonia, llegando a nuevas fronteras agrícolas, creando también una serie de efectos negativos para la ecología de esos países". Esta nueva estructura agraria funciona con mano de obra temporal, sin estabilidad laboral y con salarios muy bajos, o donde hay cultivos muy mecanizados, como la soya, crea muy poco empleo. "En medio siglo, desde 1960 hasta 2010, el cultivo de la soya pasó de 260 mil hectáreas a más de 42 millones. O sea, se multiplicó varios cientos de veces", señala el investigador.

 

Sigue nuestra conversación sobre estos temas, en la cual Kay nos contó cómo en América Latina el actual proceso de acaparamiento de tierras sigue parámetros novedosos a nivel mundial, puesto que se trata esencialmente de empresas latinoamericanas de un país que invierten en otro país latinoamericano.

 

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CK: Son grandes compañías que ya controlan cincuenta mil hectáreas, o cien mil hectáreas, por ejemplo de Argentina; que hacen después inversiones en Paraguay, o Uruguay, especialmente para soja, o para pasto y ganadería. Y Brasil hace lo mismo: hay muchos empresarios agrícolas brasileños que ya hace como tres o cuatro décadas atrás, han comprado tierras en la parte oriental de Bolivia, en Santa Cruz, en las tierras bajas de Bolivia, y hoy en día controlan quizás un tercio de las tierras del Oriente boliviano. Controlan como el 40 o 50% de la producción de soja de Bolivia.

 

Paraguay, es el caso más dramático. En este país, casi dos tercios de toda la producción de soja es controlada por capitales, inversionistas, terratenientes, de origen brasileño -la mayoría-, pero también una parte importante de argentinos. Entonces se plantea allí un problema de soberanía nacional, porque gran parte de esas inversiones de compra de tierra por parte de los brasileños y los argentinos se da en la zona fronteriza con esos países. Y, el cultivo de la soja es el más importante de Paraguay, entonces controlando dos tercios de la producción de soja -no tengo una cifra exacta-, pero es como controlar quizá el 40% de toda la producción agropecuaria de ese país, por parte de esos capitales latinoamericanos.

 

Ahora, muchos de esos capitales latinoamericanos están asociados con capitales internacionales. Por ejemplo, con el famoso financista George Soros. Soros tiene una empresa que financia las compras de tierras a través de una empresa en Argentina, y hace inversiones a gran escala, con grandes maquinarias.

 

Entonces, hay algunos capitales extranjeros, pero no es la fuerza motriz de este cambio; la fuerza motriz viene de los propios capitales de algunos países latinoamericanos. Incluso países pequeños como Chile, que tiene cierta ventaja en la industria forestal. Hay un grupo forestal chileno que tiene más de un millón de hectáreas, de las cuales la mitad está fuera de Chile, en Argentina, Brasil y Paraguay. Como ya no hay más tierras para reforestar en Chile, estos capitales chilenos invierten en otros países latinoamericanos, en los que todavía hay cierta abundancia de tierra. Ahora, esto también tiene su impacto ecológico, especialmente con el monocultivo de eucalipto, que absorbe mucha agua, y el pino; y entonces no se puede cultivar después, es muy difícil volver a usar la tierra para otro uso agropecuario.

 

ALAI: Estas inversiones en tierra, ¿están vinculadas también a la especulación del sector financiero?

 

CK: Sí, porque la ventaja es que la tierra no pierde su valor, es una buena inversión fija, especialmente si los precios agropecuarios siguen subiendo, y es muy probable que los precios agrícolas nunca van a bajar de nuevo a los niveles pre-crisis del año 2008. Pero la especulación viene más bien con estos nuevos cultivos, como decía, la palma aceitera, palma africana, con la soja y también con la caña de azúcar. Estos tres cultivos se pueden llamar 'cultivos comodín'. Un colega de La Haya, Saturnino Borras, lo llama 'flexcrops', que se puede traducir al castellano como 'cultivo comodín', porque se los puede dedicar a varios usos, ya sea como aceite, ya sea como comida, o para biocombustible. Y allí viene la ventaja, es decir, depende de los precios de los alimentos: si están bajos, dedican la caña de azúcar o la soja al etanol. Entonces especulan de acuerdo a cómo van los precios internacionales para cada uno de los productos. Eso le da esa flexibilidad al capital, y el capital siempre trata de maximizar la ganancia y la renta, usando los mercados internacionales.

 

ALAI: ¿De toda esta situación que acaba de describir, cómo ve las implicaciones a futuro? ¿De qué hay que preocuparse? ¿Qué alternativas podrían plantearse frente a esa situación?

 

CK: Estos nuevos capitales que acaparan tierras, extensiones de 100 mil hectáreas, y algunas llegando hasta a 1 millón de hectáreas, son cantidades de tierras inimaginables históricamente, van mucho más allá del antiguo latifundio. La diferencia es que son capitales no exclusivamente agrarios, sino que muchos de estos nuevos inversionistas vienen de la agroindustria, de la industria forestal, de la industria del procesamiento de la caña de azúcar, de la palma africana. O incluso, en el caso de capitales extranjeros, de capitales mineros o financieros; y capital comercial, incluso hay supermercados que invierten. Entonces, ya no es solamente un capital agrario, sino un capital que se origina de varias fuentes, que controla la cadena productiva. Es como toda una cadena de valor que está totalmente integrada y controlada por ese capital corporativo, que tiene tremendo poder, porque conoce el mercado internacional, tiene acceso a las últimas técnicas productivas, tiene la capacidad de financiar maquinaria, cosechadoras e industrias procesadoras.

 

Frente a eso, a un mercado libre, los gobiernos no tienen la capacidad de negociar o de buscar acuerdos más favorables para los países. Hay quizá algunas restricciones menores.

 

En cuanto a las implicaciones de este proceso, como ya mencionaba, desplazó a ciertos sectores campesinos, creó conflictos con pueblos indígenas, tal cual lo hacen algunas inversiones mineras, aunque estos casos son menos conocidos. Y es que en muchas de esas zonas que los gobiernos dicen que están vacías, que son tierras estatales, ya había poblaciones locales, indígenas, que estaban radicadas en esas zonas, y que con estas inversiones van siendo desplazadas.

 

En el tema de qué visión del futuro, pensando especialmente si uno quiere hacer una reforma agraria, yo creo que hoy en día es más complejo realizar una reforma agraria, porque el campesinado ya no enfrenta al antiguo señor feudal con el cual tenía una relación patronal clientelar. Pero había un enemigo claro -por así decirlo- con el cual uno podía realizar su lucha social: contra los patrones, contra los terratenientes que habían estado en esa zona hace siglos ya, desde la colonia, con el antiguo latifundio. Ahora son grupos inversionistas, muchas veces sociedades anónimas. Entonces, ¿cómo tener una política para tratar de expropiar o redistribuir la tierra, frente a un capital que puede vender las tierras fácilmente o moverse a otro lugar?

 

Además, ahora ya no se trata de expropiar tierra improductiva, no cultivada, como antes con el latifundio. No, estas son empresas capitalistas, con grandes inversiones de alta productividad, de alta tecnología, totalmente integradas al mercado internacional; entonces también los gobiernos son muy reacios a tocar a esas empresas.

 

Por lo mismo, hoy las reformas agrarias tendrían que ser mucho más participativas, tendrían que tener en mente las necesidades de las comunidades indígenas, tener una opción también de género, de incorporar a las mujeres en el proceso de la reforma agraria, lo que no se hizo en la reforma agraria de las décadas de los 50, 60 y principios de los 70, y también, por supuesto, tener toda una visión ecológica, que en la reforma agraria de los 50 los 60 no existía. Entonces, con toda esta nueva situación, es mucho más complejo tener un programa real, masivo de reforma agraria.

 

Consecuentemente, para enfrentarse a esos grandes conglomerados, como Monsanto, la lucha social ahora tiene que ser de un movimiento también transnacional. Como, por ejemplo, es el caso de la Vía Campesina. Hay que tener un movimiento campesino que esté interconectado e interrelacionado y que se globalice, se transnacionalice, aunando esfuerzos en cada país con esa lucha, más bien global, contra los transgénicos, contra el gran capital financiero y planteando sus propuestas a nivel de la comunidad internacional -a través de las Naciones Unidas, como la FAO, etc., porque es allí donde se mueven las fuerzas políticas.

 

Y aliándose con los movimientos ecologistas, con los movimientos que quieren mantener la biodiversidad genética, con los movimientos que van contra los supermercados, los movimientos que quieren fortalecer los mercados locales, las culturas locales, por un paisaje que no sea de monocultivo, etc. Allí, aunando esfuerzos entre sectores rurales con sectores sociales urbanos, crear una alianza política transnacional, para lograr cambiar este modelo de monocultivo y depredador. Es una visión, pero por suerte que hay varios pasos intermedios para lograr eso.

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Martes, 07 Agosto 2012 06:51

Violento desalojo

Violento desalojo
´. La corresponsal de la emisora televisiva Telefuturo, Fátima Garay, confirmó la actuación del Grupo Especial de Operaciones, vencido el ultimátum dado a los campesinos para que desocupen las tierras, en las que estaban desde la noche del pasado sábado.


Por su parte, la edición digital del diario paraguayo La Nación tituló “Desalojo y violencia en Saltos del Guairá” y recogió la información de Garay sobre el uso de los gases lacrimógenos, aunque no abundó en más detalles del desalojo. Los “invasores” serían personas oriundas de Capiibary, Curuguaty y Santaní, según información de Alberto Núñez, corresponsal de dicho diario. Una fuente policial dijo que el hecho de que los campesinos en pocas horas de la noche instalaron casi 500 carpas demostraba que están muy bien organizados y dispuestos a defender sus procedimientos.


Según el diario local Ultima Hora, la propiedad de 29 hectáreas pertenece a un ciudadano brasileño de nombre Joao Carlos Bernardes. Los campesinos, aproximadamente mil, ocuparon la estancia el pasado sábado en horas de la tarde. El domingo a la mañana, el representante del Ministerio Público del gobierno de Franco (foto) se constituyó en el lugar, explicó a los labriegos que el título de propiedad con el que cuenta Bernardes es original y que, por lo tanto, debían retirarse de la estancia, ya que si no lo hacían de forma pacífica, la fiscalía procedería al desalojo y algunos campesinos podrían ser detenidos.


“Desde ahora vamos a analizar una estrategia con la Policía Nacional, para un procedimiento futuro de acuerdo con la cantidad de personas que hay ahí, sobre todo porque se busca un procedimiento que no arroje víctimas ni lesionados”, manifestó ayer el fiscal Diosnel Giménez. Cuando se produjo la ocupación, los policías apoyados por empleados del lugar trataron de impedir a tiros que los labriegos ingresaran al inmueble. El enfrentamiento dejó un saldo de ocho campesinos heridos, con balas de goma y proyectiles de plomo. Además confirmó que alrededor de mil labriegos y sus familiares desocuparon casi en su totalidad el lugar y aseguró que todo se realizó en forma pacífica. “Sólo quedan algunos ocupantes que están levantando las casi 500 carpas situadas allá y armadas por ellos para su estadía”, puntualizó.


Otros corresponsales afirmaron que los campesinos realizaron un repliegue y se situaron en la margen derecha de la hacienda, en un intento de quedarse a la espera de una negociación con el gobierno para obtener parcelas donde vivir y trabajar. La problemática de la tierra es una de las principales en Paraguay, donde un 2 por ciento de la población concentra la propiedad de alrededor del 80 por ciento de la tierra.

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Rupert Murdoch y los latifundios mediáticos

Aficionado a los escándalos con los que ha hecho una fortuna, el magnate Rupert Murdoch está en el centro de una tormenta de gran magnitud. Su imperio mediático en Gran Bretaña se tambalea, luego de que se divulgaron las prácticas de espionaje telefónico de su semanario News of the World, con más de 7 millones de lectores. Una investigación del diario The Guardian le propinó un severo descontón.
 

News of the World espió a 4 mil personas. Integrantes de la familia real, políticos, celebridades fueron vigilados ilegalmente por el semanario. Sotland Yard lo supo y lo ignoró. La publicación sobornó a varios policías.
 

Para contener daños, el pasado sábado Murdoch publicó en todos sus periódicos de alcance nacional un desplegado de plana entera titulado “Lo sentimos”, cerró News of the World, renunció a dos altos ejecutivos del corporativo que editaba el tabloide dominical, el día de hoy se presentará ante la Comisión de Cultura de la Cámara de los Comunes, y retiró su oferta para adquirir 61 por ciento de British Sky Broadcasting, con lo que habría obtenido el control total de la empresa que domina el mercado de la televisión digital en Reino Unido.
 

Rupert Murdoch es una especie de Ciudadano Kane, protagonista dela célebre cinta de Orson Welles inspirada en la biografía del empresario de la prensa William Randolph Hearst. Como muestra Michael Wolff en su libro The man who owns the news, su vida y su emporio son uno solo. Nació en Australia hace 80 años. En 1986 se nacionalizó estadunidense con la ayuda del presidente Ronald Reagan para poder ser propietario de canales de televisión. Y es que, en Estados Unidos, las leyes impiden a un extranjero ampliar sus inversiones en el país por encima de 2 mil millones de dólares. Cuando los periodistas le preguntaron el porqué de su decisión, les respondió: “Porque quería ser estadunidense, y estoy muy contento y gratificado”.
 

Murdoch es uno de los hombres más ricos del mundo: más de 32 mil millones de dólares. Ha hecho esa riqueza forjando un imperio mediático, que posee canales de televisión, periódicos, revistas, editoriales e intereses en el mundo del cine e Internet por todo el planeta.
 

Comenzó su aventura empresarial en su natal Australia, en la década de los cincuenta, donde adquirió más de un centenar de publicaciones. A finales de los setenta incursionó en Gran Bretaña y compró cuatro publicaciones relevantes: News of the World, The Sun, The Times y The Sunday Times. En 1988 controló 20 por ciento del capital del grupo Pearson, propietario de Financial Times, adquirió la mitad de The Economist y compró 14 por ciento de las acciones de Reuters, aunque posteriormente se deshizo de ellas.
 

En Estados Unidos adquirió el periódico The New York Post, la empresa Dow Jones propietaria de The Wall Street Journal y canales de televisión. Fundó en 1986 la compañía Fox Broadcasting, propietaria de los estudios 20th Century Fox, productora de películas como La guerra de las galaxias y Titanic. Diez años más tarde incursionó en la televisión por cable con el poderoso Fox News.
 

La propiedad sobre tantos y tan importantes medios comunicación le da una influencia política inmensa. Murdoch fue un joven con ideas progresistas que rápidamente se convirtió un hombre conservador. “Cuando era estudiante en la Universidad de Oxford –dijo– era un socialista idealista y tenía un busto de Lenin en mi dormitorio. Sigo siendo idealista, aunque ahora me siento más partidario del libre mercado que de otra cosa”. Apoyó al gobierno de George W. Bush y la invasión a Irak. “No podemos echarnos atrás ahora, dando a Saddam Medio Oriente entero... Creo que Bush está actuando de manera moral y correcta, y creo que va a continuar con ello”, señaló. En otra ocasión, sin ningún pudor, advirtió: “La consecuencia más importante [de la guerra en Irak] para la economía de Estados Unidos... serán los 20 dólares por barril de petróleo. Es más que cualquier reducción de impuestos en cualquier país”. En Estados Unidos Fox News ha dado al Tea Party una gran difusión de su propuesta política y sus candidatos. En 2006 apoyó al campaña de Hillary Clinton por la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata.

Los medios de comunicación de su propiedad impulsan una agenda que difunde valores conservadores y neoliberales, bloquea la información sobre el cambio climático y promueve sentimientos racistas, contra los inmigrantes, los árabes y los mulsumanes.
 

La biografía de Murdoch y su emporio sintetiza los cambios operados en las últimas tres décadas en la industria del entretenimiento: la creación de un oligopolio global, similar a los existentes en la industria petrolera y en la automotriz. La propiedad de los medios de comunicación se ha concentrado en cada vez menos manos, conformando verdaderos latifundios mediáticos, muchos de ellos trasnacionales.
 

Este proceso de monopolización se ha acompañado de la fusión empresarial de varias actividades económicas. La industria editorial, la producción y distribución de películas, las salas de cine y los teatros, la prensa escrita, los canales de televisión, las compañías disqueras, las agencias informativas, pero también las telecomunicaciones, tienden a ser controladas por un pequeño grupo de empresarios y sus empresas.
 

Lo que sucede en los países de habla inglesa con Murdoch es similar a lo que pasa en México con Televisa. Esta empresa posee cuatro canales de televisión (más muchas de sus repetidoras), dos compañías de cable, teatros, uno de los más grandes grupos editoriales de América Latina –que publica las ediciones mexicanas de Comopolitan y Esquire–, estaciones de radio y varios clubes de futbol. Es propietaria de 5 por ciento de Univision, el principal canal de televisión en español de Estados Unidos. Los programas de Televisa acaparan 70 por ciento de las cuotas de audiencia y publicidad del mercado mexicano de televisión. Sus contenidos se reproducen en toda América Latina. El intento de Emilio Azcárrga Jean, su principal accionista, de seguir el camino del australiano y nacionalizarse estadunidense fracasó.
 

Latifundios mediáticos como los de Rupert Murdoch y Televisa debilitan la libertad de información y la democracia. Para recuperar la función de la información como un bien público es necesario desalambrarlos.


Por Luis Hernández Navarro

 

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Brasil está siendo blanco de una ofensiva del  gran capital articulada por las empresas transnacionales y los bancos en una alianza con capitales latifundistas  que han generado un modelo de organización agrícola llamado agronegocio.

A partir de la segunda mitad de la década de los 90 –y más aún luego de la crisis del capitalismo internacional– grandes corporaciones internacionales financiadas por capitales financieros comenzaron a avanzar sobre la agricultura brasileña: tierras, aguas, semillas, producción e industrialización de alimentos y comercialización de agrotóxicos.

En dicho proceso, el agronegocio intenta impedir el desarrollo de la pequeña agricultura y la Reforma Agraria y consolidar su modelo de producción basado en las grandes propiedades, el monocultivo, la expulsión de mano de obra campesina, el uso intensivo de maquinaria, la devastación ambiental y la utilización de agrotóxicos a gran escala.

Compra de tierras por empresas extranjeras

Los datos del INCRA* indican que en los últimos años se vendieron por lo menos 4 millones de hectáreas a personas y empresas extranjeras, perjudicando los intereses del pueblo brasileño y debilitando la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales. El gobierno federal mostró preocupación por esa ofensiva, porque además las empresas usan subterfugios para no respetar la legislación vigente. Un director de la empresa de papel y celulosa Stora  Enso admitió que creó una empresa en Brasil para burlar la ley y comprar ilegalmente 46.000 hectáreas en la frontera sur del país y encarar el monocultivo de eucaliptus.

Sólo en el sector del alcohol de caña, por ejemplo, las empresas trasnacionales compraron el 30% de todas las fábricas con sus tierras. Sin embargo eso no aparece  en los catastros del Instituto, que sólo incluye cantidades subestimadas. Esperamos que el Gobierno cumpla su promesa y apruebe cuanto antes el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) que impida la compra de tierras a los extranjeros, incluyendo la anulación de los títulos de las tierras ya vendidas.

Arroz transgénico de Bayer

En las últimas semanas, el agronegocio intenta avanzar en su proyecto para la agricultura brasileña en dos frentes: cambios en el Código Forestal Brasileño y la liberalización del arroz transgénico. Por otra parte la flexibilización de la ley ambiental facilita la deforestación y la expansión del agronegocio, los transgénicos pasan  el control de las semillas de las  manos de los agricultores a la propiedad privada de cinco empresas transnacionales: Bayer, Basf, Monsanto, Cargill y Syngenta  que de ese modo las patentan e imponen royalties a los productores.  

Los movimientos campesinos, los ambientalistas y las organizaciones de derechos humanos lograron una victoria importante a través de la presión social y política  contra la liberación del arroz de Bayer que retiró su propuesta  para su aprobación por la Comisión Técnica de Bioseguridad. Esa variedad de arroz, de consumo popular, no está liberada en ningún país del mundo, ni en los EEUU ni en Alemania (país de origen de Bayer). Fue en consecuencia un retroceso momentáneo de la transnacional pero debemos permanecer atentos a sus movimientos futuros.

La aprobación del arroz transformaría a Brasil en un cobayo. Los impactos de la liberalización del arroz transgénico que está presente en la mesa de los brasileños en el almuerzo y en la comida serían tremendamente negativos. En primer lugar no hay estudios que atestigüen que el consumo de transgénicos no afecta a la salud humana.

En segundo lugar, los productores de arroz tradicional podrán ver contaminadas sus cosechas con el arroz Liberty Link. En los EEUU se comprobó que 7.000 productores de arroz se vieron contaminados y demandaron a la Bayer por los perjuicios que les ocasionara.  De modo que podríamos llegar a la conversión de todos los cultivos tradicionales de arroz en transgénicos. Además, aún sin comprar esas semillas los campesinos tendrían que pagar royalties a la empresa alemana.

En tercer lugar, aumentaría el uso de venenos en los cultivos de nuestro país que utilizó 9.000 millones de litros el año pasado, ocupando el primer lugar en el ranking mundial. Las investigaciones han demostrado que el glifosato, usado para pulverizar  las variedades desarrolladas por la Bayer, es tóxico para los mamíferos y podría entorpecer las actividades del cerebro humano.

El médico Wanderlei Antonio Pignati, doctor en salud y ambiente, investigador de Fiocruz y profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso explica que las grandes industrias fabrican semillas dependientes de los agrotóxicos y los fertilizantes químicos porque también producen esos venenos.

El retroceso de Bayer constituye una pequeña victoria  de la sociedad brasileña, porque demuestra principalmente que es posible enfrentar y derrotar a las empresas transnacionales.

Cambios en el Codigo Forestal

En relación con el Código Forestal la votación del proyecto presentado por el diputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) está prevista para comienzos de julio. El texto del proyecto de ley beneficia a los latifundistas de los agronegocios, por abolir la Reserva Legal para la agricultura familiar, la posibilidad de compensación fuera de la región o de la cuenca hidrográfica y la transferencia de las responsabilidades sobre la legislación ambiental a los Estados y municipios.

Más preocupante aún que la reforma agraria es la amnistía a los productores rurales que hayan cometido crímenes ambientales hasta julio de 2008. Las áreas que no cumplen una función social y que deberían ser expropiadas y destinadas a los trabajadores rurales sin tierra continuarán en manos de los latifundistas. Es decir, que con la aprobación del nuevo código el Congreso Nacional modificará la Constitución para responder a los intereses de quienes monopolizan las tierras en nuestro país.

En cuanto a las empresas de los agronegocios comentan discretamente que  los ruralistas están eufóricos  ante la posibilidad de legitimar el desmonte ya realizado y abrir la frontera en nuestras selvas y áreas de preservación. Lo que realmente no se esperaba era que los sectores más conservadores encontraran apoyo que mereció  hasta elogios de la senadora Katia Abreu (DEM) que no hace mucho intentaba su nominación como vicepresidenta de José Serra (PSDB). Dado que Katia Abreu, presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) es portavoz del sector  de latifundistas  y la principal defensora de los cambios, es evidente que se beneficiará con las propuestas del diputado Aldo Rebelo.

Hasta ahora se han levantado muchas voces contra esa propuesta, las iglesias, las organizaciones ambientalistas, una parte importante del movimiento sindical y los movimientos populares, especialmente la Vía Campesina Brasil, manifestando su repudio a dicho proyecto. Una recolección de firmas juntó miles de firmas con el objeto de sensibilizar al Congreso, los parlamentarios progresistas pidieron informes y el Ministerio del Ambiente se opuso a las propuestas. El propio Gobierno, cuyo partido político es el del diputado Aldo Rebelo y su base parlamentaria, también criticó el proyecto.

Esperamos que la presión de la sociedad consiga evitar la destrucción de la legislación ambiental y la anulación del concepto de la función social de la propiedad que fundamenta la concreción de la reforma agraria. En lugar de terminar con el Código Forestal necesitamos mantener sus principios, preservando la naturaleza en beneficio de toda la población y de las generaciones futuras.

*INCRA :Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria.

Secretaría Nacional del Movimiento de los Sin Tierra
Resumen Latinoamericano

Traducido para Rebelión por Susana Merino
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Lunes, 02 Febrero 2009 18:22

Sólo la lucha salva

Durante el periodo colonial brasileño (desde el 1500 hasta la independencia de Portugal, alcanzada en 1822), los quilombos eran asentamientos, clandestinos e inexpugnables, de negros que huían de la tiranía de los latifundistas y los negreros. Vivían internados en el corazón de los bosques, en las selvas, o incluso en áreas montañosas de imposible acceso. Contrariamente a lo que se pensaría en Argentina -donde la palabra quilombo hace referencia a desorden o descontrol-, en estos asentamientos reinaba el orden; estaban fuertemente jerarquizados y su Gobierno emanaba de rígidas leyes tribales africanas. 25 años después de su fundación en el sur de Brasil, en enero de 1984, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (el Movimiento de los Sin Tierra, o simplemente el MST) dice inspirarse en la resistencia demostrada por los quilombos -muchos de los cuales siguen existiendo, pero con actividades y objetivos diferentes- para diseñar su peculiar forma de lucha por una reforma agraria justa.

El propio movimiento se define en su esencia como "una articulación de campesinos que luchan por la tierra y por la reforma agraria en Brasil. Es un movimiento de masas autónomo, en el interior del movimiento sindical, sin vinculaciones político-partidarias o religiosas". Su signo de identidad sigue siendo la lucha por la reforma agraria, "para garantizar el acceso a la tierra a aquellos que la trabajan". En la práctica, los Sin Tierra cuentan con unas bases claramente identificadas con la izquierda más recalcitrante, encarnada actualmente por líderes suramericanos como Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa. Muchos de sus militantes se autodefinen sin complejos como marxistas-leninistas.

Tras un cuarto de siglo de existencia, el gran debate hoy en Brasil gira en torno a si el movimiento ha perdido los valores e ideales que impulsaron sus inicios y su trayectoria. En las décadas de los ochenta y los noventa, intelectuales de izquierdas y sectores progresistas de la Iglesia, junto a la práctica totalidad de la población brasileña, se declaraban simpatizantes del MST. El año pasado, los resultados de una encuesta realizada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE) mostraron que la mitad de los brasileños han perdido la confianza y la empatía por el movimiento.

Siempre desde el anonimato, ciertos sectores del Gobierno le acusan de practicar métodos de presión que nada tienen que ver con la imagen, a veces demasiado idealizada, de un movimiento social sensibilizado con la causa de los que menos tienen.

"Sólo la lucha salva", declaraba la semana pasada Marina Santos, de la cúpula dirigente del MST. "Podemos sentarnos en una mesa para negociar con el Gobierno o con otras entidades, pero hemos comprobado que si no luchamos no obtenemos soluciones", concluyó. Según Santos, más del 70% de los asentamientos del Movimiento de los Sin Tierra -tierras cedidas por el Gobierno para que los campesinos establezcan su hogar y se ocupen de su explotación agrícola- son fruto de las ocupaciones forzadas. "Negociando no hubiéramos conseguido esta cantidad de conquistas", afirmó.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene hoy una relación ambigua con los Sin Tierra, que, sin embargo, en la campaña electoral de 2002 se movilizó masivamente para que el ex tornero alcanzara la presidencia. A cambio del apoyo, Lula les prometió llevar a cabo definitivamente la ansiada reforma agraria, centrada en la expropiación de tierras consideradas improductivas, y su posterior reparto entre los agricultores.

Según los cálculos que hace el MST, el Gobierno de Lula sólo ha cumplido el 30% de la meta marcada en la reforma agraria, que básicamente consiste en dar una parcela de tierra cultivable a 550.000 familias. "El Gobierno está demostrando su apoyo total al agronegocio. Desde mi punto de vista, ellos entienden que la reforma agraria ya no es una alternativa para el desarrollo económico del país", declaró recientemente el geógrafo y militante del MST Ariovaldo Umbelino. Los principales líderes del movimiento repiten como un mantra la misma idea y dicen sentirse traicionados por Lula.

No obstante, las cifras que maneja el Gobierno brasileño son muy diferentes. "Entre 2003 y 2008 hemos incorporado 519.111 familias en el programa de la reforma agraria", comenta a EL PAÍS Rolf Hackbart, presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Es decir, según estos datos, un 60% del millón de familias que actualmente se benefician de la reforma accedió al programa bajo el mandato de Lula. El choque entre ambos datos radica en la manera de contabilizar las familias que han accedido a la tierra: mientras que el MST sólo tiene en cuenta los casos de nuevos lotes de tierra distribuidos, el Gobierno también incluye en sus cálculos aquellos lotes que ya existen y que cambian de propietario o el reconocimiento de propiedad a familias de comunidades originarias que llevan siglos establecidas en un territorio.

En Brasil, el 1% de los propietarios agrícolas posee ilícitamente el 46% de las tierras cultivables. Por esta razón, el MST basa su acción en la ocupación de tierras que, según su criterio, no cumplen una función social y son improductivas. En muchos casos estas ocupaciones se realizan por la fuerza y haciendo uso de métodos nada pacíficos. La última edición del semanario brasileño Veja documenta cómo entre los militantes de la facción más dura del MST circula un "manual de guerrilla" en el que se explican métodos de fabricación de bombas artesanales, se dan instrucciones para saquear rápidamente las propiedades agrícolas ocupadas, antes de la llegada de la policía, para evitar detenciones en delito flagrante, o se constata la existencia de "muchas armas" en algunos campamentos del movimiento.

Según el semanario, hace dos años un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) fue descubierto en un asentamiento del MST en el Estado de Rio Grande do Sul, uno de los bastiones del movimiento. "El Gobierno sólo está a favor del diálogo dentro de la ley y, por supuesto, rechaza la violencia", comenta tibiamente Hackbart. "Al fin y al cabo, ellos son responsables y responden por sus actos, aunque concuerdo con el análisis del movimiento de que todavía existe mucha demanda de tierra por parte de familias que la necesitan. La tierra no se puede concentrar en pocas manos", concluye.

FRANCHO BARÓN - Río de Janeiro

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