¿Qué hay tras el intento del control armado de la Universidad?

¡Contra la pared! ¡Es una requisa! -¿Qué?- ¡Contra la pared! ¡Desde hoy controlamos la Universidad! Este fue el grito con el cual irrumpieron seis hombres armados en plena cafetería del edificio de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

 

Copamiento militar. Nadie creía posible reabrir el capítulo de la violencia armada para controlar la vida social en los claustros universitarios, sin embargo de nuevo se repite la historia. Quedan recreados en la memoria capítulos como el asesinato de Gustavo Marulanda1 y la instalación de plazas de vicio controladas por los paramilitares al interior de campus en todo el país.

 

A las 2:30 pm de la tarde del miércoles 12 de marzo, media docena hombres encapuchados salieron del edificio de Ciencias Humanas. El celador que ocupaba disciplinadamente la garita al interior del edificio no se inmutó –¿no vio nada?–, por su radio no se escuchó el código –árabes–, con el que anuncian la presencia de grupos de encapuchados en protesta dentro de la Universidad. No, en esta ocasión la impavidez fue inusitada, contraria al protocolo de seguridad que gobierna dentro del principal centro de estudios público del país, el mismo que obliga a que los vigilantes reaccionen con información inmediata –a través de sus radios– reportando cualquier incidente que altere la tranquilidad del campus. Contrario a todo reglamento, en esta ocasión el empleado de "Servisión de Colombia Ltda.", optó por guardar silencio.

 

Entre tanto, el grupo de encapuchados proseguía en su desplazamiento interno. Ubicado directamente en frente de Humanas –como le dicen los estudiantes– está la mole que lleva por nombre "Orlando Fals Borda–, la primera facultad de Sociología en toda América Latina, mítica sede en la que dictaron clases Eduardo Umaña Luna y Camilo Torres. De forma rápida, atravesando el empantanado jardín de Freud, el particular grupo de hombres copó la cafetería. Hay que resaltar que además de sus caras tapadas con pasamontañas –y no con camisetas, como acostumbran los estudiantes–, estaban cubiertos con impermeables negros recién comprados, 2 de ellos, vestían pantalones de dril color café, 4 con bluejeans, 5 con botas o zapatos al estilo militar, y apenas uno usaba tenis.

 

La concurrida cafetería de Sociología es punto de encuentro para todos los estudiantes de las facultades aledañas (Ciencias Humanas, Odontología y Derecho), atraídos por el aroma del buen café, la amena charla y, para algunos, por la posibilidad de prender un porro. Desde luego, entre estos se encuentran algunos curiosos personajes adaptados a la fauna de la 'nacho', un reducido grupo de jíbaros, exestudiantes, y alumnos con más de 6 años de presencia en el claustro, una minoría profesionalizada en el consumo, los que durante el último año han tenido por sede las dos mesas más al norte, casi saliendo de tal cafetería, y que este miércoles 12, raramente, no hacían presencia en su sede de siempre.

 

Una vez entre el Freud y la cafetería de Sociología, los encapuchados abordaron un grupo de ocho estudiantes, deslizaron sus impermeables en forma de ruana hacia arriba, dejando ver intimidatoriamente dos revólveres y una subametralladora calibre 9 milímetros; atemorizados, los estudiantes accedieron a una cuidadosa requisa que incluyó cada una de sus prendas de vestir y sus maletas. Al culminar el chequeo, vociferaron por primera vez palabras de miedo: "Se acabaron los jíbaros en la universidad, a la Nacional ya no se viene a consumir droga. Le decimos a quienes lo hacen, que la única área en que se les permite realizar esa actividad es en el jardín de Humboldt2, estaremos vigilantes. Esta es la primera de muchas acciones"3. Palabras lanzadas al viento, porque ninguno de los 8 estudiantes pertenecía al mínimo ghetto de jíbaros y enrarecidas figuras. Mientras esto sucedía, el celador de Sociología apagaba su radio (walkie talkie).

 

Los minutos corren y la acción de copamiento proseguía sin respuesta alguna. La escena teatral se repitió en la plaza Che y en la facultad de Ingeniería, con el innovador factor de un discurso de 2 minutos del vocero de este grupo, el que, además, a través de varios blogs ha fijado comentarios tras el seudónimo de combat 99.

 

Reacciones

 

Sorprendente. Después de la presencia armada no ha ocurrido la airada respuesta de denuncia, tan habitual por parte de la administración universitaria, cuando de armados se trata. En contravía a la filtración de los videos de seguridad a los medios masivos, como cuando ocurrió la presencia del Eln el 10 de mayo 2010, esta vez los videos de seguridad están, en apariencia, perdidos.

 

Quedan preguntas en el aire: ¿De quiénes se trata? ¿Qué intensión tienen? ¿Por qué la empresa de seguridad privada Servisión no activó el dispositivo de seguridad que posee sobre el campus? ¿Qué oculta la administración con la tenue respuesta brindada sobre estos sucesos? Preguntas que tienen respuestas ocultas tras los pasos del sexteto de encapuchados que encontraron, como camerino para el cambio de apariencia, los alrededores de la facultad de Odontología, afirman estudiantes.

 

Extraña acción y discurso. Es raro, pero los encapuchados y armados, tienen mucho en común con el discurso de la vicerrectoría, la misma que ha habilitado, con el fin de controlar el campus, operaciones armadas por parte de la celaduría en contra de estudiantes que consumen droga, nunca en contra de los jíbaros.

 

¿Vendrán, como lo anunciaron, otras acciones de estos grupos?

 

1 Líder estudiantil de la Universidad de Antioquia asesinado por las AUC el 7 de agosto de 1999.
2 Este Jardín está ubicado a 100 metros de dos oficinas de la vigilancia, y a 300 metros de la salida vehicular que condice hacia la rectoría.
3 Testimonios de estudiantes entrevistados

Publicado enEdición Nº200
Guerra total contra los Hermanos Musulmanes en Egipto

Después de que el miércoles designase como una "organización terrorista" a los Hermanos Musulmanes, organización vencedora de las primeras elecciones libres celebradas tras la revolución de 2011 que acabó con Hosni Mubarak, el Gobierno egipcio ha declarado una guerra total contra el histórico movimiento islamista, alejando de forma definitiva cualquier atisbo de solución política a la crisis que vive el país árabe. El Ejecutivo renovó este jueves sus promesas de aplicar mano dura ante la amenaza terrorista después de un atentado contra un autobús en El Cairo que provocó cinco heridos. La acción constituye el primer ataque con explosivos dirigido contra la población desde el inicio de la última ola de violencia.


Según Hani Abdelatif, portavoz del Ministerio del Interior, el Código Penal contempla la condena a la pena de muerte para los líderes de la Hermandad, como dirigentes de una organización terrorista, y sentencias de hasta cinco años de cárcel por la simple pertenencia al grupo. "Todo aquel que la promocione con sus acciones o de palabra, o que participe en las publicaciones o grabaciones de la organización terrorista, también será castigado con una pena que no excederá los cinco años", añadió el portavoz.


Más allá de las consecuencias legales, la decisión del Gobierno entierra cualquier esperanza de una solución negociada al sangriento pulso que libran los Hermanos Musulmanes y las autoridades, apoyadas por el Ejército. Desde el golpe de Estado que derrocó el 3 de julio al rais islamista Mohamed Morsi, diversas personalidades e instituciones habían intentado mediar de manera infructuosa entre ambos actores. La medida representa una victoria dentro del Gabinete de los halcones que apuestan por la erradicación de la cofradía, pues hace valer su apuesta represora frente a la vía del diálogo que defiende el sector liderado por el vicepresidente Ziad Bahai el Din.


La declaración gubernamental se produjo tras el brutal atentado frente a la comisaría de policía de Mansura (norte del país) que causó la muerte a 16 personas y heridas a más de un centenar el pasado martes. A pesar de que el grupo yihadista Ansar Bait al Maqdis reivindicó la acción, tanto el Ejecutivo como los medios de comunicación insisten en atribuir su autoría a la Hermandad.


El bloguero Big Pharaoh encontró una explicación a tal incongruencia: "El Gobierno está utilizando la sangre de las víctimas de Mansura para su batalla política contra los Hermanos". La cofradía es el único movimiento político robusto, capaz de disputar el control del país a la renacida red de instituciones e intereses que sostenía al régimen de Mubarak. A pesar del endurecimiento de la represión, la Hermandad anunció públicamente que continuará movilizando a sus seguidores en las calles contra "las autoridades golpistas".


Por otro lado, Egipto padeció este jueves un nuevo ataque terrorista. Una bomba estalló en un autobús público a las 9.15 de la mañana en el barrio cairota de Medina Nasser. En aquel momento, el vehículo se encontraba medio vacío, por lo que la explosión provocó solo cinco heridos. La policía desalojó y rastreó la zona, encontrando otros dos artefactos explosivos que procedió a desactivar. Las dos bombas eran de fabricación casera y contenían clavos y trozos de mármol.


A pesar de no haber provocado víctimas mortales, el atentado estimuló el furor con el que los medios de comunicación atacan a la Hermandad. En un intento de desencadenar una auténtica caza de brujas, la televisión CBC facilitó a sus telespectadores varios teléfonos del Ministerio del Interior para que denunciaran a miembros de la cofradía. El periódico Youm al Sabaa aún fue más lejos con una de sus portadas, titulada "El pueblo quiere la ejecución de los Hermanos". La única excepción a la demonización de la cofradía en los quioscos era el periódico Hurriya ual Adala, propiedad del brazo político de la Hermandad, pero ayer fue prohibido.


Entre tanta histeria anti-Hermanos, pocos entraron a debatir la legalidad de la decisión gubernamental de calificar a la cofradía de grupo terrorista, aplaudida también por los partidos laicos. "El recurso al artículo 86 [del Código Penal] no es legal, ya que los tribunales son los únicos capacitados para aplicarlo, y no una institución ejecutiva", declaró al diario Al Shuruk Tareq al Bishri, un veterano profesor de Derecho que también censuró que se estableciera la identidad del autor del atentado de Mansura sin esperar siquiera a que la fiscalía finalizara sus pesquisas.


Uno de los principales frentes de la guerra contra la Hermandad hace referencia al futuro de sus ONG. En aplicación de la sentencia judicial que en septiembre disolvió al movimiento, el Ejecutivo ha ordenado la congelación de los activos de más de un millar de asociaciones islámicas sospechosas de pertenecer o colaborar con la Hermandad, entre ellas hospitales y organizaciones caritativas. Varios de sus responsables han negado cualquier vínculo con la cofradía, y han denunciado que la medida puede afectar gravemente a miles de ciudadanos pobres.


"Perder su red de ONG representaría un golpe muy duro para los Hermanos, pues a ella deben su popularidad entre los más pobres", explica Mohamed Faiz, analista del centro Al Ahram. Durante la dictadura de Mubarak, todas estas actividades sociales eran toleradas, pues los Hermanos Musulmanes era una organización alegal.

 

 

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El juicio al primer presidente electo de Egipto

No todos los días se hace una fila para conseguir una entrada para el juicio del primer presidente electo de Egipto. Pero ahí estaba el domingo Fouad sentado en el centro de prensa del gobierno –exactamente donde lo vi por primera vez hace 37 años– diciéndonos alegremente a todos nosotros que volviéramos después de las cinco, como si estuviera haciendo los arreglos para un viajecito por el Nilo, en lugar de un asiento en la primera fila para el juicio del ex presidente Mohamed Mursi (foto). Nadie nos había dicho si iba a aparecer personalmente en el primer día del proceso judicial.


Mursi es juzgado, junto con catorce compañeros miembros de los Hermanos Musulmanes, por incitar a la gente a "cometer asesinatos deliberados y premeditados" y "el uso de la violencia, matonería, coerción, posesión de armas de fuego, municiones y arrestos ilegales, deteniendo y torturando a manifestantes pacíficos". Estos increíbles cargos se refieren a la violencia que hubo afuera del palacio presidencial en diciembre cuando fueron asesinados cinco civiles, pero podrían haber sido hechos contra los policías y sus matones que tuvieron un ataque de locura homicida hacia los Hermanos Musulmanes en agosto, matando a más de 600 hombres, mujeres y niños. Treinta y seis hombres murieron asados vivos en un camión de la policía incendiado en su camino a prisión.


Todos sabíamos lo que Mursi iba a decir ante el tribunal. Y lo dijo ayer: "Soy el presidente de Egipto". Es una profesión arriesgada. El rey Farouk fue depuesto en 1952, pero le permitieron navegar en su yate real hasta Italia. El general Mohamed Neguib fue puesto bajo arresto domiciliario por Gamal Abdul Nasser y luego Nasser murió de un ataque al corazón en 1970, tres años después de que perdiera su fuerza aérea, sus ejércitos y el desierto de Sinai en manos de Israel. Luego, uno de sus oficiales de menor rango, Anwar Sadat, ganó de vuelta parte del Sinai, visitó Jerusalén y fue asesinado de un disparo por uno de sus propios soldados por lograr la paz con Israel. Su compañero de la fuerza aérea Hosni Mubarak tomó el poder y terminó en un juicio después del levantamiento de la Primavera Arabe de 2011. El general Mubarak está ahora en una etapa de apelación y su sucesor también va a juicio.


No conocemos, por supuesto, el futuro destino del hombre que sacó a Mursi del poder –el amado y sublime general Abdul Fattah al Sisi–, quien debe decirnos todavía si se postulará para la presidencia egipcia. Cuidado, es todo lo que le puedo decir... "No nos divierte" es, por cierto, el rasgo gobernante de los actuales dirigentes de Egipto, algunos de los cuales trabajaron para el general Mubarak y por lo menos uno de ellos –nada menos que el amado y sublime general– trabajó para Mursi. Tomemos el caso de Mohamed Yousef, el campeón de Egipto de kung-fu y ganador de una medalla de oro en el campeonato de San Petersburgo el mes pasado, que fue lo suficientemente insensato como para usar una remera con el símbolo pro Mursi de cuatro dedos de una mano contra un trasfondo amarillo. La usó en la ceremonia de la entrega de medallas, dijo, para recordar a sus amigos entre las víctimas de la masacre de la mesquita Rabaa al Adawiya en julio. Una pena. Fue devuelto a su casa inmediatamente y por ahora le está prohibido participar en competencias, con el total apoyo del ministro de Deportes egipcio.


Esta semana, Bassem Youssef –cirujano de cerebro y humorista político por excelencia en medio de los shows televisivos de mal gusto– también recibió su merecido. Ni una sola vez respondió Mursi –mientras estuvo en el poder– a los constantes ataques de Youssef contra él y sus amigos de los Hermanos Musulmanes, pero un nuevo programa que se burlaba del nuevo gobierno egipcio no electo, incluyendo al amado y sublime general –aunque no por su nombre– no tardó en ser sacado del aire. De acuerdo con sus críticos, había demasiadas obscenidades en el programa del canal CBC de Egipto. Sus partidarios afirman que se mudará a YouTube, donde comenzó su vida como satirista.


La policía, lejos de sentir algún remordimiento por las matanzas de agosto, se está haciendo un festín ejercitando el "estado de emergencia" del 14 de agosto –la misma ley que los manifestantes revolucionarios de 2011 insistieron en que debía ser cancelada–. Ahora se debe informar a la policía de cualquier manifestación con 24 horas de anticipación, junto con los nombres de todos los organizadores, y tener un permiso para cancelar cualquier protesta sin motivo.

 

Por Robert Fisk de The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

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El camino de Honduras hacia una democracia plena ha sido tan sinuoso como violento. Las elecciones nacionales pautadas para el 24 de este mes, si algo tienen de novedosas, es que cuatro de las ocho fuerzas políticas que competirán por la presidencia se constituyeron después del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. El histórico bipartidismo entre nacionales y liberales se rompió con la creación de Libre, que lleva como candidata a Xiomara Castro –la esposa del ex mandatario depuesto y ahora aspirante a una banca en el Congreso–; el PAC del presentador televisivo Salvador Nasralla y dos alternativas con menores chances de llegar al poder ejecutivo: la alianza de izquierda Faper-UD del abogado Andrés Pavón y el partido derechista del general retirado Romeo Vásquez, quien depuso a Zelaya.


La vigilia previa a los comicios no supera los índices deseables de tranquilidad y previsibilidad. Organizaciones de derechos humanos y sociales denuncian un "contexto peligroso" en Honduras. Los crímenes son moneda corriente. En el país centroamericano, la tasa de asesinatos llega a 86 cada 100 mil habitantes. La mayoría fueron cometidos contra militantes políticos que siguen a Castro, quien podría transformarse en la primera mujer que accede a la Jefatura de Gobierno en 192 años de independencia.


A tres semanas de las elecciones, 5.355.112 hondureños están empadronados, aunque el voto no es obligatorio. El gobierno de Porfirio Lobo puso toda su estructura a favor de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. La misma fuerza por la que aquel accedió a la presidencia en comicios considerados ilegítimos tras la destitución de Zelaya y el régimen cívico-militar de Roberto Micheletti que le siguió.
El ex titular del Congreso es ahora uno de los dos candidatos con más chances de ganar el domingo 24. Pero Castro le saca ventajas a Hernández, de acuerdo a ciertas encuestas. Los muestreos también arrojan resultados diversos. Incluso algunos determinaron un empate técnico entre los dos aspirantes que intentan suceder a Lobo.


El Tribunal Superior Electoral (TSE) que controlan los nacionales y también los liberales del candidato Mauricio Villeda, sostiene que "es una de las mejores campañas de todos los tiempos desde que se implementó la democracia en Honduras en 1982". Esa conclusión es refutada por Castro, de Libertad y Refundación (Libre) y el candidato Nasralla del Partido Anticorrupción (PAC), quienes coincidieron en exigir el voto electrónico utilizado en Venezuela porque sospechan un presunto fraude. El Centro Carter avala esta posición. El TSE les dijo que no. Denuncias cruzadas fomentan la idea de trampas. Mencionan que se están vendiendo las credenciales que utilizarán los delegados de mesa.
Los hondureños elegirán aspirantes a 27.000 cargos en todo el país, desde el presidente a 128 diputados y 298 alcaldes. Habrá 16.000 mesas electorales ubicadas en 5437 centros de votación que serán custodiados por 14.000 efectivos del ejército, la fuerza que secuestró a Zelaya hace más de cuatro años. A su frente estaba uno de los ocho candidatos presidenciales: el general Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto y ahora líder de la Alianza patriótica Hondureña. El militar que hoy dice: "Honduras no puede continuar siendo el país con mayor inestabilidad política de la región, el más pobre, el más corrupto y con menos desarrollo de América latina".


Vázquez olvidó mencionar las conclusiones de la Mesa de Análisis sobre la Situación de los Derechos Humanos creada el 25 de octubre. La componen cinco organizaciones: el Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), el CDM (Centro de Derechos de Mujeres), el CEM-H (Centro de Estudios de la Mujer-Honduras), el Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla y el Stibys (Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares).


En un extenso comunicado denunciaron que "la situación extremadamente peligrosa en que se desenvuelve el proceso electoral en el país, impacta directamente en los derechos humanos". Y mencionaron una serie de hechos recientes, entre los que se destaca: "El Partido Nacional, a través de la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, ha lanzado la Policía Militar de Orden Público contra los opositores políticos". Y señala que "hasta ahora es el Partido Libertad y Refundación (Libre) el más impactado por los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra sus miembros, procedentes de instituciones públicas generadoras de un ambiente tenso con terror, que beneficiaría al candidato nacionalista".


Dos días antes de difundirse el comunicado, el 23 de octubre, fue encontrado muerto por tres tiros el camarógrafo Manuel Murillo Varela en la ciudad de Comayagüela. Era beneficiario de medidas cautelares de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y había trabajado filmando a Zelaya durante su presidencia. El 2 de febrero de 2010, con Lobo recién llegado al gobierno, lo secuestraron y torturaron efectivos policiales mientras se desempeñaba en Globo TV. Es uno de los 36 periodistas asesinados en Honduras desde 2003. De esa cifra, un solo caso ha sido juzgado y recibió condena.


Bajo estas condiciones se votará en un país que registra uno de los índices de violencia más altos del mundo fuera de las áreas de guerra. Recién este año, pasó de encabezar el ranking en América al tercer lugar, según el reporte Vision Humanity (http://www.visio nofhumanity.org/) publicado por el Instituto de Economía de la Paz (IEP), con sede en EE.UU. La publicación es utilizada como fuente de consulta por la ONU, el Banco Mundial y organismos no gubernamentales. Honduras ocupó el lugar 123 en el índice de Paz Global (GPI por su sigla en inglés) sobre 162 naciones analizadas, detrás de Colombia (147) y México (133). Esta organización ubicó a EE.UU. en el puesto 99 de su lista y a la Argentina en el 60.


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La justicia de Guatemala abre el camino para que Ríos Montt pueda ser amnistiado

El Tribunal Constitucional de Guatemala resolvió a última hora del martes conceder un amparo al exdictador José Efraín Ríos Montt, según el cual los magistrados se pronuncian (cinco votos contra dos) "de acuerdo con su planteamiento de que se le debe aplicar el decreto 8-86, que contiene la amnistía a todos los miembros de las fuerzas armadas y a los guerrilleros, sin ninguna excepción, por delitos que se hubieran cometido durante el conflicto armado interno".

 

Las reacciones no se hicieron esperar. De acuerdo con el diario Prensa libre la resolución puntualiza que "los hechos atribuidos a Ríos Montt ya fueron amnistiados", en referencia al decreto 8-86, promulgado por el entonces jefe del Estado, el general Humberto Mejía Víctores, el 10 de enero de 1985, cuatro días antes de entregar el poder a Vinicio Cerezo Arévalo, el primer presidente de la democracia en Guatemala.
Ríos Montt fue condenado en mayo de ese año a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad, cometidos contra campesinos de la etnia ixil (ubicados en Quiché, al norte de Guatemala) durante su mandato de 17 meses entre el 23 marzo de 1982 y 8 de agosto de 1983. Una polémica decisión del Constitucional anuló la sentencia y ordenó un nuevo debate, previsto para marzo o abril de 2014.

El analista Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, recuerda que los delitos por los que se acusa a Ríos Montt "no son sujetos de amnistía". En consecuencia, califica como "extraña y fuera de lugar" la decisión del Constitucional.


En declaraciones a EL PAÍS, Marroquín expresa su preocupación: "Este pronunciamiento hace interpretaciones que extrañan a medio mundo, toda vez que la jurisdicción del Constitucional en este campo está muy cuestionada". El analista añade que muchas de las decisiones del alto tribunal en este campo, "hacen que sus actuaciones sean puestas en duda".


Para el periodista Edgar Gutiérrez, quien fuera la mano derecha del obispo Gerardi en la elaboración del informe Guatemala: Nunca más, "de acuerdo a la ley de Reconciliación Nacional, en casos de crímenes de lesa humanidad no procede la amnistía". En conversación telefónica, Gutiérrez recuerda que, cuando se firmaron los acuerdos de paz, se decretó una amnistía acotada, que excluye a crímenes como el genocidio o la desaparición forzada, que la Convención de Derechos Humanos tipifica como crímenes contra la humanidad.


Gutiérrez manifiesta su preocupación por el impacto que esta decisión pueda tener en los jueces que conozcan el proceso contra Ríos, cuanto este se reinicie a mediados de 2014. "La decisión del Constitucional deja sin materia este proceso. Es más, varias sentencias que han ocurrido en los últimos años por crímenes como desaparición forzada se ven, de hecho, alterados por esta decisión que anula el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas del conflicto".


El periodista Gonzalo Asturias, quien fuera jefe de prensa de Ríos Montt durante su mandato, se muestra contradictorio con respecto a este caso. "Estoy a favor de la amnistía en la medida de que es una ley vigente, pero lo mejor que pudo haber ocurrido es que esta amnistía nunca se hubiera producido y que los responsables de cada una de las muertes ocurridas tuvieran que responder ante la justicia".
El comunicador se pronuncia porque todo delito debe ser perseguido, lo cometa quien lo cometa, sobre todo cuando el perpetrador es el Estado, y aprovecha para mandar un mensaje a los negociadores de la paz para Colombia, reunidos en La Habana (Cuba). "Deben tener mucho cuidado, para evitar los problemas que puedan surgir décadas después, como estas amnistías. Que se curen en salud, aprovechando experiencias como la de Guatemala", concluye.

 

Por JOSÉ ELÍAS Ciudad de Guatemala 23 OCT 2013 - 20:13 CET

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China gana prestigio militar gracias a su programa espacial

Diez años después de haber enviado al espacio a su primer astronauta, China continúa su ambicioso programa espacial, que le otorga prestigio militar y económico, mientras su rival estadunidense, la Nasa (Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio), está paralizada a causa de la crisis presupuestaria.

 

El 15 de octubre de 2003, el astronauta Yang Liwei dio vuelta a la Tierra 14 veces en órbita a bordo del Shenzhou 5 en 21 horas, abriendo el camino de China hacia el cosmos.

 

Más de 40 años después del histórico vuelo del soviético Yuri Gagarin, esa hazaña puso a China como el tercer país, después de la URSS y Estados Unidos, capaz de realizar un vuelo tripulado.

 

Desde entonces, el país envió a 10 astronautas –ocho hombres y dos mujeres– al espacio en cinco misiones, así como un módulo espacial colocado en órbita, Tiangong-1.

 

Supervisión del ejército

 

El régimen, que financia este programa supervisado por el ejército, invirtiendo miles de millones de dólares, considera que se trata de una señal importante del nuevo estatuto internacional del país, de su dominio tecnológico, y también de la capacidad del Partido Comunista para modificar el destino de una nación, antes agobiada por la pobreza.

 

Sus ambiciones culminarán el día en que un chino pise la superficie de la Luna, precedido hacia fines de este año por el alunizaje de un vehículo automatizado de exploración. Una cuarta instalación de lanzamiento será inaugurada dentro de dos años, y hacia 2023 terminará la construcción de una estación espacial que será colocada en órbita alrededor de la Tierra, Tiangong-3.

 

En la misma época, la Estación Espacial Internacional será abandonada después de unos 20 años de servicios, coincidencia simbólica que podría reflejar también el desplazamiento de los centros de poder en la superficie de la Tierra durante la próxima década.

 

El rápido desarrollo del programa espacial chino contrasta con el de Estados Unidos, cuyo lanzamiento más reciente de un cohete espacial fue en 2011 y cuyos proyectos de futuro son vagos por ahora.

 

La semana pasada, los organizadores de una conferencia de la Nasa anunciaron que el personal ya no tenía acceso a sus mensajes electrónicos debido a la crisis presupuestaria.

 

Gran parte de la tecnología utilizada en la exploración espacial tiene repercusiones militares, según los expertos. Pero China también obtuvo otros beneficios, menos visibles.

 

Líder regional en Asia

 

"En Asia, China es considerada el líder regional en materia espacial, lo que le da un verdadero prestigio militar y económico", afirmó Joan Johnson-Freese, encargada de cuestiones de seguridad en el Colegio de Guerra de la Marina de Newport, y especialista en las actividades espaciales chinas.

 

"En el resto del mundo, la ventaja económica para China es no ser considerada capaz de sólo producir ropa barata", agregó.

 

China todavía está lejos de las conquistas de Estados Unidos y la ex Unión Soviética –aunque aprendió de los dos– y le faltan años para el lanzamiento de su estación espacial.

 

Mientras tanto, Yang Liwei, general y subdirector de la Agencia China encargada de los programas tripulados, recibe solicitudes de países en vías de desarrollo que quieren colocar astronautas en órbita.

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Domingo, 22 Septiembre 2013 09:05

Mal de Muchos

Mal de Muchos

La confusión entre tareas policiales y militares comenzó en Colombia, siguió en México y en Centroamérica. La fomenta Estados Unidos, que suministra entrenamiento, en forma directa o a través de Colombia, siempre advirtiendo que es por excepción mientras mejora la capacitación policial. Un saldo devastador: ineficiencia para controlar el delito y graves violaciones a los derechos humanos. Un mal resultado electoral previo en México o una elección próxima en El Salvador, como motivación política.

 

El presidente salvadoreño Mauricio Funes extendió por otro año el despliegue de tropas del Ejército para apoyar a la policía en tareas de seguridad contra el delito y lo amplió de 19 a 29 zonas del país, citando las encuestas que reflejan "el impacto positivo de la presencia militar en las calles". En junio de 2014 habrá elecciones presidenciales allí.

 

El periodista Funes, quien llegó al gobierno en 2009 postulado por el partido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, explicó que se trataba de una medida excepcional. Lo mismo dijo hace un año el entonces jefe del Pentágono, Leon Panetta, durante la Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que sesionó en Punta del Este, donde expuso la nueva "Política de Defensa para el Hemisferio Occidental". Panetta dijo que algunos países que se sienten desbordados por "la difusión del narcotráfico y otras formas de tráficos ilícitos, pandillas y terrorismo" recurren a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que competen a las fuerzas policiales civiles. Aunque ésta "no puede ser una solución a largo plazo", por el momento el Pentágono está dispuesto a cooperar para fortalecer "la capacidad de las autoridades civiles y las fuerzas del orden de los países amigos". Panetta no fijó plazos para la vigencia de esta excepción.

 

Haz lo que yo digo

 

En El Salvador, las Fuerzas Armadas realizan patrullajes conjuntos con la policía y ocupan posiciones en 62 "puntos ciegos" de la frontera, por los que "se filtra todo tipo de mercancía ilegal, contrabando, drogas, tráfico de personas e infinidad de negocios ilegales", según explicó Funes. Además, decidió estacionar soldados en las instituciones penales más peligrosas, donde recientes motines provocaron la muerte de dos reclusos y heridas a otros 25. También en Venezuela, 3.000 soldados participan en tareas policiales en aquellos barrios de Caracas que tienen tasas más elevadas de criminalidad. En un discurso pronunciado en la Academia Militar de Fuerte Tiuna, el presidente Nicolás Maduro dijo que la inseguridad era el mayor problema del país. El patrullaje militar de las calles se extenderá luego al resto de Venezuela, cuya tasa anual de homicidios es de 54 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales que organizaciones no gubernamentales elevan a 73 por 100.000. Una de esas organizaciones, PROVEA, alegó que las Fuerzas Armadas no están preparadas para la aplicación de la ley en la lucha contra el delito. Ya en 2007, un funcionario que visitó Colombia junto con el entonces jefe del Pentágono, Robert Gates, dijo a la agencia Reuters que si bien en las últimas décadas se pensó que las Fuerzas Armadas deberían alejarse de las funciones policiales, tal como ocurre en Estados Unidos, algunos países latinoamericanos carecen de fuerzas policiales aptas, y llevaría años mejorarlas y convencer a la población de que hacen falta fuerzas policiales más poderosas.

 

Si bien la ley Posse Comitatus prohíbe desde 1878 el empleo de tropas militares en asuntos de seguridad dentro de los Estados Unidos, ésta es una de las escasas doctrinas sobre la democracia cuya exportación carece de prioridad política. Por el contrario, el Pentágono y su Comando Sur propician tal actuación y la interoperabilidad entre policías y militares latinoamericanos. En su trabajo "La transformación del Estado de Seguridad: de hacer la guerra a luchar contra el delito", los académicos Peter Andreas y Richard Price sostienen que en la globalización esa frontera se ha hecho borrosa y que los intereses de seguridad del Estado se definen ahora más en términos "de disuadir evasiones de la ley que invasiones militares". Esto va más allá de la teoría. En enero de 2012 el Comando Sur dio comienzo a la Operación Martillo, que incluye a tropas del Ejército, la Guardia Costera, y las policías, en las costas centroamericanas del Pacífico y el Caribe, con barcos, aviones, soldados, marineros y policías de los países participantes. La intervención estadounidense es coordinada por la Fuerza de tarea conjunta interinstitucional - Sur, con sede en Key West, Florida, que integran militares y civiles, de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estadounidenses, como el FBI, la Aduana y la DEA, todos a órdenes del Comando Sur. A ellos se agregan organismos militares y de seguridad de países de Latinoamérica, el Caribe y Europa. En 2010 la revista Diálogo, que edita el Comando Sur, sostuvo que "los oficiales de enlace de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, México, los Países Bajos, Perú, España y el Reino Unido ayudan a combatir el tráfico ilícito en un complejo proceso de cuatro etapas que consiste en detección, monitoreo, intercepción y detención" (http://www.dialogo-americas.com /es/articles/rmisa/features/viewpoint/2010/10/01/feature-02). Esto fue antes del incidente por el avión militar estadounidense que intentó ingresar a Ezeiza un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. La semana pasada se anunció que la fragata misilística USS Rentz, en la que embarcó personal policial de la Guardia Costera, confiscó un cargamento de cocaína valuado en 8 millones de dólares, que era transportado por un pesquero al norte de las Islas Galápagos, donde la 4ª Flota realizaba "Operaciones contra el Crimen Transnacional Organizado".

 

Militares para compensar

 

Además de su Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno estadounidense sostiene cuatro programas regionales en América Latina: la Iniciativa Mérida, en México; la Asociación de Seguridad Ciudadana en Centroamérica; la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa estadounidense-colombiana de Desarrollo Estratégico. El programa centroamericano contiene metas que no guardan relación con las misiones militares tradicionales, como garantizar la seguridad en las calles, interceptar delincuentes y cargas de contrabando, establecer una efectiva presencia del Estado en comunidades en riesgo y fomentar la coordinación y cooperación entre países contra amenazas a la seguridad. México es el país donde más profundo fue el compromiso militar en el enfrentamiento con los carteles de la droga. Esa decisión fue adoptada en el primer año de su gobierno por el ex presidente Felipe Calderón, quien buscó compensar así la débil legitimidad política provocada por su estrecha victoria electoral en 2006 y las denuncias de fraude de la oposición. El fracaso de su estrategia se mide en la asombrosa equivalencia numérica entre los 45.000 soldados que desplegó, los 44.000 que desertaron y las 48.000 personas asesinadas durante su sexenio presidencial, pero también en la falta de mejoras significativas en la cantidad de drogas que salen de sus fronteras en dirección a los Estados Unidos. Un balance devastador de esa experiencia puede encontrarse en el informe publicado por Human Rights Watch, "Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura", según el cual miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales, por los cuales no hubo un solo condenado. Los propios militares dicen en su descargo que no están preparados para ese tipo de lucha y además se quejan por la ausencia de un marco jurídico que asegure la legalidad de sus actos y los ponga a salvo de reproches penales, que, según temen, caerán sobre ellos y no sobre los políticos que les ordenaron hacerlo. No es mejor el record investigativo sobre los crímenes cometidos por el narcotráfico: la justicia sólo condenó a 22 personas. En cambio, muchos funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos, incluyendo jueces que dan por válidas confesiones obtenidas bajo tortura en bases militares y peritos médicos que omiten o minimizan las lesiones de los detenidos. La corrupción carcomió a las Fuerzas Armadas. Media docena de generales fueron detenidos por sus nexos con el narcotráfico, y estalló una guerra de acusaciones entre distintos bandos militares, que se señalan unos a otros como cómplices de los carteles. A modo de advertencia, la revista mexicana Emeequis tradujo un informe publicado en el New York Times por el profesor de psiquiatría Richard Friedman sobre el efecto sobre los soldados estadounidenses de las operaciones especiales en que participan, con abuso de drogas y más muertos por suicidio que en combate. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, prometió revisar la estrategia y crear una Gendarmería de 40.000 efectivos para ir reemplazando en forma gradual a las Fuerzas Armadas. Pero una vez en el gobierno redujo la dimensión de esa nueva fuerza a sólo 5.000 hombres, y demoró el prometido regreso de los militares a sus tareas específicas. No obstante, arguye que las muertes violentas se redujeron un 20 por ciento, aunque las técnicas de cuenta de cadáveres que se aplican no garantizan la exactitud de ningún cómputo.

 

Tropas de elite

 

En la Operación Martillo, las fuerzas de Estados Unidos participan junto con los siete países centroamericanos, más Canadá, Colombia, Francia, Holanda, España y Gran Bretaña. Pero en su informe anual al Congreso, el jefe del Comando Sur, general de Infantería de Marina John Kelly, anunció recortes presupuestarios que reducirían su efectividad. Esta escasez de recursos ha influido para que Estados Unidos se incline por un mecanismo de presencia e influencia a bajo costo. La DEA y el Departamento de Estado capacitan tropas de elite de esos países, pero luego reciben apoyo desde bases construidas por el Pentágono en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El año pasado, tropas estadounidenses y fuerzas especiales hondureñas realizaron cinco acciones conjuntas de interdicción. En tres de ellas se produjeron tiroteos en los que fueron asesinados ciudadanos que no tenían actividad alguna relacionada con las drogas, entre ellos un chico de 14 años y dos mujeres, una de ellas embarazada, que navegaban en una lancha taxi cerca del pueblo de Ahuas. En otro episodio fue abatido el piloto de un avión derribado cuando hizo "un gesto amenazante". En un tercer caso, la Fuerza Aérea Hondureña derribó dos aviones que según los norteamericanos eran sospechosos de tráfico de drogas, y todos sus ocupantes murieron. En Guatemala, un contingente de 171 marines estadounidenses tripularon el año pasado 250 vuelos de "detección y monitoreo", según la propia información de la Marina. Como los militares de Estados Unidos sólo pueden usar las armas si son atacados, identifican personas y embarcaciones sospechosas sobre el litoral y los ríos de Guatemala y dejan a las fuerzas guatemaltecas las confiscaciones y arrestos. En octubre del año pasado, mientras la delegación de Guatemala llegaba a Punta del Este, donde apoyó el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa, las Fuerzas Armadas ejemplificaron qué ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz.

 

Falsos positivos

 

Pese a los recortes que a partir de 2010 han disminuido la denominada asistencia estadounidense de seguridad, y aun cuando esta tendencia declinante alcanzó también a Colombia, ese país aún es el principal receptor regional en 2013, con 279 millones de dólares, seguido por México, con 154. Esto no reduce el involucramiento estadounidense con las fuerzas armadas y policiales en América Latina, aunque cambia su naturaleza. Las organizaciones estadounidenses especializadas en el monitoreo (ver "Una política fallida") advierten que se está haciendo más ágil y flexible, pero aún menos transparente, con acento en aviones no tripulados, por ahora sólo para vigilancia, pero con la promesa de asesinatos selectivos en una próxima etapa; ataques cibernéticos y fuerzas de Operaciones Especiales. Las fuerzas especiales que se están retirando de Irak y Afganistán podrán volcarse a tareas de entrenamiento, asesoría, operaciones sobre aspectos civiles y recopilación de datos e información confidencial en América Latina. Esas misiones permiten que "se familiaricen con el terreno, la cultura y los oficiales clave en países donde algún día podrían operar. Y que el personal de los Estados Unidos reúna información confidencial sobre sus países anfitriones", sostiene un estudio conjunto de tres organizaciones que monitorean las actividades estadounidenses en el exterior (WOLA, Oficina de Washington para Latinoamérica; Latin America Working Group y el Center for International Policy). Ese documento, titulado "Hora de Escuchar: Tendencias en Asistencia de Seguridad de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe", cita un informe reciente del diario Washington Post según el cual la Agencia de Inteligencia para la Defensa, DIA, espera duplicar el número de efectivos clandestinos que envía por todo el mundo. También se incrementará el uso de aviones no tripulados y la robótica. Colombia, presentada por el general Kelly como el modelo exitoso de intervención militar en asuntos de seguridad, se ha convertido en el delegado de Estados Unidos para la capacitación de militares y policías de los demás países de la región. Desde 2005 ha entrenado a más de 13.000 personas provenientes de 40 países. La aceleración de este proceso es vertiginosa: 9.000 de ellas han recibido el entrenamiento entre 2010 y 2012, según información oficial del ministerio colombiano de Defensa. El informe colombiano enumera los países que enviaron a sus oficiales militares y policiales a capacitarse: México encabeza la lista de América del Norte, con 2543 hombres; Panamá (2491) y Honduras (1008) la de Centroamérica; Ecuador (974), Perú (592), Brasil (153) y la Argentina (139) la de Sudamérica. Los Lanceros colombianos suministran en la base de Tolemaida el tipo de entrenamiento para fuerzas especiales que antes brindaban los Rangers estadounidenses. Entre los asistentes hasta ahora no se registran argentinos. La experiencia colombiana en operaciones contra el crimen organizado, interdicción de drogas y esfuerzos para arrestar a capos de la droga es tan indudable como las 4.715 ejecuciones extrajudiciales que le atribuye a su fuerza pública el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casos conocidos como "falsos positivos". En la misma cuenta pesan las acciones ilegales de vigilancia contra organizaciones y activistas nacionales e internacionales de derechos humanos, periodistas, jueces y miembros de partidos de oposición realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la oficina presidencial de inteligencia. "Resulta problemático que las fuerzas armadas colombianas, las cuales han estado involucradas en una guerra de medio siglo de duración, y que han actuado en lugar de una fuerza policial en muchas áreas del país, se desempeñen como entrenadores para fuerzas de seguridad en América Central y en otros países que están experimentando la violencia relacionada a las drogas, pero no se encuentran en una situación de conflicto armado. De hecho, algunos de estos gobiernos han tratado de limitar el papel de sus fuerzas armadas después de los conflictos que tuvieron lugar en la década de 1980, y ahora están revirtiendo esta situación." Además, el entrenamiento impartido por oficiales estadounidenses suele detallarse en los anuales del Departamento de Estado, cosa que rara vez ocurre con el trabajo de los entrenadores colombianos financiados por los Estados Unidos, lo cual plantea un tema crítico de transparencia. "La subcontratación de entrenamiento a cargo de oficiales colombianos, sin contar con reportes suficientes sobre estas actividades, hace imposible asegurar que las unidades y las personas que imparten y reciben entrenamiento están libres de acusaciones de abusos", sostiene el informe.

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¡Basta de guerras en Oriente Medio!: el pueblo estadounidense y su oposición al ataque militar contra Siria

La paz continúa siendo una posibilidad remota en Siria, mientras la guerra civil en el país se intensifica. De momento se ha impedido la terrible eventualidad de un ataque estadounidense, evitando así un empeoramiento catastrófico de la crisis en Siria. La población estadounidense ha salido a defender la paz y, por una vez, los políticos escucharon. Ciudadanos estadounidenses de todo el espectro político se opusieron a un ataque militar de Estados Unidos. Los miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, recibieron una avalancha de llamadas telefónicas y correos electrónicos en los que se los instaba a votar en contra de autorizar un ataque militar.

 

Los medios atribuyen al Presidente ruso, Vladimir Putin, el mérito de haberle lanzado un salvavidas al Presidente Barack Obama, que le permitió recurrir a la vía diplomática para postergar el ataque que había planeado. Sin embargo, si no hubiera sido por la oposición de la población estadounidense a un ataque militar, Obama no hubiera necesitado ni hubiera considerado una solución alternativa a la guerra.

 

El 4 de septiembre pasado, durante la declaración del Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, activistas opositores a la guerra del grupo Code Pink se sentaron detrás de él y permanecieron en silencio con las manos alzadas pintadas de rojo, para simbolizar el derramamiento de sangre. Kerry afirmó: "Me acuerdo de Irak. El Secretario Hagel y yo éramos senadores en ese momento y tuvimos que votar. De modo que ambos hacemos especial hincapié en que nunca más se solicite a un miembro del Congreso que vote sobre la base de información incorrecta. Y es por eso que nuestro equipo de inteligencia se tomó su tiempo, y es por eso que el Presidente se tomó el tiempo de verificar los hechos del caso y de desclasificar una cantidad de información sin precedentes para revisar bien las pruebas y presentar los hechos a la población estadounidense y, especialmente, al Congreso".

 

Días antes, Kerry utilizó el verbo "saber" alrededor de 30 veces durante su discurso de apoyo a la guerra contra Siria: "Hay cosas que sabemos y de las que podemos hablar públicamente. Entonces, ¿qué sabemos realmente como para poder hablar? Bueno, sabemos que el régimen de Assad tiene el mayor programa de armas nucleares de todo Oriente Medio. Sabemos que el régimen ha utilizado esas armas muchas veces este año. Y que las ha utilizado a pequeña escala y las ha utilizado contra su propia población, no muy lejos de donde ocurrió el ataque del miércoles. Sabemos que el régimen tenía como objetivo específico quitarle a la oposición el control de los barrios periféricos de Damasco y estaba decepcionado por no haberlo podido lograr. Sabemos que tres días antes del ataque el personal de armas químicas del régimen sirio estuvo en el lugar haciendo preparativos. De modo que ahora que sabemos lo que sabemos, la pregunta que todos debemos hacernos es qué haremos al respecto", afirmó Kerry. Su discurso se parece mucho a una declaración que realizó Donald Rumsfeld durante una conferencia de prensa antes de la guerra de Irak, cuando sostuvo: "Hay cosas que sabemos con certeza. Es decir, hay cosas que sabemos que sabemos. Existen incertidumbres conocidas. Es decir, hay cosas que sabemos que no sabemos. Pero también hay muchas incertidumbres desconocidas, hay cosas que no sabemos que desconocemos".

 

Como dijo Abraham Lincoln: "Se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo". Tras doce años de guerra en Afganistán e Irak, miles de muertos, decenas de miles de mutilados y billones de dólares gastados, la población estadounidense no aceptará el discurso ensayado de un funcionario público como motivo suficiente para ir a la guerra. Los ciudadanos del Reino Unido también se expresaron y presionaron al Parlamento de su país para que votara en contra de un ataque militar. Tras la votación, Edward Miliband, líder del Partido Laborista y presidente del bloque de la oposición en la Cámara de los Comunes, declaró: "Creo firmemente en la necesidad de una respuesta severa al uso de armas químicas, pero también creo en respetar la voluntad de la Cámara de los Comunes. Esta noche queda claro que, al no haberse aprobado la moción en la Cámara, me queda claro que el Parlamento británico que refleja la opinión del pueblo británico, se opone a un ataque militar británico. Entiendo el mensaje y el Gobierno debería actuar en consecuencia".

 

Consideremos, por un instante, los hechos: el régimen de Bahsar al-Assad está siendo acusado de haber perpetrado un ataque atroz con armas químicas el 21 de agosto en la localidad de Ghouta, en las afueras de Damasco. Llamativamente, un equipo de inspectores de armas químicas de las Naciones Unidas había viajado a Damasco justo tres días antes del ataque. Su misión era la de investigar las acusaciones de ataques anteriores con armas químicas en las localidades de Khan al-Assal, Sheikh Maqsood y Saraqeb. El Secretario General de la ONU, Ban ki-Moon, ordenó finalmente al equipo que investigara el ataque en Ghouta y, tras largas negociaciones con el Gobierno de Assad, se permitió a los inspectores de armas a realizar su trabajo.

 

En su informe de 40 páginas, los inspectores explican que hay "pruebas claras y contundentes de que se utilizaron misiles tierra-tierra que contenían el agente nervioso gas sarín". El informe no indica quién lanzó los misiles, pero los inspectores pudieron examinar los restos de varios de los cohetes utilizados. El equipo, encabezado por el especialista en armas químicas sueco Ake Sellstrom, realizó una labor rápida y rigurosa en circunstancias muy difíciles (fueron atacados por un francotirador cuando se dirigían a Ghouta).

 

En Ghouta se cometió un crimen de guerra. Kerry afirma "saber" que fue Assad. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, replicó: "Tenemos información suficiente para creer que fue una provocación", lo que da a entender que los rebeldes sirios perpetraron el ataque para lograr que Estados Unidos interviniera en su lucha contra el régimen de Assad.

 

Se han logrado muchos avances gracias a los acontecimientos de esta semana. Siria aceptó colocar su arsenal de armas químicas bajo control internacional. Irán, que apoya firmemente al régimen de Assad, tiene un nuevo presidente, Hassad Rouhani, que viajará a Nueva York la semana próxima para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se prevé que pronuncie su discurso el mismo día que el Presidente Obama. Lo que es más importante, es probable que Rouhani y Obama mantengan un encuentro cara a cara, en lo que sería la primera reunión entre presidentes de Estados Unidos e Irán desde 1979.

 

La terrible tragedia que azota Siria y la persistente oposición de la población estadounidense a un ataque militar contra ese país podrían dar lugar a una paz más amplia en Oriente Medio.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2013 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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Martes, 10 Septiembre 2013 06:01

Allende y su “ardiente paciencia”

Allende y su “ardiente paciencia”

En vísperas de elecciones en Chile, las palabras del presidente en sus horas finales evocan resonancias útiles para la reflexión contemporánea, aunque las realidades del siglo XXI en América Latina sean otras
 

Hace 40 años el drama de Chile conmovió al mundo. Terminaba bajo un golpe de Estado el intento nunca antes registrado en la historia: hacer cambios profundos de inspiración socialista, manteniendo el respeto a las normas democráticas. Caían, junto con los muros del palacio de la Moneda bombardeado de tierra y aire por la insubordinación armada, los sueños de una generación que creyó posible avanzar entonces, en tiempos de guerra fría, hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde la libertad también estuviera vigente.


 
Ahora, cuando Chile se encamina hacia una elección presidencial llamada a poner las bases de un nuevo tiempo en su devenir político y democrático, las palabras de Allende en sus horas finales transmiten resonancias que —más allá de sus cuatro décadas— alumbran la reflexión contemporánea. Por cierto, estamos en el siglo XXI y las realidades son otras, pero vemos cómo rige hoy el peso de la desigualdad, de las desprotecciones y las exclusiones que castigan, especialmente, a los jóvenes. Por eso, hay en aquella retórica solemne de Allende una mirada anticipatoria a otros tiempos donde la búsqueda de una vida digna, humana y justa seguirá latiendo como una meta mayor. Una tarea solo abordable con “ardiente paciencia”, al decir de Pablo Neruda cuando recibe su Premio Nobel.


 
Solo 12 días separaron la muerte de Allende y de Neruda en aquel septiembre de 1973. Ya solo eso nos dice por qué el recuerdo de aquella fecha es tan conmocionante para la sociedad chilena y se la rememora en tantas partes del mundo. Allende no fue Neruda, pero cuando hoy leemos sus últimas palabras encontramos en ellas un eco de lo que dijera el poeta en el final de su discurso, en 1971, al recibir el Premio Nobel: “Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres”.


 
Allende terminará de dirigirse a los chilenos y al mundo con una frase que hará historia. Recordémosla: “Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

 


Sin duda, Allende fue el hombre de la “ardiente paciencia” que por décadas buscó cumplir con sus anhelos y entregas, siempre colocando coherencia y consecuencia en la búsqueda de hacer realidad sus sueños. No pudo lograrlo. Los marcos de la guerra fría hicieron que interna y externamente se buscara abortar aquel intento, sofocándolo más allá de sus propios errores y supuestos equivocados. Aquel mundo, de bipolaridad extrema determinado por la tensión entre Washington y Moscú, no tenía espacio para un proyecto de esas características y al final la frontera de la guerra fría cruzó por Chile.


 
Se escucha el último discurso con el corazón apretado porque esas palabras nacen de las entrañas mismas de Allende. Sin un compromiso político con la oposición, el golpe emerge como una posibilidad: ya en junio de 1973 se había dado un intento fallido. Son palabras premonitorias donde prevé que una larga tragedia caerá sobre Chile; por eso siempre he creído que estaban largamente meditadas. Al conversar con él se intuía que, llegado el momento, sus decisiones tendrían un sentido profundo de responsabilidad con Chile, con su pueblo y su historia: no saldría vivo del palacio de la Moneda. “Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, se le oye decir con total tranquilidad, pero sin dejar dudas de que su voluntad es defenderse en el palacio. Lo afirma como algo que está asumido de mucho antes.


 
Pero también en sus palabras asoma dos conceptos esenciales que cruzan toda la búsqueda de nuestro tiempo: construir sociedades donde rija la “libertad” con la misma fuerza que la “igualdad”. Y en quienes vengan después, libres para construir su propia historia, recaerá la tarea de abrirse paso hacia un tiempo donde se abran “las grandes alamedas”, imagen poética que evoca una idea de perspectiva larga, de persistencia en otear el horizonte teniendo clara la meta que se busca. Son alamedas con raíces profundas, derivadas “de la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos”, como también lo dice esa mañana.

 


El siglo XX, el siglo corto según Eric Hobsbawm, es una búsqueda para conciliar libertad con igualdad. Unos por privilegiar la libertad olvidaron la igualdad y otros preguntaron: ¿de qué sirve la libertad si el ser humano se va a dormir con hambre cada noche? Y entonces, en nombre de la igualdad, se extinguió la libertad para pensar, crear, emprender y buscar nuevas ideas y hacer realidad otros sueños. ¡Cuántas guerras se justificaron en nombre de uno u otro principio, como si ellos fueran antagónicos e incompatibles y no complementarios! Esta es la gran lección del siglo XX.


 
Allende vive su tiempo diciendo que la izquierda debe luchar por los cambios respetando la Constitución y las leyes —lo afirma en sus últimas palabras— a la vez que transformándolas para dar garantías a todos. Pero también debe saber oír el sentido de las demandas mayoritarias del pueblo. Por eso levantó su voz cuando los tanques entraron a Budapest en 1956 o en Praga en 1968, poniendo fin a aquella primavera.


 
Si en 1989 caen los socialismos reales con el fin del muro de Berlín, en 2007 y 2008 se derrumba el otro gran andamiaje: el del neoliberalismo extremo. Se viene al suelo esa otra ideología, cuyo dogma ha sido construir sociedades en torno al consumidor como expresión de libertad. En su promesa de privilegiar “el acto de elegir”, creó condiciones para que grandes ganancias y beneficios se concentraran en pocas manos: la libertad económica sin reglas ahogó las posibilidades de una mayor igualdad. Como nos lo recuerda el Banco Mundial, actualmente el 10% más rico del mundo recibe el 56% de la renta, mientras el 10% más pobre recibe el 0,7%. Y esto lo escribimos desde América Latina, no la región más pobre, pero si la región más desigual del mundo.

 


Ante eso, ¿no es válido ver en el discurso de Allende, un brochazo iluminador que llama a crear sociedades donde se garantice la libertad del ser humano para “construir una sociedad mejor”, con más igualdad? La creciente desigualdad de hoy no pueden perdurar, a la larga un sistema democrático no lo resiste. Son los ciudadanos y no los consumidores los que a través del voto exigirán a sus representantes un cambio de políticas y la libertad para luchar por otro orden social. Y Allende advierte que esto tendrá lugar “más temprano que tarde”.


 
Escuchar sus últimas palabras es escuchar un discurso tranquilo, sereno, calmo. Allende habla ya desde y para la historia. Allende está consciente que su sacrificio marcará un antes y un después, entiende que ese después llegará trayendo otros desafíos. Pero nos recuerda que hay un saber persistente y profundo cuando se lucha por una humanidad mejor: “Sigan ustedes sabiendo…”. Allí está la continuidad.


 
Hace 40 años se intuía que la defensa de los derechos humanos era importante, pero hasta no vivir en carne propia su violación se llegó a sentir profundamente su falta. Es como el aire que se respira: solo cuando se convierte en irrespirable extrañamos el cielo azul que tuvimos. Y por eso hoy sabemos que los derechos humanos son un todo: son la vida y su diversidad; son la libertad en todas sus expresiones; son las grandes estrategias y la vida cotidiana; son, en suma, el derecho a ser. Y así surgen los llamados derechos de tercera o cuarta generación, en donde también nos cabe asumir la ecología, el medio ambiente, junto a formas nuevas de democracia donde a la representación cabe dar espacio a formas nuevas de participación. Y con la presencia de las redes sociales por todo el mundo uno vuelve la mirada a Allende y se pregunta: ¿estamos ahora frente a las grandes alamedas virtuales por donde navegue el hombre libre?


 
Hoy, 40 años después, escribo desde otra América Latina. Una América Latina que encontró una senda democrática, que se sabe con otros desafíos y donde se construyen sociedades más justas, más libres y más tolerantes. Falta mucho por hacer, pero si los desafíos son distintos, los sueños y las utopías permanecen. Y hacer realidad estos sueños requiere de esa ardiente paciencia que nutrió la vida de Salvador Allende hasta el último suspiro.

 

Por Ricardo Lagos* 10 SEP 2013 - 00:01 CET
 
*Ex presidente de Chile.

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Lunes, 26 Agosto 2013 06:25

Lecciones de una dictadura

Lecciones de una dictadura

1.- Paradoja chilena


 
A fines de la década de los años 80 del siglo XX, Chile y el mundo parecen inaugurar un nuevo tiempo histórico. Por aquellos años, cae el muro de Berlín, poniendo fin a la llamada Guerra Fría. Un cambio macro político destinado a abrir un nuevo curso a la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, en Chile, un plebiscito sacaba al dictador Augusto Pinochet de la primera magistratura del país. Un cambio micro político que significó el inicio de un proceloso camino hacia la restauración democrática, un camino que después de 40 años todavía no termina.


 
Sin tener plena conciencia de ello, el nuevo escenario nacional, e internacional, nos ofrecía lo que podemos llamar “la paradoja chilena”. Si bien el dictador se retiraba de la Moneda, refugiándose como comandante en jefe de su ejército, había dejado todo “atado, bien atado” para que la institucionalidad dictatorial siguiera presidiendo la política nacional por décadas. Con ello se garantizaba la impunidad de civiles y militares que habían actuado como verdugos, Pinochet el primero. Asimismo, se mantuvo un orden económico tremendamente ventajoso para banqueros e inversionistas criollos y extranjeros. Por último, se estructuró una legislación que dio garantías a los sectores de derecha para preservar mayorías parlamentarias mediante el llamado sistema binominal.


 
En pocas palabras, mientras el planeta entero enfrentaba una apertura inédita en la historia, preparándose para ingresar en procesos de mundialización, la institucionalidad chilena operó una clausura. Lejos de prepararse para cambios democráticos en la sociedad chilena, las elites locales se aferraron a una constitución heredada de la dictadura, acomodándose a ella. En una sociedad que hasta el presente se estructura casi como un régimen de castas, la constitución de Pinochet cristalizó una democracia oligárquica: clasista, excluyente y anti democrática.


 
De este modo, la dictadura de Augusto Pinochet fue el instrumento de una clase social para realizar el “trabajo sucio”, descabezando un movimiento popular ascendente a sangre y fuego, sembrando el territorio nacional de cadáveres. La barbarie en que se ha sumido la derecha chilena se prolonga hasta el presente bajo la forma de impunidad para los responsables –civiles y militares- de crímenes de lesa humanidad. Pero también en impedir la expresión democrática de las mayorías ciudadanas y en la represión de amplios sectores de chilenos que reclaman sus derechos, estudiantes, trabajadores.


 
En la hora presente y superada ya la falsa dicotomía que nos proponía como únicos modelos posibles el “socialismo real” de cuño soviético o el “neoliberalismo” de estilo occidental; surge en Chile, como en otros países de la región, la verdadera contradicción histórica y social que nos acompaña desde la independencia: Una democracia oligárquica que legitima la injusticia de los más o una democracia participativa que restituya la soberanía de nuestros pueblos.


 
2.- Dolores y enseñanzas


 
Las circunstancias históricas más aberrantes y trágicas han sido también una ocasión propicia para el aprendizaje y la reflexión. El sufrimiento individual y colectivo pareciera ser un acicate que nos muestra el significado de ciertos acontecimientos, más allá de lo intelectual, más allá de la emoción. Ni entender la racionalidad política de una acción militar ni la consternación ante la barbarie parecen suficientes ante tanto dolor y tanta muerte. Para entender cabalmente ciertos acontecimientos se requiere además “comprenderlos en su profundidad”. Esta comprensión está más allá de los conceptos y las emociones e implica una aprehensión que reclama un compromiso integral, pleno de intensidad y radicalidad, una genuina experiencia espiritual.


 
Desde una perspectiva tal, todo lo acontecido en Chile desde 1973 representa una degradación moral que solo puede avergonzar al género humano. El fatídico golpe de Estado protagonizado por Augusto Pinochet ha significado, ni más ni menos, poner en entredicho la “dignidad humana”, violentando los cuerpos y la vida de hombres y mujeres, muchos de ellos, desaparecidos hasta hoy. Los actos inspirados en el fanatismo homicida, en la codicia y el egoísmo solo multiplican el sufrimiento en víctimas y victimarios. La barbarie pervive cuando sigue impune, pues solo la justicia humana puede redimir parcialmente la ignominia.


 
Ningún uniforme es suficiente para ocultar lo que somos. Abusar o asesinar a otro, sea en nombre de cualquier ideología o creencia, es abusar o asesinar a un semejante. Este “saber moral” es aceptado por laicos y creyentes y se inscribe por derecho propio entre los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida. Chile ha debido compartir su tragedia con muchos otros pueblos de la tierra, el momento amargo de su dolorosa degradación. Un dolor que se expresa en miles de torturados, asesinados, desparecidos y en el luto de sus familiares. Un dolor que también se expresa en la vergüenza que ensombrece nuestro país hasta nuestros días, un dolor que se llama impunidad y se llama desigualdad e injusticia.


 
Las nuevas generaciones de chilenos deben aprender a vivir con las cicatrices de un pasado triste y vergonzante. Sin embargo, por lo mismo, se les impone el desafío de restituir la “dignidad” a la vida en nuestra sociedad. La dimensión profunda de nuestra historia, espiritual si se quiere, nos concierne a todos y atañe a nuestra estatura humana. No se trata de una cuestión etérea, lejana y ajena, la “dignidad” se realiza en la vida concreta de los pueblos donde cada individuo encuentra un lugar para su realización. En el presente, los chilenos estamos llamados a construir nuevos horizontes democráticos, inclusivos, participativos, que conjuguen el crecimiento material con el desarrollo moral, dejando atrás la tristeza y el rencor del siglo precedente.


 
3.- Fuerzas Armadas: Tarea Pendiente


 
Democratizar un país consiste en lo fundamental en ajustar las instituciones al amplio tejido social de la nación a la que sirve. En este sentido, se hace indispensable reconfigurar la institucionalidad chilena y eso pasa por una nueva constitución para nuestra república. Este nuevo diseño solo puede emanar de la voluntad soberana de un pueblo, cualquiera sea la forma en que ésta se exprese. Democratizar Chile es poner todas las instituciones de un estado responsable como garantía de una vida digna para hombres, mujeres y niños nacidos en este país, sin importar su condición social, su credo, ideología u origen étnico. En un Chile democrático todos deben encontrar su lugar, sin exclusiones.


 
En ese Chile democrático corresponde abordar el complejo problema de nuestras fuerzas armadas. Hasta el presente, se trata de un tópico que nadie quiere abordar, es un tabú político que los diversos partidos y figuras eluden, ignorando un aspecto fundamental para el presente y el futuro histórico del país. Plantear el problema de una profunda democratización de las fuerzas armadas es políticamente incorrecto, sin embargo, se trata de una cuestión insoslayable en los años venideros. Esto se explica, en parte, en el hecho evidente de que han sido las instituciones castrenses las que han protagonizado una dictadura atroz que nos avergüenza hasta hoy.


 
El papel de las fuerzas armadas en un Chile democrático no puede estar disociado del curso histórico del país en su conjunto. La dictadura de Augusto Pinochet y su constitución de facto politizó en extremo a los institutos armados, llegando al grotesco de asegurar a los comandantes en jefe un sillón parlamentario, formando a generaciones de oficiales en doctrinas foráneas y anti patrióticas de “seguridad nacional”, que conciben a los sectores sociales oprimidos como un “enemigo interno”. Esta profunda distorsión de la herencia de nuestros héroes sigue pesando en los cuarteles, convirtiendo a las fuerzas armadas en verdaderos gendarmes de un Estado policial.


 
El Chile del mañana requiere de unas fuerzas armadas democráticas, garantizando el acceso a sus institutos de todos los jóvenes chilenos sin exclusiones clasistas como acontece en la actualidad. Las instituciones de la defensa nacional requieren recuperar un nuevo sentido de patriotismo, tan profundo como generoso. En tanto instituciones del Estado chileno, no es aceptable que sean convertidas en cotos cerrados donde reina el nepotismo, como una entidad parásita y ajena a los problemas del país. Una democracia robusta no puede desarrollarse mirando al mundo militar como una amenaza presente o futura. Construir una nueva relación con los uniformados en un país democrático es uno de los grandes desafíos de Chile en el presente siglo, una nueva relación que deje atrás la triste historia que ya conocemos.


 
4.- Lecciones de una dictadura


 
Suele acontecer en la historia que tras muchas décadas se vuelve en espiral al mismo punto de partida, pero en un nivel cualitativamente distinto. El caso del golpe de Estado en Chile, pareciera confirmar esta sentencia. Al observar las últimas décadas se constata que las razones profundas que llevaron en su momento, a la elección de Salvador Allende y su singular “vía chilena al socialismo” nunca han desaparecido. El fundamento último de la llamada Unidad Popular fue la aspiración de una parte importante de la población de ver realizadas sus aspiraciones de justicia social frente a una democracia oligárquica por definición desigual y excluyente.


 
Si bien el pasado, el presente y el futuro constituyen categorías temporales, lo cierto es que el imaginario histórico y social se define más bien como una “experiencia histórica”, esto es, como un tiempo vivido. En este sentido, todo “ahora”, tal y como nos enseña Benjamin, actualiza su pasado histórico como un “otrora” un presente diferido que adquiere una nueva significación en una circunstancia actual. Ese “otro ahora” no ha desaparecido de la subjetividad colectiva, está allí cristalizado en recuerdos, testimonios, imágenes, en fin, está inscrito simbólicamente como una posibilidad cierta. No se trata desde luego, de reeditar experiencias históricas sino de reconocer en ella su fundamento histórico y moral.
 


Desde esta perspectiva, la superación de la Guerra Fría y su falsa oposición entre un socialismo de cuño soviético o un capitalismo al estilo occidental, torna más nítido el carácter histórico político de la fisura latinoamericana. En efecto, en este “ahora” del siglo actual surge con mayor claridad el imperativo de dejar atrás las formas arcaicas de una democracia oligárquica sedimentada desde los albores de nuestra independencia y cuya expresión más reciente es la constitución de facto impuesta por una dictadura militar.


 
La guerra de Augusto ha sido el intento más acabado de refundar un país, afirmando, al mismo tiempo, su tradición oligárquica. Esta empresa, empero, está llegando a su fin. Como señaló el mismo Allende aquel histórico 11 de septiembre de 1973: “Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. Tales palabras adquieren hoy su sentido más pleno y profundo, pues las nuevas generaciones retoman los pasos de un proceso democrático cuyo sentido es el mismo de hace cuarenta años: el anhelo de una mayor justicia social para las mayorías.


 
Es cierto, otros son los protagonistas, otras las voces. Es cierto, muy diversas las circunstancias del mundo y de nuestro país. Otros los matices de la historia presente, mas los gritos y demandas en las calles nos traen los ecos de ese otrora que reclama su presente. Hay un sutil hilo de seda que atraviesa el tiempo aparente, diríase un mismo espíritu que anima dos épocas separadas por tanto dolor, por tanto silencio. Es la marcha humana de muchedumbres en las calles, hombres, mujeres, niños, construyendo su destino en el océano infinito de tiempo y de historia, su propia historia.


 

Por Álvaro Cuadra , investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS, Chile.

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