Jueves, 01 Marzo 2018 16:01

El Catatumbo en disputa

El Catatumbo en disputa

El Catatumbo se encuentra de nuevo en disputa. Más de 70 familias campesinas, sin tierra, no tienen a donde ir. A finales de enero salieron de la zona indígena de Río de Oro, para instalarse en un refugio humanitario en la vereda Caño Tomás, municipio de Teorama. ¿La razón? El Gobierno sigue sin definirles su situación como desposeídos víctimas del conflicto; y el plazo dado por el pueblo Barí para ocupar estos territorios venció en enero pasado.

 

El presente tiene pasado. La crisis humanitaria generada por la arremetida paramilitar que inició en mayo de 1999 en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, tuvo entre sus consecuencias el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas sin tierra a zonas de frontera agrícola. Una vez más, como en otros tantos momentos de los siglos XIX y XX en Colombia, campesinos y campesinas sin tierra tuvieron que tumbar monte para conformar nuevos poblados; esta vez, en el territorio indígena correspondiente a los Resguardos Catalaura La Gabarra y Motilón Barí.


Pasó el tiempo, y empezando el 2010, 19 de los 24 caciques que tienen las comunidades del pueblo Barí se dieron cita en asamblea general y decretaron un plazo máximo de 8 años, contados a partir del 27 de enero de dicho año, para la permanencia de campesinos y colonos dentro del territorio Barí. Razones los acompañaban: la venta de licor dentro de su territorio y otras prácticas que estaban destruyendo su cultura indígena.


Y a la decisión tomada le llegó su día. El pasado 27 de enero, campesinos y campesinas colonas habitantes del corregimiento de Río de Oro, municipio de Convención, fueron avisados por el pueblo Barí de que debían desalojar la zona; ya habían trascurrido 8 años.


Nuevamente la historia de los sin tierra se repite. Con sus corotos a cuestas, más de 70 familias emprendieron camino, esta vez no para seguir monte adentro, sino para resguardarse en algún lugar. Piensan que el Gobierno tiene que resolverles el acceso a un pedazo de tierra, y mientras tanto descansan como un solo grupo en un refugio humanitario en la vereda Caño Tomás, municipio de Teorama.


Por ahora no están solos. Organizaciones campesinas e indígenas con presencia en la zona han solicitado el establecimiento urgente de un espacio de diálogo con las autoridades gubernamentales competentes que brinde solución real a esta problemática; ya que se trata de campesinos y campesinas sin tierra que fueron víctimas directas del conflicto y que un mes después de salir del territorio Barí, siguen sin tener a donde ir.


Un mal con raíz


El histórico problema de la tierra, orígen de fuertes conflictos entre colombianos y motivo de confrontaciones contra terratenientes e industriales del campo, se profundiza con lo que está reflejando lo sucedido en esta parte del territorio nacional: la negligencia estatal a la hora de reconocer los derechos de las diferentes comunidades rurales que habitan el país; lo cual es una de las principales causas de los conflictos interculturales entre campesinos e indígenas en Colombia.


Tres décadas atrás, en la primera mitad de los ochenta, el Estado reconoció y tituló los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, adjudicando al pueblo Barí 108.900 hectáreas y 13.300 hectáreas de tierra respectivamente. Unos años después, en 1991, a través de la Ley 21 del 91, ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, comprometiéndose a respetar y garantizar sus derechos (entre los cuales se destacan el derecho a la vida, al territorio y a la autonomía).


Pero otros muchos exigen igual derecho. En particular campesinos pobres, lo cual sucede a pesar de la existencia de la Ley 160 de 1994 que dio paso al Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, y establece entre sus objetivos el acceso a la propiedad de la tierra para la población campesina de bajos recursos, decretando que los territorios baldíos sean adjudicados a dicha población a través del Incora (que después pasó a ser el Incoder , dividida en la actualidad en la ART, ANT y ADR ).


Esta disputa por el reconocimiento del derecho al territorio, lleva a conflictos entre pobres. En diferentes regiones donde convergen indígenas y campesinos en un mismo territorio, se han presentado fuertes conflictos territoriales e interculturales debido a la falta de garantías de derechos para una población o para otra. Ejemplo de ello es el departamento del Cauca, donde los campesinos habitantes del municipio de Inzá han solicitado desde hace varios años la constitución de la Zona de Reserva Campesina de Inzá en las zonas Quebrada de Topa, Pedregal y Turminá, entrando en enfrentamientos con la comunidad indígena Nasa que tiene la aspiración de ampliar los Resguardos de Turminá, San Miguel e Inzá. Conflicto que se ha profundizado a medida que el Estado niega continuamente los derechos de indígenas y campesinos, llevándolos a una situación de confrontación directa donde se asumen mutuamente como enemigos.


Sin embargo, el caso del Catatumbo no encaja en esta interpretación de conflictos interculturales y territoriales, ya que en diferentes ocasiones indígenas y campesinos han trabajado de la mano para lograr objetivos comunes. Tal es el caso del foro “Vida, naturaleza, territorio y cultura”, realizado en el 2007, y que tuvo como resultado el freno de la exploración para explotación de carbón a cielo abierto en la vereda Caño Mariela. Esta articulación pudo darse gracias a que tanto indígenas como campesinos demuestran constantemente un fuerte interés por proteger el territorio y la naturaleza de la región.


Por lo tanto, lo que sucede hoy por hoy en el Catatumbo no es producto de una pelea entre indígenas y campesinos, sino que es consecuencia de un Estado que solo se preocupa por dar excelentes condiciones de inversión para capitales privados, pero que a la hora de volver los ojos a las comunidades se queda corto en la garantía plena de sus derechos.


Cuando se examinan los diferentes intereses empresariales que reinan sobre el Catatumbo, que van desde la explotación petrolera, pasando por la explotación de carbón y el monocultivo de palma aceitera, hoy con más 20 mil hectáreas sembradas, es claro el por qué del desinterés del Estado en atender las necesidades de las poblaciones rurales de esta región.


Mano a mano, indígenas y campesinos. Garantizar el territorio y la autonomía a los pueblos indígenas no puede resultar en una afectación directa de poblaciones campesinas. De igual manera, velar por los derechos de campesinos y campesinas sin tierra no puede significar pasar por encima de los pueblos indígenas. El Estado colombiano debe garantizar la vida digna de toda la ciudadanía, incluyendo a las diferentes comunidades que habitan y construyen a diario el campo, especialmente los sujetos de especial protección constitucional, que en este caso son los pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado.

Publicado enColombia
La concentración de la tierra en Latinoamérica, causa de conflicto social y subdesarrollo

• 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras

• 32 millonarios igual riqueza que 300 millones de personas

• Importante reunión de la FAO en Santiago de Chile


El 1% de los propietarios de América Latina concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), retomó estos datos de un informe de la ONG OXFAM para describir la enorme desigualdad que atraviesa al continente.

El tema de la concentración de las tierras junto con la reflexión sobre el impacto de las reformas agrarias de la región, constituyó el tema central de la Reunión de alto nivel sobre “Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en América Latina y el Caribe”, realizada en Santiago de Chile en el transcurso de la primera semana de abril.

La región de América Latina y el Caribe tiene la distribución de la tierra más desigual del mundo. La FAO destacó que esa distribución es aún más inequitativa en Sudamérica, mientras que en Centroamérica es levemente inferior.

La región tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, superando ampliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

El organismo de la ONU sostiene que administrar mejor los derechos de la tierra, así como el acceso a los bosques y la pesca es fundamental para reducir la pobreza en las zonas rurales y proteger los recursos naturales. E instó a mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia.

Mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y su distribución es un paso necesario para erradicar el hambre y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, subrayó la FAO en Santiago de Chile.

Otro problema significativo, según el organismo onusiano: cada vez es menor el porcentaje de la tierra en manos de pequeños propietarios. Fenómeno que conspira, en particular, contra las mujeres. En Guatemala, por ejemplo, sólo el 8% de las mujeres es propietaria. En Perú, sólo el 31%. En la mayoría los casos, estas propiedades son de menor tamaño y calidad que las que poseen los hombres.

A fines del año pasado OXFAM publicó “Desterrados: Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina”, uno de los informes más completos realizados hasta ahora sobre la situación agraria del continente. El mismo centraliza su análisis en 17 países latinoamericanos.

“El 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva. Es decir, este 1% concentra más tierra que el 99% restante. Esta situación no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones ” , indica el informe de la ONG, retomado ahora por la FAO.

La desigualdad económica y social es uno de los mayores lastres que impiden a las sociedades latinoamericanas alcanzar el desarrollo sostenible y supone un obstáculo para su crecimiento económico. “En la región, 32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres. Esta desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan un 64% de la riqueza total”, subraya OXFAM.

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