Jueves, 11 Julio 2013 06:14

Razzia de líderes de los Hermanos

Mohamed Badie

La Justicia egipcia ordenó ayer la detención del Guía Supremo de los Hermanos Musulmanes y otros responsables de la cofradía por los enfrentamientos de más de 50 muertos el lunes –aunque los islamistas denuncian que fue una masacre a sus seguidores por parte del Ejército–, en un clima de tensión desde el derrocamiento de Mohamed Mursi hace una semana. Al mismo tiempo, el nuevo primer ministro egipcio, Hazem Beblawi, iniciaba consultas para formar un gobierno de transición, en un contexto de desconfianza por parte de los laicos anti Mursi y con la hostilidad de los defensores del ex presidente.

 

El fiscal general ordenó la detención de Mohamed Badie, acusado de incitación a la violencia en los disturbios que tuvieron lugar el lunes frente a la sede de la Guardia Republicana de El Cairo. El Guía Supremo de los Hermanos Musulmanes ya era objeto de una orden de detención por otros episodios violentos. Además, fuentes judiciales indicaron que unas 200 personas fueron inculpadas en relación con estos disturbios, que causaron 53 muertos y 480 heridos durante una manifestación de defensores de Mursi, según un último balance del Ministerio de Sanidad.

 

Según los Hermanos Musulmanes, que lo consideraron una “matanza” y llamaron a un “levantamiento”, soldados y policías dispararon sin motivo a los manifestantes, mientras el ejército alegó haber actuado tras un ataque de “terroristas armados”. La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y un colectivo de 15 ONG locales criticaron la actitud “desproporcionada” del ejército al reprimir esa manifestación y reclamaron una investigación independiente. “Incluso si algunos manifestantes pudieron mostrarse violentos, la respuesta del ejército fue desproporcionada y es la causa de muertes y heridas”, consideró AI.

 

Por su parte, el derrocado presidente Mohamed Mursi se halla “en un lugar seguro por su propio bien”, “está siendo tratado dignamente” y por el momento no se retienen cargos contra él, aseguró ayer un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Horas después de su designación, el nuevo primer ministro, nombrado junto al Premio Nobel Mohamed El Baradei como vicepresidente, debía formar cuanto antes un gobierno de transición.

 

El nuevo primer ministro, de 76 años, que fue viceprimer ministro y ministro de Finanzas en 2011 durante el primer período de transición post Mubarak, y además con una larga carrera en varias instituciones económicas privadas y públicas, egipcias e internacionales, debe tomar medidas para reactivar la economía, muy debilitada por la caída del turismo, el derrumbe de las inversiones extranjeras y un descenso importante de las reservas en divisas.

 

Un portavoz de la presidencia declaró que Beblawi propondrá “algunos puestos” gubernamentales a los Hermanos Musulmanes, lo que ya fue rechazado por ellos por provenir de “golpistas”. Además, el plan de transición presentado el martes por el presidente interino, Adly Mansur, fue rechazado por los islamistas y criticado por la coalición laica y el movimiento Tamarrod, que convocó las manifestaciones que llevaron a la caída de Mursi. El plan prevé la adopción de una nueva Constitución y la celebración de elecciones legislativas este año, entre otras cosas.

 

Por su lado, la coalición laica Frente de Salvación Nacional (FSN), dirigida por Mohamed El Baradei, suavizó su postura ayer tras rechazar el plan, lamentando no haber sido consultado y reclamando cambios. Kuwait, por su parte, anunció la concesión de una ayuda de 4000 millones de dólares a Egipto, lo que eleva a 12.000 millones la asistencia de tres países árabes del Golfo a El Cairo desde el derrocamiento de Mursi.

 

Los dos bandos, los defensores y detractores de Mursi, siguen muy movilizados en las calles un día después de los funerales de decenas de manifestantes islamistas muertos el lunes. Además, el martes por la noche, varios ataques de militantes armados contra una base de la policía y dos puntos de control causaron otros dos muertos en la península del Sinaí. Por otro lado, un nuevo fiscal general, Hicham Barakat, fue nombrado este miércoles en sustitución de Abdel Meguid Mahmud, nombrado bajo la presidencia de Mubarak y quien dimitió el martes alegando posibles conflictos de intereses, indicaron fuentes judiciales. Mursi, primer presidente civil democráticamente elegido en Egipto tras la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011, fue depuesto el 3 de julio por los militares.

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Miércoles, 10 Julio 2013 06:24

Un liberal asume como premier de Egipto

Un liberal asume como premier de Egipto

Las autoridades de facto de Egipto nombraron ayer a un premier interino, lograron 8000 millones de dólares de ayuda de países árabes y el apoyo inicial de Estados Unidos a su plan de transición política, tomando un poco de aire un día después de la jornada más cruenta desde el golpe de Estado de la semana pasada. El anuncio de la designación del economista liberal Hazem Beblawy como primer ministro y del líder político y Premio Nobel de la Paz Mohamed El Baradei como vicepresidente llegó horas después de que las autoridades interinas presentaran un cronograma para enmendar la Constitución y elegir Parlamento y presidente el año próximo.

 

El calendario demuestra la voluntad del ejército de seguir adelante con sus planes pese a la persistente resistencia callejera de los islamistas Hermanos Musulmanes, que exigen que se reinstale en su puesto al presidente Mohamed Mursi, dirigente de ese movimiento derrocado por los militares el 3 de julio. El cronograma se conoció el lunes a la noche, horas después de que el ejército abriera fuego en El Cairo contra una multitud de personas que protestaba contra el golpe y matara a 51 manifestantes islamistas, desatando una ola mundial de condenas que puso a los golpistas, que buscan el reconocimiento internacional, bajo intensa presión.

 

Beblawy, de 76 años, fue ministro de Finanzas en uno de los gabinetes formados después de la revuelta que derrocó al ex presidente Hosni Mubarak, en marzo de 2011, cuando el ejército tomó el mando de la transición política. Pero renunció en octubre de 2011 por su desacuerdo con la actuación del ejército en la masacre de 26 manifestantes coptos (cristianos egipcios) en enfrentamientos con los militares. Beblawy es uno de los dirigentes fundadores del Partido Socialdemócrata, que nació tras la revolución contra Mubarak. El partido de Beblawy es una de las facciones laicas del Frente de Salvación Nacional, movimiento que agrupa a fuerzas opositoras y que motorizó las masivas protestas para exigir la renuncia de Mursi que precedieron a su destitución por las fuerzas armadas.

 

En el caso de El Baradei, que ahora fue designado vicepresidente interino a cargo de las Relaciones Exteriores, ya había sido el primer candidato para encabezar el nuevo gobierno de transición y su designación llegó inclusive a ser anunciada, pero el rechazo del mayor partido salafista, Al Nur, frenó su nombramiento. En un hecho importante, el nombramiento de Beblawy sí fue aceptado ayer por Al Nur, que fue aliado de Mursi y los Hermanos Musulmanes, pero que apoyó el golpe de Estado de la semana pasada.

 

El nombramiento de un premier y el anuncio del plan de transición también buscan responder positivamente a llamados de Estados Unidos y otras naciones a un rápido retorno a la democracia. La Casa Blanca se declaró alentada por el plan para la transición en Egipto anunciado por el presidente interino Adly Mansour, pero siguió sin aclarar si considera un golpe de Estado el derrocamiento de Mursi, lo que obligaría a Washington a suspender su ayuda de 1500 millones de dólares anuales a Egipto. “Estamos cautelosamente alentados” por la declaración de Mansour, dijo el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney. El portavoz reiteró el llamado a todos los egipcios a evitar la violencia y protestar pacíficamente.

 

En otro espaldarazo vital para las autoridades de facto, Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos (EAU) anunciaron ayer ayudas por 8000 millones de dólares al gobierno interino egipcio. La ayuda de EAU, una donación de 1000 millones y un préstamo sin intereses de 2000 millones, fue anunciada tras una reunión en El Cairo entre Mansour y el consejero de seguridad nacional emiratí, Huzaa Bin Zaid al Nahyan. Arabia Saudita, paralelamente, aprobó un paquete de ayuda para El Cairo de 2000 millones depositados en su Banco Central, 2000 millones en productos energéticos y 1000 millones en efectivo, informó ayer el ministro de Finanzas saudita, Ibrahim Alassaf.

 

Los acontecimientos llevan bastante alivio a un ejército que había quedado en el ojo del huracán tras la matanza del lunes, de los 51 seguidores de Mursi frente al edificio de la Guardia Republicana, donde se cree que estuvo o está preso Mursi.

 

En medio de una verdadera guerra mediática donde las acusaciones cruzadas están a la orden del día, los seguidores de Mursi convocaron para ayer a nuevas manifestaciones, pero bien entrada la noche no había habido grandes protestas ni hechos de violencia. Los Hermanos Musulmanes hicieron conocer también ayer su rechazo al calendario electoral propuesto por Mansour. La brutalidad vivida durante toda la jornada del lunes, la cantidad de muertos y heridos, más de 400, la inmensa mayoría islamistas que cayeron bajo el fuego de los militares egipcios, tuvo una tregua en la madrugada, aunque la bronca y la indignación continuaron flotando en el ambiente durante todo el día. Fue así que no sorprendió que desde esos sectores convocaran ayer a ganar nuevamente las calles en la cairota plaza Rabaa al Adaweya y en Nasr City, donde se perpetró la masacre de la víspera.

 

Aunque la gente nunca dejó las calles, no sólo por el campamento con más de medio millar de improvisadas tiendas, sino también porque en los alrededores de la mezquita de Rabaa al Adaweya continuaron los funerales de muchas de las víctimas del lunes. Así, bajo un sol calcinante y con 36 grados de temperatura, se mostraban féretros, algunos de ellos sin la tapa y otros envueltos en la bandera egipcia, pasándolos entre los brazos alzados y al grito de “venganza, venganza”.

 

En respuesta a la convocatoria de los islamistas, unos 4000 partidarios del golpe se concentraron ayer en la plaza Tahrir, epicentro de las revueltas contra Mursi y Mubarak, para respaldar pacíficamente el plan de transición anunciado el lunes a la noche y contrarrestar posibles protestas de los Hermanos Musulmanes. La televisión estatal, antes utilizada a placer por el gobierno de Mursi, es el medio elegido para replicar la desacreditada versión del ejército de que los soldados dispararon ayer para evitar un ataque de “terroristas” contra la Guardia Republicana. Allí sólo pueden verse imágenes asépticas brindadas por el ejército, en las que se ve gente caminando en el lugar donde tuvo lugar la represión como si nada hubiese pasado, así como de militares heridos, pero casi ningún islamista y mucho menos muertos de los seguidores de Mursi.

 

Desde el otro lado, al quitársele los medios estatales y perseguir fuertemente a los que están contra el golpe de Estado, el espacio propagandístico quedó reducido a las redes sociales, aunque el poder de inserción que tienen no es menor, como quedó demostrado desde la revuelta contra Mubarak. Así, el único medio equilibrado que por estos días parece haber quedado en Egipto es el diario AlWatan, que publica información de ambos sectores y no dudó en denunciar que Estados Unidos estuvo detrás del golpe de Estado.

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Al menos 51 muertos y 440 heridos por ataque a manifestantes egipcios

Los cuerpos yacían en el piso gris, salpicados de manchas de sangre. Tres estaban cubiertos con una frazada morada y verde; otros dos estaban bajo una bandera egipcia. Al lado de los cadáveres desfilaba una fila interminable de lesionados. Muchos parecían al borde de la muerte.

 

La masacre en la mezquita de Rabaa al-Adawiya había dejado al menos 51 muertos y más de 440 heridos, otro paso brutal en el descenso, al parecer inexorable, de esta nación hacia el caos. La Hermandad Musulmana, cuyos partidarios fueron abatidos, convocó a un levantamiento contra la alianza encabezada por militares que depuso de la presidencia a Mohamed Mursi, uno de los suyos.

 

Al mismo tiempo, el movimiento islamita advirtió a la comunidad internacional que Egipto se convertirá en “la nueva Siria” si no se toman medidas “para que cesen los ataques contra el pueblo”.

 

Los manifestantes afirmaron que entre los muertos había cinco niños, uno de apenas seis meses de nacido. Las autoridades no lo confirmaron, pero en los campamentos de protesta se encontraban familias enteras y aún estaban allí después de las balaceras de este lunes, congregadas bajo los árboles, en los que se veían perforaciones de bala.

 

Las muertes desencadenaron una inmediata reacción política. El partido conservador religioso al-Nour, que había respaldado la acción del ejército contra Mursi, anunció que ya no participaría en las pláticas para designar un primer ministro interino. El gran muftí de la Universidad al-Azhar, la autoridad de mayor jerarquía en el islam sunita, quien avaló el mapa de ruta de los militares para el futuro del país, advirtió sobre el peligro de una guerra civil y declaró que entraría en retiro hasta que cesara el baño de sangre.

 

Facciones partidarias y adversarias de Mursi se acusaron unas a otras de comenzar la racha de asesinatos. Sin embargo, hay evidencias de que algunas muertes y lesiones se produjeron cuando las víctimas decían sus oraciones matinales, arrodilladas de espaldas a la dirección de la que provenían los disparos. Habían acampado durante la noche fuera del cuartel de la Guardia Presidencial, donde creen que Mursi está preso, y juraban liberarlo.

 

El ejército afirmó que abrió fuego en defensa propia, luego de que “terroristas” dispararon en su contra. El vocero Ahmed Alí aseguró que un soldado y un policía resultaron muertos, y que los uniformados actuaron con “prudencia y paciencia”.

 

“Nos encaminamos hacia un Estado civil verdaderamente democrático que tendrá la admiración del mundo”, añadió.

 

La televisión oficial mostró imágenes de una multitud de islamitas arrojando piedras a los soldados. De atrás de un muro aparecían jóvenes que lanzaban bombas molotov, junto con hombres que usaban armas de fuego hechizas. Sin embargo, no está claro dónde y cuándo se hicieron esas tomas.

 

La Hermandad Musulmana insistió en que el fuego no fue provocado y que sus partidarios se han manifestado en forma pacífica a lo largo de la crisis actual. Sin embargo, seguidores de esa agrupación participaron en encuentros con las fuerzas de seguridad y con adversarios el viernes pasado, en los que cuatro personas perecieron.

 

Doce personas entrevistadas en la escena de los tiroteos –entre ellas media docena de heridos– negaron que los manifestantes usaran armas de fuego. Si bien dos reconocieron haber lanzado piedras, sus relatos, dados por separado, muestran el cuadro de un periodo de relativa calma que se rompió de súbito en la semioscuridad. A eso de las 4 de la madrugada comenzaron a estallar entre ellos bombas de gas lacrimógeno, seguidas de tiros de ametralladora y luego balas.

 

Adly Mansur, presidente interino, expresó “profunda pena” y prometió una investigación judicial por las muertes. Mohamed El Baradei, ex dirigente de la Agencia Internacional de Energía Atómica que ha respaldado el derrocamiento de Mursi, quien se prevé será el primer ministro, también llamó a una indagatoria.

 


Aun si los militares hubiesen enfrentado disparos y bombas molotov, una pesquisa objetiva necesitaría evaluar si se justificaba la escala y ferocidad de la respuesta. “Es lo menos que pueden hacer”, comentó Amir el-Gabar, de 30 años de edad, herido de un disparo en el hombro. “Miren, soy médico, no terrorista. Nunca he disparado un arma en la vida y vean lo que me pasó.

 

“No voy a decir que no hubo problemas en otra parte de la protesta, porque no lo sé. Pero donde yo estaba no había disturbios. Decíamos nuestras primeras oraciones cuando comenzaron los disparos y caí de bruces. Traté de ayudar a otros, pero no podía mover el brazo.”

 

Salé Akef, de 22 años, quien estaba en la manifestación con su hermano Abdulaziz, de 18, recordó que el imán que dirigía los rezos “empezó a tartamudear y ahogarse” cuando el gas lacrimógeno comenzó a esparcirse. “No podíamos ver, estábamos tosiendo… traté de encontrar a mi hermano y vi un soldado con una rodilla en tierra, apuntándome. Disparó y me dio.” La bala le atravesó el codo derecho.

 

“Sé que hubo niños heridos; yo vi a uno muy pequeño. Su padre lo llevaba en brazos. No sé por qué hicieron esto, pero fue deliberado. Al final quitaron el alambre de púas para tirar desde más cerca. Les lanzamos piedras, pero sólo para evitar que se acercaran.”

 

Hazem Mamdouh aceptó que se arrojaron piedras después de la primera ronda de gas lacrimógeno, pero negó con vehemencia que los manifestantes usaran armas. “Los medios dicen que somos terroristas. Dicen que disparamos, cuando en realidad estábamos orando de espaldas a ellos.

 

“Cuando comenzó la balacera nos empujaron hacia la calle Tairan; a todos, hombres, mujeres y niños. Parecía que cada cinco minutos mataban a alguien. Nunca vi nada igual, ni siquiera en la primera revolución de enero de 2011. Ni las tropas de Hosni Mubarak hubieran hecho esto.”

 

Pero la simpatía hacia los islamitas era escasa entre sus opositores. Samir Abbas, quien ha estado entre los miles de manifestantes que se han juntado contra Mursi en la plaza Tahrir en días recientes, señaló: “La Hermandad tuvo el poder hasta la semana pasada y no vaciló en usar la policía para reprimir a quienes se manifestaban contra ella. Los esbirros de la Hermandad atacaban y tundían a los opositores todo el tiempo. Ni por un momento creo que no hicieran nada y que el ejército simplemente abrió fuego. Sabemos lo tortuosos que son”.

 

La actual polarización en la sociedad egipcia también se reflejó en una conferencia de prensa dada por las fuerzas de seguridad, durante la cual periodistas locales demandaron y obtuvieron la exclusión del corresponsal de Al Jazeera. Se dice que la televisora qatarí tiene vínculos estrechos con la Hermandad Musulmana. Algunos periodistas aplaudieron a los voceros de la policía y el ejército.

 

Los militares ofrecieron a los manifestantes remanentes la oportunidad de retirarse de Rabaa al-Adawiya y sostuvieron que nadie que obedeciera la ley sería perseguido. El campamento improvisado donde se produjo la balacera está ahora bajo control de las fuerzas de seguridad.

 

Muchos de los atrapados en la violencia habían abandonado sus pertenencias al huir; la tarde de este lunes, policías abrían bolsos y carteras dejados allí, para revisar documentos.

 

Por Kim Sengupta y Alastair Beach
The Independent

 

Traducción: Jorge Anaya

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El 'viernes de rechazo' termina con 30 muertos en Egipto

La aparente calma ha vuelto, al menos temporalmente, a las calles de El Cairo tras una noche de tensión en Egipto. El 'viernes de rechazo' convocado por los Hermanos Musulmanes dejó al menos 30 muertos en todo el país, según el Ministerio de Sanidad. La mayor parte de los muertos se produjeron en la capital y en la ciudad de Alejandría.

 

En Alejandría al menos doce personas murieron en los enfrentamientos entre seguidores y detractores del expresidente egipcio Mohamed Mursi. Así lo ha confirmado el director de la Autoridad de Ambulancias de Alejandría, Amr Nasr, a la agencia estatal de noticias egipcia, MENA. Nasr indicó que alrededor de 200 personas resultaron heridas en los choques. El Ejército y la Policía egipcia intervinieron para aplacar los disturbios. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los miles de manifestantes pro Mursi que seguían en las calles se prolongaron hasta la madrugada del sábado.

 

En El Cairo también hubo serios disturbios con víctimas mortales. Decenas de miles de islamistas se congregaron tras el rezo del mediodía en la plaza Rabea al Adauiya, en el este de El Cairo. Su marcha en dirección a los cuarteles de la Guardia Republicana, donde presuntamente se encuentra recluido el derrocado presidente egipcio, se topó con el Ejército, que controla el país tras la asonada militar. Los soldados dispararon contra los manifestantes y dejaron entre tres y seis muertos, según las diferentes informaciones, y decenas de heridos. Un portavoz castrense aseguró que sólo utilizaron gases lacrimógenos y balas de fogueo. En el vídeo que acompaña esta información, grabado por un miembro de los Hermanos Musulmanes, se puede apreciar el momento de los disparos y cómo una persona cae abatida.  

 

Tras dos días de ambiente triunfalista en El Cairo por el golpe de Estado, el día concluyó con enfrentamientos entre seguidores y detractores de Mursi que se lanzaban piedras y bengalas. Los choques, que se concentraron en el puente 6 de Octubre, sobre el río Nilo, podrían haber dejado varios muertos. Los simpatizantes del exmandatario abandonaron su concentración en el barrio de Ciudad Nasser y se dirigieron hacia la sede de la televisión estatal, a escasos metros de la plaza Tahrir, donde todavía se celebra la caída de Mursi. El caos se llegó a apoderar de la zona, donde el Ejército desplegó varios tanques para contener la violencia.

 

A la concentración islamista en defensa de la legitimidad de Mursi, elegido en las urnas hace un año, se unió el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie. Su aparición en público desmiente las informaciones que el jueves aseguraban que había sido detenido. "Somos libres y seguiremos el camino de la revolución", clamó ante sus seguidores. Badie llamó a seguir manifestándose hasta que Mursi vuelva al poder: "Permaneceremos en todas las plazas hasta sacar en hombros a nuestro presidente. De aquí nadie se va a marchar. Mursi es nuestro presidente, somos millones. Alá es grande".

 

El guía espiritual de los islamistas apuntó que su grupo sólo reconocerá la legitimidad de Mursi y de las instituciones elegidas democráticamente. "Esta manifestación refleja a todo Egipto, con sus diferentes facciones. Conseguiremos recuperar los derechos del pueblo egipcio, que han sido obviados con esta desgraciada conspiración", espetó, momento en el que los manifestantes empezaron a corear cánticos contra el jefe del Ejército, Abdel Fatah Sisi. Badie insistió en que el pueblo egipcio "devolverá al poder a Mursi sobre sus hombros y sacrificará sus almas por él". "Dios es más grande que todos los que derraman la sangre de los mártires revolucionarios", proclamó.

 

Toque de queda en el Sinaí

 


Los militares se pusieron en "estado de alerta" por la mañana en Suez y en la Península del Sinaí tras los ataques perpetrados por grupos armados que han dejado cinco policías y un soldado muerto. Al caer noche, las fuerzas armadas impusieron el toque de queda en las ciudades de Sheikh Zuweid y Rafah. Anteriormente, habían ordenado cerrar por tiempo indefinido del paso de Rafah, la vía de tránsito más importante entre Egipto y Gaza. En total, diez zonas de la península han registrado enfrentamientos armados en los últimos dos días después de que milicias amenazaran en varios vídeos con lanzar una guerra contra las fuerzas armadas. Según el diario Al Ahram, habrían muerto 20 yihadistas.

 

También se han registrado en otras zonas del país enfrentamientos entre seguidores y detractores de Mursi. En Alejandría han resultado heridas 307 personas, según la televisión qatarí Al Yazira. Los choques también estallaron en algunas localidades del delta del río Nilo como Damanhur, donde personas contrarias a Mursi intentaron retener a miembros de los Hermanos Musulmanes y decenas de personas fueron heridas


Los Hermanos Musulmanes y otros grupos afines convocaron para este viernes manifestaciones para condenar el golpe de Estado perpetrado por el Ejército, que el pasado miércoles depuso a Mursi y designó como mandatario interino del país al presidente del Tribunal Constitucional,Adli Mansur. Los islamistas también protestan contra la ola de detenciones de los líderes de la Hermandad, el grupo en el que militó Mursi hasta acceder al poder. A última hora del viernes, la Fiscalía egipcia ordenó la puesta en libertad de dos importantes dirigentes: Saad El Katatni, jefe del ala política y ex presidente del Parlamento, y Rashad al Bayoumi, uno de los vicejefes del grupo.

 

Mansur, en un primera declaración constitucional, ordenó el viernes la disolución del Parlamento, dominado por el brazo político de los Hermanos Musulmanes. Sólo permanecía activa la Cámara Alta del Parlamento, el Consejo de la Shura, ya que la Cámara Baja fue disuelta por las autoridades militares al derrocar a Musi. El jefe de Estado interino tambiénnombró a Mohamed Ahmed Farid como nuevo director de los servicios de Inteligencia en sustitución de Mohamed Raafat Shehata, designado por el presidente depuesto.

 

La Unión Africana suspende a Egipto

 

Como respuesta al golpe de Estado, la Unión Africana (UA) decidió este viernes suspender a Egipto de la organización. "El Consejo de Paz y Seguridad de la UA decide suspender la participación de Egipto en las actividades de la UA hasta la restauración del orden constitucional tras el derrocamiento del presidente democráticamente elegido". Asimismo, la UA acordó enviar una delegación de alto nivel al país. Egipto, al igual que Guinea Bissau (donde hubo un golpe de Estado en 2012), República Centroafricana (golpe de Estado en 2013) y Madagascar (golpe de Estado en 2009), queda apartado de la organización.

 

El Ejército negó a través de un comunicado que esté tomando "medidas excepcionales o arbitrarias contra cualquier facción política", en medio de las críticas vertidas tras la detención de altos cargos islamistas y periodistas afines. "La sabiduría, el verdadero nacionalismo y los valores humanos constructivos a los que se refieren todas las religiones requieren de nosotros que evitemos tomar cualquier medida excepcional o arbitraria contra cualquier facción política", defendió.

 

Las Fuerzas Armadas reiteraron que "los derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión están garantizados para todo el mundo, porque es uno de los logros más importantes del pueblo egipcio durante la gloriosa revolución". Sin embargo, advirtieron de que "el excesivo uso de estos derechos podría tener implicaciones negativas, como el bloqueo de carreteras, el retraso de los beneficios públicos y la destrucción de instituciones, suponiendo una amenaza para la paz social y los intereses nacionales y dañando la seguridad y la economía".

 

52 muertos en los enfrentamientos


Sin contar los fallecidos de este viernes, el Ministerio de Sanidad ofreció un balance de las víctimas de los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mursi: desde el pasado fin de semana murieron 52 personas y resultaron heridas 2.619. El domingo, cuando se produjeron las multitudinarias manifestaciones para reclamar la renuncia de Mursi, murieron 16 personas en El Cairo y otras provincias, ocho de ellas en los enfrentamientos que hubo en la sede de los Hermanos Musulmanes en la capital.

 

El martes por la noche, 18 personas murieron y otras 619 resultaron heridas en los sucesos ocurridos en un barrio de la localidad de Giza, próxima a El Cairo, siendo este el incidente más mortífero desde que comenzaron las protestas. Partidarios de Mursi se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en la Universidad. Después de que el Ejército derrocara a Mursi este miércoles, once personas murieron y otras 516 resultaron heridas, de las que 362 siguen recibiendo tratamiento médico, según el Ministerio de Sanidad.

 

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Jueves, 03 Enero 2013 07:32

La primera bicicleta

La primera bicicleta

En unas declaraciones a la radio Montecarlo de Montevideo, muy difundidas en el exterior, el presidente José Mujica, al expresar sus dudas acerca del futuro de la revolución bolivariana de llegar a faltar el presidente Hugo Chávez, ha dicho también que sus interrogantes se abren ante el hecho de que en el Caribe los caudillos tienen gran ascendencia en las fuerzas armadas y las clases populares. Crear una sucesión viene a ser entonces difícil. Chávez tiene una enorme influencia, y lograr una figura que concite ese apoyo es bravo”.

 

A pesar de su gratitud con Chávez, porque ha prestado ayuda económica a Uruguay en momentos cruciales, y hay que ser agradecido porque si no “uno escupe en la mesa que come”, en lo que tiene sobrada razón, el presidente Mujica expresa sus juicios desde el balcón democrático de su país, y los toros se quedan bastante de largo. Un tipo de régimen como el de Venezuela no es posible en Uruguay, nos quiere decir, y en eso también tiene razón, a pesar del episodio de la dictadura militar que lo tuvo a él mismo en la cárcel por guerrillero tupamaro, un episodio que la tradición institucional uruguaya ha sabido enterrar bajo el peso de las leyes. Y aquella fue, además, una dictadura sin caudillos para la historia, porque hoy los nombres de los chafarotes que usurparon el poder no son ni recordados, ni reverenciados.

 

Donde discrepo del presidente Mujica, a quien admiro, es en su juicio acerca del origen del caudillismo que se basa en el apoyo de las fuerzas armadas y de las masas populares. Ese tipo de caudillismo no nació en el Caribe revuelto, sino muy cerca de Uruguay, al otro lado del río de la Plata, en Argentina, con el advenimiento de la figura del general Juan Domingo Perón, quien empieza a escalar posiciones de poder a raíz del golpe de Estado de 1943, cuando convirtió una oscura dependencia, el departamento de Trabajo, en su plataforma populista para alcanzar su primera presidencia en 1946.

 

Las historias del general Perón y del coronel Chávez son muy parecidas. Conspiraciones dentro del ejército, golpes de Estado, contragolpes, uno y otro prisioneros, uno y otro sacados de la cárcel en medio del fervor popular, elecciones y relecciones; pero este artículo no trata de sus vidas paralelas, sino del fenómeno del caudillismo populista, que nació en el cono sur, y no en las tradicionales repúblicas bananeras del Caribe, donde, claro está, hubo en los años de la guerra fría, y desde antes, numerosas dictaduras, pero los caudillos eran de otro corte, Trujillo, Somoza, Batista, Pérez Jiménez.

 

Era una fauna de “hombres fuertes”, según el eufemismo escogido entonces por la prensa de Estados Unidos para nombrarlos, que no escatimaban la represión más violenta, asesinatos, cárcel, tortura, mientras Washington miraba hacia otro lado. Todos provenían de golpes de estado, y gozaban del apoyo de las fuerzas armadas, pero no tenían arraigo en las masas, como Perón, y tampoco gobernaban con la mano abierta para repartir dádivas, techos de lámina, bonos a los empleados públicos, paquetes de alimentos, máquinas de coser, bicicletas, sillas de ruedas, juguetes a los niños, vestidos de primera comunión, una manera espuria de lograr la adhesión popular, que con el tiempo llega a rendir óptimos frutos.

 


La dádiva, como fundamento social y sicológico del populismo, la inventó Perón junto con su esposa Evita, en una Argentina entonces dueña de recursos cuantiosos, con las reservas en oro más altas del mundo, y he aquí otro paralelo, tan cuantiosos como los recursos petroleros de Venezuela hoy día; y disponer de recursos para poder regalar es uno de los requisitos esenciales del populismo. Un caudillo regalón en un país pobre no es posible, o al menos no lo es a mediano o largo plazo, porque las finanzas públicas quebrarían antes de que el caudillo pudiera ver los frutos de su política de arcas abiertas; salvo que otro caudillo, de verdad rico, le abone los recursos necesarios para ser dadivoso en la pobreza, a manera de un gran banco principal, al que no preocupan sus cuentas en rojo, que provee de recursos a sus sucursales.

 

El presidente Mujica también tiene razón cuando duda de que alguien pueda concitar el apoyo de Chávez una vez que éste ya no esté más en el escenario político. Chávez ha ganado su arraigo entre las masas no sólo por su política de dar a manos llenas, como padre generoso, sino porque tiene tras de sí una leyenda, y ha sido dueño de un indudable carisma. Al desaparecer, sin duda su leyenda va a quedar, tratándose de un hombre relativamente joven, y morir joven es una necesidad de la leyenda, tal como en el caso de Evita; pero la leyenda y el carisma no pueden heredarse tan fácilmente, aunque el caudillo nombre a su heredero. El llamamiento que ha hecho desde su lecho a la cúpula militar para que las fuerzas armadas se mantengan unidas, viene a probarlo; los únicos que pueden ejecutar el testamento del caudillo son los militares.

 

Perón no salió del escenario al ser derrocado por el golpe de Estado de 1955, y desde el exilio pudo reconstruir su plataforma para regresar triunfante en 1973, y aún pudo maniobrar para dejar en la presidencia a su segunda esposa, Isabel Perón, tras su muerte en 1974, una sucesión que resultó en un verdadero desastre, y creó el caldo de cultivo para la instauración de la dictadura militar en 1976. Pero el peronismo como tal, esa extraña amalgama de concurrencias ideológicas y sentimentales, y no pocas veces esotéricas y religiosas, una devoción que se hereda de padres a hijos, sigue vivo, como sin duda seguirá vivo por muchos años el chavismo, mientras haya quien recuerde quién le regaló su primera bicicleta, o su vestido de primera comunión.

 

Masatepe, enero de 2013.

 

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Martes, 20 Noviembre 2012 11:47

¿Más falsos positivos e impunidad?

El mes de octubre pasado la Cámara de Representantes aprobó en sexto debate la reforma constitucional al fuero militar, lo que traería un grave retroceso al Estado de derecho democrático. En un Estado democrático y de derecho, las fuerzas armadas no solo deben estar subordinadas al poder civil en lo administrativo y militar, sino también en lo judicial.


La diferencia entre un civil y un militar es que el primero

siempre puede militarizarse, pero el segundo rara vez

puede civilizarse.

Georges Clemenceau

 

Si, como decía Clemenceau, "la guerra era algo muy serio para dejarlo en manos de los militares", tampoco la justicia que sanciona el uso indebido y criminal de la fuerza militar se debe dejar en sus manos adiestradas para matar. Si bien la expresión puede parecer peyorativa, se corresponde con la realidad; aunque en rigor, parafraseando a Clemenceau, la guerra, como la justicia, es algo muy serio para dejarlo en manos de ignorantes, sean éstos militares o civiles. La justicia penal militar es una institución cuya existencia no se justifica en un Estado democrático de Derecho, donde debe existir una clara y total división de poderes, es decir, distintas ramas del poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial o de control) deben ser independientes y no desarrollar unas las labores de otras.

Los distintos fueros no tienen razón de existir, pues constituyen una odiosa desigualdad en el tratamiento a los ciudadanos. En los Estados democráticos fueron abolidos a partir de la Revolución Francesa, que instituyó como principio de los derechos del hombre y del ciudadano la igualdad del individuo ante la ley: ella constituyó quizá la mayor conquista de las revoluciones democráticas.

La justicia penal militar constituye desde este ámbito un retroceso a épocas ya superadas por los avances democráticos. El fuero castrense constituye un verdadero exabrupto, por disponer que quienes cometen delitos y violaciones de derechos humanos sean juzgados por tribunales compuestos por integrantes del establecimiento militar: es decir, quienes cometen las infracciones se juzgan a sí mismos, con tribunales compuestos por militares activos o en retiro, bajo normas especiales, diferentes de los procedimientos establecidos para los demás ciudadanos.

Los militares alegan que los jueces penales ordinarios no los pueden juzgar porque desconocen y no entienden las lógicas de la guerra y los comportamientos militares, con lo cual dejan entrever que son juzgados bajo ciertas consideraciones derivadas de su condición de militares, de cierta comprensión de su comportamiento, comúnmente conocido como "espíritu de cuerpo", que lleva a la impunidad.

Durante la pasada administración de ocho años de Álvaro Uribe, de la cual fue el presidente Santos su ministro de Defensa, las fuerzas militares se vieron involucradas en miles de homicidios fuera de combate, conocidos como "falsos positivos", de los cuales se han documentado más de 3.200 casos con más de mil militares procesados por la justicia ordinaria. Estos crímenes de lesa humanidad y otros por ejecuciones extrajudiciales, torturas y desaparecimientos, son los que se pretende llevar a la justicia castrense, en donde con seguridad serán absueltos al no encontrar "pruebas de que sus muertes, torturas o desapariciones hayan sido fuera de combate", es decir, sus autores serán declarados inocentes.

Según la reforma que se adelanta al fuero militar, "las infracciones al Derecho internacional Humanitario (DIH), cometidas por miembros de la fuerza pública –salvo crímenes de lesa humanidad, genocidio o desaparición forzada– serán conocidos exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales". Esto significa que todo crimen que no forme parte de un ataque generalizado o sistemático –requisito de los crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional–, y que no sea un genocidio o desaparición forzada, será conocido sólo por la justicia militar.

"Esto significa que para acceder a un tribunal de justicia ordinaria en casos de ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, etcétera –explica José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch–, las víctimas tendrán que demostrar que fueron agredidas en el escenario de un ataque sistemático o generalizado, perpetrado por militares, conforme con una política oficial. Si no cumplen este requisito, sus casos irán a la justicia penal militar, donde los militares se investigan a sí mismos"1.

Ante este pretendido, no es casual, por tanto, que organizaciones de derechos humanos nacionales, algunos periodistas e integrantes demócratas de la academia, denuncien los peligros de esta reforma constitucional. Es tan grave esta reforma, ya aprobada en seis debates de los ocho necesarios, que los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y de otras organizaciones internacionales, le han solicitado al gobierno nacional el retiro del proyecto de reforma al fuero, pues ello va en contravía del discurso oficial de defensa de los derechos humanos, y profundizaría la ya alarmante impunidad en relación con las más graves violaciones de los derechos humanos, al tiempo que enviaría un mensaje a los integrantes de las fuerzas militares y policiales de que sus delitos y crímenes contra la población civil no son graves, que van a ser absueltos, y que a lo sumo serán tratados como "errores", y no como muy graves delitos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que merecen un castigo ejemplar para que no se repitan.

La reforma en curso, proyecta, de igual manera, lugares de reclusión y condena en los establecimientos militares o especiales, a pesar de que hasta la saciedad se ha denunciado que estos violadores y criminales de lesa humanidad gozan –en los sitios de reclusión– de privilegios especiales e impensables, como salidas sin autorización de los jueces, comodidades, visitas no autorizadas, todo lo cual les permite en no pocas ocasiones continuar delinquiendo, o manipular testigos o pruebas que les garantizan la impunidad o emprender la fuga.

Colombia, que atraviesa aún por un largo período de violencia, en que se cuentan por centenares de miles los muertos, en que existe una impunidad superior al 90 por ciento en los casos graves de violaciones de derechos humanos, no puede ahondar la situación de impunidad que tiene sumido al país en una graves crisis humanitaria, a la que hemos llegado con la anuencia pasiva y activa de la fuerza pública, pues es de todos conocida la estrecha colaboración que numerosas unidades militares y de policía les han prestado desde los años 90 a los grupos paramilitares y a los narcotraficantes, lo cual les ha permitido a estos grupos cometer los miles de asesinatos, desapariciones, torturas, y miles y miles de desplazamientos de la población campesina.

Como se sabe, la violencia que se padece en Colombia se ahondó, alcanzando modalidades dantescas, por la colaboración oficial con los terratenientes paramilitares y narcotraficantes2, por la falta de voluntad oficial de los gobiernos para promover la depuración de la fuerza pública, y la sanción penal a quienes en forma directa cometieron crímenes o colaboraron los con grupos criminales.

Lo poco que se ha avanzado en el campo de la justicia y la protección a los derechos humanos, gracias a la denuncia permanente de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y también a la presión de algunos países sobre el gobierno nacional para que se haga justicia, se derrumbará con la aquiescencia y la coautoría del Gobierno y el Congreso, ante la amenaza de la fuerza pública de no aparentar luchar contra los paramilitares, bacrim y guerrillas (éstos, sus únicos enemigos reales), por tener "garantías".

Es hora de que, como en cualquier Estado democrático y de Derecho, los funcionarios y la fuerza pública aseguraen el orden público y las libertades ciudadanas dentro del marco estricto de la ley, sancionando su violación aún con mayor severidad por ser estos agentes los encargados de hacer cumplir la ley, no de dar mal ejemplo. La aprobación del fuero militar alejará esta posibilidad de nuestra vida diaria.

 

Por Eduardo Matyas Camargo, abogado, defensor presos políticos

 

1 http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articulo-383647-el-drastico-cambio-de-posicion-de-.

2 Como lo ratificó el mercenario israelí Yair Klein en declaración ante el Tribunal Superior de Bogotá en las audiencias de justicia y paz. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-386699-ejercito-suministro-armas-entrenamiento-de-paramilitares-yair-kl.

 

Publicado enEdición N°186
Colombia: Expertos de Naciones Unidas hacen un llamamiento a las autoridades para que reconsideren la reforma constitucional del fuero penal militar
GINEBRA (22 de octubre de 2012) – Once expertos de derechos humanos de Naciones Unidas han hecho una llamamiento al Gobierno y al Congreso de Colombia para que reconsideren la propuesta de reforma de la Constitución política del país relativa al fuero penal militar, la cual tendría implicaciones serias para el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en Colombia.

“De aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía (Fuerza Pública)”, indicaron los titulares de mandatos de Naciones Unidas en una carta abierta* hecha pública hoy.

“Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado Colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos,” estimaron los expertos. “Enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la Fuerza Pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.”

Los expertos tomaron nota del hecho que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y desapariciones forzadas quedarían excluidos de la competencia de tribunales militares o policiales. No obstante, expresaron su preocupación debido a que los cambios propuestos ampliarían la competencia de estos tribunales, otorgándoles poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de otras violaciones serias de los derechos humanos que también deberían estar bajo la autoridad del sistema y las cortes ordinarias de justicia penal.

Se incluye una larga lista de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos los crímenes de guerra; la violencia sexual; las ejecuciones extrajudiciales; el reclutamiento y uso de menores; la detención arbitraria; la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; y otras violaciones como los atentados contra la integridad corporal y las mutilaciones; la toma de rehenes; los atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos humillantes; así como la obligación de tratar con humanidad a los que no participen directamente en las hostilidades, sin distinción por motivo de pertenencia a grupo étnico, religión o creencia, sexo, nacimiento o fortuna u otro criterio similar, prohibidas en virtud del artículo común 3 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. También podrían tener competencia para conocer delitos cometidos por fuerzas de seguridad privadas.

“Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos,” dijeron los expertos. “Estamos particularmente preocupados por el impacto que tendría al ser la fase de investigación preliminar fundamental para el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades, incluyendo los criterios específicos que definen si los hechos sugieren la comisión de crímenes de lesa humanidad o de genocidio.”

Los expertos de Naciones Unidas avisaron que el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales, como la corte de control para tratar con cualquier acusación contra un miembro de la Fuerza Pública, sugeriría que el acusado estaría recibiendo un trato preferente, lo cual podría generar un clima de impunidad. También consideraron que este tribunal, entre otras cosas, examinaría casos exclusivamente relacionados con el personal militar o policial, supondría la existencia de un sistema paralelo de administración de la justicia y violaría el principio de igualdad en el acceso a la justicia para todos los individuos y entorpecer del debido proceso legal, atentando así contra el Estado de Derecho.

“Nos preocupa especialmente el tratamiento de las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos contra población civil, incluyendo a defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, periodistas y otras personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo,” estimaron.

Los expertos de Naciones Unidas ofrecieron su asesoría para que se desarrollen las medidas necesarias para lograr un marco constitucional y legislativo que refuerce la lucha contra la impunidad y la consecución de la paz en Colombia.



*Carta abierta


Carta abierta de titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos al Gobierno y a los representantes del Congreso de la República de Colombia


En calidad de titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, quisiéramos expresar nuestra preocupación por la posible adopción por el Congreso de la República del proyecto de reforma de los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia, con relación al fuero penal militar. De aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía (Fuerza Pública). Consideramos que dicha reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado Colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos.

Hemos tomado nota con seria preocupación que el proyecto de reforma constitucional ampliaría la competencia de los tribunales militares o policiales, otorgándoles poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de violaciones de los derechos humanos que deberían estar bajo la autoridad del sistema ordinario de justicia penal. En este sentido, si bien el proyecto actual estipula que las instituciones de la justicia penal militar no tendrán competencia para conocer los crímenes de genocidio, lesa humanidad y desaparición forzada, este listado detallado y específico de crímenes, que no cabrían dentro del ámbito del sistema de justicia militar, permite que otros crímenes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos estén bajo la competencia exclusiva de la justicia militar.

Cortes militares o policiales serían competentes para investigar, procesar y juzgar una larga lista de otras violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos los crímenes de guerra; la detención arbitraria; los tratos crueles, inhumanos o degradantes; y otras violaciones como los atentados contra la integridad corporal y las mutilaciones; la toma de rehenes; los atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos humillantes; así como la obligación de tratar con humanidad a los que no participen directamente en las hostilidades, sin distinción por motivo de pertenencia a grupo étnico, religión o creencia, sexo, nacimiento o fortuna u otro criterio similar, prohibidas en virtud del artículo común 3 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Estas cortes también podrían tener competencia para conocer delitos cometidos por fuerzas de seguridad privadas.

Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de alguno de estos delitos, en detrimento de una evaluación independiente y del principio del juez natural establecido en el derecho internacional. Es preocupante el impacto que tendría al ser la fase de investigación preliminar fundamental para el posterior esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades, incluyendo los criterios específicos que definen si los hechos sugieren la comisión de crímenes de lesa humanidad o de genocidio.

En este contexto, nos preocupa también seriamente que el Congreso haya adoptado recientemente una revisión del texto inicial del proyecto de reforma para ampliar aún más el marco de competencia de estos tribunales al no especificar en el texto los crímenes de violencia sexual, tortura, ejecución extrajudicial y reclutamiento o uso de menores.

De aplicarse, el proyecto de reforma constitucional obstaculizaría efectivamente el funcionamiento independiente de la judicatura al permitir a la justicia militar investigar, procesar y juzgar estos crímenes, y así eliminar el carácter de excepcionalidad y competencia restrictiva que los tribunales militares deben tener. Cualquier ampliación de competencia debe atribuirse expresa y exclusivamente a tribunales ordinarios.

Nos sorprende que el texto de la reforma prevea el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales, como una corte de control para tratar con cualquier acusación contra un miembro de la Fuerza Pública. Esta provisión implicaría un trato preferencial a su favor, incluyendo para aquellos actos que pudieran carecer de una relación real con la función militar o policial, y haría más difícil probar alegaciones. También hemos notado con preocupación que el Tribunal de Garantías Penales, entre otros, también examinaría casos exclusivamente relacionados con el personal militar o policial. Esto supondría la creación de un sistema paralelo de administración de la justicia y violaría el principio de igualdad en el acceso a la justicia para todos los individuos y entorpecería el debido proceso legal, atentando así contra el Estado de Derecho. Esta situación corre el riesgo de generar un clima de impunidad.

Consideramos que, si se aprueba esta reforma, existe un riesgo real de que se incumplan las obligaciones de Colombia contraídas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y supondría un retroceso significativo en los esfuerzos realizados por el Estado Colombiano por superar y prevenir la repetición de las notorias violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado, especialmente entre 2003 y 2008 por miembros de la Fuerza Pública. Precisamente como resultado de estos esfuerzos, Colombia ha logrado desde 2009 una reducción notable en la comisión de estos tipos de violaciones, hecho que pone en cuestión la necesidad de la reforma constitucional propuesta.

Asimismo, esta reforma enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la Fuerza Pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Nos preocupa especialmente el tratamiento de las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos cometidas contra población civil, incluyendo a defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, periodistas y otras personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo.

Considerando las implicaciones negativas que la aprobación de la reforma constitucional pueda tener para el sistema de la justicia, el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en Colombia, quisiéramos hacer un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia y al Congreso de la República para que reconsideren seriamente este proyecto de reforma constitucional. Ofrecemos nuestra asesoría para que se desarrollen las medidas necesarias para lograr un marco constitucional y legislativo que refuerce la lucha contra la impunidad y la consecución de la paz en Colombia.

Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Faiza Patel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación
Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión
Gabriela Knaul, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados

Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Kamala Chandrakirana, Presidente del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas
Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Olivier de Frouville, Presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias


Publicado enColombia
Jueves, 28 Junio 2012 07:13

Militares, narcos y elecciones

Militares, narcos y elecciones
Las inminentes elecciones presidenciales mexicanas, previstas para el 1º de julio próximo, ponen sobre la mesa de análisis la complejísima situación del país (103 millones de habitantes en 1.958.000 km2 de superficie) que es el último límite de América latina con los Estados Unidos y se encuentra sometido a una violencia extrema. Una guerra contra el narcotráfico se desarrolla en México con cerca de 50 mil personas muertas hasta enero de este año, en donde se enfrentan las bandas de traficantes contra las Fuerzas Armadas y policiales. En ese contexto, 45 periodistas han sido asesinados durante el sexenio del conservador presidente Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN), y la cifra de las mujeres y hombres de prensa asesinados ha llegado a 109 desde el 2001.


Esa extraordinaria manifestación de violencia delictiva y represión estatal permanece, pese a verificarse en América latina, poco presente en la consideración pública de la Argentina. La política de abrir la famosa guerra empleando a las Fuerzas Armadas acelerada por Calderón dista de haber resuelto el problema del narcotráfico, en tanto los Estados Unidos, con larga frontera de tres mil kilómetros con México, permanece en vigencia como el mayor mercado de consumo de las drogas consideradas peligrosas producidas en México.


Desde hace doce años, el azul y blanco PAN gobierna México con la profundización del neoliberalismo que se instaló en las tierras conquistadas a sangre y fuego por el colonialismo español, a partir de la asunción de la presidencia por Carlos Salinas de Gortari, el presidente proveniente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México desde los años ’30 como herencia de la Revolución de 1910-1917 y dejó el poder el 2000 en manos del panista Vicente Fox.


El Ejército Mexicano y su Armada han sido fundados y reconocen su origen en la Revolución de comienzos de siglo. La impresionante conmoción que produjo la revolución campesina y cívica de 1910-1917 terminó con la oligarquía positivista y la larga dictadura del general Porfirio Díaz, tan parecido a nuestro general Julio A. Roca, y con las instituciones de su régimen, entre ellas el denominado ejército federal. A diferencia de lo que sucede en la Argentina, el actual Ejército Mexicano reconoce su origen en 1917, cuando la Revolución que protagonizaba triunfó y se dictó la Constitución (social) de Querétaro. El Colegio Militar de México se reconoce como “Heroico” por recuperar la tradición de los jóvenes cadetes que se inmolaron en 1847 desde las alturas del cerro de Chapultepec, sede del palacio homónimo, antes que rendirse al invasor norteamericana que amputó a México la mitad de su territorio. A su turno, la actual Escuela Naval es también denominada “Heroica”, por la resistencia que ejecutó contra la invasión marítima de los Estados Unidos durante el desarrollo de la Revolución que afectara intereses económicos del Norte.


Educadas las FF.AA. en esa tradición revolucionaria y de enfrentamiento contra los norteamericanos, lo militar fue subordinado a lo político por la propia acción civilizatoria de los políticos y generales, ellos mismos los principales políticos de la Revolución. Desde 1934, cuando precisamente el general Lázaro Cárdenas asumió el gobierno, profundizó la reforma agraria y fundó Petróleos Mexicanos (Pemex), los presidentes se sucedieron, civiles y por sexenios. El PRI careció de oposición seria y se preocupó por no tenerla. Birló las elecciones de 1988, cuando Salinas comenzó su gobierno desmantelador del Estado revolucionario, al dejar fuera de carrera por un notorio fraude electoral al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Don Lázaro, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fusión de la izquierda popular del PRI y de la izquierda reconciliada con las mejores tradiciones revolucionarias.


En México no hay Secretaría (Ministerio) de Defensa, sino una Secretaría de la Defensa que es, propiamente del Ejército, y otra de la Marina. Sus titulares, miembros del gabinete presidencial, son los máximos jefes militares en actividad. Constituyen una corporación que ha crecido en autonomía en los finales de los gobiernos priístas y en la docena de años panistas. El investigador Sergio Aguayo, catedrático del Colegio de México y profesor del Colegio de Defensa Nacional, ha dicho que “en las últimas décadas lo más impresionante es que las fuerzas Armadas han adquirido un poder propio, con más presupuesto y más efectivos, frente al presidencialismo, que ya no existe. Quedan la elite técnico-financiera, la Corte Suprema y los militares”. (El País, 29/4/12, Madrid).


La decisión de hacer ingresar a las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico nació de la superación de la capacidad operativa represiva de nacionales y estatales (provinciales) ineptas y corrompidas. (Las FF.AA. mexicanas son dos –Ejército y Armada– porque la Fuerza Aérea continúa siendo, como en la Argentina previa a 1945, un arma de la fuerza terrestre). Fuera de operaciones golpistas del tipo sudamericano luego del gobierno de Cárdenas, el Ejército, sobre todo, y la Armada, sirvieron como cuerpo represivo contra insurgencias campesinas y guerrilleras. El combate contra las poderosas y siniestras bandas de narcotraficantes llevó a las FF.AA. a un combate urbano cotidiano, sobre todo en el norte y los litorales del país, que no le ha brindado, precisamente, hasta ahora la victoria. Y esa lucha condujo a la corrupción de efectivos surgidos de su seno para que se generara una de las mafias más poderosas: los Zetas. “El titular de la UEDO (Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada), José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó que el grupo de los Zetas estaba conformado por alrededor de cuarenta ex militares, entre tenientes, subtenientes y ex gafes (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales). Destacó que un nunca se había visto la participación de un grupo tan grande en ninguna otra organización de traficantes.” (Astorga Luis, Seguridad, Traficantes y Militares, Tusquets. México, 2007).


La militarización de la vida cotidiana mexicana no ha resuelto el problema de la destrucción de las bandas de narcotraficantes y ha incrementado la autonomización de las FF.AA. aztecas.


En los próximos comicios presidenciales mexicanos, la puja se ha centrado entre la candidata del gobernante PAN, Josefina Vásquez Mota, el favorito de las encuestas –el priísta Enrique Peña Nieto, ex gobernador del estado de México, una suerte de provincia de Buenos Aires alrededor del Distrito Federal– y Andrés Manuel López Obrador, del PRD. AMLO, como lo sintetizan los medios, es el candidato nacional-popular. En cambio, Peña Nieto es la figura abiertamente sostenida por el monopolio mediático Televisa, que produjo, a pesar suyo, el renacimiento del movimiento estudiantil mexicano. Esta militancia, que se autodenomina Yo soy el 132, se originó, paradojas de América latina, en la privada Universidad Iberoamericana, como resistencia al perfil oligárquico de aquél. López Obrador lucha desde abajo en las encuestas contra Peña Nieto y avanza contra los pronósticos del poder. AMLO es el único candidato que ha prometido retirar de las calles en seis meses a los militares.


El desafío que enfrenta México es enorme. Confundir Defensa con Seguridad ha conducido a la trampa en la que están hoy sus FF.AA. La falta de preparación y corrupción de las fuerzas policiales condujo a echar mano a las militares: craso error que multiplicó la violencia.


En el caso argentino, la drástica separación de Defensa y Seguridad, que establecieron con amplísimo consenso las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, ha fijado una garantía y una previsión imprescindibles, que se han visto sólidamente reforzadas por la política de Defensa ejecutada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La creación y el desarrollo del Ministerio de Seguridad en el ámbito nacional, a cargo de Nilda Garré, avanza en el mismo adecuado rumbo.


Tener una política moderna de despenalización de consumo personal de drogas marcha en el mismo sentido que la lucha sin tregua contra las bandas controladoras del tráfico organizado, en el plano de una política de seguridad donde el Estado ataca a los grandes capitalistas del negocio con los métodos pertinentes (jurídicos, financieros y de fuerza legítima) y se vincula adecuadamente con las problemáticas de los usuarios. En México se está jugando también este decisivo partido con peso en la escena latinoamericana y mundial.


Por Jorge Luis Bernetti, ex vocero del Ministerio de Defensa.

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Ecuador no enviará más militares ni policías a la ex Escuela de las Américas
Quito, 27 de junio. Ecuador no volverá a enviar a sus militares y policías a Estados Unidos para que se capaciten en la antigua Escuela de las Américas, a la que cuestiona por violaciones de derechos humanos cometidas por varios de sus alumnos, anunció este miércoles el gobierno del presidente Rafael Correa.


El Ejecutivo “ha resuelto que no se va a enviar más oficiales o miembros de tropa ni de las fuerzas armadas ni de la policía” al ahora denominado Instituto para la Cooperación en Seguridad en América Latina, dijo ante la prensa el ministro de Defensa, Miguel Carvajal. Ecuador tuvo 116 alumnos en ese centro entre 2010 y 2011.


Esta decisión responde a “un clamor democrático por la historia que han tenido algunos ex oficiales” del centro de adiestramiento, de acuerdo con políticas articuladas “de defensa desde Estados Unidos, impuestas por ese país y que también estuvieron ligadas a acciones de violación flagrante de derechos humanos”, sostuvo Carvajal.


La decisión fue confirmada por el canciller Ricardo Patiño, quien citó dichos del senador demócrata estadunidense Martin Meehan, según los cuales “si la Escuela de las Américas decidiera una reunión de ex alumnos, reuniría a infames e indeseables matones del hemisferio”.


Entre esos personajes se recordó al general panameño Manuel Noriega y el argentino Leopoldo Galtieri, también general.
Carvajal y Patiño formalizaron el anuncio tras una reunión en el palacio de gobierno con el presidente Rafael Correa y el sacerdote estadunidense Roy Bourgeois, fundador del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW, por sus siglas en inglés), que ha pugnado por poner fin a la emblemática escuela, proveniente de la época de la guerra fría en el continente.


“Es una escuela que ha causado sufrimiento a muchos países, y para nosotros en el movimiento el presidente Correa era una inspiración”, declaró Bourgeois.


El observatorio, en un comunicado, expresó su alegría de que se haya tomado en cuenta una recomendación, tras un informe en 2010 de la Comisión de la Verdad que investigó violaciones a los derechos humanos en Ecuador.


El 18 septiembre de 2009, Correa puso fin a un acuerdo que permitió a Estados Unidos controlar una base antidrogas en el puerto de Manta (sobre la costa del Pacífico) durante 10 años.


Con su decisión sobre la escuela, Ecuador se suma a países como Argentina, Uruguay, Bolivia o Venezuela, que cancelaron toda cooperación con el centro, que en los últimos años pasó también a formar a agentes policiales en la lucha contra el narcotráfico.


La Escuela de las Américas cambió de nombre en 1999, tras una votación de la Cámara de Representantes estadunidense, que pedía su cierre.

Afp

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Viernes, 18 Mayo 2012 18:01

El desa-fuero militar

El desa-fuero militar
La justicia penal militar es a la justicia
lo que la música militar
es a la música clásica.
Eduardo Umaña Luna


Guerrillas, corrupción, narcotráfico, bacrin, uribeños, guerra, parapolítica, falsos positivos, carrusel de la contratación y de las pensiones, estos y otros factores de violencia y corrupción dan la sensación de que el país anda revuelto, convulsionado; como dijera Carlos Lleras, descuadernado. La solución, dicen algunos, es reformar la justicia. Entonces, los afectados, la mayoría con apoyos cómplices en el Congreso, promueven reformas para solucionar sus problemas, es decir, para evadir la justicia, ya que en algunos casos, pocos por demás, con demasiada demora, ha habido condena contra algún otrora “padre de la patria”, como llamaban a los congresistas que disponían de los recursos públicos como un ‘padre’ de esos que se enriquecen a su antojo; o esos ‘héroes’ militares que, junto con los paras y financiados por los empresarios, mataban impunemente sindicalistas para que no quebraran las haciendas con sus huelgas, argumentaban1.

Esas reformas en trámite apuntan –algunas– a que, pese a los desafueros, los congresistas no pierdan su curul, que tanta sangre y dinero les ha costado; a que, en la defensa ante la justicia, los oficiales no pierdan el ‘esfuerzo’ y la paga en matar humildes colombianos como ‘guerrilleros’; a que unos y otros, una vez absueltos o indultados, puedan volver al noble oficio de desfalcar las arcas públicas o dirigir novísimas bacrin.

Aprovechando el desorden, los corruptos y violadores de los derechos humanos promueven reformas constitucionales. Como diría algún perspicaz observador, “en río revuelto, ganancia de pescadores”. Para garantizar la impunidad por la corrupción y el crimen, nada mejor que erigirse ellos en sus propios jueces. Así, los congresistas rehacen su propio minicódigo disciplinario (por las minisanciones a sus faltas) y un codiguito procesal penal a su acomodo; y los militares sus ‘cortesanas’ que entregarán sin pudor sus indulgencias, es decir, las absoluciones, a los violadores de las mujeres, la ley y la Constitución.

Los ‘héroes’ de las fuerzas armadas, que con tanto esfuerzo desaparecen desde campesinos o indigentes hasta empleados de cafetería en plena Plaza de Bolívar2, emulando a los mejores magos del mundo, no soportan que un juez de la república –de esos que sólo saben de códigos y leyes, que no conocen los placeres de la sangre– los juzgue y los condene por violar y matar a unas niñas campesinas y sus hermanos en Arauca vibrador o cualquier otro lugar del país; o por matar y deshacerse, en falsos positivos, de indeseables desempleados o campesinos pobres, a quienes un día de estos les da por pedir trabajo o tierras.

Esa justicia ordinaria no puede comprender –dicen los militares y sus compinches en el Congreso– que no son “falsos positivos” sino positivos verdaderos, porque “por ellos nos recompensaron con primas, ascensos en el escalafón militar, vacaciones, descansos, condecoraciones, que no han sido de mentiras y que, por el contrario, son el orgullo personal de nuestras familias y las fuerzas armadas, por esas victorias alcanzadas con tanto ‘sacrificio humano’.

Por ello, la reforma al fuero militar debe ser un desafuero de tal magnitud que violaciones de niñas y mujeres campesinas indefensas; tortura y asesinato de indigentes, desempleados y campesinos en zonas de guerra; muerte en retenes militares o robo de bienes de los ciudadanos, o bombardeos de ranchos o camiones de civiles no se desconozca que son parte de la guerra. Sin ellos, cómo pudieran estar entrenados para matar a sangre fría cuando salen de los cuarteles a guerrear, luego de cantar marchando y en coro “guerrilleros mataremos, y su sangre beberemos”; o a bombardear de noche con toneladas de explosivos sobre presuntos guerrilleros, vistos desde las alturas como pequeñas luciérnagas luminosas, imponiendo la pena de muerte sin saber ni siquiera a quién; o para que los comandantes militares o de la policía, y hasta el señor Presidente, puedan salir a regocijarse ante los colombianos y el mundo de haber destrozado a 40, 80 o más campesinos colombianos en trance de guerrilleros, luego de nacer pobres y sufrir la muerte violenta de sus padres, y el despojo de sus tierras por paraganaderos, parapalmicultores o parapetroleros, paraempresarios, luego de ser desplazados por la acción conjunta y concertada de los parapolíticos-militares-policiales que hacen patria agrandando fincas y sembrando muertos.

Como en sus pronunciamientos la Corte Constitucional ha sido reiterativa en que la justicia castrense no puede en ningún caso conocer de los delitos de lesa humanidad o violaciones de los derechos humanos, ahora, mediante la reforma al fuero militar, quieren tumbar esa importante jurisprudencia de la Corte, e introducir con la reforma al fuero –que se tramita como acto legislativo– que los delitos cometidos por integrantes de la fuerza pública se presumen en relación con el servicio, por lo que conocerían en primer lugar la justicia penal militar; es decir, a ellos les correspondería manejar la escena de los hechos, recopilar y embalar las pruebas, y hacer todos los actos urgentes e inmediatos y las primeras diligencias judiciales, poniendo en grave peligro la pureza –identidad y preservación– de la prueba, y con ello de la justicia.

A partir de la reforma al fuero, se presume que los torturados se autotorturados, los muertos en falsos positivos se suicidaron, las niñas y mujeres violadas se autoviolaron, los desaparecidos se autodesaparecieron. Entonces, a partir de la reforma al fuero, los integrantes de la fuerza pública que hayan participado en estos vergonzosos hechos se presume que no lo hicieron, y de ello no conocerán los jueces ordinarios que hoy los condenan. De ahí en adelante conocerán los jueces penales militares, que los absolverán… y así, con una sentencia, aunque absolutoria, no podrá hablarse de impunidad sino de justicia…

La reforma al fuero es, pues, una necesidad si se quiere que nuestros militares y policías no sigan siendo condenados por jueces miopes que no ven las ganancias, que, como en el toreo, dejan las torturas y la muerte de inocentes; por el contrario, que se les siga reconociendo como ‘héroes’, que a punta de ‘positivos’, falsos o verdaderos, garanticen que las minas y las haciendas sigan creciendo como veloz locomotora, para que nuestros productos mineros y agrícolas abonados con sangre de colombianos se exporten con ventajas comparativas al país que nos suministra la mayor tecnología de muerte, no sólo con el ejemplo (Vietnam, Iraq, Afganistán, etcétera) y las armas (fusiles, helicópteros, bombas), ahora que con ellos entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio (comida y minerales por artefactos de muerte).

La justicia castrense, tal vez porque castra la verdadera justicia, es necesaria para que los oficiales de las fuerzas armadas y de la policía, mayores y coroneles, no sean condenados por violación de los Derechos Humanos (DH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que no son acciones legitimas de guerra por realizarse contra la población civil no combatiente, o el combatiente rendido, herido o fuera de combate; y, por el contrario, se garantice que sean absueltos por tribunales militares conformados por hombres de guerra, por sus compañeros de armas, que con espíritu de cuerpo protegerán a sus congéneres en caso de ser judicializados. De esta manera, en vez de ejemplarizantes condenas que impidan la repetición de los crímenes, los miembros de las fuerzas militares y de policía obtendrán condecoraciones por esos actos ilegales, y así podrán llegar con méritos a ser generales (aunque sea de la muerte), para que se les siga garantizando el deseo compulsivo a sus hijos de continuar en guerra, para que no se pierda esa bella tradición de muerte, como en los coliseos romanos.

* Abogado, especialista Derecho constitucional, profesor universitario, estudios en filosofía del derecho.
  1. En lo que se espera que sea el comienzo de los procesos contra los paraempresarios, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento contra Guillermo Gaviria Echeverri por financiamiento de grupos paramilitares. Gaviria Echeverri, próspero empresario, es uno de los fundadores de Colanta, Unibam y Carbocol. Por otra parte, la Fiscalía, en un acto sorprendente y repudiable, precluye las investigaciones presuntamente por falta de pruebas contra la empresa norteamericana Chiquita Brands, que aportó millones de dólares a los paramilitares. A pesar de haber reconocido este crimen ante las autoridades norteamericanas y fuera condenada civilmente en los Estados Unidos. Ver El Espectador, pág. 4, 25 de abril de 2012.
  2. Durante la retoma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985), los militares desaparecieron a 11 empleados de la cafetería de ese edificio. Por esos hechos sólo ha sido condenado el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega.
Publicado enEdición 180