Domingo, 17 Julio 2016 07:02

No será el último golpe en Turquía

Ankara

 

Recep Tayyip Erdogan se lo había ganado. El ejército turco no iba a mantener su obediencia mientras el hombre que iba a recrear el imperio otomano convertía a sus vecinos en enemigos y a su país en una caricatura de sí mismo. Pero sería un grave error dar por sentadas dos cosas: que el sofocamiento de un golpe militar es un asunto momentáneo, después del cual el ejército se mantendrá leal a su sultán, y considerar los al menos 250 muertos y más de 2 mil 839 detenidos como algo aislado del colapso de las naciones-estados de Medio Oriente.

 

Los sucesos del fin de semana en Estambul y Ankara tienen íntima relación con el derrumbe de las fronteras y de la credibilidad del Estado –la suposición de que las naciones de Medio Oriente cuentan con instituciones y fronteras permanentes–, que ha infligido graves heridas en Irak, Siria, Egipto y otros países del mundo árabe.

 

La inestabilidad es hoy tan contagiosa en la región como la corrupción, en especial entre sus potentados y dictadores, una clase de autócratas de la que Erdogan ha sido miembro desde que cambió la constitución en beneficio propio y reinició su perverso conflicto con los kurdos.

 

Inútil es decir que la primera reacción de Washington fue instructiva: los turcos deben apoyar a su "gobierno democráticamente electo". La parte sobre la democracia fue difícil de tragar; aún más doloroso fue recordar la reacción de ese mismo gobierno al derrocamiento del gobierno "democráticamente electo" de Morsi en Egipto en 2013, cuando Washington en definitiva no pidió al pueblo egipcio apoyar a Morsi y dio con prontitud su respaldo a un golpe militar mucho más sangriento que la intentona en Turquía.

 

Si el ejército turco hubiera triunfado, sin duda Erdogan habría recibido el mismo trato despectivo que el infortunado Morsi. Pero ¿qué se puede esperar cuando las naciones occidentales prefieren la estabilidad a la libertad y la dignidad? Por eso están preparadas a aceptar que las tropas de Irán y los milicianos iraquíes leales se unan a la batalla contra el Isis –así como los pobres 700 sunitas que desaparecieron después de la recaptura de Faluyá–, y por eso la cantaleta de "Assan debe irse" ha sido dejada un lado con discreción. Ahora que Bashar al-Assad ha sobrevivido al gobierno de David Cameron –y casi de seguro perdurará más allá de la presidencia de Obama–, el régimen de Damasco observará con asombro los sucesos en Turquía este fin de semana.

 

Las potencias victoriosas en la Primera Guerra Mundial destruyeron el imperio otomano –que era uno de los propósitos del conflicto de 1914-18, después de que la Puerta Sublime cometió el error fatal de alinearse con Alemania– y las ruinas de ese imperio fueron desmenuzadas por los Aliados y entregadas a reyes brutales, coroneles sanguinarios y un montón de dictadores. Erdogan y el grueso del ejército que ha decidido mantenerlo en el poder –por ahora– encajan en esta misma matriz de estados desgarrados.

 

Los signos de alarma ya estaban a la vista de Erdogan –y de Occidente– con sólo haber recordado la experiencia de Pakistán. Utilizado sin vergüenza por los estadunidenses para enviar misiles, armas de fuego y dinero a los mujaidines que combatían a los rusos, Pakistán –otro pedazo arrancado a un imperio (el indio) se convirtió en un Estado fallido, sus ciudades fueron devastadas con bombas gigantes, su corrupto ejército y su servicio de inteligencia colaboraron con los enemigos de Rusia –incluido el talibán– y luego fueron infiltrados por islamitas que a la larga acabarían amenazando al Estado mismo.

 

Cuando Turquía empezó a desempeñar el mismo papel para Estados Unidos en Siria –enviar armas a los insurgentes, y su corrupto servicio de inteligencia a cooperar con los islamitas para combatir el poder del Estado en Siria–, también tomó la ruta de un Estado fallido, con sus ciudades devastadas por bombas gigantes y su territorio infiltrado por islamitas. La única diferencia es que Turquía también relanzó una guerra contra los kurdos del sureste del país, donde partes de Diyabakir están ahora tan devastadas como grandes zonas de Homs o Alepo.

 

Demasiado tarde se dio cuenta Erdogan del costo del papel que eligió para su nación. Una cosa es disculparse con Putin y remendar las relaciones con Benjamin Netanyahu, pero cuando ya no se puede confiar en el propio ejército entonces hay asuntos más serios en los cuales concentrarse.

 

Dos mil arrestos o más dan idea de la seriedad del golpe para Erdogan; mucho más grande, de hecho, que el golpe que planeaba el ejército. Pero deben ser apenas unos cuantos de los miles de oficiales turcos que creen que el sultán de Estambul está destruyendo su país.

 

No se trata sólo de considerar el grado de horror que la OTAN y la UE habrán sentido por estos hechos. La verdadera cuestión será el grado en que el éxito (momentáneo) de Erdogan lo envalentonará para emprender más juicios, encarcelar a más periodistas, cerrar más periódicos, matar más kurdos y, para el caso, seguir negando el genocidio armenio de 1915.

 

A los extranjeros les resulta a veces difícil entender el grado de temor y disgusto casi racista con que los turcos observan cualquier forma de militancia kurda; Estados Unidos, Rusia, Europa –Occidente en general– han privado de contenido la palabra terrorista a grado tal que no logramos comprender hasta qué punto los turcos llaman terroristas a los kurdos y los ven como un peligro para la mera existencia del Estado turco; así es como veían a los armenios en la Primera Guerra Mundial.

 

Mustafá Kemal Ataturk era tal vez un buen autócrata secular, admirado incluso por Adolfo Hitler, pero su lucha por unificar a Turquía fue causada por las mismas facciones que siempre acosaron a la patria turca, junto con las sospechas oscuras (y racionales) de un complot de las potencias occidentales contra el Estado.

 

En suma, este fin de semana han ocurrido sucesos más dramáticos de lo que podrían parecer a simple vista. Desde la frontera de la Unión Europea, a través de Turquía, Siria, Irak y vastas partes de la península del Sinaí en Egipto y hasta Libia y –¿nos atreveremos a mencionar esto después de Niza?– Túnez, existe ahora un rastro de anarquía y estados fallidos. Sir Mark Sykes y François Georges-Picot comenzaron el desmembramiento del imperio otomano –con ayuda de Arthur Balfour–, pero éste persiste hasta nuestros días.

 

En esta sombría perspectiva histórica debemos ver el golpe frustrado en Ankara. Esperen otro en los meses o años por venir.

 

 

Traducción: Jorge Anaya

 

 

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Policías aprehendieron ayer a miembros de las fuerzas armadas que se encontraban atrincherados en el palacio de justicia de Bakirkoy, Estambul

 

Ankara.

 

Tras el fracasado intento de golpe de Estado, que dejó saldo de 265 muertos, el mandatario Recep Tayyip Erdogan exigió a Estados Unidos, particularmente al presidente Barack Obama, la extradición o detención del clérigo Fethullah Gulen, experto islámico turco que vive en Pensylvania, a quien acusó de estar detrás de la intentona lanzada la noche del viernes en Turquía.

 

"Si Estados Unidos y Turquía realmente son aliados estratégicos, Obama debe actuar y entregar a esa persona", aseveró Erdogan en un discurso ante miles de partidarios en Estambul. El predicador, sin embargo, negó estar relacionado con el golpe, y en un comunicado divulgado la noche del viernes condenó el asalto.

 

El gobierno turco considera que Gulen, ex aliado de Erdogan, encabeza una "organización terrorista".

 

Erdogan dijo que comentó a Obama que Gulen iba a intentar un golpe de Estado y exhortó a los turcos a "seguir siendo dueños de la calle, porque siempre es posible un nuevo estallido".

 

 

Washington ayudará en las investigaciones

 

El secretario de Estado estadunidense, John Kerry, indicó que su país evaluará el pedido de extradición de Gulen, pero pidió a las autoridades turcas entregar las pruebas de las acusaciones. Añadió que ayudará en la investigación para esclarecer quién tramó y respaldó el intento de golpe.

 

"Las insinuaciones o afirmaciones públicas sobre cualquier participación de Estados Unidos en el fallido intento de golpe son totalmente falsas y perjudican nuestras relaciones bilaterales", dijo Kerry a su homólogo turco, el ministro del Exterior Mevlut Cavosoglu, según el texto de una conversación telefónica entre ambos difundido por el Departamento de Estado.

 

El intercambio entre las partes ocurrió con un telón de fondo en el que Turquía cerró su espacio aéreo y dejó varados los aviones de guerra de Estados Unidos que estaban atacando a las fuerzas del grupo Estado islámico en las vecinas Siria e Irak.

 

Por lo pronto, el gobierno turco comenzó a limpiar las filas militares, como anunció Erdogan, y procedió también con dureza contra los jueces. El primer ministro, Binali Yildirim, informó del arresto de 2 mil 839 soldados por su "relación directa" con los hechos, entre ellos el comandante del tercer ejército, el general Erdal Ozturk. "Estos cobardes tendrán la pena que se merecen", subrayó.

 

Unos 200 militares atrincherados en la sede del Estado Mayor se rindieron, igual que una unidad del ejército compuesta por casi 60 soldados rebeldes, quienes ocuparon el viernes uno de los puentes sobre el Bósforo, en Estambul. Además, la justicia turca pidió a Grecia la extradición de ocho golpistas que llegaron a bordo de un helicóptero castrense a Alejandrópolis.

 

El ejército de Turquía, que según datos obtenidos por Dpa tiene unos 640 mil miembros, es uno de los más grandes del mundo. Después del de Estados Unidos, el turco es el segundo de mayores dimensiones miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

 

Autoridades judiciales turcas anunciaron que 2 mil 745 jueces de todo el país van a ser relevados de sus funciones, entre ellos uno de la Corte Constitucional, la más alta instancia legal de la nación, acusados de haber apoyado la intentona.

 

El premier aseguró que "la situación se encuentra bajo control", y confirmó que el número de víctimas en los enfrentamientos en Ankara y Estambul es de al menos 265 personas, de las cuales 161 son civiles o miembros de las fuerzas de seguridad fieles al gobierno, y 104 golpistas. Hay unos mil heridos.

 

Debido a la preocupación por la asonada en Turquía, Obama se reunió este sábado con sus consejeros de seguridad, reiteró "el apoyo incondicional de Estados Unidos al gobierno civil y democráticamente electo de Turquía", y exhortó a las autoridades turcas a "respetar el estado de derecho" al tratar con quienes respaldaron el golpe.

 

"El presidente y su equipo lamentan la pérdida de vidas y destacan la necesidad vital para todas las partes en Turquía de actuar dentro del respeto al estado de derecho y evitar toda acción que pueda suscitar nuevos hechos de violencia o de inestabilidad", señala un comunicado de la Casa Blanca.

 

Obama destacó "los desafíos compartidos que requerirán la cooperación continua de Turquía, incluyendo los esfuerzos comunes en la lucha contra el terrorismo".

 

Estados Unidos realiza parte importante de sus operaciones aéreas contra el movimiento yihadista Estado Islámico (EI) desde la base de Incirlik, sur de Turquía. Unos mil 500 militares y personal civil de defensa estadunidense están en esa base, y unos 2 mil 200 en todo el país.

 

Las misiones aéreas estadunidenses contra el EI desde esa base fueron suspendidas por el cierre del espacio aéreo turco, informó el Pentágono.

 

La canciller alemana, Angela Merkel, condenó el intento de golpe y mostró su apoyo al presidente Erdogan, pero advirtió que se deben respetar los valores democráticos en la persecución de los responsables.

 

En ese sentido, explicó que un cambio en el gobierno de Turquía sólo podrá darse a través de la convocatoria libre a elecciones. "Las modificaciones políticas deben producirse en el marco de instituciones políticas y de conformidad con las reglas democráticas".

 

Rusia estimó que el intento de golpe aumenta la amenaza contra la estabilidad regional e internacional, mientras la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, pidió "respeto a las instituciones democráticas".

 

Desde la llegada al poder de Erdogan, la jerarquía militar ha enfrentado purgas. El ejército dio tres golpes de Estado en el país (1960, 1971, 1980) y forzó la salida del poder de un gobierno islamita en 1997.

 

 

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Lunes, 30 Mayo 2016 07:19

Al pueblo venezolano

Al pueblo venezolano

mayo 27, 2016 

 


AL PUEBLO VENEZOLANO

 

 

A LOS PODERES PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 

Transcurridos tres meses desde que expusimos a través de los medios alternativos al país y al mundo la gravísima situación que padecemos todos los venezolanos, la misma se ha agravado peligrosamente convirtiéndose en un completo caos, expresado en la crisis económica brutal que sufrimos, la delincuencia que a diario asesina impunemente, el colapso de los servicios públicos y la violación descarada de principios constitucionales. Voces de alerta de venezolanos angustiados por evitar más deterioro, de la comunidad internacional y de funcionarios de países amigos, caen en saco roto sin ningún tipo de intención de enmienda para lograr la gobernabilidad, la paz y el bienestar tan anhelados por los ciudadanos.

 

El Proceso Constituyente, para nuestro pueblo fue, es y será, la oportunidad para que como iguales, con mucha fe, optimismo y entusiasmo en el porvenir decidamos el modelo de república que pueda materializar progreso, seguridad y bienestar para todos los venezolanos. Ni más ni menos como decimos en criollo, llegamos al llegadero, y en nuestra democracia la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente y que además los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, mucho más cuando nuestra Constitución lo establece clara y expresamente en su articulado.

 

El Referendo Revocatorio, novel y extraordinario derecho político expresado en nuestra Carta Magna para afianzar la voluntad de las mayorías y con ella la soberanía popular, hoy luce pateado y burlado por algunos que hace más de tres lustros, manifestaban fervientemente a favor de su aprobación. El Referendo Revocatorio no es propiedad de ningún grupo político, ni de la oposición y sus intereses; ni del gobierno y su poder abusivo, y mucho menos de los intereses extranjeros que están expoliando nuestras riquezas. Es un derecho constitucional consagrado en los artículos 70 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de manera clara e inequívoca. Por ello es indignante que funcionarios del gobierno y del propio CNE expresen con burla que no habrá referendo este año.

 

¿Es miedo y cobardía a medirse ante la voluntad popular?¿O es apoyarse en unos cada día más cuestionados CNE y TSJ para intentar ganar tiempo y seguir abusando, atropellando y disfrutando de las mieles del poder? Aquí ningún venezolano debería temerle al Referendo Revocatorio, a menos que esté seguro que perderá prebendas y se abrirá paso a la anhelada justicia. Ningún civil o militar, con o sin autoridad, debería entonces negar la posibilidad de que sea el propio pueblo venezolano, en quien reside la soberanía, que active los mecanismos constitucionales que le permitan superar esta espantosa situación actual, en paz, en democracia. La revocatoria del mandato fue una de las banderas fundamentales de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Quienes dicen defender el legado de Hugo Chávez deberían aprender de su actitud cuando en 2004 aceptó gallardamente ir a un referendo revocatorio y reiteró ser un apasionado defensor de esa idea.

 

El Estado venezolano, y particularmente, el gobierno, debería ser el más interesado en garantizar la paz. Tristemente, vemos a diario cómo por el contrario, el gobierno es el que se empeña en obstaculizar los caminos democráticos y constitucionales, y en permanente demostración de abuso, autoritarismo y falta de escrúpulos, en sintonía con una incapacidad extrema para resolver los ingentes problemas que padecemos, abona el camino para la violencia, algo que lamentablemente, algunos actores de la oposición parecieran empeñados también en materializar.

 

El Decreto de Estado de Excepción y Emergencia económica, está basado en una serie de presupuestos expresados en sus considerandos, que no son más que una nueva muestra de falsedad y manipulación, con lo que el gobierno demuestra una vez más su carácter mentiroso, abusivo, autocrático y de irrespeto al pueblo venezolano, insistiendo en crear y hablar de guerras y enemigos externos e internos para tapar su ineptitud y las corruptelas de funcionarios y allegados en la más grande estafa política de la historia venezolana.

 

Quedó demostrada la total incapacidad de lograr algún efecto positivo a través de los tan promocionados 14 motores y el anterior decreto de emergencia económica durante los 60 días que tuvo vigencia. Ahora el gobierno más allá de prorrogar ese adefesio le añade el carácter de estado de excepción, con lo que aspira justificar los atropellos, violaciones a los Derechos Humanos y acentuar la criminalización de la protesta, demostrando de hecho el desprecio profundo que sienten por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la democracia y por la sociedad venezolana. Pretende este gobierno ilegítimo erigirse sobre las bombas lacrimógenas y bayonetas de sus órganos represivos, afianzado con espurias actuaciones de lo que debería ser el más alto tribunal de la República y ha devenido en verdugo de la institucionalidad venezolana, además del pranato delictual que campea impunemente en el país, intentando acallar el disenso creciente, el reclamo popular y peor aún, el hambre generalizada, el caos de los servicios públicos y la criminal situación de la salud en nuestro país. En otras palabras, caretas afuera, el gobierno pretende y actúa anulando de hecho la vigencia de nuestra Carta Fundamental.

 

Es tal la hipersensibilidad del venezolano común, que ante la sentencia del TSJ publicada en Gaceta Oficial 40.909, al establecer “con carácter vinculante” que si una persona posee “múltiples nacionalidades” y una de ellas es la venezolana “será ésta la que tenga prevalencia en todo lo concerniente al régimen jurídico aplicable a la misma”, surge suspicazmente la pregunta de si pretenderán agarrarse de esta sentencia para allanar el camino para la violación de los artículos 41 y 227 de la Carta Magna, específicamente ante la incertidumbre (¡el colmo!) de la nacionalidad del ciudadano Nicolás Maduro Moros.

 

Usted y su gobierno, Presidente Maduro, deberían de una vez por todas hablarle claro al país y dejar sus burlas y su cinismo, expresando lo que muchos sabemos: esto no es revolución, ni es socialismo y muchísimo menos tiene que ver con ideas bolivarianas. Díganle al país que no le da la menor gana acatar la Constitución y que Usted, su TSJ y su CNE, su partido y la fracción militar y policial en las que se apoya, están por encima de la Constitución y de la voluntad de las mayorías populares, que no va a renunciar, ni va a mostrar su partida de nacimiento, que no le importa el hambre que está pasando el pueblo y que van a seguir impulsando el enfrentamiento de pobres contra pobres para saciar su resentimiento, su mezquindad y garantizar aferrarse al poder y disfrutar con soberbia, arrogancia y descaro, las fortunas que algunos han amasado groseramente, derivadas del saqueo al tesoro nacional y del narcotráfico, entre muchas otras actividades delincuenciales. Vergüenza debería darles, pero definitivamente no saben ni les interesa el significado de esa palabra. Sigan hablando de lealtad, hablen de legado, hablen de patria, mientras con descaro siguen burlándose grotescamente de los venezolanos haciendo todo lo posible por acabar con Venezuela.

 

Venezolanos, venezolanas: llegó el momento de que cada quien asuma su responsabilidad en esta hora crítica que padecemos. Es imprescindible la unión de todos para enfrentar tanta burla, humillación, mentira y el grotesco intento de algunos de perpetuarse en el poder a como dé lugar. Hacemos un llamado sincero a deponer sectarismos e intereses particulares y grupales, a entender el compromiso que tenemos con nuestro futuro, con nuestros hijos, con nuestros nietos, para materializar la salvación nacional y evitar un desenlace fratricida que termine de arrasar con nuestra amada Venezuela. No son extranjeros los que van a resolver esta situación, tenemos que ser nosotros los venezolanos, que erigiendo como bandera la Constitución, reclamando su defensa, respeto y vigencia, superemos esta pesadilla y podamos reconocernos y reconciliarnos para reconstruir, ladrillo a ladrillo, entre todos, la Venezuela que nos merecemos. Que sea el pueblo venezolano, el soberano, quien diga si quiere salir de esta pesadilla o no.

 

“Con la verdad ni ofendo ni temo”. José Gervasio Artigas

 

Cap.(R), MSc., 4F, Ex–Const.
Florencio Antonio Porras Echezuría
6151584
Cap.(R), 4F
Luis Eduardo Chacón Roa
6049648
Cap.(R), Ing., 4F
Ismael Pérez Sira
4812682
May.(R), 4F
Carlos Guyón Celis
4309389
Gral.Brgda.(R), 4F
Rafael Virgilio Delgado 3629811
Cap.(R), Ing., 4 F Jesús Alberto García Rojas 8005829
TCnel.(R)
Emiro Brito Valerio
4523166
Cnel.(R), MSc.
Miguel Enrique Schmilinsky París
7606805
Phd., Prof. ULA
Wladimir Pérez Parra
7362580
Ing., Ex-Dip. AN
José Oscar Ramírez Rosales
8073655
Dra., Prof. ULA
Yajaira Romero 5778436
Abog.
Dolis Marina Sánchez Ramírez
14581843
Ex Constituyente Ernesto Alvarenga 5138985
Med.Vet., Ex – Dip. AN
Obdulio José Camacho
4666270
Abog. Javier Trejo 8029868
SM3era.(R)
Renny Ramiro Pedreañez Rincón
11393810
TCnel.(R), Ing. , MSc.
Luis Castellanos Hurtado 6851781
Prod. Agrop.
Manuel Moreno 11222725
Comerciante
Jean Josué Parra 14053793
Abog. Susana Kasrine Chidiak 8033364
Abog. Ubal Prado Santana 10832860
Ing. Germán A. Sánchez Ramírez 12039241
Tec. Julio César Rojas 8043341
MSc., Abog. Jim Morantes Monzón 12779215
Ing. Miguel Ángel Blanco 9693517
Polit., Prof. ULA José Domingo Sánchez 12347845
Lic. Eleida Katiuska Pérez Parra 9554393
Sr. José Luis Maldonado 1553170
Sr. Kais Bahsas 8088382
Lic. Yrak Nadechka Apolinar Zambrano 10749261
Prof. Rosa Pérez Sira 4362990
Lic. Jairo Debia 8089446
Lic Flor Porras Echezuría 6052250
Sra. Beatriz Debia 8070292
Abog. Marleny Devia 8076552
TSU Fátima Devia 8080376
Sra. Rita Devia 3296861
Abog. Alba Mayita Zambrano Álvarez 8085236
Abog. Carol Zambrano 12800727
Sra. Leidy Toscano 16020909
Polit. María Mercedes Flores Argote 21226128
Polit. Fabio Uzcátegui 15032972
TSU Deibi Mercado 19503709
Topog. Jesús Manuel Ramírez 4472489
Sgto.(R) Ramón Méndez 4702971
Transp. Orlando Puentes 9397832
Maestro Eglar Peña 19503709
Maestro José Araque 5768886
Sra. Dianora Devia 8074542
Sr. Alejandro Rodríguez 19146851
Sr. Miguel Devia 21330715
Estudiante universitaria Irochka Coromoto Porras Apolinar 19593710
Ing., Empresario Wilfredo Adrey Rojas Meléndez 7361405

 

 

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¿Un posacuerdo  militarizado  y securitizado?

Las negociaciones de paz entre Gobierno e insurgencia prosiguen en La Habana. Aunque allí no se discute la necesaria reforma a la doctrina que rige la operatividad de las Fuerzas militares y de la Policía, tal necesidad sí gana espacio en círculos cada vez más amplios de nuestra sociedad. Impedir la continuidad de una concepción y acción militarizada y securitizada de la seguridad en el posacuerdo es una de las exigencias levantadas. Acá unas reflexiones sobre el particular.

 

Una de las discusiones más importantes de cara al posacuerdo de paz está centrada en los problemas de seguridad, prolongados u originados con posterioridad a la desmovilización ade los grupos armados. Como es lógico, la firma de un acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno nacional no significará la pacificación del país y, de avanzar hacia una etapa posterior, se tratará de un “posacuerdo armado” con grandes demandas de seguridad. Para no ir muy lejos, la recurrente práctica del genocidio político que ha caracterizado la historia colombiana, como ocurrió con las guerrillas liberales y gaitanistas, luego de la amnistía de 1953, y con la Unión Patriótica tras los acuerdos de La Uribe, en 1984, plantea el reto de garantizar la seguridad, el retorno a la vida civil y a la actividad política de los combatientes desmovilizados.

 

Pero ese es sólo uno de los problemas de seguridad en el posacuerdo, al que habría que adicionar por lo menos otros tres. Primero, la seguridad en las zonas dominadas por la insurgencia, que con frecuencia adoptó la conducta de un semi-Estado para controlar economías ilegales, una vez desaparezca como actor armado. Segundo, también aquellos problemas ocasionados por la eventual persistencia en la guerra por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Y tercero, las “amenazas” que no provienen de las organizaciones guerrilleras, el para militarismo –mal llamado ahora “bacrim”- y en general el crimen organizado.

 

Resolver las diversas cuestiones de seguridad es indispensable para emprender la construcción de la paz y la profundización de la democracia, verdaderas oportunidades que posibilitarían un acuerdo de paz. Sin embargo, hasta este momento, el debate parece reproducir las concepciones de seguridad arquetípicas de la guerra contrainsurgente, que enfatizan en la salvaguarda del orden público, confunden los roles de las FF.MM. y de la Policía, y tienden a reducir el problema de la seguridad a una cuestión de ejercicio de la fuerza.


Todo esto se expresa no sólo en una militarización de la seguridad, que da continuidad a las prácticas e imaginarios de la confrontación contrainsurgente, sino también en una securitización del posacuerdo, que hace del problema de la seguridad una prioridad, opacando otros factores que están en la raíz de la guerra y que también deben resolverse.

 

La militarización de la seguridad

 

A principios de diciembre de 2015, el alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, propuso militarizar la ciudad como única alternativa para hacer frente a la creciente inseguridad . Días después, el representante a la Cámara Efraín Torres Monsalvo, del Partido de la U, propuso un proyecto de ley con el objetivo de que las Fuerzas militares (FF.MM.) pudieran intervenir en la seguridad de las ciudades para atender, entre otras, las “amenazas” que se produjeran en el posacuerdo . Ya en febrero de 2016 la misma propuesta salió del Concejo de Medellín. Se trata de medidas contrarias al deslinde de funciones entre Policía y FF.MM., que deberían ser posibles en el posacuerdo, y que en su formato tradicional son ineficaces para combatir la criminalidad urbana.

 

Ambas instituciones presentan confusiones en sus roles y funciones, como producto de su larga participación en la guerra contrainsurgente contra el “enemigo interno”, tan disfuncionales para ellas como para la ciudadanía en general. Por ejemplo, el control de las protestas de junio a agosto de 2013 en el Catatumbo, en el que participaron Policía y Ejército, dejó un saldo de cuatro campesinos asesinados por tiros de fusil en medio del enfrentamiento con los manifestantes.

 

Pero, además, las FF.MM. difícilmente pueden enfrentar la criminalidad urbana, por la sencilla razón de que no están preparadas para esa tarea. Su capacidad de fuego excede a la de cualquier agente promotor de inseguridad en la ciudad, su estructura jerárquica, doctrina y adiestramiento riñen con la flexibilidad y entrenamiento necesarios para garantizar la seguridad ciudadana. Por consiguiente, y aunque existe una tendencia global hacia la militarización de la seguridad urbana, tales medidas parecen orientadas en otra dirección.

 

¿Mantener el pie de fuerza?

 

Entre las posibles reformas para conseguir el deslinde funcional antes mencionado quizás las más polémicas se dirigen, en primer lugar, a la necesidad de garantizar la seguridad en el campo, una vez que la guerrilla se desmovilice y, en segunda instancia, a la reducción del pie de fuerza de las FF.MM. y de los recursos que su mantenimiento conlleva. La incursión de las FF.MM. en la ciudad no responde a ninguno de estos problemas.

 

Para responder al problemade la inseguridad rural en el posacuerdo están planteadas como alternativa el fortalecimiento de la policía de carabineros o la creación de una guardia nacional extrayendo personal del Ejército y de la Policía que actualmente desempeñen funciones de seguridad en el campo. Esta última fórmula permitiría redefinir más claramente las funciones de ambos cuerpos armados al tiempo que se atacan amenazas “mixtas”, es decir, con poder de fuego superior al de la Policía pero a las que sería desproporcionado combatir con el poder de fuego del Ejército.

 

Respecto del segundo problema, las cosas no están para nada claras. En varias oportunidades altos mandos militares han afirmado públicamente que el pie de fuerza no debe reducirse, arguyendo que en el posacuerdo persistirán amenazas que requerirán un tratamiento militar, lo que se traduce en mantener el flujo de recursos que actualmente cuesta mantener el segundo Ejército más grande de Suramérica, que a 2014 ascendía a 2,17 por ciento del PIB.


Es cierto que reducir súbitamente el tamaño de las FF.MM. en el posacuerdo puede ser contraproducente, entre otras cosas por el “reciclaje” de formas de violencia, como muestran los casos centroamericanos. No obstante, mucho más contraproducente puede ser orientar unas FF.MM. adaptadas a la guerra contrainsurgente, que no acaban de reestructurar sus doctrinas y prácticas, hacia la seguridad urbana y ciudadana.

 

La securitización del posacuerdo

 

La militarización de la seguridad ha pasado desapercibida en buena medida porque está enmarcada en un problema más amplio: la securitización del posacuerdo. En este fenómeno parecen operar sobre todo la interpretación dominante de los desencadenantes del conflicto armado colombiano, que tienden a restringirlo a una guerra sin conexión con los problemas políticos, socioeconómicos y culturales del país.

 

Si se observan los casos centroamericanos, resulta cierto que en el posacuerdo aumentan las tasas de homicidios y, en general, las amenazas a la seguridad. Sin embargo, los expertos se debaten en torno a dos explicaciones de dicho fenómeno. La primera enfatiza en el “reciclaje” de la violencia antes mencionado. En el fondo, se supone que las sociedades no tienen forma de ubicar a los excombatientes quienes, entrenados en el uso de la violencia, encuentran una forma de vida en el crimen, tendencia que puede acentuarse si de manera repentina se reducen considerablemente las Fuerzas Armadas (FF.AA.) La segunda sostiene que la violencia no se reproduce necesariamente por la existencia de unos aprendizajes acumulados o por la disposición de armas, sino fundamentalmente porque los complejos mecanismos que desataron los conflictos armados no han sido desactivados.

 

Así pues, mientras el primer caso coincide con una visión “securitizada” del posacuerdo, en el cual las principales amenazas a la seguridad tienen un tratamiento fundamentalmente militar y policivo, la segunda perspectiva abre la posibilidad de generar políticas más allá del ámbito militar, que contribuyan a la desactivación de los mecanismos cuyo despliegue reproduce la violencia. Claramente en Colombia ha primado la primera perspectiva, que tiende a reducir el posacuerdo a un problema cuya resolución se restringe al campo de la seguridad y la defensa.

 

Esto se explica porque, si bien las negociaciones de La Habana supusieron un reconocimiento de la insurgencia armada como interlocutor político, y aunque oficialmente ya no se reduce la comprensión del conflicto armado a una “amenaza terrorista”, aún la interpretación predominante tiende a verlo como producto de actividades criminales particulares, ajenas a problemas socioeconómicos, políticos y culturales enraizados en la sociedad colombiana. La gran desigualdad en la distribución de la riqueza, cuya más dramática evidencia son las tasas de concentración en la propiedad de la tierra; la exclusión política, expresada en la dominación ininterrumpida de una oligarquía durante toda la república; las injustas y en muchos casos premodernas formas de explotación que persisten en el país, e incluso las viejas y nuevas formas de discriminación, parecieran no estar relacionadas con el conflicto armado en esa perspectiva.

 

Así, en lugar de resolver todos estos problemas, mecanismos que alimentan la violencia política, se trata de hacer manejables sus consecuencias más visibles optando por un tratamiento militar y represivo.

 

El reto está abierto para la sociedad colombiana. La coyuntura en curso es una oportunidad inigualable que debe ser aprovechada para darle un giro a la doctrina contrainsurgente dominantes dentro de las FF.AA. colombianas, incluyendo en ellas a la Policía.

 

1 Polémica por propuesta de militarizar Barranquilla. http://www.elespectador.com/noticias/politica/polemica-propuesta-de- militarizar-barranquilla-articulo-603027  (2-XII-2015).
2 Buscan que Fuerzas militares puedan combatir criminalidad en las ciudades. http://www.elespectador.com/noticias/politica/buscan-fuerzas- militares-puedan-combatir-criminalidad-c-articulo-604551 (10-XII-2015).
3 Proponen presencia de militares en zonas inseguras de Medellín. http://www.elcolombiano.com/antioquia/proponen-presencia-de- militares-en-zonas-inseguras-de-medellin-BX3572726 (10-II-2016).

 

Artículos relacionados:

La necesaria "normalización" de las Fuerzas Armadas en el posacuerdo de paz, Régis Bar

Le Monde diplomatique, Nº 153, febrero 2016

"Impedir que el pasado de los muertos sepulte el presente de los vivos", Libardo Orjuela Díaz

Le Monde diplomatique, Nº 153, febrero 2016

La fuerza pública para el posacuerdo, Coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez

Le Monde diplomatique, Nº 153, febrero 2016

 

Libro relacionado:

Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia

Publicado enEdición Nº222
Sábado, 12 Diciembre 2015 06:41

Chile revive los horrores de la dictadura

Chile revive los horrores de la dictadura

"Llevábamos varios de estos tipos a la pampa (desierto) y les pegábamos un tiro en la cabeza. Los dinamitábamos. No están. Están desintegrados. No quedaba nada." La horrorosa conversación fue tendencia en Twitter y Facebook.


Es uno de los programas radiales más famosos y escuchados de Chile. Las historias de amor, infidelidades, líos de alcoba y un sinfín de enredos de pareja, ha hecho que el Chacotero sentimental conducido por el director de cine Roberto Artiagoitia (Rumpy) en la Radio Corazón, sea desde hace años una marca registrada, incluso con anécdotas que inspiraron películas en la pantalla grande. Sin embargo, la llamada que recibió este miércoles tiñó de rojo una transmisión que amenazaba con ser una más en el historial del espacio.


"Nos mandan para Santiago y pasé a la extrema violencia", dijo un anónimo oyente saliendo de la temática habitual del espacio radial. Con el seudónimo de Alberto, aseguró ser un ex conscripto y francotirador que hoy se gana la vida conduciendo un taxi en una ciudad del norte. El relato sigue de manera eufórica: "Ya no sé si quiero vivir o morir. Caché (vi) lo malo que puede ser uno. Antes éramos hippies, amor y paz, pero ahí había que salvarse como sea. Estoy generalizando la situación en sí, a lo que estábamos expuestos".


"Yo era soldado", agrega el oyente, hoy de 62 años. "Estaba haciendo el servicio militar (obligatorio en esa época), fue en los enfrentamientos en Santiago para el 73. Primero lo hacías por maldad, después cachabas como que te gustaba. ¡Te volvía loco! Luchabas contra esos sentimientos. Volvimos al norte, a mi ciudad y nos recibieron como héroes. Te felicitaban como un acto heroico y para mí todo eso había sido un delito".


"¿Vos disparaste, mataste gente, huevón?", le preguntó el Rumpy al aire, pasadas las 14.30. "Estaba obligado o te mataban los milicos o te mataban ellos o los otros huevones de allá...", respondía Alberto, dejando a medio Chile boquiabierto y las redes sociales hirviendo.


"Te avivaban la cueca: 'Dispare soldado combatiente'. Era mejor que la marihuana esa huevá... Participaba de una misión especial y llevábamos varios de estos tipos a la pampa (desierto) y les pegábamos un tiro en la cabeza. Los dinamitábamos. No están. Están desintegrados. No quedaba nada", continúo con un relato disperso que se extendió por 25 minutos en el que habló de al menos de 18 ejecuciones en los albores de la dictadura.


La historia conmovió al conductor radial acostumbrado a relatos fuertes, pero que, sin duda, jamás esperó una llamada como ésta. "Fue escalofriante. La Policía De Investigaciones (PDI) vino, también la Brigada de Derechos Humanos, entregamos el audio y algunos antecedentes más que puedan necesitar", dijo el Rumpy a medios locales en su habitual estilo colquial y cercano. Y no es para menos, la conversación fue tendencia en Twitter y Facebook, redes sociales que no pararon de viralizar partes de la horrorosa historia.


"Les pegábamos un balazo en la cabeza. ¡Y pah! ¡No quedaba ni la sombra!", precisaba Alberto. Tras eso, el Rumpy, visiblemente afectado, replicaba sorprendido: "Para mí es súper difícil hablar contigo. Y tú como que ya tenís tu vida superada y es fácil decir: 'Nah, yo los mataba, les tiraba unos dinamitazos y no quedaba nada y vamos para adelante'. Para mí, lo que estás narrando es una historia muy dura y muy terrible".


"¿Has escuchado dónde están los desaparecidos? ¡Nadie ha dicho dónde están los desaparecidos, porque no están! ¡Están totalmente desintegrados!", insistía Alberto.


Así, contó que en un patrullaje le tocó presenciar el supuesto asesinato del marido de la "italiana", una mujer que lo había enamorado años antes. "Yo participé en una patrulla. El gallo (tipo) amarrado, un balazo en la cabeza, dinamita". Contó Alberto que esta italiana se casó con el "regidor de su ciudad". De acuerdo a El Ciudadano, el único regidor de Iquique que figura como desaparecido es Juan Antonio Ruz Díaz, y citando el Informe Rettig (archivo histórico de víctimas) el 29 de octubre, en un Consejo de Guerra, se decretó pena de muerte a cuatro personas, las que fueron ejecutadas a las 6 de la mañana del 30 de octubre de 1973. Entre estas personas se encuentra Ruz, quien trabajaba como "funcionario de Aduanas de Iquique" y "se presentó voluntariamente al Regimiento de Telecomunicaciones".


Los cadáveres nunca fueron entregados a sus familiares.


Maurin, la hija de Alberto, entró a la historia al relatar al diario La Estrella de Iquique que su padre "se desahogó, son 40 años que él lleva esto guardado, es la verdad que no quieren escuchar... Mi papá es una víctima de la dictadura tal como son los presos políticos, los torturados y muchos conscriptos que fueron utilizados", sentenció la joven. Ella insiste en que su padre "habló con la verdad y ha cooperado en la búsqueda de esa verdad".


De hecho, Alberto aseguró en la conversación radial que publicó un libro con estas historias, llamado Desperdicio Militar Obligatorio. Según cita el diario El Ciudadano, la obra fue inscripta con el nombre de Guillermo Reyes Rammsy y el protagonista se llama Damián. Es más, precisó que el romance con la italiana quedó en suspenso cuando fue llamado a hacer el servicio militar. "Me quedé pegado como por tres años", confesó.


Si la sangrienta historia es ficticia o real deberá determinarlo ahora la Justicia. Lo cierto es que el hombre que el miércoles decidió confesar sus crímenes perpetrados en 1973 –a días del golpe militar encabezado por el dictador Augusto Pinochet– no pasó inadvertido. Tanto así que la PDI logró identificar al hombre que llamó a la radio con su confesión. Se trata de Guillermo Reyes Rammsy, un ex conscripto del regimiento Carampangue de Iquique que hizo su servicio militar obligatorio en esa época, según confirmó la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Esta persona fue detenida la noche del jueves en Valparaíso y enfrentará un proceso para esclarecer la veracidad de sus dichos.


El diario electrónico EMOL añade que a primera hora de ayer, los efectivos de la Brigada de Derechos Humanos lo pusieron a disposición del experto en derechos humanos, el juez Mario Carroza, quien tiene ahora la palabra para terminar una historia que se repitió muchas veces en Chile y que esta semana –de manera inédita– fue escuchada en primera persona en forma simultánea por miles de chilenos.


@chripalma

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Miércoles, 25 Noviembre 2015 07:22

Brasil y la otra cara de la crisis

Brasil y la otra cara de la crisis

En los nueve primeros meses de 2015 –un año política y económicamente perdido– la banca brasileña alcanzó resultados astronómicos. Gracias a las altísimas tasas de interés, el estatal Banco do Brasil vio cómo su lucro acumulado aumentó 43,5 por ciento en relación con los nueve primeros meses de 2014. El Itaú-Unibanco, mayor banco privado del país, obtuvo un lucro 20 por ciento superior al del mismo período del año pasado. El Bradesco, 15,7 por ciento más. Y el Santander, que tuvo un 2014 muy malo, ahora contabiliza un aumento de increíbles 268 por ciento en sus lucros.


Sin embargo, el sector da claras muestras de que sabe muy bien cuál es el verdadero escenario del país. Y exactamente por esa razón se amplió, mucho, lo que llama de "reservas y provisiones", o sea, el volumen de dinero para cubrir huecos causados por la morosidad de préstamos tomados tanto por empresas como por clientes individuales. Porque uno de los factores que ayudan los bancos a aumentar sus ganancias es el mismo que ahoga empresas y ciudadanos: los intereses siderales aplicados en Brasil.


Las tarjetas de crédito, por ejemplo, tienen sus facturas financiadas: el consumidor paga un 20 por ciento y financia el otro 80. Detalle: lo hace con una tasa media de 16 por ciento al mes. Sí, ¡al mes!


Con el desempleo aumentando de manera consistente –solamente en los primeros nueve meses del año fueron cerradas alrededor de 820.000 plazas– y con deudas impagables gracias a los intereses, el número de brasileños morosos creció de manera exponencial en los últimos doce meses.


La reacción de la banca demuestra que las proyecciones para el futuro inmediato son bastante pesimistas. A fines de noviembre, se constata que los bancos tienen reservados dos reales para cada real de préstamo moroso (se considera moroso, en Brasil, un retraso superior a 90 días). Al mismo tiempo, se intensifican de manera sin precedentes las renegociaciones de las deudas, tanto de empresas como de clientes individuales. Faltando poco más de un mes para que termine el año, 5,2 por ciento de los préstamos concedidos están con sus pagos retrasados en al menos 90 días. Es el nivel de morosidad más alto en trece años, y los indicios muestran que la tendencia es seguir creciendo: el desempleo dejó de ser un fantasma amenazador para transformarse en algo concreto, palpable. Sin empleo, el deudor no tiene como pagar lo que debe.


La suma de recesión y desempleo, dos aspectos que –todo indica– se mantendrán a lo largo del año que viene, provoca desastres. Muchas de las conquistas alcanzadas a lo largo de las últimas dos décadas, especialmente entre la llegada de Lula da Silva al poder (en 2003) y la mitad del primer mandato de su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2014), enfrentan riesgos reales y crecientes.


Mucho se avanzó, es indudable. Pero es mucho lo que todavía falta. Brasil sigue siendo un país de enormes y profundas desigualdades. Un país de contrastes impresionantes entre las regiones más pobres y las más desarrolladas. En el Norte, solamente 21 por ciento de los hogares cuentan con servicios de agua y desagüe. En el Noreste, la situación mejora bastante: 41 por ciento. Pero en el Sureste, ese porcentual es de 88 por ciento. Y en el Sur, 62 por ciento.


Diez millones de hogares brasileños –lo que corresponde a 44 millones de habitantes, poco más de 20 por ciento de la población– carecen de servicios de agua y desagüe. Pero solamente 4 por ciento de los hogares, es decir, unos 16 millones de brasileños, no cuentan con telefonía celular. Entre los nuevos desempleados, 75 por ciento tienen menos de 24 años. Y entre los jóvenes cuyas edades van de 18 a 24 años, solamente 30 por ciento estudian.


A fines del año pasado, había 7 millones 300 mil brasileños desempleados. Una población equiparable a dos veces y media la de Uruguay. Más que todos los habitantes de Bogotá. Ahora, ese número ascendió a 8 millones 500 mil. Algo así como medio Chile desempleado. Como 80 por ciento de la población de Cuba sin trabajo.


Es verdad que los gobiernos del PT lograron hacer que 42 millones 800 mil brasileños abriesen por primera vez en la vida una cuenta corriente en los bancos (antes, los pobres sólo tenían libretas de ahorro). Una Argentina entera. También es verdad que Brasil, en los 12 años de Lula da Silva y Dilma Rousseff, salió del mapa mundial del hambre. Pero la desigualdad sigue siendo una llaga abierta, y los contrastes sociales permanecen como señales de alerta sobre lo mucho que queda por hacer. Y esa, quizá, sea la principal amenaza que el país enfrenta: gracias a un Congreso mediocre e irresponsable, a una oposición golpista y a un gobierno que no logra contar con la lealtad de los aliados, se perdió todo un turbulento año.


Lo que se logró en tiempos recientes –que no es suficiente, pero no es poco– corre el riesgo de desaparecer. Millones y millones de brasileños fueron conducidos al umbral de una vida mejor. No pudieron, por cierto, adentrarse en el sacrosanto terreno de la clase media, pero sí contemplar sus bondades.


Volver atrás, perder lo que conquistaron, podrá causar una explosión social. Pero nada de eso parece preocupar a los honorables miembros de la más mediocre y vergonzosa Legislatura desde el retorno de la democracia, hace 30 años. Ni convencer a la oposición de que el resultado de las urnas debe ser respetado. Ni motivar a una mandataria que se niega, determinada, a aprender una lección milenaria: un dirigente debe saber oír.


Atónitos, los brasileños miran un escenario de pesadilla. El otro, el del sueño, parece haber sucumbido.

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Domingo, 22 Noviembre 2015 06:09

Los muchos brasiles

Los muchos brasiles

Brasil es una potencia mundial importante –en términos de tamaño, población e influencia. No obstante, de muchas maneras es una combinación de tan diferentes y contradictorias facetas que es difícil para cualquiera, incluidos los mismos brasileños, saber cómo definir las características de Brasil como nación y fuerza en el sistema-mundo.


En la actualidad el rostro más importante de Brasil es el Brasil de Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) y su partido, el Partido dos Trabalhadores (PT). Después de tres infructuosas carreras por la presidencia, Lula finalmente ganó en 2002. La elección de un líder sindical de orígenes humildes como presidente representó, cuando menos, la penetración social de una persona y un partido que desafiaron las jerarquías sociales incrustadas en el sistema político.


Lula y el PT prometieron básicamente dos cosas. La primera fue elevar de un modo significativo el ingreso real de los sectores más pobres del país. Y logró hacer esto mediante su programa de Fome Zero (Hambre Cero). Éste se conformó por un complejo de programas federales de asistencia destinados a la eliminación del hambre en Brasil. Incluyó notablemente la Bolsa Família (Bolsa de la Familia), así como acceso a crédito y a aumentos en el salario mínimo.


La segunda promesa fue rechazar las políticas neoliberales de sus predecesores y el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos al Fondo Monetario Internacional.


Casi de inmediato, Lula cambió su posición. Nombró como ministro de Finanzas y como presidente del Banco Central a dos personas comprometidas precisamente con las políticas neoliberales y particularmente con la promesa hecha al FMI de mantener un cierto excedente primario de ingresos, que es la porción de los ingresos gubernamentales que no se gasta. Este tipo de política macroeconómica reduce los fondos disponibles para inversiones sociales. Su alardeada virtud es la de estabilizar los gobiernos y evitar la inflación. El FMI exigió de Brasil que mantuviera un excedente de 4.25 por ciento. En la presidencia de Lula, el excedente creció más que nunca a 4.5 por ciento.


Las políticas mixtas de Lula existían dentro de la particular cultura política de Brasil, país con gran número de partidos políticos, ninguno de los cuales excede de la cuarta parte de los escaños en el Parlamento. La cultura política de Brasil hace casi normal que los individuos y aun partidos completos den virajes en sus alianzas con gran frecuencia. Meramente buscan poder e ingresos. Una de las formas en que Lula y su partido se mantuvieron en la cumbre fue el mensalao (las mensualidades pagadas a los miembros de la legislatura. Es probable que el nivel de corrupción de Brasil no sea realmente mayor que el de la mayoría de otros países, pero los rápidos virajes en las alianzas legislativas han hecho esto mucho más visible.


Luego está el Brasil como fuerza geopolítica, el Brasil del BRICS –grupo de cinco economías llamadas emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), cuya fortaleza se basa en elevar los precios mundiales de las mercancías de exportación básicas. De pronto hubo nueva riqueza en Brasil (como en otros países del BRICS), hasta que colapsó el precio de esas mercancías básicas. Hoy parecería que, económicamente, así como les llegó fácil, así se fue.


Sin embargo, BRICS fue más un intento por incrementar la acumulación de capital. Fueron un intento por afirmar su fortaleza geopolítica. Aquí también hubo inconsistencias. Por un lado, Brasil se volvió la principal fuerza en intentar (en la primera década del siglo XXI) construir una unidad de América Latina y el Caribe independiente de Estados Unidos y de las estructuras que éste ha construido para controlar América Latina. Éste fue el Brasil que encabezó la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y de alojar ahí a países tan disparados políticamente como la Venezuela de Hugo Chávez y la Colombia de Juan Manuel Santos.


El Brasil que fue campeón de la autonomía de América Latina fue también el Brasil que buscó imponerse de muchos modos a sus vecinos, notablemente a Argentina. Fue también el Brasil que deseó crear un grupo lusófono que sirviera a sus intereses económicos. Fue también el Brasil cuyos vínculos más cercanos con China (a través de BRICS ) no se situaban en una estructura de iguales geopolíticos.


Hoy todos esos diferentes brasiles se mueven hacia implosiones internas. La sucesora de Lula como presidenta, Dilma Rousseff, ha tenido un catastrófico descenso en popularidad durante el año anterior. Lula mismo perdió algo de su postura, alguna vez intocable. El régimen está siendo amenazado por un enjuiciamiento a Rousseff. Hay rumores de que el ejército está considerando un golpe de Estado. La negación de tal posibilidad por parte del jefe de las fuerzas armadas parece en sí misma una cuasiconfirmación de tal rumor.


Sin embargo, no hay una clara alternativa, lo que hace del enjuiciamiento y del golpe militar algo poco probable. Decir que hay muchos brasiles es decir algo que puede decirse de muchos países, tal vez de casi todos. Pero de alguna forma eso parece más así en Brasil. Valiente será aquel analista que prediga el Brasil de 2016 o 2017. Pero aunque los detalles exactos sean impredecibles, las fuerzas de Brasil pueden continuar haciendo de Brasil un locus clave del poder mundial.


Traducción: Ramón Vera Herrera

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Paz y adecuaciones institucionales del Estado

La paz avanza y las negociaciones, la disputa política, se colocan en el terreno estratégico de las adecuaciones del Estado a lo consensuado en materia agraria, de participación política, cultivos de uso ilícito, fin del conflicto, reformas militares y justicia.

 

Los diálogos de paz son un proceso político que debe reflejarse en transformaciones fundamentales en la estructura del Estado entendido como reflejo de una correlación de fuerzas, como una materialidad de instituciones y como una legitimidad que expresa la hegemonía del grupo directivo en el Estado.
Con la paz debe surgir un nuevo Estado en la perspectiva de la democracia y el socialismo que recoja las banderas de cambio de la resistencia campesina revolucionaria y del pueblo colombiano.


El bloque temático identificado con el "fin del conflicto", del Acuerdo especial de La Habana para la terminación de la guerra en Colombia y la construcción de la paz en la sociedad, establece la necesidad de adelantar ajustes institucionales para hacer viables los consensos suficientes que se alcancen en cada una de las materias objeto de diálogo y concertación entra el Estado y las Farc (1).


En otros términos, los pactos y coincidencias de La Mesa, han de reflejarse en cambios y reformas al Estado, a su régimen de funcionamiento y a su aparato gubernamental.


Los asuntos ya consolidados, necesariamente deben reflejarse en un rediseño de los entes de gobierno existentes y de los sentidos del Estado.


Me refiero al tema agrario y rural que va a requerir importantes transformaciones en el Ministerio de Agricultura y todo el sector rural del Estado (2) ; al de la democracia ampliada y la participación política, que demandara replanteamientos en el ámbito electoral, el ordenamiento territorial, los sistemas de comunicación, los modelos de participación ciudadana, el régimen de partidos y movimientos sociales, la representación política y la seguridad de la guerrilla convertida en fuerza política (3); a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, con nuevos instrumentos de gestión alternativos (4) ; a las reformas militares que ya se adelantan con un reexamen de las teorías de la seguridad del Estado y sus implicaciones en la erradicación definitiva del paramilitarismo, para trascender cierta "crisis existencial institucional" de los aparatos armados en la transición(5) ; y al sensible tema de las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de la no repetición (6), esfera en la que ya está previsto crear una jurisdicción especial de paz, con un Tribunal especifico , diferente a los que existen en los términos de la Constitución de 1991, ciertamente carcomidos por una abrumadora avalancha de corrupción.

 

Desde luego, las reformas políticos que se observan y los que vendrán son consecuencia de un ajuste en curso en las relaciones entre Estado y sociedad civil.


Por eso, se trata de ver los cambios estatales en relación a la dinámica de las estructuras sociales y políticas, y en las relaciones entre Estado, gobierno y sociedad.
Se trata de hacer una mirada desde la sociología política.


El Estado deberá reformarse en muchos aspectos (7) porque la composición y acción de la sociedad civil y de las culturas comunitarias cambiara con la implementación de los acuerdos de paz, produciendo una coyuntura de posibilidad y de reestructuración democrática de las relaciones entre Estado y sociedad, pero también se desplegaran los aspectos conservadores contenidos en la sociedad civil en el polo propietario y desde los ámbitos populares.


Por eso, alcanzar el objetivo de la paz ha significado la configuración de un escenario de disputa entre concepciones no compatibles respecto de lo que debería ser el orden posterior no violento. No se puede omitir que el Estado es una relación y un conjunto de estructuras que es resultado de la lucha política. El Estado es un campo de lucha y una forma de lucha política, a la vez que se pretende que sea la forma de unificación de territorios y poblaciones, divididas por criterios de propiedad, poder político y cultura. La lucha política se despliega fuera y dentro del Estado, un Estado dividido por el modo en que los sujetos que gobiernan diferentes niveles y espacios relacionan las estructuras estatales con las estructuras sociales.


El Estado es, en síntesis, campo de disputa por la reproducción o reforma del orden social.


En ese sentido, a estas alturas del proceso, queda claro que dos bloques sociopolíticos difieren en cuanto a la paz. Hay un bloque estructurado en el funcionamiento de la Mesa de diálogos de La Habana, conformado por las delegaciones plenipotenciarias del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y de las Farc, el cual pacientemente -con las tensiones inevitables-, ha elaborado coincidencias de la mayor trascendencia. Sería infantil y torpe menospreciar el trecho recorrido en los últimos 48 meses. Su potencial político es gigantesco y hay que blindarlo en todas las formas. Para decirlo en los términos del Jefe revolucionario de las Farc, hay una alianza para la paz entre la resistencia campesina revolucionaria, el Presidente Santos y su gobierno. El otro bloque es el integrado por el núcleo de la ultraderecha que encarna el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata de una tendencia retrograda que hace un sistemático sabotaje al horizonte dibujado para poner fin definitivo a la guerra. Tiene un amplio poder, aunque su margen de maniobra se encoge merced a su desacople con el poder global del gobierno estadounidense de Barak Obama, bastante interesado, como el Papa Francisco y la Unión Europea, en la firma de un acuerdo de la paz en Colombia. En su orfandad geopolítica es muy probable que Uribe y la aglomeración social que acaudilla mute hacia populismos nacionalistas, para no perder audiencia en sectores muy conservadores de la multitud.


Por supuesto, en el punto del Estado y su concepción, esa tensión se exacerba. El Estado en su condición política por excelencia, condensa las contradicciones estructurales de la formación social, es en sus espacios donde presentan más nitidez y valor en la perspectiva de los reordenamientos principales de la nación.
Dada la jerarquía que adquiere en el proceso de la paz el asunto del Estado y su reforma democrática, así como su articulación con el proyecto encaminado a instalar un régimen de participación ampliada, en la perspectiva de establecer el socialismo en Colombia, objetivo explicito del programa de la resistencia campesina revolucionaria en su larga lucha por la emancipación, este documento pretende incursionar en una reflexión de mayor envergadura sobre la teoría del Estado y su reflejo en una estrategia de cambios revolucionarios en Colombia que nos lleven al socialismo.


1. Izquierda y Estado.


En el campo de la izquierda es diverso el abordaje que se hace del tema del Estado. Hay muchos enfoques y teorías al respecto. Las referencias aluden a los planteamientos de Hegel(8), a las elaboraciones de Marx en varios de sus textos (9) , a las de Federico Engels (10) , a la construcción teórica de Lenin (11) y los revolucionarios rusos (12) . Más recientemente nuevas corrientes en el marxismo (13) (instrumentalismo, escuela lógica del capital, marxismo estructural), se han ocupado de dicha materia a propósito de las transformaciones del capitalismo introducidas por las corrientes neoclásicas con el modelo neoliberal.


La constitución de gobiernos populares en América Latina como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Argentina, Nicaragua, la permanencia de Cuba socialista y el auge de los movimientos sociales en otros Estados, ha propiciado de nuevo el debate sobre el Estado, el régimen político y el gobierno.
Veamos en qué consisten los análisis, las tesis y las reflexiones al respecto y su pertinencia para nuestro caso.


Recojo, para el efecto, recientes formulaciones planteadas por el actual Vicepresidente del gobierno de Bolivia, Álvaro García Linera (14). Su línea analítica se inscribe en el universo teórico construido por René Zavaleta Mercado (15) y su tipo de poder dual con ocasión de la revolución de 1954 en La Paz. El enfoque del "poder dual" bien puede ser un instrumento que nos permitiría entender mejor la actual coyuntura colombiana, abierta con los diálogos de paz. Vivimos un momento de provisionalidad política, de un cierto "vacío político", pero también de apertura a una nueva época, como en su momento ocurrió en la constitución del Frente Nacional y la aprobación de la Constitución de 1991, un texto lleno de buenas y malas intenciones, al amparo del cual se implantó el neoliberalismo y la apertura a la globalización, se generalizo el paramilitarismo, se montó el para Estado y la parapolítica, se narcotizó la economía, se masifico el desplazamiento violento de campesinos, se concentró aun más la riqueza, se oligarquizo la política y se profundizó la pobreza y miseria de grandes masas sociales en las regiones. Por supuesto, sería necio negar que la conquista de ciertos derechos permitieron la constitución de nuevas subjetividades comprometidas en la resistencia y la lucha por la emancipación, con logros importantes, aunque limitados, en la movilización indígena (por sus tierras ancestrales), de los afros (Ley 70 /1994 y Consejos comunitarios), de las mujeres, del ambientalismo, de los educadores, de los cocaleros, los campesinos pobres y medios, los Lgbti y las organizaciones políticas de la izquierda articuladas en el Polo Democrático y otras agrupaciones como la UP, MP, el Frente Amplio por la paz y tendencias regionales comprometidas en plataformas autonómicas.


Retomar el debate sobre el Estado tiene, por supuesto, necesarias implicaciones en el punto de la implementación de los acuerdos y su verificación en los términos establecidos. Bien es sabido que se han indicado unos procedimientos y unos instrumentos al respecto. El Presidente Santos tomo la decisión de formular un Acto Legislativo (16) para crear una Comisión Legislativa especial que se ocupará del tema de la paz, con una reforma al reglamento del trámite legislativo y con unas facultades de paz muy precisas para el Jefe de Estado. De otro lado, las Farc se inclinan por la convocatoria de una Asamblea constituyente popular y soberana (17) que trace las bases de una nueva estatalidad y un nuevo régimen político. A mi juicio, en las dos ideas está presente, orbita, la categoría del poder constituyente como fuente ontológica de otras materialidades de poder alternativo.


Veamos entonces los alcances de las consideraciones teóricas de García Linera, construidas desde las elaboraciones hegeliana, marxista, leninistas, weberiana, los aportes de Elias, de Zavaleta Mercado y Poulantzas.


En lo que sigue reúno diversas tesis planteadas en varios textos y conferencias del autor.


Su propuesta consiste en estudiar al Estado, en el enfoque de Poulantzas, como una "condensación material de relaciones de fuerzas entre clases y fracciones de clases"


Afirma García Linera, el Estado es eso: una cotidiana trama social entre gobernantes y gobernados, en la que todos, con distintos niveles de influencia, eficacia y decisión, intervienen en torno a la definición de lo público, lo común, lo colectivo y lo universal (18).


Lo que llamamos Estado, agrega, es una estructura de relaciones políticas territorializadas y, por tanto, flujos de interrelaciones y de materializaciones pasadas de esas interrelaciones referidas a la dominación y legitimación política. Esta "relación-Estado" siempre es un proceso histórico político en construcción, en movimiento, en flujo. Sin embargo, hay momentos en su historia cuando este devenir se mueve en un marco de procedimientos, jerarquías y hábitos relativamente previsibles y acotados; estos son los momentos de la "estabilidad" de la "relación-Estado". Pero cuando las jerarquías, los procedimientos y los hábitos de la relación-Estado pierden su anclaje estructural primordial, estamos frente a los momentos de "transición" de una estructura de relaciones políticas de dominación y legitimación a otra, es decir, a otra forma de relación-Estado.


2. Tres ejes analíticos en el tema del Estado


Hay tres ejes analíticos, señala García Linera, del concepto de la relación-Estado que es preciso tener en cuenta: El Estado como correlación política de fuerzas sociales, el Estado como materialidad institucional y el Estado como idea o creencia colectiva generalizada (19).

 

Agrega GL que pretende recoger este debate, entendiendo al Estado, por una parte, como una correlación política de fuerzas entre bloques y clases sociales con capacidad de influir, en mayor o menor medida, en la implementación de decisiones gubernamentales o, si se prefiere, como construcción de una coalición política dominante; por otra, como una maquinaria donde se materializan esas decisiones en normas, reglas, burocracias, presupuestos, jerarquías, hábitos burocráticos, papeles, trámites, es decir, como institucionalidad. Estos dos primeros componentes hacen referencia al Estado como relación material de dominación y conducción política. Y, en tercer lugar, el Estado como idea colectiva, como sentido común de época que garantiza el consentimiento moral entre gobernantes y gobernados. Con este tercer componente, se refiere al Estado como relación de legitimación política o, en palabras de P. Bourdieu, como monopolio del poder simbólico (20).


3. El Estado como construcción de monopolios.


Esto permite ver entonces al Estado, señala, también como una construcción política de monopolios legítimos sobre determinados recursos escasos de la sociedad: coerción, recursos económicos públicos y legitimación. En este sentido, el Estado, como lo definió Weber (21) , es una maquina relacional que ha logrado a lo largo de la historia monopolizar el uso de la coerción publica en un determinado territorio mediante la centralización de la fuerza armada (Fuerzas Armadas, Policía), la punición de las transgresiones a los modos de convivencia social (cárceles, tribunales, códigos) y el disciplinamiento colectivo al cumplimiento de procedimientos y reglamentos (acceso y cumplimiento de las normas publicas). Esta coerción, si bien se materializa en instituciones (dimensión material del Estado), y se consagra o se cotidianiza por medio de la continua internalización, y aceptación pre-refexiva de los procedimientos, por parte de los ciudadanos (dimensión ideal del Estado), se trata de unas coerciones que han sido fruto de momentos específicos de luchas, de confrontaciones sociales que han jerarquizado e impuesto determinadas visiones o necesidades de mando y control sobre otras necesidades y mandos de otros sectores sociales (el Estado como dominación –Marx– o correlación de fuerzas), y que con el tiempo se han consolidado, olvidado en su origen de imposición, y "naturalizado" como habito social.


Lo mismo, agrega, con los otros dos monopolios que dan lugar al Estado histórico: de recursos económicos y de legitimación social.


En el caso del monopolio económico construido por el Estado, N. Elias (22) , ha mostrado como es que el Estado moderno ha ido consolidando tempranamente la facultad exclusiva de cobrar impuestos , a lo que hay que añadir luego, la propiedad de las empresas públicas y la administración centralizada del presupuesto general del Estado.


Se tiene acá un hecho monopólico construido mediante mecanismos coercitivos, legitimados como obligación ciudadana e institucionalizados como función regular estatal.

 

Por último el monopolio del poder simbólico que detenta el Estado, si bien hace referencia al control de los procesos de producción de las ideas-fuerza que cohesionan a una sociedad, se trata de legitimaciones de imposiciones, de dominaciones y luchas por la imposición cuya violencia ha sido "olvidada" y reconocida como "normal" y practicada como parte del mundo dado de las cosas de una sociedad.


Por todo ello, otra manera de ver al Estado contemporáneo es como un proceso de construcción histórica de dominación a partir de tres grandes monopolios: de la coerción, de la riqueza pública y de la legitimación política, en el que cada uno de estos tres grandes monopolios a la vez ha sido producido por procesos articulados de correlaciones de fuerzas, de institucionalizaciones de esas correlaciones de fuerzas y de legitimaciones políticas.


En síntesis, plantea García Linera, el Estado es monopolio de la coerción (tal como lo estudió Weber); pero también proceso de monopolización de los tributos (tal como fue estudiado por Norbert Elias); es monopolización de las certificaciones educativas, de las narrativas nacionales, de las ideas dominantes, es decir, de los esquemas de percepción y acción mental con los que las personas entienden y actúan en el mundo; en otras palabras, es proceso de monopolización del sentido común, del orden simbólico , o siguiendo a Durkheim, de los principios morales y lógicos con los que las personas son lo que son en el mundo. La monopolización constante de los saberes y procedimientos organizativos del orden social, es la principal cualidad visible del Estado. Se trata de una monopolización de los principios organizativos de la vida material y simbólica de la sociedad.


4. Monopolios y comunitarización del Estado.


Sin embargo, no puede existir monopolio legítimo (cualidad primaria del Estado), sin socialización o universalización de los procedimientos, saberes, conquistas, derechos, e identidades. La alquimia social funciona de tal modo que la apropiación de los recursos (coerción, tributos, saberes, etc.), solo puede funcionar mediante la comunitarización general de ellos. En cierta medida, el Estado es una forma de comunidad, ya sea territorial, lingüística, educativa, histórica, mental, espiritual y económica; no obstante, esa comunidad solamente puede constituirse en tanto se instituye para ser simultáneamente usurpada y monopolizada por unos pocos. El Estado es un proceso histórico de construcción de lo común, que ni bien está en pleno proceso de constitución como común, como universal, simultáneamente es monopolizado por algunos (los gobernantes); produciéndose precisamente un monopolio de lo común. El Estado no representa un monopolio de los recursos privados, sino un monopolio de los recursos comunes, de los bienes comunes; y justamente en esta contradicción se encuentra la clave del Estado, es decir, de la dominación social.


El Estado solo puede producirse en la historia contemporánea si produce (como fruto de las luchas y de las relaciones sociales) bienes comunes, recursos pertenecientes a toda la sociedad, como la legalidad, la educación, la protección, la historia cívica, los aportes económicos para el cuidado de los demás, etc.; pero este común únicamente puede realizarse si al mismo tiempo de producirse, también se inicia el proceso de su monopolización, su concentración y su administración por unos pocos que, al realizar esa monopolización, consagran la existencia misma de los bienes comunes. Ahora bien, no puede existir una dominación impune. Ya que los bienes comunes son creados, permanentemente ampliados y demandados, pero solo existen si son a la vez monopolizados; todo ello no puede suceder como una simple y llana expropiación privada; de hacerlo, entonces el Estado dejaría de ser Estado y devendría en un patrimonio de clase o de casta, perdiendo legitimidad y siendo revocado.


El Estado será Estado, o en otros términos, la "condensación de correlación de fuerzas" poulantziana devendrá en una institución duradera de dominación (en Estado), solamente en la medida en que los monopolizadores de esos bienes comunes sean capaces de gestionar a su favor ese monopolio, haciéndoles creer, entender y aceptar a los demás que esos bienes comunes monopolizados en su gestión, son bienes comunes que favorecen también al resto (a los creadores y partícipes de esos bienes comunes). Allí radica el secreto de la dominación: en la creencia experimentada de una doble comunidad, monopolizada en su administración por unos pocos, dejando por tanto de ser una comunidad real, para convertirse en lo que Marx llamaba una "comunidad ilusoria", pero comunidad al fin.


La dominación estatal es la correlación de fuerzas sociales que instala en la vida cotidiana y en el mundo simbólico de las personas, una doble comunidad ilusoria. Por una parte, la comunidad de los bienes comunes que da lugar a los bienes del Estado, a saber, los tributos comunes (es decir, la universalización de la tributación), la educación común (es decir, la universalización de la educación escolar y universitaria), los derechos de ciudadanía (es decir, la universalización de los derechos jurídicos, sociales, políticos), las instituciones y las narrativas comunes (es decir, la universalidad de la comunidad nacional), los esquemas morales y lógicos de la organización del mundo (es decir, la universalización del sentido común y el orden simbólico de la sociedad). Son bienes comunes construidos para todos (primera comunidad), pero que son organizados, propuestos y liderizados por unos pocos (primer monopolio); aunque a la vez, estos bienes comunes son repartidos y distribuidos para ser de todos los miembros del Estado (segunda comunidad), no obstante esa distribución es al mismo tiempo gestionada y regulada por unos pocos para que solo ellos puedan usufructuar en mayor cantidad, con mayor facilidad, y con capacidad real de decisión y administración, de ella (segundo monopolio).


Así, el Estado se presenta como un proceso de regulación jerarquizada de los bienes comunes. Únicamente podemos hablar de Estado (comunidad) cuando existen bienes comunes que involucran a toda la sociedad; pero esa comunidad solo puede gestionarse y usufructuarse de manera jerarquizada, y hasta cierto punto solamente si es expropiada por unos pocos (monopolio). De ahí que Marx haga referencia al Estado adecuadamente como una "comunidad ilusoria", pues el Estado es una relación social de fuerzas de construcción de bienes comunes que son monopolizados y usufructuados, en mejores condiciones, por unos pocos. Allí radica no solo la legitimidad del Estado, sino la legitimación o la naturalización de la dominación.

 

5. El Estado como relación paradojal.


Así, de cierta manera, la "relación-Estado" es una relación paradojal. Por una parte, políticamente no hay nada más material (física y administrativamente) que un Estado (monopolio de la coerción, de la administración de los impuestos, como núcleo íntimo y fundante), pero, a la vez, no hay nada que dependa más en su funcionamiento, que de la creencia colectiva de la necesidad (momento consciente) o inevitabilidad (momento prerrefexivo) de su funcionamiento.


De igual manera, en la administración interna de la maquinaria, el Estado se presenta como la totalidad más idealista de la acción política porque es el único lugar en todo el campo político en el que la idea deviene inmediatamente en materia con efecto social general, esto es: el único lugar donde cualquier decisión pensada, asumida y escrita por los gobernantes, deviene inmediatamente en materia estatal, en documentos, informes, memorias, recursos financieros, ejecuciones prácticas, etc., y esto con efecto social general. Por ello, se puede decir que el Estado es la perpetuación y la constante condensación de la contradicción entre la materialidad y la idealidad de la acción política, contradicción que busca ser superada parcialmente mediante la conversión de la idealidad como un momento de la materialidad (la legitimidad como garante de la dominación política) y la materialidad como momento del despliegue de la idealidad (decisiones de gobierno que devienen en acciones, de gobierno también, de efecto social general).


Ya sea como un continuo proceso de monopolización de la coerción, de monopolización del uso de los tributos, de monopolización de los bienes comunes, de monopolización de los universales dominantes, de monopolización de la redacción y gestión de la ley que abarcará a todos; o como institución de derechos (a la educación, a la salud, a la seguridad, al trabajo y a la identidad), el Estado −que es precisamente todo lo anterior en proceso− es un flujo, una trama fluida de relaciones, luchas, conquistas, asedios, seducciones, símbolos, discursos que disputan bienes, símbolos, recursos y su gestión monopólica. El Estado definitivamente es un proceso, un conglomerado de relaciones sociales que se institucionalizan, se regularizan y se estabilizan (por eso "Estado", que tiene que ver con estabilidad), pero con la siguiente particularidad: se trata de relaciones y procesos sociales que institucionalizan relaciones de dominación político-económica-cultural-simbólica.


El Estado es en casos una institución, una máquina de procedimientos, pero esa máquina de procedimientos, esa materialidad son relaciones, flujos de luchas cosificados que objetivizan la cualidad de las relaciones de fuerza de esos flujos y luchas sociales.


El Estado está constituido por un conjunto de saberes aprendidos sobre la historia, la cultura, las ciencias naturales o la literatura. Pero el Estado también representa las acreditaciones que validan las jerarquías militares, educativas o sociales detrás de las cuales organizamos nuestras vidas (sin saber bien de dónde vinieron); los miedos, las prohibiciones, los acatamientos respecto a lo socialmente correcto y lo socialmente punible; las aceptaciones a los monopolios reguladores de la civilidad; las tolerancias a la autoridad policial o civil; las resignaciones ante las normas que regulan los trámites, los derechos, las certificaciones; los procedimientos legales, financieros o propietarios, aprendidos, asumidos y acatados; las señalizaciones entendidas sobre lo debido o indebido; la organización mental preparada para desenvolverse exitosamente en medio de todas esas señalizaciones sociales rutinarias; la cultura interiorizada por la escuela, por los rituales cívicos, por los reconocimientos instituidos y reconocidos como tales; todo eso es el Estado. Y en ese sentido, se puede decir que significa una manera de conocer el mundo existente y de desenvolverse en éste tal como ha sido instituido; de saber traducir en acción posible los símbolos del orden dominante instituido y saber desenvolver las acciones individuales o colectivas, ya sea como obreros, campesinos, estudiantes o empresarios, según esas cartas de navegación social que están inscritas en las oficinas, las escuelas, las universidades, el Parlamento, los tribunales, las empresas, los bancos, etc.


El Estado es el constante proceso de estabilización de las relaciones existentes (relaciones de dominación) en los cuerpos y marcos de percepción y de organización práctica del mundo de cada persona; es la constante formación de las estructuras mentales con las que las personas entienden el mundo existente y con las cuales actúan ante ese mundo percibido. Estado son, por tanto, las estructuras mentales, los esquemas simbólicos, los sistemas de interpretación del mundo que hacen que cada individuo sea uno con capacidad de operar y desenvolverse en ese mundo, que claramente está jerarquizado pero que al haberse hecho esquema de interpretación y acción posible en el cuerpo de cada persona, deja de ser visto como extraño y más bien deviene como un mundo "naturalizado" por el propio sistema de organización ideal del mundo objetivado en la mente y el cuerpo de cada individuo. Por lo tanto, el Estado es también un conjunto de ideas, saberes, procedimientos y esquemas de percepción, que viabilizan la tolerancia de las estructuras de autoridad instituidas. En cierta medida, se podría decir que el Estado es la manera en que la realidad dominante escribe su gramática de dominación en el cuerpo y en la mente de cada persona, en el cuerpo colectivo de cada clase social; y a la vez representa los procedimientos de producción simbólica, discursiva y moral con los que cada persona y cada cuerpo colectivo se mira a sí mismo y actúa como cuerpo en el mundo. En ese sentido, se puede decir que el Estado es materia y es idea: 50 % materia, 50 % idea.


La sociedad, el Estado y sus instituciones son como la geografía apacible de una campiña. Parecen estáticas, fijas, inamovibles. Pero eso solo es la superficie; por debajo de esa geografía hay intensos y candentes flujos de lava que circulan de un lugar a otro, que se sobreponen unos frente a otros y que van modificando desde abajo la propia topografía. Y cuando vemos la historia geológica, con fases de duración de millones de años, vemos que esa superficie fue trabajada, fue fruto de corrientes de lava ígnea que brotaron sobre la superficie arrasando a su paso toda la anterior fisonomía, creando en su flujo, montañas, valles, precipicios; que con el tiempo, se solidificaron dando lugar a la actual geografía. Las instituciones son igual que la geografía: solidificaciones temporales de luchas, de correlaciones de fuerza entre distintos sectores sociales, y de un estado de esa correlación de fuerza que, con el tiempo, se enfrían y petrifican como norma, institución, procedimiento. En el fondo, las instituciones nacen de luchas pasadas, con el tiempo olvidadas y petrificadas; en sí mismas son luchas objetivadas, pero además, sirven a esas luchas, expresan la correlación de fuerzas dominante de esas luchas pasadas y que ahora, con el olvido funcionan como estructuras de dominación sin aparecer como tales estructuras de dominación. Se trata de una doble eficacia de dominación: son fruto de la dominación para la dominación; pero dominan, con el tiempo, sin aparecer como tales estructuras de dominación.


6. Estado, formación de las hegemonías y lucha por la emancipación (23).


De otro lado, el proceso social llamado Estado es un proceso de formación de las hegemonías o bloques de clase; es decir, de la capacidad de un bloque histórico de articular en su proyecto de sociedad, a las clases que no son parte dirigente de ese proyecto. Sin embargo, en la lucha por el poder del Estado siempre existe una dimensión emancipadora, un potencial comunitario que deberá develarse al momento de la confrontación con las relaciones de monopolización que anidan en el proyecto o voluntad estatal.


Al indicar que el Estado es una relación, agrega García Linera, entre las clases poseedoras y una relación con las clases populares, se está criticando no solo la lectura del Estado como cosa, como aparato externo a la sociedad, que fue la que dio origen a las fallidas estrategias elitistas o reformistas de destrucción o de ocupación del Estado que supusieron, en ambos casos, la consagración de nuevas élites dominantes, ya sea por la vía armada o la vía electoral.


Se trata de una invitación a reflexionar sobre el Estado como una relación que busca la dominación, y no como el punto de partida para explicar las cosas y establecer estrategias revolucionarias; más bien como el punto de llegada de complejos procesos y luchas sociales que dan lugar, precisamente, a la dominación. Entonces, la dominación no es el punto de partida para explicar la sociedad, sino por el contrario, el proceso, el devenir, el continuo artificio social lleno de posibilidades, a veces, de incertidumbres tácticas, de espacios huecos de la dominación, que son precisamente los espacios que habilitan la posibilidad de la emancipación o la resistencia.


En ese sentido, si la dominación no es el punto de partida para explicar el mundo, sino un proceso que se está creando a diario, que tiene que actualizarse y verificarse a diario, eso significa que ella no es un destino fatal o ineluctable. Justamente, es en los huecos de la dominación, en los intersticios del Estado y en su cotidiana incertidumbre de realización, que se encuentra, anida y surge la posibilidad de la emancipación. Tal como lo muestra la historia de las verdaderas revoluciones, en medio de la pasividad, de la tolerancia consuetudinaria de las clases menesterosas, de las complicidades morales entre gobernantes y gobernados, es que de pronto algo salta, una memoria de organización se gatilla, las tolerancias morales hacia los gobernantes estallan, los viejos discursos de orden ya no convocan, y nuevos idearios e ideas (anteriormente marginales) comienzan a seducir y convocar cada vez a más personas. La dominación se quiebra desde el interior mismo del proceso de dominación.


El Estado como monopolio de decisiones universalizantes, se ve interpelado desde adentro. Es como si su fundamento escondido de comunidad deseada emergiera en las expectativas de la población, dando lugar a la irrupción de voluntades colectivas que se reapropian de las capacidades de deliberación, imaginación y decisión; surgen esperanzas prácticas de maneras distintas de gestionar lo común. Ciertamente, a veces esas acciones prácticas se proyectan a otros representantes que simplemente reactualizan el funcionamiento de los viejos monopolios estatales con nuevos rostros. Pero si a pesar de ello, en el horizonte comienzan a despuntar nuevas creencias movilizadoras que alimentan el entusiasmo social (al principio, en pequeños sectores, luego, en regiones, y tal vez más tarde, a nivel nacional). Y cuando este despertar social no solo se condensa en nuevas personalidades elegidas, sino que revoca a las viejas élites representantes y desborda la representación electoral con nuevas formas de participación, de movilización extraparlamentaria, plebeya y, encima, busca sustituir los profundos esquemas mentales con los que la gente organiza moral y lógicamente su vida cotidiana. Cuando todo ello sucede, estamos ante procesos revolucionarios que afectan la estructura misma de las jerarquías sociales en la toma de decisiones, que diluye las viejas certidumbres sobre el destino, y lanza a la gente a participar y a creer en otras maneras de gestionar los asuntos comunes. En otras palabras, estamos ante una crisis general de Estado, cuya resolución solo puede transitar por dos vías: por una restauración de las viejas creencias o relaciones de fuerzas, o por unas nuevas relaciones de fuerza, creencias movilizadoras y modos de participación, es decir, por una nueva forma estatal, cuyo grado de democratización social dependerá de la propia capacidad con la que los subalternos sean capaces de sostener, en las calles y en las instituciones, la participación en la gestión de lo común.


El orden estatal es, también, un orden de educación, de saberes funcionales, de territorialización de los ciudadanos y de producción de expectativas lógicas y morales sobre el propio orden del mundo, de la familia, de los individuos. Sin embargo, no se trata de una producción cerrada automática. Ya mencionamos que tiene vacíos e incertidumbres; y es ahí, en esos espacios de incertidumbre, que entran en juego otras propuestas de producción de sentido, otros horizontes posibles, otras expectativas movilizadoras, individuales, grupales o sociales, que pueden ser de carácter político revolucionario, conservador, religioso, identitario, comunitario, entre otros.


Está claro que el Estado es el monopolio de las ideas-fuerza que orientan una sociedad. Sin embargo, si las expectativas estatales no se corresponden con la realidad experimentada por los grupos sociales, se forma una masa crítica de disponibilidad hacia nuevas creencias portadoras de esperanza y de certidumbre. Y esas disponibilidades a nuevas creencias pueden crecer más a medida que el Estado separa el orden real de las cosas respecto al orden esperado. Cuando esta separación entre lo real y lo ideal se agranda y abarca a más sectores (jóvenes, obreros, migrantes, estudiantes, etc.), se abre el espacio de una amplia predisposición a la revocatoria de las viejas creencias.


Dependiendo de la correlación de fuerzas entre los otros emisores discursivos alternativos, asistiremos a un crecimiento de identidades políticas de derecha, de izquierda, locales, comunitarias o religiosas.


Por otro lado, el poder de Estado igualmente puede ser constructor de identidades sociales, de fracciones de clase movilizada, y de movilizaciones ciudadanas en torno a miedos o defensas colectivas. Es más, en ciertos momentos puede tener un papel altamente influyente en la promoción de identidades, pero nunca lo hace sobre la nada; es decir, ninguna identidad social puede ser inventada por el Estado. Más bien lo que hace el Estado es reforzar, promocionar, visibilizar, empoderar agregaciones latentes, expectativas potenciales, y esconder, devaluar, invisibilizar otras tantas identidades anteriormente existentes; aunque está claro que el Estado no hará nada que, de una manera u otra y a la larga, reafirme su propia reproducción y sus propios monopolios. El miedo puede ser un factor aglutinante, pero no es un factor de construcción de un nuevo orden ni de autodeterminación. Y tarde o temprano, la sociedad deberá peguntarse acerca de las condiciones históricas de la producción del miedo, y las acciones arbitrarias del Estado que hayan llevado a que la sociedad se sintiera como en un castillo asediado. El asedio al castillo nunca será una acción descabellada; siempre resultará ser una acción defensiva en contra de algún agravio histórico. Y esta no es la excepción.


Si el Estado capitalista moderno es una relación social que atraviesa a toda la sociedad y a todos sus componentes: las clases sociales, las identidades colectivas, sus ideas, su historia y sus esperanzas; entonces, el socialismo, entendido como la transformación estructural de las relaciones de fuerzas entre las clases sociales, necesariamente tiene que atravesar al propio Estado. Y lo atraviesa justamente como la democratización sustancial de las decisiones colectivas, de la gestión de lo común, como desmonopolización creciente de la producción de los universales cohesionadores; es decir, como irrupción de la democracia en las condiciones materiales y simbólicas de la existencia social.


7. El Estado en tiempos de cambio y transición.


Qué podemos entender por Estado en momentos en que su forma social está en duda, en proceso de incertidumbre o, si se prefiere, en momentos en que se construye una nueva estructura estatal, como la que se plantea en estos momentos con los diálogos de paz.


Retomando las características de los tres componentes estructurales de la relación estatal y esos tres "ladrillos" básicos de su composición veamos algunos elementos del Estado en transición o momentos de revolución política de las sociedades. Para ello, son reveladores los textos de Robespierre (24) , también los de Marx en los que escribe sobre la revolución europea de 1848-18507 y sobre la Comuna de Paris en 1871 (25) , al igual que las reflexiones de Lenin en el periodo 1918-1920 (26) y, por supuesto, René Zavaleta Mercado cuando estudia la revolución de 1952 (27) .


En lo que se refiere a los estudios del Estado como continuidad y reproducción, hay bastantes aportes en la sociología del Estado. En ello, las investigaciones sobre el proceso de monopolización de la coerción legítima y de los impuestos, de construcción de los sistemas legales y judiciales, y del papel del sistema escolar como reproductor de las relaciones de dominación, son líneas de estudio de los largos periodos de regularidad y la reproducción del Estado.


Se trata de temáticas que se pueden incorporar al bagaje sociológico del estudio del Estado en tiempos de estabilización o de estabilidad como espacio de dominación a partir de correlaciones de fuerzas, de instituciones que objetivan esa correlación de fuerzas y de ideas que legitiman y "naturalizan" las relaciones de fuerza.


Ahora bien, estas tres dimensiones o caras del mismo orden estatal, en momentos de cambio de forma y contenido social del Estado, presentan transformaciones diferentes en su profundidad y velocidad, de acuerdo al momento o etapa de la crisis de Estado que se está atravesando.


Esquemáticamente, dice García Linera, se puede resumir que toda crisis estatal atraviesa cinco etapas históricas:


El a) momento del desvelamiento de la crisis de Estado, que es cuando el sistema político y simbólico dominante que permitía hablar de una tolerancia o hasta acompañamiento moral de los dominados hacia las clases dominantes, se quiebra parcialmente, dando lugar, así, a un bloque social políticamente disidente con capacidad de movilización y expansión territorial de esa disidencia convertida en irreductible.
De consolidarse esa disidencia como proyecto político nacional b) imposible de ser incorporado en el orden y discurso dominante, se da inicio al empate catastrófico, que habla ya de la presencia no sólo de una fuerza política con capacidad de movilización nacional como para disputar parcialmente el control territorial del bloque político dominante, sino además, de la existencia de una propuesta de poder (programa, liderazgo y organización con voluntad de poder estatal), capaz de desdoblar el imaginario colectivo de la sociedad en dos estructuras políticas-estatales diferenciadas y antagonizadas.
Renovación o sustitución radical de élites políticas c) mediante la constitución gubernamental de un nuevo bloque político que asume la responsabilidad de convertir las demandas contestatarias en hechos estatales desde el gobierno.
Construcción, reconversión o restitución conflictiva de un bloque d) de poder económico-político-simbólico a partir del Estado, en la búsqueda de ensamblar el ideario de la sociedad movilizada con la utilización de recursos materiales del o desde el Estado.
Punto de bifurcación e) o hecho político-histórico a partir del cual la crisis de Estado, la pugna política generadora de desorden social creciente, es resuelta mediante una serie de hechos de fuerza que consolidan duraderamente un nuevo, o reconstituyen el viejo, sistema político (correlación de fuerzas parlamentarias, alianzas y procedimientos de recambio de gobierno), el bloque de poder dominante (estructura de propiedad y control del excedente) y el orden simbólico del poder estatal (ideas fuerza que guían las temáticas de la vida colectiva de la sociedad).


Ahora bien, ¿cuáles son los puntos nodales de la estatalidad cuando queremos ver al Estado en tiempos de transición? En otras palabras: ¿Cómo acercarnos al estudio de los mecanismos, las formas y los medios de consagración y legitimación duradera de una correlación de fuerzas políticas? ¿Cómo se convierte en estable una eventual estructura de relaciones políticas diferente a la anteriormente vigente? ¿Cómo —en palabras más académicas— se consolida un régimen de mando y de poder social tanto material como simbólicamente?


Es claro que en los momentos de estabilidad política y de estabilidad estatal esos tres componentes que hemos nombrado: el Estado como correlación de fuerzas, el Estado como máquina y el Estado como idea, se definen como estables porque se mueven en un ámbito de previsibilidad y de no antagonismo radical ni de quiebre en sus componentes internos. Por lo tanto, su preservación, su transformación y su reconversión, que son también flujos de trabajo de poder, son, en cierta medida, previsibles a partir de ciertos parámetros de movimiento interno de las ideas dominantes, de la maquinalidad administrativa y de la correlación de fuerzas sociales.


En cambio, en tiempo de crisis estatal, cada uno de estos componentes: la máquina, la correlación de fuerzas y la idea o imaginación política, presentan ámbitos de antagonismo recurrente, inestabilidad e incertidumbre estratégica en cuanto a su funcionamiento. Es decir, la forma cotidiana de reconocer a un Estado en transición es la incertidumbre duradera de la vida política de una sociedad, la "gelatinosidad" conflictiva y polarizada del sentido común colectivo, la imprevisibilidad estratégica de las jerarquías y mandos de la sociedad a largo plazo, que bien podemos denominar crisis de Estado.


Finalmente, recojamos, señala GL, el concepto del punto de bifurcación retomado del profesor de física Ilya Prigogine (28) , quien estudió los sistemas alejados del punto de equilibrio. Él vio que, a partir de cierto tiempo, estos sistemas alejados del punto de equilibrio pueden dar lugar a un nuevo orden. A este punto de conversión del desorden del sistema en orden y estabilización del sistema, Prigogine le llamó: punto de bifurcación.


En el ámbito de las estructuras estatales en crisis ("sistemas alejados del equilibrio"), éstas se caracterizan por la inestabilidad y la confrontación política. Se trata de auténticos, generalizados y desnudos momentos de lucha por el poder político. Pero, en la medida en que ninguna sociedad puede vivir perpetuamente en un estado de lucha generalizada y antagonizada por el poder, la sociedad, más pronto o más tarde, ha de inclinarse por la estabilización del sistema o construcción de un orden estatal que devuelva la certidumbre a las estructuras de dominación y conducción política. A este momento histórico-específico, fechable, a partir del cual el Estado se estabiliza, se denomina: punto de bifurcación.


Si uno revisa los momentos de la construcción de cualquier nuevo Estado —el nacionalista, el republicano, la comuna, el soviético, el chino, el cubano, el boliviano— verá que siempre han tenido un punto de bifurcación de su estructura de poder.


Ahora, este punto de bifurcación tiene varias características; la primera es un momento de fuerza, no de diálogo ni necesariamente un punto violento, pero sí es un momento donde se tienen que exhibir desnudamente las fuerzas de la sociedad en pugna, se tienen que medir las capacidades y, en ello, definir la suerte definitiva e irreversible de cada uno de los contrincantes.


En segundo lugar, el punto de bifurcación es un momento donde las antiguas fuerzas asumen su condición de derrota o las nuevas fuerzas ascendentes asumen su imposibilidad de triunfo y se repliegan.


Es un momento donde una fuerza social o un bloque de fuerza asume el mando reconocido por los que aceptan obedecer, dando lugar a una nueva complacencia moral entre gobernantes y gobernados.


En tercer lugar, es un momento donde la política es fundamentalmente la continuación de la guerra por otros medios y no a la inversa.


Aunque también las construcciones de consenso sociales son necesarias, pero a partir de legitimaciones o deslegitimaciones de hechos de fuerza. En otras palabras, el punto de bifurcación es un momento donde la situación de todos se dirime en base al despliegue de correlación de fuerzas sin mediación alguna: fuerzas materiales, simbólicas y económicas.


Colocados en ese sitio de bifurcación conviene adentrarse en una reflexión de mayor calado. Me estoy refiriendo a los caminos que se abren, en esta reflexión sobre lo estatal, a las articulaciones entre el Estado y la hipótesis socialistas.


Ese será tema de un próximo trabajo, en el que vamos a proponer unas conclusiones generales sobre este campo analítico que surge con el proceso de paz en curso en la Mesa de diálogos de La Habana, la cual tiene otros temas pendientes de gran envergadura.


Notas.

1 Ver punto 5 del Tema 3 de la Agenda temática de los diálogos adelantados en La Mesa de La Habana en el siguiente enlace electrónico

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf

cuyo texto indica que: 5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de laconstrucción de la paz.
2 Ver texto completo del consenso agrario entre el gobierno y las Farc en el siguiente enlace electrónico

http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/reforma-rural-proceso-de-paz.pdf


3 Ver texto completo del consenso sobre participación política entre el gobierno y las Farc en el siguiente enlace electrónico http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/participacion-politica-proceso-de-paz.pdf


4 Ver texto completo del consenso suficiente sobre erradicación de cultivos de uso ilícito en el siguiente enlace electrónico http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/drogas-ilicitas-proceso-de-paz.pdf


5 Sobre los cambios anunciados en la doctrina de seguridad del Ejercito ver el siguiente enlace electrónico

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/debate-transformacion-del-ejercito-para-la-paz/16386508

6 Sobre el acuerdo entre el gobierno y las Farc en el tema de verdad, justicia, reparación y no repetición ver el siguiente enlace electrónico

http://www.elheraldo.co/internacional/esta-es-la-declaracion-conjunta-del-gobierno-y-las-farc-sobre-acuerdo-de-justicia


7 Sobre las reformas al Estado colombiano adelantadas después de la expedición de la Constitución de 1991 ver la presentación que de las mismas hace Edgar Gonzales, experto en el tema, en el siguiente enlace electrónico

http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2707-la-reforma-al-estado-bondades-y-limitaciones.html


Anotemos que dichas reformas se han adelantado en el marco del paradigma de la Nueva Gestión Pública que es un matrimonio neoliberal entre el nuevo institucionalismo y la gerencia profesional, ver al respecto el siguiente enlace electrónico

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/47_GarciaSanchez.pdf


8 Sobre el concepto de F. Hegel sobre el Estado ver el siguiente enlace electrónico

http://www.consensocivico.com.ar/uploads/554b635248793-Avalos%20Tenorio-Hegel%20y%20su%20concepto%20de%20Estado(CC).pdf


9 Para una visión de Marx sobre el Estado ver el siguiente enlace electrónico

https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso08/conf4_mendez_gomez.pdf


10 Para acercarse a la teoría de Engels sobre el Estado ver el siguiente enlace electrónico

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf


11 Sobre el enfoque teórico de Lenin acerca del Estado ver los siguientes enlaces electrónicos

http://juventud.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2009/05/el-estado-y-la-revolucion-lenin.pdf

y https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/11071919.htm


12 Ver la aproximación de Troski al tema del Estado en el siguiente enlace electrónico https://www.marxists.org/espanol/trotsky/revperm/rp10.htm


13 Sobre el debate contemporáneo acerca del Estado ver el siguiente enlace electrónico

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/RT3MSCD14BXP6A8V3GETHVH69JU2JK.pdf


14 Acá recojo las reflexiones del actual Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, sobre el tema del Estado que se encuentran en el texto El Estado campo de lucha al cual se puede acceder en el siguiente enlace electrónico http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/estado.pdf, de igual manera sus análisis sobre el pensamiento de Nikos Poulantzas disponibles en el siguiente enlace electrónicohttp://www.rebelion.org/noticia.php?id=195607

15 Sobre la obra de Rene Zavaleta Mercado ver el trabajo de grado para optar su doctorado de Luis Tapias en el siguiente enlace electrónico http://biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/cides-umsa/20120906015335/tapia.pdf

16 Sobre el Proyecto de Acto legislativo para la paz formulado por el gobierno del Presidente Santos ver el siguiente enlace electrónico http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-radican-acto-legislativo-para-implementar-acuerdos/16375176

17 Sobre la propuesta de las Farc para convocar una Asamblea Constituyente ver el siguiente enlace electrónico

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57042


18. Ver el siguiente enlace electrónico http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/estado.pdf


19 Ver siguiente enlace electrónico

http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/estado.pdf


20 Ver siguiente enlace electrónico

http://epistemh.pbworks.com/f/9.%2BBourdieu%2BRazones%2BPr%C3%A1cticas.pdf


21 Ver siguiente enlace electrónico

https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2014/08/max-weber-economia-y-sociedad.pdf


22 Ver siguiente enlace electrónico

http://sociologiac.net/2009/04/13/descarga-del-dia-el-proceso-de-la-civilizacion-norbert-elias/


23 La reflexión de García Linera sobre este tema, que asumimos completamente, se hace sobre la lectura del texto de Nikos Poulantzas Estado, democracia y socialismo que se encuentra en el siguiente enlace electrónico

http://www.laondadigital.uy/wp-content/uploads/2015/08/Nicos-Poulantzas-Estado-Poder-y-Socialismo.pdf


24 Ver siguiente texto citado por García Linera, Robespierre, Maximilien, "Sur les principes du gouvernement revolutionnaire", en Oeuvres Completes. Paris, 1968.
25 Ver los siguientes textos citados por García Linera, Marx, Karl, Las revoluciones de 184. México, Fondo de Cultura Económica, 1989; Marx, Karl, La Guerra Civil en Francia. Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1978.
26 Ver siguiente texto citado por García Linera Lenin, V.I. Escritos entre octubre de 1917 y 1979, en Obras Completas, Tomos 27, 28, 29, 30. México, Ediciones Salvador Allende, S.f.
27 Ver el siguiente texto de Zavaleta Mercado citado por García Linera Zavaleta, Rene, El poder Dual. La Paz, Editorial Los Amigos del Libro, 1987; La caída del mnr y la conjuración de noviembre. La Paz, Editorial Los Amigos del Libro, 1995.
28 Sobre Prigogine y su teoría del punto de bifurcación ver los siguientes textos citados por García Linera 9 Ilya Prigogine (25 de enero de1917 Moscú - 28 de mayo de 2003, Bruselas) fue un físico, químico,sistémico y profesor universitario belga de origen soviético, galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1977; Prigogine, Ilya, ¿Tan solo una ilusión? Una exploración del caos al orden. Barcelona, Tusquets Editores, 1983.

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Nueva marcha por los 42 años del golpe de Estado en Chile

Violentos enfrentamientos entre carabineros y manifestantes marcaron la multitudinaria marcha que se realizó este domingo aquí en la capital chilena para conmemorar el 42 aniversario del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet (1973-1990), en la que se pidió el cierre de la prisión Punta Peuco, donde se encuentran detenidos ex militares.
Convocada por la Asamblea por los Derechos Humanos, la manifestación pasó por primera vez frente al presidencial palacio de La Moneda, que el 11 de septiembre de 1973 fue bombardeado por el ejército durante el levantamiento castrense contra el gobierno constitucional del socialista Salvador Allende.


Punta Peuco debe desaparecer, se podía leer y escuchar la clara y contundente consigna durante la movilización. La prisión alberga a un centenar de ex miembros de las fuerzas armadas condenados por torturas, secuestros y asesinatos durante el pinochetismo.


Entre llantos, cánticos y bailes, los miles de asistentes caminaron varios kilómetros para llegar al memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político, ubicado en el Cementerio General, al norte de Santiago, donde los familiares de las víctimas portaban claveles en un momento de reflexión para recordar a las víctimas de la dictadura militar.
Llama Bachelet a tener esperanza


La presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a la esperanza en el futuro del país, durante un oficio religioso en la Catedral Evangélica para agradecer por la independencia del país.


En la homilía, dirigentes de iglesias protestantes coincidieron en que hay una crisis de confianza gubernamental que afecta a todas las instituciones, pero la mandataria les señaló: Hemos escuchado la voz de las iglesias evangélicas a tener esperanza, a salir adelante.


A escasos metros de la ceremonia, encapuchados lanzaron bombas molotov contra la policía militarizada, pero fueron repelidos con chorros de agua y gas lacrimógeno. Los inconformes también rompieron parte del mobiliario urbano y atacaron con bombas incendiarias una sucursal bancaria, lo que provocó el cierre de las estaciones del ferrocarril subterráneo en el sector. La policía reportó la detención de cuatro personas.


Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que la responsabilidad de los disturbios no es de quienes convocan a la marcha sino de los encargados del orden público

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Gobierno paga con fuero a los militares para que permitan la paz

La iniciativa del Fuero Penal Militar recientemente aprobada en el Congreso es una de las estrategias del Gobierno orientada a favorecer la impunidad para miembros de las Fuerzas Militares involucrados en crímenes contra la humanidad. Al impulsarlo no solo garantiza estratégicamente su estabilidad, también abona el terreno para evitar que los uniformados cuenten verdades incómodas que puedan comprometer a representantes del poder y funcionarios del establecimiento en flagrantes violaciones de los derechos humanos. Tras son sus objetivos inmediatos detrás de la medida: reconocer un mínimo de responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, que los militares permitan el desarrollo de la paz, y asegurar la estabilidad necesaria para ganar la próxima contienda electoral.

 

El Gobierno y la ampliación del Fuero Militar

 

A través de la sentencia C-740 del 23 de octubre del 2013 la Corte Constitucional declaró inexequible el Acto Legislativo del 02 de 2012. El alto Tribunal derribó con ella uno de los intentos más ambiciosos del Ejecutivo por reformar las normas que configuran el marco jurídico específico reglamentario del juzgamiento de los militares por delitos cometidos en servicio. Los argumentos de la Corte Constitucional, al declarar la inexequibilidad de las reformas de los artículos 116, 152, y 221 de la carta magna, no versaron sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas, sino sobre procedimientos viciados en el Congreso empleados para aprobar a pupitrazo limpio las modificaciones impulsadas por el Gobierno.

 

Esta reforma, propuesta por el Ejecutivo, avalaba la creación de un Tribunal de Garantías Penales conformado por miembros del ejército y del sistema de justicia ordinaria que se encargaría de "decidir si los delitos cometidos por los militares eran competencia de la justicia penal militar o de la justicia ordinaria", establecía que los delitos cometidos "en servicio y en relación con el servicio" debían ser juzgados por tribunales militares o cortes marciales, definía que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) también podían ser tratadas por este tipo de instancias de juzgamiento, excepto los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

 

Quedabaasí evidente lo que podía suponerse por doquier:que el Gobierno de Juan Manuel Santosprotege a los militares, en este caso con la creación de instancias de arbitramento parcializadas, encargadas de dirigir la mayor cantidad de procesos a las cortes militares para que den un tratamiento centrado estrictamente en el DIH,sesgar a la justicia ordinaria o enviar a ella la mayor cantidad de procesos basados en delitos no tipificados por el Código Penal, ampliar la cobertura de los "actos del servicio" y crear comisiones técnicas de investigación encargadas de maquillar los procesos, para asegurar la idoneidad jurídica de las decisiones detribunales intermedios. Audaz propuesta que comenzaba a mostrar la debilidad del Gobierno ante las presiones de los camuflados, y de fuerzas políticas aliadas para favorecer su impunidad,al tiempo que lavaba su propia responsabilidad en crímenes cometidos contra su propio pueblo. Era la punta del iceberg de un largo proceso que ya tenía sus antecedentes históricos.

 

En busca de la impunidad militar: un proyecto de vieja data que llega hasta la actualidad.

 

Sobre estos particualres, desdeabajo habló con Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, quien hizo un estricto mapeo de la temática en el país.

 

El asunto del fuero militar desbordado, según su opinión, es un asunto que se remonta a décadas anteriores de la historia política nacional "Durante toda la década de los ochenta y noventa hubo discusiones muy fuertes con el movimiento de derechos humanos, dado que la mayor parte de los casos graves eran asumidos por la Justicia Penal Militar (JPM). Con las peleas internas, con el litigio de casos a nivel nacional e internacional, se fue consolidando una jurisprudencia que cuestionaba esa práctica de llevar las grandes violaciones de losderechos humanos a la JPMilitar. ¿De dónde surgía esa práctica? Básicamente de una interpretación errada del artículo 221 de la Constitución que plantea que de los delitos cometidos en actos del servicio, o en relación con éste, conocerán los jueces penales militares. La interpretación errada se daba alrededor de lo que era un acto del servicio: para los militares cualquier violación de los derechos humanos, cualquier violación del DIH, era un acto del servicio, cualquier actividad, acción u omisión que realizara un militar era un acto del servicio".

 

La presión internacional y de organizaciones de derechos humanos condujo a que, después del tratamiento nefasto de los derechos humanos durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en uno de los primeros Actos Legislativos aprobados bajo el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, fuera avalada una reforma orientada a poner talanqueras a la actuación militar: "Santos promulgóla Ley 1407 del 2010–Código Penal Militar–, sin embargo, dos meses después de eso que había costado tantos años, tanto esfuerzo, tanta concertación, tanta asesoría, los militares emprendieron una verdadera batalla por tumbar esa Ley.

 

¿Por qué han querido tumbar esa Ley? Porque esa Ley tiene en su artículo número tres una disposición que dice que no se considerarán actos del servicio ni violaciones a los derechos humanos, ni violaciones al DIH, y eso es lo que a ellos les molesta. Hay que entender que eso es donde ellos tienen centrado el foco de toda su lucha, a partir de lo cual han venido liderando alrededor de diez iniciativas para tratar de tumbar esa disposición que todavía se encuentra vigente [...] lo que han hecho es poner una serie de reformas que le quitan la esencia a esa norma [...] ellos han presentado varias reformas con las que prácticamente consagran de nuevo que cualquier acción de los militares debe entenderse como acto del servicio y debe ser conocida por la Justicia Penal Militar".

 

En sintonía. Al mismo tiempo el Gobiernoimpulsaba en el Congreso iniciativas para lograr la ampliación del fuero a los militares, generando el abierto cuestionamiento de organizaciones multilaterales, organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y sectores de la sociedad civil. A eso se refiere Alberto Yepes "[...] hasta diciembre del año pasado impulsaron un proyecto de reforma a la Constitución que plantea básicamente lo mismo, que todos los delitos cometidos por militares y policías serán de conocimiento de la JPM con siete excepciones que no eran operativas porque no estaban consagradas en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, tenía como excepciones tipos delictivos como violencia sexual, ejecución extrajudicial, crimen de lesa humanidad y estos crímenes no estaban consagrados y tipificados en la legislación penal, entonces uno al decir que exceptúa algo que no está consagrado en la Ley, no exceptuar nada, viola la Ley".


La presión de los militares aumentaba, el Gobierno debía complacer sus exigencias saliendo al paso a la presión política ejercida por el Centro Democrático en cabeza del expresidente Uribe, quien asumió su vocería.Nuestro entrevistado comenta: "A comienzos de este año decidieron plantear la reforma de una manera muy ambigua, que supusiera que estaban actuando conforme la Constitución y la Ley. Abandonaron la pretensión que todos los delitos, con las excepciones inexistentes, fueran a la JPM y redactaron de tal manera la nueva disposición del artículo 221 para hacer creer que se ajusta a los pactos internacionales del Estado colombiano. ¿Qué plantea el nuevo artículo? Plantea que cuando la justicia conozca conductas punibles de la Fuerza Pública, en el marco de un conflicto armado o en situaciones objetivas que se asimilen a un conflicto, se aplicará exclusivamente el DIH y que quienes lo apliquen, jueces y fiscales, deberán tener una formación y conocimiento adecuado en ese derecho".

 

Aunque a primera vista lo así planteado parece ajustarse a lo legal, no es tal. De acuerdo a nuestro entrevistado,tal propuesta carga consigo oscuras intenciones,veamos: "El primer problema es que busca que solamente se aplique una sola parte de los compromisos internacionales que es el DIH, omitiendo el derecho internacional de los derechos humanos que es un mecanismo mucho más amplio, más protector, más garantista, porque el DIH se aplica en circunstancias extremas, en circunstancias de emergencia, es un derecho de mínimos que además está muy deficientemente regulado para los conflictos internos [...] ellos lo que quieren es mandar los derechos humanos de vacaciones porque cuando en el Congreso de la República, en el último debate, algunos congresistas hicieron una propuesta de modificación a la reforma propuesta por el Ministro de Defensa, en el sentido que se dijera que cuando se investiguen las conductas delictivas de la Fuerza Pública se aplique el DIH y el derecho internacional de los Derechos Humanos, hubo un rechazo generalizado en el Congreso y en el Ministerio, diciendo que eso acababa con la esencia de la reforma, dejando claro que lo pretendido era que fuera DIH y mandar al diablo los compromisos internacionales [...]".

La pretensión de los militares es que graves delitos, como los mal llamadosfalsos positivos, queden en la impunidad, no ser juzgados por cortes internacionales y, en un eventual proceso de paz, eludir la responsabilidad de contar la verdad. Por eso necesitan urgentemente fórmulas para lavar su responsabilidad con su propia justicia antes de que se pacte la paz.

Los problemas no paran ahí. Alberto Yepes precisó "Pero más grave aún es que si algunos casos quedan en la justicia ordinaria, esta nueva reforma también le impide a los jueces y fiscales en la justicia ordinaria aplicar los derechos humanos, porque dice "únicamente pueden aplicar DIH", entonces una persona cuyo hermano, padre, hijo, su familiar, sea asesinado en operaciones de la fuerza pública ahora no podrá reclamar verdad por una violación de derechos humanos porque le van a decir, derechos humanos no es aplicable, van a decir, esto en un hecho en el marco del DIH".

Y el DIH tampoco parece ser la solución porque también se han ahondado esfuerzos para hacer una adaptación de los ya austeros DIH a las necesidades de interpretación y juicio de los militares nacionales. "El problema adicional de todo esto es que los militares en Colombia han ido conformando una nueva versión muy a la colombiana de lo que ellos entienden como el DIH, expresado en otro proyecto de Ley, el 129 del 2014, sobre la armonización del Derecho Penal con el DIH,según el cual las infracciones a éste dejan de serlo, dejan de ser delitos y toda muerte de un civil en operaciones militares o de policía se convierte en un blanco legítimo. Apelan a que toda muerte en la fase de preparación, planeación, ejecución, desarrollo o evaluación de una operación militar es un blanco legitimo [...] algunas de las causales de exoneración de los autores materiales, es decir, para los soldados, es si ellos consideran que tenían la íntima convicción de que quien mataron era un blanco legitimo [...]; el criterio de la "íntima convicción" se pone como eximente de la responsabilidad a los perpetradores y para los superiores se plantea que ellos nunca tendrían responsabilidad por omisión, cuando en todo el mundo el mando responde por lo que hagan o dejen de hacer sus subordinados [...]".

 

Las reformas al Fuero Militar y los acuerdos de paz

 

Existe una incongruencia absoluta entre este tipo de disposiciones y las políticas de paz que el Gobierno impulsa en la mesa de negociaciones de La Habana, otra más de un largo historial de contradicciones entre lo que se dice en Cuba y lo que se hace en Colombia: casos similares son las detenciones arbitrarias de líderes del movimiento estudiantil, el impulso de proyectos de minería a gran escala, proyectos agrarios que favorecen el monocultivo, legislaciones que penalizan la protesta social, todos contrarios a lo pactado hasta el momento en la mesa de negociaciones. Serias dudas surgen sobre la voluntad real del Gobierno de implementar las reformas que emanen de los acuerdos desarrollados en Cuba.

El Fuero Militar impulsado por el Gobierno tiende a favorecer condiciones de vulneración de derechos humanos y medidas de represión que se oponen a los compromisos pactados en el sentido de asegurar las condiciones para la protesta social, la movilización y el ejercicio de la oposición.De acuerdo a Yepes esto se debe a una relación peculiar que el Estado tiene con los militares, "Creo que esto refleja la deformación de la democracia colombiana en la que, al contrario de lo que sucede en todos los países donde el poder militar está subordinado a las autoridades civiles, tenemos una situación invertida donde es el poder civil quien se somete al poder de los militares; esta ha sido una exigencia del poder militar para poder dejar hacer las negociaciones tendientes a finalizar el conflicto armado en las cuales ellos exigen, como una de sus condiciones, salir indemnes, salir impunes, de los crímenes internacionales que les imputan en el contexto del conflicto o que, por lo menos,les permitan ser ellos quienes se investiguen y juzguen, que es casi lo mismo porque van a quedar en la completa impunidad.

Entonces,me parece que esto es un peaje, que el FPM es el tributo que el poder civil le paga al poder militar para que permitanla concreción de un proceso de paz, un tributo que los militares están exigiendo:'dejamos hacer el proceso de paz a condición de que ninguno de los altos mandos que han tenido responsabilidad en crímenes internacionales ni vaya a la cárcel ni tenga obligaciones de acudir a ningún espacio de justicia transicional, ni ninguna Comisión de la Verdad'. Se supone que quienes van a esta Comisión son aquellos que tienen procesos avanzados por su responsabilidad en crímenes internacionales, pero si los militares deciden anticipadamente lavar todas sus culpas, al momento de convocar a una Comisión de la Verdad no habrá ningún alto mando que esté obligado a comparecer allí [...]". De esta manera, la meta es evitar a toda costa que los militares tengan que contar la verdad de las atrocidades cometidas para defender la estabilidad política, el ordenamiento establecido por una oligarquía empotrada en el poder,usándolos como sus guardaespaldas personales, como sus perros de cacería de insurrectos.

En este juevo de interéses, todo tipo pretensiones son toleradas a los militares. La Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a nuestro entrevistado, nunca avanzó en el establecimiento de la responsabilidad de los altos mandos en la ejecución de crímenes internacionales, en el caso de los "falsos positivos" nunca esclareció la verdad de quienes cometieron estos delitos. Estas investigaciones solo llegaron hasta mandos medios y ochocientos soldados, que es poco probable que hayan sido los arquitectos de la estrategia, sino quienes ejecutaron órdenes de sus superiores. El Estado colombiano no cumplió con las víctimas, con el compromiso con la verdad con la justicia, y con el resarcimiento, prefirió lavar su responsabilidad protegiendo a los militares; es de esperar que no lo haga tampoco en un escenario de libertades ampliadas y de responsabilidades difuminadas por una legislación que se soporta en la creación de un derecho artificial que favorezca la impunidad de los militares, la estructuración de mecanismos jurídicos para delimitar convenientemente los ámbitos de derecho que nutren a la justicia ordinaria, el diseño de una JPM que favorece terriblemente la impunidad y convierte a los colombianos nacidos y por nacer en legítimos blancos del Estado.

 


Recuadro 1

 

• Artículo 221 de la Constitución

 

"De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro".

 

• Artículo 221 de la Constitución, modificado por el acto legislativo 01 del 25 de junio del 2015

 

"De las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribu¬nales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

 

En la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicarán las normas y principios de este. Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial que conozcan de las conductas de los miembros de la Fuerza Pública deberán tener formación y conocimiento adecuado del Derecho Internacional Humanitario.

 

La Justicia Penal Militar o policial será independiente del mando de la Fuerza Pública".

 


Recuadro 2

 

• Otros intentos por asegurar la impunidad militar

 

Una de las iniciativas encaminadas a favorecer la impunidad de los militares se presentó con el proyecto de Acto Legislativo 009 del 20 de julio del 2014 presentado por el Centro Democrático. El proyecto de Ley contemplaba la creación de un tribunal pro tempore encargado de "[...]revisar, en única instancia, las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la Fuerza Pública, por eventuales delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del mismo, a partir del 1 de Enero de 1.980." El tribunal tenía competencias para revisar las sentencias dictadas y reemplazarlas por otras más convenientes, era la máxima autoridad para juzgar a los militares por delitos similares cometidos en la actualidad. Un intento descarado de liberar a militares condenados y asegurar la impunidad por los crímenes cometidos en la actualidad.

Otro intento se presentó con el Proyecto de Acto Legislativo 010 del 2014, que pretendía modificar el artículo 221 de la Constitución adicionando tres parágrafos en los que se ampliaba la definición del "servicio" para que cobijara el mayor número de delitos posibles, el juzgamiento de ellos en cortes marciales y militares, el sometimiento de las investigaciones por estos delitos a protocolos técnicos militares y el encuadre de las mismas en el marco rígido y precario de legalidad del DIH.

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