La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus efectos devastadores

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los «efectos devastadores» que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.

El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una «situación muy compleja y alarmante».

Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un «diálogo franco y abierto» en el que hubo «exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores».

EL DIAGNÓSTICO

Venezuela enfrenta una carencia en categorías como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.

El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.

Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una merma del 30 al 50 % de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.

«Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional», señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90 % de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1 por ciento de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.

Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.

LAS SANCIONES

«Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)», explicó Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos del 1 % del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.

Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.

Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido «amenazas» y «presiones» para que terceros no suscriban contratos con Caracas.

También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en el señalamiento del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.

La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen «una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas».

En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos «viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población».

LAS RECOMENDACIONES

Douhan concluye que las sanciones impuestas al país «afectan al pueblo venezolano» y «han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes», lo cual «ha tenido un efecto devastador en toda la población».

Esto, además, deja a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.

La relatora subrayó la «inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente» e instó al Gobierno de los EE.UU. a «reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano», así como «revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países», relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.

El exhorto también se dirigió a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas «para garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana».

Asimismo, se exhorta al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para «garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos».

Douhan se dijo preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lamentó que los intentos por liberar los fondos congelados del país en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarcó, estos serían usados para paliar esta situación.

De igual modo, se mostró alerta ante «la vigilancia y enjuiciamiento» del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el país, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.

LAS REACCIONES

La oposición venezolana acusó a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones económicas a su país, si bien Douhan aseguró en la rueda de prensa que su trabajo se rigió por un independencia total.

«Lamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violación de DDHH en el país», dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.

El opositor indicó que la relatora cometió imprecisiones pues, según dijo, no mencionó «temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político».

Maduro, por su parte, reconoció que la crisis humanitaria de Venezuela es «enorme» y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.

«Hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo», dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/onu-pide-levantar-sanciones-venezuela-efectos-devastadores_1_7216472.html

Por | 13/02/2021

 

A continuación, el informe completo

Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:

La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la República Bolivariana de Venezuela

Resultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela

Caracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos políticos, de la oposición y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los ámbitos de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es más importante, víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.

Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.

En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:

El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.

Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan en su mayor parte crímenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicción penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos:

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).

El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carta de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.

El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrición, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.

El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violación del derecho a la propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial:

La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como «daño colateral».

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.

Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.

[Fin]

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La pandemia, la senda hacia una nueva guerra fría

Por primera vez en la historia, una pandemia ha producido más efectos económicos que médicos. Hasta este momento, sus efectos políticos han sido menos importantes. Sin embargo, con su aparición tras tres años de Gobierno de Trump y en el contexto de una radicalización de las políticas chinas, la pandemia anuncia y facilita el paso a una nueva guerra fría.

Balance del año 2020

La Covid-19 no ha cambiado las reglas del juego. La pandemia no ha sido ese disruptor que diversos comentaristas estadounidenses (Henry Kissinger, Francis Fukuyama y Thomas Friedman entre algunos de los más conocidos) esperaban a principios de este año, cuando afirmaron que “el mundo ya nunca será como antes”. Una vez más, la incapacidad para observar de modo objetivo los efectos causados por un gran acontecimiento ha llevado a muchos analistas a exagerar las probables consecuencias de la crisis.

Al mismo tiempo, eso ha sido claramente un amplificador o acelerador de tendencias ya existentes. Ha confirmado la disposición de los países más grandes de movilizar en un momento de crisis los activos de su poder (la manufactura para Beijing, las finanzas para Washington). Ha ilustrado el auge de los nacionalismos y la oposición a la globalización. El Gobierno estadounidense ha continuado con su sabotaje del sistema multilateral abandonando la Organización Mundial de la Salud (OMS). La pandemia ha sido una buena noticia para todos cuantos defendían (por razones políticas o económicas) un desacoplamiento de las economías occidentales de China. Además, como todas las grandes crisis, la Covid-19 es ya una fuente de destrucción creativa. Los pioneros entre los ganadores son los sectores digitales y los productores nacionales.

La Covid-19 no ha sido la principal causa de crisis o conflictos importantes. En general, el entorno estratégico ha demostrado ser impermeable a las consecuencias de la pandemia (en Oriente Medio, por ejemplo), aunque cabe el debate en el caso de las intenciones de Beijing, que claramente ha puesto de manifiesto a lo largo del año un comportamiento agresivo en todas sus fronteras (desde la frontera con la India hasta la del mar del Sur de China, pasando por la del mar del Japón, Taiwán y Hong Kong). Sin embargo, a escala mundial, las dinámicas nacionalistas ya existentes y la percepción de un relativo atenuamiento del poderío estadounidense han tenido más impacto que las consecuencias de la pandemia, como se puede ver, por ejemplo, en el Mediterráneo oriental (1). Las organizaciones militares, por su parte, indicaron durante la crisis que las misiones estaban en curso, por utilizar una expresión de moda entre los militares. Lo mismo se aplica en el plano multinacional: por más que los estados miembros de la OTAN fueran los más golpeados en la primavera del 2020, la organización apenas se ha visto afectada por la pandemia en términos de capacidades, aunque algunos ejercicios han tenido que ser pospuestos. Y tampoco se ha producido la tregua mundial pedida por las Naciones Unidas: las propuestas de Arabia Saudí y las fuerzas de defensa sirias para detener los enfrentamientos militares en Yemen y Siria han caído en saco roto. Lo mismo es cierto a la inversa: no hay pruebas de que los acuerdos de Abraham (la normalización de las relaciones entre Israel, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos) no se habrían producido sin la pandemia.

La Covid-19 es también un factor de desaceleración. Ya está contribuyendo a frenar el desarrollo y modernización de los países en desarrollo; sobre todo, a causa de la disminución de las remesas, los ingresos del turismo y las exportaciones de recursos. Todo ello se traduce en un deterioro general del nivel de vida, la educación y la salud. Se puede hablar, por tanto, de un gran salto atrás para el desarrollo. Se calcula que en el 2020 habrá hasta 100 millones más de pobres (150 a finales del 2021) y más de 130 millones más de personas desnutridas (2). La única buena noticia aquí es que África, en el momento de redactar estas líneas, no se ha visto tan afectada por la Covid-19 como muchos temían a principios del 2020.

Ningún modelo político ha demostrado ser más capaz que otros para hacer frente a la pandemia. Un breve análisis elaborado por el Instituto Montaigne ya a finales de marzo llegó a la conclusión de que ni las democracias ni las dictaduras, ni los estados centralistas ni los sistemas federales podían exhibir una especial ventaja comparativa (3). Ahora bien, sí que se puede decir que los gobiernos calificados de populistas han demostrado ser aún menos capaces que otros a la hora de emprender a tiempo acciones eficaces.

La venganza del Estado ha llegado. El apego a la soberanía parece ser ya uno de los grandes ganadores de la crisis, con la ayuda de lo que Ivan Krastev llama “la mística de las fronteras”. En gran medida como el sector de la salud, la agricultura cosechará los beneficios de la reubicación. Con las lecciones aprendidas de las crisis de las décadas del 2000 y 2010, las sociedades nacionales tenderán a replegarse y a exigir una mejor protección contra las amenazas externas en el sentido más amplio: terrorismo, crisis financieras, inmigración ilegal, competencia comercial... Al afirmar en marzo que “tenemos que recuperar el control” de nuestro sistema de salud pública, Emmanuel Macron tal vez tomó prestada, y quizá de modo inconsciente, una expresión directamente asociada con el Brexit. ¿RIP para el mundo sin fronteras, 1990-2020? Como en cualquier otra crisis de seguridad (guerra, terrorismo, epidemias) el Estado se fortalece y se potencia su papel en el control sobre la población y sobre su propia intervención en la economía (en apoyo de la oferta y la demanda). Los estados contra las GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon): ¿un nuevo choque de capitalismos?

Europa ha estado a la altura de la situación. En un principio, la actitud europea no fue más brillante que la de Estados Unidos o China. Es sabido que las competencias de la Unión Europea en el sector de la salud es limitada. De todos modos, su reacción fue tardía y también lo fue la solidaridad entre sus miembros. Existe el riesgo de que una parte del acervo comunitario (el acuerdo de Schengen, el Reglamento General de Protección de Datos, la regla de 3% del déficit...) se desvanezca mañana o por lo menos sea puesta en animación suspendida. Ahora bien, en la primavera del 2020, el Banco Central Europeo (BCE) evaluó el impacto económico de la pandemia, y el histórico acuerdo de julio del 2020 marcó un paso adelante hacia la federalización económica. Además, las redes de seguridad que son características de los modelos europeos han permitido atenuar considerablemente el shock social de la pandemia en la mayoría de los países. En abril predijimos que los profetas de la fatalidad volverían a equivocarse en relación con la capacidad de supervivencia de la Unión Europea, como había ocurrido durante las crisis del euro o de las migraciones. Y es realmente lo que ha ocurrido.

Mirando hacia la década del 2020

En un documento de otoño del 2020, Joseph S. Nye previó varios escenarios posibles para el mundo pospandémico: el fin del orden liberal globalizado; un desafío autoritario similar al de la década de 1930; un orden mundial dominado por China; y una agenda internacional verde. A continuación, afirmó que cada uno de ellos no tenía más de un 10% de posibilidades de convertirse en realidad y consideró que “hay menos de la mitad de las posibilidades de que la actual pandemia de Covid-19 haya conseguido remodelar profundamente la geopolítica en el 2030” (4). Compartimos esa evaluación.

No se vislumbra un retorno a la normalidad. Si bien la pandemia no va a cambiar el mundo, es probable que su impacto en los sistemas de salud sea masivo y duradero hasta la distribución generalizada de una vacuna eficaz en un horizonte temporal que nadie puede predecir hoy en día. De hecho, tampoco se vislumbra una tendencia a la baja en las tasas de contagio y mortalidad en el momento de redactar este artículo. En cualquier caso, la reactivación económica llevará tiempo: no cabe esperar una recuperación rápida de una reducción, previsible en el 2020, del comercio, los flujos de inversión y la transferencia de fondos que puede oscilar entre un 20% y un 40% según las instituciones internacionales. Además, en un mundo en el que todos los países se ven afectados, no existe en este momento ninguna palanca para el crecimiento económico.

Por otra parte, tampoco se vislumbra el fin de la globalización. Es posible que hayamos pasado el punto culminante de la globalización en el 2008 (la crisis financiera) sin saberlo. Sin embargo, en los próximos meses y años las empresas querrán restablecer sus márgenes, por lo que seguirán obteniendo sus suministros de Asia a un costo menor. Del mismo modo que la peste negra no puso fin a los intercambios marítimos, la crisis de la Covid-19 no va a reducir la globalización y, desde luego, sólo tendrá un efecto limitado en los viajes aéreos a medio plazo. Las sociedades interconectadas ofrecen más ventajas que inconvenientes para la gestión de las epidemias: alertas y vigilancia, repatriación por motivos de salud, asistencia internacional o cooperación científica.

Ganarán importancia las preocupaciones ambientales. Es la tercera vez en veinte años que vemos la aparición de un nuevo coronavirus de género beta (con salto entre especies); y seguramente habrá más. No cabe duda de que veremos más advertencias sobre los posibles vínculos entre el calentamiento del planeta y las pandemias; de hecho, hay temores recurrentes acerca de las posibles consecuencias epidemiológicas del derretimiento del permafrost (en particular, en las zonas septentrionales de Rusia). Quizá los temores carezcan de fundamento: no hay estudios serios que indiquen que ese derretimiento pueda suponer un grave peligro para la salud. De todos modos, la ecología, en el sentido estricto de la palabra, tiene buenas posibilidades de cosechar algún éxito: la lucha contra la deforestación y la destrucción de los hábitats naturales, las cuales, según se sabe hoy, sobre todo tras la acometida del VIH/sida, son parcialmente responsables de la aparición de virus hasta ahora desconocidos. Sin duda, el tráfico y el consumo de animales salvajes se prohibirán de modo mucho más drástico. Ello no significa que vayamos a cambiar fundamentalmente nuestro modelo económico; los atractivos del consumismo seguirán intactos, y la clase media mundial, que se ha beneficiado de treinta años de globalización, no renunciará a esos beneficios de forma voluntaria. El crecimiento verde sólo se aceptará sin reparos si se demuestra que permite el mismo tipo de crecimiento que antes.

La gobernanza populista podría perder apoyos. Es probable que la credibilidad del populismo como método de gobernanza salga de la crisis en peor situación que otros modelos políticos a la hora de hacer un balance; en especial, porque uno de sus rasgos característicos es el desafío a los conocimientos técnicos y las administraciones. Ese desafío dista de haber desaparecido (como se ha observado en el ejemplo de la controversia sobre la hidroxi-cloroquina), pero al final acabará por hacerse patente su coste humano y económico. Además, la mayoría de los dirigentes que se consideran populistas (encabezados por Donald Trump, Javier Bolsonaro y Boris Johnson, todos ellos contagiados por el SARS-CoV-2) han demostrado cierta incapacidad para simpatizar con las preocupaciones inmediatas de sus conciudadanos y para expresar la dosis necesaria de empatía. Sin embargo, si la gestión económica nos lleva a un retorno de la inflación a través de la creación monetaria y el aumento de los precios de bienes hoy fabricados en el territorio nacional, el resultado sería un tipo de malestar social favorecedor de la aparición de una segunda ola de populismo a escala gubernamental.

Estamos entrando en una era de individualismo digital. En la mayoría de los países (y no sólo en los más modernos) el teletrabajo, la telemedicina y la teleeducación serán mucho más comunes en los próximos años. Crecerán aun más las compras on line y las entregas a domicilio. La transformación digital de las sociedades tendrá el apoyo de la inteligencia artificial, la robotización y la llegada del 5G. Quienes posean segundas residencias (un concepto, por cierto, cuyo rastro puede seguirse hasta las epidemias de la edad media) obtendrán un retorno de su inversión. Frente al shock de la pandemia, cuatro segmentos de la población han visto confirmadas la elección de su estilo de vida y sus preferencias ideológicas. Tienen en común una mentalidad de autosuficiencia que en ocasiones borra las diferencias, aunque sus elecciones proceden de lógicas diferentes: libertarianos, que no toleran ninguna interferencia del Estado en la forma de disponer de sus cuerpos; supervivencialistas, que comparten esa paranoia y se arman en preparación para una catástrofe; aislacionistas, firmes defensores del cierre de fronteras y partidarios de los barrios residenciales cerrados para los privilegiados; y apocalípticos, que subrayan el riesgo de colapso global de la sociedad moderna y predican una autosuficiencia individual y comunitaria.

Es probable que se produzca una reducción de las libertades. Incluso las democracias más liberales (Reino Unido, Países Bajos), que se vieron tentadas durante un tiempo por el atractivo del laissez-faire y apostaron por una especie de inmunidad de grupo que se adquiriría en pocos meses, tuvieron que dar marcha atrás cuando se vieron enfrentadas a las aterradoras cifras de la letalidad probable de semejante estrategia. ¿Vamos a entrar en una época de auténtico autoritarismo digital (vigilancia, detección, represión) caracterizado por un persistente sacrificio de las libertades individuales? Las dictaduras soñaron con ello. ¿Van a hacerlo también las democracias? En cualquier caso, es probable que la mayoría de la población acepte, como ocurrió tras el 11-S, un recorte significativo de las libertades. Y, en caso de que se produzca un resurgimiento paralelo del yihadismo, ¿veremos la imposición de una especie de estado de emergencia permanente como el que prevalece en Israel, en términos jurídicos, desde 1948? ¿Se hará realidad el todos somos israelíes?

Ninguna de las grandes potencias saldrá ganadora de la crisis. Las pandemias siempre debilitan a los grandes agentes del momento; recordemos la repercusión de la peste en Roma o Venecia. Niall Ferguson escribió que, desde enero del 2020, todas las grandes potencias han puesto de manifiesto su debilidad (5). En este terreno, de nuevo, el virus ha servido para abrir los ojos. Resulta bastante inquietante que las proyecciones elaboradas por la Universidad de Washington en septiembre del 2020 ofrecieran un escenario medio en el que las grandes democracias del mundo fueran las más afectadas a finales de año: India (600.000 muertos), Estados Unidos (400.000) y Brasil (175.000) (6). Y todos los principales agentes serán perdedores a corto plazo, según indicamos en una breve monografía publicada en la primavera de 2020 (7). Estados Unidos tendrá dificultades para presentarse como modelo a seguir, dado que su reacción tardía y desordenada tiene un impacto social masivo y amenaza con causar una catástrofe sin precedentes en la historia moderna del país. A ello no va a ayudar su negativa a proporcionar una verdadera dirección política, ilustrada por su ausencia de la cumbre del G-7 por primera vez en la historia. Ahora bien, a China no le va mucho mejor. Aunque el gobierno de Trump no logró imponer la expresión “virus chino”, China fue claramente el problema antes de intentar ser parte de la solución (a través de la ayuda internacional), y debería de haber estado más preparada. De todos modos, no estará en mejor forma cuando finalice la crisis: retrasos en la gestión de la pandemia, silenciamiento de los denunciantes, propaganda diplomática descarada (Estados Unidos, presuntos responsables de la introducción del virus en China), máscaras y tests inservibles. En conjunto, el calendario del proyecto insignia chino (la Nueva Ruta de la Seda) bien podría saltar por los aires dado que, al deterioro de su imagen pública, se le suman las dificultades económicas.

Con todo, las democracias liberales pueden tener más cartas ganadoras. En lugar de hablar de la Covid-19, como hacen algunos expertos occidentales (Stephen Walt) o asiáticos (Kishore Mahbumani), en tanto que acelerador del desplazamiento aparentemente inevitable del centro del mundo de Occidente a Asia, resulta más tentador apostar a que las democracias liberales acabarán por salir ganando. Algunas potencias medias como Alemania y Corea del Sur, por ejemplo, parecen ir por buen camino para ser consideradas como modelos, en términos relativos, en relación con la gestión médica y económica de la pandemia. En cuanto a Estados Unidos, la historia demuestra que nunca debemos subestimar su capacidad de recuperación.

Sería temerario apostar por un verdadero relanzamiento del multilateralismo. Desde luego, el probable éxito de las políticas soberanas no se traduce de forma mecánica en una cooperación internacional reducida y, de hecho, es la soberanía la que hace posible el multilateralismo (8). Sin embargo, se trata de una condición necesaria pero no suficiente. No cabe duda de que el G-20 y la Unión Europea han demostrado una capacidad infinitamente superior para comprender lo que está en juego en términos económicos en comparación, por ejemplo, con los resultados de la cooperación internacional durante la crisis de 1929. Sin embargo, la debilidad de la OMS y el papel poco convincente del G-7, así como las reacciones nacionales egoístas durante las primeras semanas de la crisis, han demostrado que, incluso cuando se enfrenta una crisis esencialmente mundial y se apela a la solidaridad internacional, la cooperación no se produce de modo espontáneo. Sería, por tanto, arriesgado esperar un auténtico relanzamiento del multi-lateralismo. Eso no significa que las instituciones ya no importen: China hace todo lo posible por maximizar su influencia en ellas, y Wa¬shing¬ton sigue valorando el hecho de colocar a sus representantes en posiciones clave. De hecho, el futuro de las grandes organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, o las regionales como la OTAN o el Cuadrilátero (EE.UU., Japón, India, Australia) dependerá en gran medida del valor que les sea acordado por Beijing y Washington.

Existen aún dos riesgos para un mayor agravamiento en las situaciones de conflicto. Uno es el riesgo de una guerra interestatal como resultado de una alteración del equilibrio de poder: el debilitamiento brutal de un país clave por la Covid-19 podría engendrar la necesidad de una aventura externa para desviar la atención u ofrecer a otro gran Estado la oportunidad de aprovechar la situación. El otro riesgo es que las luchas internas den lugar a un mayor debilitamiento de un Estado que ya se halla en una posición difícil; por ejemplo, los países de América Latina, África, Oriente Medio o Asia que dependen para su crecimiento de las transferencias de dinero, los ingresos del turismo y/o la exportación de recursos.

Una nueva guerra fría está hoy en camino. Durante varios años, los especialistas y los expertos han debatido la pertinencia de la metáfora de la nueva guerra fría. Ahora parece cada vez más apropiado usarla; pues, salvo una nueva sorpresa estratégica, la pandemia está actuando como senda hacia una segunda guerra fría en toda regla. La radicalización de las políticas bilaterales entre China y Estados Unidos ya estaba en marcha, pero el mero hecho de que el SARS-CoV-2 procediera de China y de que el brote inicial en Wuhan estuviera, desde el punto de vista de la mayoría de los observadores, mal gestionado, ha acelerado mucho una tendencia ya existente. Taiwán desempeñó un papel importante en ese sentido al señalar que un gobierno chino (Taipéi) podía manejar mejor la situación y al encender la chispa publicando su correspondencia de diciembre del 2019 con la OMS.9 Tampoco ayudó la insistencia del Gobierno Trump en llamar virus chino al SARS-CoV-2. Los componentes de una guerra fría ya están presentes: la rivalidad Estados Unidos-China es política, económica y militar, y es global. Sí, es cierto que su interdependencia es mucho mayor que la existente en el contexto soviético-estadounidense; pero, justo por ello, la pandemia aumentará lo que los expertos de la Unión Europea han llamado distancia estratégica (10). La gran pregunta no es si se van a regionalizar o no las cadenas de valor, sino cómo y en qué medida. ¿Significa todo esto el fin del orden liberal? Ese destino ha sido anunciado tantas veces que debemos mostrar un poco de precaución. Todas las instituciones posteriores a 1945 siguen ahí: las destinadas a promover la paz (el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), el desarrollo (el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la estabilidad de la economía internacional (el FMI), la liberalización del comercio (la OMC) o el derecho internacional (el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional). Son instituciones que serán atacadas por los nacionalismos, pero los países seguirán compitiendo por la influencia en esos foros. Es probable que lo que se avecina sea una mezcla de la tradicional competencia entre grandes potencias con su agresiva promoción de los intereses nacionales y una continuación del sistema multilateral. Quizá se trate del fin de la ilusión liberal de la década de 1990, pero no necesariamente el fin del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Pensamientos finales

Quedan abiertas, por supuesto, varias cuestiones, empezando por las que se refieren a los factores primarios, es decir, los epidemiológicos y médicos. Una mutación significativa del SARS-Cov-2 que lo haga más contagioso o más letal podría cambiar el panorama. A la inversa, la disponibilidad de una vacuna eficaz y accesible para todos antes de lo previsto iluminaría de modo considerable el horizonte. Y, si un descubrimiento pudiera atribuirse a los esfuerzos de un país específico, daría al país ganador una ventaja indiscutible en la competencia por la imagen de poder.

Por lo tanto, es demasiado pronto para sacar verdaderas lecciones de la crisis de la pandemia, puesto que todavía estamos sumidos en ella. La guerra contra el SARS-Cov-2 estalló a la manera de la crisis financiera del 2008, primero con algunas señales débiles, y luego de forma agravada expandiéndose rápidamente por todo el planeta. Sin embargo, esta guerra se está librando de manera muy similar a la campaña contra el terrorismo islamista tras el 11-S y es poco probable que desemboque en una victoria final. Tendremos que vivir con el virus durante mucho tiempo, al igual que con el terrorismo. La OMS no proclamará nunca un “¡Misión cumplida!” en su sitio web, o al menos no dentro del plazo de una previsión razonable. En un texto titulado “El desconfinamiento de las analogías”, el historiador francés Pierre Grosser desmantela la pertinencia de las metáforas bélicas utilizadas muy a menudo en este contexto (11). Viniendo después de dos conflictos mundiales y aunque no afecta directa y profundamente a todos los continentes, lo cierto es que la pandemia tiene un efecto global. De todos modos, si bien es una guerra, no se prestará a una declaración de victoria. Sin duda, no habrá un verdadero mundo nuevo después, o si lo hay, no será ni el mundo anterior ni un mundo totalmente diferente de él.

Es probable que la década del 2020 no se parezca a la de 1920, una época de renacimiento occidental tras una guerra y una espantosa pandemia de gripe. No vamos a ver una repetición de los años locos europeos ni de los rugientes años veinte estadounidenses. Es verosímil que la pandemia empeore todos los males existentes y añada otros nuevos (“el mismo mundo, sólo que peor”, temía el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Yves Le Drian en la primavera del 2020) (12). Sin embargo, es igualmente posible que la situación geopolítica de principios de la década del 2020 y la actuación de unos agentes agotados por la pandemia no se manifiesten en forma de una prueba de fuerza, sino más bien de prueba de debilidad, como sugirió este autor en abril del 2020 (13).

Podemos tener un debate interminable sobre si el SARS-Cov-2 es un cisne negro o un cisne gris o algún otro animal del bestiario de la previsión estratégica. Lo esencial es observar de nuevo que un escenario a menudo previsto y descrito por los expertos, expuesto con detalle en todos los grandes documentos de estrategia nacional y, por lo tanto, conocido por los políticos, ha revelado la naturaleza defectuosa de nuestros sistemas de gobierno. La cuestión fundamental ahora es: ¿lo haremos mejor la próxima vez? Lamentablemente, es algo que dista de ser seguro. Existe el riesgo de estar preparados para luchar una vez más en la última guerra, es decir, de hacer todo lo posible para evitar otra pandemia de este tipo y descuidar otras posibles sorpresas estratégicas, ya sean militares, tecnológicas o geofísicas. Nunca las podremos evitar del todo. Y, si la Covid-19 nos ayudó a redescubrir el papel indispensable del Estado y las virtudes de la intervención pública, no podemos esperar que nuestros gobiernos estén permanentemente preparados para gestionar sin fallos todos los peores escenarios. Pero, sin duda, podemos hacerlo mejor. Como escribimos en la primavera del 2020, “la anticipación es una cuestión de mentalidad y agilidad mental. La aceptación de lo insondable no es incompatible con la mejora de nuestra capacidad colectiva para gestionar lo que no podíamos prever. No cabe duda de que estaremos mucho mejor preparados para la próxima pandemia. Ahora bien, no estaremos mejor preparados para otro tipo de sorpresa sin un esfuerzo adicional” (14).

Por Bruno Tertrais*

04/02/2021 06:00Actualizado a 04/02/2021 08:05

*Director adjunto de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS)

Bibliografía

  1. La historia nos dirá quizás un día si la ausencia, motivada por la pandemia, de portaaviones estadounidenses en el Pacífico occidental durante unas pocas semanas a principios del 2020 pudo desempeñar un papel en los cálculos geoestratégicos de China (y lo mismo con la reducción temporal, durante el verano del 2020, de las patrullas indias a lo largo de la línea de control entre los dos países).
    2. Estimaciones del Banco Mundial, octubre 2020; Informe Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, julio 2020.
    3. Michel Duclos y Bruno Tertrais, “Covid-19 – les autoritaires vont-ils l’emporter sur les democracies?”, Blog de l’Institut Montaigne, 17 abril 2020. Para una perspectiva histórica, véase Rachel Kleinfeld, “Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics Better?”, Carnegie Endowment for International Peace, 31 marzo 2020.
    4. Joseph S. Nye, “Post-Pandemic Geopolitics”, Project Syndicate, 6 octubre 2020.
    5. Niall Ferguson, “From COVID War to Cold War. The New Three-Body Problem”, en Hal Brands y Francis J. Gavin (eds.), COVID-19 and World Order, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2020, pág. 425.
    6. Institute for Health Metrics and Evaluation, First COVID-19 Global Forecast: IHME Projects Three-Quarters of a Million Lives Could Be Saved by January 1, 3 septiembre 2020.
    7. Bruno Tertrais, L’Épreuve de faiblesse. Les conséquences géopolitiques du coronavirus, Tracts de Crise, 62, Gallimard, París, 30 abril 2020.
    8. Justin Vaïsse, “Derrière le triomphe de l’Etat souverain”, Le Monde, 28 mayo 2020.
    9. Viorel Mionel et al., “Pandemopolitics. How a public health problem became a geopolitical and geoeconomic issue”, Eurasian Geography and Economics, 30 septiembre 2020, pág. 3.
    10. Parlamento Europeo, The Geopolitical Implications of the COVID-19 Pandemic, septiembre 2020.
    11. Pierre Grosser, “Déconfinement des analogies””, Esprit, julio-agosto 2020.
    12. Entrevista para Le Monde, 20 abril 2020.
    13. Bruno Tertrais, L’Épreuve de faiblesse. Les conséquences géopolitiques du coronavirus, Tracts de Crise, 62, Gallimard, París, 30 abril 2020.
    14. Florence Gaub y Bruno Tertrais, “L’anticipation est une affaire de mentalité”, Le Monde, 19 mayo 2020.
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Jueves, 04 Febrero 2021 05:27

El multilateralismo chino

El multilateralismo chino

Hace cuatro años, recién llegado Donald Trump a la presidencia estadounidense y con el conservadurismo antiglobalista en su máximo apogeo, China se presentó en la macrocita de Davos como la gran valedora de la globalización. Ahora, en la convocatoria virtual del Foro Económico Mundial, el líder chino Xi Jinping tocó a rebato por el multilateralismo, la fórmula que la Covid-19 reveló como poción indispensable para siquiera diluir los factores de incertidumbre que aun por bastantes años pueden lastrar la recuperación económica global.

Además de la pandemia, Xi hizo alarde de otro dato que trastoca el escenario: la asunción de Joe Biden y su compromiso con el regreso de los EEUU a las instancias y acuerdos multilaterales, como ya hizo con la OMS o el Acuerdo de París, desbaratando la errática trayectoria de su predecesor.

Si hubiera que destacar una característica del enfoque chino a propósito del multilateralismo es la insistencia en la desideologización. En resumidas cuentas, Beijing defiende la autoridad y eficacia del sistema multilateral pero pone pegas a su instrumentalización con fines hegemónicos en una velada alusión a los intentos de fraguar las llamadas "alianzas basadas en valores" que obviamente no irían dirigidas a países como Vietnam sino como China: aunque ambos militen en el mismo socialismo de mercado, uno es un problema y otro no en función, claro está, de la capacidad para desafiar la hegemonía occidental. Para China, apostar por alianzas de este porte equivale a rubricar la continuidad de fórmulas que considera periclitadas, de clubs exclusivos (como el G7) cuya finalidad no es otra que garantizar poder e influencia en beneficio de los estados más ricos que no pierden comba a la hora de monopolizar el derecho a establecer las reglas que deben regir el orden internacional. Quienes a menudo se erigen a sí mismos como el alter ego de la "comunidad internacional" no pasan de representar en realidad a esos pequeños grupos.

En dicho contexto, Xi alertó en Davos contra los peligros de resucitar una nueva guerra fría. Frente a tal esquema, con su actual poder, China no se amilanará. Dar forma a una nueva bipolaridad en base a la resurrección del anticomunismo estaba en la agenda de Trump y Biden debe decidir ahora si su multilateralismo prima una gestión colectiva de los asuntos globales o si lo acomoda al objetivo de preservar la misma ansiedad hegemónica global de Trump aunque por otra vía.

Pudiéramos ejemplificar muchas manifestaciones de la vocación multilateral china que se sustenta en una capacidad económica reconocida. En el contexto de la pandemia, su compromiso con el programa COVAX de la OMS bien podría ser uno de ellos. Pero quizá el reflejo más duradero bien podría ser su proyecto de rutas de la Seda, iniciado en 2013. Ha recibido muchas críticas y con seguridad muchas de ellas son certeras y deberían ser tenidas en cuenta para perfeccionar sus enfoques, sobre todo a la vista de la escasa aun experiencia internacional de China en proyectos cooperativos. Pero también tiene una virtud esencial: pone el acento no solo en el comercio sino sobre todo en las infraestructuras. Esto hace que su potencia de irradiación sea mucho mayor.

La canciller Merkel reconoció en Davos que la pandemia puso de manifiesto hasta qué punto el mundo está interconectado y como es necesario actuar de forma multilateral; pero puntualizó que "multilateralismo no significa solo trabajar juntos sino hacerlo con transparencia". Y eso no siempre sucede con China. No es un déficit puntual, sino crónico y será difícil crear una atmosfera de confianza intergubernamental en tanto no se operen cambios sustanciales en este orden. La canciller, que como Xi defendió a la OMC y la necesidad de que las empresas europeas se involucren en el mercado chino, también recordó que las distintas percepciones sobre la dignidad de la persona limitan la cooperación.

A Beijing le interesa evitar las dinámicas de confrontación y conjurar el peligro de un regreso a la política de bloques del pasado pero pudiera verse en ello solo interés en despejar obstáculos para su progreso, a expensas de los sacrificios y renuncias de terceros. Si su mensaje no se clarifica, el riesgo de abrir camino a ligas de países democráticos que le planten cara es alto.

La agenda global es de una enorme intensidad y nadie puede creer que cualquier país por si solo puede hacerle frente de forma eficaz. También es evidente que los mecanismos heredados de las dos posguerras, tanto de la IIª Guerra Mundial como de la guerra fría, son insuficientes para abordar con holgura los desafíos actuales. El multilateralismo es indispensable y China quiere que su criterio pese en su actualización, al menos en proporción a lo que representa en el mundo presente.

Por Xulio Ríos

Director del Observatorio de la Política China.

04/02/2021

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En la pandemia fortuna de firmas deportivas de EU sube en 92 mil mdd

En un año marcado por la pandemia y las medidas que obligaron a los estadios a cerrar o tener aforo limitado, 64 propietarios de 68 franquicias deportivas en Estados Unidos incrementaron su fortuna en 92 mil millones de dólares, mientras millones de personas perdían empleo, ingresos o caían en la pobreza en ese país, revela un estudio realizado por el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés) y Americanos por la Equidad (ATF).

Los 64 multimillonarios que poseen las franquicias deportivas tenían una riqueza de 326 mil millones de dólares hasta el 18 de marzo de 2020; al finalizar enero de 2021 asciende a 418 mil millones de dólares, un alza de 28 por ciento desde que se iniciaron las primeras medidas de confinamiento a nivel global para aminorar los contagios de Covid-19.

Reciben elevados subsidios

"La ganancia privada de los multimillonarios deportivos, en medio de tanto dolor público, es irritante, pues muchas franquicias han sido beneficiarias de las donaciones de los contribuyentes", enfatizó el estudio.

Detalló que en las últimas décadas, según datos de Field of Schemes, firma especializada en temas deportivos, 25 equipos profesionales propiedad de 26 multimillonarios, han recibido 8 mil 900 millones en subsidios de los contribuyentes para ayudar a construir o actualizar estadios y hacer otras inversiones. "Estos propietarios de equipos subvencionados públicamente han visto aumentar su riqueza 20 mil millones durante la pandemia y 48 mil millones desde marzo de 2016", precisó.

"Sólo en cinco años, cuando se recortaron acuerdos fiscales, la riqueza colectiva de los multimillonarios del deporte se disparó 171 mil millones de dólares, o casi 70 por ciento. Su riqueza combinada, de 247 mil millones en marzo de 2016, había crecido a 418 mil millones para finales de enero de este año", refirió.

La ganancia de 92 mil millones entre los 64 multimillonarios dueños de franquicias deportivas desde marzo de 2020 podría pagar un estímulo para el alivio de la pandemia de 275 dólares por cada uno de los 330 millones de habitantes de Estados Unidos, calculó el estudio.

"El monto representa casi una tercera parte del costo de 290 mil millones al proporcionar 400 dólares por semana a los beneficiarios de programas de desempleo existentes hasta septiembre en ese país. Esa larga racha ganadora es sólo parte del dominio de una dinastía nacional de 660 multimillonarios estadounidenses, cuya riqueza ha crecido 1.2 billones de dólares, o 40 por ciento, durante la pandemia, pues pasó de de 2.9 billones a 4.1 billones", señaló.

El estudio fue hecho por las dos organizaciones, a propósito del Supertazón de futbol americano profesional, que enfrentará el próximo domingo a Kansas City y Tampa Bay. Al respecto, detalló que tanto la familia Hunt, propietaria de Jefes de Kansas City, como la Glazer, de Bucaneros de Tampa, continuarán su largo reinado en Estados Unidos.

Se estima que el patrimonio de los Hunts es de 6 mil 200 millones de dólares, un alza de 400 millones de dólares durante la crisis de Covid-19, mientras los propietarios de Kansas City recibieron 250 millones de dólares en subsidios de los contribuyentes para renovar el estadio en 2006.

"Todo eso mientras los fanáticos en casa están perdiendo sus vidas y sus medios de subsistencia. El trabajo en equipo real requeriría que los multimillonarios paguen su parte justa de impuestos", dijo Frank Clemente, director ejecutivo de ATF.

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Caída de la inversión a nivel mundial

La inversión extranjera directa mundial se derrumbó un 42 por ciento durante 2020, para totalizar 859.000 millones de dólares, desde 1,5 billones de dólares alcanzados en 2019, informó este domingo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), en su 38° Monitor de Tendencias de Inversión Mundial.

La Inversión Extranjera Directa (IED) terminó 2020 más del 30 por ciento por debajo de la crisis financiera mundial en 2009 y regresó a nivel visto por última vez en la década de 1990.

El informe da cuenta que "la disminución se concentró en los países desarrollados, donde los flujos de IED cayeron un 69 por ciento a un estimado de 229.000 millones de dólares. Los flujos a Europa se agotaron por completo a -4.000 millones de dólares, incluidos los grandes flujos negativos en varios países. También se registró una fuerte disminución en los Estados Unidos (-49 por ciento) a 134.000 millones de dólares".

La Unctad, con sede en Ginebra, Suiza, remarcó que "el declive en las economías en desarrollo se midió relativamente en -12 por ciento a un estimado de 616.000 millones de dólares. La participación de las economías en desarrollo en la IED mundial alcanzó el 72 por ciento, la participación más alta registrada. China encabezó la clasificación de los mayores receptores de IED".

Para la caída de los flujos de IED en las regiones en desarrollo fue desigual, con un 37 por ciento en América Latina y el Caribe, un 18 por ciento en África y un 4 por ciento en los países en desarrollo de Asia.

Asia oriental fue la región receptora más grande y representó un tercio de la IED mundial en 2020. La IED destinada a las economías en transición disminuyó en un 77 por ciento a 13.000 millones de dólares.

La IED en China, donde la fase inicial de la pandemia provocó fuertes caídas en los gastos de capital, terminó el año con un pequeño aumento (+ 4 por ciento).

La IED en India aumentó un 13 por ciento, impulsada por las inversiones en el sector digital. En el bloque de la Asean, un motor del crecimiento de la IED durante la última década, se redujo un 31 por ciento.

La reducción a la mitad de las entradas de IED en los Estados Unidos se debió a fuertes caídas tanto en las inversiones nuevas como en las fusiones y adquisiciones transfronterizas. La IED en la UE se redujo en dos tercios, con importantes descensos en todos los principales receptores; excepto el Reino Unido que no mostró caídas.
La Unctad pronostica que "se espera que la tendencia de la IED se mantenga débil en 2021"

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'Jedi Blue': El acuerdo secreto que firmaron Google y Facebook

El pacto permitió a Google seguir dominando el mercado de publicidad en línea, a cambio de importantes ventajas competitivas para su potencial rival, según The New York Times.

Una reciente demanda antimonopolio presentada por fiscales de EE.UU. contra Google, revela que el gigante tecnológico y Facebook firmaron un acuerdo secreto denominado 'Jedi Blue' (Jedi Azul), en el marco de una alianza que les impide competir entre ellas, según detalla un informe publicado por The New York Times.

En 2017, la compañía de Mark Zuckerberg anunció que estaba probando una nueva forma de vender publicidad en línea poniendo en amenaza el dominio de Google sobre ese mercado. Sin embargo, menos de dos años después, Facebook cambió su postura y se unió a una alianza de empresas lideradas por Google, que desarrolló un método similar.

Aunque Facebook nunca explicó por qué dejó a un lado su proyecto, la evidencia presentada el mes pasado en una demanda antimonopolio hecha por 10 fiscales indica que Google había extendido a su potencial rival un trato para ser socio, a cambio de una serie de ventajas. Los detalles del acuerdo redactados en la demanda presentada en una corte de Texas fueron visibles en una versión preliminar revisada por el diario.

Los ejecutivos de seis de los más de 20 socios de la alianza dijeron a The New York Times que sus acuerdos con Google no incluían muchos de los términos favorables que recibió Facebook y que el gigante de las búsquedas le había dado a la red social una ventaja significativa sobre el resto.

Subastas de publicidad

'Jedi Blue' abarca a un segmento en crecimiento del mercado de la publicidad en línea llamado publicidad programática. Entre los milisegundos desde que un usuario hace clic para acceder a una página web y la carga de los anuncios, se produce una subasta para rellenar el espacio publicitario disponible. Google ha dominado ese sistema con sus herramientas y con el acuerdo consiguió evitar otros competidores, según el informe.

A pesar de que surgió un método alternativo para reducir la dependencia de las plataformas publicitarias de Google, la compañía de búsquedas desarrolló un sistema similar llamado Open Bidding, que permite el acceso de terceros. Sin embargo, Google cobra una tarifa por cada oferta ganadora y muchos no están satisfechos con la transparencia del servicio.

La divulgación del acuerdo secreto entre las dos multinacionales ha reavivado las preocupaciones sobre cómo las compañías de tecnología más poderosas pueden establecer alianzas para frenar a la competencia mediante acuerdos privados y cláusulas de confidencialidad.

Por su parte, Google y Facebook aseguraron que tales acuerdos eran comunes en la industria de la publicidad digital y negaron que 'Jedi Blue' tenga un carácter anticompetitivo. Un portavoz de Facebook afirmó que acuerdos como ese "ayudan a aumentar la competencia" en las ofertas de anuncios, y que los argumentos en contra son "infundados".

Publicado: 20 ene 2021 17:21 GMT

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La cantante colombiana, durante un concierto en Miami el pasado febrero: su catálogo está ahora en manos de Mercuriadis- AFP

Un bombazo en la industria musical

El empresario canadiense Merck Mercuriadis tiene mil millones de dólares para adquirir los derechos de temas musicales

Rafael Ramos

18/01/2021 07:00Actualizado a 18/01/2021 09:29

Cuando Merck Mercuriadis tenía ocho años, un primo mayor llegó de Grecia (de donde emigraron sus antepasados) para instalarse con él y su familia en la provincia canadiense de Nueva Escocia, y trajo en su equipaje un auténtico arsenal de discos de vinilo, presumiendo que lo sabía todo de mujeres, de drogas y de música. “Nos llevamos muy bien, porque las tres cosas me interesaban sobremanera”, dice el fundador de Hipgnosis Songs Fund Limited, el fondo de inversión que acaba de comprar los derechos del catálogo de canciones de Shakira.

Casi medio siglo después, es de suponer que a Merck le ha ido razonablemente bien con las mujeres (está casado y tiene cuatro hijos) y su relación con las drogas (si es que la tiene) es cosa suya, pero lo que está claro es que aprendió mucho de su primo en lo que a música se refiere, porque ha revolucionado la industria con una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y es cruce entre un fondo de inversión y una firma de gestión de talentos.

Gracias a una personalidad desbordante, a la capacidad de entusiasmar y a una larga y formidable lista de contactos de su época como mánager de artistas, Mercuariadis, un canadiense de 57 años nacido en Quebec, lanzó hace tres años su Hipgnosis e inmediatamente captó mil millones de dólares de capital para adquirir propiedad intelectual (canciones), con inversores de todo tipo, algunos tan inesperados como la Iglesia de Inglaterra. Su promesa es que la música es un valor de referencia, como el oro o los diamantes, seguro en tiempos de crisis y bastante ajeno a las fluctuaciones. Y que quien le siga, se hará rico, obscenamente rico.

El empresario musical de origen griego ha sabido adaptarse como pocos al nuevo universo de la publicación online, la descarga y el streaming, fenómenos alentados aún más si cabe por la pandemia. Paga los derechos a precio de oro (hasta el triple que los competidores, las casas discográficas están que se suben por las paredes), pero de esa manera está consiguiendo hacerse con un catálogo fabuloso del que Shakira es la última perla, y en el que también figuran Neil Young (compró el 50% de los derechos de su obra), Barry Manilow, Dave Stewart de los Eurythmics, Andy Marvel, Blondie, Chrissie Hynde, Enrique Iglesias o los Kaiser Chiefs. Cada vez que se reproduce un tema, en la radio, en un bar, un supermercado o en una película, cobra royalties. Su socio es Nile Rodgers, productor, compositor y cofundador del grupo Chic, y el objetivo de ambos es llegar a controlar entre el 15% y el 20% del mercado.

Cuando tenía diecinueve años, y con el gusanillo de la música en el cuerpo desde la llegada de su primo de Grecia, se puso a llamar cada día a las oficinas de Virgin Records en Toronto hasta conseguir que le diera un empleo en el departamento de marketing. Pero lo que de verdad quería era operar en el lado creativo del negocio, en contacto con los artistas, de modo que se trasladó a Londres, meca de la música pop, donde entró en Sanctuary Music, una empresa en expansión que manejaba la carrera de la banda de heavy metal Iron Maiden. Pese a llevarse a matar con su compositor y con su cantante principal, acabaron siendo amigos: lanzó a todo trapo su álbum de 1992 Fear of the Dark.

En el 2000 cambió la capital inglesa por Nueva York como presidente de la rama norteamericana de la compañía, encargado del desarrollo de la marca. Para eso añadió a la lista de clientes a Beyoncé, Axl Rose y Guns N’Roses entre otros, pero los gastos aumentaban, los ingresos no respondían a las expectativas, buena parte del personal fue despedido, y eventualmente Sanctuary fue adquirida por Universal Records por 41 millones de dólares. Mercuriadis se lo tomó como un fracaso personal y aprendió las lecciones. Cuando nació Spotify, vio una mina de oro en el streaming y la posibilidad de que los suscriptores creasen sus listas de temas favoritos mezclando géneros y artistas.

Tras fundar Hipgnosis y lanzar la firma a bolsa en el 2018, lo primero que hizo fue comprar un 75% del catálogo de The Dream, y tan sólo el primer año las acciones subieron un diez por ciento, y los beneficios alcanzaron los quince millones de dólares. En pleno proceso de expansión y con el propósito de diversificarse, tiene una plantilla de diecinueve empleados en las oficinas del barrio londinense de Notting Hill, e inversores variopintos, algunos fanáticos de la música, otros solo de hacer dinero. Mucho dinero.

En tres años, desde el lanzamiento a bolsa de Hipgnosis, Merck Mercuaridis y su socio Nile Rodgers han comprado más de ocho mil canciones, un millar de las cuales fueron en su día number ones. Mientras la mayoría de sus rivales procura descubrir talentos y adquirir baratos los catálogos de promesas en las que ve potencial para desarrollarlas y encontrar oro de vez en cuando, al empresario canadiense sólo le interesan valores probados, por los que no le importa pagar más que nadie. Suyos son los derechos de Uptown Funk de Bruno Mars, Shape of You de Ed Sheehan, Closer de los Chainsmokers, Girls Like You de Maroon 5, Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber. Su primera adquisición fue Neil Young, a quien compró el 50% de su catálogo, y después han seguido otros como Timbaland, Jack Antonoff, Steve Winwood, The Chainsmokers, Poo Bear, Rick James, los Kaiser Chiefs, Brian Kennedy, Lindsey Buckingham y Shakira.


 Pagar más que nadie y comprar solo lo mejor

En tres años, desde el lanzamiento a bolsa de Hipgnosis, Merck Mercuaridis y su socio Nile Rodgers han comprado más de ocho mil canciones, un millar de las cuales fueron en su día number ones. Mientras la mayoría de sus rivales procura descubrir talentos y adquirir baratos los catálogos de promesas en las que ve potencial para desarrollarlas y encontrar oro de vez en cuando, al empresario canadiense solo le interesan valores probados, por los que no le importa pagar más que nadie.

Suyos son los derechos de Uptown funk de Bruno Mars, Shape of you de Ed Sheeran, Closer de los Chainsmokers, Girls like you de Maroon 5, Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber. 

Su primera adquisición fue Neil Young, a quien compró el 50% de su catálogo, y después han seguido otros como Timbaland, Jack Antonoff, Steve Winwood, The Chainsmokers, Poo Bear, Rick James, los Kaiser Chiefs, Brian Kennedy, Lindsey Buckingham y Shakira.

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Un trabajador con mascarilla, en el exterior de un edificio en construcción en Pekín (China). REUTERS/Thomas Peter

Llegó a su término la Conferencia Central sobre Trabajo Económico, celebrada en la capital china entre los días 16 y 18 de diciembre. La importancia de esta cita en el calendario político ha ido creciendo en significación a lo largo de los años. En este peculiar 2020, se ha visto complementada con la celebración de la primera conferencia central sobre el trabajo relacionado con la gobernanza integral basada en la ley en la historia del PCCh, que se celebró entre el 16 y el 17 de noviembre pasado. Ambas piezas forman parte de una misma agenda que debe marcar el rumbo de China en los próximos años tanto en lo político como en lo económico.

Se esperaba que la conferencia económica de este año destacara el concepto de "circulación dual" y revelara más detalles sobre la orientación del XIV Plan Quinquenal. Sin embargo, unos días antes llamó poderosamente la atención un editorial del Diario del Pueblo criticando a los gigantes nacionales de Internet "por estar demasiado concentrados en el éxito rápido y obsesionados con monetizar su gran base de usuarios cuando lo que deberían hacer es invertir en innovación tecnológica y obtener mayores beneficios dentro de ese sector". El diario oficial del PCCh daba un fuerte tirón de orejas para que "hagan más por asumir la responsabilidad en la promoción de la innovación en ciencia y tecnología, fundamental responsabilidad social de ese tipo de empresas". Y reiteraba la importancia de los nuevos reglamentos en curso para "erradicar el monopolio de la industria, con 27 empresas, entre ellas Alibaba, Tencent y JD.com en la lista".

El editorial venía precedido de la reunión del Buró Político del 11 de diciembre en la que se subrayó el "papel estratégico de la ciencia y la tecnología", al tiempo que se pidió el "fortalecimiento de los esfuerzos antimonopolios y la prevención de la insalubre expansión del capital".

Es imposible no relacionar estos mensajes con la situación vivida recientemente por Alibaba y la rama financiera de Ant Group que se vio obligada abruptamente a retrasar las ofertas públicas iniciales previstas en Shanghái y Hong Kong.

En paralelo, cabe destacar igualmente el incremento de la vigilancia sobre los casos "demasiado grandes para fracasar", multiplicando los controles para evitar riesgos sistémicos asociados a las empresas tecnológicas y el mercado de micropagos. Se avizora una regulación más estricta en este campo en una estrategia diseñada para fortalecer los esfuerzos antimonopolio y la prevención de lo que el Diario del Pueblo llamó la "insalubre expansión de capital".

En la Conferencia Central de Trabajo Económico se enunció el objetivo de fortalecer las tecnologías estratégicas nacionales con esfuerzos que incluyen aprovechar al máximo el papel del Estado en la organización de las principales innovaciones científicas y tecnológicas. Es decir, el sector público va a desempeñar en el futuro un papel de mayor significación en este ámbito. Las iniciativas del PCCh apuntan claramente a limitar el poder de las grandes empresas privadas del sector a través del impulso de regulaciones restrictivas que afectarán tanto a su tamaño como a sus actividades a fin de que no pongan en riesgo ni la seguridad financiera ni económica ni política del país.

Nuevo paradigma de desarrollo

La conferencia insistió en que el nuevo patrón de desarrollo de "circulación dual" se basa en que los mercados interno y externo pueden reforzarse mutuamente, con el mercado interno como pilar. La lógica subsistente es impulsar la transformación de una economía basada en las exportaciones y las inversiones a otra centrada en la demanda interna. Y mediante la expansión de la demanda interna, el mercado chino puede convertirse en un destino de exportación más atractivo para productos de bienes y servicios de otras economías, asegura el comunicado final.

Además de los tópicos generales, los puntos destacados por la dirigencia china a propósito del XIV Plan Quinquenal son el 5G, la inteligencia artificial, computación cuántica, semiconductores, ciencias de la vida y reproducción biológica o tecnología aeroespacial. Este plan debe establecer las bases de un nuevo impulso de desarrollo con el doble horizonte de 2035 y 2049.

Por XULIO RÍOS

Director del Observatorio de la Política China

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Red Mirror: ¿qué futuro se escribe en China? Entrevista a Simone Pieranni

«Il nostro futuro si scrive in Cina» [nuestro futuro se escribe en China], afirma el subtítulo italiano del libro Red Mirror, sobre la realidad de la China contemporánea. Ciudades inteligentes, vigilancia, aplicaciones… dibujan un escenario muy comentado pero aún poco conocido.

En 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos gastaba en conjunto alrededor de 0,075% de su pib en investigación científica, una cantidad mínima. En 1944, el gobierno federal y los estados incrementaron ese porcentaje a casi 0,5%, un aumento de siete veces que se utilizó para desarrollar los sistemas de radar, la penicilina y la bomba atómica. En las dos décadas siguientes, los fondos federales para investigación y desarrollo se multiplicaron por 20 y se creó así la base pública de futuras innovaciones privadas en las áreas de los productos farmacéuticos modernos, de la microelectrónica, de los satélites, de internet y mucho más. Sin embargo, a principios del decenio de 1980, se inició un lento descenso: el gasto público en investigación y desarrollo pasó a 1,2% del pib; en 2017 se había reducido a 0,6%. Hoy en día, si utilizamos como base el porcentaje del pib dedicado a la investigación, nueve países superan a eeuu.

Mientras tanto, explica el periodista italiano Simone Pieranni, a finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, del otro lado del Pacífico, la Revolución Cultural en China había sepultado la educación superior. Millones de estudiantes fueron enviados al campo a aprender las habilidades revolucionarias de los campesinos. Solo después de la muerte de Mao Zedong, cuando la dirección al mando de Deng Xiaoping se hizo cargo del país, comenzó a restaurarse el sistema escolar chino. Pieranni escribe: 

«El año 1989 marcó el punto de inflexión: tras la supresión de las protestas de estudiantes y trabajadores, la dirección china decidió consolidar la lealtad de los cuadros intelectuales a través de una atención que hasta entonces se había confiado sobre todo a las clases productivas, los trabajadores y, fundamentalmente, los campesinos. (…) Al reservar un papel central a la ciencia, terminó llevando al poder a los llamados tecnócratas en la primera parte de la década de 2000; por otro lado, puso a toda una generación de intelectuales, científicos y profesores universitarios bajo el control ideológico del Partido. Los resultados fueron sorprendentes: de 1990 a 2010, la matrícula china en la enseñanza superior se multiplicó por ocho y el número de graduados pasó de 300.000 a casi tres millones por año. Durante el mismo periodo, la participación de China en la matrícula total de la enseñanza superior aumentó de 6% a 17% del total mundial. (…) En 1990, el número de doctorados en eeuu era 20 veces mayor que en China. Solo dos décadas más tarde, China superó a eeuu en esa medición, con 29.000 nuevos doctores en 2010, en comparación con 25.000 en eeuu.1»

Hoy en día, seis universidades chinas se encuentran entre las 100 mejores del mundo, según la clasificación de Times Higher Education. Con este capital intelectual y científico pacientemente construido desde hace más de dos décadas, China ya no solo es el taller industrial del planeta –de hecho, parte de los segmentos productivos que ocupó en la división internacional del trabajo se trasladan a otros países de Asia y del Sur global–, sino que anhela ser el número uno tecnológico del capitalismo cognitivo, por supuesto siempre bajo la dirección vigilante del Partido Comunista (pcch). El nivel de inversión e innovación planificada de las empresas chinas y de sus padrinos políticos en ámbitos como la inteligencia artificial, el 5g, el big data, las tecnologías de reconocimiento facial o el potencial vertiginoso de la informática cuántica tiene dimensiones de ciencia ficción. Como tal, plantea interrogantes complejos sobre las interacciones y las posibles sinergias entre un sistema tecnológico futurista y un modelo político-civilizacional sui generis, que combina hiperdesarrollo y raíces milenarias.

Hace años que Simone Pieranni, corresponsal y especialista en China del diario de izquierda Il Manifesto y creador de la agencia de prensa China Files, explora este mundo donde, según él, se juega nuestro destino. «Il nostro futuro si scrive in Cina» [Nuestro futuro se escribe en China], afirma el subtítulo italiano de su libro Red Mirror, cuyo título se inspiró por supuesto en Black Mirror, la famosa serie de televisión británica que pone en escena los posibles horizontes distópicos del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (tic). En ocasión de la próxima publicación de su libro en español2, Pieranni respondió a esta entrevista para Nueva Sociedad.

Su libro empieza con un capítulo dedicado en gran parte a la «aplicación de aplicaciones» WeChat, que describe como «un nuevo pilar de la sociedad china», un verdadero «ecosistema». ¿Podría explicarnos qué es WeChat, qué función experimental o estratégica tiene en el desarrollo de China como potencia de alta tecnología y también por qué es un modelo en el que Facebook está interesado? Y a propósito, ¿qué porcentaje de los 1.400 millones de chinos posee un teléfono inteligente y cuál es el precio promedio de estos aparatos en relación con el salario mínimo y/o medio?

Bueno, en 2019, 872 millones de personas se conectaron a internet a través de un teléfono inteligente. Un iPhone cuesta 439 dólares en China, pero los productos chinos, Huawei o Xiaomi, cuestan mucho menos. Aunque no hay cifras nacionales oficiales, y los salarios y los ingresos cambian mucho de una región a otra, las últimas estimaciones hablan de un ingreso medio de 12.000 dólares anuales, así que da una idea del costo relativo de estos teléfonos.

WeChat se puede utilizar para realizar cualquier actividad de la vida diaria. La última vez que estuve en China para recoger material para el libro, me impresionó mucho la nueva funcionalidad que permite dividir la cuenta en un restaurante, por ejemplo. Pero más allá de este aspecto más secundario, WeChat está involucrado en toda la vida social y pública de las personas, por lo que es realmente difícil prescindir de él. Recientemente WhatsApp lanzó en Brasil un proyecto piloto para permitir a los usuarios pagar mediante la aplicación, que es lo que hace WeChat. Esto se vincula con un modelo de negocio que consiste en ganar dinero con las transacciones, cosa que por el momento Facebook, Instagram y Whatsapp no hacen. Pero efectivamente, lo que también le interesa a Mark Zuckerberg es el aspecto «ecosistema».

En China WeChat es simplemente sinónimo de teléfono móvil. Imaginemos que encendemos el móvil, pulsamos en el Messenger y en lugar de la pantalla que conocemos ahora, encontramos una especie de página de inicio desde la que se accede a la mensajería, redes sociales, Instagram, cuentas bancarias, compras, reservaciones, etc. Eso es lo que fascina a Zuckerberg, que apunta a convertir Facebook en una especie de sistema operativo de aplicaciones: todos los otros sistemas tendrían que «correr» en el suyo, al igual que WeChat. Significa dinero, pero sobre todo una enorme riqueza de datos. Y precisamente, por razones a la vez tecnológicas, políticas y demográficas, China se está volviendo la gran potencia del big data.

Otro tema de tu libro es el desarrollo de las «ciudades inteligentes», ¿de qué se trata exactamente?

Los proyectos de ciudades inteligentes abarcan todas las características de los varios sistemas de vigilancia y permiten a China resolver una serie de problemas, en primer lugar, el control de la población. Esto no es una completa novedad: las ciudades chinas siempre han sido construidas y desarrolladas para poder ser fácilmente controladas. Durante el maoísmo, se subdividían en distritos que correspondían a las categorías sociales, y tanto en los barrios obreros urbanos como en las aldeas, el sistema de control estaba asegurado por numerosas organizaciones formales e informales que dependían del pcch.

Con la apertura económica de Deng Xiaoping, el boom urbanístico condujo a la creación de ciudades centradas en las gated communities, urbanizaciones cerradas, al igual que en varios países de Occidente. Ya se trataba de lugares hipercontrolados y «seguros», pero ahora, con la «internet de las cosas», la gestión informática del tráfico urbano y el control computarizado de la contaminación, entre otras innovaciones, se pasa a otra etapa de la evolución natural de este proceso: las ciudades inteligentes, precisamente.

Se supone que estas «ciudades inteligentes» tendrán un alto nivel de sustentabilidad ambiental. ¿Es una preocupación real y un modelo para el futuro, o solo una forma de greenwashing y de ostentación de virtud ecológica? ¿Qué dicen los planificadores chinos sobre los costos ambientales de tipo extractivista o las nuevas externalidades negativas de la producción de energía supuestamente «limpia» a gran escala?

En la última Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 22 de septiembre, el presidente Xi Jinping anunció que China quiere alcanzar la «neutralidad de carbono» (cero emisiones) para 2060, o sea un equilibrio entre las emisiones y la absorción de dióxido de carbono. Un «compromiso histórico» que ayudará a todo el planeta a reducir las emisiones y a emprender un camino energético verdaderamente alternativo. Según los especialistas, significaría bajar la temperatura global entre 0,2 °c y 0,3 °c. Pero hay algunas contradicciones: hoy en día, China consume la mitad del carbón del mundo. Además, sigue construyendo nuevas centrales eléctricas de carbón y quema mucho carbón en sus fábricas de acero y cemento (siendo el principal productor mundial de estos materiales). Luego, hay un aspecto no secundario relacionado con los estilos de vida: China es el principal mercado automovilístico del mundo y el primer país en términos de importación de petróleo.

¿Misión imposible, entonces? No, según los expertos, porque la economía china tiene muchos aspectos y facetas: junto con su dependencia del carbón, es también un líder mundial en tecnologías «limpias» que podrían hacer factibles los planes –por cierto, muy ambiciosos– de Xi. De hecho, China es el principal inversor, productor y consumidor de energía renovable. De cada tres paneles solares en el mundo, uno está hecho en ese país. La misma proporción vale para las turbinas eólicas. En los proyectos de ciudades inteligentes, pero también en muchas metrópolis chinas, 98% del transporte público ya es eléctrico, al igual que 99% de los ciclomotores y los scooters. Además, China es líder mundial en la producción de baterías para alimentar vehículos eléctricos y almacenar energía renovable en las redes eléctricas.

Las ciudades inteligentes chinas podrían albergar a decenas de millones de personas en un futuro próximo, pero nunca acogerán a toda la población de un país tan inmenso. ¿Sobre la base de qué criterios se hará el acceso a estas ciudades y la selección de sus habitantes?

Esto queda por descubrir. Está claro que habrá una selección a través de los precios de la vivienda y del costo de la vida en general. También podría haber una regulación a través del sistema de crédito social, o sea el puntaje computarizado de la reputación, del comportamiento social y de confiabilidad de los ciudadanos. Cuando hablan de ciudades inteligentes, las autoridades piensan sobre todo en la clase media. Se trata no solo de nuevos sistemas de planificación urbana, sino también de auténticos nuevos modelos de ciudadanía. Solo los más ricos podrán vivir en ciudades inteligentes, pero entre los ricos solo tendrán acceso a ellas los que tengan mejor «puntaje».

¿Qué expresa la obsesión por la seguridad y la vigilancia de los espacios urbanos en un país en el que usted mismo afirma que el nivel de crimen y agresión contra las personas es mucho menor que en muchos países occidentales o del Sur global? ¿Es solo un pretexto para el control político de la población, o hay otras explicaciones sociopsicológicas o antropológicas?

El mantra del liderazgo chino es «mantener la estabilidad», todo está regido por esta necesidad. Los proyectos científicos de ingeniería de sistemas nacidos en la década de 1960, cuando Qian Xuesen, el padre del sistema de misiles chino, introdujo la cibernética en China, tenían como objetivo crear un sistema capaz de ser programado, modificado y, en algunos casos, «previsto». Control de la población, seguridad y productividad van todos en la misma dirección, y como lo sostenía Michel Foucault, son una condición imprescindible del desarrollo capitalista. No quiero decir con esto que los chinos estén dispuestos a dejarse domesticar completamente por estos procesos, porque no es así, pero ciertamente hay menos barreras a la invasión tecnológica de la vida cotidiana. Cuando se empezó a utilizar el reconocimiento facial para prácticamente todo (seguridad, salud, actividades bancarias, etc.), casi todo el mundo lo aceptó sin pestañear. Más bien había cierto entusiasmo por una innovación que demostraba el progreso tecnológico chino. Eso se vincula también con algunas concepciones filosóficas antiguamente arraigadas en China que impiden la formación de barreras éticas al impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Mientras que en Occidente siempre hemos separado lo humano de lo técnico (religión y ciencia por ejemplo), los chinos han concebido una especie de «cosmotecnia» como la llama el filósofo Yuk Hui, los dos elementos han existido siempre juntos. Hui se refiere a los ritos confucianos: los objetos (la tekné como la llamaríamos en Occidente) son tan parte del proceso ritual como los propios ritos3. Todo esto permite que China avance mucho más rápido que nuestras sociedades en este terreno.

A propósito de las ciudades inteligentes, usted mencionó los sistemas de crédito social. Hay muchas fantasías distópicas al respecto en Occidente, y algunos observadores de China, como el sociólogo francés Jean-Louis Rocca, piensan que son exageraciones orientalistas y afirman que los sistemas de crédito social y de puntaje de la reputación y del comportamiento, por el momento, son más bien experimentales, locales, sectoriales y no están interconectados. Rocca dice que la gran mayoría de los chinos a los que ha interrogado para su investigación no lo ven como un factor importante en su vida cotidiana y están sorprendidos por la importancia que se le da al tema en Occidente4. ¿Qué opina?

Sí, estoy bastante de acuerdo. De hecho, estos sistemas tal como existen ahora no suscitan problemas particulares, al igual que sistemas similares que se encuentran en Occidente. El sistema de crédito social nació con una doble función: se trata de una forma de regulación del ecosistema económico que concierne a las empresas por un lado, y a las personas por otro lado. No existe todavía un sistema unificado y nacional de crédito social, sino muchos experimentos. En resumen, se trata de asignar un puntaje a cada persona en función de su confiabilidad en términos administrativos, penales y cívicos. Por supuesto, en un Estado de partido único, los criterios para juzgar a una persona pueden multiplicarse y llegar a ser mucho más problemáticos. Pero por el momento, aunque existen también en China atisbos de reflexión sobre la protección de la privacidad y el uso de los datos, la idea del crédito social está aceptada porque la población china lo percibe como un sistema realmente capaz de garantizar una mayor seguridad y armonía social. Para nosotros, por supuesto, parece inquietante, pero si pensamos en todas las veces en que somos evaluados y calificamos a los demás con sistemas de clasificación, no estamos tan lejos del modelo chino. Por el momento, en Occidente, nos evaluamos entre ciudadanos; en China, es un proceso que viene de arriba.

Como decía, es un sistema inquietante en perspectiva. En términos más generales, dado que la principal preocupación del pcch es mantener la estabilidad, hay una voluntad de crear un entorno lo más «confiable» posible, poblado por empresas y personas igualmente «confiables». Para la calificación de las empresas, este tipo de sistema existe también en eeuu, se llama fico. Para las personas, no estamos todavía en estos niveles, pero algunos sistemas de rating o de calificación occidentales (para pedir un crédito o alquilar una vivienda, por ejemplo) no están tan alejados de los experimentos chinos. Claro que este tipo de sistema es más impresionante en el contexto político, tecnológico y demográfico chino. En resumen: Beijing pretende crear en un futuro próximo un sistema nacional único, que por el momento no existe, capaz de evaluar la confiabilidad de las personas en función de sus comportamientos administrativos, penales o cívicos; estos comportamientos pueden llevar a una persona a perder o ganar puntos. Por el momento, el verdadero problema es la desproporción entre «delito» y sanción: si no pago una multa, por ejemplo, corro el riesgo de no poder desplazarme, porque me bloquean automáticamente la posibilidad de comprar billetes de tren o de avión.

Sin embargo, en términos de control social integral facilitado por las tecnologías de avanzada, existe el «laboratorio» de Xinjiang, donde parecería que se está llevando a cabo una experimentación sin precedentes históricos con el control y la disciplina de la población uigur, juzgada como desobediente o peligrosa.

En Xinjiang hay una combinación de todos los elementos del arsenal tecnológico chino, una gama de aplicaciones, cámaras de reconocimiento facial y varios modelos predictivos, con formas de represión más tradicionales, como prisiones y campos de reeducación. Además del control tecnológico, miles de personas trabajan para este sistema de represión contra la población musulmana de lengua túrquica de esta provincia, como lo demuestran las recientes filtraciones de documentos internos del pcch5. Cientos de miles de personas han estado encerradas en campos de reeducación sólo por ser juzgadas sospechosas. Como siempre, China experimenta incluso las cosas más horribles, para ver después cómo limitarlas o ampliarlas. Pese a los testimonios de muchos perseguidos que han podido escapar, Beijing niega que se esté llevando este tipo de represión en Xinjiang y afirma que la región se ha enriquecido en los últimos años. Lo que es cierto, pero eso no cambia en nada la ferocidad de esta política represiva.

Ahora bien, en términos de control social, no todo es tecnología y consenso neoconfucianista. Usted menciona también los «ojos vigilantes» de la población misma y las formas de control capilar a través de las organizaciones de base, herencia maoísta, pero no solamente. En apariencia, los comités barriales han jugado un rol muy importante en la pandemia, por ejemplo.

Sí, en la historia de China desde 1949 hasta el presente, el pcch ha movilizado repetidamente a los órganos estatales, las administraciones y la población para optimizar las respuestas en casos de emergencia y crisis repentinas, esos «cisnes negros» sobre los que alertó Xi Jinping en un discurso hace unos meses. La respuesta a la epidemia de sars en 2003 y al terremoto de Sichuan en mayo de 2008 son ejemplos de lo que el Partido entiende por «movilización», considerada fundamental para lo que se denomina «éxito de la reconstrucción». Una crisis o una emergencia pueden crear mecanismos empujados desde arriba capaces de poner al Partido en el centro de la escena social en China, como motor y equilibrador de situaciones complicadas, y también con una voluntad de mitigar y hacernos olvidar las deficiencias iniciales de la maquinaria político-administrativa.

De hecho, como recuerda Li Zhiyu, la noción de «movilización» (dongyuan) es un concepto fundamental en la política china contemporánea. El término «indica el uso de un sistema ideológico por un partido o un régimen político para alentar u obligar a los miembros de la sociedad a participar en determinados objetivos políticos, económicos o sociales a fin de lograr un nivel intenso de centralización y de despliegue de recursos materiales y humanos»6. Se ha visto este despliegue con la crisis del coronavirus. A pesar del –grave– retraso con el que China comenzó a tratar el covid-19 y su propagación, la población china pareció dispuesta a apoyar las decisiones que venían de arriba. Hubo lecturas de temperatura en todas partes, especialmente en las entradas del metro, limpieza constante del transporte público allí donde no fue suspendido. Cada ciudad hizo lo suyo: en algunos lugares se han reducido las horas de trabajo de los supermercados o centros comerciales para evitar el riesgo de contagio, en otros –especialmente en los pueblos rurales–, todos trataron de ayudar como pudieron al personal médico encargado de ir de casa en casa para tomar la fiebre e informar sobre posibles casos de contagio. Con la parálisis de los transportes públicos, muchas personas se han puesto a disposición de los hospitales para llevar materiales de un lugar a otro, dedicando a ello a veces el día entero. Incluso mucha gente que decía que temía el contagio sintió la necesidad de ayudar.

Lo que parece describir es una especie de capitalismo de vigilancia bajo el control del Partido-Estado, con una forma sui generis de sinergia público-privada y un nivel relativamente alto de aceptación social, que tiene incluso profundas raíces históricas en términos de la cultura del «buen gobierno» y las expectativas de los gobernados. ¿Es así?

Sí, exactamente, y la pandemia lo ha demostrado combinando alta tecnología con movilización de masas. En esta ocasión, la potencia de las aplicaciones chinas dedicadas al control estricto de los movimientos de la población, y a menudo acusadas de no ser más que un dispositivo de seguridad y el punto de anclaje de futuras ciudades inteligentes hipervigiladas, ha sido presentada por el gobierno y los operadores privados chinos como un servicio público imprescindible en una situación de emergencia. La agencia Reuters escribió que el coronavirus «sacó de la sombra» el sistema de vigilancia chino. En realidad, se podría decir más bien que el virus permitió un uso ad hoc de herramientas que los chinos están acostumbrados a usar o a «padecer» cada día. De hecho, nos enfrentamos a la primera emergencia sanitaria en la era de la inteligencia artificial, y aunque en medio de una situación dramática y complicada, una vez más, China señaló el camino.

En este sentido, podría decirse que la pandemia ha sido un estímulo y un incentivo para la aceleración y la ampliación de los sistemas de alta tecnología aplicados a la administración sanitaria, demográfica, educativa, policial, etc.

En la China del coronavirus hay nuevas posibilidades para las empresas de alta tecnología. Ahora mismo, aunque nunca lo confesarán, tienen una oportunidad única de maximizar la principal materia prima de sus innovaciones: más datos, muchos más datos. El miedo al contagio y a la enfermedad ha hecho que la ya de por sí débil resistencia a la invasión de la privacidad haya quedado definitivamente enterrada.

Se pueden citar varios ejemplos. La empresa de reconocimiento facial Megvii ha declarado que ha desarrollado «una nueva forma de identificar y localizar a las personas con fiebre, gracias al apoyo del Ministerio de Industria y Ciencia». Su nuevo sistema de medición de la temperatura utiliza datos del cuerpo y del rostro para identificar a las personas, y ya se está probando en un distrito de Beijing. También Baidu, el principal motor de búsqueda chino, anunció que su laboratorio de inteligencia artificial habría creado un dispositivo similar. La compañía de cámaras de vigilancia Zhejiang Dahua anunció hace poco que «puede detectar la fiebre con cámaras de infrarrojos con una precisión de 0,3 °c», lo que puede ser muy útil en lugares muy concurridos, como los trenes. Se trata de empresas privadas que, apoyadas por el Estado, desarrollan nuevos productos «intrusivos» (pero también considerados como muy útiles por la población). Estas empresas pueden entonces comercializar en el exterior sus innovaciones perfeccionadas gracias a la posibilidad de acceder a esta enorme cantidad de datos, posibilidad garantizada y controlada por el Estado.

También las tecnologías de reconocimiento facial han progresado. SenseTime, uno de los principales operadores en este ámbito, afirma ahora ser capaz de identificar incluso a las personas que llevan máscaras. Es un aspecto muy importante, porque en China, además del teléfono inteligente, el reconocimiento facial sirve para muchas cosas: pagar, reservar, hacer trámites en un banco o en las oficinas públicas. Con el uso masivo de máscaras, las tecnologías existentes habían dado señales de imperfección (que fueron subrayadas irónicamente en las mismas redes sociales chinas por personas que no pudieron entrar en su propia casa por llevar una máscara, por ejemplo).

Podemos citar también el uso de drones para avisar a la gente que tiene que usar máscara (hay un vídeo en el que se ve a una anciana de Mongolia Interior que fue visitada por un dron); los robots utilizados dentro de los hospitales para efectuar el control de plagas, la entrega de comidas o la limpieza en las áreas utilizadas para los pacientes infectados con coronavirus; los asistentes de voz que piden información a las personas en su casa, almacenan datos y sugieren un tratamiento o una hospitalización inmediata. En cinco minutos, los asistentes de voz chinos son capaces de hacer 200 llamadas, aliviando el trabajo de los hospitales. Con tecnologías como el reconocimiento de la voz y la comprensión semántica, los robots son capaces de comprender con precisión los lenguajes humanos, obtener información básica y dar respuestas. Existen también perspectivas de poder desarrollar nuevos productos y tratamientos farmacéuticos gracias a la inteligencia artificial y las plataformas de intercambio de macrodatos, aunque en el caso del coronavirus, en la comunidad científica hay bastante unanimidad en subrayar que la vacuna o la cura definitiva no están a la vuelta de la esquina.

Por último, está el aspecto relacionado con las conferencias virtuales y el aprendizaje electrónico, en el que China lleva invirtiendo hace tiempo. Recientemente, debido al cierre de escuelas y oficinas durante la pandemia, ha sido objeto de una atención y experimentación renovadas. En las escuelas, se usaron softwares ya existentes que permiten conectar a varios alumnos al mismo tiempo, proporcionando al profesor todos los datos necesarios, incluidos algunos grabados por cámaras sobre el nivel de atención demostrada por el alumno durante la clase.

Toca concluir que distopía y utopía son difíciles de desenredar en el caso chino. Usted cita al gran autor de ciencia ficción Liu Cixin cuando dice: «Cada época impone cadenas invisibles a quienes la viven. La única oportunidad que nos queda es bailar entre nuestras cadenas». Usted también escribe que, para los ciudadanos de las democracias liberales de tipo europeo, habrá un momento en que solo tendrán la oportunidad de dejar sus datos personales al Estado chino o a las empresas estadounidenses. En este escenario, ¿qué espacio nos queda para «bailar entre las cadenas», y qué espacio les queda a los propios chinos? ¿Existen posibilidades de resistencia, o tal vez contradicciones internas de naturaleza lógica o material dentro de los propios sistemas de control?

Para Occidente, pienso en Europa, es necesario adoptar una política común y única sobre el big data. En mi opinión, los macrodatos deben ser gestionados como un bien común, es decir, de forma transparente y por la colectividad, de lo contrario Europa seguirá siendo un campo de batalla entre eeuu y China. Para los chinos, no lo sé, dependerá de ellos. Como observador externo, creo que estas cuestiones pueden convertirse en fuente de conflicto, incluso político, solo en el momento en que el pacto social que todavía rige el país –te enriqueces, pero renuncias a ciertos derechos– empiece a tambalear. En el quinto plenario del pcch que acaba de terminar, se decidió que China invertirá aún más en tecnología y desarrollo del mercado interno. Lo que hay que observar por el momento, creo, es la dinámica de la clase media china: 400 millones de personas que son las que sustentan este mercado interno y apoyan a los dirigentes del país.

  • 1.

Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina, Laterza, Bari, 2020.

  • 2.

La versión en español será publicada por Edhasa, Buenos Aires, en 2021.

  • 3.

Yuk Hui: The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics, Urbanomic, Falmouth, 2016.

  • 4.

J.-L. Rocca: «Crédit social. Spécificité chinoise ou processus de modernisation?» en Sociétés Politiques Comparées No 51, 5-8/2020.

  • 5.

«‘Los cables de China’: los documentos secretos que revelan el sistema de lavado de cerebro del gobierno chino sobre cientos de miles de uigures detenidos» en BBC Mundo, 24/11/2019.

  • 6.

Ivan Franceschini, Nicholas Loubere y Christian Sorace (eds.): Afterlives of Chinese Communism: Political Concepts from Mao to Xi, Verso / AUN Press, Londres-Canberra, 2019.

Publicado enInternacional
Sábado, 19 Diciembre 2020 05:45

Bitcoin: Son una burbuja o son el futuro

Bitcoin: Son una burbuja o son el futuro

El bitcoin subió hasta 23 mil dólares, más del 200 por ciento en el año. ¿Es una maniobra especulativa o anticipa lo que viene?

 

El precio de las criptomonedas volvió a dispararse la semana pasada. El bitcoin se ubicó en un nuevo pico de cotización: superó los 23 mil dólares. Se trata de un incremento de más del 200 por ciento en el año. Otros activos digitales como ethereum también acompañaron este boom de inversiones y triplicaron su valor en lo que va de 2020.

Las subas de las criptomonedas generaron un nuevo debate en el mundo de las finanzas. Por un lado los fanáticos de estas tecnologías consideran que el salto de las cotizaciones es una muestra de los cambios estructurales que enfrenta el mundo.

El argumento es que la pandemia alteró patrones de comportamiento de la población para generar una adopción acelerada en el uso de las plataformas digitales. Esto explica el aumento de las ganancias de las plataformas de comercio electrónico como Amazon pero al mismo tiempo una creciente expectativa sobre la masificación de los criptoactivos.

Los principales defensores de las monedas digitales plantean que son el dinero de internet y que en un mundo cada vez más interconectado su crecimiento es natural. La confianza en la tecnología es tan grande que algunos inversores vaticinan que bitcoin es el reemplazo del oro.

La gran transformación que proponen las criptomonedas es una ruptura con los intermediarios. Los individuos no necesitan un banco ni grandes sistemas de pago montados por bancos centrales para asegurar que no serán estafados enviando una transferencia.

Las empresas no necesitan contratar servicios costosos para recibir los pagos de sus clientes ni acceder a la información de sus cobros. Las transacciones en las redes de bitcoin y otras criptomonedas pueden monitorearse sin perder la seguridad.

Al igual que todo proceso de transformación acelerado las nuevas monedas digitales despiertan el fanatismo pero también el rechazo de distintos sectores de las finanzas. Los inversores escépticos comparan el salto de precios de las criptomonedas con las grandes burbujas financieras como la de los tulipanes holandeses.

Los argumentos en contra del bitcoin y de su tecnología no son sólo vinculados a la especulación. Muchos critican el gasto de energía desproporcionado que requiere la red de esta moneda digital para poder asegurar las transacciones entre cuentas.

Otros plantean que los desarrollos de la física en nuevos campos como la cuántica transformarán en inservibles los protocolos de criptografía usados por las monedas digitales y por último algunos críticos aseguran que la blockchain no aporta una innovación poderosa porque las regulaciones de los Estados impedirán el desarrollo de monedas privadas.

Este último punto es posiblemente uno de los más sensibles. Las criptomonedas –a pesar de ser un foco de innovación y plantear cambios de paradigma para la arquitectura financiera internacional- son uno de los principales instrumentos para mover el dinero no declarado a nivel mundial y suelen utilizarse en actividades que bordean lo legal.

Por el momento los marcos regulatorios no son claros y los negocios vinculados a esta tecnología están atados a la incertidumbre de cambios normativos. Desde los países desarrollados no obstante existe cada vez más interés en establecer regulaciones homogéneas.

La tendencia de los países no es sólo a aplicar regulaciones sino a experimentar con la tecnología para reemplazar gradualmente los esquemas de emisión de billetes tradicionales. En el último año la palabra CBDC (monedas digitales de los bancos centrales) se ha puesto de moda y en algunos de los principales países del mundo comienza a ser una realidad. Es el caso de China que para el 2022 planea lanzar masivamente su modelo de Yuan Digital.

Publicado enEconomía
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