Martes, 30 Abril 2019 10:41

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enEdición Nº256
Jueves, 25 Abril 2019 08:12

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enColombia
Primera fila, de izquierda a derecha, en tercer lugar el padre Javier Giraldo acompañando a la Comunidad de Paz

La utilización de acciones jurídicas se constituye en una nueva herramienta para seguir atentando contra los habitantes que conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así lo demuestra la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz, tutela fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018, mediante la cual pretenden hacer retractar a las comunidades de sus denuncias públicas que evidencian el accionar conjunto entre militares, policías y paramilitares en la región, supuestamente para proteger el buen nombre y la honra de los militares. Vale la pena decir que estas comunidades desde el año 2005 renunciaron a la utilización de los aparatos judiciales del país, pues han vivido en carne propia la ineficiencia de los mismos y, por el contrario, sus miembros han sido amenazados, perseguidos, desplazados y asesinados luego de interponer denuncia judicial.


El padre Javier Giraldo Moreno, representante de la Comunidad de Paz, envió una carta a la Corte Constitucional en la cual defiende el derecho de las comunidades a negarse a obedecer la sentencia de rectificación, argumentando jurídicamente el por qué es legítimo no hacerlo y dejando claro que los elementos jurídicos utilizados por los militares son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Aquí la carta completa:


Señores Magistrados
SALA DE REVISIÓN CORTE CONSTITUCIONAL

Ref: Exp.: T-7092205, asignado el 28 de enero de 2019
Exp: T-1401460 Seguimiento Sentencia T-1025/07


De toda consideración.

En mi condición de representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habiendo actuado ante esa Honorable Corte en los procesos de revisión que dieron origen a las Sentencias T -249/03, T-327/04, T-1025/07, así como en el seguimiento a esta última y sus Autos consecutivos 164/12, 693/17 y Auto del 7 de septiembre de 2018, y conocedor de la Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018 por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó y de la solicitud de su revisión (Exp. T-7092205), asignada a la Sala de Revisión el 28 de enero de 2019 por Insistencia del Defensor Nacional del Pueblo, me permito aportar el siguiente escrito en calidad de AMICUS CURIAE, cuyo contenido puede tenerse en cuenta también para el seguimiento de la Sentencia T-1025/07 (Exp: T-1401460).

La Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, solicitó a la Juez de conocimiento de Apartadó proteger los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los militares adscritos a ella y a sus unidades menores, lesionados por las referencias que la Comunidad de Paz hace sobre el comportamiento de los militares en sus comunicados o Constancias Históricas difundidas en su página web. La Brigada solicita que la Comunidad rectifique las informaciones y que allegue a la fiscalía y a la misma Brigada las pruebas de los comportamientos ilícitos de los militares, y la juez acoge su solicitud en la sentencia.

Como la Honorable Corte lo conoce suficientemente, dadas las diversas sentencias emitidas en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los Autos que han tratado en vano de hacer cumplir las órdenes de sus sentencias y de los autos consecutivos, esta Comunidad de Paz desde el año 2005 renunció a utilizar en su defensa al aparato judicial y a colaborar con él de alguna manera, luego de experimentar durante 8 años que, en lugar de obtener algún acto de justicia y protección, más bien ponía en riesgo a sus miembros, ya que los testigos y declarantes, numerosos en esos primeros años, llegaban a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados o asesinados y que, al examinar un buen número de expedientes, se evidenciaban numerosos mecanismos de corrupción e impunidad, como la Comunidad se lo compartió a todas las Altas Cortes en el Derecho de Petición radicado el 19 de enero de 2009. Dicha ruptura con la justicia la Comunidad la fundamentó en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia”. Esto explica que la Comunidad no haya respondido a los requerimientos de la juez de tutela.

Pero fuera del problema procedimental, el cual hay que discernirlo a la luz de la imperatividad del artículo 18 de la Constitución considerado como principio de alta jerarquía constitucional, existen otros elementos jurídicos que hacen ilegal, ilegítima e inconstitucional la pretensión de los militares, los cuales pongo a consideración de la Honorable Corte:

Este litigio pone en juego el derecho a la libre expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Este derecho fue examinado profundamente en la Sentencia T-1025/07 (referida a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó) y hace parte de su núcleo doctrinal de fondo. En la Parte IV de dicha sentencia, donde se aborda la “Revisión por parte de la Corte – Consideraciones y Fundamentos” (No. 12, pag. 79) se afirma: “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad[1], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”

Si se tiene en cuenta, además, la jurisprudencia internacional sobre el tema, es importante referirse a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre de 2000, donde se establecen estos principios:


(1) “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”
(2) “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(5) “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
(11) “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por otra parte, hay derechos muy claros consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), en su Declaración conocida como el compendio de derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: en su artículo 6 establece el derecho de toda persona, individual o colectivamente: “a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Esta Declaración de la Asamblea General no deja duda alguna respecto al derecho que asiste a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó A PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIONES QUE PERMITAN DEBATIR SI ESOS DERECHOS SE OBSERVAN O NO, NO SOLO EN LA LEY SINO EN LA PRÁCTICA Y A SEÑALAR A LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO ESAS CUESTIONES POR MEDIOS ADECUADOS.

El ejercicio de un derecho como éste, fundamentado tan claramente en la jurisprudencia y la doctrina internacional, obedece también a circunstancias contextuales que es bueno tener en cuenta:

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde que tuvo claro que su conciencia ética le impedía colaborar con una “justicia” que no llenaba los mínimos requisitos para llamarse tal, como ampliamente se documentó en el Derecho de Petición a las Altas Cortes del 19 de enero de 2009, buscó caminos alternativos para que los crímenes de que era y sigue siendo víctima no se quedaran en la total impunidad. Su primer camino escogido fue llevar sus casos a tribunales internacionales y así lo hizo acudiendo, tanto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como a la Corte Penal Internacional, a la Audiencia Nacional de España y explorando otros espacios de jurisdicción universal, procesos todos que son muy prolongados y demandan costosos requerimientos. Otro camino, que creyó debía ser más expedito, fue el recurso al derecho constitucional de petición ante el Jefe de Estado, esperando que por vía administrativa tomara decisiones exigidas por su condición de garante de derechos, fundamentada en varios artículos de la Constitución Nacional; sin embargo, los numerosos derechos de petición radicados en los despachos de los últimos 4 presidentes, no dieron resultado alguno, pues los presidentes los remitieron siempre a los ministros de defensa, solidarios de la alta oficialidad castrense, los cuales jugaron un papel sistemático de encubrimiento y complicidad, dando respuestas saturadas de evasiones, negaciones y falsedades que permitieron siempre mantener incólumes las estructuras criminales de la región y sin investigación ni sanción alguna a los oficiales responsables de los crímenes. Presidentes y ministros se negaron, además, a suministrar los nombres de los agentes de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y lugares donde fueron perpetrados los crímenes, y desacataron con inflexible contumacia las sentencias y autos de la Corte Constitucional que les ordenó reiteradamente suministrar esos nombres. Un tercer camino que ha sido casi concomitante con la larga existencia de la Comunidad de Paz, ha sido el recurso a la sociedad civil, sin esperar de ella decisiones judiciales sino sólo éticas y políticas, pues se funda en el derecho de la especie humana a conocer el respeto o irrespeto con que los aparatos de Estado tratan la dignidad humana y en el derecho a pronunciarse, a protestar y a defender la vida y los derechos fundamentalmente humanos desde la opinión pública universal; este camino se ha alimentado a través de las Constancias Históricas que se difunden por las redes sociales y que en este caso son el blanco de ataque de las Brigada XVII y de la Juez Segunda Promiscua de Apartadó.

Otro elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Paz para que la administración de justicia pueda regenerarse. Por muchos años la Comunidad clamó para que se constituyera una Comisión de Evaluación de la Justicia, pues su trágica experiencia le fue mostrando que el aparato judicial desconocía la independencia de poderes y que recurría a métodos excesivamente perversos para construir testimonios y pruebas falsas para condenar a inocentes o para absolver a culpables, violando todos los principios rectores de los códigos vigentes y de los tratados internacionales y comprando la complicidad de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores. Cuando el líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005, estaba empeñado en conseguir que se constituyera esa Comisión. Gracias al Auto 164/12 de la Corte Constitucional, dicha Comisión se pudo constituir pero sufrió el boicot interno de los funcionarios participantes, llegando a su plazo máximo de funcionamiento sin haber examinado un solo expediente. A la Comunidad le asiste la convicción de que la justicia no puede funcionar rectamente si no se enfrenta ese pasado lleno de podredumbres, tanto para descubrir y establecer correctivos como para purificar su personal, excluyendo y sancionando a quienes la han convertido en un ámbito repugnante del delito, y además para reparar, al menos moralmente, a las víctimas.

En el Auto 693/17, la Corte no insistió en reconstruir la Comisión de Evaluación de la Justicia sino que propuso que los casos de la Comunidad de Paz fueran remitidos a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. La Comunidad ha examinado a fondo las posibilidades de justicia con que cuenta la JEP y le elevó una consulta documentada a su Presidenta, la cual fue respondida ampliamente en un documento que confirma sus dudas y temores. En primer lugar, la interpretación laxa que está haciendo la JEP del requisito para que un victimario (y consiguientemente sus víctimas) se acojan a ella: el que los hechos estén relacionados “directa o indirectamente con el conflicto armado” o se hayan perpetrado “con ocasión del conflicto”, distorsiona radicalmente las características de los crímenes sufridos por la Comunidad de Paz, cuya identidad esencial consiste justamente en no participar en el conflicto armado ni colaborar ni convivir con ningún actor armado. Si los victimarios de la Comunidad alegan relación alguna con el conflicto para poder acogerse a la JEP, eso solo es posible hacerlo apoyándose en calumnias infames que les hicieron creer que la Comunidad era lo mismo que la guerrilla. Esa infamia distorsiona radicalmente cualquier intento de justicia. Por otra parte, las diversas manipulaciones políticas del Estatuto de la JEP la inhabilitaron para ejercer justicia de acuerdo a los parámetros y normas del Estatuto de Roma: le quitaron la posibilidad de juzgar la responsabilidad de los jefes de Estado, y si algo llega a ser de absoluta evidencia, para quien lea y analice los 87 derechos de petición, con los horrores que allí se describen y los clamores apremiantes a los presidentes para salvar vidas, integridades y derechos de los miembros de la Comunidad y de los campesinos de su entorno, es que los presidentes fueron los máximos responsables del horror, por no atender clamores tan justos y urgentes de las víctimas y por no cumplir deberes tan esenciales de su cargo. La misma Corte Penal Internacional ha venido cuestionando la redacción tergiversada que se le dio a los artículos sobre responsabilidades de mando de los militares, para acomodarlos a una descarada impunidad. Otros artículos perversamente modificados por los poderes políticos han llenado de trabas la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas genocidas; las causales de sistematicidad; la incriminación a empresarios, políticos y funcionarios civiles cuyo papel no pocas veces fue determinante de los crímenes y de su impunidad. Todo esto se envuelve en un manto más gigantesco aún de dudas y oscuridades, cuando se percibe la ausencia absoluta en el SIVJRNR de estrategias de No Repetición. La creencia de que dejar intactas las instituciones y las estructuras que permitieron y favorecieron los horrores es “garantizar la no repetición” no es, en absoluto, de recibo. Queda claro que la JEP no es el escenario que pueda hacer mínima justicia a la Comunidad de Paz.

La revisión de esta sentencia de tutela debería abordar, en sana lógica, los factores que han llevado a una comunidad campesina agobiada por los más horrendos crímenes sistemáticos, a limitarse a la reacción más primaria de una víctima: el grito de auxilio ante sus semejantes. Y ese el último atajo elementalmente humano que la Brigada y la juez quieren cerrar en esa sentencia de tutela.

Anexo a este Amicus Curiae el libro “En las entrañas del Genocidio”, que sistematiza el informe de fondo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12325 y el CD: Anexos al Informe 21 Años de Ignominia, con copias de los procesos desarrollados en 21 años sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Con toda consideración,


Javier Giraldo Moreno, S. J.
C.C. 3.515.984 Dirección: carrera 5 No. 33-B-02, Bogotá, D. C. Tel: 2456181

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Jueves, 07 Marzo 2019 06:31

Brasil: el fin del Gobierno Bolsonaro

Brasil: el fin del Gobierno Bolsonaro

Algunos analistas y no pocos medios consideran que el presidente Jair Bolsonaro ya no gobierna en Brasilia. El mandatario y sus hijos son calificados como "payasos" por Mauro Lopes, del colectivo 'Periodistas por la Democracia', asegurando que "en Brasil manda una Junta Militar que aún no confiesa su nombre pero ya extendió sus redes".

 

En los dos primeros meses de Gobierno, Bolsonaro estuvo dos semanas internado, provocó una crisis ministerial por una pequeñez en su cuenta de Twitter, que llevó a la destitución de Gustavo Bebbiano, jefe de la Secretaría General de la Presidencia, quien además de ser el encargado de su campaña presidencial tuvo un entredicho en público con uno de sus hijos. En lugar de Bebbiano fue designado otro militar, el general Floriano Peixoto Neto.


El periodista afirma que "el Gobierno de Jair Bolsonaro no existe más", que "podrá seguir viviendo en el Palacio Alvorada y hasta jugar videojuegos en su oficina del Planalto, siempre que obedezcan a sus superiores, los generales".


Las afirmaciones parecen exageradas, pero reflejan en gran medida lo que está sucediendo. Desde la prensa más conservadora, O Estado de Sao Paulo, ya se habla de "la militarización de la máquina pública federal". Se trata, en opinión de varios periodistas especializados en las Fuerzas Armadas, como Tania Monteiro, de "una nueva fase del movimiento creciente de escoger oficiales de la reserva de las Fuerzas Armadas para posiciones estratégicas y sectores históricamente envueltos en denuncias de corrupción".


Un nuevo relevamiento detectó hasta 103 militares en los escalones segundo y tercero del Gobierno, ministerios, bancos e institutos estatales. Entre los objetivos declarados por las autoridades se conjugan los verbos "sanear" la gestión y "cuidar" los recursos del Estado. El especialista en ciencias políticas Eliézer Rizzo de Oliveira estima que la participación de militares obedece al descrédito de los políticos y a la inexperiencia del nuevo presidente. Pero advierte del "riesgo de desprestigio de las Fuerzas Armadas en caso de fracaso".


Sin embargo, se están enfrentando a problemas que van mucho más allá de sus capacidades para resolverlos. La primera es la verdadera escasez de cuadros gestores que no estén vinculados al sistema político, que ha sido siempre la fuente de reclutamiento de los administradores superiores del Estado, incluso en la dictadura militar (1964-1985).


La segunda son los salarios. Es casi imposible atraer especialistas por salarios que oscilan entre los 800 y 5.000 dólares, valores que se estiman muy bajos en comparación con lo que perciben directores del sector privado. Los militares en la reserva ya tienen su pensión y en caso de trabajar en el Estado perciben un complemento salarial, lo que beneficia sus bolsillos y a las arcas estatales. Pero el cuello de botella sigue siendo la capacitación.


El exministro de Asuntos Estratégicos, Hussein Kalout, destacó que "el Estado fue capturado por el corporativismo y las corporaciones sindicales", y que si esa realidad no es desmontada, "no hay manera de mejorar la gestión pública; mejorar la eficiencia de la máquina y racionalizar su funcionamiento requiere un esfuerzo colectivo y reformas estructurales".
Los analistas olvidan, sin embargo, que la larga dictadura militar que estuvo en el poder durante 21 años, dejó paso a la partidocracia de la que ahora reniegan. Los uniformados habían comenzado su gestión impulsando un fuerte crecimiento de la economía, pero cuando llegó la crisis de la deuda y se estancó la economía brasileña, a comienzos de la década de 1980, decidieron retornar a los cuarteles.


Por otro lado, los problemas que conlleva el Gobierno de Bolsonaro son mucho más graves que la falta de cuadros directivos. Días atrás, el canciller Ernesto Araújo, fundamentalista anticomunista, tuvo un fuerte enfrentamiento con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, una de las figuras más importantes del país, miembro del neoliberal PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña).


El 28 de febrero, Cardoso había señalado en su twitter que "nuevas elecciones libres son el camino para el futuro democrático en Venezuela", porque "las intervenciones militares no conducen a la democracia". La respuesta del canciller fue torpe. Dijo que el expresidente "defiende tradiciones inútiles de retórica vacía" y que las "desprecia abiertamente".


En una extensa perorata llena de prejuicios ideológicos, el canciller Araújo criticó la tradición de 25 años de política exterior brasileña, por estar basada en el "consenso", al que calificó como "infame", ya que permitió "el predominio creciente del bolivarianismo en América del Sur". Finalizó asegurando que en la crisis en curso "no fue Brasil quien siguió a EEUU, sino al contrario".


Semejante visión del mundo debe sonrojar a muchos brasileños y en particular a los militares, que se juegan el prestigio de su institución bajo este Gobierno.
Encuentro dos problemas urgentes para la gobernabilidad brasileña.


La primera es que no resulta adecuado atacar la política del consenso, en la que coinciden todos los estadistas del mundo menos Donald Trump, por lo menos en sus declaraciones. El inquilino de la Casa Blanca está aislado y en declive, y es muy probable que no pueda revalidar su cargo en las elecciones del próximo año.


La segunda es que los militares no tienen el menor interés en cortar los vínculos con toda la clase política brasileña, en particular con un veterano político como Cardoso, que no es un adversario porque está fuera del juego electoral y además tiene un enorme prestigio en el país y fuera de fronteras. Más allá de lo que se pueda opinar de Cardoso, es evidente que en algún momento en los próximos años, los actuales gobernantes deberán relacionarse con esos políticos que dicen detestar. Los partidos de Cardoso y de Lula son los dos más sólidos de la democracia brasileña y de algún modo los están poniendo en la misma bolsa, ganándose enemigos de forma gratuita.


El canciller Araújo ya se ha enfrentado a la poderosa burocracia de carrera de Itamaraty, situación que acaba de agravar al despedir a un embajador por criticar sus opiniones.
El destacado diplomático y economista Rubens Ricupero, exsecretario general de la Unctad, tuvo un fuerte cruce con el canciller al considerar que está realizando "un acto de represión político-ideológica que recuerda los momentos más sombríos de la dictadura militar, de la cual el actual presidente es un confeso admirador".


Ricupero remató su crítica diciendo que, a la luz de la actuación del canciller, "¿cuál es la autoridad moral que tiene este Gobierno para denunciar la represión del régimen de Maduro?" Parece evidente que las grietas de credibilidad son cada vez mayores en el Gobierno de Brasil.

21:45 06.03.2019URL corto

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Guaidó se queda sin oxígeno mientras Maduro se refuerza

Las fuerzas armadas se ha mantenido leales a Maduro y el episodio de la ayuda humanitaria ha dejado claro que el chavismo sigue controlando el país aunque tenga que usar la fuerza para ello.


Un mes después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela con el apoyo de Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional, se puede afirmar con seguridad que Maduro ha aguantado el asalto. Aun con dificultades se mantiene en pie tras la peor crisis política que ha vivido desde que es presidente. Todavía no se puede dar la crisis por concluida porque ha dejado heridas en todos los resortes del régimen y sigue teniendo a la calle —pese a estar fatigada— en su contra.


Pero Guaidó difícilmente puede seguir adelante en la escalada —a no ser que se saque un as de la manga— sin llamar de forma directa a una intervención extranjera, que mayoritariamente rechazan América Latina y la Unión Europea, y está por ver si de verdad Washington estaría dispuesto a llevarla a cabo. No hay un próximo paso nítido en su hoja de ruta. En la reunión del Grupo de Lima en Bogotá (Colombia), el vicepresidente americano, Mike Pence, expresó a Guaidó que su opción seguía siendo la solución pacífica.


A pesar del apoyo internacional, las fuerzas armadas se ha mantenido leales a Maduro y el episodio de la ayuda humanitaria ha dejado claro que el chavismo sigue controlando el país aunque tenga que usar la fuerza para ello. El autoproclamado presidente confiaba en que la entrada de convoyes con la ayuda provocaría un clímax de desobendiencia y deserciones masivas que precipitara la salida de Maduro.


Está por ver si Guaidó volverá a entrar a Venezuela “en los próximos días”, como asegura, y cómo lo hace y la reacción de las autoridades. Su marcha a Colombia fue vendida por sus partidarios como un nuevo “desafío” a Maduro ya que insinuó que cruzó la frontera con la ayuda de los militares. Pero también es cierto que quedarse en el país podía significar que se expusiera a ser detenido por los disturbios ocurridos. Y si vuelve, el régimen tiene la excusa perfecta para arrestarlo ya que la justicia venezolana —controlada por los chavistas— le prohibió salir del país como medida cautelar a la investigación que se anunció tras su proclamación.


Por el momento, el líder opositor se encuentra en una suerte de gira por América Latina donde ha sido recibido con honores de jefe de estado en Colombia, Brasil y Paraguay por sus respectivos presidentes. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, también lo invitó para que visitara su país. En sus comparecencias, Guaidó anuncia “nuevas movilizaciones” pero todavía sin concretar.


El régimen por su parte tampoco está para tirar cohetes. Tiene muchos frentes abiertos que intenta taponar como puede. Por una parte, evaluar el control de daños en las fuerzas armadas después de las deserciones acontecidas los últimos días. A pesar de no ser suficientes, tampoco son pocas. Según el servicio de Migración colombiano, 320 soldados abandonaron Venezuela para entrar a su país.


En el ámbito internacional, el chavismo intenta recuperar el terreno perdido ante Guaidó. El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha dado la batalla diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU donde se rechazaron varias resoluciones: una en la que se instaba a permitir la ayuda humanitaria y la otra —vetada por Estados Unidos— en la que se hacía un llamamiento al diálogo. De las iniciativas para el diálogo que anunció la UE junto con países como México y Uruguay no se habla ni se sabe nada. Pero eso es positivo para Maduro que acostumbra a pedir diálogo para ganar tiempo cuando la oposición le pone en dificultades.


El otro gran frente que el chavismo tiene abierto es el de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Washington bloqueó los activos de las empresas públicas venezolanas en el país a la vez que prohibió a las empresas americanas comprar petróleo a Venezuela. Estas sanciones significaron un paso más allá de la presión americana que hasta el momento se había limitado a castigar a personas concretas con alta responsabilidad en el régimen.


Es demasiado pronto para medir el alcance actual de estas medidas, pero los expertos coinciden en que tendrá unos efectos devastadores para la maltrecha economía venezolana porque afecta a PDVSA, que representa alrededor del 95% de las exportaciones del país. Muchas de las cuales se hacían en Estados Unidos a través de la filial Citgo. Caracas ha respondido protegiendo los activos que tiene en el exterior enviándolos a países amigos. Por ejemplo, ayer anunció que trasladaba la sede europea de PDVSA de Lisboa a Moscú por miedo a posibles sanciones por parte de la Unión Europea. Hace unos 15 días, la Fiscalía de Bulgaria bloqueó las cuentas bancarias de un abogado búlgaro al que PDVSA había transferido millones de dólares al sospechar que funcionara como un testaferro para evitar sanciones económicas.


Las sanciones tienen una importancia crucial porque, además de perjudicar gravemente a la población, pueden dificultar el mantenimiento de posiciones de privilegio que mantienen los altos mandos militares. El objetivo último es provocar una rebelión contra Maduro al perder esta posición. Los expertos calculan que todavía hace falta que transcurran unos meses para que eso ocurra y Caracas ya trabaja en un plan para contrarrestar los efectos.

Por santi piñol
La Habana
02/03/2019 10:40 Actualizado: 02/03/2019 10:40

Publicado enCrisis Venezuela
Miércoles, 05 Diciembre 2018 05:31

Condenaron a 53 represores

Miguel Krassnoff con esta sentencia suma 700 años de cárcel.

La Justicia chilena impuso sentencias a ex agentes de la DINA por el secuestro, tortura y el asesinato de ocho militantes comunistas.

 La Justicia de Chile condenó ayer a prisión a 53 agentes de la dictadura del general Augusto Pinochet por su responsabilidad en el secuestro, la aplicación de torturas y el asesinato de ocho militantes del Partido Comunista en 1976. El juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago,


Miguel Vázquez Plaza, impuso penas de entre tres y 20 años de cárcel para los imputados de secuestro calificado y homicidio calificado, según informó el Poder Judicial en un comunicado publicado en su sitio web. Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los imputados, con esta sentencia ya suma 700 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.
Los condenados prestaron servicios en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta que según el juez en aquellos años tuvo una evolución operativa y su objetivo pasó a ser la persecución y represión del Partido Comunista.


De acuerdo con la sentencia, las víctimas fueron detenidas para ser interrogadas y torturadas con el fin de obtener información sobre sus actividades en el partido, así como la identificación posterior de otros miembros de esa agrupación política. Su detención se enmarcó en medio de la operación “Calle Conferencia” y la reconstrucción de la misma fue posible por los relatos del personal del Comando de Aviación del Ejército, entre otros, y de mecánicos de aviación y encargados del mantenimiento. “Dichos apremios no cesaban hasta la obtención de la información requerida o hasta la inconsciencia de las víctimas”, precisó el fallo. La resolución del juez subraya que las víctimas fueron asesinadas por varios agentes de la DINA que utilizaron para ello bolsas de plástico con las que cubrieron sus cabezas hasta asfixiarlas. Las víctimas de los exagentes de la DINA fueron Mario Zamorano Donoso, Onofre Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortéz, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva, Eliana Espinoza Fernández y Víctor Díaz López.


Las cifras oficiales estiman que 3.200 personas fueron asesinadas por agentes del Estado durante la dictadura de Pinochet.

 

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Jueves, 11 Octubre 2018 05:51

Brasil en peligro: tres bombas reloj

Brasil en peligro: tres bombas reloj

La democracia brasileña está al borde del abismo. El golpe institucional que se inició con el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y prosiguió con el encarcelamiento injusto del expresidente Lula da Silva está casi consumado. La consumación del golpe significa hoy algo muy diferente de lo que inicialmente pensaron muchas de las fuerzas políticas y sociales que lo protagonizaron o no se opusieron. Algunas de esas fuerzas actuaron o reaccionaron con el convencimiento genuino de que el golpe pretendía regenerar la democracia brasileña por vía de la lucha contra la corrupción; otros entendieron que era el modo de neutralizar el ascenso de las clases populares a un nivel de vida que más tarde o temprano amenazaría no solo a las élites, sino también a las clases medias (muchas de ellas producto de las políticas redistributivas contra las que ahora se movilizan). Obviamente, ninguno de estos grupos hablaba de golpe y ambos creían que la democracia era estable. No se dieron cuenta de que había tres bombas reloj construidas en tiempos muy diversos, pero con la posibilidad de explotar simultáneamente. Si esto ocurría, la democracia revelaría toda su fragilidad y posiblemente no sobreviviría.


La primera bomba reloj se construyó en el tiempo colonial y en el proceso de independencia, se accionó de modo particularmente brutal varias veces a lo largo de la historia moderna de Brasil, aunque nunca se desactivó eficazmente. Se trata del ADN de una sociedad dividida entre señores y siervos, élites oligárquicas y el pueblo ignorante, entre la normalidad institucional y la violencia extrainstitucional, una sociedad extremadamente desigual en la que la desigualdad socioeconómica nunca puede separarse del prejuicio racial y sexual. A pesar de todos los errores y defectos, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) fueron los que más contribuyeron a desactivar esa bomba, creando políticas de redistribución social y de lucha contra la discriminación racial y sexual sin precedentes en la historia de Brasil. Para que la desactivación fuera eficaz sería necesario que dichas políticas resultaran sostenibles y permanecieran durante varias generaciones a fin de que la memoria de la extrema desigualdad y de la cruda discriminación dejara de ser políticamente reactivable. Como esto no ha sucedido, las políticas tuvieron otros efectos, pero no el efecto de desactivar la bomba reloj. Por el contrario, provocaron a quien tenía poder para activarla y hacerlo cuanto antes, antes de que fuera demasiado tarde y las amenazas para las élites y las clases medias se volvieran irreversibles. La avasalladora demonización del PT por los medios oligopolistas, sobre todo a partir de 2013, reveló la urgencia con la que se quería poner fin a la amenaza.


La segunda bomba reloj se construyó en la dictadura militar, que gobernó el país entre 1964 y 1985, y en el modo en que se negoció la transición a la democracia. Consistió en mantener a las Fuerzas Armadas (FFAA) como último garante del orden político interno y no solo como garante de la defensa contra una amenaza extranjera, como es normal en las democracias. “Último” quiere decir en situación de disposición para intervenir en cualquier momento definido por las FFAA como excepcional. Por eso no fue posible castigar los crímenes de la dictadura (a diferencia de Argentina, pero en la misma línea de Chile) y, por el contrario, los militares impusieron a los constituyentes de 1988 veintiocho párrafos sobre el estatuto constitucional de las FFAA. Por eso también muchos de los que gobernaron durante la dictadura pudieron seguir gobernando como políticos elegidos en el Congreso democrático. Apelar a la intervención militar y a la ideología militarista autoritaria quedó siempre latente, a punto de explotar. Por eso, cuando en los últimos meses los militares comenzaron a intervenir más activamente en la política interna (por ejemplo, apelando a la permanencia de la prisión de Lula), parecía normal, dadas las circunstancias excepcionales.
La tercera bomba reloj se construyó en Estados Unidos a partir de 2009 (golpe institucional en Honduras), cuando el Gobierno estadounidense se dio cuenta de que el subcontinente huía de su control mantenido sin interrupción (con la excepción de la “distracción” en Cuba) a lo largo de todo el siglo XX. La pérdida de control contenía ahora dos peligros para la seguridad de Estados Unidos: el cuestionamiento del acceso ilimitado a los inmensos recursos naturales y la presencia cada vez más preocupante de China en el continente, el país que, mucho antes de Trump, se consideró la nueva amenaza global a la unipolaridad internacional conquistada por Estados Unidos tras la caída del Muro de Berlín. La bomba comenzó entonces a construirse, no solo con los mecanismos tradicionales de la CIA y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (también conocido por su denominación anterior, Escuela Militar de las Américas), sino sobre todo con los nuevos mecanismos de la llamada defensa de la “democracia amiga de la economía de mercado”.


Esto significó que, más allá del Gobierno estadounidense, la intervención podría incluir organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los intereses económicos de Estados Unidos (por ejemplo, las financiadas por los hermanos Koch). En consecuencia, es una defensa de la democracia condicionada por los intereses del mercado y, por eso, descartable siempre que los intereses lo exijan. Esta bomba reloj mostró que ya estaba lista para operar en Brasil desde las protestas de 2013. Fue mejorada gracias a la oportunidad histórica ofrecida por la corrupción. La gran inversión norteamericana en el sistema judicial se inició a principios de 1990, en la Rusia postsoviética, y también en Colombia, entre muchos otros países. Si la cuestión no es el regime change, la intervención tiene que ser despolitizada. La lucha contra la corrupción es precisamente eso. Sabemos que los datos más importantes de la operación Lava Jato fueron proporcionados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El resto fue resultado de la miserable “delación premiada”. El juez Sérgio Moro se transformó en el agente principal de esa intervención imperial. Solo que la lucha contra la corrupción por sí sola no será suficiente en el caso de Brasil. Lo fue para neutralizar la alianza de Brasil con China en el ámbito de los BRICS, pero no será suficiente para abrir plenamente Brasil a los intereses de las multinacionales. Es que, como resultado de las políticas de los últimos cuarenta años (algunas venidas de la dictadura), Brasil tuvo hasta hace poco inmensas reservas de petróleo fuera del mercado internacional, tiene dos importantes empresas públicas y dos bancos públicos, y 57 universidades federales completamente gratuitas. Es decir, es un país muy distante del ideal neoliberal, y para aproximarse al mismo se requiere una intervención más autoritaria, dada la aceptación de las políticas sociales del PT por la población brasileña.


Así surgió Jair Bolsonaro como el candidato “preferido de los mercados”. Lo que él dice sobre las mujeres, los negros o los homosexuales o acerca de la tortura poco interesa a los “mercados”. Poco interesa que el clima de odio que él creó esté incendiando el país. En la madrugada del pasado lunes 8, el conocido maestro de capoeira Moa do Katende fue asesinado en Salvador por un seguidor de Bolsonaro a quien no le gustó que el maestro expresara su apoyo a Haddad. Y esto es solo el comienzo. Nada de esto interesa a los “mercados” con tal de que su política económica sea semejante a la del dictador Pinochet en Chile. Y todo lleva a pensar que lo será, pues su economista jefe tiene conocimiento directo de esa infame política chilena. El político de extrema derecha estadounidense, Steve Bannon, apoya a Bolsonaro, pero es solamente la cara visible del respaldo imperial.

Los analistas del mundo digital están sorprendidos con la excelencia de la técnica de la campaña bolsonarista en las redes sociales, que incluyó microdireccionamiento, marketing digital ultrapersonalizado, manipulación de sentimientos, fake news, robots, perfiles automatizados, etcétera. Quien vio la semana pasada en la televisión pública norteamericana (PBS) el documental titulado Dark Money, sobre la influencia del dinero en las elecciones de Estados Unidos, puede concluir fácilmente que las fake news en Brasil (sobre niños, armas y comunismo, etcétera), son la traducción al portugués de las que el dark money hace circular en Estados Unidos para promover o destruir candidatos. Si algunos centros de emisión de mensajes tienen sede en Miami y Lisboa es poco relevante (pese a ser verdadero).


La victoria de Jair Bolsonaro en segunda vuelta significará la detonación simultánea de las tres bombas reloj. Y difícilmente la democracia brasileña sobrevivirá a la destrucción que provocará. Por eso la segunda vuelta es una cuestión de régimen, un auténtico plebiscito sobre si Brasil debe continuar siendo una democracia o pasará a ser una dictadura de nuevo tipo. Un muy reciente libro mío circula hoy bastante en Brasil. Se titula Izquierdas del mundo, ¡uníos! Mantengo todo lo que digo ahí, pero el momento me obliga a una invocación más amplia: demócratas brasileños, ¡uníos! Es cierto que la derecha brasileña reveló en los últimos dos años una afección muy condicional a la democracia al alinearse con el comportamiento descontrolado (más bien controlado en otros sitios) por parte del poder judicial, pero estoy seguro de que amplios sectores de ella no están dispuestos a suicidarse para servir a “los mercados”. Tienen que unirse activamente en la lucha contra Bolsonaro. Sé que muchos no podrán pedir el voto por Haddad, pues tanto es su odio al PT. Pero basta que digan: no voten por Bolsonaro. Imagino y espero que eso sea dicho públicamente y muchas veces por alguien que en otro tiempo fue gran amigo mío, Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil y, antes de eso, un gran sociólogo y doctor honoris causa por la Universidad de Coímbra, de quien pronuncié el discurso de elogio. Todos y todas (las mujeres no tendrán en los próximos tiempos un papel más decisivo para sus vidas y las de todos los brasileños) deben involucrarse activamente y puerta a puerta. Y es bueno que tengan en mente dos cosas. Primero, el fascismo de masas nunca lo hicieron masas fascistas, sino minorías fascistas bien organizadas que supieron capitalizar las aspiraciones legítimas de los ciudadanos comunes a vivir con un empleo digno y seguridad. Segundo, al punto que llegamos, para asegurar un cierto regreso a la normalidad democrática, no basta que Haddad gane: tiene que hacerlo con un holgado margen.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ensañamiento hasta el fondo de lo absurdo

Un juez de Apartadó le informó en estos días a nuestra Comunidad de Paz, que la Brigada XVII del ejército puso una Acción de Tutela contra nosotros, alegando que nuestras constancias lesionan su honra y buen nombre. El Juez, en lugar de ponerse en el lugar de las víctimas de los crímenes militares, prefirió jugar el juego que los armados le propusieron: hacer de cuenta que las víctimas son las escopetas y no las palomas. Y actuó en consecuencia, aceptando la tutela. ¿En qué país vivimos, Dios nuestro?


Puesto que se nos pide introducirnos en un proceso judicial, una vez más invocamos nuestra Objeción de Conciencia, apoyados en el Artículo 18 de la Constitución Nacional.


Durante los primeros 8 años de nuestro proceso creímos en las instituciones; acudimos a ellas intensamente; urgimos la apertura de investigaciones a montones frente a los centenares de crímenes que nos dejaban deshechos; rendimos declaraciones en fiscalías y juzgados por cantidades; acudimos a tribunales internacionales; inundamos de derechos de petición los despachos presidenciales clamando con urgencia medidas de protección. Nunca fuimos escuchados. Perdimos tres centenares de compañeros y compañeras abatidos por las muertes más crueles e ignominiosas y precisamente por meternos tan de lleno en la exigencia de justicia, conocimos a fondo la podredumbre que había en esas instituciones. Tuvimos en las manos las fotocopias de muchos procesos y comprobamos en directo los montajes que se urdían en la Brigada XVII, usurpando el poder judicial, inventándose falsas acusaciones a fuerza de torturas, chantajes y sobornos, todo tejido en purulentas redes de corrupción entre militares, policías, fiscales, jueces, procuradores, defensores, magistrados y detectives, lo cual nos produjo náuseas morales y la decisión irrevocable de no volver a colaborar con esa podredumbre que se hace llamar “justicia”. Lo que nos quedó totalmente claro era que nuestras conciencias no nos permitían seguir relacionándonos con esa perversidad. Por eso hicimos LA RUPTURA.


También recogimos procedimientos depravados y nombres de funcionarios envilecidos por la corrupción y, en un gigantesco derecho de petición, el 19 de enero de 2009 le presentamos todo eso a todas las altas Cortes del Estado para que declararan un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”, pero desgraciadamente los magistrados de las altas Cortes se echaron para atrás, frente a una tarea que seguramente les habría acarreado multitud de venganzas y quizás atentados y muertes.


El Estado lo ha intentado todo para destruirnos: desde nuestro nacimiento como Comunidad de Paz, el 23 de marzo de 1997, lo primero que intentó fue eliminarnos físicamente. Asesinó a centenares de compañeros y compañeras; para ello echó mano de los “falsos positivos” con derroche de sevicia, y los militares que los ejecutaron no han sido tocados por la “justicia”. No les tembló la mano para descuartizar niños y mujeres. Planearon las masacres más horrendas y las camuflaron con informes, órdenes de operaciones y mapas adulterados, como los mismos oficiales lo confesaron bajo el peso de sus remordimientos. Violaron mujeres. Profanaron y ocultaron cadáveres. Aún nos deben a muchos desaparecidos –crímenes que no prescriben- y ojalá la JEP los obligue a devolver siquiera sus restos. Todo esto lo hicieron en una alianza a la luz del día con los paramilitares, cuyos lazos con ellos son de muy larga data. Recordamos haberlos visto muchas veces cocinando juntos el almuerzo y ellos mismos son los que hoy nos repiten, todas las semanas, en las veredas donde tratan de humillarnos, que todo está coordinado con sus “primos”: los militares.


Como no nos pudieron matar a todos porque varios gobiernos y comunidades internacionales se les pusieron de frente y los censuraron moral y políticamente, entonces buscaron degradarnos. Se aliaron con medios perversos de comunicación para que nos publicitaran a todos los vientos como aliados y colaboradores de la guerrilla. Con ese falso título, que contradecía en su núcleo lo que buscamos al alejarnos de toda colaboración con la guerra, encarcelaron a multitud de campesinos inocentes, llevándolos primero a la Brigada para confeccionar el montaje, el cual era aceptado de antemano por los corruptos fiscales y jueces. A otros con el mismo montaje los mataron en falsos combates y vistieron sus cadáveres con uniformes camuflados. Todos esos expedientes están por reabrir para sacar a la luz su podredumbre. La Corte Constitucional en un momento nos dio la razón y aceptó que se formara una Comisión de Evaluación de la Justicia (Auto 164 de 2012) pero los mismos delegados de otras instituciones participantes se encargaron de boicotear su desarrollo. Hay allí una tareahistórica ineludible y un deber sagrado para con la humanidad y para con la dignidad de las víctimas.


No les bastó eliminar a una parte importante de nuestra Comunidad. Como siempre han querido destruirnos radicalmente, se propusieron durante varios años matarnos por hambre. En los retenes nos robaban toda la comida que traíamos y a algunos los mataron en la misma carretera al quitarles sus mercaditos. Mataron a 4 conductores para aterrorizar a los demás conductores y lograr que nadie subiera alimentos. Luego mataron a los tenderos del caserío y a los tenderos de la carretera. Les quemaron los cultivos a las viudas y recorrieron fincas destruyendo cultivos y robando mercados y animales. Sin embargo, tampoco pudieron exterminarnos por hambre.


En un posterior esfuerzo, la Brigada ha tratado de cooptar a las organizaciones campesinas y meterles en su cabeza la idea de que nuestra Comunidad es enemiga del progreso y del desarrollo, por el hecho de no estar de acuerdo en que las carreteras las construyan los paramilitares y que todo el territorio se ponga al servicio de la minería y de la ganadería, empresas que acaban con la cultura campesina y arruinan el medio ambiente. Nos han estigmatizado y ahora impulsan el robo de nuestros predios donde hemos organizado nuestra subsistencia y la de la generación que se levanta. Ya no saben de qué nuevas estrategias echar mano para destruirnos.


Ahora buscan aliarse con el poder judicial para empujarlo a decisiones absurdas y perversas. Lograron que el 30 de diciembre pasado un juez dejara en libertad a quienes iban a asesinar a varios de nosotros, y si no lo hicieron, fue porque varios de nuestra Comunidad se lanzaron a tiempo a inmovilizarlos y desarmarlos. El juez juzgó que ese tipo de retención era ilegal y violatoria de sus derechos. Lo único que cabe pensar es que el juez les reconocía un extraño “derecho a matar” y a la Comunidad le exigía un extraño “deber de dejarse matar”.


Ahora ocurre algo muy similar: el juez cree que el buen nombre y la honra que hay que preservar es la de los victimarios y que a las víctimas hay que imponerles la obligación de callarse, de no denunciar, de dejarse exterminar. Ya hemos llegado, pues, al fondo del absurdo.


Comunidad de Paz de San José de Apartadó


Octubre 7 de 2018

Publicado enColombia
Domingo, 16 Septiembre 2018 07:50

Espadas sobre la cabeza de Maduro

Nicolás Maduro junto al general en jefe, Vladimir Padrino, quien ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza / Foto: Afp, Juan Barreto

El espectro de una acción armada para derrocar al presidente Nicolás Maduro sobrevuela Venezuela, en la forma de una sublevación militar animada por Washington, de un atentado que siembre el caos, o incluso de un ataque de fuerzas extranjeras. Un artículo en “The New York Times” reveló reuniones de militares disidentes venezolanos con diplomáticos de Estados Unidos.

 

Después de que en agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, en una de sus declaraciones críticas sobre Caracas, dijese: “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una opción militar si fuese necesario”, militares venezolanos dispuestos a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro contactaron a responsables de Estados Unidos para solicitar ayuda concreta para sus propósitos.
Washington aceptó escucharlos, pero con desconfianza, y sus analistas no percibieron certeza en los planes de los rebeldes, por lo que descartaron involucrarse o proporcionar ayuda. El alzamiento entonces se frustró, el gobierno detuvo a uniformados bajo sospecha y así redujo a la mitad la hipotética fuerza rebelde de unos 300 oficiales.


Esa es la nuez de un extenso relato que publicó The New York Times el pasado 8 de setiembre y que de nuevo atrajo la atención de la prensa del hemisferio hacia las espadas que penden sobre el presidente Maduro.


El gobierno venezolano tomó la nota del rotativo estadounidense como evidencia de las acciones de Washington en su contra: “A confesión de partes, relevo de pruebas. ¡Cuántas veces no ha denunciado el presidente Nicolás Maduro la acción injerencista, brutal, criminal, de los factores imperiales en contra de Venezuela! Lo dice el New York Times”, declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias”, dijo por su parte el canciller Jorge Arreaza.


Reuniones de funcionarios estadounidenses con militares conspiradores repiten un guion conocido en la historia de América Latina, y en el caso de Venezuela amplían un panorama de disidencia militar y búsqueda de deponer al presidente mediante acciones armadas, según ha denunciado el propio gobierno.


El alto mando militar procura mineralizar el apoyo al gobierno con llamados y compromisos públicos de lealtad por parte de toda la oficialidad y una clara política de ascensos y promociones –oficiales activos y retirados manejan recursos y empresas del Estado– de los más leales. Para la oposición política los amagos rebeldes detectados por el gobierno y la detención de oficiales muestran el descontento dentro de las fuerzas armadas.


GOLPES FRUSTRADOS.


El pasado marzo fueron detenidos nueve oficiales y se les inició juicio por los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Estarían comprometidos en un golpista Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo, según versiones recogidas por la prensa local y redes sociales.


Hubo escasa información y publicidad sobre las detenciones, a pesar de un dato relevante: varios de los detenidos comandaban batallones del Ejército con importante poder de fuego. La sublevación que encabezó en febrero de 1992 el ya fallecido Hugo Chávez (1999-2013) la ejecutaron batallones del Ejército dirigidos por cinco teniente-coroneles. Comandantes en ese decisivo nivel de mando de tropas también abortaron el golpe de dos días contra Chávez en abril de 2002. Los actuales dirigentes venezolanos conocen muy bien la importancia de desmontar cualquier disidencia en ese nivel castrense.


Es así como entre los detenidos en marzo figuraron los teniente-coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones clave para el combate en el centro-norte del país.


También en marzo fue detenido y permanece tras las rejas el mayor general (general de tres estrellas) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de complotar contra el gobierno. Fue jefe de la policía política (Sebin) con Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013), y tras su retiro dirigía una pequeña formación política opositora, llamada Movimiento Desafío de Todos.


El pasado 20 de mayo se efectuaron elecciones presidenciales para el sexenio 2019-2025, adelantadas con respecto a la tradición de que se efectuasen en diciembre. Fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición, cuyo registro oficial ha sido cancelado. Hubo una abstención récord, de más del 50 por ciento, en los comicios presidenciales. Alrededor de esa fecha, y con la expectativa del rechazo implícito en la elevada abstención, conversaciones de pasillo en algunas formaciones políticas sostuvieron que se produciría un alzamiento militar, el cual nunca sucedió. Sin embargo, la oportunidad calza con las fechas señaladas en el artículo de The New York Times que da cuenta de tres rondas de reuniones o entrevistas de algún jefe militar o sus representantes con diplomáticos estadounidenses en Europa, en los meses finales de 2017 y primeros de 2018.


La agencia de información financiera Bloomberg produjo una nota con base en informantes bajo condición de anonimato según la cual en mayo fueron “detenidos secretamente” varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes.


El reporte del Times neoyorquino también se basa en un general que habló con la condición de mantenerse en el anonimato. Formaría parte del círculo de poder cívico-militar en Caracas y, por añadidura, se encuentra en la lista de unos 70 funcionarios y empresarios venezolanos que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


ATENTADO CON DRON.


El 4 de agosto, frente a una parada militar en el centro de Caracas presidida por Maduro, estalló un artefacto identificado como uno de los dos drones con explosivos lanzados desde las cercanías por algunos civiles, ejecutores materiales de un complot criminal, según investigaciones del gobierno y de la Fiscalía General. Dos parlamentarios opositores fueron implicados: el joven diputado Juan Requesens, quien según sus familiares y copartidarios habría sido detenido y luego torturado, y Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano que el gobierno no reconoce), autoexiliado en Bogotá. Ambos pertenecen al partido centrista Primero Justicia.


En cuestión de horas Maduro acusó al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos de facilitar la organización del crimen, y a exiliados venezolanos cobijados por Washington y Bogotá de aportar finanzas y materiales para el atentado, que dejó a varios cadetes heridos y mostró en unos segundos de televisión una estampida de guardias nacionales y civiles huyendo ante la explosión del dron en el aire.
Inmediatamente no se responsabilizó a militares como organizadores o cómplices del atentado, pero en los días siguientes se detuvo a los generales de la Guardia Nacional (fuerza militar con funciones de policía) Alejandro Pérez Gámez, jefe de los servicios de mantenimiento del orden interno, y Héctor Hernández, jefe del comando antidrogas, así como al coronel Pedro Zambrano, este último por segunda vez este año. Todos fueron pasados a tribunales militares sin que se conozcan detalles sobre los cargos en su contra.


DESCONTENTO Y LEALTAD.

En las fuerzas armadas “se expresa el mismo descontento que hay en las familias venezolanas”, ha sostenido el mayor general retirado Clíver Alcalá, cercano compañero de Chávez, apartado del poder bajo la administración de Maduro. “La institución está tan deteriorada que no tiene capacidad operativa para emprender ninguna misión. Hay casi 2 mil generales, más generales que coroneles. La pirámide está invertida. Y todo el mundo desconfía de todo el mundo”, según Alcalá.


El descontento militar por los bajos sueldos o la mengua de sus funciones y privilegios fue alimento para sublevaciones a lo largo del siglo XX latinoamericano. En Venezuela, que vive la mayor hiperinflación conocida en el hemisferio, se produce desde el pasado 20 de agosto un sacudón económico con resultados todavía muy inciertos: devaluación de 96 por ciento de la moneda, fuertes alzas de precios, escasez de productos y servicios esenciales, más impuestos, multiplicación por 35 del salario mínimo y aplanamiento salarial: se acorta la diferencia entre lo que ganará un maestro de escuela y un rector universitario, el director de un hospital y un enfermero, un teniente y un general…


El general en jefe Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza de los militares que dirigen las principales empresas del Estado, ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza en el nuevo programa económico de Maduro. Ya hace meses, los miles de oficiales firmaron un compromiso público reiterando su lealtad al presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas. La lealtad es una consigna que se repite en todas las actividades castrenses y del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.


Otro componente en este juego de poder son los mecanismos de control derivados de una zonificación en regiones militares, acompañada de una integración de esfuerzos en una sola fuerza armada con cinco componentes: Ejército, Marina, Aviación, Guardia Nacional y Milicia, esta última integrada principalmente por personas de más de 40 años. Detractores del gobierno sostienen que en todo el cuerpo castrense actúan agentes de inteligencia cubanos que trabajan para información y asesoría del “alto mando político-militar de la revolución”, una instancia a veces referida por el presidente Maduro.


UNA RADIO, POR FAVOR.


El New York Times refirió que los militares rebeldes no solicitaron armas o combatientes a Washington, sino “equipos de radio encriptados, pues necesitaban comunicarse de manera segura”. La negativa estadounidense desmoronó el complot, según el rotativo. El dato ilustra el grado de control y el riesgo de delaciones ante una eventual acción subversiva, pero es desestimado por expertos como Rocío San Miguel, presidenta de la crítica organización no gubernamental Control Ciudadano, para quien “creer que un golpe de Estado en Venezuela depende de la entrega de radios cifradas por parte de Estados Unidos es un chiste, por decir lo menos”.


El “detalle” nutrió también la posición editorial de The New York Times tras la amplia difusión de su informe acerca de las reuniones golpistas: Estados Unidos “no debería estar en el negocio del golpe”, escribió el rotativo: “Es un alivio saber que la administración de Trump decidió no ayudar a los líderes rebeldes en Venezuela (…) pero es preocupante pensar que el presidente Trump y sus asesores hicieron el llamado correcto por la razón equivocada: falta de confianza en los conspiradores para tener éxito en una operación arriesgada, en lugar de una preocupación de principios sobre la intervención”.


Sube el tono

Diosdado Cabello, capitán retirado, considerado por medios de prensa como “número 2” en la estructura de poder en Venezuela y referente del “ala militar del chavismo”, fue repentinamente esta semana blanco de ataques por parte de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la Onu. Haley acusó a Cabello de “ladrón” y “narcotraficante”, y afirmó que“Cabello estuvo involucrado directamente en el tráfico de drogas, con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa. Utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar sus drogas y eliminar la competencia”.
El senador republicano Marco Rubio, considerado un influyente consejero de Trump en asuntos de Cuba y Venezuela, ha pedido acciones armadas para derrocar a Maduro, y ha replanteado la posibilidad de una intervención estadounidense. Ya en febrero afirmaba que “el mundo apoyará a los militares de Venezuela si deciden restaurar la democracia”; en julio expuso que “siempre he apostado a una salida pacífica y no militar para Venezuela, pero las circunstancias han cambiado. Les dije a mis colegas que Trump no avisará si decide actuar contra Nicolás Maduro”, y más recientemente aseveró que “el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la seguridad de la región e incluso de Estados Unidos”. La “amenaza a la seguridad estadounidense” ha sido una especie de mantra para justificar intervenciones en contra de gobiernos caídos en desgracia a ojos de Washington.


Durante décadas, la posibilidad de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela fue una hipótesis de estudio en academias militares de ambos países. Por ello destaca que esta semana Iván Duque, el nuevo presidente colombiano, acérrimo crítico de Maduro y quien en noviembre recibirá la visita de Trump, dijese que aunque Venezuela es “una dictadura deleznable”, en su criterio “Estados Unidos es el primero en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino” para encarar el tema venezolano.


Entretanto, el buque-hospital Comfort, de la Armada estadounidense, con un personal de salud de hasta mil efectivos, navega rumbo a las costas colombianas para, según se informó oficialmente, auxiliar en la atención a los migrantes venezolanos en Colombia…

Publicado enInternacional
Lunes, 06 Agosto 2018 08:24

Venezuela: atentado y dobles raseros

Venezuela: atentado y dobles raseros

El sábado, en Caracas, en el curso de una ceremonia de la Guardia Nacional Bolivariana, se perpetró un atentado contra el presidente Nicolás Maduro por medio de drones cargados de explosivos. Aunque el mandatario salió ileso, siete militares resultaron heridos. Un grupo denominado Operación Fénix y una cuenta de Twitter llamada Soldados de Franelas se atribuyeron la agresión.


Independientemente de lo que llegue a determinarse acerca de la autoría intelectual del ataque –las autoridades venezolanas detuvieron a seis personas presuntamente relacionadas con la acción y el propio Maduro apuntó a círculos de extrema derecha en Miami y acusó de complicidad al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, lo que fue rápidamente desmentido desde Bogotá– y de la opinión que se tenga acerca del régimen bolivariano, el atentado es un acto condenable e inaceptable que introduce un factor de violencia e incertidumbre en la de por sí complicada situación política de la nación sudamericana, y multiplica con ello las dificultades para encontrar una solución institucional, pacífica y consensuada a la crisis en ese país.


Como cabría esperar ante cualquier agresión física a un gobernante, las autoridades de Francia, Rusia, España, Siria, Irán y otros países condenaron el ataque y otro tanto hicieron la Unión de las Naciones Sudamericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Resulta inexplicable, en cambio, el silencio que han guardado otros gobiernos, como los de Estados Unidos y México, y organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya secretaría general, a cargo del uruguayo Luis Almagro, ha mantenido una abierta belicosidad en contra del gobierno de Venezuela y una injustificable parcialidad en el conflicto entre las autoridades de ese país y los grupos opositores.


Es claro que si cualquier otro presidente del hemisferio hubiera sido el objetivo de un atentado, quienes ahora callan se habrían apresurado a manifestar su repudio a la agresión y su solidaridad con el afectado, lo que denota un doble rasero basado en la animadversión ideológica contra Maduro. La violencia política y los atentados terroristas –si es que el del sábado pasado en Caracas alcanza tal calificativo– deben ser condenados sin miramientos vengan de donde vengan y sean cuales sean sus posiciones y sus discursos justificatorios. En la medida en que se ignora esa noción, las endebles democracias latinoamericanas no son capaces de actuar en conjunto ante los intentos disruptivos que las amenazan, como se ha visto en el pasado reciente en Honduras, Paraguay y Brasil.


Otro tanto cabe decir de la mayoría de los medios informativos internacionales, los cuales, con unas cuantas excepciones, han gastado en la ocasión más bytes, minutos y tinta en proseguir sus descalificaciones rutinarias del gobierno chavista que en señalar lo inadmisible que resulta un intento de homicidio en contra de un jefe de Estado.


Se puede simpatizar o no con Maduro y con el régimen venezolano, pero es alarmante que se minimice, relativice o ignore la tentativa de magnicidio que tuvo lugar en Venezuela.

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