Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, EEUU. EFE/EPA/Michael Reynolds

La situación en nuestros días se caracteriza por un "recrudecimiento de la incertidumbre", que tiene en la desigualdad uno de sus factores determinantes, según la directora del FMI Kristalina Georgieva. 

 

La situación actual se caracteriza por un "recrudecimiento de la incertidumbre", que tiene en la desigualdad uno de sus factores determinantes "como un eco de las primera parte del siglo XX", según ha señalado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para quien el sector financiero tiene un papel que desempeñar a la hora de evitar que los nuevos años 20 tengan un final semejante al de hace cien años, cuando la década concluyó en una catástrofe financiera. 

Georgieva ha destacado que, mientras que la desigualdad se ha reducido a nivel global durante las dos últimas décadas como consecuencia del crecimiento económico en los mercados emergentes y en desarrollo, la desigualdad interna en los países está aumentando en muchas economías y se mantiene elevada en otras. 

"En cierto modo, esta preocupante tendencia es un eco de la primera parte del siglo XX, cuando las fuerzas combinadas de la tecnología y la integración abrieron las puertas a la primera Época Dorada, los Años Locos y, finalmente, la catástrofe financiera", ha indicado la búlgara, añadiendo el reto "existencial" que representa la crisis climática

La directora del FMI ha expresado la necesidad de aprender las lecciones de la historia y adaptarlas a los nuevos tiempos, señalando que una desigualdad excesiva "obstaculiza el crecimiento y carcome los cimientos de un país. Corroe la confianza dentro de la sociedad y las instituciones. Puede alimentar el populismo y la turbulencia política". 

En este sentido, Georgieva considera que "si no se la ataca, la creciente desigualdad es un problema que no hará más que empeorar" y ha señalado que, si bien la política fiscal sigue siendo una herramienta poderosa, no se puede perder de vista la contribución del sector financiero. "De lo contrario, la década de 2020 podría terminar siendo muy parecida a la de 1920", ha advertido. 

La directora del FMI ha expresado la necesidad de aprender las lecciones de la historia

En cuando al impacto del sector financiero en la desigualdad, el FMI ha identificado tres dimensiones significativas: el tamaño o profundidad, la estabilidad y la inclusión financiera. 

"Las finanzas pueden ayudar a reducir la desigualdad, pero también están asociadas con una mayor desigualdad si el sistema financiero no está bien gestionado", ha apuntado. 

A este respecto, el FMI sostiene que las medidas para fomentar la inclusión financiera y de la mujer contribuyen a reducir la desigualdad, mientras que la regulación y supervisión deben velar por evitar un excesivo crecimiento del sector financiero. 

Asimismo y siempre que la calidad de la regulación y supervisión sea alta, el FMI apuesta por buscar simultáneamente la inclusión financiera y la estabilidad, añadiendo que las medidas en el ámbito financiero "son un complemento, no un sustituto, de otras herramientas". "Todavía se necesitan políticas fiscales y macroestructurales para ayudar a abordar la desigualdad", ha subrayado la directora del FMI.

17/01/2020 17:52 Actualizado: 17/01/2020 17:52

EUROPA PRESS

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Lunes, 16 Diciembre 2019 07:29

Corbyn

Corbyn

La victoria del Partido Conservador fue contundente. En la elección del pasado 12 de diciembre los votantes prefirieron con creces un gobierno liderado por Boris Johnson y dieron un duro golpe a los laboristas y a su líder Jeremy Corbyn.

Esta elección estaba marcada por el largo conflicto en torno del Brexit, mismo que definió la lucha política en Gran Bretaña en los últimos tres años. La disputa costó el puesto en ese lapso a dos primeros ministros conservadores: Cameron y May, pero acabó dando un mandato indiscutible a Johnson. Ahora podrá finalmente negociar la salida de la Unión Europea y también gestionar la agenda conservadora en materia económica y social.

La debacle laborista fue contundente; el partido obtuvo el menor número de parlamentarios desde 1935. El resultado, ciertamente, ha puesto en la mira el efecto que el Brexit tuvo sobre el electorado; el partido de Nigel Farage contribuyó al triunfo de los tories; la jornada electoral equivalió a un referendo sobre la salida de la Unión Europea. Pero fue, igualmente, una masiva retirada del voto laborista ante el liderazgo de Jeremy Corbyn. Según parece, este último fue el factor decisivo de la derrota.

Corbyn no planteó de modo decisivo su postura sobre el Brexit y más bien parecía especular con ella buscando beneficiarse de los vientos cambiantes al respecto. Así, fue víctima del largo desgaste político y social producido por ese caso. El líder laborista fue señalado por posturas antisemitas, lo que provocó denuncias de diversos frentes y renuncias de miembros del partido. También Johnson ha sido señalado por sus inclinaciones islamofóbicas.

La situación política abre de nuevo el asunto de Escocia. El triunfo del Partido Nacionalista Escocés y la abrupta caída del laborismo en ese país abren de nuevo la puerta a un referendo por la independencia. Nicola Sturgeon, la jefa del gobierno, ha dicho que Johnson no tiene derecho a interponerse en ese camino. La unión del reino está en cuestionamiento, resultado esperable del Brexit, y ahora, además, por el triunfo conservador.

Un asunto significativo de la elección fue que los conservadores tuvieron mejores resultados en aquellos lugares en los que bajó la participación de los votantes respecto de la elección de 2017. Esto ocurrió principalmente en los distritos mayoritariamente laboristas.

Todo apunta a la pobre atracción de Corbyn y sus propuestas entre los votantes del propio partido y sus simpatizantes. En la última fase de la campaña emitió un manifiesto político titulado Es tiempo de un cambio real, un muy ambicioso plan de intervención pública en sectores clave en materia social, económica y ambiental.

Uno de los asuntos álgidos en disputa en Gran Bretaña tiene que ver con el sistema público de salud; el manifiesto proponía una fuerte intervención en esta materia para contener las medidas de privatización que se están imponiendo. Del mismo modo se ofrecía nacionalizar áreas de la economía privatizadas desde hace décadas, como es el caso de ferrocarriles, agua, correo y provisión de energía.

El poco eco del manifiesto laborista, presentado a destiempo, parece indicar que las medidas económicas impulsadas por Margaret Thatcher entre 1979 y 1990 se han ido asentando, que la gente responde de modo distinto a la que quiere hacer el gobierno y la manera en que interviene en la economía y en los asuntos públicos y, en ocasiones, en los de índole privada.

Las propuestas de Corbyn, como lo exhibió el resultado electoral, no reforzaron su proyecto político. Tras la derrota, declaró que se sentía orgulloso del manifiesto. Esto es irrelevante, pues el caso es que con el nuevo gobierno conservador, que puede durar cinco años, hay en realidad pocas, si no es que nulas, posibilidades de que algo de su contenido se aplique.

Estas cuestiones indican la naturaleza de las disputas políticas que surgen hoy en muchas partes del mundo y que no pueden seguirse planteando en los términos convencionales del análisis político. No es cuestión trivial, sino exigencia, plantearse qué es lo que quieren las poblaciones respecto de sus gobiernos y hasta dónde están dispuestas a llegar.

Jonathan Freedland, columnista de The Guardian, planteó esta cuestión en el caso de la elección británica de hace unos días. Escribió el pasado viernes 13: “Podemos estar enojados por la victoria de los tories en esta elección, pero debemos sentir una ira equivalente respecto de quienes lo han permitido. Hablo de aquellos que llevaron al principal partido de oposición hacia un callejón sin salida…Vista la magnitud de esta calamidad: perder frente a un gobierno que ha generado nueve años flacos, que pretendió un cuarto periodo que casi nunca se ha concedido; un gobierno tan dividido internamente, que purgó a dos cancilleres anteriores y algunos de sus mejores miembros del Parlamento, liderado por un mentiroso…Un partido de oposición que funcionara sólo a medias hubiese barrido con los tories, pero en lugar de eso fue aplastada por ellos”.

Los políticos deben preguntarse qué quieren de ellos los ciudadanos, hasta dónde pueden llegar y cuánto tiempo duran con alguna frescura en el poder. En este caso, Corbyn no se salva y Johnson lo puede descubrir pronto.

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Las autoridades chinas implicadas en la negociación con EE UU, en rueda de prensa en Pekín. En vídeo, declaraciones del portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng. JASON LEE (REUTERS) | REUTERS

El acuerdo paraliza la subida de aranceles prevista para este domingo pero está pendiente de la firma oficial del texto

 

China y Estados Unidos han cerrado la primera fase de un acuerdo para resolver la guerra comercial que arrastran desde hace más de año y medio. Casi 24 horas después de que en Washington se diera a conocer que el presidente de EE UU, Donald Trump, había dado el visto bueno al acuerdo, el Ministerio de Comercio de China ha confirmado finalmente este viernes la fumata blanca en una rueda de prensa convocada de urgencia, a última hora de la noche en Pekín.

Según lo trascendido hasta el momento, Pekín aumentará sus importaciones de energía, productos agrícolas y farmacéuticos y dará entrada a más servicios financieros de Estados Unidos. El documento, según ha indicado el viceministro de Comercio Exterior Wang Shouwen en la rueda de prensa, tiene nueve capítulos, que incluyen también un mecanismo de resolución de disputas y medidas sobre la propiedad intelectual, entre otros asuntos.

Con este anuncio queda paralizado el aumento de aranceles mutuo que los dos países tenían previsto a partir del domingo. Estados Unidos iba a elevar un 15% las tasas sobre cerca de 165.000 millones de dólares en productos chinos, mientras que Pekín tenía previsto hacer lo propio sobre cerca de 75.000 millones de dólares en productos estadounidenses. Los nuevos aranceles de EE UU iban a aplicarse sobre productos electrónicos de consumo procedentes de China como televisores y teléfonos móviles, entre otros. Todo en plena campaña navideña de compras y en puertas de un año electoral.

Con el nuevo pacto, los dos países retirarán gradualmente algunos de los aranceles que han ido aplicando en los últimos 18 meses, indicó el viceministro Wang. Ese punto, subrayó, es una parte “fundamental” de las exigencias chinas. No obstante, no precisó un calendario ni cifras de esa eliminación por fases. El alto funcionario subrayó que el pacto es “mutuamente beneficioso”, una condición sine qua non en la que China había insistido una y otra vez en sus declaraciones públicas durante las negociaciones.

Antes de proceder a la firma oficial, no obstante, será necesaria una revisión del documento por parte de los respectivos equipos legales y una comprobación minuciosa de las traducciones. También la negociación del protocolo específico para la firma del pacto, incluido dónde y cuándo firmarlo. Washington espera que se pueda hacer durante la primera semana de enero.

Entre los compromisos adquiridos, China aumentará de modo significativo su compra de productos agrícolas, confirmó el viceministro de Agricultura, Han Jun, aunque no aportó cifras al respecto. Sí precisó que la compra incluirá trigo, y aseguró que esas adquisiciones no perjudicarán a los agricultores nacionales. Para el presidente estadounidense, Donald Trump, esa era una de sus principales exigencias.

Desde Washington, el representante de Comercio Internacional de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ha calificado el acuerdo con China de “histórico”. El negociador estadounidense ha señalado que como parte del pacto, Pekín deberá acometer reformas estructurales en su modelo económico y cambios en el régimen comercial en áreas como la propiedad intelectual, las transferencias de tecnología, la agricultura, los servicios financieros y en divisas.

También se establece un mecanismo de solución de disputas y China se compromete a realizar “compras sustanciales adicionales” de productos y servicios de EE UU por valor de 200.000 millones durante los próximos dos años. En el caso de los productos agrícolas, Lighthizer explicó se acordó que adquirirá 16.000 millones adicionales anuales sobre los 24.000 millones de referencia en 2017. 

Esa cifra podría incluso acercarse a los 50.000 millones en un plazo de dos año si Pekín accediera a elevar más las compras, como busca Trump. Lo que no se detalla es el desglose por producto y la parte china evitó comprometerse en público con una cifra. El acuerdo, insiste Lighthizer, permitirá reequilibrar la relación comercial entre los dos países. El pacto se ha cerrado la misma semana que el texto definitivo del tratado comercial del país norteamericano con México y Canadá.

El presidente de EE UU aclaró, a través de Twitter, que el arancel que entró en vigor el pasado mes de septiembre sobre importaciones valoradas en 120.000 millones de dólares se rebaja del 15% al 7,5%. Para el resto de productos, por unos 250.000 millones, se mantiene en el 25%. Trump dice que utilizará los aranceles del 25% como palanca en la segunda fase de la negociación. La intención que es la discusión arranque en cuando se firme el pacto.

Fue el propio Trump el que este jueves disparó el optimismo de los inversores al asegurar que un “gran acuerdo” con China estaba “muy cerca”. El presidente se reunió horas después en el Despacho Oval con sus asesores en comercio y representantes de las empresas y dio el visto bueno al principio de acuerdo. Pero no hubo un anuncio oficial ni por parte de la Casa Blanca ni de la Oficina de Comercio Exterior, a la espera de la rueda de prensa en Pekín.

Por MACARENA VIDAL LIY / SANDRO POZZI

Pekín / Nueva York 13 DIC 2019 - 14:08 COT

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El conservador Boris Johnson arrasó en las elecciones con el Brexit como bandera

Desde Londres. El primer ministro Boris Johnson cumplió con las formalidades de la asunción antes de dirigirse a la nación después de su aplastante victoria electoral. A las 11 de la mañana visitó a la Reina Isabel II para comunicarle que contaba con la mayoría parlamentaria necesaria para formar gobierno. El discurso a la nación llegó por la tarde, más conciliador que triunfalista. “Quiero dirigirme a aquellos que no me votaron y que posiblemente todavía quieran permanecer en la Unión Europea. Les quiero decir que nunca los olvidaremos. Este es el momento perfecto, cuando estamos por dejar la Unión Europea, de recrear los sentimientos que tenemos por nuestros amigos uropeos para tener un nuevo acuerdo que será nuestro proyecto para el próximo año. Espero que todos, de un lado y otro del argumento, podamos empezar a cicatrizar las heridas”, dijo Johnson.

La contundente mayoría que obtuvo - 368 diputados sobre un total de 650 – le da margen para buscar una posición más centrista que la adoptada por el Partido Conservador desde el referendo a favor del Brexit en 2016. Johnson tiene un Jeckill and Hide en sus genes, mezcla del xenófobo y oportunista con el conservador popular y paternalista, o “one nation Conservative”, como se definió en el discurso que dio delante de 10 Downing Street, residencia oficial del primer ministro. “Vamos a unirnos como nación, a nivelarnos, y consolidar la unión con Escocia, Gales, Inglaterra y el Norte de Irlanda”, dijo Johnson.

El contraste con los laboristas no podía ser más marcado. En la autopsia del peor resultado electoral desde 1935 sobran las acusaciones cruzadas y recriminaciones buscando un responsable de la debacle. El líder laborista Jeremy Corbyn señaló que dejará la jefatura del partido en los primeros meses del año entrante una vez que concluya el período de reflexión sobre la derrota. “Estoy muy triste por el resultado y por el impacto que tendrá en comunidades golpeadas por la austeridad. Pero al mismo tiempo siento orgullo por el programa electoral que presentamos y que tuvo un amplio apoyo a nivel social. El problema es que la elección se definió por el Brexit”, dijo Corbyn a la BBC.

Entre sus rivales, muchos se asombraron que no hubiera renunciado de inmediato y negaron que el voto se redujera al Brexit. “Corbyn fue un desastre. Todos sabíamos que no podía liderar el partido y la clase trabajadora. Ahora lo que quiero es que Momentum y la pequeña secta que lo ha rodeado buscando conservar la pureza del partido, se vayan”, señaló a ITV Alan Johnson, un sindicalista que ocupó varias carteras durante el Blairismo, último período del laborismo en el poder.

Los sondeos confirman que Corbyn es el líder de la oposición más impopular de las últimas décadas, pero no cabe duda que el primer ministro – y un equipo encabezado por el Rasputinesco Domimic Cummings – acertó con convertir al Brexit en el centro de su mensaje electoral. En las zonas que votaron por la salida de la Unión Europea (UE) en el referendo de 2016, muchas de ellas bastiones laboristas, Johnson se hizo un picnic.

Con un mensaje simplón ("get Brexit done"), los conservadores horadaron la “muralla roja” en el norte de Inglaterra, cinturón industrial y post industrial que votó durante toda su historia al laborismo. Una ex comunidad minera, Blyth Valley, centro de las batallas campales contra el Thatcherismo en los 80, cayó alrededor de la medianoche. A las 2 de la mañana hora británica, se anunció otra de las grandes sorpresas de la noche. Wrexham, en el norte de Gales, localidad laborista durante 80 años, pasaba a manos de los Tories. Lo mismo sucedió en Great Grimbby, ciudad portuaria del norte, que había votado al laborismo desde la segunda guerra. Decenas de escaños del laborismo histórico cruzaron este Rubicón tabú: votar por el enemigo conservador.

Europa, Escocia

La elección enterró las exiguas posibilidades que había de un nuevo referendo para evitar la salida de la UE. La semana próxima el nuevo parlamento aprobará el acuerdo de salida del bloque europeo que logró Johnson en Octubre: el 31 de enero, el Reino Unido no será miembro pleno de la UE.

Es una salida formal, parte de una transición que durará hasta diciembre. En esos 11 meses el Reino Unido seguirá siendo parte del Mercado Común Europeo, de la Unión Aduanera y contribuirá al presupuesto, pero no tendrá voz ni voto. El gran enigma es si durante estos meses podrá negociar un tratado de libre comercio con la UE o saldrá del bloque sin acuerdo. La UE representa la mitad de los intercambios comerciales del Reino Unido. Si no hay acuerdo, el comercio se regirá por las reglas de la Organización Mundial del Comercio con una fuerte suba de aranceles e impacto directo en la producción, inflación y empleo.

La abrumadora mayoría de Johnson le da margen para negociar un acuerdo más suave con el bloque europeo que el que le exigen sus sectores ultra que ahora tendrán menos poder para imponerle condiciones. El tiempo no le juega a favor. A menos que se llegue a un acuerdo básico provisorio, algo que se podría alcanzar el año próximo, la negociación promedio de tratados con la UE es de siete años: a mediados de 2020 Johnson tendría que solicitar una extensión de la negociación más allá del año próximo o jugarse por el Brexit duro (salida sin acuerdo).

El otro frente que se le abre a Johnson con esta victoria apabullante es el de la muralla roja. Estos votantes quieren el Brexit, pero también quieren servicios e inversión pública, seguridad social, ayuda industrial, políticas que no tienen nada que ver con los conservadores. Johnson tiene cinco años de gobierno por delante, pero la alianza que le dio un triunfo contundente puede entrar en crisis mucho antes.

Escocia es otro frente complicado. Los nacionalistas del SNP ganaron 48 de los 59 escaños en juego en Escocia. El SNP, que levantó la bandera de la independencia durante la campaña, dejó en claro que quiere un nuevo referendo: Boris Johnson ya dijo que no lo autorizaría. El problema que tiene es que los tories perdieron 7 de los 13 escaños que tenían en Escocia. El Reino Unido está partido en dos: nacionalista en Escocia, conservador en Inglaterra. Con este panorama, hay crisis constitucional a la vista. A pesar de las diferencias notorias, el fantasma de Cataluña rondará esta pelea.

El futuro del Partido laborista

Un impecable análisis del semanario The Economist este viernes predice un “Corbynismo sin Corbyn”. Los Corbynistas dominan las palancas del partido, tienen unos 40 mil militantes nucleados en torno a "Momentum", su ala juvenil, y los sindicatos han girado a la izquierda. El semanario cita una exhaustiva investigación del British Election Study que muestra que el electorado que votó a Johnson tiene muchas posiciones afines al Corbynismo en temas como la desigualdad o los servicios públicos.

Con este trasfondo el Blairismo difícilmente pueda meterse en la lucha por la sucesión porque no tiene peso propio en un partido dominado por el voto de sus miembros, unos 500 mil afiliados. La contienda que se avecina será entre un ala “moderada” del Corbynismo, representada por Keir Starmer, portavoz en temas del Brexit, y Emily Thornberry, portavoz de temas exteriores. Starmer es el favorito de los corredores de apuestas, que no descansan un minuto en este reino del Puritanismo, pero no tiene muchas chances por una cuestión de género. A diferencia de los conservadores, que tuvieron dos primer ministros (Margaret Thatcher y Theresa May), el laborismo no ha tenido una líder mujer: está desesperado por cambiar esta historia.

El problema con Emily Thornberry es que representa al sur inglés pro-europeo. Las candidatas de la izquierda, Rebecca Long-Bailey y Angela Rayner, parecen dar la talla que exige este momento. Son de la clase trabajadora del norte del país, jóvenes, y tienen el apoyo de los pesos pesado del laborismo y los sindicatos. Ambas están bien situadas para encarnar un “Corbynismo sin Corbyn”, que siga con sus políticas de nacionalización, industrialización y justicia social y que le añadan un tono de patriotismo, ausente en el líder laborista, pero muy presente en la clase trabajadora.  

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La cumbre de los BRICS evidencia la falta de cohesión de los emergentes

Los BRICS -el bloque de las principales economías emergentes- languidece lastrado por el frenazo económico y la disparidad de intereses entre sus cinco miembros. Las conclusiones de la cumbre que ha reunido en Brasilia durante dos días a los presidentes chino, Xi Jinping; al ruso, Vladímir Putin; al brasileño, Jair Bolsonaro; al sudafricano, Cyril Ramaphosa, y al indio, Narendra Modi, evidencian la falta de cohesión de un grupo que nació a lomos de su potencia económica y que no ha logrado desarrollar una agenda común de largo recorrido ni elevar la presencia de los emergentes en las instituciones internacionales a niveles acordes con su peso económico.

A la pérdida de empuje del bloque en los últimos tiempos, se suma el giro que ha dado su anfitrión. Bolsonaro, que se ha alejado de la tradicional diplomacia multilateral brasileña para sellar una alianza nacionalpopulista con Donald Trump, no ha mostrado interés en convertir esta cumbre en una plataforma de liderazgo regional. Las discrepancias sobre Venezuela, si debía estar representada o por quién, derivaron en la decisión de no convocar la cumbre de líderes regionales que suele acompañar a los encuentros de los BRICS. El actual Gobierno brasileño prefiere las relaciones bilaterales, como dejó claro la víspera el presidente Bolsonaro cuando cortejó abiertamente a China y quiso distinguirla del resto de los emergentes. Para el bolsonarismo, los BRICS son algo de la época de Lula da Silva, su gran antagonista. La política externa brasileña “tiene los ojos puestos en el mundo, pero primero en Brasil”, afirmó el presidente para disipar las dudas que pudiera haber.

Bolsonaro ha recibido en la capital brasileña a otros cuatro mandatarios con los que comparte cargo, género y edad; todos sexagenarios. El brasileño definió este miércoles la primera gran cumbre internacional de la que es anfitrión como una especie de “reunión de viejos amigos”. Juntos gobiernan países que suponen un tercio de la economía mundial y un 40% de la población. Pero en pocos asuntos de relevancia están de acuerdo o tienen aspiraciones comunes.

Al margen de llamamientos genéricos a estrechar la cooperación comercial entre sus países y defender el multilateralismo, los discursos de los líderes han reflejado las urgencias domésticas de cada uno de ellos.

La declaración final no incluye ninguna referencia a las crisis que tienen tan agitado al continente latinoamericano. Los negociadores prefirieron evitar los asuntos en los que las divergencias son mayores que las convergencias. Ni palabra sobre Venezuela —en la que China y Rusia apoyan al régimen de Nicolás Maduro, que Brasil quisiera ver sustituido por Juan Guaidó—. Tampoco mencionan la incierta situación en Bolivia, aunque Putin se ha sumado a Bolsonaro en el reconocimiento de la nueva presidenta interina, ni aparecen Chile o la Amazonia.

El documento menciona en cambio, los conflictos de Siria, Yemen o la desnuclearización de la península de Corea. Los negociadores brasileños han explicado que obedece a que estos últimos son “conflictos de envergadura global”, obviando las consecuencias regionales y mundiales, por ejemplo, del éxodo venezolano con sus más de cuatro millones de refugiados repartidos por buena parte del planeta. La situación en la embajada venezolana, donde la víspera entraron afines a Guaidó, volvió a la normalidad la noche del miércoles cuando abandonaron el edificio tras un incidente que pilló al Gobierno por sorpresa.

Xi criticó en Brasilia que el “creciente proteccionismo está llevando a la desaceleración de la economía mundial”. El mandatario se refería a la batalla que libra con Estados Unidos y en la que el brasileño tampoco quiere decantarse. “Yo no estoy metido en esa guerra comercial. Brasil comercia con todos”, recalcó el miércoles pero el año próximo, cuando se subasta el espectro para la tecnología 5G, China podrá participar en el concurso.

Putin se ha referido reiteradamente a la necesidad de que la economía despegue “para mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades”, inquieto quizá ante las imágenes que llegan de Chile, donde el descontento con la desigualdad ha derivado en un inesperado estallido de violentas protestas. Solo el primer ministro Narendra Modi apremió a sus socios a implicarse de lleno con los BRICS y, en un discurso que más bien parecía el de un líder empresarial, les instó a ponerse “metas más ambiciosas, a identificar prioridades” y ponerse plazos y objetivos a cumplir.

Una de las principales aportaciones de Brasil al documento final es, según uno de los negociadores, la referencia a la protección de las minorías religiosas en la guerra de Siria, un guiño a los cristianos evangélicos, que son una importante base electoral de Bolsonaro.

El Pacto de París y la soberanía

En las conclusiones, difundidas antes del almuerzo con el que ha terminado la cumbre, destaca el compromiso de los BRICS de aplicar lo firmado en el Pacto de París contra el Cambio Climático, una postura relevante después de que Estados Unidos abandonara el pacto. Los BRICS también hacen un llamamiento a los países desarrollados para que respalden con ayuda financiera, tecnológica y de capacitación a los países en desarrollo.

Brasil ha logrado incluir en el documento una mención al respeto a la soberanía nacional en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Es una referencia a la polémica suscitada este verano por los incendios de la Amazonia, que se convirtieron en uno de los asuntos estrella del G7 organizado por el presidente francés, Emmanuel Macron y al misterioso derrame de petróleo que ha afectado a más de cien playas brasileñas desde septiembre.

Otros dos puntos importantes desde la perspectiva brasileña son la aplicación adecuada de la ciencia y la tecnología en la agricultura, con el objetivo de evitar falsas barreras sanitarias solo para asegurar los mercados junto a las críticas a las medidas proteccionistas y un llamamiento a “evitar medidas unilaterales y proteccionistas que sean contrarias al espíritu y las normas de la OMC (Organización Mundial del Comercio)”.

Por Naiara Galarraga Gortázar  / Afonso Benites

Brasilia 14 NOV 2019 - 15:05 COT

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Macron diagnostica la muerte cerebral de la OTAN y Alemania se indigna

Después de que el intrépido presidente galo Emmanuel Macron lograra acuerdos comerciales durante su visita a China por 15 mil millones de dólares (https://reut.rs/2WZprot), dio una explosiva entrevista a la revista globalista The Economist, copropiedad de los banqueros Rothschild para quienes laboró, donde diagnostica la muerte cerebral de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (https://econ.st/33vMGsI), a la que antes Trump catalogó de "obsoleta" cuando regañó a sus aliados de no gastar lo suficiente para su defensa que corría prácticamente a cargo de Estados Unidos.

Macron, quien después del G-7 dictaminó el “fin de la hegemonía de Occidente (https://bit.ly/2NZIpYd)”, se mostró perplejo sobre el "artículo 5" de la OTAN, su cláusula de defensa colectiva, y comentó que no estaba seguro si Washington defendería a Europa en una crisis.

Macron sentenció que Europa se encuentra "al borde del precipicio (sic)" y necesita empezar a pensar por sí misma en términos estratégicos como una potencia geopolítica, ya que de otra manera "no tendrá más el control de su destino", por lo que es apremiante que Europa despierte cuando Estados Unidos “ha volteado su espalda a Europa, como sucedió con su permisividad a la invasión de Turquía, miembro de la OTAN, aprovechando el retiro del Ejército estadunidense del noreste de Siria.

A juicio del mandatario galo, Donald Trump "no comparte la idea del proyecto europeo" cuando Europa está confrontada por el ascenso de China y se encuentra debilitada por dentro con el Brexit y la inestabilidad política: "Existe un riesgo considerable de que en el largo plazo desaparezcamos geopolíticamente, o, por lo menos, que no tengamos más el control de nuestro destino".

La hermenéutica de The Economist es que el "mensaje subyacente de Macron radica en que Europa necesita comenzar a pensar y a actuar no sólo como grupo económico, cuyo principal proyecto es la expansión del mercado, sino como una potencia estratégica" que “debe empezar con la recuperación de la ‘soberanía militar’ (¡mega-sic!)”, y con la reapertura de un diálogo con Rusia.

Los tres magnos polos gravitatorios EU/Rusia/China atraen a las fuerzas centrífugas en la Unión Europea (UE), tipo Brexit, cuando Francia opera ya como su única potencia nuclear con su force de frappe (poder de disuasión)”.

La Unión Europea cometió el grave error de haberse confinado a una visión vulgarmente geoeconomicista, que le brindó la enorme prosperidad que llegó a superar a Estados Unidos con su PIB, hasta que el destino geoestratégico la alcanzó con la increíble resurrección de Rusia, en la fase del zar Vlady Putin a partir del año 2000, y del irresistible ascenso tecnológico/geoeconómico de China.

Ya se encargarán los exhumadores de archivos desclasificados de diagnosticar que el peor error geoestratégico de Washington lo cometió el entonces mandatario Barack Obama al haber empujado a China a los brazos de Rusia, que conformaron una "asociación estratégica" que dejó aislado a Washington y a la deriva a Europa.

La UE contaba con el paraguas geoestratégico/nuclear de Estados Unidos, que en su fase de declive económico/financiero busca salvarse antes de rescatar a los demás.

Ahogada por su hedonismo, Europa descuidó su seguridad y ahora paga un alto precio. La canciller alemana Ángela Merkel criticó “las palabras drásticas del presidente francés (https://bit.ly/33I7ldr)”.

A 30 años de la caída del Muro de Berlín, la anterior ministra de defensa de Alemania y actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se distancia de Macron al sentenciar idílicamente que “la Organización del Tratado del Atlántico Norte es la alianza de defensa más poderosa del mundo (…) Sin la alianza atlántica, la historia de Europa no podría ser contada (https://politi.co/34K2Ajj)”.

A Von der Leyen se le olvidó Carlomagno y no pondera el nuevo orden tripolar del siglo 21 de EU/Rusia/China.

¿Implosiona la OTAN 30 años después de la caída del Muro de Berlín?

El Fin de la historia, de Francis Fukuyama, fue una histeria del Departamento de Estado, así como el mito chileno fue otro artefacto hollywoodense del fallido binomio neoliberal del thatcherismo/reaganomics. “Fin de una era (https://bit.ly/2NAThg9)”: fin de todos sus mitos.

 

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Qué supone la salida de EEUU del Acuerdo de París

 El Gobierno de Trump ha comunicado de manera oficial a la ONU que abandona el tratado internacional contra el cambio climático. Su salida puede suponer un aumento de las emisiones y vuelve a activar las alertas por un posible efecto contagio en otros gobiernos negacionistas del planeta.

 

Trump ha dado el paso. Lo que ya anunció hace dos años se hace oficial y Estados Unidos inicia los trámites para abandonar el Acuerdo de París, el acuerdo internacional contra la crisis climática que fue firmado por 195 estados en 2015 en el que se establecía una hoja de ruta para tratar de evitar que la temperatura del planeta aumente más de dos grados a finales del siglo XXI.

"Hoy comenzamos el proceso formal de retirada del Acuerdo de París. Estados Unidos está orgulloso de su tradicional liderazgo mundial en la reducción de todas las emisiones, impulso de la adaptación, crecimiento de nuestra economía y garantía de energía para todos nuestros ciudadanos", anunciaba este lunes Mike Pompeo, secretario de Estado del país norteamericano.

Nada más llegar al poder, el político republicano, en un alarde de sus planteamientos negacionistas, anunció que abandonaría los acuerdos de París de 2017 tan pronto como la legislación se lo permitiera. Y así ha sido, en tanto que este tratado expone que cualquiera de las partes puede retirarse a partir del 4 de noviembre de 2020, siempre y cuando envíe una notificación formal a la ONU un año antes. Trump no ha fallado en los tiempos y ha anunciado a las Naciones Unidas que abandona los compromisos climáticos que se acordaron en 2015 en la capital francesa. Pero, ¿qué supone la salida de EEUU?

Sin frenos a las emisiones

Estados Unidos es, a nivel mundial, el segundo país más contaminante del mundo, sólo por detrás de China. Tanto, que se calcula que el país norteamericano es el responsable de cerca del 15% de las emisiones globales. Ante esto, el Acuerdo de París se presenta como uno de los escasos mecanismos internacionales que establece mecanismos para la reducción de las emisiones. Tanto, que Obama –el presidente que firmó el tratado– fijó compromisos para una reducción de las emisiones de CO2 de algo más del 25% para 2030. Sin embargo, la retirada de EEUU hace que ese escenario se vuelva aún más lejano.

“En parte el negacionismo de Trump tiene que ver con los vínculos de su administración con la industria de los combustibles fósiles”, opina Héctor de Prado, responsable de Justicia Climática de la organización Amigos de la Tierra, que señala a las repercusiones que puede tener su salida en cuanto a los compromisos financieros del tratado parisino que establecía, a grandes rasgos, que los países más contaminantes deberían destinar un porcentaje de sus fondos a financiar la adaptación y la resiliencia al cambio climático de los estados del cono sur.

“Es importante porque Estados Unidos aporta cerca del 21% del replenishment de los fondos del Global Environment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) que empezó en París. Su retirada puede tener consecuencias nefastas para muchos países”, expone el ecologista. "La moraleja aquí es que uno de los mayores 'donantes' se retira, y lo que es peor, antes de haber completado íntegramente su promesa, con las evidentes implicaciones que eso conlleva tanto a países como a inversores", añade.

"Trump tiene vocación de genocida y usa la salida del Acuerdo de París para desviar de los problemas político que enfrenta con el impeachment.  Su decisión va a afectar a la vida de millones de personas en todo el mundo, perjudicando gravemente los derechos humanos, como el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, entre otros", valora Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción.

La salida no es irrevocable

No todo es negro. En esta noticia que reafirma la línea discursiva de Trump en materia climática hay algunas aristas a las que la sociedad norteamericana –y el resto del mundo– puede agarrarse. Tanto es así que, el abandono del acuerdo no es irrevocable. Es decir, la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca, sea de manera anticipada o no, podría suponer que los EEUU volvieran a ratificar los compromisos de París.

En cualquier caso, la decisión de abandonar el multilateralismo medioambiental podría contrarrestarse dentro de los propios poderes estatales de EEUU, ya que los gobiernos de los diferentes estados tienen capacidad de impulsar sus propias medidas anticontaminación, como el reciente caso de la ciudad de Nueva York, que ha prohibido la circulación de coches en una de las avenidas principales de Manhattan. “Vemos que hay estados con políticas ejemplares en cambio climático y otros que son todo lo contrario. Quizá, esa capacidad interna sea más relevante a veces que estar en el acuerdo de París”, opina Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción.

"Hay decisiones del gobierno de Estados Unidos que agravarán igual o mas el calentamiento global que la salida del Acuerdo de París, como por ejemplo la reactivación de proyectos como los oleoductos Keystone XL y Dakota Access Pipeline en tierras sioux o el Plan Energético América Primero, una apuesta decidida por la extracción y el uso sin límites de los combustibles fósiles. La administración Trump ha eliminado o está intentando eliminar restricciones a las tecnologías de perforación del fracking y reduciendo el gasto en las agencias públicas de regulación y control de temas medioambientales", añade Kucharz.

Efecto contagio

La posibilidad de que el discurso de Trump pueda calar en otros gobiernos conservadores como el de Bolsonaro en Brasil vuelve a saltar a la palestra. Pero no solo eso, sino que algunos estados euroescépticos pueden sumarse a la situación de bloqueo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que EEUU no saldrá del acuerdo hasta el próximo año, por lo que Trump mantendrá su asiento en la próxima Cumbre del Clima de Madrid (COP 25) desde el que podrá incendiar los debates y frenar la ambición de los acuerdos que se puedan alcanzar. “El hecho de que desde dentro propague la idea de que la lucha contra el cambio climático es una patraña es muy peligroso”, argumenta De Prado.

En cualquier caso la salida de Trump, que hasta ahora era un gran escollo en este tipo de cumbres, puede tener aspectos positivos de cara a las futuras negociaciones. “No es necesariamente una mala noticia para el cambio climática. Él fortalece claramente los intereses negacionistas y, en ese sentido, que se vaya puede suponer que se desatasquen algunas de las negociaciones por el clima”, opina Andaluz, centrándose en cómo podrían transcurrir las futuras cumbres sin la presencia de representantes estadounidenses.

No obstante, el abandono de EEUU y de cualquier otro estado que decida seguir sus pasos debería llevar a la ONU, según los colectivos ecologistas, a activar mecanismos sancionadores para aquellos ejecutivos que no cumplan en materia climática. 

madrid

05/11/2019 17:53 Actualizado: 05/11/2019 18:42

alejandro tena

Publicado enMedio Ambiente
 Los presidentes y primeros ministros de los países reunidos este lunes en Bangkok. En vídeo, declaraciones de varios de los ministros. MANAN VATSYAYANA AFP | VÍDEO: REUTERS

La India ha optado por quedarse fuera, de momento, de la RCEP, una alianza abanderada por China y que excluye a EE UU

Quince países de Asia han concluido este lunes en Bangkok las negociaciones para constituir lo que promete ser la mayor zona de libre comercio del mundo y que se ratificará el año próximo. La RCEP, la Asociación Económica Integral Regional, es un proyecto promovido principalmente por Pekín, que se negociaba desde 2012 y que no incluye a Estados Unidos. En las negociaciones en la capital asiática, la India ha decidido no sumarse finalmente tampoco a la alianza por razones de “interés nacional”.

En el comunicado al término de la cumbre de países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) celebrada en Bangkok, los líderes de los 16 países negociadores indican que 15 de ellos “han concluido las negociaciones para los 20 capítulos y esencialmente todos los temas sobre acceso a los mercados”.

“No habrá ningún problema para que los 15 participantes en el tratado lo firmen el año próximo”, ha declarado el viceministro de Asuntos Extranjeros chinos, Le Yucheng. La India será “bienvenida” si en el futuro decide sumarse a esta asociación, formada por China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, además de los diez países de la ASEAN (Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunei).

Si todo sale como el viceministro chino promete y la India se suma al pacto, la futura RCEP abarcará el 47% de la población mundial, o 3.400 millones de personas, y el 32,2% del PIB mundial, 20,6 billones de euros. También acaparará el 32,5% de la inversión global y el 29% del comercio del planeta.

Para Pekín, el éxito de las negociaciones representa un espaldarazo económico y político. Como promotora de la iniciativa, consolida su influencia en Asia y el papel que busca de adalid global del multilateralismo. El acuerdo también servirá para apuntalar su economía en momentos en los que su crecimiento se hace más lento y se enfrenta con Estados Unidos en una guerra de trincheras comercial y tecnológica.

Las negociaciones para esta alianza habían alcanzado inicialmente escasos progresos desde que se lanzó la propuesta inicial en Camboya hace siete años. Pero recibieron un nuevo ímpetu después de que, inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump ordenara la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacíficode Cooperación Económica (TPP), el ambicioso tratado de libre comercio para ambas orillas del Pacífico que la Administración de Barack Obama concebía como el pilar económico para apuntalar la influencia de Washington en la región. La retirada de EE UU supuso la cuasi-defunción, a efectos prácticos, de aquel proyecto, pese a que 11 de sus miembros lo han ratificado.

En cambio, la propuesta china recibió una inyección de vitalidad. “No cabe duda de que daremos un giro hacia la RCEP si el TPP no avanza”, dijo en su día el primer ministro japonés, Shinzo Abe, uno de los principales adalides del acuerdo transpacífico.

La desaceleración generalizada entre las economías asiáticas al hilo de la guerra comercial entre EE UU y China terminó de suministrar el incentivo necesario para que las negociaciones llegaran a buen puerto.

La RCEP y el TPP son muy diferentes. Donde el TPP se centraba en la reducción de barreras no arancelarias (protección del medioambiente, estándares para la inversión extranjera), la RCEP pone el énfasis principalmente en los aranceles, sin las protecciones a los derechos laborales que ofrece el tratado que originalmente lideró EE UU.

La alianza, que requerirá la ratificación de los respectivos parlamentos nacionales, eliminará aranceles sobre más del 90% de los bienes intercambiados entre los miembros. El acuerdo también incluye protecciones sobre la propiedad intelectual y capítulos sobre inversiones y comercio de bienes y servicios. También estipula mecanismos para la resolución de disputas entre los países.

Entre otros problemas, las negociaciones han afrontado las reticencias de la India, una economía con déficit en su balanza comercial, a diferencia de las del resto de los países miembros, todas con superávit. Nueva Delhi teme que una amplia zona de libre comercio inunde su mercado de productos chinos y su industria manufacturera se viera perjudicada. También ve con sospecha la posibilidad de que los bienes agrícolas de Australia o Nueva Zelanda pudieran dañar a este sector de su economía.

“Nuestra decisión ha venido guiada por el impacto que este acuerdo tendría sobre nuestros ciudadanos”, ha declarado Vijay Thakur Singh, del Ministerio indio de Asuntos Exteriores, en una rueda de prensa citada por AFP.

La resistencia de la India no es el único problema por resolver en este acuerdo gigantesco, que aúna a economías tan dispares como la avanzadísima japonesa, la “socialista con características chinas” de Pekín o la de sistema comunista de Laos, uno de los países más pobres del mundo. Está por ver si el deterioro actual en las relaciones entre Japón y Corea del Sur tendrá algún impacto en la puesta en marcha de esta amplia zona comercial. Y Australia y Nueva Zelanda han expresado también su interés en fortalecer los derechos laborales o las protecciones medioambientales, como hace el TPP.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín 5 NOV 2019 - 03:59 COT

Publicado enEconomía
Sábado, 02 Noviembre 2019 07:24

Brasil es la cuña de EEUU en Sudamérica

Brasil es la cuña de EEUU en Sudamérica

Brasil está sólidamente alineado con EEUU, pero además se está convirtiendo en la espada de Washington: se permite juzgar a los gobiernos de la región, violentando las elementales normas diplomáticas y está tejiendo alianzas con los mismos países alineados con el imperio.

Tres datos centrales permiten llegar a esa conclusión. El primero es la reacción del presidente Jair Bolsonaro al triunfo electoral del peronismo en Argentina. El segundo es que aprovecha la coyuntura para poner en duda el futuro del Mercosur. Finalmente, en su gira por Asia y Medio Oriente consiguió tejer acuerdos con Arabia Saudí, el principal aliado de Washington en el mundo.

Bolsonaro dejó de lado las mínimas normas de cortesía diplomática para criticar frontalmente la elección de Alberto Fernández, al punto que se negó a felicitarlo por su victoria en primera vuelta. El canciller Ernesto Araújo fue más lejos aún, al decir que "las fuerzas del mal están celebrando" el resultado argentino, agregando que se trata de "una de las peores señales posibles".

Es cierto que Fernández tampoco fue diplomático, al pedir en su primer discurso, luego del triunfo del domingo 27, por la libertad de Lula, el expresidente de Brasil preso en el marco de la investigación Lava Jato. Este choque de presidentes no augura nada positivo para las relaciones bilaterales y para el Mercosur.

El Gobierno brasileño adoptó una actitud anormal en la región, incluso para los más conservadores. "Desde que asumió el gobierno, Jair Bolsonaro puso a Nicolás Maduro y La Habana como sus mayores enemigos en el hemisferio", escribe el periodista Jaime Chade. Según el diario El País, el canciller envió instrucciones a sus diplomáticos para promover una reunión de las Naciones Unidas para atacar a Cuba, aún en contra de la opinión de sus diplomáticos.

El articulista considera una profunda hipocresía que "se llame a Maduro como dictador y a Cuba como amenaza, mientras cierra los ojos para decir, con orgullo, que tiene afinidad con un príncipe saudí acusado de las peores atrocidades", en referencia a sus excelentes relaciones con el príncipe saudí Mohamed Bin Salmam. Quizá porque el gobierno de Riad anunció inversiones por 10.000 millones de dólares en Brasil.

La segunda cuestión la trajo el hijo del presidente, Carlos Bolsonaro, una especie de comunicador informal del gobierno. Con una argentina peronista, dijo en un tuit, Brasil debe rever el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, apuntando a su deseo de separar a Buenos Aires de la alianza regional.

En este punto es necesario recordar que EEUU siempre se opuso a la integración regional sudamericana, y sólo admitió un Mercosur volcado a las relaciones comerciales, desconfiando de cualquier alianza política entre Argentina y Brasil, los únicos países que por su peso económico, político y diplomático pueden arrastrar a toda la región en una dirección determinada.

EEUU ya consiguió, desde los gobiernos de Macri y Bolsonaro, que la UNASUR fuera desactivada, pero ahora puede congratularse de que el Mercosur también atraviese dificultades. Hasta ahora las relaciones comerciales entre ambas naciones sudamericanas eran importantes. El principal mercado de las exportaciones argentinas es Brasil, relevante para la industria por la venta de autopartes, ya que el resto de sus exportaciones son commodities agrícolas sin valor agregado.

La tercera cuestión es que Brasil está promoviendo un viraje hacia Asia y Oriente Medio, en busca de mercados y de inversiones. De hecho se convirtió en uno de los países más atractivos para los inversores, en la medida que derriba las barreras ambientales y laborales, así como las restricciones al capital extranjero en áreas sensibles como los hidrocarburos.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí desembolsará 10.000 millones dólares, un dato que fue hecho público luego del encuentro entre Bolsonaro y el príncipe heredero Bin Salman. Por otro lado, el jefe de gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, aseguró que ambos gobiernos formarán un consejo que definirá los sectores apropiados para efectivizar las inversiones.

Entre los intereses de los sauditas figura la construcción de un ferrocarril de casi 1000 kilómetros, desde el corazón agrícola de Mato Grosso hasta Pará, en el extremo norte del país, cuyo costo oscila en los tres mil millones de dólares. En paralelo, el fondo soberano de Abu Dhabi se mostró entusiasmado por las inminentes privatizaciones en Brasil.

En efecto, Brasilia espera recaudar 325.000 millones de dólares en los próximos años, en las subastas previstas en pozos petroleros, puertos y aeropuertos, pero también con las privatizaciones de empresas estatales como el correo.

Si este plan funciona, además de un profunda desnacionalización del país, Brasil puede conseguir los fondos necesarios para superar una crisis económica que ya se arrastra cinco años, desde el comienzo del segundo Gobierno de Dilma Rousseff, en 2014. Lo hace, además, apelando a los socios estratégicos de EEUU, ya que en su visita a China se habló de mejorar las relaciones comerciales pero no se mencionaron inversiones.

Por último, el Gobierno de Brasil está haciendo gestiones para un segundo encuentro con el presidente Donald Trump, en noviembre. Según relataron diplomáticos a Folha de Sao Paulo, este encuentro "sería una oportunidad especial para consolidar al jefe del Palacio del Planalto como líder regional, frente a procesos complicados en el vecindario sudamericano: Chile, Bolivia y Venezuela".

Este punto es relevante y puede tener consecuencias a largo plazo. Al parecer, la nueva visita de Bolsonaro a EEUU fue iniciativa de los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott. Luego de la década progresista, entre 2003 y 2015, en la que Washington sufrió cierto aislamiento en la región sudamericana, ahora está recuperando posiciones, para lo que necesita de aliados fuertes con llegada a todos los países.

Brasil se ofrece como la espada de EEUU en una región inestable y cada vez más volcada contra el neoliberalismo. Las masivas protestas en Chile, que durante décadas fue el aliado más estable de Washington en la región, son una llamada de alerta para la diplomacia de la Casa Blanca. En esta nueva coyuntura, Brasilia aparece como un aliado más confiable y sumiso a los intereses del capital financiero y del imperio.

20:02 01.11.2019

Publicado enInternacional
El tratado internacional para controlar a las multinacionales, cada vez más lejos

Esta semana tiene lugar en Ginebra la quinta sesión del grupo de la ONU encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Pero en el texto que se discute apenas queda nada del espíritu y la ambición con que nació este proceso hace cinco años.

El lunes 14 de octubre dio comienzo, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, la quinta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Como viene ocurriendo todos los años por estas fechas desde que en 2014 se aprobó la resolución del Consejo de Derechos Humanos que instaba a los países a avanzar en esta línea, durante toda esa semana está volviendo a ponerse en el centro de la agenda internacional la necesidad de contar con mecanismos de control para frenar la impunidad con que operan las grandes corporaciones en su expansión global. Las posibilidades de que este proceso en la ONU concluya con la creación de nuevas normas vinculantes que puedan poner mínimamente en riesgo los beneficios empresariales, sin embargo, son cada vez más remotas.

Ya el año pasado se presentó el primer borrador de lo que será el futuro tratado. En aquella versión inicial del texto había al menos seis elementos fundamentales que resultaban cuestionables y se alejaban de las demandas expresadas por las organizaciones sociales implicadas en el proceso. A saber: no se trataba de un instrumento jurídico específico para las empresas transnacionales; únicamente establecía obligaciones para los Estados; no incorporaba mecanismos efectivos para el cumplimiento de la legalidad internacional; dejaba de lado la responsabilidad solidaria de las multinacionales en las cadenas de valor globales; no tenía en cuenta la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión; no incluía instancias ni órganos de control y seguimiento.

En la segunda versión del texto del tratado, que ha sido presentada este año y está siendo la base de los debates en Ginebra esta semana, se profundiza aún más en esa misma línea. Así, lejos de incorporar las exigencias de una mayor regulación para evitar que se desdibujen las responsabilidades legales de las transnacionales en la esfera global, se sigue dejando en manos de los Estados las posibilidades de controlar a estas empresas. Por decirlo con un titular: el tratado está más cerca de convertirse en una versión remozada de los Principios Rectores —de los que, recordando su preámbulo, “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”— que de servir para avanzar en la creación de normas internacionales que sitúen los derechos humanos por encima de la lex mercatoria.

Poco queda ya del espíritu y la ambición con que nació la resolución 26/9 hace cinco años. Ni siquiera el que siempre fue el objetivo fundamental de un tratado de este tipo: que fuera útil para caracterizar los crímenes económicos y ecológicos cometidos por las empresas transnacionales y sirviera para cubrir el hueco que existe en el derecho internacional respecto a su regulación. En esta involución del proceso en Naciones Unidas han tenido mucho que ver las presiones de los lobbies empresariales y los cambios en la correlación de fuerzas a escala mundial. Los giros tanto del gobierno de Ecuador, que al principio asumió un fuerte liderazgo del proceso pero luego fue suavizando su posición, como de la Unión Europea, que de boicotear la primera sesión del grupo de trabajo en 2015 pasó a mostrar en la apertura de la sesión de ayer su buena disposición por el rumbo que está tomando el tratado, así lo atestiguan.

Frente a la arquitectura de la impunidad…

A la vez que en los organismos internacionales se va perfeccionando la retórica sobre “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos, continúa fortaleciéndose la arquitectura jurídica de la impunidad. Los contratos y los negocios empresariales se blindan a través del complejo entramado normativo que en las últimas décadas han venido construyendo las transnacionales y los Estados que las apoyan, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales y de la propia democracia. El proceso del tratado en la ONU, al fin y al cabo, no se desmarca de la realidad actual de los derechos humanos en todo el planeta.

El telón de fondo es que estamos viviendo una ofensiva mercantilizadora a escala global, en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se están exacerbando. Así continúa reforzándose un modelo donde las grandes empresas continúan ampliando su poder, poniendo en cuestión la propia democracia liberal-representativa y llegando a constituirse como un gobierno de facto. El resultado es la progresiva destrucción de la soberanía popular y la captura de países y territorios como si formasen parte de la organización interna de las grandes corporaciones.

Se agudiza, de este modo, la asimetría normativa que protege los derechos de las corporaciones transnacionales y el capital financiero, que cuentan con reglas de obligado cumplimiento y con tribunales privados que las aplican con una eficacia absoluta. Mientras, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comités encargados de su aplicación y la pasividad de los gobiernos ante el incumplimiento de los pactos y tratados internacionales.

En este contexto se generan modificaciones sustanciales en la propia categoría jurídica de los derechos humanos, que sufren una triple reconfiguración. Primero, se desregulan en base a la explotación generalizada de personas y los procesos de privatización. Segundo, se expropian siguiendo la lógica de acumulación por desposesión. Y tercero, se destruyen en función de un colonialismo/racismo extremo vinculado a la necropolítica. En ese contexto, resultan prescindibles quienes no participen de la sociedad de consumo o no aporten valorización al proceso de reproducción del capital.

Las instituciones globales y la mayoría de los Estados no solo están eliminando y suspendiendo derechos. También están reconfigurando quiénes son sujetos de derecho, quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos, lo que provoca una sensación de descomposición generalizada del sistema internacional de los derechos humanos. La feudalización de las relaciones económicas, políticas y jurídicas está colonizando la arquitectura institucional de las democracias representativas. Por eso, si se quiere hablar en serio de derechos humanos, de Ecuador a Rojava pasando por el Mediterráneo, hay que ajustar los discursos vacíos a los contextos donde esos derechos se subordinan a los intereses del capital transnacional.

Mientras el cuerpo normativo relacionado con la mercantilización del sistema neoliberal ha ido perfeccionándose a favor de las empresas transnacionales, se ha ido abandonando la posibilidad de ejercer un control real sobre sus actividades, dejando sus obligaciones socioecológicas en manos de los acuerdos voluntarios. En estos momentos, a raíz de la nueva oleada de tratados comerciales y de inversión, resurge la idea de incluir la “responsabilidad social” —rebautizada en la agenda internacional como los “objetivos de desarrollo sostenible”— como un elemento corrector de esta asimetría normativa.

Dos décadas después de que se lanzara el paradigma de la “empresa responsable” como un supuesto salto adelante en el modelo de relaciones entre las multinacionales y el conjunto de la sociedad, queda claro que la RSC nunca tuvo la intención de ser un instrumento eficaz para controlar a las grandes corporaciones. La “responsabilidad social”, además de servir para el lavado de cara empresarial, se ha constituido como una fórmula de soft law que se ampara teóricamente en la “ética de los negocios” pero que, en la práctica, apenas remite sus obligaciones a la publicación de sus memorias anuales.

De ahí la necesidad de introducir modificaciones en las legislaciones nacionales. Pero también, y sobre todo, de avanzar en regulaciones internacionales capaces de abarcar toda la complejidad de los grandes conglomerados económicos, con criterios que trasciendan el marco estatal, rompan la aparente separación entre matriz y filiales, y amparen el “levantamiento del velo corporativo”. La cuestión es que los Estados carecen de instrumentos políticos y normativos para poder controlar de manera efectiva a las empresas transnacionales, ya que las reglas internacionales de comercio e inversión —y la fuerza con la que los Estados centrales las hacen cumplir— construyen una armadura jurídica muy difícil de romper solamente desde el ámbito estatal.

…Regulación y confrontación

En la coyuntura actual del capitalismo global, cualquier intento de regulación de los mecanismos de extracción y apropiación de riqueza que protagonizan las grandes corporaciones puede convertirse en una medida de carácter radical, al atacar directamente al núcleo del beneficio empresarial. De hecho, la mera sugerencia de que puedan introducirse modificaciones legislativas en materia laboral o fiscal suele hacer saltar las alarmas de las patronales y los lobbies empresariales, que enarbolan la bandera de la “seguridad jurídica” para defender sus contratos e intereses privados.

En caso de verse afectadas por medidas regulatorias que perjudicasen sus intereses, no hay duda de que las grandes corporaciones presionarán con todos los instrumentos jurídico-económicos a su alcance para tratar de echarlas atrás. Pero el núcleo de esta disputa no se encuentra en una cuestión de técnica jurídica, sino de voluntad política; en otras palabras, en la capacidad para poder sostener ese tipo de reformas con una fuerte movilización social y apoyo popular. Lo que parece claro es que el Derecho oficial, al ser parte de la estructura hegemónica de dominación, únicamente podrá convertirse en un vehículo contrahegemónico si se subordina a la acción política.

El proceso seguido en la ONU no es ajeno a este contexto. Poco a poco, el tratado va convirtiéndose en un documento irreconocible en relación a los debates y a las propuestas formuladas entre 2015 y 2018 por juristas, defensoras de derechos humanos y representantes de las organizaciones sociales y de las comunidades afectadas. En el texto apenas queda nada sobre la empresa transnacional como sujeto de obligaciones en derecho internacional, sobre las normas de comercio e inversión, el rol que juegan las instituciones económico-financieras internacionales, la posibilidad de crear una corte mundial sobre empresas y derechos humanos, etc. En este marco, una estrategia de incidencia política solamente sostenida en la presión a embajadas y gobiernos no va a poder arrancar un tratado internacional para controlar de manera efectiva a las multinacionales.

Formalmente, el proceso continúa. Pero con este documento como base de la negociación entre los países, en la que inevitablemente se van a ir rebajando todavía más los postulados del texto, aunque finalmente llegara a aprobarse el tratado tampoco serviría de mucho. Las reformas “sin más”, además de meramente coyunturales, pueden acabar fortaleciendo el orden establecido y generar desmovilización social.

Sirva el declive del proceso hacia una normativa internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, en torno al cual se han articulado cientos de ONG y organizaciones sociales de todo el mundo, para reflexionar sobre las estrategias a seguir; para no perderse en procesos largos y burocráticos, no generar falsas expectativas y, a la vez, fortalecer la capacidad de denuncia, movilización e incidencia. En este tipo de negociaciones institucionales resulta cuestionable el consejo habitual del “realismo”. La concepción de “altura de miras” de los movimientos sociales y las comunidades afectadas es diferente a la que pueden tener los gobiernos de los países centrales y las empresas transnacionales. El pragmatismo del que estas últimas hacen gala se basa en una negociación asimétrica que suele terminar en resultados vacíos y poco precisos.

En un escenario que se torna cada vez más adverso, se trata de evitar que la acción social y política de los colectivos y movimientos en resistencia quede condicionada a los tiempos de los organismos nacionales e internacionales. La apuesta, más que por centrar todas las fuerzas en el terreno institucional, pasaría por seguir potenciando lógicas contrahegemónicas a nivel local, regional y global. Estas alianzas locales y globales, sin abandonar aquellas instancias de regulación en las que haya posibilidades de lograr importantes modificaciones normativas, resultan fundamentales para construir modelos alternativos capaces de desmantelar a las transnacionales y formular propuestas económicas de largo alcance.

Guiar la actividad social, política y económica con valores contrahegemónicos sustentados en el ecofeminismo, la propiedad colectiva, la democracia y la autogestión supone confrontar de raíz las prácticas promovidas por las empresas transnacionales. Y es que, además de separar el ámbito del mercado y el de las instituciones públicas, se trata de construir —más allá del sistema estatal— sistemas económicos, de cooperación y de nueva institucionalidad que sean capaces de autodinamizarse, autoconstruirse y autoorganizarse. Frente a la eliminación institucional de derechos, una articulación internacionalista que rechace a los Estados como única fuente de derecho y que reivindique el papel protagonista de organizaciones, movimientos y comunidades en la creación de las condiciones que garanticen una vida digna y en paz con el planeta a las mayorías sociales presentes y futuras.

Por Pedro Ramiro, Erika González, Juan Hernández Zubizarreta

El Salto

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