Martes, 23 Junio 2015 12:35

¿Hechos o verdad?

Hablar de "verdad" no solamente es complejo sino problemático, pues, pese a que el término pretende referirse a lo que es indiscutible, la aceptación de algo como verdadero requiere consenso. Quizá por ese motivo, el lógico y teórico austro-británico Karl Popper desterró la verificación (búsqueda de la verdad) del campo científico y la sustituyó por la falsabilidad, es decir, la promulgación de afirmaciones siempre provisionales y que, mientras no sean refutadas, pueden considerarse como corroboradas, sin que eso signifique su aceptación definitiva. Las innumerables aristas de la realidad son la razón para que las explicaciones que de ella se dan no deban ser juzgadas, bajo ninguna circunstancia, como inmutables. Es el descubrimiento de factores o perspectivas no tenidas en cuenta previamente lo que enriquece el conocimiento de los fenómenos y los sucesos, que de esa manera asumen una condición dinámica frente a nuestros ojos.

 

La creación de una Comisión de la Verdad (CV) acerca del origen y el desarrollo del actual conflicto armado colombiano ha dado lugar, sin que aún comience a operar, a una serie de reacciones que le auguran un devenir tormentoso. En carta que el jefe insurgente Iván Márquez le dirigió al Procurador el pasado 10 de junio, le dice que la CV no busca la "verdad" del Procurador sino la de las víctimas, incluida la verdad de los muertos, cuyos cuerpos deben hablar a través de los estudios forenses acerca de lo que fue su fin. Y más adelante señala que también se trata de la verdad de lo hecho por el militar, los financistas, los empresarios y dirigentes políticos, en una clara muestra de lo espinoso que será el asunto de las verdades. Ahora, en el espíritu de la carta, lo que allí se quiere enfatizar es que muchos de los actores de la violencia no son reconocidos como tales, porque sus acciones no se interpretan correctamente como causa directa de esa violencia o porque conscientemente se oculta su participación en ella.

 

El asunto se complica aún más si añadimos el elemento de la "construcción de las verdades", pues tenemos que incluir a los medios de comunicación y la academia, que curiosamente no son nombrados por Márquez. Pues, aun limitándonos a la sola divulgación de hechos, es evidente que, cuando en un enfrentamiento abierto entre ejército y guerrilla, por ejemplo, los combatientes muertos del primero son descritos como "asesinados", mientras los de la insurgencia son "abatidos", la 'verdad' que de allí surge es interesada, y mal puede llamarse indisputable. Sin embargo, para los defensores del statu quo no hacer la distinción sería distorsionar lo que consideran la 'verdad'. Pero, ¿cuáles son los hechos en este caso? Acá no cabe duda de que el asunto es el de un enfrentamiento entre individuos armados y preparados para la guerra, por lo cual los muertos de los dos bandos lo son bajo circunstancias iguales que debieran ameritar igual denominación. Pues, bien, es sobre una base descriptiva de los hechos, contemplados a la luz de iguales parámetros, como debe actuar una Comisión que busca un balance de responsabilidades para evitar la repetición del conflicto. Los combatientes tomados prisioneros en los enfrentamientos no pueden ser "secuestrados" si los toma un bando y retenidos si los captura el bando contrario. Igual ocurre con los muertos fuera de combate o las afectaciones a la población civil, vengan de donde vengan.

 

El enfrentamiento que tuvo lugar entre el columnista León Valencia y Miguel Gómez Martínez en el programa Voces RCN, ampliamente reseñado por los medios, y motivado por el señalamiento que León Valencia hizo de la familia Gómez como partícipes de la violencia, es un buen ejemplo de lo que significa develar sucesos que puedan ampliar la comprensión del conflicto, ya que, desde el ejercicio de la política, casos como los de Laureano Gómez y su hijo Álvaro Gómez Hurtado –a quienes León Valencia se refería en la discusión–, para citar tan solo un ejemplo, no han sido suficientemente dimensionados, pese a que del segundo se conoce su persistencia en el Senado en denominar "repúblicas independientes" a poblaciones de campesinos que buscaban tierra donde asentarse, y que Gómez Hurtado invitaba a destruir. El caricaturista Héctor Osuna, bajo el seudónimo de Lorenzo Madrigal, conservador laureanista, en su columna del 7 de junio en el diario El Espectador terció en la polémica, y, luego de calificar como insolente la opinión de León Valencia sobre los Gómez, afirmó con tono de advertencia que "la paz de Santos estará en vilo, si lo que se pretende es unificar la verdad y la memoria históricas por acuerdo con los rebeldes y como decreto para historiadores", expresando el sentimiento de los más conservadores en su nula disposición a reconocer que las razones que esgrime el otro puedan ser conmensurables con las suyas, y menos asumir responsabilidad alguna en el conflicto.

 

El negacionismo histórico es una característica de las élites criollas, legitimadas con una historiografía mediocre y dulzona que, salvo las excepciones de siempre, hasta el día de hoy ha sido panegírica y complaciente. ¿Cuál es el peso de la ausencia de un inventario riguroso de los hechos en nuestra persistente forma violenta de relacionarnos? Parece que no es despreciable, puesto que, siempre que han tenido lugar procesos de paz significativos, la búsqueda de una explicación estructural de las causas ha sido sentida como una necesidad perentoria para evitar la repetición de la tragedia.

 

El 27 de mayo de 1958, mediante el Decreto 0942, se creó la Comisión Nacional de Investigación de las Causas Actuales de la Violencia (el nombre completo del actual organismo es Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición), que, pese a un trabajo ingente y unas esperanzadoras recomendaciones, ve apenas una breve paz de cinco años, luego de los cuales estalla de nuevo el conflicto armado que ya sobrepasa el medio siglo de existencia. Negarse a entender las necesidades de grupos acorralados por el hambre y la ausencia de derechos, y, lo que es peor, negarse luego a aceptar que son esas necesidades la causa de las rebeliones armadas, se convirtió en el alimento de una espiral que no ha parado de crecer.

 

¿Puede alguien creer seriamente que sin diálogo se puede alcanzar en Colombia un silenciamiento de los fusiles? La respuesta es no, pero, para nuestro pesar, los guerreros de escritorio estiman que unos litros de sangre adicionales pueden llevarlos a la mesa con ventaja, y claman por empujar la confrontación un poco más, bajo la creencia de que el enemigo está debilitándose. A las élites y sus guardaespaldas intelectuales les parece inconcebible que de un acuerdo de paz surja un cuestionamiento a su quehacer histórico, y se niegan a aceptar responsabilidades. El trabajo de la pasada Comisión Histórica del Conflicto, que terminó convertida en una colcha de retazos en razón de las visiones mutuamente excluyentes de las diversas interpretaciones, es una muestra de la obcecación que acompaña las reflexiones sobre nuestro devenir como sociedad. La intolerancia de las visiones convencionales (¿oficiosas?) no fuera tan problemática si no se constituyera en una línea roja trazada como muro de defensa.

 

Si referirnos a la verdad es problemático porque, entre otras cosas, ésta lleva adosada siempre la carga de la valoración emocional, hablemos modestamente de hechos y de sus principales protagonistas. Respondámonos, quizá tan solo con las frías cifras y la simple enumeración, con una corta lista de interrogantes como: ¿Cuántas fuerzas armadas paraestatales han sido creadas en nuestra historia y por quiénes? ¿Cuántos miembros de la cúpula del ejército han participado en ejecuciones extrajudiciales, antes incluso que fueran denominadas con el eufemismo de "falsos positivos"? ¿Cuál fue la tasa de crecimiento de esas ejecuciones luego que se emitiera la directiva de premios por "las bajas provocadas al enemigo"? ¿Quiénes han sido los 'inversionistas' privados de la guerra y cuánto el monto de su 'inversión'? ¿Cuáles patrimonios han surgido directamente del despojo? ¿Cuáles columnas de periódico o programas de radio o televisión son los que más gritos de ¡mátenlos! han emitido?

 

Dar respuesta a interrogantes de ese tipo tal vez nos ayude más que el propósito pomposo de "establecer la verdad" por parte de una Comisión para la que, dados los antagonismos ideológicos, es un imposible; y quizá nos evite la discusión inmediata sobre las justificaciones y el contexto de los acontecimientos, que debe ser una tarea permanente de todos.

 

Simplifiquemos la misión de los comisionados, garanticemos de alguna manera sus resultados y asegurémonos de que el caudal de hechos conocidos aumenta para que las generaciones futuras estén en condiciones de saber lo que no les conviene. No. No se trata de una discusión semántica para diferenciar hechos de verdades, se trata precisamente de no caer en discusiones bizantinas que hasta ahora les han permitido a muchos eludir su participación como agentes activos de nuestro cruento discurrir.

Publicado enEdición Nº 214
Santos ordena bombardear la paz. El caso Santo Domingo/Arauca.

A raíz de los trágicos hechos de guerra ocurridos en una operación defensiva del territorio en la vereda La Esperanza del municipio de Buenos Aires, Cauca, el señor Santos, jefe de la Casa de Nariño, ha dado la cruel orden de reanudar los bombardeos aéreos en todo el territorio nacional.

Se trata de una fatal determinación, típica de quien actúa como un jugador de póker para sacar ventajas politiqueras, que tendrá serias e inmediatas consecuencias en la cruenta guerra civil que padece la sociedad colombiana desde hace más de 50 años.

Esta decisión va a tener duras repercusiones en el proceso de desescalamiento del conflicto que había avanzado consistentemente con la tregua unilateral ordenada desde Diciembre/2014 por las Farc, con los pactos en materia de desminado y las decisiones en cuanto a menores combatientes.

Quiere decir que los diálogos demandaran más tiempo y sosiego para determinar de manera muy precisa los compromisos gubernamentales con la implementación efectiva de las reformas y cambios democráticos, sociales y políticos consensuados.

Hablar de fechas para la firma de un Acuerdo final no es un disparate liberal o radical, solo que debe considerarse que un parte cronológico (y no ontológico, como debería ser) depende del avance real en los temas establecidos en la Agenda y de la voluntad real del gobierno de hacer efectiva la paz con justicia social y democracia ampliada, que es a lo que se niega la oligarquía plutocrática que representa el señor Santos y su gabinete de tecnócratas.

El gobierno y su cúpula directiva mantienen una posición cerrada de no tocar el modelo neoliberal e imponer su democracia clientelar y mercantil. A lo que se agrega el sabotaje estructural a la paz de los generales y militares adictos al fascismo contrainsurgente y anticomunista de Uribe Velez y la ultraderecha latifundista, con el consentimiento santista.

El uso de la infraestructura de la Fuerza Aérea en el conflicto tendrá consecuencias desastrosas. Es como usar gasolina para apagar un incendio.

En los años recientes, la acción de los vehículos aéreos para desplegar enfrentamientos de guerra ha sido sangrienta. Basta con recordar el caso de la vereda Santo Domingo/Arauca.

Como bien es sabido, en el municipio de Tame está ubicado el corregimiento de Santo Domingo, y ambos hacen parte del departamento de Arauca. El 13 de diciembre de 1998, después de las diez y media de la mañana, cuando se celebraba por una humilde comunidad campesina un bazar con actividades deportivas y culturales, un avión fantasma de las FAC (Fuerzas Armadas de Colombia) y un "número no determinado" de aviones y helicópteros de guerra, bombardearon el caserío; un 'dispositivo cluster' explotó sobre un camión, causando la tragedia.

De tal "hazaña militar", resultaron muertas 17 personas, entre adultos y menores de edad. Los sobrevivientes tuvieron que abandonar el caserío durante 17 días, tiempo en el que el Ejército permaneció en el área junto a grupos paramilitares de los narcos Mellizos Mejía, las casas de la población civil fueron abusivamente violentadas, se registraron allanamientos ilegales y fueron saqueados sus comercios, destruidos sus enseres, hurtados sus dineros y joyas, y fueron consumidas las gallinas de propiedad de la población civil, por los soldados.

Las autoridades negaron lo ocurrido "no existía claridad sobre los hechos en que se presentó el enfrentamiento", dijeron, indicando además que los aviones de las FAC habían llegado hasta el municipio a causa de "un operativo militar conjunto entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea para combatir a la guerrilla de las Farc en el área general de Tame. Se expidieron las órdenes RELÁMPAGO II, PANTERA Y PANTERA I".

Los familiares de las víctimas demandaron al Estado indicando que la Fuerza Pública, desde la fecha de la masacre, utilizó procedimientos falsos y obstruyó y dilató las diversas investigaciones adelantadas por los hechos que se juzgaron posteriormente, cuando fue evidente que lo ocurrido se trato de una masacre; destacando además que la prueba documental aportada por la FAC era incoherente e incongruente y evidencia los errores tácticos y estratégicos en que incurrió la Fuerza Aérea, lo que se ha repetido a lo largo de los últimos años en muchos casos y se va a repetir ahora con esta demencial orden.

Por esos hechos, el Consejo de Estado ordenó a las FAC pagarles a los familiares de las 17 personas, entre ellas 6 menores de edad, por la masacre de Santo Domingo, un total de $1125 millones de pesos.
Un agregado militar, Coronel Sergio Andrés Garzón, regresó de Francia para responder por el ataque criminal a Santo Domingo, Arauca.

La decisión de ordenar la captura de los oficiales de la FAC comprometidos en el magnicidio fue adoptada por una fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), quien sindicó al Coronel Sergio Andrés Garzón y al mayor Germán David Lamilla, como coautores del concurso homogéneo de 17 homicidios con dolo eventual.

Por el mismo hecho también fueron condenados a 30 años de prisión, cada uno, el capitán César Romero y el teniente Johan Jiménez, quienes pilotaban el helicóptero que lanzó el artefacto explosivo.

Fatal y delirante la orden de Santos. Pone nuevamente a rodar una infernal maquina de muerte integrada por casi 14 mil efectivos, 300 aeronaves de combate que está bajo la conducción del Gr.Guillermo León León.

Morirán campesinos, ancianos, mujeres, niños, animales y se destruirán espacios de trabajo de las comunidades.

Absurda decisión que se coloca en contravía de lo que observamos recientemente en la Cumbre de Panamá, espacio que permitió, después de 50 años de equivocaciones y atropellos gringos, el acercamiento entre Obama y Cuba, sin que la pequeña nación caribeña renunciase a sus políticas revolucionarias y socialistas. Obama reconoció los errores de su país y se mostró dispuesto a corregir.

Acá, por el contrario, la elite oligárquica dominante se niega a reconocer sus errores y persevera en la violencia estatal contra las clases populares y las masas campesinas para seguir favoreciendo la riqueza y el poder de grupos minoritarios que dominan el Estado en todos sus niveles.

En vez de bombardeos, lo que la paz con justicia social exige es un cese al fuego y de hostilidades bilateral y permanente. Lo que la paz demanda es más democracia ampliada y vigencia de los derechos políticos, garantizando que la libertad impere en los medios de comunicación monopolizados por grupos empeñados en mentir e intoxicar a la sociedad con mentiras y embustes.

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Viernes, 09 Enero 2015 13:21

Dilma cambió la cúpula de las FF.AA.

Dilma cambió la cúpula de las FF.AA.

A mediados de diciembre, durante un almuerzo que mantuvo con generales, Rousseff se refirió a la relación entre los militares y la sociedad civil. "En el Brasil de hoy, la defensa y la democracia van de la mano."

La presidenta Dilma Rousseff anunció cambios en la cúpula de las fuerzas armadas brasileñas con el nombramiento de nuevos comandantes del ejército, la fuerza aérea y la marina. Además, la jefa de Estado decretó ayer un recorte preventivo de gastos equivalente a un tercio del presupuesto de los 39 ministerios de su gabinete, lo que supone un ahorro de 703 millones de dólares por mes. La medida, dictada por la Presidencia y por el flamante ministro de Planeamiento, Nelson Barbosa, regirá al menos hasta que el Congreso haya aprobado el proyecto de Presupuesto para 2015, lo que ocurrirá a partir de febrero, cuando se reanuden las actividades del Poder Legislativo.

Según un comunicado de la Presidencia, el brigadier Nivaldo Luiz Rossato, actual jefe del estado mayor de la aeronáutica, será el comandante de la fuerza aérea en reemplazo del brigadier Juniti Saito. En el comando del ejército, en sustitución del general Enzo Martins Peri, asumirá el general Eduardo Dias da Costa Villas Bóas, quien se desempeñó como comandante militar en la Amazonia y actualmente es jefe del Comando de Operaciones Terrestres (Coter), que coordina todas las acciones militares en territorio nacional. En tanto, el almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, actualmente al frente de la escuela superior de guerra, relevará en el comando de la marina al también almirante Julio Soares de Moura Neto.

Los tres comandantes de las fuerzas armadas reemplazados por Rousseff se desempeñaban en sus cargos desde 2007, cuando fueron promovidos por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Los nuevos comandantes fueron elegidos después de dos reuniones con el ministro de Defensa Jaques Wagner. El general Villas Bóas asumió el cargo en abril de 2014. Fue promovido a comandante militar de la Amazonia durante el conflicto desatado por el desalojo de pueblos originarios en Humaitá, en el estado de Amazonas, a principios del año pasado. Durante este período, según el diario O Globo, fue recibido por la presidenta para hacer un informe de situación de la región. Se inició en la fuerza terrestre en 1967, la escuela preparatoria de cadetes del ejército, en Campinas, San Pablo.

El brigadier Rossato se unió a la fuerza aérea brasileña en 1969 y cuenta con más de 3500 horas de vuelo. También encabezó organizaciones tales como Operaciones Aéreas, el Departamento de Educación de la Fuerza Aérea y el Quinto Comando Aéreo Regional. El almirante Leal Ferreira es comandante de la escuela de guerra desde mayo de 2013. Ingresó a la armada en 1971, en la academia naval. Se desempeñó como embarcado por más de 16 años.

A mediados de diciembre, durante un almuerzo que mantuvo con generales brasileños, Rou-sseff se refirió a la relación entre las fuerzas armadas y la sociedad civil. "En el Brasil de hoy, la defensa y la democracia van de la mano. En Brasil estamos construyendo, la defensa, el desarrollo y la democracia se refuerzan mutuamente", dijo la presidenta, en un breve discurso de 13 minutos, según el diario O Globo. Dilma aprovechó además su intervención ante los militares para enumerar las acciones que su gobierno había tomado en el ejército, como la compra de cazas Gripen suecos, anunciados en 2013. Celso Amorim dijo que mientras estuvo al frente del Ministerio de Defensa trató de garantizar que las fuerzas armadas actuaran en forma conjunta y se insertaran en el contexto democrático que vive el país. "Yo quería, en este final de mandato, agradecer esta oportunidad única y agradecer, sobre todo, a su liderazgo firme y equilibrado (de la presidenta) que le permitió a Brasil atravesar otra etapa en su demoractización, que es un proceso que se profundiza día a día y que sin duda continuará, como debe ser en todas las democracias", puntualizó Amorim.

Por otra parte, los recortes presupuestarios anunciados por Rousseff fueron interpretados por algunos analistas como una muestra de la disposición de su gobierno de poner en marcha un proceso de ajuste fiscal para asegurar este año un superávit primario del 1,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tras el déficit registrado en 2014. Según el Planalto, los recortes provisionales anunciados son necesarios por la incertidumbre sobre la evolución de la economía, el escenario fiscal y el calendario del Poder Legislativo, que recién reanudará sus actividades a partir de febrero.

El nuevo comando económico del gobierno de Rousseff –liderado por Barbosa y por el ministro de Hacienda, Joaquim Levy– planea asegurar este año un superávit primario de 66.300 millones de reales (unos 24.500 millones de dólares) en 2015, de los cuales casi 20.500 millones de dólares tendrán que ser ahorrados por el gobierno federal. El recorte persigue equilibrar las cuentas públicas durante el primer año del nuevo mandato que la presidenta Rousseff comenzó el pasado 1º de enero.

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Verdad y Memoria, pero sin Justicia en Brasil

Ha sido una ceremonia breve, solemne y emotiva, que llevó a la presidenta Dilma Rousseff –ella misma víctima de la brutalidad de la dictadura, que la torturó– a llorar. Luego de trabajar durante dos años y siete meses, de oír 1116 testimonios, de ellos 633 en sesiones cerradas, de reunir 4328 páginas que fueron resumidas en un informe final de 976 hojas con otras 700 de "adjuntos y anexos", la Comisión Nacional de la Verdad oficialmente instalada por Dilma Rousseff terminó sus trabajos.


Son 377 personas, en su mayoría militares y policías, denunciadas como responsables directos por todo tipo de violación de derechos humanos en el período de la dictadura cívico-militar que duró 21 años, entre 1964 y 1985. Casi todos están muertos, inclusive los cinco generales dictadores. Hay, en la lista, médicos legistas que falsificaron certificados de defunción y diplomáticos que controlaban acciones de espionaje y secuestro de brasileños en el exterior, con destaque para los que ocuparon puestos en Montevideo y principalmente en Buenos Aires. Un ex ministro de Relaciones Exteriores, Azeredo da Silveira, fue especialmente activo en sus tiempos de embajador brasileño en la capital argentina.


El informe suscitó elogios del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon (ver aparte) y la ira esperada e incontrolada de militares retirados. En la lista de denunciados hay 88 oficiales de las tres fuerzas armadas. Pocos siguen vivos. Uno de ellos, el general del ejército Nilton Cerqueira, hizo un pronunciamiento que bien refleja el sentimiento de sus pares: "¿Yo, que cumplí la ley, soy el que violó derechos humanos? ¿Y los terroristas? ¿Y la terrorista que hoy preside el país?".

El general Cerqueira siempre mereció la admiración de sus compañeros por haber matado al ex capitán del ejército Carlos Lamarca, que abandonó el ejército para comandar una organización guerrillera. Fue localizado mientras dormía bajo un árbol en el interior de Bahía. Estaba desnutrido y enfermo. Su organización había sido diezmada y él deambulaba sin otra compañía que la de un muchacho de 18 años, último sobreviviente de su grupo. Cerqueira podría haberlo detenido. Prefirió asesinarlo sin darle posibilidad de reaccionar, y se hizo héroe.

Por la tarde, el Club Militar, que reúne a poco más de 16 mil socios, entre militares retirados, otros en actividad y algunos civiles, divulgó un comunicado. Ninguna sorpresa: clasificó el informe de la Comisión Nacional de la Verdad como una sarta de "medias verdades, calumnias y mentiras enteras". Para el presidente del Club, general retirado Gilberto Pimentel, el texto merece el calificativo de "risible".

A lo largo del tiempo en que la Comisión trabajó, las fuerzas armadas dejaron claro que no contribuirían con ninguna información. Hace poco más de un mes, los integrantes de la Comisión obtuvieron indicios concretos de la existencia de al menos dos rollos de microfilms en dependencias del ejército y la marina en Río de Janeiro. Se reunieron con el ministro de Defensa, embajador Celso Amorim, pidiendo que los rollos fuesen encaminados a la Comisión. A raíz de la legislación que la creó, la Comisión tenía poder para recurrir a la Justicia y los militares serían obligados a entregar el material solicitado. Sus integrantes prefirieron negociar. Amorim se reunió con el brigadista Junini Saito, comandante de la aeronáutica, con el general Enzo Peri, del ejército, y el almirante Moura Neto, de la marina. Los tres respondieron, en monótono unísono, que la información no tenía ningún sentido. Los miembros de la Comisión de la Verdad entregaron detalles exactos de la localización –edificio, piso, sala– de los rollos de microfilms. En vano. Prevaleció la orientación de no confrontar de manera directa con los militares.


Hubo, a lo largo de sus trabajos, innumerables ocasiones en que los comandantes de las tres fuerzas armadas se negaron claramente a colaborar. Quizá la más impactante haya sido cuando la Comisión pidió que se investigaran nueve unidades militares en que hubo torturas y asesinatos. El pedido incluía fechas, localización y nombres de las víctimas y también el testimonio juramentado de sobrevivientes.

La respuesta de ejército, aeronáutica y marina fue de una ironía olímpica: dijeron no haber hallado indicio alguno de "uso inapropiado de tales instalaciones". Es decir: torturar y asesinar fueron, en determinada época, los fines apropiados de instalaciones militares en Brasil.


El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad poca información agrega a lo ya sabido. Trabajos anteriores, como el "Brasil Nunca Más", iniciativa del entonces cardenal arzobispo de San Pablo don Paulo Evaristo Arns, y de su par de la Iglesia Presbiteriana, Jaime Wright, o el informe "Derecho a la Memoria y a la Verdad", publicado por la Secretaría de Derechos Humanos nacional durante la gestión de Paulo Vannuchi, un ex preso político, ya habían revelado todo el funcionamiento del terrorismo de Estado, con nombres de torturadores y asesinos, así como los métodos de la represión.
Sin embargo, por primera vez los responsables son denunciados bajo el sello de la Presidencia de la República. Y también por primera vez se denuncia formal y oficialmente lo ya sabido: la brutalidad fue resultado de un sistema establecido por órdenes directas de los generales que se apoderaron de la presidencia del país.


Se revelan detalles de los lazos con colaboradores extranjeros más allá de la Operación Cóndor, se confirma que entre 1971 y 1974 un alto funcionario del Consulado de Estados Unidos en San Pablo visitó nada menos que 47 veces la Operación Bandeirantes, la OBAN, en la época el principal centro clandestino de tortura y muerte de la ciudad (Dilma Rousseff pasó por el lugar).

Se admite que nada menos que 6591 militares de las tres armas fueron perseguidos (muchos de ellos presos y torturados) por no haber adherido al golpe de 1964. Se confirma que entre los articuladores del golpe estaba Julio Mesquita Filho, entonces dueño del influyente diario O Estado de S.Paulo, y que el propietario de otro gran diario, Folha de S.Paulo, Otavio Frias de Oliveira, no sólo colaboró prestando vehículos de la empresa para el traslado clandestino de secuestrados sino que fue uno de los financiadores civiles de la OBAN.

Un detalle del Informe de la Comisión Nacional de la Verdad causó furiosa irritación entre los militares: se propone que se inculpe judicialmente a los denunciados y que se revise la Ley de Amnistía que protege a los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Además de militares, todos los grandes medios de comunicación también critican la iniciativa.
E

l gobierno, a su vez, prefirió no manifestarse sobre el tema. De alguna manera ha sido la contrapartida por no haber confrontado la negativa de los comandantes militares a colaborar.

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Miércoles, 22 Octubre 2014 18:48

Militares, ¿paz o guerra?

Militares, ¿paz o guerra?

Mientras en La Habana avanzan las negociaciones de paz con las farc, y el país conoce de acercamientos para el diálogo con el eln, la clase política intenta reestructurar el Estado a través del proyecto de reforma constitucional denominado "equilibrio de poderes", que les brinde garantías procesales a los altos funcionarios del Estado; y las fuerzas armadas, sin mucho ruido, avanzan en el fortalecimiento del "fuero militar", como presagio de su deseo de ver fracasada las negociaciones de paz.

 

En avalancha y sin descanso. El Ministerio de Defensa radicó el 11 de septiembre de 2013 ante el Congreso de la República el proyecto de ley que cursa en el Senado como el 085 de 20131. Durante la primera semana de octubre de 2014 hizo lo propio con un acto legislativo, modificatorio del artículo 221 de la Constitución Nacional y, además, prepara un proyecto de Ley estatutaria. Su propósito: blindar la mal llamada justicia penal militar y policial (JPMyP).

La "justicia penal militar", cuyo origen está imbricada con el surgimiento de los ejércitos, tiene como propósito mantener la disciplina y preservar la existencia misma de la institución militar; su objetivo no es la de juzgar los crímenes cometidos en contra de la población civil.


En Colombia esa institución está conservada en el artículo 221 de la Carta Constitucional; su espítiru retoma a los ejércitos bolivianos en la lucha contra el colonialismo español, que tenía como propósito mantener el orden y la existencia misma del ejército libertador.

Con el paso del tiempo su misión se amplió al juzgamiento de delitos comunes cometidos por los militares y policías en servicio activo, "relacionados con el servicio", lo que configura una total desfiguración del propósito de la "justicia penal militar" y, por lo tanto, lo que desligitima a la misma.

De esto toman nota en otros países, entre ellos Austria, Alemania, Bélgica, Canadá, Inglaterra, donde no existe la justicia penal militar en tiempos de paz, y en tiempos de guerra conoce de los delitos estrictamente militares2. La evolución jurídica avanza hacia la eliminación del juzgamiento de los delitos comunes por tribunales castrenses, los que de permanecer solo conocen de los delitos o infracciones típicamente militares.

 

Fiscalía y jueves en manos de los militares

 

El proyecto de ley 085 de 2013 del Senado ya fue aprobado en dos debates de cuatro que debe surtir para convertirse en ley de la República. En él se avanza mucho más allá que en todos los proyectos de ley sobre fuero penal militar promovidos hasta ahora, y de actos legislativos como el 2 de 2012, declarado inexequible en su momento por la Corte Constitucional.


Este nuevo proyecto crea la Fiscalía General de la Nación Militar y Policial, un CTI penal militar y policial, paralelos a la Fiscalía General que actualmente establece el artículo 250 de la Constitución Nacional, lo cual resulta claramente violatorio del ordenamiento constitucional, pues en ninguna parte de la Carta habla de éste nuevo ente de investigación.

También prevé toda una rama penal militar y policial paralela a la justicia ordinaria, encabezada por un Tribunal Penal Militar nacional, jueces de conocimiento especializados penal militar y policial, jueces de conocimiento penal militar y policial, jueces de garantías penal militar y policial y jueces de ejecución de penas penal militar y policial.

Tanto en el proyecto de ley como en el acto legislativo se mantiene la previsión que "tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro"3. Esta previsión no es original del texto aprobado en 1991, sino que fue introducida en la Carta a través del acto legislativo 02 de 1995, que le entregó funciones jurisdiccionales a la rama ejecutiva, a la que pertenece la fuerza pública, violando la estructura constitucional que consagra la división de poderes4.

El artículo 8 del proyecto en trámite establece que los jueces penales de conocimiento especializado penal militar y policial (JEPMyP), conocerán de delitos comunes que constituyen clara violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, como son el homicidio, las infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario, así como delitos contra la protección de la información y de los datos, la fe pública, la administración pública, la seguridad pública, la seguridad de la Fuerza Pública, la población civil, y delitos contra la existencia y la seguridad del Estado.

Como puede deducirse de este listado, estos jueces especializados conocerán de todos los homicidios que cometa la fuerza pública (en persona protegida, es decir población civil y excombatientes), las interceptaciones ilegales (las llamadas chuzadas), la falsedad en documento público (como falsos informes o partes de guerra que forman parte de los falsos positivos), de los delitos contra la seguridad pública, como el terrorismo, el concierto para delinquir, entrenamiento para actividades ilícitas y amenazas.

Por otra parte, los jueces de conocimiento penal militar y policial, conocerán de los delitos típicamente militares, como son los delitos contra la disciplina, contra el servicio, y el honor militar. También conocerán de otros delitos comunes, como aquellos que afectan los intereses de la Fuerza Pública (peculado por apropiación de bienes de tal institución), lesiones personales, delitos contra el patrimonio económico y de los demás delitos que no tengan asignación especial de competencia, los que de naturaleza común no deberían ser conocidos por esta justicia especializada sino por la justicia ordinaria.

De los delitos de la justicia penal militar se excluyen los crímenes de lesa humanidad (que no se hallan tipificados en Colombia), y los de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual (no tipificada bajo ese nomen juris), tortura y desplazamiento forzado.

El proyecto de acto legislativo presentado por el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, consagra además, que "Cuando la conducta de los miembros de la fuerza pública en relación con el conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el derecho internacional humanitario". El ministro ha explicado, que se trata de blindar en todo proceso judicial a los integrantes de la fuerza pública por los ataques ofensivos que éstos realicen, porque según lo explica en la exposición de motivos, los operadores judiciales no entienden el conflicto armado, en que "la fuerza pública no tiene prohibido iniciar combates por su propia iniciativa ni bombardear posiciones enemigas desde el aire"5, siempre que se tomen las precauciones encaminadas a reducir el riesgo de afectación a la población civil, lo que equivale a "disparar primero y preguntar después", dejando desprotegida a la población civil.

 

Violación de la Constitución y de los derechos humanos (DD.HH.)

 

Esta pretendida nueva justicia penal militar y judicial viola no solo el ordenamiento constitucional sino los tratados y convenios internacionales de derechos humanos.

El artículo 221 de la Carta establece que las cortes marciales conocen de los delitos que comentan los integrantes de la fuerza pública, siempre que ellos tengan "relación con el mismo servicio", como los delitos contra el servicio militar o policial, contra la disciplina, contra el honor militar o policial, no de delitos comunes, como matar civiles, las interceptaciones ilegales, la falsedad en documento público, o delitos contra la seguridad pública, como el terrorismo, el concierto para delinquir, entrenamiento para actividades ilícitas y amenaza, así sean cometidos por integrantes de la fuerza pública en servicio.

El fuero penal militar tiene carácter excepcional y restringido, y las cortes marciales no pueden conocer de los delitos contra los derechos humanos, ni contra el derecho internacional humanitario que protege los no combatientes en tiempos de guerra.

La nueva ley penal militar propuesta, atenta contra varios ejes definitorios y esenciales de la Constitución como el derecho al debido proceso, el principio del juez natural, la independencia de la administración de justicia, el carácter restrictivo y excepcional del fuero penal militar y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Los citados ejes axiales encuentran su sustento normativo en los artículos 1, 29 y 228 superiores, en los cuales queda establecido el derecho fundamental al debido proceso como garantía de toda actuación administrativa y judicial, y la obligación de que la administración de justicia sea independiente e imparcial.


Estamos, no hay duda, ante un exhabruro jurídico y una evidencia de autoritarismo político. Con el mantenimiento y fortalecimiento de la JPMyP se rompe el orden constitucional, la estructura del Estado establecida en el artículo 113 de la Carta Política, ya que con ella (i) se restringe la garantía consistente en que las violaciones de los derechos humanos sean conocidas y resueltas por tribunales competentes; (ii) se amplían las competencias de la jurisdicción penal militar socavando "la naturaleza del juez ordinario para conocer de los delitos que violan los derechos humanos"; (iii) se afecta la imparcialidad e independencia judicial, ya que el juez competente, en estos casos, se encuentra vinculado institucionalmente a las personas que eventualmente serán juzgadas; (iv) se amplía significativamente la competencia de la jurisdicción penal militar, desnaturalizando su carácter restrictivo y excepcional; y (v) se permite que delitos que deben ser conocidos por la justicia ordinaria sean de competencia de la justicia penal militar, por el sólo hecho de ser cometidos por miembros de las fuerzas militares lo que haría que la participación de las víctimas, para acceder a la verdad y obtener una justa reparación, sea inocua.

La ampliación de la competencia de la JPMyP para conocer de la violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que establece el proyecto de ley, contraviene flagrantemente los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana de DD.HH.

Al respecto precisó la Corte Constitucional "¿Cuándo una omisión de la fuerza pública puede ser considerada un acto fuera del servicio? La respuesta es la siguiente: en los mismos casos en que una conducta activa no tiene relación con la misión que constitucionalmente le ha sido asignada a la fuerza pública. Esto significa que no pueden quedar amparadas por el fuero penal militar, las siguientes omisiones: i) las que se producen en el contexto de una operación que ab initio buscaba fines contrarios a los valores, principios o derechos consagrados en la carta (surgió para capturar arbitrariamente a alguien y no se impide la vulneración de este derecho) o ii) las que surgen dentro de una operación iniciada legítimamente, pero en su desarrollo se presenta una desviación esencial del curso de la actividad (no se impide el maltrato de una persona que ya no presenta ninguna clase de resistencia en un combate) o iii) cuando no se impiden las graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario [...]"6.

También resulta importante recordar lo que la Corte Interamericana expresó en septiembre de 2012 en el caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, respecto que la justicia penal militar "no es fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos"7.

Por todo lo anterior, las organizaciones y medios de comunicación popular, los demócratas y defensores de la paz debemos denunciar la pretensión de los militaristas de fortalecer un fuero que va en contravía de los valores constitucionales y democráticos, y cuya aprobación busca afianzar una guerra que solo le ha servido a los poderosos (terratenientes y burgueses nacionales y extranjeros) para despojar y someter al pueblo.

* Abogado especialista en derecho constitucional, filosofía del derecho e interpretación jurídica, integrante del Comité de Solidaridad con los presos políticos y profesor universitario.

1 http://www.las2orillas.co/revive-el-proyecto-del-fuero-penal-militar/#
2 Rangel Suarez, Alfredo. Fuero Penal Militar, Una comparación Inrternacional, en http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/cuadernos-de-derecho-penal/cdp8/DOCTRINA/dr_alfredo_rangel.pdf
3 Art. 1 del Acto legislativo por el cual se modifica el artículo 221 de la C.N.
4 Título V, Capítulo I, De la Estructura del Estado. Art. 113. Son ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial.
5 Proyecto de acto legislativo por el cual se modifica el artículo 121 de la Constitución Políticas de Coolombia. Exposición de motivos, pág 4.
6 Corte constitucional, Sentencia SU.1184/01 M.P, Dr. Eduardo Montealegre L.
7 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_248_esp.pdf

Publicado enEdición Nº207
Golpe de Estado y toque de queda en Tailandia

El tráfico en la hora pico era tan caótico como siempre. La única diferencia del jueves por la noche en Bangkok era que la música que se reproduce desde las radios al mundo provenía de bandas militares. Esa tarde, el jefe del ejército de Tailandia lanzó un golpe de Estado, tomando el control del gobierno, deteniendo a los líderes políticos rivales y bloqueando las emisoras nacionales e internacionales. El Consejo Nacional de Paz y el Orden también impuso un toque de queda durante la noche y prohibió reuniones de más de cinco personas.


Dos días después de que el ejército interviniera e impusiera la ley marcial, el general Prayuth Chan-ocha anunció ayer en la televisión que por 12ª vez desde que el país dejó de ser una monarquía absoluta, en 1932, las fuerzas armadas se apoderaron del gobierno. Pero salvo por un puñado de elementos, la Constitución, dictada bajo un régimen golpista anterior, en 2007, había sido suspendida, dijo.


"El ejército intervino para que la situación volviera rápidamente a la normalidad, para que el pueblo tuviera amor y unidad como en el pasado, para reformar los sistemas políticos y económicos, y para otorgar igualdad a todos", expresó. Ayer por la noche agregó que iba a asumir el papel de actual premier.


El ejército dijo que había impuesto el golpe de Estado con el fin de preservar la ley y el orden, pero dada la situación ahí parece que va a hacer lo contrario. Miles de partidarios del derrocado gobierno han dicho que van a marchar y protestar para preservar la democracia. Hace cuatro años, más de 90 personas murieron en la violencia política que se desató en Bangkok. Estados Unidos, que es un aliado de Tailandia y tiene vínculos muy estrechos con el Ejército Real de Tailandia, denunció los acontecimientos de ayer diciendo que revisaría la ayuda militar al país. "No hay justificativo para este golpe militar", dijo el secretario de Estado, John Kerry.


El golpe se llevó a cabo después de que el ejército convocara a los líderes de las facciones rivales, enfrentados políticamente desde hace mucho en el país, al segundo día de conversaciones en un complejo deportivo militar en Bangkok. En las conversaciones participan el gobierno, el partido gobernante Phua tailandés, el partido Demócrata opositor, el movimiento de Camisa Roja y los manifestantes antigubernamentales conocidos como el Comité de Reforma Democrática del Pueblo (PDRC). Habían comenzado el miércoles, pero no habían podido llegar a un acuerdo.

El portavoz del ejército, Werachon Sukondhapatipak, dijo que el golpe se había declarado porque el ejército había sido incapaz de lograr que los diferentes grupos llegaran a un compromiso. "No estuvieron de acuerdo en la reunión y en ese momento se llevó a cabo el golpe", dijo a The Independent. "Estamos tratando de llegar a un acuerdo."

Pero muchos vieron la organización del Gen Prayuth de la reunión como una hábil estratagema. Hasta anoche, los altos dirigentes de las facciones rivales quedaron en custodia del ejército y no pudieron responder sus teléfonos. "Fue una treta. No se detiene a la gente porque no se llega a un acuerdo", dijo Sean Boonpracong, asesor del gobierno derrocado. "Han ocultado cosas a través de la ley marcial. Nadie creyó que serían tan descarados."


La acción del ejército se produjo después de meses de protestas del PRCD que socavaron al gobierno respaldado por el ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Thaksin fue derrocado en un golpe de Estado de 2006, pero siguió moviendo los hilos desde el exilio en Dubai. Su hermana, Yingluck Shinawatra, fue elegida en 2011, pero fue destituida de su cargo hace dos meses.

 

El PDCR hizo campaña para destituir a la familia de Thaksin de la política de Tailandia, insistiendo en que son corruptos y venales. Ellos rechazaron la perspectiva de más elecciones hasta que se lleven a cabo una serie de "reformas no especificadas", alegando que el sistema está arreglado.


Sin embargo, hay otros factores implicados. Tailandia es un país que está cambiando rápidamente y los partidarios de Thaksin lo recuerdan como alguien que ayudó a introducir los préstamos de asistencia sanitaria y pequeños préstamos, la patada inicial para su viaje hacia la clase media. El movimiento de la Camisa Roja, que en gran parte lo apoya, cree que los manifestantes contra el gobierno quieren reducir la democracia electoral y limitar el poder político y el derecho de voto a los ricos y poderosos.


Varios analistas creen que un factor vinculado de forma paralela e inextricable es la lucha por el poder detrás de las escenas sobre qué miembro de la familia real será el sucesor del monarca enfermo, el rey Bhumibol Adulyadej, de 86 años, que controla activos por valor de más de 306 mil millones de dólares.


De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12

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Traducción: Celita Doyhambéhère.

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EEUU prueba láser que pulveriza objetivos en 30 segundos (+ Video)

La empresa estadounidense Lockheed Martin ha probado con éxito el prototipo de un nuevo láser militar de alta potencia que podría ser usada como arma para combatir amenazas a corto alcance.


Uno de los más grandes contratistas de Defensa de EE.UU. ha publicado un video en el que se aprecia la primera y exitosa prueba de un prototipo del Área de Defensa Anti-Municiones (ADAM, por sus siglas en inglés), un sistema láser contra potenciales amenazas en el mar.


Durante la prueba realizada en aguas de la costa de California, el sistema, que se basa principalmente en sensores infrarrojos para localizar objetivos incluso en el agua, fue capaz de desactivar dos botes de goma a una distancia de 1,5 kilómetros invirtiendo en ellos menos de 30 segundos.


De acuerdo con los diseñadores del programa, ADAM es capaz de atacar objetivos como aviones no tripulados, pequeñas embarcaciones y cohetes Qassam.


"Nuestras pruebas del sistema ADAM han demostrado que los láseres de alta energía están listos para atender las necesidades esenciales de la Defensa", dijo Tory Bruno, presidente del departamento para el desarrollo de los sistemas de defensa de misiles estratégicos de Lockheed Martin.


Previamente, la empresa demostró las capacidades del sistema en la lucha contra objetivos aéreos en vuelo, incluyendo cohetes de pequeño calibre y un objeto no tripulado,

rastreando con precisión los objetos en movimiento a una distancia de más de 5 kilómetros y atacándolos a distancias de hasta 2 kilómetros.
Este tipo de armas están en constante perfeccionamiento para uso militar y se prevé que sean utilizados extensivamente, tanto en teatros de guerra como en la localización y abatimiento de objetivos humanos seleccionados, lo que equivale a una ejecución extrajudicial. Este uso, inaceptable y perverso, abre la puerta a nuevas formas de hacer la guerra.


Tales robots militares pueden ser comandados o "piloteados" a partir de una consola de comando situada a miles de kilómetros de distancia, gracias a las posibilidades creadas por la existencia de líneas de comunicación eficientes de alta calidad.

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Miércoles, 16 Abril 2014 05:41

Imputan a tres generales por golpismo

Imputan a tres generales por golpismo

Un tribunal militar venezolano imputó a tres generales y un capitán retirado de la fuerza armada por promover la rebelión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los militares forman parte de un grupo de treinta oficiales investigados por estar detrás de un plan de golpe, según publicó el diario venezolano Ultimas Noticias. Los imputados son los generales de Aviación Oswaldo Hernández, José Machillanda y Carlos Millán, así como al capitán retirado de la Guardia Nacional –policía militarizada– Juan Carlos Nieto, por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.


Nieto fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar el miércoles 2 de abril en un shopping, dijo ayer su abogado defensor, Alonso Medina. "Se le imputó el delito de instigación a la rebelión. Las razones por las cuales se le imputa este delito es simplemente por un reporte de inteligencia que refleja que Juan Carlos estuvo en los Estados Unidos", indicó el letrado. "Supuestamente (Nieto) traía unas instrucciones de su hermano, un capitán en situación de retiro, para otros oficiales, o sea, nada concreto", agregó Medina. Juan Carlos Nieto es hermano de Javier Nieto, quien fue apresado durante un año y medio en 2004 por su presunta relación con un grupo de supuestos paramilitares colombianos. Tras ser liberado, salió del país.


"El intento desestabilizador debía ocurrir el jueves 20 de marzo, con operaciones aéreas y eventual ametrallamiento de soldados y otros hechos planificados para provocar confusión y probables enfrentamientos. Sin embargo, la madeja de la conspiración no ha sido revelada, toda vez que continúa la actividad del consejo de investigación, pero se ha comprobado que algunos de los oficiales estaban en contacto con por lo menos un dirigente político de la oposición", señaló Ultimas Noticias.


Estos cuatro militares forman parte, de acuerdo con el diario, de un grupo de treinta oficiales que "estarían detenidos" por conspirar. El pasado 25 de marzo, el mismo día en que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) envió una delegación de ocho cancilleres a Caracas para empezar a buscar caminos de entendimiento en el medio de las protestas, Maduro anunció la detención de tres generales de la Aviación que, según dijo, pretendían alzar a la Fuerza Aérea contra el gobierno.


"Tengo que decirles aquí, sorprenderlos, pero tengo que decírselo: en la noche de ayer capturamos a tres generales de la Aviación que veníamos investigando gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana", indicó Maduro al inicio de la reunión con los cancilleres de Unasur. Maduro sostuvo entonces que los generales detenidos tienen vínculos directos con sectores de la oposición. Hasta el momento el gobierno no brindó una información oficial con respecto a las identidades de los oficiales presuntamente involucrados en ese intento de golpe ni tampoco de los cargos ni pruebas que pesan en su contra.


"La información que nosotros hemos procesado es la de los tres primeros generales que ya en su momento se divulgarán los nombres", señaló la directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel. "Frente a esta imputación pública de delito solicitamos a la fiscal que transmitiera un cuestionario al presidente de la República para que indique los tiempos, móvil y lugar en los cuales se basa esa acusación", indicó San Miguel, quien aseguró que no conoce "ni de vista, trato o comunicación a esos señores a los que se nos ha vinculado".


El principal jefe militar venezolano, el general Vladimir Padrino, indicó el domingo en una entrevista con el canal Televen que uno de los generales detenidos por conspirar, al que no identificó, confesó que participó en el intento de golpe porque se le ofreció un cargo importante en una eventual transición.

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Kennedy consideró derrocar a Goulart dos años antes del golpe de 1964 en Brasil

El presidente John F. Kennedy y sus asesores consideraron el derrocamiento del gobierno de Joao Goulart unos dos años antes del golpe militar en Brasil, perpetrado el 1º de abril de 1964, opción que subsecuentemente fue implementada por el gobierno de Lyndon B. Johnson, según revelan transcripciones de la Casa Blanca difundidas hoy por la organización independiente de investigaciones Archivo de Seguridad Nacional.
En julio de 1962 Kennedy preguntó qué tipo de relaciones tenía Estados Unidos con los militares brasileños y para marzo de 1963 instruyó a sus asesores: "tenemos que hacer algo sobre Brasil" si Goulart no dejaba de "jugar" con lo que el presidente llamaba "antiestadunidenses ultra radicales" en el gobierno brasileño.


"Creo que una de nuestras tareas más importantes es fortalecer la columna vertebral de los militares" brasileños, respondió Lincoln Gordon, embajador estadunidense en Brasil, en reunión con Kennedy y el asesor presidencial Richard Goodwin en la Casa Blanca el 30 de julio de 1962. Agregó que se tenía que "dejar claro, discretamente, que no somos necesariamente hostiles a cualquier tipo de acción militar, cual sea, si es claro que la razón de la acción militar es... que (Goulart) está entregando al país a los....", "comunistas", interrumpió Kennedy para acabar la frase, según las transcripciones de las grabaciones secretas de Kennedy de sus reuniones en la Oficina Oval.


Fue en esa reunión que Kennedy y su equipo decidieron mejorar sus contactos con los militares brasileños, tarea asignada al entonces agregado miliar, teniente coronel Vernon Walters, resume el Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive). Agrega que Walters se volvería el actor clandestino clave en los preparativos para el golpe de Estado en Brasil poco menos de dos años después de esta reunión.
El Archivo de Seguridad señala que los documentos oficiales –las nuevas transcripciones más otros informes oficiales de la Casa Blanca anteriormente desclasificados– muestran que para finales de 1962 el gobierno de Kennedy había determinado que un golpe de Estado serviría a intereses estadunidenses si los militares brasileños eran alentados a proceder hacia esa meta. La Casa Blanca estaba molesta con la política exterior independiente de Goulart durante la "crisis de los misiles", y su renuencia a apoyar, entre otras cosas, el deseo de Washington de expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos.


El 11 de diciembre de 1962 el comité ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se reunió para evaluar tres opciones sobre Brasil. La primera: "no hacer nada", la segunda, colaborar con elementos hostiles a Goulart dentro de ese país con "vistas a impulsar su derrocamiento" y, la última, cambiar "la orientación de Goulart y su gobierno". Se optó por la tercera pero, según el informe oficial de esta reunión, se aceptó que la opción de promover un golpe "debe ser mantenida como consideración activa y continua".


Poco después, el 17 de diciembre de 1962, Kennedy envío a su hermano Robert a presentar un ultimátum a Goulart.


Robert Kennedy informó a Goulart que Washington tenía "serias dudas" sobre la relación a futuro con Brasil por "señales de infiltración de comunistas y nacionalistas de extrema izquierda a puestos civiles del gobierno" de ese país, así como la oposición a "políticas e intereses estadunidenses" en general.


Para marzo de 1963 Goodwin recomendaba al presidente que si Goulart continuaba renuente a modificar sus posturas, Estados Unidos debería de "preparar el clima más prometedor posible para su remplazo por un régimen más deseable", según transcripciones de las grabaciones.


En una reunión en la Casa Blanca el 7 de octubre de 1963, el presidente contempló si Estados Unidos necesitaría derrocar a Goulart, incluyendo una intervención militar. Con la dirección del embajador Gordon se elaboraron varios planes de contingencia que realzaban la posibilidad de una "intervención armada", que fueron trasmitidos desde la embajada a Washington el 22 de noviembre de 1963 –el día que asesinaron a Kennedy.


En marzo de 1964, al estallar la disputa entre Goulart y los generales brasileños, el gobierno de Johnson promovió y apoyó el creciente descontento militar. Según un documento secreto de una reunión de oficiales de la CIA, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, se expresó: "no queremos observar a Brasil irse a gotas por la coladera mientras nos quedamos parados esperando la próxima elección".


La Operación Hermano Sam ya había sido autorizada por Johnson para permitir que los militares estadunidenses apoyaran a sus contrapartes brasileñas, encubierta y abiertamente, con armas y tropas si fuera necesario para apoyar el golpe.


Peter Kornbluh, director del proyecto sobre Brasil del Archivo de Seguridad Nacional, comentó que "las operaciones clandestinas de desestabilización política de la CIA contra Goulart entre 1961 y 1964 son el hoyo negro de esta historia", y llamó a que el gobierno de Barack Obama desclasifique los archivos de inteligencia sobre Brasil de ese periodo. Los documentos difundidos y analizados por el Archivo de Seguridad Nacional.

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Miércoles, 26 Marzo 2014 06:18

Maduro denunció un intento de golpe

Maduro denunció un intento de golpe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer que tres generales de la Fuerza Aérea pretendían perpetrar un golpe de Estado, pero fueron capturados. "Detuvimos a tres generales de la aviación que veníamos investigando gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada. Tres generales que pretendían alzar la Fuerza Aérea contra el gobierno legítimamente constituido", dijo el mandatario en una reunión con cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Caracas sobre las protestas opositoras. Maduro sostuvo que los tres generales, de quienes no dio a conocer los nombres, ya fueron presentados ante un tribunal militar y que se descubrió "el intento de golpe de Estado" gracias a la "conciencia de los oficiales" que "vinieron alarmados a denunciar que se los estaba convocando" a alzarse en armas.


"Este grupo capturado tiene vínculos directos con sectores de la oposición y decían que esta semana que se inicia era la semana decisiva. Se la pasan en eso, en una guerra psicológica entre ellos mismos", sostuvo el presidente. Maduro dijo además que la oposición venezolana camina por "atajos" de la violencia, al promover el caos y la desestabilización con las protestas contra el gobierno, que después de seis semanas han dejado 35 muertos y cientos de heridos.


Maduro añadió que la oposición ha abandonado el camino electoral que asumió desde 2006, durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, y se dejó "arrastrar hacia el camino del atajo" y que la muestra es este movimiento rebelde. "Esta Fuerza Armada, producto de la conciencia de los militares jóvenes, los tenientes, capitanes, generales, vieron alarmados el anuncio de que están convocando a un golpe de Estado", señaló.


También afirmó que uno de los detenidos tiene vínculos con sectores de la oposición, que sostenían que esta semana era "decisiva" para la situación política del país. "Lamentablemente, la carrera de estos oficiales la han perdido escuchando consejos de quienes quieren destruir la democracia, vendiendo la idea de un descontento popular. ¿Dónde no hay descontento? Siempre habrá protestas, lucha, un paro, sobre todo en la democracia que vive la región. No es el caso de Venezuela, donde hay garantías al derecho a la lucha política y electoral", aseguró.


El mandatario indicó que en Venezuela se activó un plan para de-sestabilizar el país y justificar un golpe de Estado, con más homicidios. "Si Venezuela fuera de-sestabilizada, tengan la seguridad, nosotros jamás nos entregaríamos. Batallaríamos junto a las fuerzas sociales, militares y políticas. Pero Latinoamérica, el Caribe, Suramérica vivirían un proceso de desestabilización grave, muy agudo. Por eso es muy importante que nuevamente la Unasur se haya activado para acompañar el proceso democrático en nuestros países y ayude a fortalecer el clima de paz", agregó.


Maduro comparó asimismo la situación actual de Venezuela con su pasado reciente y recordó la falta de estabilidad política que imperaba. "Tengan la seguridad que jamás nos entregaríamos, batallaríamos juntos: las fuerzas militares, sociales y políticas por Venezuela en el escenario que nos toque, pero América latina y el Caribe vivirían un proceso de desestabilización grave y aguda", declaró. El pasado 12 de febrero, sectores de la oposición salieron a las calles para reclamar por la situación social del país. En Caracas, Valencia, Mérida, San Cristóbal, Puerto Ordaz y otras ciudades del país, los opositores han bloqueado calles con barricadas y pequeños grupos de jóvenes han enfrentado diariamente a las fuerzas de seguridad y a los denominados "colectivos" –grupos afines al gobierno– con piedras y cócteles molotov.


Por su parte, la diputada opositora María Corina Machado –que lidera las protestas contra el gobierno de Maduro– anunció ayer en Lima que hoy partirá de regreso a Venezuela "para seguir luchando en las calles". Machado, quien llegó a Lima el lunes para participar en un seminario de la fundación que dirige el escritor Mario Vargas Llosa, señaló que el apoyo recibido en Perú la llevó a escoger este país para ofrecer su respuesta oficial a Maduro. "Seguiremos luchando hasta conquistar la democracia y la libertad. En Venezuela no hay estado de derecho, no hay límites en lo que están dispuestos a hacer. Han anunciado que me quieren meter presa, sin embargo yo conozco mis derechos, soy diputada y tengo inmunidad", apuntó.


El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el lunes que Machado perdió su condición de diputada por haber aceptado ser representante alterna de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado viernes. "Yo soy diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y ahí represento a todos mis conciudadanos", enfatizó.

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