Polémica por el ascenso de militares colombianos sospechosos de participar en ejecuciones ilegales

Human Rights Watch asegura que hay evidencias de que cinco oficiales estuvieron involucrados en el escándalo de los 'falsos positivos'

La decisión del Ministerio de Defensa de Colombia de ascender a 33 mandos militares ha desatado esta semana las críticas Human Rights Watch (HRW). La organización de defensa de los derechos humanos sostiene que existen “evidencias creíbles” que vinculan a cinco de esos oficiales, cuatro coroneles y un general del Ejército, al escándalo de los falsos positivos. Este caso, destapado hace una década, fue una de las peores manchas de la guerra entre el Estado, las guerrillas y los paramilitares. Civiles ejecutados sin juicio entre 2002 y 2008 en calidad de supuestos combatientes para alterar el balance del conflicto armado y lograr beneficios. El escenario hoy ha cambiado. El país se encuentra en plena transición hacia la paz. Pero en las próximas semanas, recuerda la ONG, el Senado tendrá que pronunciarse sobre esos ascensos.


“En lugar de enviar un mensaje contundente de que ha superado la oscura etapa de los falsos positivos, el Ministerio de Defensa mancha la reputación de las Fuerzas Armadas al intentar ascender a oficiales contra quienes existen denuncias serias que los vinculan a falsos positivos”, mantuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, quien pide a la Cámara que frene esa decisión.


El titular de Defensa, Luis Carlos Villegas, aprobó este miércoles las promociones. “De los 33 oficiales que se han presentado por el Gobierno a la comisión segunda [encargada de examinar los expedientes], todos tienen la plena confianza del Gobierno, no hay en esa lista nadie que tenga investigaciones penales formales, los que estaban para ascenso y las tenían no fueron considerados”, afirmó, informa Efe. Al no tener procedimientos penales abiertos, el Ejecutivo considera que hay caso.


El principal argumento de HRW tiene que ver con la responsabilidad directa o indirecta en el marco del derecho internacional. “Los patrones en los casos de falsos positivos —incluido su carácter sistemático y las circunstancias implausibles de muchas de las supuestas muertes en combate— sugieren de manera clara que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de asesinatos sabían o deberían haber sabido sobre estos crímenes”, señala la organización. “Además de otras formas de participación penal, como ordenar la comisión de un delito, los comandantes son penalmente responsables conforme al derecho internacional si sabían o deberían haber sabido que los soldados bajo su control efectivo estaban cometiendo delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”, prosigue su denuncia.


Los militares señalados por HRW, que alega investigaciones de la Fiscalía, son el brigadier general Francisco Javier Cruz Ricci, y los coroneles Mauricio José Zabala Cardona, Miguel Eduardo David Bastidas, Óscar Reinaldo Rey Linares y Raúl Hernando Flórez Cuervo.

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Más tropas de EEUU en Latinoamérica: Señales de una invasión anunciada

 

Un nuevo ejercicio militar en la amazonia da luz sobre el resurgimiento de la presencia estadounidense en Latinoamérica.

El ejército estadounidense acentuará su presencia militar en la Amazonia latinoamericana. Bajo la iniciativa Amazon Log 2017 del gobierno golpista de Michel Temer en Brasil, la Operación ‘América Unida’ juntará a los ejércitos de Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia del 6 al 13 de noviembre del 2017 en la ciudad tri-fronteriza de Tabatinga. Este ejercicio es una señal de un sustancial incremento de militarización extranjera en la región.

La iniciativa es liderada por el Comando de Logística del Ejército Brasileño y está inspirada en el ejercicio logístico militar realizado por la Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN) en Hungría en 2015, que tuvo un despliegue de aproximadamente 1700 militares. Para esta versión latinoamericana, los objetivos, según la página oficial del Ejército Brasileño, son crear una base logística multinacional temporal para realizar operaciones de control de migración ilegal, asistencia humanitaria, operaciones de paz, acciones contra narcotráfico y cuidados ambientales.

Sin embargo, como lo señaló el diario brasileño Gauchazh, enseñar a un ejército extranjero a combatir en territorio nacional debería ser considerado “alta traición”. Aunque para el Ministerio de Defensa brasileño esto no es traición sino una oportunidad que permitirá unir a los ejércitos de ambos países.

El problema de este ejercicio es la magnitud y apertura que se ha dado a los Estados Unidos en ingresar a la selva latinoamericana. Por lo que uno de los riesgos es que la base ‘temporal’ se convierta en permanente como sucedió en Hungría, tras los ejercicios de la OTAN. Aunque las autoridades brasileñas lo niegan.

Este interés de los Estados Unidos en la región debe ser medido con la historia del imperio del norte. El altruismo, cuidado a la naturaleza o lucha contra el narcotráfico estandartes para su presencia en la región hacen eco a inserciones en otras partes del mundo, especialmente Medio Oriente, y la realidad es que ahí estos no son ni fueron sus objetivos. Detrás de toda acción militar norteamericana siempre se encuentra el fin de apoderarse de recursos para lograr sus intereses nacionales.

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Bases militares de EE.UU. y la OTAN en Latinoamérica y el Caribe.

 

En el caso de América Latina, la abundancia de recursos naturales da razón a la presencia norteamericana. Según el Banco Mundial, la región cumple un rol global en la problemática del cambio climático ya que posee “las reservas de agua dulce más grandes del mundo”.

Una noticia ‘agridulce’ para los latinoamericanos ya que para varios analistas, inclusive el ex candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, “las guerras del futuro serán por el agua”. Entre los diez países con mayores reservas se encuentran Brasil (1ro), Colombia (6to) y Perú (8vo), coincidentemente los tres involucrados en la Operación ‘América Unida’.

En la Oficina de Evaluación Neta (Office of Net Assesment) del Departamento de Defensa cuyo objetivo es analizar el futuro del ejército y sus amenazas. Andrew Marshall, ex director (1973-20015) comisionó en 2004 un reporte confidencial a Peter Schwartz, consejero de la CIA y ex Director de Planificación del grupo Royal Dutch/Shell; y Doug Randall, del Global Business Network.

En las conclusiones finales, los autores argumentan que el cambio climático y la escasez de agua son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y razones para futuras conflictos militares. Trece años más tarde de dicho reporte, Estados Unidos se prepara para asentar una base más en orilla del Amazonas.

Pero el agua no es el único interés de este país en la región. Telma Luzzani, periodista argentina, explica en su libro ‘Territorios Vigilados’, que “en el Amazonas se encuentra el 95% de las reservas de niobio, fundamental para el acero de las naves espaciales y de los misiles intercontinentales, y el 96% de las reservas de titanio y tungsteno, utilizados en la industria aeronáutica espacial y militar, además de ser rica en petróleo, gas, uranio, oro y diamantes”.

Es por esto que el próximo ejercicio militar es solo una pieza más dentro de un patrón creciente de militarización y amenazas regionales. Solo en lo que va del 2017 se han realizado otros dos ejercicios militares en el Pacífico y el Caribe: Teamwork South con Chile y Tradewinds frente a las costas de Venezuela con 18 países y más de 2500 militares.

La libertad de estas acciones militares demuestra un resurgimiento de la presencia estadounidense en la región, la cual se había reducido durante los distintos mandados de gobernantes progresistas neodesarrollistas en la América Latina. Aunque el asentamiento de bases en América Latina y el Caribe ha pasado por diferentes etapas desde la posguerra es a finales del siglo XX que toma su rumbo actual.

En 1999, como parte del acuerdo Torrijos-Carter, la base militar Howard en Panamá que albergaba al Comando del Sur, rama del ejército encargada en operaciones para la región, se desmanteló. Esto llevó al que Departamento de Defensa de Estados Unidos replantee su estrategia de defensa y política exterior. Bajo el estandarte del Plan Colombia, la ‘Guerra contra la Droga’ y operaciones humanitarias, se aplicó dos modelos de bases militares en Latinoamérica.

La primera, Main Operating Base (MOB), una base militar con infraestructura y acuerdos aprobados por los gobiernos: Guantamo en Cuba, Soto Cano en Honduras y varias en Puerto Rico. A pesar de que estas siguen activas, el modelo fue desechado por que genera rechazo por parte de los habitantes nacionales y un costo elevado en infraestructura y logística.

Es por esto que se aplicó un segundo modelo llamado Foward Operating Locations (FOL) o Bases de Operaciones de Avanzada, que se caracterizan por mantener poco personal militar pero la capacidad de “escalar” su presencia si fuera necesario. Las cuatro reconocidas y oficiales en la región, iniciaron sus actividades en 1999 y son: Aruba, Curazao, El Salvador, y Manta (que no renovó el contrato en 2009).

Como lo explica Robert Kaplan, ex asesor del Pentágono (2009-2011), “a menudo, el papel clave en la gestión de un FOL es desempeñado por un contratista privado. Él alquila las instalaciones en la base del ejército del país anfitrión, y luego cobra una tarifa a los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transitan por la base. Oficialmente es un negocio privado, lo que le gusta al país anfitrión porque puede afirmar que no está realmente trabajando con el ejército estadounidense. Por supuesto, nadie, incluidos los medios locales, cree esto. Pero el mismo hecho de que una relación con las fuerzas armadas de los Estados Unidos sea indirecta en lugar de directa facilita las tensiones”.

Pero el nombre nuevo tampoco convenció a los locales, quienes comenzaron a sospechar y rechazar estas intervenciones en territorio. Por lo que la denominación FOL cambió a Cooperative Security Location (CLS), Puesto de Seguridad Cooperativa. Sin embargo, son lo mismo y en la región las bases siguen aumentando.

En la actualidad y ante la falta de cifras oficiales se conocen 75 bases aproximadamente, algunas son MOBs, FOL/CLS, y otras llevan nombres como Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) en el caso peruano. Los países que encabezan la lista Panamá (12), Puerto Rico (12), Colombia (9) y Perú (8).

 

(Tomado de HispanTV)

 

 

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Viernes, 06 Octubre 2017 11:01

“La orden es erradicar o erradicar”

“La orden es erradicar o erradicar”

Las noticias no podían ser peores y llegan como cascada durante las primeras horas de la noche del jueves 5 de octubre. Las informaciones, provenientes desde la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco, empezaron denunciando el asesinato de 4 campesinos, los que luego sumaron 9; el viernes 5 los asesinados ya suman 15 y  los heridos “más de 50”, al ser impactados por disparos de las armas del Ejército y de la Policía Nacional.

Las acciones militares que terminaron con un saldo de masacre tuvieron lugar en el marco del plan del gobierno nacional de erradicar los cultivos de coca que pululan por diversas partes de la geografía nacional. Decisión oficial que contradice lo acordado con las Farc al momento de la firma de los acuerdos que dieron paso a su desarme y desmovilización: concertar con las comunidades la sustitución de cultivos ilícitos, implementando planes alternativos para la economía agraria que le permita a miles de familias campesinas vivir de manera digna.

Según informa Asominuma, los hechos ocurrieron “En el marco de las manifestaciones pacíficas que se adelantan por parte de las comunidades campesinas [...] desde el día jueves 28 de septiembre [...] en diferentes veredas [...] en cuanto a la concertación y voluntariedad que debe caracterizar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito”.

Contrariando lo acordado, informa la Comisión nacional de derechos humanos de la coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana, que el día 29 de septiembre desembarcaron en esta zona “[...] tropas de la policía y el ejército en dos helicópteros, llegaron con orden de erradicar todos los cultivos de coca. La comunidad interlocuta con ellos y les dicen que la orden es erradicar o erradicar y solamente pararían si llega una orden presidencial, que ahí se encontraban 800 efectivos y que el día 30 llegarían otros 800 más”. Por su parte los campesinos alcanzan a reunir hasta 1.000 de los pobladores de esta región.

Según puede concluirse de lo ocurrido, tras varios días de forcejeo y de tensión entre los uniformados y los campesinos, quienes demandan la presencia de Naciones Unidas y delegados civiles del gobierno nacional, forcejeo entre quienes pretenden “erradicar o erradicar” y los campesinos que demandan alternativas económicas viables para que así procedan, la situación llega al límite: los campesinos parados en su derecho y los uniformados radicalizados amparados en el poder de sus armas, radicalización que lleva al límite impensable: el accionar de sus armas contra cientos de personas desarmadas, arrojando como resultado final el saldo ya registrado.

Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de una incursión de un grupo armado disidente de las Farc, que arrojó “[...] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

¿Una explicación para negar la verdad de los hechos?, ¿una explicación para ganar tiempo?, ¿una explicación para confundir la opinión pública? Como en otras ocasiones ha sucedido, así podría ser, lo que significaría que estamos ante una operación de contrainformación que solamente permitirá ver la realidad de los hechos pasados varios años.

Sin embargo, y como una pista no desdeñable sobre el actor que consumó esta masacre, tenemos la exigencia del gobierno de los Estados Unidos, que hace unas pocas semanas le anunció al gobierno colombiano que sino quería que las relaciones entre ambos sufrieran deterioro, tenía que erradicar los cultivos de coca. No es casual, por tanto, que los militares trasladados a este territorio le afirmaran a los campesinos “La orden es erradicar o erradicar”, no importa como, así lo confirman la cantidad de muertos y heridos.

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Jueves, 05 Octubre 2017 07:14

Militares al acecho en Brasil

© AFP 2017/ Yasuyoshi Chiba

 

La crisis política brasileña es un abismo sin fondo. Con el 3% de apoyo popular el gobierno de Michel Temer es un barco a la deriva, sin rumbo ni timonel. No cae porque se somete a las multinacionales y al agronegocio, y porque cualquiera que venga sería igual o peor. En ese clima político, los altos mandos militares empezaron a levantar la voz.

 

En pocas semanas tres generales hicieron declaraciones públicas a favor de la intervención de los militares para solucionar la crisis. La primera correspondió al general Hamilton Mourao, quien dijo en público que si las instituciones no son capaces de resolver la crisis política, "nosotros tendremos que imponer eso".

El segundo fue el general en retiro Augusto Heleno, quien había sido comandante de las fuerzas brasileñas en Haití entre 2004 y 2005. El general respaldó a Mourao, advirtió que no debía ser sancionado por el Ministerio de Defensa y amenazó con "adelantar acciones" en caso de que eso sucediera.

La tercera declaración fue del comandante militar del Sur, la guarnición más poderosa, general Edson Leal Pujol, quien llamó a la población a salir a las calles contra la corrupción para exigir una intervención militar.

Diversos analistas brasileños afirman que los militares están moviendo sus fichas ante la posible destitución de Temer por corrupción. Algunos van más lejos y aseguran que se trata de bloquear un posible triunfo de Luis Inacio Lula da Silva en las elecciones de 2018. En efecto, según las encuestas Lula es el preferido del electorado en todos los escenarios imaginables, aunque también cosecha mayor rechazo.

Un analista prudente como el ex canciller Celso Amorim, declaró recientemente que "en el actual escenario el factor militar tiene peso". El hecho irrefutable es que los militares están opinando sobre la coyuntura política, algo que está expresamente prohibido por la Constitución.

La segunda cuestión es que los militares están divididos. El comandante del Ejército, general Eduardo Villas Boas, rechazó sancionar al general Mourao. Los militares que han hecho declaraciones a favor de un golpe contra la democracia no pertenecen al mismo sector de Villas Boas.

El 26 de setiembre el comandante del Ejército citó una reunión con oficiales generales activos y en reserva, en la que participaron tres ex comandantes y el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional durante los dos gobiernos de Lula (2003-2010). Uno de los aspectos centrales fue "asegurar la cohesión, la jerarquía y la disciplina", lo que indica que los tres aspectos están comprometidos en el seno de las fuerzas armadas.

El tercer elemento a tener en cuenta es el apoyo que los militares golpistas tienen de una parte considerable de la sociedad civil. El ex militar Jair Bolsonaro, con posiciones de ultraderecha, marcha segundo en las encuestas detrás de Lula, con el 20% de las intenciones de voto. Bolsonaro tiene fluidas relaciones con el sector militar que encarna Mourao, quien a su vez es el referente de los civiles que apoyan una intervención militar.

En octubre de 2015 Mourao fue sancionado por la entonces presidenta Dilma Rousseff, por declaraciones similares a las realizadas semanas atrás. Era el responsable del Comando Militar del Sur y se lo castigó con el traslado a una tarea burocrática de economía y finanzas. A partir de ese momento fue el ícono de los manifestantes contra Dilma. Un enorme muñeco inflable de 12 metros de altura, simbolizaba a Mourao con una banda presidencial en el pecho. En marzo deberá pasar a la reserva y no son pocos los que proponen que sea candidato a la presidencia.

La cuarta cuestión radica en la importancia de las Fuerzas Armadas en la historia reciente de Brasil. Tuvieron una enorme influencia durante la extensa dictadura (1964-1985) y la perdieron completamente en la Constitución de 1988 que los relegó al control de las fronteras. Nunca perdieron el apetito de poder que hoy se manifiesta en la permanente intervención en asuntos relaciones con la seguridad pública.

Durante el mes de setiembre casi mil soldados intervinieron en la favela Rocinha, la más conocido y emblemática de Rio de Janeiro. La excusa como siempre fueron los enfrentamientos violentos entre grupos de narcotraficantes, pero la realidad indica que los militares están ensayando formas de control social, como trasladando a las favelas su experiencia en los barrios pobres de Haití, adquirida en su participación en la Misión de Pacificación de las Naciones Unidas (MINUSTAH).

La organización humanitaria Justica Global, libró un comunicado en el que afirma: "Operaciones como ésta son fruto de una política genocida de guerra contra las drogas, que viola los derechos de los habitantes de las favelas y victimiza sobre todos a los jóvenes negros. La lógica real de la perpetuación de esta política, en tanto, tiene raíces mucho más profundas, que incluyen el lucrativo mercado ilegal de armas y drogas y la corrupción de los agentes del Estado".

Los militares brasileños nunca renunciaron a dirigir el país, de manera directa o indirecta. Fueron muy críticos con el gobierno de Fernando de Henrique Cardoso (1996-2002), porque firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y privatizó empresas estatales estratégicas como la aeronáutica Embraer, al punto que muchos uniformados lo consideran como un "gobierno traidor".

Bajo Lula los militares se vieron favorecidos (y las voces críticas neutralizadas) con la definición de la Estrategia Nacional de Defensa que comenzó la modernización del armamento y la construcción de los submarinos nucleares, hoy completamente paralizados.

Luego de la participación de Temer en la asamblea de Naciones Unidas, las voces contra el presidente crecieron de forma exponencial, ya que adhirió al "protocolo adicional" al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que impide todo desarrollo nuclear del país. Durante un tiempo, los militares más nacionalistas habían apoyado a Temer porque consiguió frenar a la izquierda y al ambientalismo, ya que sostienen que la defensa de la integridad de la Amazonia está en riesgo con el monitoreo internacional de su conservación ambiental.

La batalla más inmediata serán las privatizaciones de grandes empresas estatales, como Eletrobras, que para muchos militares no es más que la desnacionalización del patrimonio brasileño. Si alguien piensa que habrá estabilidad en Brasil, deberá esperar por lo menos hasta 2019, una vez que se resuelva la sucesión de Temer en la cual las Fuerzas Armadas jugarán un papel decisivo.

 

 

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Domingo, 23 Julio 2017 06:21

Los militares y las cuentas

Los militares y las cuentas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió recientemente un latiguillo sobre el cual su país insiste hace años: que el 60 por ciento de la economía cubana se gesta en el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, un holding paramilitar de empresas que el nuevo ocupante de la Casa Blanca pretende destruir.

 

Es sólo un edificio entre tantos, ni siquiera de los más llamativos que se alinean junto a la avenida del Puerto, en La Habana. A lo sumo, alguno de los pocos vecinos de la zona podrá recordar que fue construido a mediados de la década de 1950 para alojar la jefatura de la Marina de Guerra; los guías turísticos, en tanto, tal vez ni lo noten, ocupados en conducir a sus clientes hacia las cercanas y fotogénicas plazas del centro histórico.


Sin embargo, tras sus ventanas ahumadas se toman muchas de las decisiones fundamentales en Cuba. Se trata del complejo donde radica la gerencia general del Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima (Gaesa). De acuerdo con las declaraciones que Trump hizo hace algunas semanas ante un histérico auditorio anticubano de Miami, en Gaesa confluyen los hilos que mueven alrededor del 60 por ciento de “la economía comunista”. De inmediato, medios de prensa de todo el mundo se apresuraron a replicar al presidente estadounidense.


Para William M LeoGrande, profesor de la Facultad de Asuntos Públicos en la Universidad Americana de Washington, “incluso una revisión superficial de la composición del producto bruto interno de Cuba demuestra que ese ‘hecho’ es absurdo”. Sus indagaciones le han permitido encontrar el “nacimiento” de tal sinsentido allá por febrero de 2004, cuando The Miami Herald adoptó la premisa de que “las fuerzas armadas cubanas han asumido hasta el 60 por ciento de la economía de la isla”. Para avalarla, ese rotativo citaba al “Proyecto de Transición de Cuba, del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, un proyecto financiado por el gobierno estadounidense”.


De ahí en adelante la historia ha ido cobrando cuerpo, repetida siempre con un marcado sesgo político que busca presentar al gobierno de La Habana como una dictadura militar. Mientras, el propio LeoGrande y otros analistas alejados de las posiciones de izquierda coinciden en otorgar a Gaesa una preeminencia mucho menor a la que repiten Trump y sus adláteres. Sus ingresos (las estimaciones rondan en torno a los 3.500 millones de dólares) “representan el 21 por ciento del total de ingresos en divisas de las empresas estatales y del sector privado, el 8 por ciento de los ingresos estatales totales y sólo el 4 por ciento del Pbi (según el Anuario Estadístico del 2015)”, asegura LeoGrande.


MÁS ALLÁ DE LOS CUARTELES.


No es menos cierto que los militares –y ex militares– juegan un papel fundamental en el ordenamiento institucional cubano. En primera instancia, por su “confiabilidad”; en segunda, por su número.


Gracias a la amplia estructura de organismos de seguridad que regentea (coordinada por el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del presidente Raúl Castro), el gobierno cubano mantiene un estrecho control sobre su población y, en especial, sobre los miembros del Ministerio del Interior (Minint) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far). Esa supervisión se complementa con programas de “formación político-ideológica” dirigidos a todos los combatientes en servicio o a aquellos que se forman en las academias militares.


Respecto a la cantidad de efectivos, no existen datos oficiales. De acuerdo con el número de unidades establecidas luego de su último proceso de reorganización, las Far contarían con unos 100 mil combatientes en activo y entre 200 mil y 300 mil reservistas; el Minint, por su parte, suma alrededor de 200 mil efectivos regulares. En ambos cuerpos armados sientan plaza soldados del Servicio Militar Activo (que cumplen los varones por uno o dos años), y oficiales y suboficiales de profesión, que “juran” por períodos que van desde cinco hasta 25 años. Tras su licenciamiento, todos tienen prioridad para optar por un empleo en el amplio sector estatal.


Esa es la causa de que en tantas dependencias civiles ocupen cargos de dirección antiguos militares, a veces formando mayoría. “En las escuelas de cadetes se da una gran importancia a las técnicas de dirección y de gestión de recursos. Incluso en algunos módulos nos repetían que necesitábamos formarnos para la vida con la tropa pero también para cuando fuéramos de nuevo civiles”, explica David Alejandro, ex jefe de unidades radiotécnicas que aprovechó su título militar para encontrar trabajo en la compañía Copextel, una empresa de equipos electrónicos integrada dentro del esquema corporativo de Gaesa.


“Como mi regimiento pasaría a la reserva, me ofrecieron el licenciamiento y este puesto. En total fuimos cuatro, y a todos nos dijeron lo mismo: preferían contratarnos a nosotros porque ‘los militares son más responsables’.” Muchos de sus compañeros y jefes tienen el mismo origen.


“Son múltiples los ejemplos de mandos militares transformados en empresarios: el general de brigada Luis Pérez Róspide, antiguo director de la Industria Militar, preside el Grupo Gaviota (la mayor hotelera de América Latina, con casi 30 mil habitaciones); el coronel Héctor Oroza dirige el monopolio corporativo de importación y exportación (Cimex), donde actúa como asesor el antiguo jefe de los servicios militares de Inteligencia, el general de división retirado Fabián Escalante”, señalaba en un artículo reciente el periodista Fidel Gómez Sosa.


Para el profesor de Política Internacional en la Universidad de California en San Diego Richard Feinberg, funcionario durante la administración de Bill Clinton, Gaesa “está invirtiendo sabiamente en las áreas económicas más internacionales y lucrativas de la economía”. A su juicio, “unas fuerzas armadas bien ubicadas probablemente apoyarán las reformas económicas que volverán a Cuba más eficiente y competitiva”.


De la magnitud del fenómeno da cuenta el hecho de que siete de los 17 miembros del Buró Político –el máximo órgano del gobernante Partido Comunista– visten uniformes; el resto de los integrantes de ese grupo de dirección o lo hizo en algún momento o está encuadrado en algunas de las instancias de defensa territorial con que la isla caribeña ha preparado su respuesta a una hipotética intervención norteamericana.


El hecho de que al frente de Gaesa se encuentre uno de los ex yernos del presidente Raúl Castro, el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, no hace sino agregar “leña” al fuego de las especulaciones, pues para nadie es un secreto que esa corporación funciona como un virtual “Estado dentro del Estado”, bajo un esquema de subordinación que sólo muy en segundo plano llega hasta la presidencia del país o la Asamblea Nacional.


“Ninguna de estas empresas presenta ningún tipo de información sobre sus ingresos, ganancias, impuestos pagados, estado de cuentas, ni el nombre de sus directores ejecutivos, ni hace licitación pública para ninguno de sus cargos”, apuntaba a comienzos de 2016 el sitio ForesightCuba, especializado en análisis estadísticos acerca de la isla. El tiempo transcurrido no ha contribuido a cambiar tal realidad.


Surgidas en la década de 1980 ante la necesidad de sortear las barreras del bloqueo contra Cuba, las primeras compañías del actual grupo tuvieron como premisa el secreto. Treinta años después, a pesar de su crecimiento exponencial, la práctica totalidad de las operaciones de Gaesa se mantiene en las sombras. Para bien o para mal.

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La Corte Penal Internacional pide que se juzgue a 29 altos cargos del ejército colombiano por delitos de lesa humanidad

Entre los acusados por la CPI está el actual Jefe de las Fuerzas Militares del Presidente Santos, el General Juan Pablo Gutiérrez.


Después de varios años de investigación, usando las fuentes más diversas y solventes, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, acaba de dirigir un detallado informe al Gobierno de Juan Manuel Santos pidiéndole el proceso serio y garantizado penalmente de altos militares retirados y en activo implicados en crímenes contra civiles inocentes, denominados “falsos positivos”. Entre ellos se encuentran los últimos tres generales que han comandado las Fuerzas militares y el actual, Juan Pablo Rodriguez, que ejercíala jefatura de la Quinta División cuando se produjeron 119 ejecuciones extrajudiciales durante el Gobierno Uribe.


Aunque la Fiscal se refiere a los 1228 casos que tiene documentados la Corte Penal Internacional, su informe cita el que emitió en 2015 el representante en Colombia del Alto Comisariado para los Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland, según el cual las víctimas de "falsos positivos" superarían los 5000 civiles.


Según la Fiscalía de la CPI: "la mayoría de los asesinatos se cometieron para mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla y las víctimas fueron seleccionadas especialmente pues residían en zonas remotas o pertenecían a sectores marginales de la población. Para ubicarlas se usaron civiles, paramilitares, policías o militares que secuestraron o atrajeron a las víctimas bajo engaños, como promesas de trabajo. Tras su asesinato, les colocaban armas o equipos al lado de sus cuerpos para simular combates que nunca tuvieron lugar".


Hasta ahora el único general encausado en estos delitos ha sido el General Torres Escalante. Aunque el Gobierno ha ido retirando de la actividad a otros generales sospechosos, como Luis Pico, Paulino Coronado y José Joaquín Cortés, la fiscal de la CPI acusa al Gobierno Santos de no haber dado hasta ahora “pruebas tangibles de que se estén realizando indagaciones relevantes por parte de las autoridades colombianas”, lo que significa la advertencia de una próxima intervención subsidiaria de la Justicia Internacional.


Desde 2002 Colombia está vinculada a Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma para juzgar crímenes contra la Humanidad y su Fiscal Jefe, Fatou Bensouda considera que las ejecuciones extrajudiciales probadas en este país "abarcan todos los elementos contextuales requeridos para ser evaluados como Crímenes de Lesa Humanidad, porque se tratan de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas de manera sistemática contra la población civil" y aplicadas fundamentalmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe.


Los militares no podrán acogerse a la Justicia Especial de Paz


Los 23 generales y 6 coroneles acusados por la CPI no podrán acogerse, como algunos han empezado a solicitar, a la Justicia Especial de Paz, fijada en los Acuerdos de La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, como condición para su desarme y desmovilización, y cuya aplicación está desatando grandes resistencias en la derecha colombiana, representada fundamentalmente por los seguidores del expresidente Álvaro Uribe.


Según numerosos juristas, los crímenes denominados “falsos positivos” no fueron hechos generados por el enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, para los que se aplicará la “Justicia Especial”, sino simples asesinatos orientados a exhibir falsos resultados en la actuación militar, e incluso a obtener beneficios y recompensas por parte del ejército a costa del asesinato de civiles inocentes.


En todo caso, el informe de la Corte Penal Internacional está provocando una gran conmoción entre los poderosos círculos militares, en activo o retirados, ya que, por primera vez, han salido a la luz nombres de decenas de altos mandos, cuyos representantes oficiosos trataban desde hace meses de negociar su impunidad con el Gobierno Santos. Aunque no han protagonizado ningún golpe en la historia de Colombia, los militares han representado hasta hoy un fuerte poder en la sombra.

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Unos 14 militares venezolanos están detenidos desde abril

Las fuerzas de seguridad de Venezuela arrestaron al menos a 14 militares sospechosos de "rebelión" y "traición" a principios de abril, en la primera semana de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según documentos obtenidos por Reuters.

Los efectivos, incluidos coroneles y capitanes, están detenidos en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, de acuerdo con lo que figura en las listas de detenidos que circulan entre los uniformados.

Los documentos indican que los casos eran "procesados" y no quedó claro si los detenidos han sido formalmente acusados.

Las listas surgen en medio de acusaciones de líderes de la oposición sobre una supuesta purga dentro de las fuerzas armadas para aplastar la disidencia generada por la represión a las masivas manifestaciones contra el gobierno socialista.

Los documentos vistos por Reuters dan cuenta de arrestos realizados hasta el 8 de abril. Después de esa fecha líderes de la oposición y activistas de derechos humanos dicen que más soldados han sido detenidos.

El alto mando militar ha respaldado la acusación de Maduro de que la oposición impulsa una "insurrección armada" que busca un golpe de Estado para derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos.

El Ministerio de Información y las Fuerzas Armadas no respondieron a las solicitudes de información de Reuters.

La semana pasada medios pro oposición publicaron el video de un supuesto sargento de la Marina venezolana que expresa su disidencia y apremia a sus colegas a desobedecer a los superiores "abusadores" y "corruptos". Reuters no pudo confirmar su identidad ni su paradero.

La Guardia Nacional ha contenido las protestas con gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de goma lanzados contra jóvenes que arrojan piedras, cocteles molotov y bombas de excremento, llamadas puputov.

En este contexto, Alexis Ramírez, gobernador oficialista del estado occidental de Mérida, confirmó la muerte de Edward José Paredes, de 25 años, herido el lunes en medio de una manifestación opositora en la que no participaba. El joven llevaba a su papá para ingresarlo al Centro Médico de Diagnóstico Integral, que "era asediado por motociclistas", precisó Ramírez.

Con el fallecimiento de Paredes suman 66 los muertos desde que empezaron las manifestaciones contra el gobierno hace dos meses. El Ministerio Público contabiliza además mil 276 lesionados y más de 400 detenidos.

En Ginebra, la embajadora estadunidense ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, acusó al gobierno venezolano de destruir los derechos humanos y le apremió a abandonar el Consejo de Derechos Humanos, a lo que Caracas replicó que Washington "no tiene autoridad moral" en la materia.

"El gobierno de Venezuela está destruyendo los derechos humanos y la democracia en Venezuela", afirmó Haley durante un acto organizado por Estados Unidos al margen de la 35 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El embajador venezolano, Jorge Valero, le respondió que es "insólito que el imperio estadunidense, que ha masacrado pueblos enteros con sus guerras preventivas y practica la tortura contra personas arbitrariamente detenidas en centros ilegales, se pronuncie contra nación alguna".

Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, declaró que "el verdadero plan de la ultraderecha no es derrocar a Maduro, sino consumar el exterminio de parte de la población en Venezuela".

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Manuel Zelaya: "Mi derrocamiento inició la restauración conservadora en América Latina"

En exclusiva con la periodista Telma Luzzani, para el programa radial Voces del Mundo de Sputnik, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, habló sobre el golpe de Estado que sufrió en 2009, el imperialismo y el crecimiento de la derecha en América Latina

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El golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, en Honduras, fue un cimbronazo para los países que venían llevando, con éxito, políticas progresistas en América Latina. Los golpes militares al viejo estilo volvieron a ser una amenaza posible. Pero aún más: Honduras fue el laboratorio de los futuros "golpes blandos" donde los poderes Legislativo y Judicial jugarían un rol principal. En Tegucigalpa, el expresidente Zelaya dialogó sobre ese pasado y reveló los aspectos más oscuros del poder. Entre otras cosas, contó cómo la embajada de Estados Unidos en nuestros países confecciona los gabinetes que los presidentes deberán aceptar; por qué el Ejército hondureño decidió a último momento no asesinarlo y por qué él, que toda su vida fue un político de derecha, decidió abandonar a su clase y luchar por un modelo de izquierda para su país.
Telma Luzzani: El golpe de Estado del 2009 contra Honduras es considerado como el inicio de lo que el presidente Rafael Correa llamó "la restauración conservadora" en América Latina, es decir, una ofensiva de Estados Unidos, de los poderes fácticos y de las oligarquías regionales para retomar el poder en toda la región. ¿Qué evaluación hace usted ocho años después?


Manuel Zelaya: Sí, la restauración conservadora comenzó con mi derrocamiento. Este retorno de las derechas agresivas y reaccionarias de América Latina no es coyuntural. Es una respuesta planificada desde Washington por fuerzas que sintieron que estaban perdiendo espacios en la región. Bolivia, Venezuela, Ecuador, como la propia Argentina, iniciaron un proceso de recuperación de bienes que corresponden a la nación, como los servicios públicos o los recursos naturales y esto irritó a las trasnacionales norteamericanas y europeas. Yo, por ejemplo, toqué intereses de las petroleras. Cuando traje a Petrocaribe, dijeron: "Competencia desleal para las trasnacionales del petróleo", porque aquí las compañías norteamericanas y europeas estaban acostumbradas a asociarse con el Estado hondureño y formar oligopolios. También toqué intereses de los bancos al traerles competencias como el ALBA, con financiamiento a bajísimos intereses, igual que el Banco Mundial, pero antiimperialista, democrático y de un bloque de países que trabajan por la solidaridad humana, no por el comercio. Esto irritó a Washington. Entonces se asociaron con los militares, con la élite que ha gobernado Honduras durante siglos y me derrocan violentamente.


TL: ¿Es cierto que lo llevaron a la base militar que ocupa el Pentágono en Palmerola?


MZ: Sí. Ellos entraron a mi casa en la madrugada, sin órdenes de allanamiento, sin ninguna demanda. Entraron violentamente, a los balazos, rompiendo todo y me llevaron.


TL: ¿Cuántos soldados eran?


MZ: Por lo menos 250. Yo, siendo presidente, vivía en mi casa. Es pequeña, tres habitaciones y una sala comedor. Unos 180 metros cuadrados con un patio donde estacionamos los vehículos. Bueno, la casa fue inundada por los militares. Se bajaron 10 comandos de soldados con ropa de combate, encapuchados, sólo se les veía los ojos. Entraron a los gritos, tirando puertas y sometiendo a la guardia presidencial. Era un escándalo. Me subieron a un avión y la primera escala fue en la base de Palmerola. Ahí se reabasteció de combustible. Yo al principio pensé que íbamos para Cuba o Venezuela pero me bajaron en Costa Rica.


TL: ¿Usted bajó en la base de Palmerola o fue sólo para reabastecimiento?


MZ: Los militares que me tenían cautivo bajaron y se reportaron ante los jefes de la base. Yo miraba por la ventanilla. Hay dos jefes ahí porque es una base mixta hondureña y norteamericana. Se reportan y luego me llevaron a Costa Rica. Ahí me abandonaron en un aeropuerto. Me quedé solo, en ropa de dormir. ¡Imagínate! Un presidente de Centroamérica... Yo me dije: ¡Qué miseria la de estos países, qué farsa la democracia, qué sistema más oprobioso el de América Latina! Un grupo de militares con una élite perniciosa asociada con los halcones de Washington saca a un presidente electo democráticamente y lo bota en el aeropuerto de un país vecino.


TL: Con una fuerza de 250 personas.


MZ: Militares, no civiles. Militares armados hasta los dientes, con granadas, chalecos... Y por el cielo de Honduras empezaron a volar helicópteros, aviones de combate sembrando terror en la población. Fue un golpe de Estado militar a la antigua. Después le entregaron el gobierno a los civiles y ese mismo día fueron al Congreso y dijeron que yo había firmado una renuncia. Como pasó con Salvador Allende en Chile ¿te acuerdas?


TL: Y también con el presidente Hugo Chávez en 2002, salvo que después se desmintió que él hubiera firmado cualquier renuncia.


MZ: Igual conmigo. La renuncia era falsa. Yo la desmentí desde Costa Rica, pero siguió el proceso igual. EEUU al principio condenó el golpe pero a los pocos meses se unió al golpismo para hacer elecciones bajo fuego, lo mismo que hacen en Afganistán, en Iraq, en Libia, en todos los países que invaden. Y desde aquel 2009 para acá, en Honduras se ha instalado una dictadura militar con fachada civil, fachada legal, que la dirigen los dos partidos tradicionales que me sacaron del poder. Por eso afirmo que la restauración conservadora en América Latina es un proceso bien planificado. Pero también digo que no tiene futuro porque surge como una respuesta reaccionaria de las cúpulas frente a la demanda del pueblo ante el fracaso del modelo neoliberal. El capitalismo patriarcal y patrimonial fracasó en los 90, en 1998 aparece Hugo Chávez, el Socialismo del siglo XXI y hoy están intentando otra vez parar esa demanda del pueblo. Pueden detenerla por un tiempo, ponerle diques y obstáculos, pero los pueblos siguen avanzando. Yo no creo que pueda sostenerse mucho tiempo este retorno de la derecha en Latinoamérica y el Caribe.


TL: Hay quienes sostienen que esto es posible porque existe además un Plan Cóndor mediático.


MZ: En Paraguay destituyeron a Fernando Lugo por la fuerza, en Honduras a mí, en Brasil a Dilma Rousseff también por la fuerza. Es decir que la restauración conservadora lleva conspiración. Combina ataques mediáticos, fuertes engaños publicitarios y fraudes electorales. La restauración es violenta. No es pacífica, ni democrática. No conozco las interioridades del proceso político en Argentina, pero creo que el kirchnerismo, representado Cristina Kirchner, está sometido a un ataque mediático salvaje. Esa matriz mediática hace que el pueblo sea engañado. El voto de un pueblo que no tiene información oportuna, objetiva, que no tiene la capacidad de discernir, es un voto falso, engañoso. La elección de Mauricio Macri es un fraude político.


TL: ¿Qué opina de lo que está pasando en Venezuela?


MZ: El objetivo es evidente. La Revolución Bolivariana es un símbolo latinoamericano y caribeño, como lo fue la Revolución Cubana. Cuba nunca se venció ni fue derrotada. Murió Fidel después de sufrir 600 atentados y Cuba sigue manteniendo la dignidad que necesitamos los pueblos para sobrevivir. Ahora han acrecentado la agresión contra Venezuela, contra Nicolás Maduro. Todo latinoamericano que tenga el mínimo de conciencia colectiva, de querer el bien común para estos pueblos, debe de estar al lado de Maduro y la Revolución Bolivariana, acechada, rodeada, cercada, conspirada internamente con columnas que, como caballos de Troya, agreden a su pueblo. Entonces, si nosotros admiramos a Cuba por lo que resistió durante más de 50 años, y sigue resistiendo el bloqueo, debemos de admirar también lo que el pueblo de la Revolución Bolivariana está soportando en condiciones inclusive peores porque Venezuela no es una isla, tiene fronteras con Colombia, con Ecuador, con Brasil. Y luego, Barack Obama hace un decreto diciendo que Venezuela es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Imagínate, esa potencia que es millones de veces más grande diciendo que Venezuela es un peligro. ¡El peligro son ellos para la humanidad! El Goliat declarando que David es una amenaza con su honda. Venezuela tiene problemas porque el imperio está acechándola y rodeándola. Pidámosle a EEUU que saque sus narices de Venezuela.


TL: El actual presidente Donald Trump ha dado un giro de 180 grado respecto a lo que prometió durante su campaña en relación China y Rusia ¿Qué cree que pasó?


MZ: Yo siempre lo dije: el imperio es más fuerte que sus presidentes. Los pueblos eligen a sus presidentes pensando que son los que mandan. Yo que estuve sentado en la silla presidencial sé que te dejan gobernar y mandar únicamente si obedeces las órdenes tanto del imperio de turno, como de la oligarquía mediática, económica y militar que gobiernan nuestros países. Si estás en contra de ellos, tienes a los medios nacionales y a las principales cadenas de radio y televisión del mundo encima, a los bancos y a las transnacionales encima. Inclusive las iglesias, las ONGs, los sectores reaccionarios en las universidades, todos se te vienen en contra cuando tú estás realmente queriendo hacer reformas sociales en pro del bien común. A mí, en este pequeñito país, siendo presidente, me derrocó la élite de aquí asociada con los norteamericanos y los militares. Y a Trump lo está venciendo el complejo militar industrial de su país. Él es un empresario. Llegó a la Casa Blanca con sus ideas de cómo gobernar el país y el mundo. Pero cuando le empiezan a explicar los réditos económicos que logran invadiendo, haciendo la guerra, sometiendo países para apropiarse de sus recursos naturales, entonces él empieza a comportarse como cualquier presidente de una potencia que conspira contra la paz. Pensar que Trump puede sobreponerse al imperio es una quimera. Tiene de espaldas el imperio. A él lo pueden aplastar el día que quieran. El imperio lo está venciendo.


TL: Ud. era un dirigente de derecha. ¿Por qué razón cuando ganó la presidencia adoptó políticas de izquierda? ¿Su clase social, la de la derecha, le perdonó ese vuelco?


MZ: No. No me lo van a perdonar nunca, aunque yo ya les perdoné a ellos el daño que nos han hecho. Y me vine de la derecha, donde estuve muchos años, a la izquierda porque la razón histórica, inteligente, sensible, humana, está de este lado. La historia la construyen los pueblos, no las élites. Yo tenía un sueño, una esperanza, una quimera. Me metí en política a los 30 años, cuando vino la democracia después de gobiernos militares. Pasé desde una aldea en una zona rural y después de 25 años de una lucha titánica llegué al punto de ser presidente de Honduras. Luché 25 años. Todos los días. Abandoné todo: empresa, familia, todo para irme a la lucha política y llegué a la presidencia. Y ahí me senté con la cúpula militar, con las élites económicas, las mediáticas, las empresariales, con las iglesias y con el imperio.


TL: Con la embajada.


MZ: Más que la embajada: con el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, el Comando Sur, la Unión Europea, que fueron parte de todo ese proceso. Yo me senté con los organismos internacionales de tú a tú. Con el Vaticano. Me senté pues a hablar y a ver las cosas en la realidad. Entonces un amigo que estaba presidiendo las compañías petroleras en Honduras me dijo la verdad: "¡Ni un penique, presidente! Es nuestro dinero, nos ha costado demasiados años ganarlo en nuestras compañías trasnacionales. Corresponde a concesiones, a contratos que hemos hecho y ni un penique le vamos a ceder al Gobierno". Yo les demostraba que esas ganancias eran fruto de precios indebidos, que sus actividades económicas no respetaban ni siquiera las reglas del sistema capitalista. Y les dije: "Ustedes están aquí con políticas económicas fraudulentas, con monopolios, poniendo precios injustos, sacrificando a este país, ¿cómo es que no podemos llegar a acuerdo?" Ellos me apoyaron para llegar a presidente, pero cuando llegué querían que fuera su gendarme, su operador, querían que les autorizara absolutamente todo. ¿Cómo podía permanecer de ese lado de la historia? Si allí lo único que se busca es el poder por sí mismo, ni siquiera el dinero. Lo único que se busca es el beneficio para quienes ya les sobra absolutamente todo, donde yo siempre estuve, pero creí que tenía en ese momento la capacidad de convencerlos. Y no. ¿Sabes cuál fue la primera petición que me hizo la Casa Blanca? Que le diera una visa de asilo diplomático a Posada Carriles, al terrorista. ¿Cuál fue la primera petición aquí en Honduras? Que nombrara el gabinete de gobierno que ellos habían diseñado en la embajada.


TL: Así directo.


MZ: Así directo. Me dijeron: "Aquí está la lista de las personas que usted va a nombrar en su gabinete, para que la analice". Así dominan nuestros países. Entonces cuando tú llegas y ves esa realidad, ¿cómo puedes permanecer en un lugar que sabes que es la desgracia de la humanidad? Tienes que cambiar. Entonces, lo primero que hice fue hablarle a Chávez para que me ayudara con petróleo. Hablé con Cristina Kirchner, con Lula. Honduras no tenía relaciones con los países de la región. Nunca había venido un presidente de Brasil a este país hasta que yo traje a Lula. Me uní al bloque antiimperialista del ALBA, escuché las demandas populares, empecé a trabajar con los sindicatos, los obreros, los maestros, los campesinos pero también con los agricultores, los ganaderos y los empresarios. Empecé a trabajar en una óptica eminentemente pluralista ideológicamente y democrática. Pero es mentira que ellos quieran la democracia. Lo que quieren son concesiones para sus privilegios económicos y llevarse todo.


TL: Pero usted no se opuso al modelo capitalista.


MZ: Yo no me opongo a que haya grupos empresariales económicos fuertes. ¡Que hagan el dinero que quieran! Como presidente me opuse a que les nieguen a los demás la posibilidad de tener una oportunidad, de sentirse seres dignos, con libertad de tomar decisiones. Denuncié la forma farisea y falsa de los discursos que hacen las potencias sobre la democracia en nuestros países. Yo les decía: "¿Cómo es que como presidente no puedo subirle los derechos al pueblo porque se oponen los principales poderes fácticos?" Ahí empezó mi cambio. No pensaba en izquierda o derecha, sino en cómo hacer el bien común. No quise llegar a la presidencia para pasar sin pena ni gloria, sino someterme a cualquier sacrificio para decir la verdad. El día del golpe de Estado, los militares dijeron que la orden era matarme. ¿Me dejaron vivo? Pues que me aguanten, porque cada segundo desde que me dejaron vivo les he demostrado que siguen estando equivocados, y la conciencia que se crea en todos estos pueblos cada día es mayor. Nadie nos va a regalar a nosotros ni libertad, ni independencia, ni soberanía, ni Estado de derecho, ni república, ni derechos de solidaridad con los pueblos. Eso se gana luchando y hay que estar dispuesto, en ese sentido, al sacrificio.


TL: ¿Sabe por qué no cumplieron la orden de matarlo?


MZ: No me mataron porque los militares hondureños se opusieron a mi muerte. Hubo dos sesiones en la que ellos deliberaron y votaron. Ahí el ejército decidió que me iban a sacar pero no me iban a asesinar.


TL: ¿La orden de matarlo vino del sector civil?


MZ: Un civil no le ordena a un militar. No sé de dónde vino la orden pero puedo suponerlo: a un militar le ordena otro de mayor jerarquía. Para mí la orden vino de los rangos de estrellas que gobiernan el mundo. Y aquí estoy, diciéndole la verdad para que los pueblos abran los ojos, como decía nuestra luchadora Berta Cáceres, "¡Despierta, humanidad!".

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Decreto que suspende órdenes de captura contra miembros de la Fuerza Pública procesados atenta contra las víctimas y sus derechos a la justicia y la verdad

La implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz– JEP, está significando menos garantías para las víctimas de crímenes de Estado y más beneficios sin contraprestaciones para los victimarios agentes de la Fuerza Pública. Este tratamiento ha pasado de ser diferencial a ser preferencial.

 

1.- El 3 de mayo de 2017, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el Acto Legislativo 01 de 2016, los ministerios de Defensa y de Justicia promulgaron el decreto 706 de 2017 “por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones”, el cual prevé la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura y la revocatoria o suspensión de la medida de aseguramiento para miembros de la Fuerza Pública por delitos cometidos con ocasión, en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

2.- Según la exposición de motivos esta disposición busca garantizar un tratamiento diferenciado pero equitativo, recogiendo preocupaciones del Fiscal General de la Nación por el hecho de que a los guerrilleros les fueran suspendidas las órdenes de captura y las medidas de aseguramiento, mientras que a los integrantes de la Fuerza Pública no. El Acuerdo Final reconoce un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico a los agentes del Estado teniendo en cuenta su calidad de garante, pero comopuede apreciarse, equitativo para el Fiscal supone una operación matemática según la cual los beneficios para unos deben otorgarse en igual medida a otros. Sin embargo, desconoce un elemento transversal a la aplicación de medidas diferenciales como lo es la posición de garante que ocupan los miembros de la Fuerza Pública respecto de los ciudadanos, lo que implica que si cometen un delito, la sanción debe ser más drástica. Lo anterior no es un capricho de las organizaciones de derechos humanos, ni mucho menos del legislador o el constituyente, sino un estándar internacional y constitucional, que tiene por finalidad diferenciar el grado de las responsabilidades de quienes teniendo la función de proteger los derechos de la población, atentan deliberadamente contra esta.

3.- Tampoco puede ser simétrico o equitativo que se apliquen estas medidas a agentes de la Fuerza Pública que como vimos tienen mayor responsabilidad y que tras su aplicación quedarían en libertad, frente a los integrantes de las FARC, de quienes se sabe, se encuentran en Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN, bajo observación del mecanismo de monitoreo. También constituye una contradicción con la Ley 1820 del 2016 que regula las amnistías, indultos y otros tratamientos especiales, en la cual se disponía que las libertades de los miembros de la fuerza pública procesados por delitos graves sólo podían hacerse efectivas de manera transitoria y condicionada, cuando hubieren cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad, bien sea porque se encontraban condenados o porque pesaba en su contra una medida de aseguramiento. La misma ley prevé que en caso contrario deberían seguir privados de la libertad y no suspender las medidas como contradictoriamente lo establece el decreto 706 de 2017.

4.- De otro lado, suspender las órdenes de captura de los agentes de la Fuerza Pública no supone un tratamiento diferenciado sino un beneficio arbitrario a quienes deliberadamente nunca comparecieron al proceso penal o decidieron ser prófugos de la justicia. Es incluso una medida que vulnera el principio de igualdad entre los propios integrantes de la Fuerza Pública que están efectivamente privados de la libertad

5.- Respecto de la suspensión de las medidas de aseguramiento, la norma olvida que la adopción de éstas, por su naturaleza restrictiva de los derechos del procesado (especialmente el derecho a la libertad) son de aplicación excepcional y, por mandato legal, sólo operan en circunstancias como la protección del proceso, la sociedad y las víctimas. Es claro que las medidasde aseguramiento cuando son utilizadas por los operadores judiciales de forma responsable, ponen el acento en la protección de la sociedad y las víctimas, de manera que, al ser revocadas o suspendidas, es a ellas a quienes se está afectando. En últimas, cada vez se ratifica la vulneración a las victimas de agentes de estado, como acertadamente lo manifestó ToddHowland Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia: “consideraciones políticas y de beneficios en materia de justicia para los victimarios ocupan en la actualidad la atención pública y se les está dando mayor prioridad en los debates, en lugar de poner la atención en la realidad que viven ocho millones de víctimas”.

6.- Ni el decreto en mención, ni la Ley 1820 de 2016 establecen frente a estos beneficios, el derecho a la información, ni la posibilidad de participación e intervención de las víctimas o sus representantes, que se predican centrales en el SIVJRNR, ni siquiera tratándose de crímenes internacionales que serían de competencia de la JEP como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, genocidio, sobre los cuales el Decreto 706 de 2017 no establece excepciones.

7.- Es preocupante, que el decreto 706 de 2017 impulsado por el Fiscal General de la Nación desestimula la labor de los fiscales en todo el territorio nacional para continuar con las investigaciones que les corresponde, que no cesa hasta que la JEP solicite los procesos, y que además constituye una obligación internacional para el Estado colombiano y un compromiso ético entre las partes, previsto en el acuerdo, de no intercambiar impunidades.

8.-Estas disposiciones legales pretenden configurar una política más amplia para asegurar que los instrumentos del SIVJRNR garanticen la impunidad de los crímenes de Estado y de sus cómplices. En ese orden de ideas, puede apreciarse la definición que trae el acto legislativo 01 de 2017 sobre la responsabilidad de mando en el artículo 24 y sobre la responsabilidad de terceros en el artículo 16, que desconocen flagrantemente estándares internaciones fijados en el Estatuto de Roma. Lo mismo podría decirse del decreto 502 del 27 de marzo de 2017 a través del cual se nombró al Ministro de Defensa o su delegado para integrar la junta directiva del Centro de Memoria Histórica, con lo cual no solo queda en duda la independencia de este organismo sino que demuestra las prioridades del Estado en la construcción de narrativas que desvirtúen la existencia de la criminalidad estatal.

9.- Las organizaciones y plataformas de derechos humanos firmantes reiteramos nuestra preocupación por el contenido de varias disposiciones previstas en las leyes y decretos que se han promulgado en el transcurso del proceso de implementación legislativa del Acuerdo Final de Paz, que responden a la presión que vienen ejerciendo las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa para materializar una legislación favorable a la impunidad de sus crímenes, y que en su conjunto constituyen una autoamnistía que provocaría la intervención de la Corte Penal Internacional. Al día de hoy se aprecia una disminución de las garantías para las víctimas y un aumento desmedido de beneficios para los victimarios sin la adopción de contrapesos para su otorgamiento. Esto es particularmente visible en las medidas de tratamiento diferencial para los miembros de la Fuerza Pública que se ha convertido en un tratamiento preferencial y privilegiado.

10.- A las autoridades judiciales les recomendamos recordar que el principio de integralidad de las medidas del Sistema implica que, al momento de resolver estas peticiones respecto de crímenes graves, en primer lugar se establezca si estos tienen relación con el conflicto o si por el contrario son crímenes de violencia sociopolítica y de persecución masiva y sistemática al movimiento social, que están por fuera de la confrontación armada, y en segundo lugar, no se otorguen beneficios más favorables a los ya establecidos en la ley 1820 de 2016.

Bogotá, 5 de mayo de 2017

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEUU
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
Corporación Juridica Libertad – CJL
Comité de Solidaridad con Presos Políticos – CSPP
Escuela Nacional Sindical – ENS
Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos – GIDH
Corporación REINICIAR
dhColombia
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP
Centro de Estudios Juan Gelman
Colectivo Sociojuridico Orlando Fals Borda
Asociación Minga
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Comision Intereclesial de Justicia y Paz
Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI
Corporación Pacipaz, Territorio, Identidad y Cultura para la Paz
Análisis Urbano
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES
Asociación de Vivienda EMECE
La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – Asovisna
Asociación Campesina de San José de Apartadó – Acasa
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Cpdh
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos – ILSA
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – Andas
Fundación Sumapaz
HIJOS E HIJAS por la Memoria y contra la Impunidad
Coorporación para el Desarrollo Regional
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Organización de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada del eje cafetero Voces unidas exigiendo justicia
Asociación medio ambiente y desarrollo Enda América Latina-Colombia
Migrantes y Exiliados colombianos por la Paz MECoPa Argentina
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CAREF
Mesa Psicosocial
Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos – ASFADDES
Colectivo 16 de mayo
Corporación construyendo poder, democracia y paz – PODERPAZ
Grupo de familiares de víctimas de crímenes de Estado Vida Memoria y Dignidad
Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara
Ángela María Robledo, Representante a la Cámara
Asociación Campesina de Antioquia – ACA
Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz
SINTRAEMSDES
H.I.J.O.S Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Instituto Popular de Capacitación – IPC
Asociación Paz con Dignidad (España)
Comunidades Construyendo Paz – Conpaz
MOVICE Capítulo España
Unión Sindical Obrera – USO
Equipo Interdisciplinario Forense de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial
Ceac

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En Haití, red de abusos sexuales de Cascos Azules

Puerto Príncipe.

Entre las ruinas de un paraíso tropical donde alguna vez personalidades del jet set disfrutaron copas de ron bajo el sol caribeño, muchos niños y niñas abandonados buscaban sobrevivir.

Los menores mendigaban alimentos y buscaban comida entre desperdicios, pero nunca reunían lo suficiente para calmar su hambre hasta que un contingente de cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se instaló a poca distancia.

Esos hombres venían de tierras lejanas, hablaban una lengua extraña y ofrecían a los niños haitianos galletas y otras golosinas.

En ocasiones les daban algunos dólares, pero el precio era alto: los casos azules de Sri Lanka querían tener sexo con niñas y niños de apenas 12 años de edad.

"Ni siquiera tenía senos aún", dijo una menor, conocida como V01 (víctima número uno). Ella declaró ante investigadores de la ONU que en los siguientes tres años, de los 12 a los 15, tuvo sexo con casi 50 cascos azules, entre ellos un "comandante" que le dio 75 centavos.

Afirmó que a veces dormía en camiones de la ONU, en la base próxima a lo que fue un centro turístico, ahora en total deterioro.

La justicia para las víctimas como V01, sin embargo, es inusual.

En una investigación sobre las misiones de la ONU en los 12 años recientes, The Associated Press (Ap) encontró casi 2 mil denuncias contra cascos azules y otro personal del organismo por abuso y explotación sexual, en lo que parece el indicio de una crisis más grave de lo que se conocía.

En más de 300 denuncias las víctimas eran menores, pero sólo una fracción de los perpetradores fue a prisión, encontró la Ap.

Jurídicamente, la ONU está limitada para actuar. No tiene jurisdicción sobre los cascos azules y la sanción de los responsables corresponde a los países que aportan los efectivos militares.

Ap entrevistó a presuntas víctimas e investigadores, así como a funcionarios y ex funcionarios de la ONU, y solicitó a gobiernos de 23 países información sobre el número de cascos azules que enfrentan denuncias de ese tipo y las acciones emprendidas, si es que las hubo, para investigarlas.

Salvo raras excepciones, pocos países atendieron las solicitudes de información, y en el caso de quienes fueron encontrados culpables sus nombres permanecen bajo reserva, lo cual hace imposible determinar si hubo rendición de cuentas.

Una solución se vuelve inalcanzable por falta de acuerdo entre los estados miembros de la ONU para concretar una reforma amplia.

En Haití, al menos 134 cascos azules de Sri Lanka estuvieron involucrados en una red que utilizó sexualmente a nueve menores de 2004 a 2007, de acuerdo con un informe interno de la ONU obtenido por la Ap.

Después de la difusión del documento, 114 cascos azules fueron enviados a sus países de origen y ninguno terminó en la cárcel.

No se tolerarán ilícitos: ONU

En marzo pasado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció nuevas medidas para enfrentar el abuso y la explotación sexual de cascos azules y demás personal de la ONU.

"No toleraremos que nadie cometa o consienta la explotación ni el abuso sexual. No permitiremos que nadie tape estos delitos con la bandera de la ONU", expresó Guterres.

Sin embargo, esa proclama sonó penosamente familiar: hace más de una década Naciones Unidas encargó un informe que prometía prácticamente lo mismo, pero la mayoría de las reformas jamás se concretó. Dos años después de aquellos compromisos, los soldados continuaron abusando de menores en Haití. Y en años posteriores pesan sobre cascos azules acusaciones similares en todo el mundo.

En uno de los peores casos en Haití, un adolescente dijo que cascos azules uruguayos lo violaron tumultuariamente en 2011 y grabaron la agresión sexual con un celular.

Decenas de mujeres haitianas también afirman que las violaron, y muchas más aseguran que recurrieron al llamado "sexo de sobrevivencia", en un país donde la mayoría de los habitantes vive con menos de 2.50 dólares por día, según determinó la Ap.

El abogado haitiano Mario Joseph intenta conseguir una indemnización para las víctimas de una cepa mortal de cólera vinculada a la llegada de cascos azules nepaleses. Según algunos cálculos, 10 mil personas murieron debido a esa enfermedad.

Hoy, Joseph intenta conseguir manutención infantil para más de 10 haitianas a las que cascos azules dejaron embarazadas.

"Imagine que Naciones Unidas va a Estados Unidos, viola a menores y lleva cólera", declaró Joseph en Puerto Príncipe. "Los derechos humanos no son sólo para la gente blanca y rica".

El senador federal estadunidense Bob Corker coincide con el abogado. El republicano de Tennessee, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, exige reformas en la ONU.

Corker bien podría impulsarlas durante la presidencia de Donald Trump, cuyo gobierno ha propuesto una reducción de 31 por ciento al presupuesto relacionado con la diplomacia y la asistencia exterior.

Corker y la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, quieren una revisión de todas las misiones del organismo mundial.

El senador recordó su disgusto durante una audiencia sobre los casos de abuso sexual de personal de la ONU en la República Centroafricana que salieron a la luz el año pasado.

"Si yo escuchara que una misión de paz de la ONU va a llegar cerca de mi casa en Chattanooga, tomaría el primer avión para regresarme y proteger a mi familia", dijo el legislador a la Ap.

El centro turístico Habitation Leclerc era muy famoso en Puerto Príncipe, un exuberante lugar en medio de las tétricas callejuelas de la capital. En su época de gloria, en la década de 1980, celebridades como Mick Jagger y Jackie Onassis solían descansar cerca de la piscina o recorrer las instalaciones, que incluían un templo vudú.

Para 2004, el complejo estaba convertido en un conjunto de inmuebles deteriorados y varios niños, huérfanos o abandonados por sus padres, vivían en las ruinas.

Fue ahí donde V01 conoció a otras víctimas, dos adolescentes señaladas en el informe de la ONU como V02 y V03, y un chico, V08. El muchacho las ayudaba y les traía de manera ocasional comida de casa de una tía, pero casi siempre tenían hambre.

Los cascos azules llegaron ese año como parte de una misión para contribuir a la estabilización de Haití tras la destitución del presidente Jean-Bertrand Aristide.

Los ceilaneses, unos 900 efectivos, llegaron a un país históricamente inestable, afectado por la violencia y los secuestros, durante un gobierno deficiente y mal preparado para confrontar el caos.

Algunos cascos azules del contingente de Sri Lanka se instalaron cerca del otrora centro turístico.

En agosto de 2007, la ONU recibió quejas de "interacciones sospechosas" entre soldados ceilaneses y menores haitianos de ambos sexos. Los investigadores de la ONU entrevistaron entonces a nueve víctimas, así como a testigos, pero la red sexual continuó activa.

V02, quien tenía 16 años cuando la entrevistó un grupo de la ONU, dijo a ese equipo que tuvo sexo con un comandante ceilandés al menos en tres ocasiones. Lo describió como un tipo pasado de peso que usaba bigote y llevaba un anillo de oro en el dedo medio.

Afirmó que ese comandante a menudo le mostraba una fotografía de su esposa. Los cascos azules también le enseñaron algo de su idioma para que pudiera entender las insinuaciones sexuales. Los menores incluso conversaban en ceilanés entre ellos cuando los entrevistaron los investigadores de la ONU.

V03 identificó a 11 efectivos de Sri Lanka mediante fotografías, uno de los cuales, afirmó la víctima, era un cabo que tenía una cicatriz de bala "distintiva" entre la axila y la cintura.

V04, entonces de 14 años, sostuvo que tenía sexo a diario con los soldados a cambio de dinero, galletas o jugo.

Otra víctima joven, V07, recibió una llamada telefónica de un casco azul de Sri Lanka cuando la entrevistaban los investigadores. Explicó que los soldados pasaban a los miembros del nuevo contingente el teléfono de ella para que la llamaran y tuvieran sexo.

El chico, V08, dijo que tuvo sexo con más de 20 ceilaneses. La mayoría se quitaba su identificación antes de llevárselo a unos camiones militares de la ONU, donde él les hacía sexo oral o era sodomizado.

Otro chico, V09, tenía 15 años cuando comenzaron sus encuentros con cascos azules. Dijo que durante tres años tuvo sexo con más de cien ceilaneses, y a veces eran de cuatro por día, según los investigadores.

Demasiados casos, dice las ONU

De acuerdo con la ley haitiana, tener sexo con un menor de 18 años es considerado estupro. El código de conducta de la ONU prohíbe la explotación.

"Los actos sexuales descritos por nueve víctimas son demasiados para ser presentados exhaustivamente en este informe, en virtud de que cada una afirma haber tenido múltiples acompañantes sexuales en diversos lugares donde los contingentes de Sri Lanka estuvieron instalados durante años en diversas partes de Haití", se dijo en el informe.

Los investigadores mostraron a las víctimas más de mil fotografías que incluían retratos de efectivos de Sri Lanka y los lugares donde los menores tuvieron sexo con los soldados.

"La evidencia muestra que de finales de 2004 a mediados de octubre de 2007, al menos 134 miembros de los contingentes ceilaneses, actuales y anteriores, explotaron y abusaron de al menos nueve menores haitianos", según el informe.

Después de la presentación del informe, 114 cascos azules de Sri Lanka fueron regresados a su país, y hasta ahí llegó la red sexual. Sin embargo, prosiguió la depredación sexual de haitianos.

Janila Jean dijo que tenía 16 años y era virgen cuando un casco azul brasileño la llevó a una instalación de la ONU hace tres años con el anzuelo de darle mantequilla de maní con pan. El militar la violó a punta de pistola y la embarazó.

Ahora, ella llora constantemente. "A veces me imagino estrangulando a mi hija", dijo Jean en entrevista bajo la sombra de un árbol cerca de la ex base Jacmel.

Con ella estaban otras tres mujeres que también dijeron haber sido violadas por cascos azules. Una estaba sentada en cuclillas mientras retiraba la pulpa a un coco y la echaba a un caldero con agua y maíz, uno de los principales alimentos para las mujeres y sus pequeños.

El almirante Ademir Sobrinho, de las fuerzas armadas de Brasil, dijo en conferencia de prensa en Londres que entre sus efectivos jamás hubo casos de violación, abuso o explotación sexual.

Al igual que otras víctimas, Jean no denunció la violación. Unas 12 mujeres entrevistadas por Ap dijeron que tenían mucho miedo de denunciar los delitos por temor a que las responsabilizaran de lo ocurrido o peor, ver de nuevo las caras de sus victimarios.

Ap encontró que unas 150 denuncias de abuso y explotación sexual por cascos azules y demás personal de la ONU fueron presentadas en Haití de 2004 a 2014, de un total de casi 2 mil a escala mundial. Aparte de la red sexual de los efectivos de Sri Lanka, algunos perpetradores fueron encarcelados por otros casos.

Los militares implicados en las denuncias procedían de Bangladesh, Brasil, Jordania, Nigeria, Pakistán, Uruguay y Sri Lanka, según información de la ONU y las entrevistas. Más países podrían estar implicados, pero Naciones Unidas comenzó a revelar las nacionalidades de los presuntos perpetradores después de 2015.

"Broma fuera de control"

En julio de 2011, cuatro cascos azules uruguayos y su comandante presuntamente violaron en forma tumultuaria a un adolescente haitiano. Los efectivos grabaron la agresión con celulares y difundieron las imágenes por Internet. Nunca fueron enjuiciados en Haití.

Cuatro de los cinco fueron condenados en Uruguay por "violencia privada", un cargo menor. Las autoridades dijeron que se trató de "una broma que se salió de control" y que nunca hubo violación.

El año siguiente, tres paquistaníes integrados en las unidades de policía de la ONU en Haití fueron acusados de violar a un discapacitado mental de 13 años en la ciudad de Gonaives.

Investigadores de la ONU viajaron a Haití para hacer las pesquisas, pero los paquistaníes secuestraron al chico para impedir que declarara sobre los abusos, que continuaron durante más de un año, según uno de los investigadores del caso que solicitó el anonimato por temor a represalias del organismo mundial.

Los hombres fueron enjuiciados en Haití por un tribunal militar paquistaní y fueron regresados a su país. En teoría, el juez podría haber permitido el acceso a testigos, pero se desconoce si se llamó a alguno. Las autoridades paquistaníes también se rehusaron a permitir a la ONU observar los procesos. Al final, un elemento fue enviado un año a prisión, según Ariane Quentier, portavoz de la misión para Haití.

Las fuerzas militares de Pakistán han rechazado hacer declaraciones sobre el caso.

La información revisada por Ap correspondiente a un periodo de 12 años está incompleta y varía en su nivel de detalle, en particular en los casos previos a 2010. Centenares de casos más fueron cerrados con poca o ninguna explicación. Ap analizó la información de los informes anuales así como la proveniente de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna.

Después de la investigación sobre la red sexual infantil, un equipo ceilanés pasó dos semanas en Haití en octubre de 2007. Entrevistó a 25 militares de más de 900 y concluyó que sólo dos cabos y un soldado raso tuvieron sexo con dos víctimas "jóvenes".

Tres soldados negaron haber tenido encuentros sexuales pero los invetigadores sospechan que mintieron.

Durante seis meses, el ejército y el gobierno de Sri Lanka declinaron responder a las preguntas de Ap sobre el caso de 2007.

El mes pasado, el gobierno de Sri Lanka reconoció que sus fuerzas militares habían investigado a 18 soldados implicados y que "el secretariado de la ONU reconoció por escrito que el gobierno había adoptado medidas y consideró el asunto cerrado desde el 29 de septiembre de 2014".

Algunos cascos azules implicados en la red continuaban el año pasado en las fuerzas militares de Sri Lanka, dijeron funcionarios castrenses del país.

La ONU, por su parte, mantuvo el envío de cascos azules ceilaneses a Haití y otros países a pesar de haber corroborado los abusos sexuales infantiles.

El secretario de Defensa de Sri Lanka, Karunasena Hettiarachchi, en apoyo de sus efectivos, afirmó que “la gente está muy contenta y cómoda con los cascos azules”.

Un embarazo por 45 mil dólares

Marie-Ange Haitis dijo que conoció a un comandante ceilanés en diciembre de 2006 y él pronto comenzó a hacerle visitas nocturnas en su casa en Leogane.

"Para enero ya habíamos tenido sexo", afirmó la mujer. "No fue violación, pero tampoco una situación consensual. Sentí como si yo no tuviera otra opción", agregó.

Haitis dijo que cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, el traductor haitiano asignado a los ceilaneses le indicó que abortara. Después, funcionarios de la ONU la acusaron de mentir.

Cuando la entrevistaron en agosto, Haitis dijo que tenía casi una década esperando a que la ONU considerara un reclamo de paternidad para la manutención de la niña.

Finalmente, a principios de este año, autoridades de Sri Lanka y de Naciones Unidas dijeron a la Ap que se hizo un pago único de 45 mil 243 dólares para la hija de Haitis. La ONU explicó que Sri Lanka aceptó el reclamo de paternidad sin ninguna prueba de ADN y el comandante fue dado de baja.

Funcionarios de la ONU dijeron que no pudieron encontrar a ningún miembro de la misión en Haití que hubiera respondido por las víctimas en el caso de la red sexual infantil y dijeron desconocer la suerte de los menores.

Una organización italiana no gubernamental, AVSI, señaló que ayudó a los menores buscándoles casa, además de que les brindó asesoría y los ayudó a reintegrarse en escuelas, pero les perdió la pista después del devastador sismo de 2010 que sacudió al país.

Atul Khare, jefe de apoyo de campo de la ONU que supervisa la conducta y disciplina de los efectivos de las fuerzas de paz, reconoció la magnitud del problema y señaló que el organismo debe hacer más para ayudar a las víctimas, como reunir información precisa y dar seguimiento con los países que aportan efectivos.

Una revisión que Ap hizo de los informes sobre la conducta de las misiones de campo de la ONU mostró irregularidades en la conservación de expedientes. Un documento de 2008, por ejemplo, indica que fueron presentadas 19 denuncias en Haití, pero la ONU registró sólo dos a escala mundial que implicaban a menores, lo que pareció contradecir el propio informe de la investigación del organismo mundial de finales de 2007, en el que detalló la red sexual infantil con al menos nueve víctimas menores de edad.Daños y perjuicios

Algunos haitianos se preguntan si la ONU ha hecho más daño que bien a un país que ha resistido diversas tragedias desde que se convirtió en la primera república negra en 1804.

El personal de la ONU afirma que durante años ha contribuido a la estabilidad de la nación caribeña, salvado vidas después del terremoto de 2010 e impedido hechos de violencia durante periodos de agitación.

La misión, que tiene en la actualidad 5 mil personas y cuyo número se espera sea disminuido en octubre, también ha adiestrado a contingentes policiales, proveído seguridad durante elecciones y apoyado al sistema judicial.

"No me atrevería a decir que hemos logrado todo lo que nos propusimos, pero estamos comprometidos en un proceso de mejora continua tal que cualquier perjuicio a las poblaciones podría ser minimizado, si no es que completamente erradicado", afirmó Khare.

Muchas personas en Haití no están convencidas del todo.

"Me gustaría ver a mi agresor cara a cara y decirle cómo destruyó mi vida", dijo Melida Joseph, de 21 años. La joven afirmó que fue violada por un casco azul y apenas logró escapar a una violación tumultuaria en Cite-Soleil, un barrio pobre a la orilla del mar. Al igual que otras víctimas, ella jamás denunció el delito.

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