Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ensañamiento hasta el fondo de lo absurdo

Un juez de Apartadó le informó en estos días a nuestra Comunidad de Paz, que la Brigada XVII del ejército puso una Acción de Tutela contra nosotros, alegando que nuestras constancias lesionan su honra y buen nombre. El Juez, en lugar de ponerse en el lugar de las víctimas de los crímenes militares, prefirió jugar el juego que los armados le propusieron: hacer de cuenta que las víctimas son las escopetas y no las palomas. Y actuó en consecuencia, aceptando la tutela. ¿En qué país vivimos, Dios nuestro?


Puesto que se nos pide introducirnos en un proceso judicial, una vez más invocamos nuestra Objeción de Conciencia, apoyados en el Artículo 18 de la Constitución Nacional.


Durante los primeros 8 años de nuestro proceso creímos en las instituciones; acudimos a ellas intensamente; urgimos la apertura de investigaciones a montones frente a los centenares de crímenes que nos dejaban deshechos; rendimos declaraciones en fiscalías y juzgados por cantidades; acudimos a tribunales internacionales; inundamos de derechos de petición los despachos presidenciales clamando con urgencia medidas de protección. Nunca fuimos escuchados. Perdimos tres centenares de compañeros y compañeras abatidos por las muertes más crueles e ignominiosas y precisamente por meternos tan de lleno en la exigencia de justicia, conocimos a fondo la podredumbre que había en esas instituciones. Tuvimos en las manos las fotocopias de muchos procesos y comprobamos en directo los montajes que se urdían en la Brigada XVII, usurpando el poder judicial, inventándose falsas acusaciones a fuerza de torturas, chantajes y sobornos, todo tejido en purulentas redes de corrupción entre militares, policías, fiscales, jueces, procuradores, defensores, magistrados y detectives, lo cual nos produjo náuseas morales y la decisión irrevocable de no volver a colaborar con esa podredumbre que se hace llamar “justicia”. Lo que nos quedó totalmente claro era que nuestras conciencias no nos permitían seguir relacionándonos con esa perversidad. Por eso hicimos LA RUPTURA.


También recogimos procedimientos depravados y nombres de funcionarios envilecidos por la corrupción y, en un gigantesco derecho de petición, el 19 de enero de 2009 le presentamos todo eso a todas las altas Cortes del Estado para que declararan un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”, pero desgraciadamente los magistrados de las altas Cortes se echaron para atrás, frente a una tarea que seguramente les habría acarreado multitud de venganzas y quizás atentados y muertes.


El Estado lo ha intentado todo para destruirnos: desde nuestro nacimiento como Comunidad de Paz, el 23 de marzo de 1997, lo primero que intentó fue eliminarnos físicamente. Asesinó a centenares de compañeros y compañeras; para ello echó mano de los “falsos positivos” con derroche de sevicia, y los militares que los ejecutaron no han sido tocados por la “justicia”. No les tembló la mano para descuartizar niños y mujeres. Planearon las masacres más horrendas y las camuflaron con informes, órdenes de operaciones y mapas adulterados, como los mismos oficiales lo confesaron bajo el peso de sus remordimientos. Violaron mujeres. Profanaron y ocultaron cadáveres. Aún nos deben a muchos desaparecidos –crímenes que no prescriben- y ojalá la JEP los obligue a devolver siquiera sus restos. Todo esto lo hicieron en una alianza a la luz del día con los paramilitares, cuyos lazos con ellos son de muy larga data. Recordamos haberlos visto muchas veces cocinando juntos el almuerzo y ellos mismos son los que hoy nos repiten, todas las semanas, en las veredas donde tratan de humillarnos, que todo está coordinado con sus “primos”: los militares.


Como no nos pudieron matar a todos porque varios gobiernos y comunidades internacionales se les pusieron de frente y los censuraron moral y políticamente, entonces buscaron degradarnos. Se aliaron con medios perversos de comunicación para que nos publicitaran a todos los vientos como aliados y colaboradores de la guerrilla. Con ese falso título, que contradecía en su núcleo lo que buscamos al alejarnos de toda colaboración con la guerra, encarcelaron a multitud de campesinos inocentes, llevándolos primero a la Brigada para confeccionar el montaje, el cual era aceptado de antemano por los corruptos fiscales y jueces. A otros con el mismo montaje los mataron en falsos combates y vistieron sus cadáveres con uniformes camuflados. Todos esos expedientes están por reabrir para sacar a la luz su podredumbre. La Corte Constitucional en un momento nos dio la razón y aceptó que se formara una Comisión de Evaluación de la Justicia (Auto 164 de 2012) pero los mismos delegados de otras instituciones participantes se encargaron de boicotear su desarrollo. Hay allí una tareahistórica ineludible y un deber sagrado para con la humanidad y para con la dignidad de las víctimas.


No les bastó eliminar a una parte importante de nuestra Comunidad. Como siempre han querido destruirnos radicalmente, se propusieron durante varios años matarnos por hambre. En los retenes nos robaban toda la comida que traíamos y a algunos los mataron en la misma carretera al quitarles sus mercaditos. Mataron a 4 conductores para aterrorizar a los demás conductores y lograr que nadie subiera alimentos. Luego mataron a los tenderos del caserío y a los tenderos de la carretera. Les quemaron los cultivos a las viudas y recorrieron fincas destruyendo cultivos y robando mercados y animales. Sin embargo, tampoco pudieron exterminarnos por hambre.


En un posterior esfuerzo, la Brigada ha tratado de cooptar a las organizaciones campesinas y meterles en su cabeza la idea de que nuestra Comunidad es enemiga del progreso y del desarrollo, por el hecho de no estar de acuerdo en que las carreteras las construyan los paramilitares y que todo el territorio se ponga al servicio de la minería y de la ganadería, empresas que acaban con la cultura campesina y arruinan el medio ambiente. Nos han estigmatizado y ahora impulsan el robo de nuestros predios donde hemos organizado nuestra subsistencia y la de la generación que se levanta. Ya no saben de qué nuevas estrategias echar mano para destruirnos.


Ahora buscan aliarse con el poder judicial para empujarlo a decisiones absurdas y perversas. Lograron que el 30 de diciembre pasado un juez dejara en libertad a quienes iban a asesinar a varios de nosotros, y si no lo hicieron, fue porque varios de nuestra Comunidad se lanzaron a tiempo a inmovilizarlos y desarmarlos. El juez juzgó que ese tipo de retención era ilegal y violatoria de sus derechos. Lo único que cabe pensar es que el juez les reconocía un extraño “derecho a matar” y a la Comunidad le exigía un extraño “deber de dejarse matar”.


Ahora ocurre algo muy similar: el juez cree que el buen nombre y la honra que hay que preservar es la de los victimarios y que a las víctimas hay que imponerles la obligación de callarse, de no denunciar, de dejarse exterminar. Ya hemos llegado, pues, al fondo del absurdo.


Comunidad de Paz de San José de Apartadó


Octubre 7 de 2018

Publicado enColombia
Domingo, 16 Septiembre 2018 07:50

Espadas sobre la cabeza de Maduro

Nicolás Maduro junto al general en jefe, Vladimir Padrino, quien ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza / Foto: Afp, Juan Barreto

El espectro de una acción armada para derrocar al presidente Nicolás Maduro sobrevuela Venezuela, en la forma de una sublevación militar animada por Washington, de un atentado que siembre el caos, o incluso de un ataque de fuerzas extranjeras. Un artículo en “The New York Times” reveló reuniones de militares disidentes venezolanos con diplomáticos de Estados Unidos.

 

Después de que en agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, en una de sus declaraciones críticas sobre Caracas, dijese: “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una opción militar si fuese necesario”, militares venezolanos dispuestos a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro contactaron a responsables de Estados Unidos para solicitar ayuda concreta para sus propósitos.
Washington aceptó escucharlos, pero con desconfianza, y sus analistas no percibieron certeza en los planes de los rebeldes, por lo que descartaron involucrarse o proporcionar ayuda. El alzamiento entonces se frustró, el gobierno detuvo a uniformados bajo sospecha y así redujo a la mitad la hipotética fuerza rebelde de unos 300 oficiales.


Esa es la nuez de un extenso relato que publicó The New York Times el pasado 8 de setiembre y que de nuevo atrajo la atención de la prensa del hemisferio hacia las espadas que penden sobre el presidente Maduro.


El gobierno venezolano tomó la nota del rotativo estadounidense como evidencia de las acciones de Washington en su contra: “A confesión de partes, relevo de pruebas. ¡Cuántas veces no ha denunciado el presidente Nicolás Maduro la acción injerencista, brutal, criminal, de los factores imperiales en contra de Venezuela! Lo dice el New York Times”, declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias”, dijo por su parte el canciller Jorge Arreaza.


Reuniones de funcionarios estadounidenses con militares conspiradores repiten un guion conocido en la historia de América Latina, y en el caso de Venezuela amplían un panorama de disidencia militar y búsqueda de deponer al presidente mediante acciones armadas, según ha denunciado el propio gobierno.


El alto mando militar procura mineralizar el apoyo al gobierno con llamados y compromisos públicos de lealtad por parte de toda la oficialidad y una clara política de ascensos y promociones –oficiales activos y retirados manejan recursos y empresas del Estado– de los más leales. Para la oposición política los amagos rebeldes detectados por el gobierno y la detención de oficiales muestran el descontento dentro de las fuerzas armadas.


GOLPES FRUSTRADOS.


El pasado marzo fueron detenidos nueve oficiales y se les inició juicio por los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Estarían comprometidos en un golpista Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo, según versiones recogidas por la prensa local y redes sociales.


Hubo escasa información y publicidad sobre las detenciones, a pesar de un dato relevante: varios de los detenidos comandaban batallones del Ejército con importante poder de fuego. La sublevación que encabezó en febrero de 1992 el ya fallecido Hugo Chávez (1999-2013) la ejecutaron batallones del Ejército dirigidos por cinco teniente-coroneles. Comandantes en ese decisivo nivel de mando de tropas también abortaron el golpe de dos días contra Chávez en abril de 2002. Los actuales dirigentes venezolanos conocen muy bien la importancia de desmontar cualquier disidencia en ese nivel castrense.


Es así como entre los detenidos en marzo figuraron los teniente-coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones clave para el combate en el centro-norte del país.


También en marzo fue detenido y permanece tras las rejas el mayor general (general de tres estrellas) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de complotar contra el gobierno. Fue jefe de la policía política (Sebin) con Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013), y tras su retiro dirigía una pequeña formación política opositora, llamada Movimiento Desafío de Todos.


El pasado 20 de mayo se efectuaron elecciones presidenciales para el sexenio 2019-2025, adelantadas con respecto a la tradición de que se efectuasen en diciembre. Fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición, cuyo registro oficial ha sido cancelado. Hubo una abstención récord, de más del 50 por ciento, en los comicios presidenciales. Alrededor de esa fecha, y con la expectativa del rechazo implícito en la elevada abstención, conversaciones de pasillo en algunas formaciones políticas sostuvieron que se produciría un alzamiento militar, el cual nunca sucedió. Sin embargo, la oportunidad calza con las fechas señaladas en el artículo de The New York Times que da cuenta de tres rondas de reuniones o entrevistas de algún jefe militar o sus representantes con diplomáticos estadounidenses en Europa, en los meses finales de 2017 y primeros de 2018.


La agencia de información financiera Bloomberg produjo una nota con base en informantes bajo condición de anonimato según la cual en mayo fueron “detenidos secretamente” varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes.


El reporte del Times neoyorquino también se basa en un general que habló con la condición de mantenerse en el anonimato. Formaría parte del círculo de poder cívico-militar en Caracas y, por añadidura, se encuentra en la lista de unos 70 funcionarios y empresarios venezolanos que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


ATENTADO CON DRON.


El 4 de agosto, frente a una parada militar en el centro de Caracas presidida por Maduro, estalló un artefacto identificado como uno de los dos drones con explosivos lanzados desde las cercanías por algunos civiles, ejecutores materiales de un complot criminal, según investigaciones del gobierno y de la Fiscalía General. Dos parlamentarios opositores fueron implicados: el joven diputado Juan Requesens, quien según sus familiares y copartidarios habría sido detenido y luego torturado, y Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano que el gobierno no reconoce), autoexiliado en Bogotá. Ambos pertenecen al partido centrista Primero Justicia.


En cuestión de horas Maduro acusó al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos de facilitar la organización del crimen, y a exiliados venezolanos cobijados por Washington y Bogotá de aportar finanzas y materiales para el atentado, que dejó a varios cadetes heridos y mostró en unos segundos de televisión una estampida de guardias nacionales y civiles huyendo ante la explosión del dron en el aire.
Inmediatamente no se responsabilizó a militares como organizadores o cómplices del atentado, pero en los días siguientes se detuvo a los generales de la Guardia Nacional (fuerza militar con funciones de policía) Alejandro Pérez Gámez, jefe de los servicios de mantenimiento del orden interno, y Héctor Hernández, jefe del comando antidrogas, así como al coronel Pedro Zambrano, este último por segunda vez este año. Todos fueron pasados a tribunales militares sin que se conozcan detalles sobre los cargos en su contra.


DESCONTENTO Y LEALTAD.

En las fuerzas armadas “se expresa el mismo descontento que hay en las familias venezolanas”, ha sostenido el mayor general retirado Clíver Alcalá, cercano compañero de Chávez, apartado del poder bajo la administración de Maduro. “La institución está tan deteriorada que no tiene capacidad operativa para emprender ninguna misión. Hay casi 2 mil generales, más generales que coroneles. La pirámide está invertida. Y todo el mundo desconfía de todo el mundo”, según Alcalá.


El descontento militar por los bajos sueldos o la mengua de sus funciones y privilegios fue alimento para sublevaciones a lo largo del siglo XX latinoamericano. En Venezuela, que vive la mayor hiperinflación conocida en el hemisferio, se produce desde el pasado 20 de agosto un sacudón económico con resultados todavía muy inciertos: devaluación de 96 por ciento de la moneda, fuertes alzas de precios, escasez de productos y servicios esenciales, más impuestos, multiplicación por 35 del salario mínimo y aplanamiento salarial: se acorta la diferencia entre lo que ganará un maestro de escuela y un rector universitario, el director de un hospital y un enfermero, un teniente y un general…


El general en jefe Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza de los militares que dirigen las principales empresas del Estado, ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza en el nuevo programa económico de Maduro. Ya hace meses, los miles de oficiales firmaron un compromiso público reiterando su lealtad al presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas. La lealtad es una consigna que se repite en todas las actividades castrenses y del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.


Otro componente en este juego de poder son los mecanismos de control derivados de una zonificación en regiones militares, acompañada de una integración de esfuerzos en una sola fuerza armada con cinco componentes: Ejército, Marina, Aviación, Guardia Nacional y Milicia, esta última integrada principalmente por personas de más de 40 años. Detractores del gobierno sostienen que en todo el cuerpo castrense actúan agentes de inteligencia cubanos que trabajan para información y asesoría del “alto mando político-militar de la revolución”, una instancia a veces referida por el presidente Maduro.


UNA RADIO, POR FAVOR.


El New York Times refirió que los militares rebeldes no solicitaron armas o combatientes a Washington, sino “equipos de radio encriptados, pues necesitaban comunicarse de manera segura”. La negativa estadounidense desmoronó el complot, según el rotativo. El dato ilustra el grado de control y el riesgo de delaciones ante una eventual acción subversiva, pero es desestimado por expertos como Rocío San Miguel, presidenta de la crítica organización no gubernamental Control Ciudadano, para quien “creer que un golpe de Estado en Venezuela depende de la entrega de radios cifradas por parte de Estados Unidos es un chiste, por decir lo menos”.


El “detalle” nutrió también la posición editorial de The New York Times tras la amplia difusión de su informe acerca de las reuniones golpistas: Estados Unidos “no debería estar en el negocio del golpe”, escribió el rotativo: “Es un alivio saber que la administración de Trump decidió no ayudar a los líderes rebeldes en Venezuela (…) pero es preocupante pensar que el presidente Trump y sus asesores hicieron el llamado correcto por la razón equivocada: falta de confianza en los conspiradores para tener éxito en una operación arriesgada, en lugar de una preocupación de principios sobre la intervención”.


Sube el tono

Diosdado Cabello, capitán retirado, considerado por medios de prensa como “número 2” en la estructura de poder en Venezuela y referente del “ala militar del chavismo”, fue repentinamente esta semana blanco de ataques por parte de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la Onu. Haley acusó a Cabello de “ladrón” y “narcotraficante”, y afirmó que“Cabello estuvo involucrado directamente en el tráfico de drogas, con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa. Utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar sus drogas y eliminar la competencia”.
El senador republicano Marco Rubio, considerado un influyente consejero de Trump en asuntos de Cuba y Venezuela, ha pedido acciones armadas para derrocar a Maduro, y ha replanteado la posibilidad de una intervención estadounidense. Ya en febrero afirmaba que “el mundo apoyará a los militares de Venezuela si deciden restaurar la democracia”; en julio expuso que “siempre he apostado a una salida pacífica y no militar para Venezuela, pero las circunstancias han cambiado. Les dije a mis colegas que Trump no avisará si decide actuar contra Nicolás Maduro”, y más recientemente aseveró que “el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la seguridad de la región e incluso de Estados Unidos”. La “amenaza a la seguridad estadounidense” ha sido una especie de mantra para justificar intervenciones en contra de gobiernos caídos en desgracia a ojos de Washington.


Durante décadas, la posibilidad de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela fue una hipótesis de estudio en academias militares de ambos países. Por ello destaca que esta semana Iván Duque, el nuevo presidente colombiano, acérrimo crítico de Maduro y quien en noviembre recibirá la visita de Trump, dijese que aunque Venezuela es “una dictadura deleznable”, en su criterio “Estados Unidos es el primero en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino” para encarar el tema venezolano.


Entretanto, el buque-hospital Comfort, de la Armada estadounidense, con un personal de salud de hasta mil efectivos, navega rumbo a las costas colombianas para, según se informó oficialmente, auxiliar en la atención a los migrantes venezolanos en Colombia…

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Lunes, 06 Agosto 2018 08:24

Venezuela: atentado y dobles raseros

Venezuela: atentado y dobles raseros

El sábado, en Caracas, en el curso de una ceremonia de la Guardia Nacional Bolivariana, se perpetró un atentado contra el presidente Nicolás Maduro por medio de drones cargados de explosivos. Aunque el mandatario salió ileso, siete militares resultaron heridos. Un grupo denominado Operación Fénix y una cuenta de Twitter llamada Soldados de Franelas se atribuyeron la agresión.


Independientemente de lo que llegue a determinarse acerca de la autoría intelectual del ataque –las autoridades venezolanas detuvieron a seis personas presuntamente relacionadas con la acción y el propio Maduro apuntó a círculos de extrema derecha en Miami y acusó de complicidad al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, lo que fue rápidamente desmentido desde Bogotá– y de la opinión que se tenga acerca del régimen bolivariano, el atentado es un acto condenable e inaceptable que introduce un factor de violencia e incertidumbre en la de por sí complicada situación política de la nación sudamericana, y multiplica con ello las dificultades para encontrar una solución institucional, pacífica y consensuada a la crisis en ese país.


Como cabría esperar ante cualquier agresión física a un gobernante, las autoridades de Francia, Rusia, España, Siria, Irán y otros países condenaron el ataque y otro tanto hicieron la Unión de las Naciones Sudamericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Resulta inexplicable, en cambio, el silencio que han guardado otros gobiernos, como los de Estados Unidos y México, y organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya secretaría general, a cargo del uruguayo Luis Almagro, ha mantenido una abierta belicosidad en contra del gobierno de Venezuela y una injustificable parcialidad en el conflicto entre las autoridades de ese país y los grupos opositores.


Es claro que si cualquier otro presidente del hemisferio hubiera sido el objetivo de un atentado, quienes ahora callan se habrían apresurado a manifestar su repudio a la agresión y su solidaridad con el afectado, lo que denota un doble rasero basado en la animadversión ideológica contra Maduro. La violencia política y los atentados terroristas –si es que el del sábado pasado en Caracas alcanza tal calificativo– deben ser condenados sin miramientos vengan de donde vengan y sean cuales sean sus posiciones y sus discursos justificatorios. En la medida en que se ignora esa noción, las endebles democracias latinoamericanas no son capaces de actuar en conjunto ante los intentos disruptivos que las amenazan, como se ha visto en el pasado reciente en Honduras, Paraguay y Brasil.


Otro tanto cabe decir de la mayoría de los medios informativos internacionales, los cuales, con unas cuantas excepciones, han gastado en la ocasión más bytes, minutos y tinta en proseguir sus descalificaciones rutinarias del gobierno chavista que en señalar lo inadmisible que resulta un intento de homicidio en contra de un jefe de Estado.


Se puede simpatizar o no con Maduro y con el régimen venezolano, pero es alarmante que se minimice, relativice o ignore la tentativa de magnicidio que tuvo lugar en Venezuela.

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Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

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Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Publicado enEdición Nº248
Sicarios y espías entre los escoltas que "protegen" a personas amenazadas en Colombia

Las directivas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de salvaguardar la vida de las personas amenazadas en Colombia, mantienen en reserva la captura de un presunto sicario y secuestrador infiltrado como escolta en el esquema de seguridad del periodista que lo investigaba desde 2016 y que también tuvo a su cargo la "protección" de funcionarios públicos, congresistas, un reclamante de tierras y un sindicalista, entre otros ciudadanos en situación de riesgo.

El hecho, que prende las alarmas en momentos en que arrecian los ataques contra líderes sociales en el país, ha permanecido oculto pese a las posibles repercusiones en la seguridad de quienes fueron infiltrados por una temida banda sicarial de Medellín, y se suma a graves irregularidades documentadas por el Equipo Nizkor que involucran a escoltas al servicio de la UNP en acoso y violación sexual, tráfico de drogas y vigilancia contra los "protegidos", y a la Unidad en acciones de control que rayan en el espionaje y recuerdan las prácticas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo del que heredó las funciones de protección.

El pasado 20 de junio, durante un operativo de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) en varias ciudades colombianas, fueron detenidos nueve policías -cinco activos y cuatro retirados- sindicados de conformar la banda "Los Magníficos", un peligroso grupo de secuestradores y sicarios que operaba en Antioquia. Entre ellos se encontraba Jefferson de Jesús Sangregorio Esquea, alias "Mi Sangre" o "Sangre", escolta de la Unión Temporal Seguridad Integral 2016, empresa contratista de la UNP para cuatro zonas de Colombia y encargada de los esquemas de miles de ciudadanos amenazados en el país.

El último de los "protegidos" por el supuesto sicario fue el periodista e investigador social Luis Fernando Quijano Moreno, director de la agencia de prensa Análisis Urbano y presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), quien desde septiembre de 2016 había denunciado la existencia de "Los Magníficos" y mencionado directamente a "Mi Sangre" como uno de los responsables del secuestro -en marzo de 2015- del ingeniero Alejandro Ramírez Acosta, cuyo cadáver fue encontrado 20 meses más tarde, en noviembre de 2016.

 

Jesús Sangregorio Esquea, "Mi Sangre"

 

Según fuentes de la Policía Nacional, Sangregorio Esquea fue retirado de esa institución a finales de 2016 y en enero de 2017 fue contratado como escolta de Seguridad Integral, donde tenía como función relevar a sus compañeros cuando salían de vacaciones o se encontraban de permiso.

En tal calidad, durante los últimos dieciocho meses alias "Mi Sangre" escoltó, entre otros, al procurador regional (e) de Antioquia y expresidente del Sindicato de la Procuraduría General de la Nación, William Millán Monsalve; al subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Carlos Alberto Arcila Valencia; al líder indígena Juvenal Arrieta González y al congresista Juan Felipe Lemos Uribe, sobrino del exsenador Mario Uribe Escobar, condenado en 2011 por vínculos con grupos paramilitares, primo del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez.

En los registros oficiales de la UNP -que pese a tener reserva legal se encuentran abiertos al público en el portal de la contratación estatal en Colombia- consta que entre 2017 y 2018 Sangregorio Esquea también estuvo en el esquema de seguridad del director de la Escuela Nacional Sindical (ENS), Carlos Julio Díaz Lotero; y del excombatiente del EPL, analista político e intermediario en la desmovilización de pandillas urbanas en Medellín, Mario de Jesús Agudelo Vásquez; así como el de una mujer de nombre María Nohelia David Guisao.

Igualmente, entre los escoltados por el señalado sicario y secuestrador se encuentra Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros y Premio Nacional de Paz en el año 2012, quien hace pocos días denunció en rueda de prensa en Medellín la existencia de un plan para atentar contra su vida y la de otros defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras.

Según funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la Policía, de la banda sicarial también hacían parte otros dos ex uniformados que se desempeñaban como escoltas: Charles Antonio Argumedo Villaba, alias "Villa", y Juan Pablo Martínez Velásquez, alias "Ñame". No obstante, el Equipo Nizkor no pudo confirmar que éstos trabajaran en empresas contratistas de la UNP y esa entidad aseguró que los demás detenidos no tenían vinculación alguna con ella.

 

Juan Pablo Martínez Velásquez, alias "Ñame"

 

También quedaron a disposición de las autoridades el subintendente Francisco Javier López Carmona, alias "López", asignado a la Policía Metropolitana de la ciudad de Pereira; el patrullero Mauricio Andrés Ariza Morales, alias "Poli", en servicio en la región del Urabá antioqueño; así como los agentes Sebastián Machado Moreno, quien laboraba en el departamento de Bolívar, y Luis Eduardo Torres Valencia, quien se desempeñaba en el Valle del Cauca.

Asimismo, fueron capturados Hernán Mauricio Meneses Villa, alias "Súper", y Juan José Flórez Morales, alias "Juan El Negro", sindicados de ser los autores intelectuales de varios secuestros y cabecillas principales de "Los Magníficos".

 

 

Juan José Flórez Morales, alias "Juan El Negro"

 

De forma inexplicable, "Mi Sangre" fue asignado de al esquema de seguridad del periodista Luis Fernando Quijano el 13 de junio, una semana antes de que fuera detenido. Para el periodista, este hecho da cuenta de varias irregularidades tanto al interior de la Policía como de la empresa Seguridad Integral, que al firmar el contrato para el manejo de los esquemas de la UNP se comprometió a realizar estudios de confiabilidad a todos sus escoltas.

"Esa banda está denunciada desde 2016 y desde entonces sabemos que tanto Policía como Fiscalía los venían investigando, ¿cómo puede ser que nadie haya advertido que estas personas fueron retiradas mediante facultad discrecional y se les haya permitido entrar a empresas de seguridad que protegen a líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y gente amenazada en Colombia?", cuestiona el director de Análisis Urbano.

 

Miembros de la banda "Los Magníficos" al momento de su captura el 20 junio18. Policía Nacional

 

Al ser consultado sobre esta grave situación, el director de la UNP, Diego Fernando Mora, guardó silencio y delegó la respuesta en su subdirector de Protección, el coronel retirado de la Policía Nelson Aceros Rangel, que tampoco respondió. Quien sí lo hizo fue el subdirector de Evaluación del Riesgo de la UNP, coronel Álvaro López Pabón.

Según la UNP, la Unión Temporal Seguridad Integral 2016 "es absolutamente autónoma e independiente en los procesos de selección que realiza", los cuales deben basarse "en unos requisitos establecidos en el contrato" suscrito con ese organismo. "Una vez se tuvo conocimiento de la captura del escolta relevante, la Subdirección de Protección en ejercicio de la supervisión técnica y operativa del contrato, solicitó aclaración sobre la irregularidad tan grave que se estaba ventilando en medios de comunicación y se adoptaran las medidas preventivas y/o correctivas a las que hubiera lugar".

Para Quijano Moreno, las investigaciones que emprendan las autoridades deben establecer quién dentro de Seguridad Integral envió a Sangregorio Esquea a su grupo de escoltas "a última hora, en reemplazo de un relevante que fue enviado a otro grupo. Esta persona había sido denunciada hace dos años y con seguridad él sabía quién lo había hecho. ¿A qué vino? ¿A atentar contra mi familia o contra mí, a plantar pruebas en mi contra?".

El periodista recuerda que dos días antes de la captura de "Mi Sangre", hubo un operativo de cinco miembros de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) de la Policía al frente de su oficina. "¿Acaso lo iban a capturar mientras se encontraba conmigo para poner en tela de juicio mi labor?".

 

Vehículo de la SIJIN y el CTI de la Fiscalía que vigilaba la sede de Análisis Urbano y CORPADES días antes de la captura de "Mi Sangre"

 

El mismo 20 de junio, según dice Quijano, hubo personal del GAULA del Ejército y la Policía alrededor de su sitio de vivienda, lo que para el investigador es una muestra de la irresponsabilidad con que operan los organismos de seguridad, pues "hubieran armado un show diciendo que cogieron a un secuestrador en mi casa, lo que habría servido para desprestigiar mi labor".

 

No es un "hecho aislado"

 

El caso de Luis Fernando Quijano no es el primero ni el único en que queda al descubierto la infiltración de personas que podrían resultar relacionadas con investigaciones sensibles de periodistas en riesgo en Colombia, y compromete la responsabilidad directa de la UNP ya sea por acción u omisión en su deber de garantizar la no repetición de hechos que puedan incrementar la situación de inseguridad de quienes debido a graves amenazas contra sus vidas se ven obligados a recurrir a la protección del Estado.

En marzo de 2016, el periodista y escritor Javier Osuna, autor del libro "Me hablarás del fuego" -que documenta la existencia de los hornos crematorios de los paramilitares en Norte de Santander, a raíz de cuya investigación y publicación recibió fuertes amenazas e incluso fue víctima de un incendio controlado en su apartamento- denunció que su escolta, un sargento retirado del Ejército, le preguntó por Armando Rafael Mejía Guerra, alias "Hernán", uno de los comandantes del Frente Fronteras, sobre quien Osuna escribió en su libro. El guardaespaldas le informó al reportero que había sido instructor de "Hernán" en el Ejército e incluso le mostró una foto en compañía del jefe paramilitar.

 

Carátula del libro del periodista Javier Osuna sobre los hornos crematorios de los paramilitares en Norte de Santander

 

Este hecho, añadido a que Osuna se había percatado de que el escolta en reiteradas ocasiones reportaba vía telefónica a personas desconocidas las novedades en el esquema, llevó al periodista a solicitar una investigación para determinar cómo una persona relacionada con un jefe paramilitar sobre el cual él había investigado había sido infiltrado entre quienes le brindaban seguridad.

En abril de ese mismo año, Diego Fernando Mora, director de la UNP, se comprometió ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH) a realizar una indagación al interior de ese organismo para determinar cómo ese "hombre de protección" había sido asignado al periodista.

No obstante, dos años después la UNP admite que no realizó investigación alguna, pues ésta corresponde "a las autoridades judiciales competentes en la materia". Según respuesta al Equipo Nizkor, la Unidad se limitó a solicitar a la empresa contratista adelantar "las diligencias pertinentes con el fin de establecer dicha información" y nuevos "estudios de confiabilidad de los integrantes del esquema".

En la Fiscalía, por su parte, la investigación también está estancada, pese a que –según lo estableció el Equipo Nizkor– cada día son más los interrogantes a resolver en el caso de Javier Osuna, pues su ex escolta se presenta en las redes sociales como suboficial activo del Ejército y no como un sargento retirado de esa institución. Cabe preguntarse entonces ¿cómo un militar activo terminó siendo asignado como escolta del periodista que investigó y denunció a uno de sus subalternos, a la postre convertido en jefe paramilitar?

Para Osuna, es claro que las autoridades deben responder a ese y otros cuestionamientos, como el porqué la justicia colombiana no ha llevado a cabo hasta ahora una investigación real sobre la existencia y número de víctimas incineradas en los hornos crematorios; las circunstancias en que fue asesinado "Hernán" el año pasado, tan sólo dos semanas después de haber salido de prisión; y las razones por las cuales su caso lleva dos años paralizado.

 

Escoltas al servicio de "Kiko" Gómez

 

Otro caso preocupante, que también compromete la responsabilidad del director de la UNP, Diego Mora, es el del veterano documentalista e investigador independiente Gonzalo Guillén, cuyas denuncias llevaron a la cárcel al exgobernador de La Guajira, Francisco "Kiko" Gómez Cerchar, por homicidio y concierto para delinquir, entre otros delitos. Según las investigaciones del periodista, "Kiko" Gómez podría tener a su haber la comisión de más de 130 homicidios en la Costa norte del país.

Amenazado de muerte y conocedor de varios planes de asesinato en su contra -el más reciente de los cuales fue denunciado hace un par de semanas- en agosto de 2016 Guillén solicitó el cambio de uno de sus escoltas, de nombre Alejandro Renzo, a quien señaló de espiarlo "de manera detallada" y distribuir fotografías de todos sus movimientos tanto afuera como "a la UNP y a la empresa que lo tiene contratado".

Guillén también dejó constancia expresa del "altísimo grado de peligrosidad en que ha sido aumentada mi difícil situación de seguridad personal debido a la actitud del referido señor Alejandro quien, lejos de actuar en beneficio de mi protección como ciudadano colombiano y periodista, lo hace abiertamente en contra de ella".

En aquella oportunidad, el director de la UNP respondió personalmente al periodista a través de una carta en la que le expresaba que "desde el día viernes 5 de agosto se procedió al retiro del hombre de protección del cual usted hace denuncias muy graves, ya que ante todo, para mí como director es muy importante no solo lo que tiene que ver con su seguridad e integridad, sino también, lo que tiene que ver con la protección de su intimidad e información; de igual forma di instrucciones al subdirector de protección, para que este escolta fuera marginado del programa de protección, ya que no puede existir la más mínima duda del comportamiento de cualquier integrante de un esquema de protección".

Pese a ese anuncio explícito por parte del director de la UNP, el pasado 17 de abril el escolta Alejandro Renzo fue asignado al esquema de seguridad de la también periodista Diana López Zuleta, cuyo padre, Luis López Peralta, fue una de las víctimas de "Kiko" Gómez. Por este caso, el exgobernador fue condenado a 40 años de prisión en enero de 2017, al tiempo que la reportera fue gravemente amenazada de muerte y por ello la Unidad debió asignarle un esquema de seguridad.

Una vez más cabe preguntarse, ¿cómo un escolta que había sido denunciado por vender información sobre el periodista Gonzalo Guillén a la organización criminal de "Kiko" Gómez terminó "protegiendo" a una de las víctimas del exgobernador?

El Equipo Nizkor no obtuvo respuesta a estos interrogantes, pues el director de la UNP decidió bloquear a la autora de este reportaje de su red social de Whatsapp. A cambio, delegó las respuestas en el subdirector de Protección, coronel Nelson Acero, quien tampoco respondió, pese a ser uno de los supervisores directos de las empresas contratistas y responsable de los esquemas de protección.

Por su parte, el subdirector de Evaluación, coronel Álvaro López Pabón, se limitó a responder que "la Unidad Nacional de Protección realiza seguimientos al personal que va a ser asignado a los diferentes esquemas de protección con el fin de ejercer la supervisión técnica y operativa que corresponde en el cumplimiento de requisitos, y de esta forma exigir al Operador para que de forma inmediata adopte las medidas preventivas y/o correctivas a las que haya lugar, siendo el caso por ejemplo la desvinculación de dicho personal por el incumplimiento de los referidos requisitos."

No obstante, el Equipo Nizkor documentó varios casos más de escoltas contratistas al servicio de la UNP involucrados en labores de espionaje, seguimiento o persecución e incluso violencia sexual contra las personas cobijadas en los programas de ese organismo.

 

Próxima entrega: violación y acoso sexual a mujeres "protegidas": el fracaso del enfoque diferencial de la UNP.
[Fuente: Por Claudia Julieta Duque, Radio Nizkor y Equipo Nizkor, Primera Entrega, Bogotá, 16jul18]

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Permite a los militares ser juzgados en foros propios. Denuncian la “ley Temer”

La denuncia fue presentada oficialmente en la sede de la CIDH en Washington por el titular del Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría de Río de Janeiro.

 

La Defensoría Pública de Río de Janeiro informó ayer que le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que revocase la ley que transfiere a tribunales militares el juicio de los crímenes contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Brasil. “En su denuncia, la Defensoría relató que la legislación establece un foro especial para los militares y dificulta la responsabilización de los agentes estatales mediante investigaciones imparciales e independientes”, informó la Defensoría en un comunicado.


De acuerdo con la nota, la denuncia fue presentada oficialmente en la sede de la CIDH en Washington por el titular del Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría de Río de Janeiro, Daniel Lozoya. El organismo alegó en su recurso que la ley viola jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), así como las normas internacionales de protección de los derechos humanos. “Ese hecho fue incluso alertado por el representante Regional del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una carta enviada al Senado brasileño cuando el proyecto aún era discutido en el Congreso”,explicó la nota.


La ley en cuestión fue sancionada en octubre pasado por el presidente brasileño, Michel Temer, pese a que fue blanco de intensas críticas de los organismos de defensa de los derechos humanos, así como de la ONU y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA). La norma garantiza la competencia de los tribunales militares en los crímenes dolosos contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa. La Defensoría destacó que la ley entró en vigencia tan sólo cuatro meses antes de que, en febrero pasado, el Gobierno brasileño decretara una intervención militar en la seguridad de Río de Janeiro, que puso en manos del Ejército el control del orden público en el estado más emblemático de Brasil. La intervención busca poner fin a la creciente ola de violencia que vive Río desde que organizó los Juegos Olímpicos de 2016 y que dejó 6.731 muertos el año pasado.


En su recurso ante la CIDH, la Defensoría citó específicamente una matanza ocurrida en noviembre pasado en la favela de Salgueiro, que dejó ocho muertes y en la que se investiga la participación de militares. Según el organismo, el caso no ha sido debidamente investigado hasta hoy ni se han señalado a sus responsables pese a, según alegó, los fuertes indicios de que se trató de una ejecución, ya que las víctimas fueron tiroteadas en la nuca, y a que testigos acusan a hombres que usaban armas con miras láser y cascos con visión nocturna como los utilizados por las Fuerzas Especiales del Ejército. “Con el uso cada vez más frecuente de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad y de policía en Brasil, como las previstas en la intervención federal en Río de Janeiro, es muy probable que los casos involucrando a militares sean llevados a la Justicia Militar”, indicó la Defensoría.


Por ello, agregó: “es necesario que esa ley sea revocada lo más rápido posible, ya que la Justicia Militar no es competente para juzgar violaciones de los derechos humanos practicadas contra civiles, de acuerdo con las normas internacionales de independencia e imparcialidad judicial de las investigaciones”, aseguró Lozoya. La ley ya había sido criticada por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado conjunto divulgado en octubre, ambos organismos argumentaron que la iniciativa impide la posibilidad de una investigación independiente e imparcial realizada por autoridades judiciales no ligadas a la jerarquía de mando de las propias fuerzas de seguridad.


Ayer, siguiendo con la política de militarización, el ministro de Seguridad Pública de Brasil anunció la conformación de un grupo especial compuesto por autoridades de la justicia, el Ejército y la Policía destinado a identificar milicianos para, según dijo, reducir y minimizar su influencia durante las campañas electorales de este año en Río de Janeiro.

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Viernes, 16 Marzo 2018 05:56

Cárcel por “complot”

Cárcel por “complot”

La gobernadora del estado venezolano de Lara, Carmen Meléndez, confirmó ayer que el gobierno le seguía los pasos a Miguel Rodríguez Torres por presunta conspiración. Rodríguez Torres, quien fue arrestado el martes, había sido jefe de la inteligencia de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez y fue el primer ministro del Interior del actual presidente, Nicolás Maduro.

“Nosotros estamos preparados para cualquier intento desestabilizador y por eso les caemos primero a los conspiradores, como el caso del general Rodríguez Torres quien andaba en esa jugada y hoy está detenido”, afirmó Meléndez durante una entrevista al portal venezolano Noticias Barquisimeto. Así, la ex ministra de la Defensa confirmó la remoción del alto oficial por estar presuntamente involucrado en lo que llamaron planes de conspiración que un sector político opositor intentaría promover en los próximos días.


El martes al menos ocho efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia se llevaron a Rodríguez Torres del hotel President, en Caracas, donde el ex funcionario daba un discurso en un foro sobre el pasado Día Internacional de la Mujer. “Rodríguez Torres ha sido capturado y será puesto a la orden de la Justicia”, afirmó el gobierno en un comunicado. En él se explicó que el oficial del Ejército estaba siendo requerido por la Justicia al estar acusado de acciones contra la paz y la tranquilidad públicas, y, agregaba, en conjuras y complots que perseguían la intención de atentar contra la unidad de las fuerzas armadas.


“Las acciones criminales, planificadas por este señor y sus cómplices, incluían actos armados y conspiraciones contra nuestra Constitución”, señaló el texto. La declaración agregó que el oficial fue echado del gobierno al comprobársele vinculaciones con organismos de inteligencia de Estados Unidos.


Compañero de Chávez en el intento de golpe de estado de febrero de 1992, Rodríguez Torres fue designado en 2002 al frente de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención. En 2010 condujo su transformación en el actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Al asumir su gobierno, en abril de 2013, Maduro lo nombró ministro de Interior y Justicia y lo mantuvo en esa función hasta octubre de 2014.

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Temer les dio más poder a los militares brasileños

Por primera vez desde la dictadura, un militar estará al frente del Ministerio de Defensa. También fue creado el Ministerio de Seguridad Pública, que toma atribuciones de Interior, entre ellas el control de la policía federal.

 

El presidente de Brasil, Michel Temer, entregó ayer más poder a las Fuerzas Armadas, al nombrar por primera vez desde la dictadura al frente del ministerio de Defensa a un general.


Lo hizo en el marco de los cambios en el gabinete para crear el ministerio de Seguridad Pública luego de la intervención militar decretada para que el Ejército comande la lucha contra el delito común en Río de Janeiro. El anuncio lo hizo en el Palacio del Planalto el portavoz de Temer, Alexandre Parola, quien destacó que mañana asumirán los nuevos ministros.


El ministerio de Defensa fue creado en 1999 y siempre fue ocupado por civiles, ya que desde el fin de la dictadura en 1985 cada fuerza funcionaba como una cartera autónoma, sin control político directo. Ahora, 19 años después, Temer decide mover el tablero y, tras la intervención militar en la seguridad pública de Río de Janeiro, ofreció el ministerio de Defensa al número 2 de la cartera, general de reserva Joaquim Silva e Luna, ex jefe del Estado mayor del Ejército.


El cargo de Defensa era ocupado hasta ahora por Raúl Jungmann, un diputado aliado de Temer que pasará a ocupar la nueva cartera de Seguridad Pública, el ministerio número 29 del gabinete. El portavoz Parola anunció que será editado un decreto para estas designaciones que deben ser ratificados en 60 días por el Congreso. La creación de este nuevo ministerio reduce el accionar de la cartera de Justicia, ya que Seguridad Pública tendrá la conducción de la Policía Federal, institución que lleva adelante la Operación Lava Jato pero cuya conducción fue cambiada por hombres del propio Temer a fines del año pasado.


Jungmann, ex ministro de Reforma Agraria en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), pertenece al oficialista Partido por el Socialismo (PPS, ex socialista) y es una de las cartas de Temer para elegir un candidato de su riñón a gobernador de Río de Janeiro en las elecciones de octubre. “Esperamos un trámite parlamentario tranquilo para aprobar la creación de un nuevo ministerio”, dijo el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, a periodistas.


Jungmann ganó relevancia como ministro de Defensa al saltar al primer plano nacional con la decisión de Temer de intervenir federalmente con el Ejército la seguridad pública de Río de Janeiro. Antes importantes referentes en temas de seguridad no habían aceptado las ofertas del gobierno para asumir en Seguridad Pública, que necesitará de un amplio tránsito para articular políticas con el servicio penitenciario y con los gobernadores, responsables por las policías de cada estado.


Incluso el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, quien en setiembre se había negado a intervenir como policía interna, la semana pasada defendió una mayor protección en caso de homicidios cometidos durante las intervenciones en Río de Janeiro. “No queremos otra Comisión de la Verdad”, dijo en la reunión de gabinete encabezada con Temer al referirse a la comisión creada por la destituida Dilma Rousseff, que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura (1964-1985), de la cual ella misma había sido víctima.


La acumulación de funciones y poder del Ejército con la intervención en Río fue una “jugada maestra” en palabras del propio Temer, para enfrentar el delito, más allá de que la capital carioca sea la décima del país en violencia. En octubre, Temer promulgó una ley que evita que los militares que cometan delitos o maten a personas sean juzgados por la justicia ordinaria y ordena que sus casos se remitan a los tribunales castrenses.


El avance del poder castrense se da en un año electoral en el cual la mano dura es la principal propuesta del sorprendente número 2 en las encuestas, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, y alimenta el sueño de varios oficialistas en postular a Temer. El presidente negó ser candidato.


Otro factor que según organismos de derechos humanos encendió un debate dentro del Ejército es que la fiscal general elegida por Temer, Raquel Dodge, le pidió a la corte suprema anular la Ley de Amnistía de 1979 que prohíbe juzgar a los autores de crímenes de lesa humanidad. Todos los dictadores brasileños ya fallecieron y las denuncias abiertas apuntan directamente a los jefes de los regimientos, cuarteles y comisarías, todos protegidos por la Ley de Amnistía, ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal por ser parte de una “solución negociada” para retomar la democracia.


La primera elección directa en Brasil fue en 1989, en la que fue elegido Fernando Collor de Mello, quien recibió el bastón por parte de José Sarney, elegido por un Congreso que administró la transición, en 1985, sin elecciones. El 29 de septiembre de 1992, Collor se apartó de la Presidencia debido a las investigaciones sobre posible corrupción en el Poder Ejecutivo. Su entonces vicepresidente, Itamar Franco, actuó como presidente interino hasta el 29 de diciembre de 1992, cuando Collor efectivamente renunció y luego fue impedido por el Congreso. Así, Itamar Franco se convirtió en presidente constitucional para gobernar hasta fines de 1994.


Franco fue sucedido por Fernando Henrique Cardoso, quien fue reelecto en 1998 y gobernó hasta diciembre de 2002. Las dos presidencias de Cardoso fueron sucedidas por otras dos de Lula (2003-2010) y otra de Dilma, quien fue reelecta en 2014 pero no pudo completar su segundo término porque fue derrocada por un golpe parlamentario en agosto de 2016.

 

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Sábado, 10 Febrero 2018 06:32

La invasión silenciosa de EEUU a Panamá

La invasión silenciosa de EEUU a Panamá

El periodista Eliécer Navarro, del diario Crítica, de la capital istmeña, informó que el “gobierno panameño permitirá que hasta 415 miembros de la Fuerza Aérea de EEUU ocupen territorio nacional durante la primera mitad de 2018 vistiendo uniforme militar y portando armas”. El acuerdo es parte de los ejercicios llamados "Nuevos Horizontes". En el pasado EEUU ha justificado estas maniobras bajo el supuesto que lo hacen en combinación con la Policía panameña para proteger el Canal. En otras ocasiones usan la excusa de la vieja ‘guerra contra las drogas’. A veces mencionan los bosques húmedos tropicales como áreas para hacer prácticas ‘exóticas’. En esta ocasión todo indica que EEUU tiene en la mira una invasión a Venezuela. Así lo manifestó el secretario de Estado, Rex Tillerson, antes de emprender una gira por cuatro países latinoamericanos la semana pasada.

La Embajada de EEUU notificó al gobierno panameño sobre el ejercicio ‘Nuevos Horizontes’ el 11 de diciembre de 2017. La nota respuesta de Panamá, aceptando la ocupación militar, fue trasmitida casi un mes después, el 4 de enero de 2018. Las tropas norteamericanas entraron a Panamá el 2 de enero, dos días antes que la respuesta de la Cancillería. Aparentemente, EEUU iba a invadir el territorio panameño con o sin la autorización del gobierno. Los ejercicios ‘Nuevos Horizontes’ se están realizando en las provincias de Darién, Veraguas y Coclé. Pueden extenderse a "cualquier otro lugar aprobado por el gobierno de Panamá y la Embajada", según el acuerdo.

Las tropas norteamericanas tendrán una "condición equivalente a la que se otorga al personal diplomática de una Embajada". En otro punto, según el periodista Navarro, “el Gobierno panameño acepta asumir responsabilidad y eximir al Gobierno de EEUU de "cualquier demanda que se entable (contra) personal de EEUU con relación a su misión en Panamá". En caso de demandas de terceros por muertes no relacionadas al combate del personal militar EEUU pagará de conformidad a las leyes estadounidenses.

Hace pocos años un soldado asesinó a una joven panameña. El militar fue sacado del país por la embajada de EEUU y posteriormente juzgado en ese país. Los familiares aún piden justicia sin que el gobierno panameño asuma sus responsabilidades en este caso.

El Movimiento Alternativa Popular (MAP) condenó los ejercicios militares norteamericanos en suelo panameño. Desde el 2 enero de 2018 están desembarcando tropas en Panamá, bajo una censura estricta. Aún se desconocen las verdaderas intenciones de los ejercicios y el papel de los estamentos armados de Panamá. Según el MAP, “es un claro mensaje de Washington contra cualquier política panameña que no se subordine a los intereses de ese país. Además, coloca al gobierno panameño en el centro de los planes de invadir militarmente al país hermano de Venezuela”. Según el internacionalista panameño, Julio Yao, los ejercicios constituyen una flagrante violación al Tratado de Neutralidad que regula las relaciones entre Panamá y EEUU sobre el Canal.

La gira del secretario Rex Tillerson por varios países de la región coincide con los ejercicios en Panamá y también en las áreas fronterizas entre Brasil, Perú y Colombia con Venezuela en la Amazonía. La presencia militar de EEUU en Panamá es un signo de cuales son las intenciones de Washington.

El secretario Tillerson inició su gira llamando a las fuerzas armadas venezolanas para que den un golpe de Estado contra el gobierno. La respuesta a la provocación insólita del funcionario norteamericano vino del propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino L., quien expresó que “…a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no le viene a dar instrucciones un señor imperialista”.

 Venezuela celebrará elecciones en abril del presente año. Con una oposición dividida es casi seguro el triunfo del actual mandatario, Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección. EEUU y algunos países de América latina ya han anunciado que no reconocerán el resultado del sufragio. Washington también amenaza con declarar un bloqueo a las exportaciones de petróleo provocando una crisis financiera. China, a su vez, firmó un acuerdo con Caracas para invertir 100 mil millones de dólares en la cuenca del Orinoco para extraer el ‘oro negro’.

En su gira, el ministro norteamericano le recordó a las cancillerías latinoamericanas que “América Latina no necesita de nuevos poderes imperiales que solo miran por su interés”. Mensaje que los panameños podemos traducir como una amenaza frente a los acuerdos del presidente Varela con la República Popular China.

8 de febrero de 2018.

Por Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)

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