La propuesta de suspender las patentes de la vacuna anti-Covid divide a la UE

Bruselas. Los líderes de la Unión Europea (UE) están divididos sobre si seguir a Washington en el apoyo a la liberación de las patentes de las vacunas contra el Covid-19, ya que muchos sostienen que esto llevaría años y no abordaría la cuestión inmediata de fabricar más dosis para acabar con la pandemia.

Los líderes del bloque de 27 países debatirán la idea de suspender las patentes en una cumbre de dos días que comenzó ayer en la ciudad portuguesa de Oporto, pero es poco probable que formulen una posición unida firme, más allá de una disposición general a debatir la cuestión.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó el miércoles la renuncia a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, a lo que las farmacéuticas respondieron que no son las patentes, sino las restricciones en el comercio internacional, lo que impide la distribución de los inmunológicos.

Algunos miembros de la UE sostienen que el proceso de liberación, que se llevaría a cabo en la Organización Mundial del Comercio, podría durar dos años, lo que lo haría irrelevante para controlar rápidamente la pandemia.

Los miembros de la UE creen que la mejor manera de acabar rápidamente con la pandemia, evitando la aparición de nuevas variantes del coronavirus, es impulsar la producción de vacunas y venderlas o donarlas a países de todo el mundo.

"Estamos abiertos a discutir la idea, las opciones relativas a las patentes, para ver cómo esto podría ayudarnos a lograr el objetivo de acelerar la producción y las entregas en todo el mundo", indicó una portavoz de la Comisión Europea en una sesión informativa periódica.

La UE, que está entre los mayores productores de vacunas del mundo, es también el principal exportador de estas sustancias, con 200 millones de dosis enviadas fuera del bloque, a diferencia de Estados Unidos o Reino Unido, que no exportan los biológicos que fabrican.

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que la UE está "lista para discutir" tal levantamiento, a fin de determinar si era una "solución efectiva y pragmática", pero en rueda de prensa matizó: "A corto y medio plazo, este levantamiento no resolverá los problemas, no proporcionará ni una sola dosis de vacuna".

Von der Leyen puso énfasis en que Europa es "la única región democrática del mundo que exporta a gran escala", alrededor de 50 por ciento de su producción. Hasta ahora se han enviado 200 millones de dosis, dijo.

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Varias personas protestan ante las oficinas de Johnson & Johnson en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) pidiendo que liberalicen las patentes. Nic Bothma / EPA - EFE

En qué consiste? ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Cuánto se tardará en aplicar? ¿Será suficiente para aumentar la producción? Esto es lo que se sabe y lo que no sobre el apoyo de EEUU a la suspensión temporal de las protecciones de propiedad intelectual de las vacunas anti-COVID y sus consecuencias

 

Estados Unidos ha asombrado al mundo con su apoyo a la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19. La medida ha sido calificada de "trascendental" e "histórica" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero, para muchos, aunque importante, es solo el primer paso y aún queda camino por delante para aumentar el suministro de dosis y acabar con la enorme brecha en la vacunación entre países ricos y pobres.

De momento, sobre la medida, hay poco conocido y mucho por saber. "Muchos se preguntan si la exención acelerará las cosas. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el statu quo no está funcionando. La exención es una parte necesaria de un cambio más transformador", resume Matthew Herder, director del Instituto de Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de Schulich, en Canadá.

¿Qué ha anunciado EEUU?

Katherine Tai, representante de Comercio Exterior estadounidense, comunicó este miércoles en un tuit el apoyo del Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris a la exención de las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19.

"El Gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero en aras de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas COVID-19", dice el comunicado de Tai. Su argumento: "Las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias".

La decisión supone un giro de 180 grados en la posición que Washington había mantenido hasta ahora en los debates sobre el levantamiento de los derechos de propiedad intelectual durante la pandemia. Llega tras meses de rechazo, y en un momento en el que EEUU –uno de los países ricos que han acaparado vacunas– figura entre los más avanzados en la inmunización: un 32% de la población está completamente vacunada y se han puesto alrededor de 75 dosis por cada 100 habitantes.

La presión por parte organizaciones de la sociedad civil, expertos y líderes mundiales hacia los gobiernos y las farmacéuticas para que apoyen esta medida ha sido cada vez mayor, mientras el virus sigue haciendo estragos en lugares como India y la desigualdad en la distribución de las vacunas persiste. La Organización Mundial de la Salud también ha abogado por la medida y ha elogiado a EEUU por su decisión, al igual que numerosas organizaciones sociales.

¿Es una idea nueva?

No. En la Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha debatido hasta nueve veces desde octubre una propuesta que presentaron India y Sudáfrica a favor de una exención temporal de derechos de propiedad intelectual, algo previsto en el seno del organismo. La iniciativa ha recabado en todos estos meses el respaldo de decenas de países, principalmente los de menores ingresos, que defienden que puede ayudar a expandir el acceso a las vacunas.

Ahora, hasta 60 países copatrocinan la propuesta, a la que hasta el momento se habían opuesto sistemáticamente un grupo de miembros, principalmente aquellos con industrias farmacéuticas y biotecnológicas importantes, entre ellos, Australia, Brasil, Reino Unido, Japón y la Unión Europea, además de EEUU.

¿Qué pasa con esta propuesta?

La propuesta de India y Sudáfrica no se ciñe solo a las patentes, que otorgan a las empresas un monopolio sobre la producción y buscan proteger sus invenciones de la competencia durante un tiempo limitado. Tal y como está planteada en este momento, si saliera adelante, se suspenderían de manera temporal, mientras dure la pandemia, varias provisiones del llamado Acuerdo de los ADPIC, que es el marco normativo internacional del sistema de propiedad intelectual en el comercio: derechos de autor y los que se derivan de ellos, dibujos y modelos industriales, patentes y protección de la información no divulgada.

Sin embargo, tras meses de estancamiento en los debates y posturas enfrentadas, los impulsores de la propuesta anunciaron hace una semana que revisarán el texto en un intento de conciliar posiciones. Los detalles sobre los cambios se desconocen, pero se está trabajando en un calendario para discutirlos. Sobre la mesa está la posibilidad de reunirse en la segunda quincena de mayo. El texto revisado se presentaría, según fuentes de Ginebra, en la reunión formal del Consejo de los ADPIC, prevista para principios de junio.

Este movimiento se produjo pocos días antes de que EEUU se pronunciara a favor de una exención. Pero en su escueta declaración, Tai solo mencionó tal medida para las vacunas, mientras la iniciativa de India y Sudáfrica también se refiere a medicamentos, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías. Esto, a juicio de algunas fuentes consultadas por elDiario.es, puede anticipar ciertas líneas rojas. Tras el anuncio de EEUU, las organizaciones sociales han pedido que no se ciña solo a las vacunas, sino que cubra igualmente otras herramientas médicas para la COVID-19.

"El peligro siempre está en los detalles. La transparencia y la publicación de los textos de negociación son fundamentales en todos los asuntos comerciales relacionados con la propiedad intelectual", ha dicho Tahir Amin, abogado experto en propiedad intelectual, en Twitter. "Tenemos que asegurar que se mantenga el espíritu de la propuesta presentada en octubre y no quede en una versión descafeinada del texto inicial", dice a elDiario.es Vanessa López, directora de Salud por Derecho, quien cree que la suspensión temporal de las patentes "puede marcar un antes y un después" en la lucha contra el virus.

¿Qué ocurrirá ahora?

Ahora toca negociar. La representante de EEUU ha dicho que el país participará "activamente" en las negociaciones para que haya una exención. Para que haya un acuerdo concreto, tiene que estar por escrito, y ahora toca hablar de qué se quiere hacer específicamente, cómo se quiere hacer, durante cuánto tiempo y con qué condiciones, y cómo se plasma eso en un texto que convenza a todo el mundo.

"Habrá que negociar hasta llegar a los elementos más técnicos, como qué aspectos de los acuerdos deben ser levantados, ya que no solo hay que considerar las patentes, sino los secretos comerciales, diseños industriales, copyright, etc.", dice Adrián Alonso Ruiz, investigador en políticas de innovación y acceso a medicamentos, que considera que la propuesta es positiva.

¿Cuánto pueden tardar?

EEUU ha dejado claro que estas negociaciones "llevarán tiempo" dada "la naturaleza basada en el consenso de la institución y la complejidad de los temas involucrados". La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ha defendido que se debe responder "urgentemente porque el mundo está mirando y la gente está muriendo", y pide que el texto revisado se ponga sobre la mesa cuanto antes.

En la OMC hay una "regla de oro": las medidas se adoptan por consenso de todos los miembros, una de las razones por las cuales el debate ha permanecido bloqueado hasta este momento. "Las normas de la OMC permiten que se adopte una exención por mayoría de tres cuartos, pero en la práctica la OMC nunca ha abandonado la toma de decisiones por consenso en favor de una votación", ha dicho Thomas Bollyky, director del programa de salud global del Consejo de Relaciones Exteriores.

En otras palabras, hay que esperar, ya que la iniciativa requiere también el apoyo del resto de países para salir adelante. Algunas voces consideran que el cambio de rumbo de EEUU, la mayor potencia económica, puede persuadir a los países detractores para que se comprometan y lleguen a algún tipo de acuerdo. Nueva Zelanda apoyó a las pocas horas la idea de trabajar por una exención.

Este jueves, Ursula von der Leyen dijo que la UE "está lista para discutir" cómo una renuncia de la protección de la propiedad intelectual para las vacunas "podría ayudar a lograr el objetivo de combatir esta crisis".

"Es tarde para seguir debatiendo, necesitamos que la UE abandone el bloqueo para salvar millones de vidas en todo el mundo", dice López. El Gobierno de España ha apoyado este jueves la postura de EEUU y ha dicho que "marca el camino", aunque pide ir más allá.

Los países a favor de la medida han defendido estos meses que los problemas actuales en el acceso a las vacunas solo pueden abordarse eficazmente mediante la exención, pero hasta hace una semana algunas delegaciones seguían sin estar convencidas y otras han argumentado que podría ser contraproducente. Las organizaciones sociales vaticinan que el Gobierno de EEUU se enfrentará ahora a una "intensa presión" por parte de la industria farmacéutica para diluir los acuerdos.

Krishna Udayakumar, director del Duke Global Health Innovation Center, cree que no se puede esperar que la negociación en la OMC sea sencilla o rápida. "Existe el riesgo de que las negociaciones se empantanen y no se llegue a un consenso". También, dice, teme que se caiga en la complacencia a la hora de abordar las necesidades "más amplias" de aumentar la fabricación de vacunas.

¿Y si hay un consenso en la OMC?

A grandes rasgos, si se adoptara la exención, podría permitir a las empresas de todo el mundo que están desarrollando vacunas hacerlo sin temor a ser demandadas por otra compañía que posee la patente del producto. Es probable que tenga que acordarse una compensación económica. A falta de más detalles, hay quienes señalan que una posible limitación puede ser que no cambien las legislaciones nacionales. Es decir, que haya países que sigan protegiendo las patentes conforme a sus leyes, cuya modificación puede ser difícil y lenta.

"Una vez adoptado el levantamiento, quizás algunos países tienen que reformar su legislación nacional para adaptarla, lo que supondrá trámites parlamentarios e implementación, así como la identificación de fabricantes interesados en participar en la producción", dice Alonso Ruiz.

¿Cómo ha reaccionado el sector al anuncio de EEUU?

Como era de esperar, está en contra. La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, que agrupa a compañías de todo el mundo, ha dicho en un comunicado que la decisión de EEUU es "decepcionante" y que una exención "es la respuesta simple pero incorrecta a un problema complejo". "No aumentará la producción ni proporcionará las soluciones prácticas necesarias para combatir esta crisis de salud global. Por el contrario, es probable que provoque trastornos", dice el texto.

"En medio de una pandemia mortal, la administración Biden ha dado un paso sin precedentes que socavará nuestra respuesta global a la pandemia y comprometerá la seguridad", se queja la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).

En general, el sector ha defendido en los últimos meses que la medida podía sentar un precedente "peligroso" y corre el riesgo de socavar la innovación en el sector farmacéutico.

"Tal vez el estribillo más común en el sector es que compartir la propiedad intelectual significa que las empresas y sus inversores tienen que renunciar a los altos rendimientos que garantizan las patentes y otras formas de monopolio. Como resultado, no habrá más incentivos para la innovación farmacéutica. Este es un argumento extraño en el contexto de las vacunas anti-COVID-19, porque las empresas se libraron en gran medida de los riesgos con grandes cantidades de financiación pública", dice Ellen 't Hoen, directora de Medicines Law & Policy, en un artículo.

¿Una exención será suficiente para incrementar la producción?

Existe cierto consenso entre los expertos y activistas partidarios de la medida, y es que tienen que ocurrir más cosas. En otras palabras, una exención de las patentes por sí sola no aumentaría el suministro mundial de vacunas, tiene que formar parte, dicen, de un paquete más amplio.

En primer lugar, hay que asegurar que tal medida vaya acompañada de lo que se conoce como "transferencia de tecnología", porque tan importante como tener los derechos para hacer una vacuna es tener los conocimientos técnicos para hacerla, que tendrían que ser proporcionados por las compañías desarrolladoras, y para eso se necesita su colaboración.

"Las transferencias de tecnología requieren que ambas partes, las empresas originarias de vacunas y las empresas receptora de vacunas, colaboren y compartan sus conocimientos. Si la empresa de vacunas originaria es reacia a colaborar, la renuncia a la propiedad intelectual por sí sola tendrá un impacto limitado", dice Julien Potet, de Médicos Sin Fronteras.

Por esta razón, hay quienes defienden que sin un apoyo mecanismos de transferencia de tecnología y know-how, difícilmente se podrán fabricar más vacunas. Pero, hasta la fecha, ningún fabricante de preparados eficaces contra el coronavirus se ha unido al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS, plataforma creada para facilitar la puesta en común de estos avances.

En segundo lugar, muchas voces defienden que hace falta una inversión masiva en capacidad de producción, ya que podría hacer falta modernizar y construir fábricas, y producir más materias primas o ingredientes básicos, y otros elementos necesarios, como los viales o las jeringuillas. "Tenemos que sentar, de manera urgente, las bases de todo un sistema de abastecimiento que responda a las necesidades globales, no solo de ahora, también de las que lleguen con las nuevas variantes", señala López.

Alonso Ruiz explica que, una vez aprobada la medida, "hay que ver la capacidad y las ganas de la industria en entrar en acuerdos de transferencia tecnológica, habrá que coordinar la inversión económica para aumentar la capacidad de producción de materias primas, de líneas de fabricación, de cadenas de suministro". "Habrá que evaluar las plantas de fabricación, asegurarse de que los lotes de fabricación son de calidad y que responden a los requerimientos de las agencias reguladoras. Básicamente, ahora mismo nos enfrentamos a muchos de los problemas que teníamos ayer, pero hemos quitado una de las barreras".

Belén Tarrafeta, farmacéutica experta en gestión sanitaria y acceso a medicamentos, piensa que la exención es necesaria y un movimiento histórico, pero cree que "no va a resolver todos los problemas". "A corto plazo la redistribución de vacunas sigue siendo un problema a resolver, igual que el suministro de materias primas, y las limitaciones a las exportaciones de suministros necesarios para fabricar las vacunas".

Por estas razones, algunas voces creen que una exención no va a tener un efecto inmediato en la producción. "Recordamos que esta iniciativa fue propuesta en octubre del año pasado. Si se hubiese aprobado entonces, ya habría mucho camino andado", responde López. "No hay fórmulas mágicas que vayan a acabar con el problema de acceso a las vacunas de un día para otro y, al igual que las compañías propietarias del conocimiento y de las patentes han necesitado su tiempo, también lo necesitarán los nuevos fabricantes que se incorporen al mercado".

No obstante, también hay quienes piensan que si se adopta o avanza una exención, esta podría tener otros efectos de inmediato, como que las empresas entren en acuerdos de licencia voluntarias para intentar evitar que se adopte o para mitigar sus efectos. 

¿Habría capacidad de fabricación?

A lo largo de estos meses, países a favor de la medida, como Sudáfrica, han defendido que podría permitir "de inmediato a los países aprovechar la capacidad de producción no utilizada, accediendo a la capacidad sobrante en el mundo en desarrollo", lo que a su vez permitiría satisfacer la demanda de vacunas.

Sin embargo, uno de los argumentos más repetidos en contra de la exención y el intercambio de propiedad intelectual es que, en general, no hay productores de vacunas inactivos que puedan hacer uso de ella. 

"Este no parece ser el caso. Teva, una gran empresa farmacéutica israelí, intentó en vano obtener los derechos para producir las vacunas contra el coronavirus y recientemente anunció que abandonará la búsqueda de colaboradores. Empresas de Canadá, Bangladesh, Corea del Sur y Pakistán se han encontrado en la misma situación", escribe Ellen 't Hoen.

Tarrafeta cree que no está claro el problema que hay que resolver y "cuáles son las expectativas para resolverlo, también los tiempos". "Si el problema es la capacidad de producción global de vacunas, habrá que definir cuál es la capacidad total que necesitamos y para cuándo, y cuál es la capacidad actual. Esa capacidad de fabricación tiene que ir pareja a la capacidad de absorción –distribuir vacunas, organizar campañas...– de los sistemas sanitarios".

"Si lo que de verdad se necesita es aumentar la capacidad de producción con nuevos sitios de fabricación –como una medida esencial para asegurar una producción estable a largo plazo, es decir, no para los próximos seis meses, sino para los próximos años–, entonces la exención es necesaria como una primera medida, pero deberá ir acompañada por una transferencia tecnológica de la industria actual a nuevos fabricantes que creo que será difícil que se pueda forzar", señala.

Las formulaciones de vacunas son complejas. Pfizer, por ejemplo, ha asegurado que su vacuna de ARNm, una tecnología nueva, necesita 280 componentes de 86 proveedores en 19 países. También, dicen, necesita equipo y personal altamente especializado, "y transferencias de tecnología complejas que requieren mucho tiempo entre socios y redes globales de suministro y fabricación".

Según datos recopilados por la organización especializada Knowledge Ecology International (KEI), los fabricantes de vacunas contra el coronavirus generalmente comienzan a entregar los primeros lotes en menos de seis meses tras la transferencia de tecnología.

Potet, de MSF, cree que si hay un producto que podría beneficiarse rápidamente de una exención de propiedad intelectual, son los medicamentos de moléculas pequeñas, porque resulta "más fácil copiarlos" que las vacunas, mediante ingeniería inversa. "Producir a escala test de saliva que sean eficaces y de calidad podría permitir contener brotes de COVID-19 de manera mucho más eficiente", opina Tarrafeta.

Pero Estados Unidos, de momento, se ha limitado a las vacunas en su anuncio. "Una de las razones por las que EEUU apoyará una exención para las vacunas, pero no para los productos terapéuticos o de diagnóstico, es que las vacunas en los mercados extranjeros nos protegen. Las terapias y los diagnósticos en los mercados extranjeros no lo hacen", ha concluido James Love, director del KEI.

Por Icíar Gutiérrez

6 de mayo de 2021 22:53h

@iciar_gutierrez

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Una casa en la localidad de Ittoqqortoormiit, en la costa este de Groenlandia. Rob O

El nuevo Gobierno es una coalición de izquierdas liderada por un primer ministro de 34 años ecologista que se opone al proyecto para explotar los mayores yacimientos de uranio y tierras raras en el mundo

 

Durante la mayor parte del año la nieve y el hielo cubren las escarpadas montañas del sur de Groenlandia, peinadas por un viento feroz y constante que sopla desde el mar. No es hasta finales de primavera cuando el deshielo desvela el paisaje que impresionó al explorador en tiempos de los vikingos, Erik el Rojo, cuando descubrió una zona de fiordos con prados verdes, fuentes termales, y la mayor biodiversidad de vegetación que se puede encontrar en la isla. 

Hoy el sur de Groenlandia es conocido como "el granero" ártico por ser la única zona en la isla donde el deshielo permite la agricultura y la cría de renos y ovejas en granjas. Un paisaje que también ha ayudado a desarrollar un incipiente sector turístico atraído por los vestigios milenarios vikingos e inuit de Kujataa, protegidos como patrimonio Mundial de la Unesco. 

Es en el subsuelo de este remoto y frágil ecosistema donde se han descubierto los yacimientos sin explotar de tierras raras más grandes en el mundo: un conjunto de 18 elementos minerales claves para la fabricación de teléfonos móviles, coches eléctricos, turbinas eólicas y armas. Actualmente en Groenlandia hay activas 90 licencias de explotación minera, pero en el último año la atención internacional y la controversia se ha levantado con el yacimiento de Kuannersuit, la segunda mina de tierras raras conocida más grande en el mundo, situada a unos pocos kilómetros de la localidad de Narsaq, en el sur de la isla. 

Los expertos y grupos ecologistas locales advierten del grave impacto ecológico de este proyecto, ya que con la extracción de minerales también se extraería una cantidad importante de uranio. "El polvo radioactivo y los residuos afectarían a la pesca, la agricultura y la ganadería en la zona", advierte Niels Henrik Hooge, miembro de NOAH en Dinamarca. Según los informes de impacto ambiental, el proyecto de Kuannersuit implicaría un aumento del 45% de las emisiones de Co2 en Groenlandia, un factor que se suma al retroceso año tras año de la capa permanente de hielo en la isla. 

Desde Narsaq la activista Gretha Nielsen, miembro de la organización Urani? Naamik ("no al uranio"), dice: "La empresa explotadora nos dice que el proyecto traerá riqueza y puestos de trabajo para la comunidad, pero sabemos del impacto negativo de las minas de uranio en otros sitios del mundo y tenemos miedo que esto también pase aquí".  

Unas elecciones claves para la extracción de minerales

En los últimos meses se ha intensificado mucho el debate sobre el papel de la minería en la economía de Groenlandia, hasta convertirse en una de las principales razones del adelanto en las elecciones principios de abril. 

A pesar de que Groenlandia tiene un gobierno autónomo, continúa formando parte de Dinamarca, país que colonizó la isla ártica hace 300 años. En 2009, el Parlamento danés aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía, en el que se reconoce el derecho a la autodeterminación y otorga al Gobierno de Nuuk las plenas competencias en la gestión de áreas estratégicas como la explotación de los recursos naturales y mineros, mientras que desde Copenhague se siguen dirigiendo las políticas de defensa y política exterior. 

Sin embargo, los anhelos de independencia de la mayoría de partidos políticos y de los groenlandeses chocan frontalmente con la realidad económica de la isla, que hace que su autosuficiencia sea hoy un objetivo aún muy lejos de alcanzar: Groenlandia depende casi exclusivamente de dos fuentes de ingresos: la pesca (que representa el 90% de las exportaciones) y la aportación anual de 500 millones de euros por parte de Dinamarca, lo que supone casi la mitad del presupuesto público. 

"En los últimos años el debate ha girado en torno a la explotación más intensa de los recursos naturales", explica el politólogo e investigador de la Universidad de Copenhague, Kristian Søby: "Hasta ahora, el partido socialdemócrata Siumut, que había estado al frente del Ejecutivo durante 40 años, mantenía una posición favorable a la explotación minera, con el objetivo de diversificar la economía y alcanzar un mayor grado de independencia de Dinamarca". 

Pero las elecciones del 6 de abril, que se plantearon como un plebiscito sobre la minería en Kuannersuit, dejaron un claro mensaje en las urnas hacia las empresas internacionales interesadas en los recursos del subsuelo ártico. El partido de izquierdas, ecologista e independentista inuit Ataqatigiit (IA), con un 36,6% de los votos, alcanzó un resultado histórico con una posición clara y firme en contra del proyecto: "Tenemos algo que el dinero no puede comprar, haremos todo lo posible para parar la minería en Kuannersuit", aseguró el nuevo primer ministro, Mute Egede, de 34 años, después de formar un Gobierno de coalición con otras fuerzas progresistas. "Por el momento, todo apunta a que el proyecto minero quedará parado, probablemente durante bastante tiempo", vaticina Kristian Søby. 

El ártico, centro de interés geoestratégico 

La importancia de los minerales de Groenlandia está en el punto de mira geoestratégico, especialmente desde que China controla y procesa más del 70% de los minerales de tierras raras en el mundo. En un principio, la licencia para explotar el yacimiento de Kuannersuit se otorgó en 2007 al conglomerado australiano Greenland Minerals, cuyo principal accionista es la empresa china Shenghe Resources.

"El proyecto minero de Kuannersuit supone una inversión a medio plazo mucho mayor que el conjunto del PIB de Groenlandia", explica Jesper Zeuthen, profesor en la Universidad de Aalborg y experto en la presencia de China en la región ártica. "La dependencia política y económica de Groenlandia con China preocupa en Dinamarca, pero también en Estados Unidos", asegura el profesor, que explica así el intento fallido en 2019 por parte del expresidente Donald Trump de "comprar" el territorio prometiendo inversiones millonarias.

Si el proyecto Kuannersuit se llevara a cabo, supondría que en Groenlandia se extraerían el 10% de minerales raros en el mundo, el mayor yacimiento fuera de China. Además, las consecuencias del calentamiento global han abierto la veda a las potencias mundiales para explorar nuevas rutas de transporte marítimo que hace décadas eran imposible por el hielo, y a facilitar el acceso a los recursos naturales como el gas y el petróleo que atesora el ártico. 

Una vía verde hacia la independencia

"El debate en Groenlandia no está en si debe ser un país independiente, si no en como conseguirlo", señala Kristian Søby. "El incremento del interés internacional, no solo en los recursos minerales, sino también en la construcción de nuevas infraestructuras o en el desarrollo del turismo, es una buena señal para las aspiraciones de los groenlandeses".

Para la activista Gretha Nielsen, el futuro de su país pasa por un camino más verde hacia la independencia: "Tenemos que mejorar la economía, pero también las condiciones de vida de los groenlandeses". Según Nielsen, la prioridad debería ser buscar alternativas económicas como la agricultura, la inversión en productos pesqueros o el turismo responsable, sin perder de vista el equilibrio con el cuidado del medioambiente: "No podemos basar toda nuestra economía en un proyecto minero. En los próximos años Groenlandia debería ser el territorio clave para la protección del ártico". 

Por Òscar Gelis Pons

Copenhague — 30 de abril de 2021 22:27h

@Oscargls

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Zhang Yiming, fundador de ByteDance, donde posa en su sede en Pekín en 2019.Gilles Sabrie / Bloomberg

Por primera vez, la ciudad china adelanta a Nueva York y se coloca como la localidad que acoge al mayor número de grandes fortunas del mundo

Ni Nueva York, ni Londres, ni París. Por primera vez, Pekín se ha convertido en la ciudad que concentra mayor número de supermillonarios en todo el planeta, en una ilustración de la fuerza de su economía —la única de las grandes que creció el año pasado— mientras el resto del mundo lucha aún por superar la pandemia de la covid 19. La capital china, de 20 millones de habitantes, es el hogar de cien de las personas más ricas del mundo, mientras que su inmediata competidora, Nueva York, acoge a 99, según un estudio de la revista Forbes.

En total, un 10% de los 2.750 mayores millonarios mundiales residen en cuatro ciudades chinas: además de Pekín, las urbes favoritas de los magnates chinos son Shanghái, la capital económica del país; Shenzhen, la capital tecnológica, y Hangzhou, sede del gigante del comercio electrónico Alibaba. Esta última ciudad, en el este de China, se sitúa por primera vez entre las diez metrópolis con mayor concentración de superricos y expulsa de la lista a Singapur.

Entre las cuatro provincias han sumado 96 nuevos supermillonarios —aquellos que poseen una fortuna personal superior a los mil millones de dólares—, mientras que las otras seis en la lista de diez ciudades con mayor número de ricos “solo” agregan 53 más. En Pekín, el elenco de magnates creció en 33 personas a lo largo del año pasado.

Las fortunas del centenar de los más ricos en Pekín acumulan 484.300 millones de dólares, más que todo el PIB anual de Argentina (unos 450.000 millones de dólares) y el doble del de Portugal. Entre ellos, el más adinerado es el fundador de Bytedance, la empresa propietaria de la red social TikTok (o Douyin, su versión china), Zhang Yiming, que tras ver doblar su valor es dueño de 35.600 millones de dólares, según los cálculos de Forbes.

Entre los magnates pequineses que han cruzado este año el umbral de las grandes fortunas, el que acumula un mayor peculio personal es el fundador de la cadena de jugueterías PopMart, Wang Ning, que con solo 34 años suma 5.800 millones de dólares tras la salida de su empresa a Bolsa en Hong Kong el pasado diciembre.

Pero si Pekín ostenta el número uno entre las ciudades con mayor número de millonarios, la segunda, Nueva York, le supera en riqueza total de los suyos. Los Cresos de la Gran Manzana, que incorporó a siete nuevos superricos a su lista el año pasado, acumulan 560.500 millones de dólares entre sus respectivas fortunas personales. Una cantidad superior en 80.000 millones de dólares a la que suman sus homólogos de la capital china, que supera el PIB anual de Suecia y el de Bélgica, y que equivale a la suma de los de Chile, Perú y Costa Rica. El neoyorquino con más posibles es su exalcalde Michael Bloomberg, al que se le calculan bienes por valor de 59.000 millones de dólares.

Donde China recupera el liderazgo es en el número de nuevos supermillonarios: de los 388 que contaba el año pasado ha pasado en 2021 a 626, y queda solo por debajo de Estados Unidos, que presenta 724 fortunas superiores a los mil millones de dólares. Entre los magnates chinos que aparecen listados este año, 205 figuran por primera vez, mientras que otros 53 son empresarios que reaparecen después de que sus nombres salieran del Olimpo de los más ricos en años anteriores. Los chinos más ricos controlan bienes por un valor total de 2,5 billones de dólares, más del doble de los 1,2 billones del año pasado.

Muchas de las nuevas entradas que aporta China a la lista de las mayores fortunas han labrado su riqueza en el pujante sector tecnológico de su país, que el año pasado registró un crecimiento explosivo durante la pandemia tras dispararse la demanda de mayor ocio en internet y las compras electrónicas. Entre los mayores millonarios del gigante asiático figuran personalidades desde Jack Ma, fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba y que desde el año pasado arrastra un insistente escrutinio de las autoridades, a Lei Ding, propietario de la firma de juegos online NetEase. La fortuna del primero asciende, según Forbes, a 48.400 millones de dólares. La del segundo, a 33.000 millones.

Aunque el hombre más rico de China no ha hecho su dinero con el sector tecnológico. Tampoco reside en Pekín, sino en Hangzhou. Es Zhong Shanshan, al que la revista le calcula bienes por valor de 68.900 millones de dólares después de la salida a Bolsa de su compañía de agua embotellada, Nongfu Spring, en septiembre pasado.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín - 20 abr 2021 - 5:20 CEST

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Comirnaty, la vacuna desarrollada por Pfizer, causa efectos secundarios y se ha mencionado que requiere una tercera dosis para que sea efectiva. Todo esto no ha evitado que ese laboratorio alcanzara un valor de 235 mil millones de dólares.Foto Afp

Acumulan ganancias de 152 mil mdd desde el inicio de la pandemia

Casos de coágulos y polémicas por su eficiencia no han afectado el valor de las firmas

 

Las gigantes farmacéuticas son inmunes a la incertidumbre que ha provocado la eficacia de algunas de sus vacunas contra Covid-19, pues según datos de mercado, su valor bursátil continúa en aumento. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, estas empresas acumulan una ganancia de 152 mil millones de dólares, es decir, poco más de 3 billones de pesos.

Para poner en contexto, este beneficio es tres veces lo que el gobierno mexicano gasta anualmente en el pago de pensiones, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de un billón de pesos.

La suma también es más de cuatro veces superior a los 660 mil millones de pesos presupuestados para el sector salud este año, y es casi la mitad de los ingresos totales que se estima tendrá el país este año, que serán 6.2 billones de pesos.

A inicios de 2020 el valor de mercado de Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, BionTech y CanSino, siete de las farmacéuticas más grandes del mundo, ascendía a 686 mil 908 millones de dólares, mientras que al cierre del viernes pasado se ubicó en 838 mil 961 millones de dólares.

En las semanas recientes ha crecido la incertidumbre en torno a las vacunas contra Covid-19, pues algunas de las desarrolladas por dichas farmacéuticas han enfrentado problemas de aprobación en ciertos países, dado que los gobiernos han detectado anomalías e inclusive efectos secundarios en los pacientes que las reciben.

Lo anterior no ha detenido el impulso del valor bursátil de las empresas, pues apenas el 10 de enero pasado, según un seguimiento de este diario, la ganancia acumulada de las farmacéuticas era de 90 mil millones de dólares, mientras ahora es de 152 mil millones.

Es decir, en menos de tres meses, en medio de un ambiente de cuestionamientos, su valor se ha disparado 70 por ciento, equivalente a poco más de 60 mil millones de dólares.

Johnson & Johnson, la empresa más grande del sector, registra un valor bursátil de 426 mil 477 millones de dólares, 10 por ciento más respecto de los 384 mil 272 millones de dólares que registraba hasta antes del inicio de la pandemia.

El valor de esta farmacéutica abrió 2021 en un nivel de alrededor de 422 mil millones de dólares, mismo que siguió en aumento pese a que recientemente los reguladores federales de salud de Estados Unidos recomendaron una pausa en el uso de la vacuna por detectar casos de coágulos de sangre en mujeres de entre 18 y 48 años.

Pfizer, la segunda firma más grande tenía un valor de 217 mil millones de dólares antes del brote de la pandemia, que alcanzó un pico a finales del año pasado de 235 mil millones, el cual bajó 206 mil millones en enero de 2021, esto luego de que la farmacéutica decidió vender parte de sus acciones para materializar las ganancias.

En cuanto a la vacuna desarrollada por esta empresa, se ha revelado que causa algunos efectos secundarios e inclusive que se necesita una tercera dosis para que sea efectiva, lo cual no ha afectado su valor, pues incluso ha aumentado un poco hasta volver a alcanzar el nivel que tenía hace un año.

Un caso parecido es el de AstraZeneca, la tercera del mercado, que antes de la pandemia valía 66 mil millones de dólares, mismo nivel que mantiene hasta la fecha pese a que su vacuna ha sido una de las más controversiales al ser suspendida su aplicación por potencias de la Unión Europea y Estados Unidos tras darse muertes sospechosas en pacientes que recibieron la dosis.

Respecto a las demás, Moderna acumula una alza en su valor bursátil de 60 mil 700 millones de dólares, BionTech 27 mil 600 millones, Novavax 8 mil 600 millones y CanSino 6 mil 900 millones de dólares.

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Covid y vacunas: Monopolios farmacéuticos contra la salud pública

Las leyes de patentamiento, otra fuente de desigualdad

La lucha de los laboratorios para proteger sus beneficios choca con las necesidades del mundo menos desarrollado por proteger la vida. Reglas  cuestionadas y el rol de los organismos internacionales.

 

Cuando en 1998 África superó ampliamente la cantidad de infectados de HIV con respecto al resto del mundo, varios países del continente pidieron retirar las patentes de los medicamentos para evitar las muertes. Los países ricos en los que se encuentran la mayoría de las farmacéuticas se negaron y los costosos medicamentos que estaban disponibles desde 1996, tardaron diez años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible.

Cuando India y Sudáfrica propusieron suspender el cumplimiento de obligaciones de propiedad intelectual mientras la carrera de las vacunas contra la Covid-19 entraba en fase 2, el mundo acumulaba alrededor de un millón de muertos. Hoy en día, la lógica de mercado volvió a imponerse: el debate sigue abierto y los muertos también. El mundo ya acumula casi tres millones

En la industria farmacéutica, cuando un laboratorio desarrolla un medicamento, alguna empresa patenta su descubrimiento para proteger la propiedad intelectual del producto y evitar que otras puedan copiarse. Patentar un medicamento significa adquirir exclusividad para producir y comercializarlo durante veinte años.

El modelo de producción en la industria farmacéutica funciona basado en un esquema en que la inversión más riesgosa (por su capacidad de fracaso), el de Investigación y Desarrollo (I+D) es financiada pública o privadamente; y luego es patentada permitiendo al titular actuar como un monopolista y fijar altos precios con su consecuente rentabilidad extraordinaria. La consecuencia: se generan ganancias extraordinarias.

A modo de ejemplo, las acciones del laboratorio Moderna con base en Boston, Estados Unidos, que produce una de las vacunas contra la covid-19 aumentaron un 160 por ciento entre octubre del 2020 y abril del 2021. Algunas estimaciones de mercado aseguran que puede generar más de 5.000 millones de dólares al año.

Desigualdad y mutaciones

La Organización Mundial de la Salud, que releva la administración de las vacunas a nivel mundial, aseguró que el 75 por ciento de las vacunas contra la covid-19 se dieron en 10 países ricos. Como contracara unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna y se calcula que muchos de ellos deberán esperar hasta el 2024.

Uno de los impactos más directos y a la vez contraproducente incluso para los países que apoyan este modelo son las mutaciones que van surgiendo por la propia reproducción del virus. Se seguirán desarrollando variantes y algunas vacunas no serán efectivas, lo cual generará nuevas formas de esta pandemia. 

“La intención de los patentamientos era promover la innovación, pero en el caso de las tecnologías médicas, el tiempo ha demostrado lo contrario”, explicó a Página 12  Lorena Di Giano, directora ejecutiva del Grupo Efecto Positivo (GEP) y abogada especialista en derechos de propiedad intelectual, al tiempo que cuestionó a las farmacéuticas: “Se convirtieron en empresas que especulan en mercados bursátiles.  La combinación de acciones más patentes nos traen precios que no podemos pagar ni los usuarios ni los Estados. Tienen la obligación de garantizar la salud pública”.

Salud o comercio

El hashtag #liberenlasvacunas llegó a los medios estos últimos días, pero desde la etapa de fase 2 algunos países y organismos especializados reclaman por la liberalización de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información para el tratamiento, prevención y contención de la covid-19. De esto se trata la propuesta de India y Sudáfrica ante el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) en la Organización Mundial de Comercio.

Adpic es un acuerdo que se firmó entre 1986 y 1994 y obligó a todos los países miembros de la OMC a conceder patentes sobre medicamentos. Argentina fue uno de ellos: adhirió en 1995 y comenzó a aplicarse en el 2000. 

"Numerosos países que excluían –por razones de salud pública– el patentamiento de productos farmacéuticos, debieron adaptar su legislación a esa nueva normativa internacional. No hacerlo suponía exponerse a represalias comerciales legitimadas mediante el mecanismo de solución de controversias de la OMC", explica la investigación "Acceso a medicamentos" llevada adelante por Carlos Correa y Germán Velásquez de la organización Centro del Sur. 

Aunque cuenta con el apoyo de un centenar de países de ingresos bajos y medios y más de 400 organizaciones de la sociedad civil, la propuesta de India y Sudáfrica  (que ya fue tratada en tres ocasiones desde que comenzó la pandemia en la OMC) no prospera. 

Aún no se pudo obtener el consenso necesario (el apoyo de tres cuartas partes de los países que integran el organismo) para que se trate en la instancia siguiente, que es el Consejo General de la OMC. De los 123 apoyos necesarios, ya cuentan con más de 100.

Para resumir el mapa geopolítico, algunos de los países a favor de la liberalización son Argentina, Bangladesh, Chad (en representación de los miembros de los países con menores ingresos), Egipto, Honduras, Indonesia, Mozambique, Pakistán, Sri Lanka, Túnez y Venezuela. Por el contrario, los países más ricos donde se encuentran las sedes de las principales farmacéuticas se oponen: Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Japón, Noruega, Suiza y la Unión Europea. En tanto que Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Jamaica, Nigeria, Senegal, Tailandia y Turquía analizarán la propuesta.

Qué dicen los laboratorios

Las grandes farmacéuticas levantan por lo menos dos argumentos por los cuales justifican su rechazo al pedido de acceso equitativo a las vacunas: que el problema no es la propiedad intelectual sino la capacidad de producción; y que sin derechos de propiedad intelectual no van a tener los incentivos necesarios para seguir investigando por ejemplo para las nuevas cepas que se van presentando.

"Los derechos de Propiedad Intelectual no son el problema" declaró Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (Ifpma) que representa a los principales productores de vacunas durante una conferencia organizada por la OMS, "los cuellos de botella son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento".

Este enunciado fue desmentido por distintos países: "En América Latina, Brasil y Argentina tienen la infraestructura necesaria para empezar a producir ya. Algunos países no tienen la tecnología para encarar nuevas investigaciones pero sí tienen la capacidad de fabricar las vacunas que ya están aprobadas", asegura Di Giano y agrega que de cualquier manera generaría una ampliación de la oferta, contribuyendo a bajar su precio y abrir la negociación por parte de los países de menores recursos.

El documento del Centro del Sur mencionado anteriormente asegura que "según la industria farmacéutica para el desarrollo de una nueva molécula de uso medicinal se requería una inversión de 2.500 millones de dólares.  En contraste, un estudio realizado por investigadores independientes, publicado por la London School of Economics estimó un costo medio para el desarrollo de un nuevo medicamento en sólo 43.4 millones de dólares ", explica y concluye: "mientras no exista transparencia sobre cuáles son los costos reales de la I+D, el problema del precio y, por lo tanto, del acceso a los medicamentos, seguirá sin resolverse". 

Asimismo, un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos 10.000 millones de dólares fondos públicos y de organizaciones sin fines de lucro para financiar sus vacunas, aun entendiendo que puede ser un número subestimado. 

Un estudio detallado sobre el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca coincide en lo esencial de este dato: la industria farmacéutica soportó menos del 3 por ciento de los costos de investigación: la mayor parte de los 120 millones de euros fueron invertidos por el Reino Unido (45 millones) y la Comisión Europea (30 millones) y otras entidades de fondos públicos. 

Mientras el debate sigue abierto, los países centrales no pierden el tiempo, las multinacionales farmacéuticas que están trabajando en su desarrollo ya cuentan con solicitudes de patentes en distintas partes del mundo. “Encontramos 188 patentes asociadas a las vacunas con una respuesta inmune demostrada”, reveló Di Giano.

Frente a la cantidad de adhesiones, la OMC propuso una “tercera posición" que habilita el otorgamiento de licencias voluntarias. Esto significará mantener los derechos de propiedad intelectual fomentando acuerdos privados entre laboratorios y gobiernos para permitir transferencias de tecnología. “Las licencias voluntarias no funcionan, apelan a la voluntad de cada laboratorio. Lo que hace es correr el verdadero foco del debate que es la suspensión de patentes”, reflexiona Di Giano.

Otra de las propuestas en este sentido diseñada por la OMS en junio del 2020, es el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19,  que también apela a la voluntariedad de compartir datos y propiedad intelectual de tecnologías. Sin embargo, el programa ha tenido pocas adhesiones. 

El tercer intento y fracaso es la Covax, cuyo impacto es muy menor: hasta fines de febrero, tenía acceso solo al 2 por ciento de todo lo que Pfizer producirá y para repartir entre 145 países.

Pareciera ser que las soluciones intermedias no son viables. "Los medicamentos no son mercancías", explicó el activista colombiano Luis Guillermo Restrepo: "algún día recordaremos a las patentes como hoy recordamos a la esclavitud”. 

Por Natalí Risso

Yellen propone un impuesto global a las corporaciones

La secretaria del Tesoro dijo que Estados Unidos va a negociarlo con el resto del G-20

La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos va a negociar con el resto de las naciones del G-20 la coordinación de un impuesto mínimo sobre las corporaciones. "Juntos podemos usar un impuesto mínimo global para asegurarnos de que la economía prospere sobre la base de una mayor igualdad de condiciones de tributación para las empresas multinacionales y que se impulse la innovación, el crecimiento y la prosperidad", señaló.

Las declaraciones de la funcionaria norteamericana se inscriben en la reciente propuesta del presidente Joe Biden para elevar el impuesto que pagan las corporaciones sobre la renta, desde el 21 por ciento actual hasta un 28 por ciento, para recuperar parte de la baja aplicada por el anterior gobierno de Donald Trump, que redujo ese impuesto desde el 35 por ciento. En líneas más generales, Yellen dijo querer “poner fin a una carrera de 30 años a la baja en las tasas impositivas corporativas".

La administración demócrata busca subir el impuesto a la renta empresarial para financiar un gigantesco plan de infraestructura que asciende a unos 2,3 billones de dólares con el objetivo de crear empleo. Bajo el nuevo paraguas impositivo global, Yellen quiere evitar que las empresas eludan la mayor tributación trasladando sus actividades hacia otras jurisdicciones con menores gravámenes. Por eso abogó por un “esfuerzo internacional para terminar con una carrera para llevar este gravamen a un mínimo en busca de ganar competitividad”. Con el impuesto global, las empresas se verían impedidas de realizar las típicas acciones de elusión impositiva disfrazando operaciones en jurisdicciones de baja tributación.

"La propuesta anunciada por el presidente Biden llama a tomar acciones ambiciosas, incluyendo subir la tasa mínima de impuesto a empresas en Estados Unidos y un renovado compromiso a nivel internacional, reconociendo que es importante trabajar con otros países para terminar con la presión de la competencia fiscal y la erosión del impuesto a la renta de las empresas", indicó Yellen, quien detalló que quiere presionar a favor de un acuerdo fiscal internacional en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con miras a establecer una serie de estándares que incluyan a las empresas tecnológicas.

Por su carácter global, la iniciativa hace recordar a la llamada "tasa Tobin", un impuesto sobre las transacciones financieras que tomó vuelo con la crisis subprime de 2008. La idea ese tributo era reducir la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales y robustecer las finanzas de los Estados nacionales.

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La comunicación en la era de internet

Cada avance tecnológico suscita un sueño utópico y una pesadilla distópica. La invención de internet hacia 1990 generó expectativas entusiastas. Su propio comienzo fue utópico. Su creador Tim  Berners-Lee se negó a registrar las patentes que lo hubieran hecho multimillonario, para ponerlas a disposición de la humanidad. Un dispositivo al principio apropiado por el complejo militar industrial como red  subterránea invulnerable al ataque atómico, devino instrumento aparentemente a disposición de todos para el libre intercambio de mensajes y conocimientos. Si en la era que vivimos el bien más preciado es la información, un canal que prometiera multiplicarla y comunicarla de manera prácticamente gratuita y universal parecía puerta abierta hacia Utopía.

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Esta  perspectiva optimista fue prontamente clausurada. Así como todos los bienes a disposición de la humanidad –tierra,  aguas,  minerales,  organismos biológicos- no tardaron en ser acaparados, internet no demoró en caer bajo el poder y los planes de los operadores. La red concebida para transmitir mensajes no tardó en encontrar quien quisiera hacerse dueño de éstos  y a través de ellos de sus emisores. En la actualidad, cerca del 70% del PIB global es producido por el sector terciario (finanzas, investigación, educación, publicidad, informática, entretenimiento) que a su vez se maneja mediante la Red. Desde el siglo pasado, Estados Unidos desarrolló el sistema de espionaje Echelon para decodificar ofertas en las licitaciones y hacer que las ganaran las empresas estadounidenses. La información, como la plusvalía, es expropiada de la sociedad  que la crea, y tiende a concentrarse en un número cada vez menor de manos. Dominar la Red es dominar la economía.

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Todo control sobre la economía deviene control social. Internet y las  redes acumulan membrecías que superan con mucho a las ciudadanías de muchos de los Estados soberanos. A principios de 2021, usan internet 4.660 millones de personas: el 59,5% de la población mundial. Emplean teléfonos celulares 5.200 millones, el 66,6% de los habitantes del planeta. Están atrapadas en las redes sociales 4.200 millones de personas: el 53,6% de los terrícolas. En estas redes, sólo Facebook junta 2.740 millones de seres; You Tube, 2.291; Whats App, 2.000. Los usuarios de internet invierten en ella  en promedio seis horas  y 54 minutos diarios: la duración usual de una jornada de trabajo (https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo/). Estas desmesuradas clientelas son mercados inconmensurables que incesantemente aportan a sus operadores datos invalorables y reciben a cambio publicidad y propaganda.

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Imaginemos que un servicio postal por el mero hecho de transmitir correspondencia se atribuyera el derecho de abrir todas las cartas que transmite y de utilizar su contenido libremente. Tal servicio no tardaría en ser denunciado como  inadmisible instrumento de tiranía y en perder la totalidad de sus usuarios. Tal es el caso de internet. Desde los primeros tiempos, primero los gobiernos, y luego los operadores de la Red se atribuyeron abusivamente ambos privilegios. Hoy en día, el usuario puede tener la casi seguridad de que todos sus mensajes son abiertos, escrutados y utilizados para sus propios fines por las organizaciones que los transmiten y sus cómplices. Programas de análisis de contenido detectan la presencia de ciertas palabras o construcciones claves y alertan a mecanismos de vigilancia que aplican estrechos controles sobre los emisores del mensaje. En un avance del cerco, los canales instalan en los computadores de los usuarios cookies, programas espías que informan detalladamente sobre el contenido de los ordenadores y de los mensajes que emiten. Estos mecanismos acercan a todos los usuarios de internet a un mundo de control total, frente al cual parece un juego de niños la televisión de dos vías imaginada por George Orwell, que no sólo transmitía imágenes al espectador, sino que además vigilaba todos los actos de éste.

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El espionaje emplea todo tipo de dispositivo capaz de registrar información. Edward Snowden decidió desertar de los servicios de inteligencia estadounidenses cuando advirtió que éstos espiaban los teléfonos, y que el número de dispositivos de espionaje dedicados a vigilar ciudadanos estadounidenses era mayor que el de los aplicados contra el resto del mundo. Ya es casi imposible abrir una página web sin que ésta nos informe que usa cookies para servirnos mejor –en realidad, para espiarnos mejor- y que el mero hecho de utilizar la página equivale al consentimiento para alojar un espía en el aparato del cual depende nuestra comunicación con el mundo. Algunas, de manera inocente, nos piden de entrada la clave de nuestro correo electrónico, que es como solicitarnos a la vez la llave de la casa, del auto y de la caja fuerte. Pero nuestros llamados servidores ya las tienen: en realidad somos sus sirvientes. Las páginas web, las redes sociales se atribuyen explícita o implícitamente  el derecho de utilizar para sus propios fines todos los contenidos que los usuarios hagan circular en ellas. Es como si un servicio postal se atribuyera la propiedad de cuantos mensajes y objetos le fueran confiados. Fácil es comprender lo que esto significa en un mundo donde el bien económico fundamental es la información. Apropiarse de la información es apropiarse del mundo. 

Por Luis Britto García | 29/03/2021

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El lobby del agronegocio y la captura de la cumbre alimentaria de la ONU

La Vía Campesina y el Centro Europeo-Tercer Mundo (CETIM) expresaron su preocupación sobre la captura por los lobbies del agronegocio de los preparativos de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, que se realizará en septiembre próximo en Nueva York, y que ocupa un lugar central en la agenda de la ONU para 2021, pero también en la de los movimientos y organizaciones rurales y campesinas

Resulta difícil tratar un tema de esta índole sin indignarnos, sin emocionarnos. Desde hace tiempo se ha empleado la alegoría espacial centro-periferia para no recurrir al inoportuno díptico “países desarrollados – países subdesarrollados, Norte – Sur, o simplemente Tercer Mundo, esta abundancia de connotaciones geográficas muy ambiguas esconde un hábil confusionismo, que se limita a perpetuar en realidad a un mundo mal-desarrollado.

De este modo la ambigüedad cada vez mayor que caracteriza la noción de este mal-desarrollo no se debe al azar, ni a defectos semánticos, sino que es el resultado de un fenómeno histórico, de un proceso de producción capitalista y difusión de ideas que se prolongan en los tiempos de injusticias. La arrogancia, el avasallamiento del eurocentrismo con su paternalismo patético nos demuestran que aun, ¡no han comprendido nada!

Recientemente Perla Álvarez Brítez, representante de La Vía Campesina, se dirigió a la asamblea plenaria del 46o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la ocasión de la presentación del informe del nuevo Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri.

En su trabajo, el Fakhri ofrece una visión general de los temas y prioridades que pretende abordar durante su mandato, destacando la cuestión de la gobernanza mundial de los sistemas alimentarios, refiriéndose en particular, y con preocupación, a la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios “Es clave que los poderos públicos protejan las zonas rurales y promuevan sistemas agrarios más equitativos y transparentes, promoviendo también la cooperación multilateral internacional para resolver esta crisis”, dijo Brítez. Añadió que enla situación internacional actual, los poderes políticos y económicos dominantes apuntan a desmantelar los espacios multilaterales, a favor de la denominada gobernanza multipartes (“multistakeholderism”).

De hecho, esta última tiene como objetivo favorecer la entrada e influencia del sector privado en los espacios de decisión que deberían relevar de lo público y de la búsqueda del interés general de los pueblos; un hecho particularmente grave en periodo de crisis sanitaria global como la actual.
Se ha denunciando cómo los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y capturando los preparativos de esta Cumbre. El objetivo de esta estrategia es claro: asegurarse que los debates se focalicen únicamente en el enfoque de soluciones de mercado para los sistemas alimentarios, ignorando soluciones propuestas por sistemas campesinos, como la agroecología.

Frente a esta situación, es evidente que “los Estados miembros de la ONU tienen el deber de proteger este espacio de la ONU de la captura corporativa y garantizar que los titulares de derechos, las y los campesinos, los pueblos indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, estén al centro de la Cumbre”, afirmó Perla Álvarez.

La representante de Vía Campsina resaltó la importancia de continuar promoviendo la implementación de la Declaración sobre los derechos de los campesinos, como “hoja de ruta común” y baluarte en favor de sistemas alimentarios y agrícolas equitativos y justos, que defiendan la vida de los pueblos y no el interés privado.

Como dijo Fakhri, el Relator Especial, al final del debate en la ONU, “La Declaración es uno de los caminos más relevantes para que los países cumplan con el derecho a la alimentación y transformen sus sistemas alimentarios al mismo tiempo».

«La Declaración proporciona una perspectiva sistémica y creo que, si los países la implementan legalmente, si incorporan esta Declaración de la ONU en su legislación nacional, capacitaría a los gobiernos transformar sus sistemas alimentarios y cumplir con muchas de sus obligaciones en materia de derechos humanos”, añadió


El hambre durante la pandemia

En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ofreció su visión de las preocupaciones temáticas y las cuestiones prioritarias para todo su mandato.

Fahri asumió su cargo el 1 de mayo de 2020, al comienzo de la pandemia, y presentó a la Asamblea General su informe, en el que trataba del derecho a la alimentación en el contexto de la política comercial y el derecho mercantil internacionales en julio de 2020.

En ese momento, la situación ya era alarmante. La gente estaba perdiendo el empleo a un ritmo sin precedentes. En abril de 2020, en el momento en que más escuelas estaban cerradas, 369 millones de niños no comían las tres veces al día: hoy más de 246 millones de niños siguen en esa situación. Aunque los gobiernos intentaban hacer frente al problema, millones de personas seguían privadas de recursos esenciales. El virus era desconocido, pero como era de esperar, resultaba más dañino para las personas marginadas y vulnerables.

En ese informe combinó las perspectivas de los derechos humanos y de la política comercial para ofrecer un mapa institucional y principios nuevos que puedan guiar a los Estados, las entidades de la ONU y a la sociedad civil y ayudarles a orientar el régimen comercial mundial hacia la realización del derecho a la alimentación.

Expuso sus conclusiones en el Acto Especial de Alto Nivel sobre el Fortalecimiento de la Gobernanza Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, organizado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial del 13 al 15 de octubre de 2020 y presentó sus recomendaciones a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un simposio de alto nivel celebrado el 2 de diciembre de 2020.

El Relator Especial decidió centrarse en cuatro esferas temáticas: la pandemia de enfermedad por coronavirus (Covid-19) y la crisis de hambre; los sistemas alimentarios y la gobernanza global; las semillas y los derechos de los agricultores; y el derecho a la alimentación en los conflictos armados y las crisis prolongadas.

Además, debido al carácter agudo de la pandemia, ha incluido algunas recomendaciones sobre el modo de hacer efectivo el derecho de las personas a la alimentación a pesar de la Covid-19 y la crisis de hambre inminente.

Las voces en el desierto de la indiferencia

Las terribles condiciones de la pandemia condujeron a que el Secretario General de Naciones Unidas y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hicieran llamamientos en los que se afirmaba que las personas y sus derechos eran fundamentales para que todas las respuestas de salud pública resultaran eficaces. Si bien todos los derechos humanos son esenciales y están interconectados, el derecho a la alimentación contribuye especialmente a todas las soluciones a corto y largo plazo.

El mundo ya se estaba quedando atrás en el logro de la plena efectividad del derecho a la alimentación incluso antes de la pandemia actual. A juzgar por las estadísticas, el número de personas hambrientas y subalimentadas en el mundo ha ido en aumento desde 2015.

Al tiempo que la crisis climática sigue causando estragos, está disminuyendo la biodiversidad en la alimentación y la agricultura a medida que la dieta mundial se homogeneiza cada vez más en torno a un pequeño número de cultivos, entre otras cosas por una marcada tendencia a consumir cada vez más alimentos muy elaborados.

Además, la Covid-19 es solo el virus más reciente -y, lamentablemente no el último- que ha afectado a la humanidad como resultado de la continua disrupción de los ecosistemas y hábitats animales que hemos provocado, lo cual ha aumentado el riesgo de transmisión zoonótica de enfermedades. Paralelamente, el mundo no se ha recuperado de la volatilidad de los precios de los alimentos que se produjo entre 2007 y 2010.

El virus sigue asolando a la humanidad; a pesar de las primeras vacunas, y pasará algún tiempo antes de que la situación sanitaria mundial se estabilice y al menos un decenio -según los expertos- antes de que el mundo se recupere económicamente.

Entretanto, los Estados Miembros y las organizaciones internacionales aún no se han unido para hacer frente a la crisis de hambre inminente. Peor aún, a pesar de las advertencias, no hay ninguna actuación coordinada internacionalmente para responder a la crisis de hambre causada por la pandemia. Solo los lobistas se movilizan por sus mercados y la rentabilidad.

Algunos datos: según informe de la FAO:

-Durante 2020 la FAO, señalo que hay 690 millones de personas que pasan hambre, lo que significa que hemos empeorado: 10 millones más de hambrientos en un año y 60 millones más en el último lustro.
-Dos de cada tres niños menores de cinco años de países de renta baja o media están recibiendo dietas que no satisfacen sus necesidades nutricionales.

-Si la población mundial llevase una dieta sana podría ahorrarse el 97% de costes derivados de enfermedades no transmisibles.

-La carga de la malnutrición en todas sus formas sigue constituyendo un desafío. Se han realizado algunos progresos en relación con el retraso del crecimiento infantil, la insuficiencia ponderal y la lactancia materna exclusiva, aunque a un ritmo demasiado lento todavía. En relación con el sobrepeso infantil no se han logrado mejoras.

Nota
1. Fakhri es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón, donde imparte clases sobre derechos humanos, derecho a la alimentación, desarrollo y derecho comercial. También dirige el Proyecto Resiliencia Alimentaria del Centro del Derecho Medioambiental y los Recursos Naturales. Fakhri es titular de un Doctorado de la Universidad de Toronto, una Maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, una Licenciatura en Derecho de la Queen’s University y una Licenciatura en Ciencias Ecológicas de la Western University.

Por Eduardo Camin. Periodista uruguayo acreditado ante ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la

25/03/2021

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Imagen promocional del antiviral de AstraZeneca, en retrato de noviembre pasado.Foto Afp

AstraZeneca sufre otro descalabro en EU debido a la presentación "caduca" de sus datos (http://wapo.st/3f5hWrj) –y eso que no ha recibido la expedita "aprobación de emergencia" en la fase 3 muy laxa de la FDA que favorece a sus tres vacunas Pfizer/Moderna/Johnson&Johnson–, cuando también se libra otra batalla logística entre Gran Bretaña y la Unión Europea ( FT, 22/3/21), sin contar que una encuesta de YouGov "exhibe que la mayoría de los ciudadanos en Francia, Alemania, Italia y España piensan ahora que la vacuna AstraZeneca es muy insegura" (http://bit.ly/3ccUwOD). ¿Cómo ocultar sus trombosis?

En forma aterradora, The Washington Post dio vuelo a la antihumana confesión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (sic) –HHS, por sus siglas en inglés–, de EU de que sus funcionarios presionaron a Brasil para rechazar la vacuna rusa Sputnik V (http://wapo.st/3sl518k).

En la pagina 48 de su reporte anual de 72 paginas, el HHS alardea "combatir las influencias malignas (sic) en las Américas" (https://bit.ly/3vSLrm3): La “OGA (Office of Global Affairs, Oficina de Asuntos Globales: http://bit.ly/2NJPD6j) usó sus relaciones diplomáticas (¡megasic!) en la región de las Américas para mitigar los esfuerzos de los estados, incluyendo Cuba, Venezuela y Rusia, que trabajan para incrementar su influencia en la región en detrimento de la seguridad y protección de EU”. ¡Para quienes dudan de la guerra geopolítica de las vacunas de carácter tripolar!

El HSS expone que la "OGA se coordinó con las otras agencias del gobierno de EU para fortalecer los lazos diplomáticos y ofrecer ayuda humanitaria (sic) y técnica con el fin de disuadir a los países en la región (sic) de aceptar ayuda de estos estados mal intencionados (sic)". Confiesa sin tapujos que "el funcionario agregado (attaché) de la salud en la OGA" fue requerido para “persuadir a Brasil a rechazar la vacuna rusa contra el Covid-19 ofreciendo la ayuda técnica de la CDC ( https://www.cdc.gov/) en lugar de la aceptación de Panamá de la oferta de médicos cubanos”.

Como que se tardaron casi tres meses en descubrir el reporte malévolo de EU, publicado en enero, que no perturbó a ningún "filántropo" de EU.

El ese sí "malévolo" boicot a la vacuna rusa por el gobierno de EU fue descubierto en un tuit oficial de la vacuna Sputnik V que colocó una foto de pantalla (https://bit.ly/3f85uHl) citando un reporte de Brazil Wire: "Washington presionó a Brasil para no comprar la maligna (sic) vacuna rusa" (http://bit.ly/2NJdJhw).

¿Cuáles habrán sido las presiones "diplomáticas" de EU en México?

Más que las consabidas presiones de la OGA del HHS, resulta más ultrajante que las autoridades sanitarias de Brasil –el país más grande, poblado y próspero de Latinoamérica– hayan sucumbido en forma ignominiosa.

Como era de esperarse también, la embajada de EU en Brasil, puesta en la picota y a la defensiva, publicó un inverosímil desmentido (https://bit.ly/3vRQByE), y The Washington Post considera que tal "respuesta no significa un desmentido total (sic)".

Un portavoz del hoy vilipendiado HHS realizó acrobacias retóricas para lavarse campantemente las manos.

Un día antes del inconcebible ­dicterio de Biden al zar Vlady Putin (https://bit.ly/2NLEe69) y tres días antes de los aparatosos tropiezos en la escalinata del Air Force One del presidente de EU (http://bit.ly/2NJuyJe), Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ­comentó que la "presión de algunos países a ­rechazar la compra de la vacuna rusa Sputnik V ­contra el Covid-19 se encontraba a niveles sin ­precedente, pero que no tenía oportunidad de tener éxito" (http://reut.rs/3fgh7M6). El flagrante cuan inhumano boicot de EU contra Sputnik V cobra mayor relieve cuando Brasil sufre los embates de una nueva cepa del Covid-19 que ha llevado a cambiar tres ministros de Salud en tan solo un año (http://bit.ly/2QyESVD).

Cunde la geopolítica de las ­vacunas –corolario de la guerra tripolar entre EU, Rusia y China– que tiende a la balcanización regional de una inoculación que debiera ser, soñando un poco, plural/ecuménica/universal.

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