Miércoles, 10 Julio 2019 06:40

Las contradicciones de Christine Lagarde

Las contradicciones de Christine Lagarde

El clima de la economía mundial es inquietante. Las tormentas siempre son precedidas por un periodo de calma y negros nubarrones se vislumbran en el horizonte. Lo más grave es que no se percibe un nuevo motor que permita reactivar la economía global. La guerra comercial es una realidad, la inversión en la economía real sigue aletargada y la amenaza de una nueva recesión sigue vigente.

 

En este contexto, ¿qué significa el paso de Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Banco Central Europeo (BCE)? Para apreciar esta pregunta es importante observar las contradicciones de Lagarde frente a las políticas de austeridad que tanto promovió el FMI en el pasado.

 

Durante décadas el FMI aplicó una despiadada política de austeridad fiscal en los países subdesarrollados. El objetivo siempre fue generar un superávit primario en las finanzas públicas para asegurar el pago de la deuda externa, aunque eso significara condenar a economías enteras al estancamiento, el desempleo y la pobreza. En países como México el paliativo fueron los programas "focalizados" hacia la reducción de la pobreza, otra fórmula preferida del FMI. Los resultados están a la vista: desigualdad rampante y pobreza para 60 por ciento de la población.

 

La "ayuda" del FMI siempre tuvo el efecto de prolongar la agonía económica para asegurar la servidumbre financiera de países enteros. Pero en la crisis financiera de 2008 todo cambió. El FMI descubrió los beneficios de la política fiscal cuando se trata de rescatar a bancos y grandes corporaciones, y también acabó por aceptar que los bancos centrales inyectaran cantidades astronómicas de dinero de alto poder al sistema bancario y financiero.

 

La gestión de Christine Lagarde al frente del FMI estuvo marcada desde el comienzo por los efectos de esa crisis. Al principio, el FMI vio con beneplácito los paquetes fiscales de rescate y estímulo activados por Paulson (secretario del tesoro bajo George W. Bush) y Geithner (bajo Obama). Pero las voces en contra de ampliar el déficit fiscal frenaron esa política fiscal.

 

Después la Reserva Federal se dio cuenta que tenía que colmar el vacío dejado por el por el retiro de los apoyos fiscales. Y la Fed inauguró su política de flexibilidad cuantitativa, que acabó por inyectar más de 4 billones (castellanos) de dólares al sistema financiero estadunidense. Nuevamente el FMI aprobó este enfoque de política monetaria que iba en contra de los dogmas que el organismo había exaltado durante decenios.

 

Estos movimientos en la política macroeconómica tuvieron su réplica en Europa, con los rescates operados por varios países cuando el contagio llevó la crisis a la UE. Y cuando Mario Draghi anunció que el BCE "haría todo lo que fuera necesario" para mantener el valor y la integridad del euro, el FMI nuevamente estuvo de acuerdo.

 

A 10 años del desastre financiero, tanto la Fed como el BCE continúan atascados en esta postura de generosidad extrema con el mundo financiero y fría indiferencia con la economía real. Así, han anunciado el mantenimiento de tasas de interés bajas para el futuro previsible. Mientras tanto, la burbuja más espectacular de todos los tiempos sigue creciendo en la Bolsa de Valores de Nueva York.

 

El fondo de todo esto es que tanto los bancos centrales en países desarrollados y subdesarrollados por igual no tienen el control de la política monetaria. Que Lagarde o Draghi sean directores del BCE no cambia las cosas. Los bancos comerciales privados en Europa, al igual que en todo el mundo, son los que controlan la oferta monetaria. El papel del banco central es proporcionar la base monetaria acorde con el funcionamiento de los bancos comerciales privados. Si éstos se exceden en la creación de dinero (a través de sus operaciones de crédito), al banco central no le queda más remedio que acomodarse a la demanda de reservas proveniente de los bancos privados. El BCE sabe que cuando el sistema bancario necesita reservas, al banco central no le queda más remedio que prestárselas (fijando la tasa de interés de corto plazo sobre esas reservas). El mecanismo no es suficiente para mantener el control sobre la oferta monetaria. Y la crisis del euro es la mejor prueba.

 

La designación de Lagarde para dirigir el BCE coincide con la victoria electoral de Nueva Democracia en Grecia. Este partido representa los intereses de la oligarquía corrupta y rentista en ese país y este resultado electoral es la consecuencia directa de la política de austeridad impuesta por la troika a partir del estallido de la crisis. El FMI jugó un papel un poco menos terrible que la Comisión Europea en Bruselas y el BCE. Para la señora Lagarde era relativamente fácil aconsejar un poco más de mesura al tratar a la economía griega porque sabía que, a final de cuentas, Bruselas y Fráncfort tenían más peso en la decisión. Desde su nuevo puesto, a Christine Lagarde le será difícil aplicar una política monetaria menos hostil a los pueblos de la eurozona que todavía sufren los efectos de la crisis que estalló hace 10 años.

 

Twitter: @anadaloficial

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El poder descomunal del Big Pharma es de tal magnitud, que Trump se dispone a ejercer una "orden ejecutiva" que exaspera a sus congéneres del Partido Republicano, adictos al libre mercado al precio que fuere, y que se aproxima más a la postura del Partido Demócrata.

Trump basa su relección en tres ejes: 1) la migración –que ya "resolvió" en su muy peculiar estilo con México–; 2) el auge económico que posponga recesión (https://bit.ly/2Ux9Qh2), cuyo punto estelar ha sido el alza bursátil, y 3) la disminución del precio de los medicamentos de patentes que se encuentran por las nubes y que constituyó otra de sus promesas de campaña.

 

Trump prepara una "orden ejecutiva" que declare la "Cláusula de Naciones Favorecidas para precios de los medicamentos y así Estados Unidos no pague más que el país con menores precios".

 

Trump Inquirió la razón por la cual Canadá, al unísono de otros países, "pagan menos" que Estados Unidos por los mismos medicamentos (https://bit.ly/2LEwoYl).

 

Después de su diatriba, el Índice Bursátil de Medicamentos periclitó 1.6 por ciento (https://cnb.cx/2YDfRYi).

 

Tres días antes, The Washington Post señaló el deseo de Trump de disminuir los altos precios de los medicamentos de patente y abrazó la propuesta de Ron DeSantis, gobernador de Florida –donde probablemente se decida la reelección–, para importar medicamentos de Canadá que tienen menor precio (https://wapo.st/2FZmmgT).

 

El libanés-estadunidense Alex Michael Azar II, hoy secretario de Salud y Servicios Humanos (sic) –anterior subsecretario en la misma secretaría con Baby Bush–, fue presidente de la trasnacional Eli Lilly –décimo lugar del pulpo farmacéutico global “Big Pharma (https://bit.ly/2S1GWC1)” y productora de la insulina para la diabetes tipo 1 que duplicó su precio en sólo cuatro años –y fue miembro del consejo de administración de la entelequia cabildera Biotechnology Innovation Organization.

 

El secretario de Salud arguye que la importación de medicamentos será inefectiva para disminuir los precios, lo cual llevará "a problemas de seguridad, ya que no existe manera de impedir el redireccionamiento de los falsos medicamentos (de otros países) que pasen por Canadá".

 

La Federal Drug Administration (FDA) de Estados Unidos ha facilitado la adopción de "medicamentos genéricos" para intentar aplacar la avaricia del oligopólico Big Pharma.

 

El secretario de Salud no es San Jorge, ni aspira a serlo, para aniquilar al dragón del cartel farmacéutico que se encuentra entre los principales cinco magnos negocios globales, con ingresos de casi un billón de dólares (952 mil 510 millones de dólares), prácticamente equiparable al PIB de México, y que lo colocan con los otros cuatro grandes rubros: los hidrocarburos, los estupefacientes, la venta de armas y la trata de personas.

 

El ranking del “ Top 10 (https://bit.ly/2XtUtUj)” de las trasnacionales farmacéuticas, por su “participación de mercado (market share)”: 1) Pfizer Inc (Estados Unidos); 2) Novartis (Suiza) –que, por cierto, vende el medicamento más caro del mundo en 2,12 millones de dólares para la atrofia muscular espinal (¡por fortuna, es de una sola toma!); 3) F Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza); 4) Merck & Co Inc/MSD (Estados Unidos); 5) Johnson and Johnson (Estados Unidos); 6) GlaxoSmithKline Plc (Gran Bretaña); 7) Sanofi (Francia); 8) AbbVie Inc (Estados Unidos); 9) Bayer AG (Alemania), y 10-Eli Lilly and Co (Estados Unidos).

 

El Partido Demócrata, en búsqueda de adeptos para la elección, presiona con plausibles propuestas para importar medicamentos de menor costo de Canadá, así como negociar los precios de los medicamentos de los Seguros Médicos (Medicare).

 

Pese al abordaje bipartidista para intentar someter al cartel farmacéutico, la FDA sólo ha conseguido facilitar la aprobación récord de "medicamentos genéricos".

 

El poder descomunal del Big Pharma es de tal magnitud, que Trump se dispone a ejercer una "orden ejecutiva" que exaspera a sus congéneres del Partido Republicano, adictos al libre mercado al precio que fuere, y que se aproxima más a la postura del Partido Demócrata.

 

The Washington Post cita a allegados de Trump quienes señalan que tanto la esterilidad de la diplomacia negociadora con el Big Pharma como su "frustración por la carencia de herramientas del Poder Ejecutivo para disminuir los precios de los medicamentos" se ha vuelto su “obsesión (sic)”.

 

Mas bien, la relección es su verdadera "obsesión" sicológica.

 

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Los tres faros de la conciencia ecológica

La cuestión o preocupación ambiental, no es más que la re-aparición de la Naturaleza, la Madre Tierra, el antiguo enlace con la dimensión femenina, en las sociedades modernas. La naturaleza es la fuerza que los seres humanos debemos tomar en cuenta y respetar para seguir existiendo. En efecto, la Naturaleza estuvo presente en el imaginario de las culturas ancestrales, como una entidad viva y sagrada desde sus orígenes hace 300 mil años, y fue sólo con el advenimiento de la modernidad, materialista, tecnocrática, patriarcal y mercantil que la Naturaleza se convirtió en un ente a ser eliminado y explotado, en un recurso natural externo, en un "capital natural", en una máquina a ser analizada y escudriñada por el ojo frío, objetivamente frío, de una ciencia al servicio de la acumulación de la riqueza. Esta conciencia ecológica, que suma día con día, a millones y millones de seres humanos en todo el mundo, nos permite visualizar de manera diferente a la política, al tiempo, a la gobernanza y a las relaciones sociales. Tres dimensiones alcanzo a visualizar.

Primero, bajo la perspectiva de la conciencia ecológica, la habitual geometría política de izquierda y derecha desaparece para ser remplazada por una sola disyuntiva. No hay más que políticas por la vida y políticas para su destrucción, políticas para la muerte. Visto globalmente, a la luz del calentamiento del planeta, este dilema se traduce en políticas que enfrían el clima y políticas que lo calientan. Es decir, políticas que enfrentan y remontan la crisis ecológica actual o bien que abonan el camino hacia el abismo. O defendemos la vida o la continuamos aniquilando en nombre del mercado, la tecnología, el progreso, el desarrollo, el crecimiento económico, etcétera.

La segunda, es que ahora vemos el devenir, el transcurso del tiempo de otra manera. Ya no son los simples años, décadas o sexenios, ahora están puestas las miradas en lo que pasará de aquí a 2050, en sólo 30 años. Para esa fecha, la humanidad alcanzará 9 mil millones de habitantes, es decir, 2 mil millones más de seres humanos que requerirán, aire, agua, alimentos, energía, educación, cultura, hábitat y esparcimiento; el petróleo llegará a su fin (y le siguen gas, carbón y uranio), el cambio climático, que no se ha detenido a pesar de las advertencias de los científicos, desde hace ya varios años, estará generando catástrofes de todo tipo, y los alimentos que serán necesarios tendrán que generarse bajo métodos agroecológicos, y no más bajo las pautas insanas y destructivas de la llamada agricultura moderna o industrial. Estos cuatro procesos, incontrovertibles, al combinarse generarán escenarios complejos de alto riesgo para toda la humanidad.

Lo tercero, que surge de lo anterior, nos obliga a indagar la verdadera naturaleza de las fuerzas profundas que provocan este panorama actual y del futuro próximo. No somos todos los seres humanos los culpables de la crisis actual, como nos lo indica un ambientalismo superficial y una ciencia que se niega a abordar las relaciones de poder en las sociedades contemporáneas, sino una minoría de minorías. Y esa minoría tiene nombre: se llama neoliberalismo. No se trata ya de la especie humana, sino de una fracción de esa, que bien podemos denominar Homo demens: el mono demente. Se trata por supuesto de la suma de decisiones de unos cuantos individuos y sus instituciones corporativas, obsesionados por la acumulación de su riqueza a toda costa. Esa obsesión que opera como una máquina indetenible (apuntalada por estructuras gubernamentales, militares, financieras, e ideológicas) y que ha sido denunciada por igual por políticos radicales, humanistas y filósofos, gente de ciencia, la encíclica Laudato si, películas y series de televisión, y recientemente por los niños del mundo.

La conciencia ecológica nos dota entonces de tres faros para enfrentar la espesa oscuridad del mundo actual. De tres verdades para orientar nuestra presencia y la de nuestras familias, comunidades, audiencias y sociedades, así como nuestro activismo y, por qué no, la de las políticas públicas. Y es que, cuando ya no logremos nombrar las cosas por su nombre, no sólo estaremos negando nuestra esencia de mono sentipensante ( Homo sapiens), sino caminando en un sentido contrario al de la historia. Nosotros, el 99 por ciento, nuestro planeta, nuestros hijos y demás descendientes, y los otros seres con los que compartimos, tenemos derecho a la vida.

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Sábado, 25 Mayo 2019 06:31

El verdadero fraude financiero

El verdadero fraude financiero

El primero de diciembre de 2018 Meng Wanzhou, ejecutiva de la empresa china de telecomunicaciones Huawei e hija de su fundador, fue detenida en Canadá en tránsito hacia México por agentes estadounidenses bajo la acusación de haber hecho negocios con Irán (y luego por fraude financiero) por lo cual podría enfrentar una pena de cárcel por más de una década sin haber violado ninguna ley canadiense ni estadounidense. 

Antes que Estados Unidos rompiera de forma unilateral el acuerdo firmado con Irán, hacer negocios con aquel país no era ilegal. Por supuesto que cuando hablamos de legalidad nos referimos a las leyes de un solo país, no a las leyes internacionales, que han sido sistemáticamente violadas por ese mismo país. Estados Unidos no solo dicta las leyes sino que las puede cambiar abruptamente según su conveniencia y según el estado de humor del nuevo presidente, lo que convierte la saludable “alternancia en el poder” en el comodín (joker) de un juego de naipes. El acuerdo que firma un presidente con la mano lo borra el próximo con el codo.


Pero nada de esto es caprichoso sino parte de una lógica de intereses financieros y económicos, organizados por la propaganda y la guerra ideológica. A Venezuela y a Cuba se los bloquea de las formas más brutales en nombre de la democracia y los derechos humanos para demostrar que el “socialismo no funciona” (y de paso no hablar de los casos donde sí ha funcionado) mientras a dictaduras absolutas como Arabia Saudita se las protege por la simple razón de proveer a Occidente con petróleo y ser uno de los principales consumidores de armamentos de la poderosa industria militar. A otras dictaduras poderosas como China nunca se les reclama por los Derechos Humanos sino por alguna que otra tarifa (los campeones de la democracia nunca critican ni acosan a las dictaduras que protegen los grandes capitales, sean de izquierda o de derecha).


Esta actuación extraterritorial (que es colonialista e ilegítima de por sí porque nunca es recíproca) es justificada por la “lucha contra la corrupción”. En muchos casos puntuales y publicitados es así, como cuando jueces estadounidenses han multado a diferentes bancos europeos por permitir el lavado de dinero de, por ejemplo, el narcotráfico. Dejemos de lado la participación de Estados Unidos en el tráfico de drogas y de armas, pero veamos que esta extraterritorialidad no solo es ilegítima sino que además se sostiene por la mera fuerza de la corrupción legalizada del poder financiero. ¿Cómo? Los ejecutivos de bancos y de grandes transnacionales no estadounidenses temen este tipo de sanciones multimillonarias. Muchas empresas han quebrado o han tenido que ser liquidadas o venidas. No por mera casualidad la división de Energía de Alstom de Francia fue venida a la alicaída General Electric luego de ser acusada por jueces estadounidenses de pagar coimas en Indonesia, Egipto, Taiwán y otros países, pese al decreto en contra que había emitido el gobierno francés un año antes. Más recientemente, la asociación de Alstom con la alemana Siemens fue vetada por la Unión Europea. Una reciente investigación de The Economist ha señalado un patrón curioso: los jueces estadounidenses reducen las penas de las “compañías corruptas” cuando prometen vendérselas a alguna otra compañía estadounidense.


Como alguien ha notado, basta que dos personas en cualquier parte del mundo se envíen un correo por Gmail (o por casi cualquier otro medio electrónico) para que un juez en Estados Unidos considere el caso tratado bajo su jurisdicción, ya que Google es una compañía con base en California.


Pero la extraterritorialidad de un país no solo es ilegítima sino parte de la corrupción misma que dice combatir. Recordemos que los jueces, aparte de su propios criterios para aplicar las leyes (por algo las abiertas luchas políticas para nominar a los representantes de la Suprema Corte), también deben aplicar las leyes aprobadas. Para aprobar una ley primero hay que escribirla. ¿Quiénes escriben las leyes? Supongamos, en el mejor caso de ingenuidad democrática, que la escribe el pueblo estadounidense. Aun así deberían ser leyes aplicables solo al territorio estadounidense. Pero es necesario ser muy ingenuo para creer que las leyes en Estados Unidos las escribe el pueblo. Es más, ni siquiera la escriben los legisladores. Los legisladores votan, muchas veces y a pesar de la masiva propaganda mediática, contra la opinión del pueblo estadounidense, como ya lo han demostrado diferentes estudios, entre ellos el de Princeton University. Pero como esto no es suficiente, las leyes las redactan comités integrados por políticos y por representantes de grandes compañías privadas, las que normalmente son sus mayores donantes (de ahí que donen dinero a dos candidatos opuestos que se disputan una banca en el senado). Los grandes inversores no tienen más ideología ni principios morales que las de sus intereses privados –en nombre del interés general, claro.


La existencia de estos casos de corrupción legal, que hacen de la corrupción ilegal un derivado casi irrelevante, cuando no útil para perseguir a la competencia, han sido siempre negados por aquellos que consideran que criticar un gobierno o un país es una forma de traición patriótica y no un servicio a la verdad y la justicia. El patriotismo es la distracción de quienes han perdio la patria que habitan. Demonizar a los críticos es parte de la lógica mientras los tiburones continúan su exitoso camino. Recientemente, el USA Today demostró, en una extensa y detallada investigación, que en los últimos años todos los congresos de la unión pasaron miles de leyes (por lo menos 2100) y todas fueron burdas “copia y pega” digitadas por los representantes de las grandes compañías privadas. Tanto los legisladores estatales como los nacionales están sumergidos en esta lógica y tráfico (legal) de influencias, casi todos procedentes de los llamados “intereses especiales” y de poderosos lobbies financieros (los sindicatos podrían ser considerados los lobbies de los de abajo, pero no por casualidad desde los 80s han sido debilitados hasta su casi irrelevancia). Todo lo cual explica que el 40 por ciento de la población estadounidense no sea dueña ni del uno por ciento de toda su riqueza, pero fanáticamente defiende la idea de que el cinco por ciento posea más del 60 por ciento de todo, porque lo ha logrado “por mérito propio” y no por una sistemática y globalizada corrupción legal. Aunque, claro, convencer a un pueblo que es asaltado por su propio interés no deja de ser un mérito.


Así, los exitosos dueños del gran capital escriben las leyes en Estados Unidos en su beneficio propio, las que luego irán a aplicar los jueces de forma extraterritorial para luchar contra la corrupción, las que luego el poderoso Ejecutivo nacional impondrá a nivel global bajo presión y acoso (narrativo, económico, y militar).


Por supuesto que no es mi interés, ni por lejos, defender ninguna empresa, ningún multimillonario chino, ni al gobierno chino, ni al de Irán ni a nadie sino, lisa y llanamente, la verdad. Sobre todo esa verdad que no se deja ver debajo de tantas banderas que flamean los fanáticos medievales en beneficio de la ya inalcanzable aristocracia financiera.

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Golpe al corazón de Huawei: ARM veta al fabricante, que no podrá usar sus imprescindibles 'chips'

Aumenta la presión sobre el fabricante de móviles Huawei, y al veto de Google y otras tecnológicas estadounidenses se suma la compañía británica ARM, cuyos diseños de chips son omnipresentes en la industria de los móviles.

 

La creciente presión que ejerce la guerra comercial entre EEUU y China sobre Huawei ha aumentado dramáticamente. Ahora, la multinacional británica ARM, responsable del diseño de los chips usados en la inmensa mayoría de procesadores de los teléfonos móviles del mundo, suspende todos sus contratos con el fabricante chino. Este golpe es, si cabe, más importante que el veto de Google y otras tecnológicas estadounidenses.


Según publica la BBC y recoge la agencia Reuters, ARM —propiedad del banco japonés Softbank— ha enviado una instrucción a sus empleados para que suspendieran "todos los contratos activos, derechos de apoyo y cualquier compromiso pendiente" con Huawei, a raíz de la inclusión de este fabricante en una lista negra de compañías con las que Estados Unidos no pueden hacer negocios.


A partir de ahora, a los empleados de ARM no están autorizados a "brindar asistencia técnica, tecnología de entrega (ya sea software, código u otras actualizaciones) o participar en discusiones técnicas" con la multinacional china.


ARM no fabrica sino que diseña arquitecturas y licencia sus diseños. Huawei, igual que Apple y fabricantes de chips como Qualcomm, usan diseños de ARM para montar los procesadores que hacen funcionar los smartphones. El gigante chino también paga licencias para utilizar tecnología de gráficos de ARM.


De esta forma, una compañía de origen británico y capital mayoritariamente japonés entra a aplicar restricciones impuestas desde la Casa Blanca. Según informa la cadena pública británica, una nota interna de ARM explica que sus diseños contienen tecnología de origen estadounidense.


"ARM está cumpliendo con todas las últimas regulaciones establecidas por el gobierno de los Estados Unidos", dijo un portavoz de ARM en un comunicado. "No hay más comentarios en este momento".


Mientras, la compañía china, que confía en que "esta lamentable situación se pueda resolver", afirma en un escueto comunicado que "valora" las relaciones con sus socios más cercanos, pero reconoce "la presión a la que están sometidos algunos de ellos, como resultado de decisiones con una motivación política".


Golpe "insuperable"


Este veto supone un monumental golpe para Huawei; si bien esta semana Google anunciaba que los nuevos móviles de dicho fabricante no tendrían acceso al sistema operativo Android y servicios como Gmail y Google Maps, existe la posibilidad de instalar alternativas. De hecho, ya han anunciado un plan b, la culminación del desarrollo de un sistema operativo propio.
Sin embargo, el veto a las licencias de diseño de componentes de hardware, como los chips de los procesadores, pueden bloquear de hecho cualquier venta de futuros teléfonos con esos componentes, que pasarían a ser ilegales.


Algunos analistas citados por la BBC consideran este movimiento como un golpe "insuperable" para el negocio de Huawei si se prolonga en el tiempo, porque el desarrollo de los procesadores es mucho más complejo.


Huawei cuenta con una división quer fabrica chips, HiSilicon, aunque éstos se construyen con tecnología de base diseñada por ARM. La BBC apunta que el próximo procesador de HiSilicon, Kirin 985, se utilizará en dispositivos Huawei a finales de este año y "no se espera que se vea afectado por la prohibición". Sin embargo, su evolución no se ha completado y probablemente deba ser reconstruido desde cero, afirman fuentes de Huawei.


 Vodafone y EE retiran los móviles Huawei de sus redes 5G

Ambas empresas británicas se unen así al veto de otros grandes operadores de telefonía del mundo, que han dado la espalda a Huawei tras la decisión de las empresas tecnológicas de EEUU de dejar de suministrarle tecnología para cumplir con la orden del presidente, Donald Trump.


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Las compañías británicas de telefonía móvil Vodafone y EE retirarán sus móviles Huawei de sus redes 5G debido a que la matriz de Google, Alphabet, ha roto relaciones comerciales con el gigante chino siguiendo un mandato del Gobierno de Estados Unidos.


Ambas empresas británicas se unen así al veto de otros grandes operadores de telefonía del mundo, que han dado la espalda a Huawei tras la decisión de las empresas tecnológicas de EEUU de dejar de suministrarle tecnología para cumplir con la orden del presidente, Donald Trump.


"Estamos paralizando los pedidos del Huawei Mate 20X 5G en el Reino Unido", confirmó este miércoles Vodafone en un escueto comunicado de prensa. En la nota, la compañía británica explicó que esa decisión es "una medida temporal mientras haya incertidumbre respecto a los nuevos teléfonos Huawei 5G". Vodafone agregó que mantendrá "esta situación bajo revisión".


EE sí continuará usando Huawei para los equipamientos de radio en su red 5G pese al debate político generado


Por su parte, EE ha adoptado una medida similar al "paralizar" la venta del modelo Huawei 5G por las tensiones entre Estados Unidos y la empresa china. El consejero delegado de EE, Marc Allera, declaró que la compañía no reactivará las ventas de los dispositivos de Huawei hasta tener "toda la información y confianza", así como "la seguridad a largo plazo", de que sus clientes, si compran esos móviles Huawei, van a recibir soporte.


No obstante, EE sí continuará usando Huawei, junto con Ericsson, para los equipamientos de radio en su red 5G pese al debate político generado. EE será la primera compañía en el Reino Unido que lanzará la red móvil de alta velocidad 5G.


La decisión de prescindir de los móviles fabricados por la compañía china se produce después de que Google confirmara que cumplirá con un mandato del Gobierno estadounidense que obliga a las empresas norteamericanas a dejar de comerciar con Huawei. El veto implica que Google dejará de suministrar su sistema operativo Android -del que se nutren los dispositivos Huawei- para los nuevos móviles de la empresa china, aunque sí continuará dando respaldo a los aparatos ya en venta.


NTT Docomo interrumpe los pedidos de Huawei


Por su parte, NTT Docomo, proveedor telefónico líder en Japón, informó este miércoles de que ha interrumpido la recepción de pedidos del modelo de móvil Huawei P30, cuyo lanzamiento en el país está previsto para verano. "Cuando reanudemos las reservas les avisaremos", reza el breve comunicado publicado en la web de la compañía, que no especifica plazos ni da más detalles sobre sus planes futuros.


El anuncio de NTT Docomo llega horas después de que las otras dos compañías de telefonía más importantes del país, Softbank y KDDI, informaran de su decisión de aplazar el lanzamiento del modelo más reciente de la firma china, el P30 lite. La reacción de los operadores móviles japoneses se produce después de que la matriz de Google, Alphabet, anunciara que pondrá fin a la venta y soporte técnico a la compañía china en aplicación de las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense.


Los teléfonos de la serie P30 de Huawei cuentan con el sistema operativo Android de Google, que dejará de permitir su actualización en los terminales de la firma china a partir del 20 de agosto.

La carrera espacial de los millonarios galácticos

El objetivo de Trump de enviar estadounidenses a la Luna antes de 2024 y la competencia entre emprendedores animan el efervescente sector de viajes al espacio

Artemisa. Hermana de Apolo, diosa de la Luna. Nadie podrá acusar a la NASA de escatimar en imaginación a la hora de alimentar la pasión de los aficionados al espacio. Poco más tiene para ofrecer desde que en 2011 abandonó su programa Shuttle, y aceptó la humillación de enviar sus astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) con onerosos billetes para el Soyuz apoquinados al otrora archienemigo galáctico ruso.

La agencia espacial norteamericana recurrió a la diosa del terreno virgen en la mitología griega, melliza del dios que dio nombre al mítico programa que llevó el primer hombre a la Luna hace ahora 50 años, para bautizar su misión de volver a llevar estadounidenses al satélite terrestre. “Estamos emocionados de enviar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie antes de 2024”, tuiteó el martes Jim Bridenstine, administrador de la NASA.


De paso, Bridenstine solicitó al Congreso mil millones de dólares de presupuesto adicional para hacer realidad el deseo de la Administración Trump, expresado en marzo por el vicepresidente Mike Pence, de adelantar en cuatro años el objetivo inicial de llevar americanos a la Luna en 2028, proporcionando así a Donald Trump un glorioso colofón a un eventual segundo mandato. No contento con ello, el insaciable ego del republicano le llevó a actualizar su presupuesto, vía Twitter, con 1.600 millones para “volver a la Luna, y después a Marte” durante su presidencia. Será ahora el Congreso el que decida si aprueba la partida de gasto, a costa de un programa de becas estudiantiles.


La NASA cuenta para lograr su objetivo con las compañías privadas, menos sujetas a los vaivenes que han lastrado la carrera espacial pública, de una Administración a otra, en las últimas décadas. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, fundador de Amazon y de la empresa espacial Blue Origin, se adelantó en una semana a la oferta de la NASA, presentando una maqueta de nave que asegura estará en condiciones de enviar astronautas a la Luna para 2024. “Oh, deja de vacilar, Jeff”, le respondió por Twitter, acompañado del emoticono que guiña un ojo, el también multimillonario Elon Musk, jefe de Tesla y de SpaceX, que hace dos semanas lanzó con éxito desde Florida la 17ª misión de su contrato de abastecimiento con la NASA. Un cohete reutilizable Falcon, que aterrizó de pie en un barco no tripulado después de colocar en órbita una cápsula Dragon Cargo, que se enganchó a la EEI para llevar a los astronautas material científico y suministros. Para el año que viene planean llevar y traer a los propios astronautas. Meta hacia la que corre casi en paralelo con otro competidor, ULA, consorcio de Boeing y Lockhead Martin, que ha realizado ya 120 lanzamientos desde 2006.


La carrera espacial privada atraviesa tiempos de entusiasmo inusitado. A finales de 2015, SpaceX y Blue Origin lanzaron por primera vez, con un mes de diferencia, cohetes que después aterrizaron con éxito verticalmente para poder ser reutilizados. Volar al espacio es ahora, pues, más barato. Detrás del discurso altruista con el que visten sus operaciones, a nadie se le escapa que también existen extraordinarias posibilidades de negocio para quien pueda permitirse estar ahí.


Los emprendedores espaciales comparten la megalomanía y la pasión. Pero difieren en sus visiones a largo plazo, que van desde el proyecto orientado al turismo espacial de Richard Branson, hasta la colonización de Marte que persigue Musk, como seguro de vida ante las negras perspectivas de la Tierra, o la idea de Bezos de expandir la civilización al espacio, pero no en planetas sino sobre plataformas construidas por el hombre.


La sociedad no parece compartir la urgencia de avanzar en la exploración del espacio, al menos no con su dinero. El 60% de los estadounidenses, según una encuesta del año pasado, cree que la NASA debe centrarse en monitorizar el clima y detectar meteoritos que pudieran impactar en la Tierra. Solo un 18% y un 13%, respectivamente, defienden que la prioridad debe ser llevar a humanos a la Luna o Marte.


“Elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil”, dijo el presidente Kennedy en su famoso discurso de 1962, para lograr apoyo popular al programa Apolo. Hoy son los nuevos emprendedores del espacio, ricos y visionarios, los encargados de dotar de seducción a Artemisa.

Por Pablo Guimón
Washington 18 MAY 2019 - 21:33 COT

 

Sábado, 18 Mayo 2019 07:10

Quinua de cien colores

Quinua de cien colores

Para el poder económico y político, la minería es la única actividad económica viable en las regiones andinas. Así ha sido en Perú desde la conquista. Pese a los inocultables daños que produce, los críticos suelen ser acusados de “enemigos del desarrollo”, y las comunidades que se oponen a la megaminería son perseguidas bajo la figura legal de “organización criminal”.


La luminosidad del Cusco lacera la vista. Pero también retiene la atención, seduce la mirada que se va posando ingenua sobre las piedras incas, primero, y tuerce hacia las montañas mágicas, poco después. Los suaves valles cusqueños van dando paso, carretera arriba y abajo, a profundas gargantas tapizadas de los más variados cultivos según los diferentes pisos ecológicos que recorremos. Las tierras altas y frías, a más de 3.500 metros, pobladas por pastores de alpacas, llamas y ovejas, dialogan e intercambian con las tierras bajas y cálidas, productoras agropecuarias y de frutos tropicales.


La despiadada geografía del Ande, en uno de sus nudos centrales, permite contemplar, en una sola mirada, desde la profundidad del valle hasta las cumbres nevadas. La región de Apurímac es crucial por lo abrupta y extrema. La llegada a Andahuaylas, la ciudad más poblada, con 100 mil habitantes, implica bajar casi dos mil metros en apenas diez kilómetros de carretera. Una caída vertical, con mil vericuetos, desde el páramo hasta un valle cálido y húmedo a poco más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Por algo el geógrafo Antonio Raimondi comparó la región con un papel arrugado.


Recorriendo el cañón del río Apurímac, que nace a 5 mil metros y se vierte en el Amazonas, trepamos por laderas verticales pinceladas de parcelas verdes y amarillas, aferradas a las pendientes, donde las familias comuneras cultivan en condiciones sólo explicables por la obstinación que exige la sobrevivencia. Allá arriba sólo papas y habas desafían el frío y las ventiscas; en la zonas templadas intermedias, las espigas de trigo van mudando del verde al ocre, anunciando la inminente cosecha; más abajo, en la calidez de la hondonada, el maíz generoso y la infinita variedad de frutas, mangos, granadillas, aguacates y papayas.

En alguna vuelta del camino, en general cerca de las decenas de caseríos que bordeamos, los pisonays majestuosos se yerguen frondosos, ostentando un tapiz de flores coloradas. En pequeños grupos, emergiendo de improviso, con cierta timidez, islotes de quinuas destacan por la multiplicidad de colores, desde el verde marcial hasta un verdoso que chilla cuando lo ilumina el sol en las alturas, pasando por morados brillantes, rojos frenéticos y ocres amarillentos de múltiples variantes, tan bien retratados por el poeta nacido en Andahuaylas: “Las cien flores de la quinua que sembré en las cumbres hierven al sol en colores”.


ABUSO MINERO.


El llamado “corredor minero” atraviesa tres regiones: Cusco, Apurímac y Arequipa. Son 500 quilómetros desde la mina de cobre Las Bambas, a 4 mil metros de altura, hasta el puerto de Matarani en el Pacífico, por donde se exporta el mineral con destino al continente asiático. La carretera atraviesa 215 centros poblados en los que viven 50 mil personas; está militarizada porque cualquier alteración del transporte tiene costos millonarios para la empresa.


Apurímac es el corazón del corredor, la región más pobre del país y la que cuenta con el mayor porcentaje de quechuahablantes. Campesinos humildes de manos arrugadas y pies encallecidos, pero no tan pobres como sus elites, que recién se avinieron a crear universidades, en la capital Abancay y en Andahuaylas, hace poco más de una década para calmar a las mujeres del mercado que reventaron las calles para demandar educación terciaria para sus hijos.


Entre febrero y marzo de este año, la carretera estuvo cortada durante 68 días por los comuneros de Fuerabamba, la comunidad más cercana a una de las mayores minas del mundo, que produce 140 mil toneladas diarias de cobre. La mina está a 75 quilómetros al sur de Cusco y comenzó a operar en 2015, pero los primeros pasos para su instalación se dieron una década atrás de la mano de la minera suiza Xstrata Copper, que en 2014 la vendió a la estatal china Minerals and Metals Group (Mmg).


Cuando la minera china compró Las Bambas, decidió modificar el proyecto que ya contaba con el permiso ambiental. Lo más grave fue el abandono del mineroducto destinado a transportar el cobre hasta Espinar, Cusco, donde sería procesado por el traslado del mineral en camiones. Es el principal motivo de conflicto, ya que todos los días pasan por las comunidades y pueblos 600 camiones articulados que se desplazan en convoyes de 35 unidades, levantando impertinentes nubes de polvo.


Los campesinos se quejan de que las chacras fueron invadidas por el polvo, que ya no pueden sacar su ganado y que el ruido que hace “el gusano de tráilers” les impide conversar con los vecinos. Peor aun porque la carretera de la empresa atraviesa sus tierras, sin la autorización de los comuneros. Además, pasan decenas de cisternas con combustibles, por lo cual la carretera se convirtió en un verdadero peligro.

El anterior presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, actualmente en prisión preventiva por lavado de activos, ocupó la presidencia del directorio de Servosa, una empresa que en la actualidad cuenta con 400 camiones y tiene el monopolio del transporte del mineral de Las Bambas. El economista, empresario y banquero presidente jugó fuerte a favor del proyecto minero, escondiendo sus intereses en el transporte del mineral. En 2015, el congresista Justiniano Apaza denunció que Kuczynski recibía financiamiento de la minera y que su empresa obtuvo “sin licitación el cien por ciento del transporte del mineral en varias zonas del sur del país”. Al año siguiente, fue elegido presidente sin que nadie investigara las denuncias.


COMUNEROS SIN COMUNIDADES.


La lógica del modelo extractivo es implacable. Para hacer posible la explotación de Las Bambas, las 450 familias de la comunidad Fuerabamba debieron ser trasladadas, porque vivían justo encima de una fabulosa riqueza que supuso la mayor inversión minera del mundo, con 11 mil millones de dólares para poner en marcha la quinta mina del mundo. El nuevo asentamiento fue levantado con viviendas “estilo suizo” y se compensó a los comuneros con elevadas cifras, y en el nuevo asentamiento (a dos quilómetros del original, a 3.800 metros de altitud) se construyeron un centro de salud, instituciones educativas y hasta un cementerio, completamente trasladado del sitio original.


Pero ya no cultivan la tierra, se sienten “como palomas encerradas” en la nueva localización y los ancianos no saben qué hacer sin sus ovejas; deambulan sin norte entre las modernas viviendas en hileras que parecen prisiones. Sin embargo, sobrellevan el dolor y el abandono en silencio, porque en Perú uno de los epítetos más difíciles de aceptar es el de “antiminero”.


En la región minera, el 80 por ciento de la población es pobre y la mitad de los menores de 5 años padece desnutrición crónica. La capital del distrito donde se asienta Las Bambas, Challhuahuacho, a dos quilómetros de la mina, creció de dos a 16 mil habitantes en pocos años, un verdadero tsunami demográfico con hondas consecuencias sociales. Según Ruth Vera, de Derechos Humanos Sin Fronteras, ahora “abundan los problemas de violaciones, violencia doméstica y delincuencia que fueron desencadenados por la presencia minera”.


La mayoría de los varones prestan servicios a empresas que operan para la mina y acceden a cantinas y bares, lo que trastoca la vida familiar y comunitaria, en una sociedad profundamente patriarcal en la que la violencia cuenta con amplia legitimidad social.


El otro problema es la represión estatal. Según la Ong CooperAcción, las 50 mil personas que viven cerca de la carretera “tienen suspendidos sus derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, por la aplicación del estado de emergencia cada vez que se produce algún conflicto.


El corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en Perú, ya que incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre ellas, Las Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes. En ese marco, la Policía Nacional firmó, en secreto, 31 convenios con empresas mineras para la protección de sus negocios. Los policías se trasladan en camionetas de las empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras, lo que los convierte en una guardia privada empresarial. Estos mecanismos permiten hablar de un “gobierno minero” en la región, en el que participan el Estado y las empresas.


En el conflicto minero en torno a Las Bambas, sobresalen dos cuestiones. Por un lado, 500 comuneros tienen procesos abiertos por haber participado en protestas contra la empresa minera. Tres campesinos purgarán más tiempo de prisión por cortar la ruta que el ex presidente por robarse millones. El mes pasado, los abogados asesores de la comunidad fueron sentenciados a tres años de prisión preventiva tras ser acusados mediante la figura legal de “organización criminal” que “extorsionaba a la empresa minera”. Pero la represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más profundas de la presencia minera pueden resumirse en el desmembramiento de las comunidades por la desarticulación del tejido comunitario que provocan los emprendimientos.


LA UTOPÍA DE SEGUIR SIENDO.


Apurímac es la región donde nacieron Micaela Bastidas (esposa de Túpac Amaru) y José María Arguedas, dos grandes de la lucha social y de las letras de este continente. En casi todas las plazas de Abancay, la tierra natal de Micaela, hay alguna estatua blanca que la recuerda, con sus trenzas largas y una mano alzada al cielo. La tumba de Arguedas fue erigida en una plaza en la que se reúnen, desde tiempos remotos, los campesinos que llegan al mercado de Andahuaylas, donde nació un siglo atrás.


El martirio de Bastidas debería haber sido motivo de alguna compasión por los herederos de la conquista. Fue llevada junto con sus hijos, Hipólito, de 18 años, y Fernando, de 10, y su esposo, a la plaza de armas de Cusco, luego de ser torturados, para ejecutarlos de uno en uno. Micaela fue obligada a presenciar la muerte de su hijo mayor, al que primero le cortaron la lengua por hablar mal de los españoles. La estrangularon en público, le dieron garrote y la remataron a patadas.


Sería excesivo decir que el episodio es sólo historia, a la luz de los relatos de la antropóloga quechua Gavina Córdova, nacida en Ayacucho y residente en Andahuaylas. La minería a cielo abierto actualiza el hecho colonial o, por mentar al más importante sociólogo latinoamericano, Aníbal Quijano, refuerza la “colonialidad del poder”, que permaneció intacta pese a la desaparición de la colonia. El derecho de pernada sigue funcionando en la sierra, ya sea como abuso sexual, o bien adaptado a las nuevas relaciones laborales, que permiten, por ejemplo, que los patrones no paguen el salario durante los primeros meses de “prueba” de los nuevos trabajadores.


Pero el colonialismo tiene una cara más fétida aun: la que muestran las propias organizaciones sociales y políticas que resisten a la minería, pero también los partidos de izquierda. El periodista Jaime Borda, presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la mayoría de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos y de negociar sólo a favor de sus familiares”. Las empresas mineras operan con cuantiosos recursos para que las comunidades elijan personas afines a sus intereses, lo que hace que los cargos de dirección sean ferozmente disputados.


En muchos casos, asegura el periodista, “la comunidad ya no reacciona como un grupo coherente, sino como una suma de individuos que velan cada uno por sus propios intereses”. Por su parte, Córdova destaca que los terrenos comunales se están parcelando y se titulan como propiedad privada, porque para la empresa minera es más fácil negociar con las familias que con la comunidad.


La simbiosis entre modernidad y minería, entre desarrollo y colonialidad del poder está provocando mayores daños que los ya cuantiosos enhebrados por la colonia y la república durante cinco siglos. Poco más de medio siglo después de haber escrito “Llamado a algunos doctores”, un desgarrador poema de Arguedas en el que denunciaba la discriminación de la cultura quechua, la “quinua de cien colores” que amaba y celebraba se ha convertido en mercancía altamente estimada en los restaurantes de los países centrales, pero se ha convertido en lujo inalcanzable para las familias comuneras.


“Siembro quinua de cien colores, de cien clases, de semilla poderosa. Los cien colores son también mi alma, mis infaltables ojos”, versea el poeta. Arguedas no vivió para ver la destrucción de sus sueños regeneradores, prefirió marcharse por propia voluntad, antes que contemplar impotente la destrucción del mundo que amaba.

Por Raúl Zibechi
16 mayo, 2019

Publicado enMedio Ambiente
La gentrificación del pago: la extensión de la red financiera digital

Utilizar —o ser obligado a utilizar— el pago digital supone entrar en la esfera de poder e influencia de las multinacionales.

 

Hay un fenómeno que se desarrolla lentamente por todo el mundo. Tendrá graves consecuencias, pero muy pocas personas son conscientes de ello, quizá porque supone algo aparentemente trivial y benigno: la extensión del pago digital. No sólo ocurre en las ciudades principales de los países más económicamente desarrollados, sino también en los más pobres, a menudo con la ayuda de los programas de ‘inclusión financiera’ de las organizaciones de desarrollo internacional, en compañía de las instituciones financieras más relevantes. 

El crecimiento del pago digital —a veces bajo las etiquetas de ‘e-money’ o ‘dinero móvil’—, vinculado a la eliminación gradual del dinero físico, da a las instituciones financieras y a los gobiernos nuevos medios de supervisión financiera y control a una escala nunca vista. Según argumentaré, este fenómeno puede ser visto como la gentrificación del pago.
El término ‘gentrificación’ suele remitir a los procesos urbanos en los que una comunidad marginada, a menudo caracterizada por sus redes de economía informal, sus mercadillos callejeros y su clima de dureza, ve cómo sus espacios de vida se ven paulatinamente reducidos por la aparición de recién llegados más pudientes, que los encarecen y que usan su comunidad como asentamiento para nuevos mercados formales.


Este proceso pone en marcha una ‘limpieza’ de la informalidad, en la que los recién llegados, atraídos por ciertas expresiones deseables de la comunidad como la música o el clima festivo, eliminan los elementos amenazantes que acompañan la precariedad original: las bandas, los pequeños traficantes o los mercadillos callejeros.


El proceso de gentrificación del barrio termina con el vaciado de la comunidad original, la neutralización del riesgo que representa para la gente más pudiente y la aparición de una imitación inofensiva de esa comunidad, con propietarios de la élite de los negocios y enormes instituciones de fondo.


Puede que todo comience con la sustitución de los pequeños talleres artesanales por tiendas de ropa hipster, pero termina necesariamente con las franquicias apareciendo y reemplazándolo todo, desde las charcuterías familiares a los centros religiosos comunitarios.


Cuando miramos de lejos y generalizamos, la ‘gentrificación’ aparece simplemente como el proceso por el que las redes comunitarias informales e impredecibles, potencialmente peligrosas para el interés de los negocios hegemónicos, son sustituidas por estructuras empresariales formales, estandarizadas y predecibles acompañadas de un aire de ‘amabilidad cool’ y comodidad. La figura del ‘consumidor’ que busca una ‘experiencia de compra’ en un centro comercial reemplaza al miembro de la comunidad buscando sentimiento de pertenencia en redes de amistad, de familia y de compañeros.


¿Qué tiene esto que ver con el pago? El efectivo es una forma de pago vinculada desde hace mucho con las clases más bajas de las economías poscoloniales —la lonja de Maputo, los peluqueros clandestinos de Bombay, el comerciante de manualidades andino...— que emiten los Estados pero se escapa fácilmente de su control más directo. El pago digital, sin embargo, es el dominio de las empresas financieras transnacionales, y no se puede separar ni escapar de ellas. Utilizar —o ser obligado a utilizar— el pago digital supone entrar en su esfera de poder e influencia.


En todo proceso de gentrificación, los desposeídos se apoyan en estructuras informales, o adoptan una identidad, significado y sentido de pertenencia al usar esas estructuras. Sin embargo, desde la perspectiva de las grandes instituciones, estas personas suelen ser vistas de forma implícita como subdesarrollados, incluso criminales, que tratan de escapar de la mirada benevolente y responsable de las instituciones sin las que estarían mejor.


La comunidad de la inclusión financiera, cuyo fin es llevar los servicios financieros formales a la gente sin acceso a ellos, gusta de presentarse como un agente de empoderamiento social, pero a menudo se apega más a los intereses del gran mercado financiero y tecnológico. Una simple búsqueda en Google Imágenes de «inclusión financiera África» muestra incontables imágenes promocionales de mujeres campesinas sonriendo frente a la pantalla de sus móviles, buscando una aplicación creada por algún grupo lejano de hombres de alguna ciudad grande, y vinculada a un centro de datos que monitoriza y rastrea sus acciones con el fin de encontrar oportunidades económicas.


Los tecnicismos del pago


Para desmenuzar esto, antes hay que entrar en los fundamentos. Las economías de mercado modernas reciben a diario una infinidad de interacciones sociales básicas. Dos personas se encuentran en un puesto del mercado; una de ellas le entrega algo específico e inmediato ─ya sean plátanos, una tostadora artesanal o un servicio concreto─, y la otra le da algo general y dirigido al futuro: dinero físico, que le dará acceso a un abanico de potenciales bienes y servicios de parte de terceros.


Si nos alejamos, podremos ver una vasta red interdependiente de personas y empresas que desplazan bienes y servicios reales en una dirección, e intercambios de dinero físico en la otra. Todos estamos enredados en, y dependemos de, esas redes del mercado monetario.


La mayoría de gente usa la divisa nacional, dinero efectivo que sólo funciona en un área geográfica concreta. Estas divisas nacionales tienen fundamentalmente dos formas. En primer lugar el dinero en efectivo, físico, acuñado por instituciones vinculadas al Estado, como los bancos centrales y la tesorería del Gobierno; en segundo lugar, los depósitos bancarios digitales, el ‘dinero’ que vemos en nuestra cuenta bancaria.


Esta moneda digital es legalmente distinta del efectivo. Son pagarés privados que emite un banco, con la promesa de que accedas a la divisa nacional. Ir al cajero para sacar efectivo es, entonces, convertir los pagarés de tu cuenta bancaria en lo que te han prometido. Además, podemos transferir esos pagarés a otras entidades por medio de transferencias bancarias.
El ‘dinero bancario’, es decir, los depósitos digitales, es distinto al ‘dinero del Estado’ (efectivo), pero aun así los manejamos como si fueran funcionalmente equivalentes: hay muchos lugares en los que puedo entrar a una tienda y pagar ‘en efectivo o con tarjeta’. Sin embargo, el dinero bancario no es distinto al dinero acuñado por el Estado sólo legalmente, sino también tecnológicamente —en su implementación— y vivencialmente —en su ‘tacto’, psicología, en la forma en la que interactuamos con él—.


El dinero físico consiste en objetos producidos por una casa de la moneda, y las transacciones con él implican fundamentalmente a sólo dos personas. Entrego efectivo en una tienda, y a cambio recibo una chaqueta. Podríamos querer efectuar la transacción más adelante, y en ese caso nos podríamos quedar con algún registro, como por ejemplo una factura; pero, en principio, sólo son necesarias dos personas para este intercambio.


El dinero bancario, por otro lado, toma forma de ‘objetos-dato’, de unidades registradas en una base de datos controlada por bancos comerciales. Puedo llevar conmigo efectivo, pero no este otro dinero: se mantiene como información en el centro de datos de mi banco, y la única forma de ‘moverlo’ a otra persona es contactando con mi banco para pedirles que lo carguen en mi cuenta y lo abonen en la cuenta de la persona que recibe el dinero.


Hoy en día hay toda una plétora de dispositivos y aplicaciones de pago digital, pero el esquema básico de las transacciones económicas digitales cuenta con cuatro elementos predecibles:


1. Necesitas una cuenta bancaria.


2. Necesitas un modo de demostrar quién eres y que eres el legítimo propietario de la cuenta.


3. Necesitas un modo de mandar mensajes seguros al centro de datos de tu banco para iniciar la transacción.


4. El vendedor necesita un modo de recibir la confirmación del pago.


Estos elementos pueden implementarse de diferentes formas. Por ejemplo, puedo insertar una tarjeta de crédito Visa en la terminal de un punto de venta de un supermercado e introducir un código PIN, después de lo cual la terminal enviará mis datos (a través del sistema Visa) y la petición de mi transferencia a mi banco. Puedo acceder a una aplicación de pagos usando un lector de huellas dactilares en mi móvil, y escanear entonces un código QR que me dé los datos del vendedor. O puedo usar una aplicación de Apple Play vinculada a mi tarjeta de crédito.


El proceso puede implicar distintos niveles de instituciones intermediarias, desde empresas de telecomunicaciones a redes de tarjetas de crédito, pero en última instancia es lo mismo: mi banco (o un proveedor secundario que use un banco para compensar las transacciones) recibe una petición para alterar mi cuenta.
Incluso cuando parece que los bancos no están involucrados, lo están. Servicios como PayPal, o M-Pesa en Kenya, o Paytm en la India, o WeChat en China, son fundamentalmente nuevas capas construidas sobre el sistema económico bancario, o negocios en colaboración con los bancos, o intermediarios entre un banco y tú. Puedes tener cuentas en estos servicios, pero a su vez ellos tendrán cuentas con bancos.


La dinámica psicológica


Aunque podríamos utilizar tanto dinero efectivo como digital para conseguir lo mismo —comprar algo en una tienda—, cada cual tiene características técnicas y empíricas distintas, que suponen una diferencia muy relevante. Generalmente, cuando se le pide a la gente que describa esa diferencia, se fijan en las propiedades más inmediatas: opinarán sobre cuál es más rápido, más adecuado o más fácil de usar en el momento del intercambio, o sobre cuál es culturalmente más relevante, o cuál parece más seguro. Si lo han pensado más, podrían hacer observaciones más profundas sobre sus implicaciones psicológicas. Por ejemplo, quizá crean que gastan más al usar dinero digital, porque parece ‘menos real’.


Es importante estudiar todas esas características, pero están sobrerrepresentadas hasta el extremo en los debates sobre las bondades del pago digital. La diferencia más importante entre el dinero efectivo y el dinero bancario no es tan trivial como cuál de ellos es más rápido. Más bien se trata de la diferencia tecnológica o estructural.


El dinero efectivo es un ‘instrumento del portador’ que no necesita de terceras partes para intermediar entre un comprador y un vendedor, mientras que el dinero digital es un sistema de ‘dinero de libro de cuentas’, que exige varios terceros para intermediar. A menudo parece que la gente no sea consciente de esto, o crea que es irrelevante, quizá porque esa intermediación suela ocurrir tan rápido que no nos damos cuenta, como un misterioso proceso de fondo que funciona ‘como magia’. Sin embargo, es en ese proceso donde surgen las políticas y posibilidades más importantes del pago digital.


Políticas y posibilidades de la intermediación a distancia


Entonces, ¿cuáles son esas políticas y posibilidades? La naturaleza remota e intermediada del pago digital produce determinadas características iniciales:


• Si te encuentras lejos de la persona con la que estás tratando de negociar, pero tienes acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, puedes pagar sin estar físicamente cerca de ella. Es por esto que el pago digital es idóneo para el comercio por internet, pero también para otras muchas circunstancias en las que se deben suministrar los bienes a distancia. Por ejemplo, un vendedor ambulante podría querer adquirir bienes de un mayorista en los alrededores de una ciudad, sin tener que dejar su puesto para llevar a cabo una transferencia personal de efectivo.
• Si la infraestructura de distribución de efectivo ha quebrado, no funciona adecuadamente o está muy poco desarrollada (p.e., un pueblo con sólo un cajero roto), aún se podría pagar simplemente teniendo acceso a las telecomunicaciones.
• La ausencia de dinero físico significa que es hipotéticamente ‘más seguro’ (suponiendo que no se está sujeto a fraude o pirateo de tu cuenta digital).


La comunidad financiera convencional se centra inicialmente en esta clase de características. Estas comunidades incluyen grupos como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Omidyar Network, el CGAP [siglas en inglés de Grupo de Consultoría para Apoyar a los Pobres], la Better Than Cash Alliance (“Alianza Mejor que el Efectivo”), y muchas otras que presentan el dinero digital como más seguro o adecuado a los consumidores, y más eficiente para los vendedores (que potencialmente procesarían más transacciones de forma más segura).
Los académicos del sector han estudiado las dinámicas psicológicas e interpersonales de tener el dinero en mano en comparación a tenerlo en centros de datos bancarios, mientras que varias start-ups de tecnología financiera subrayan los costes aparentemente menores de la oferta de infraestructuras digitales de cara a alcanzar áreas rurales en las que puede no haber cajeros ni sucursales bancarias.


En general, estos grupos quieren un mundo en el que el pago digital supere las limitaciones del físico para permitir la expansión de oportunidades de comercio. La tendencia fundamental ha sido el lanzamiento de las tecnologías financieras como un agente de inclusión financiera y crecimiento económico, ya sea proveyendo a la gente ‘de debajo de la pirámide’ de alguna herramienta básica para evitar las dificultades relacionadas con el dinero en efectivo, ya sea dándole acceso a los beneficios de una economía digital de la que, de otro modo, sería excluida.


La extensión de la red digital


El relato de la ‘inclusión’ se narra fundamentalmente a través de la modernidad aspiracional. El relato es, a grandes rasgos, como sigue:


La riqueza, la sofisticación y el desarrollo están relacionados con el acceso a las tecnologías más modernas, y estas son todas digitales. Los habitantes de las grandes ciudades ricas son las primeras en adoptar esas tecnologías, y se encuentran en lo alto de la economía global digital que beneficia a un exclusivo grupo internacional. El objetivo debe ser, entonces, darle a los demás las herramientas para entrar en ese grupo y compartir los beneficios.


La historia está implícita en muchos reportajes, discursos políticos y anuncios de empresas en torno a la tecnología financiera, y es muy atractiva.


Pero ‘inclusión’ es un concepto escurridizo. Por ejemplo, imaginemos que hay un club exclusivo, en el que tienes que estar afiliado para entrar. Algunos son incluidos y otros excluidos. Fomentar la ‘inclusión’ puede suponer dos cosas, en este contexto. Puede suponer relajar los requisitos de afiliación para permitir entrar a más gente; o bien puede suponer que se mantengan esos requisitos, al tiempo que se trata de ayudar a entrar a las personas dándole herramientas y formación para ello.


Consideremos, por ejemplo, el debate en el Reino Unido en torno a cómo incluir a los grupos más marginados en las principales Universidades, como Oxford y Cambridge. Se reconoce implícitamente que la dirección política y el sistema económico del Reino Unido están dominados por élites socioeconómicas de ambas universidades; pero en vez de romper con ese elitismo estructural, los esfuerzos se concentran en cómo un abanico algo más diverso de gente entra en esas élites.


La inclusión financiera tiene un problema parecido. Se reconoce implícitamente que la economía global se caracteriza por la desigualdad jerárquica, con una jerarquía geopolítica de naciones y una jerarquía de divisiones de clase en cada uno de esos países. En la cima están las clases profesionales urbanas en las ciudades principales, como Nueva York, San Francisco, Londres, Tokio y demás, y sobre todo aquellas que están en los círculos tanto tecnológicos como financieros.


En general no se discute que la economía digital dominante que presiden sea algo bueno, y el objetivo no es terminar con las jerarquías fundamentales en ella. Más bien, el objetivo de la ‘inclusión’ es incorporar más personas a la red digital, pero en la posición de subordinación de quien acepta y utiliza pasivamente la tecnología desarrollada en las principales ciudades globales.


Si asumes que extender la dependencia del pago digital es bueno, hay muchas oportunidades a considerar:


• Dar a la población acceso a cuentas bancarias o, alternativamente, a cuentas con proveedores de pagos digitales sustentadas en el sector bancario.
• Ofrecer medios para comunicarse con esas instituciones a distancia a través de dispositivos digitales y móviles, aplicaciones y demás.
• Proporcionar nuevos medios para demostrar quién se es (verificación de identidad) al abrir cuentas o al comunicarse con los bancos o las empresas que hospedan esas fichas.
• Eliminar gradualmente los medios alternativos de pago: el efectivo.

Algunas de las historias más controvertidas del sur global están relacionadas con este proceso. Un ejemplo conocido es el programa de ‘desmonetización’ del Gobierno indio en 2016, en el que se retiraban de la circulación los billetes, lo que causó una enorme alteración económica para muchas personas pobres que se apoyaban en el efectivo.


El Gobierno de Modi presentó el programa, en un principio, como una medida para luchar contra el ‘dinero negro’, la corrupción y el crimen, pero luego el relato cambió al de la modernidad digital aspiracional, un cuento sobre el adecuado, brillante y deseable futuro sin dinero físico al que la gente sería empujada, les guste o no.


Al día siguiente de que el Gobierno de Modi anunciara el programa, las empresas de pago digital iniciaron una carrera de seducción en los anuncios de las portadas de los periódicos, elogiando esta política. Por ejemplo, Paytm cubrió la portada del Times of India y el Hindustan Times con un anuncio: “¡Paytm felicita al Honorable Primer Ministro Sh. Narendra Modi por tomar la acción más decisiva de la historia financiera de la India independiente! ¡Únanse a la revolución!”


El colosal programa biométrico indio —el más grande del mundo—, Aadhar, también defiende ese mensaje en términos de inclusión financiera y modernización: la población debe verificar su identidad para abrir una cuenta de pago digital, y la biométrica se presenta como una posibilidad para la gente analfabeta o marginalizada.


El discurso oficial del gobierno indio se acerca mucho a los intereses comerciales del sector digital financiero, y estos son dos de tantísimos programas en todo el mundo para fomentar el cambio hacia el pago digital y la banca, que cruzan con infinidad de campañas privadas en la misma dirección, a menudo con apoyo de las principales instituciones internacionales de desarrollo.


Allí donde los servicios bancarios se encuentran poco desarrollados entre las comunidades más pobres, ha habido un intento de ‘saltarse’ a la banca tradicional mediante intermediarios móviles conectados a la infraestructura bancaria. Por ejemplo, M-Pesa en Kenya fue fabricado a partir de las redes móviles de Safaricom: buena parte de la población tenía tarjetas sim pero no cuenta bancaria, por lo que la estrategia era convertir el número de móvil en un equivalente del número de cuenta bancaria, mientras que la empresa de comunicaciones conectaba por su parte con el sector bancario.


El control digital


En estos esfuerzos entusiastas por la inclusión financiera digital, curiosamente, se han pasado por alto —o planteado como exclusivamente positivas— toda una serie de características clave del pago digital. La intermediación propia del dinero digital implica que:


• Los intermediarios pueden ver tus transacciones y recoger información sobre tus actividades económicas cotidianas.
• Los intermediarios pueden bloquear tus transacciones.
• Como no posees físicamente el dinero, las instituciones pueden expropiarlo o congelarlo.
• Si la infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones falla, o si los intermediarios sufren un fallo en su hardware o software, puedes ser expulsado.
• La conexión digital propia de la infraestructura es susceptible de ciberataques y diferentes formas de pirateo.
• Aunque el discurso popular en la industria de las tecnologías financieras es que la gente opta ‘voluntariamente’ por el pago digital, visto de cerca el asunto resulta mucho menos claro.

Dicho sin rodeos, el pago digital favorece un nuevo y vasto horizonte de vigilancia y control financieros, al tiempo que expone los usuarios a nuevos riesgos que no existen en la infraestructura del pago físico.


En principio, los promotores de las finanzas digitales evitaron una reflexión crítica sobre estas posibilidades negativas, ya que la primera etapa de la mayoría de estos productos es ‘adicional’: los servicios digitales son añadidos a la situación del momento, así que se comienzan presentando como una excitante ‘nueva opción’. Por ejemplo, una economía que antes sólo tuviera acceso al efectivo adquiere una opción digital, que abre todo un abanico de nuevas posibilidades creativas.


Estas nuevas posibilidades pueden usarse para evitar algunos de los viejos problemas, aunque introduzcan algunos nuevos, o también pueden presentar la forma anterior como un ‘problema’, en comparación (por usar una analogía: nadie vería un problema en utilizar una hoguera para calentarse, hasta que su vecino tiene electricidad). En consecuencia, la suma es entendida en general como algo positivo.


Sólo en las etapas posteriores, cuando se establece una forma nueva y se extiende lo suficiente como para comenzar a asfixiar los sistemas antiguos, comienza a adquirir un poder de ‘monopolio’. En el caso del pago digital, este proceso de ‘extensión monopolística’ se ha alimentado de varios factores. Aunque el discurso popular en la industria de las tecnologías financieras es que la gente opta ‘voluntariamente’ por el pago digital, visto de cerca el asunto resulta mucho menos claro.


1. Al principio, podemos ver esfuerzos políticos dirigidos a demonizar el dinero en efectivo con propaganda directa, a veces por parte del Estado (como es el caso del Gobierno de Modi en India), pero también por grandes empresas del sector, como Visa, cuyos intereses comerciales incluyen librarse del dinero físico. Por ejemplo, en un comunicado de prensa de 2016, Visa manifestó abiertamente que tenía una “estrategia a largo plazo para disminuir el efectivo para 2020”.


2. Después, se trata de incentivar el pago digital. Por ejemplo, Visa tiene un programa de recompensa a los pequeños negocios de moda, como cafeterías en áreas urbanas clave, para que “dejen de usar efectivo”, y por ende extiendan el mensaje y las normas del pago digital a sus clientes (los cuales podrían incluir, por ejemplo, comunicadores sobre tecnología e innovación, expertos en medios y consultores, que popularizarían más el mensaje).


3. Luego, se intenta dificultar el uso del dinero metálico, lo que supone hacer del uso digital algo relativamente atractivo, inspirando a la población a ‘elegirlo’. Por ejemplo, cuando la banca cierra cajeros, haciendo el efectivo más incómodo.


4. En adelante, las compañías y los cuerpos estatales tratan de introducir y mejorar la infraestructura para hacer el pago digital más viable y atractivo.


Estos procesos tienen muchas consecuencias sutiles y formas de retroalimentación. Conforme comienza a cambiar el entorno económico y cultural en favor de la digitalización, las empresas beneficiadas y los Estados usan este cambio como argumento para convencer de su uso incluso a la gente que no quiere usarlo.


Conforme se deriva más inversión a los servicios financieros y menos a las ramas no digitales, se comienza a penalizar —relativamente— a la gente que sigue usando dinero en metálico, que es vista por los propietarios de los negocios como una molestia y presentada en los noticiarios y los medios en general como luditas. La población se ve forzada o ‘alentada’ a usar medios digitales de pago.


Sin embargo, lo que en realidad tiene lugar es un proceso de expansión de la red digital financiera, que es fundamentalmente un proceso de consolidación del poder colectivo del sector bancario, la industria comercial que se asienta en él, y las empresas tecnológicas que ofrecen las aplicaciones y conexiones a ese sistema.


Aunque los bancos, individualmente, pueden tener sus luchas privadas contra los demás y con las compañías tecnológicas por determinadas porciones del pastel de las finanzas digitales, en general lo que dirige este cambio son los intereses de las instituciones financieras por automatizar sus procesos con el objeto de eliminar gastos y expandirse, extrayendo incluso más información sobre más clientes.


Es decir, que el interés de las instituciones financieras por automatizarse no tiene relación con lo que quieran sus clientes, sino con una dinámica interna propia, que justifican apuntando a segmentos de clientes (como los ‘millennials’) que son los primeros en adoptar estas finanzas digitales.


Aunque la economía digital se presenta en un comienzo como una opción más, a largo plazo implica la eliminación de las opciones no digitales con las que compite, reduciendo la elección en vez de añadirla. Por ende, se cierran las sucursales bancarias y cajeros de los pueblos formados sobre todo por jubilados en las zonas rurales británicas, porque los bancos pueden optimizar sus beneficios forzándoles a usar la banca digital, al tiempo que les dice que quienes “lideran el cambio” son los ‘millenials’.


Conforme los sistemas de pago digital se normalizan y el efectivo es demonizado, el relato de la inclusión digital se vuelve más afilado. Si hay consenso general entre los poderosos en que lo digital representa el progreso, y si una evidencia cada vez mayor de la dependencia de la economía digital (la mayoría organizada por las mismas instituciones financieras), entonces el riesgo de exclusión por no utilizarla es mayor que nunca, y proveer de acceso a ella parece más noble que nunca.


No hay mejor ejemplo de esta dinámica circular que la agenda y las prácticas de la Better than Cash Alliance, iniciativa dirigida bajo el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital, pero financiado por Visa, Mastercard, Citibank, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Omidyar Network, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y muchas empresas internacionales y ONG convencionales.


La Alianza oscila entre el discurso sobre los beneficios que supone introducir el pago digital y la demonización del dinero metálico para fomentar la supresión de la competencia. Trabajan mucho para establecer como sentido común la idea de que la economía digital es empoderante, moderna y aspiracional, y presentar el efectivo como anticuado y peligroso, un lastre para la economía y un apoyo del submundo del crimen. El empoderamiento, en este discurso, implica la seguridad de que todo el mundo sea incorporado a la creciente red digital financiera.


La demonización de la informalidad


Los promotores de la economía digital no pueden esquivar el asunto de la vigilancia y la extracción de información que acompaña al sistema de pago digital. Sin embargo, en general la estrategia ha consistido en revestir este control de transparencia, y hacer hincapié en ello como una herramienta para arrancar de raíz la corrupción y las transacciones criminales.
La extracción de información se presenta también como un paso positivo de camino a ofrecer más servicios financieros, como los préstamos. Por ejemplo, Safaricom y el Banco Comercial de África presentaron el sistema de préstamos M-Shwari, que usa la información de pagos de las cuentas de M-Pesa beneficiarias de préstamos para calcular su capacidad de crédito.


No se puede negar que ciertas intervenciones digitales en esta línea pueden ser beneficiosas a nivel localizado e individual. No se trata de renegar de los esfuerzos que suponen iniciativas como la M-Shwari, sino de señalar el discurso sesgado que suelen apoyar. Se usan esta clase de campañas al servicio de un proyecto más amplio para promocionar los intereses generales de grandes empresas tecnológicas y financieras.


El discurso dominante se ha transformado en un discurso peyorativo para con la economía informal a pequeña escala, y acrítico respecto de los grandes sistemas coordinados a través de las principales compañías e instituciones gubernamentales. Estas últimas son presentadas como ejemplos de progreso, mientras que los acuerdos informales, las interacciones sin un control definido y las redes de relaciones personales impredecibles son vistas como el reino del retraso, del crimen y del fracaso.


Se nos deja entonces con la narrativa oficial, en la que el progreso legitima la eliminación del dinero efectivo y la transición hacia la dependencia de la arquitectura de pagos digitales que pueden ser usados para controlar, disciplinar, mercantilizar e influir a la gente.


Todo esto se justifica con una aseveración: que esta arquitectura traerá beneficios, que será más barata y más segura, y que ‘actualizará’ a la población al mundo moderno, usará la información de la población para dar mayor acceso a los servicios y contribuirá a la ‘higiene’ social.


Y sobre todo, es una narrativa en la que las relaciones informales se disuelven para ser reemplazadas por relaciones mediadas institucionalmente, y por tanto ‘limpiar’ la informalidad. Esto es la gentrificación del pago.


Gentrificar para controlar


Claro, que sólo comienzan a vislumbrarse las posibilidades negativas de esta red digital cuando asume completamente una posición de monopolio. El mejor ejemplo de esto es el nuevo “Sistema de Crédito Social” de China, un programa en desarrollo para monitorizar a los ciudadanos con el objeto de darles puntos de reputación, o amenazarles con ponerlos en una lista negra.


El objetivo es aparentemente crear un sistema de ‘palo y zanahoria’, que recompense a los que sigan las tradiciones oficiales y se comporten correctamente y penalice a quienes no lo hagan, excluyéndoles de servicios como los viajes por aire si se desvían.


Los detalles del sistema en construcción son opacos y aún están sujetos a especulación, pero los estudios indican que se está construyendo contando con las empresas de pagos digitales (como WeChat) o que se integrará con la información financiera y de pagos existente en las principales compañías de finanzas digitales como Ant Financial (empresa madre del sistema Alipay). La información no sólo se usa para la inclusión; se usa para la exclusión.


Aunque el Sistema de Crédito Social chino acecha en la imaginación occidental como si fuera un episodio de una película de ciencia ficción, este proceso de vigilancia, rastreo y condicionamiento digital se da en todo el mundo, a menudo respaldado abiertamente por los Estados democrático-liberales que quieren promover los intereses de las compañías financieras y tecnológicas.


La gentrificación del pago es un aspecto fundamental de todo este proceso. Es un programa fragmentado, parcialmente completado y sin embargo calculado, para dirigir a la población a la red financiera digital que puede ofrecer reducidos beneficios a corto plazo, al tiempo que la expone a amenazas colectivas a largo plazo que son sistemáticamente minimizadas. Es el momento de que los grupos y activistas de la sociedad civil comprendan este fenómeno y lo enfrenten.

Por Patricia Bolinches
Brett Scott

publicado
2019-05-17 06:05:00

Publicado enEconomía
Una tribu ecuatoriana gana el juicio contra el Gobierno y salva miles de hectáreas en la Amazonia

Un tribunal determinó que el Ejecutivo ecuatoriano no realizó una consulta previa con los waorani sobre la posibilidad de subastar el bloque petrolero 22 de la provincia de Pastaza.
La tribu de los waorani que vive en la Amazonia —al noreste de Ecuador—, ganó el pasado 26 de abril un juicio contra varias compañías petroleras, salvando de esa manera más de 200.000 hectáreas de selva tropical de esa vasta región de América del Sur, informan medios locales.


Un tribunal local falló a favor de los waorani tras determinar que el Gobierno ecuatoriano no realizó en 2012 una consulta previa con ellos sobre la posibilidad de subastar el bloque petrolero 22 de la provincia de Pastaza, pese a que desde el Ejecutivo aseguraron que los indígenas dieron su consentimiento para permitir dicha actividad extractora.


Los waorani denunciaron presuntos fraudes por parte de las autoridades durante el proceso de negociación y declararon que no comprendieron del todo que los encuentros tuvieran como finalidad entregar su territorio ancestral.


Un 16% del terreno en cuestión contiene dieciséis comunidades de este pueblo amerindio. Tras el fallo, se ha paralizado indefinidamente la subasta de cualquier bloque extractivo en la zona hasta que no tenga lugar una consulta previa bajo los estándares internacionales.


"Queríamos que quedara claro que el Estado ecuatoriano siempre ha venido a nuestros territorios a engañar y manipular a cambio de explotación petrolera", dijo Oswando Nenquimo, portavoz de los waorani, subrayando que esta decisión judicial es un símbolo histórico de la lucha de sus reivindicaciones. "Le pedimos al Estado que nos deje vivir en nuestro territorio sano […] Nuestro territorio no está en venta, es parte de nuestra vida y cultura", aseveró Nenquimo.


No obstante, desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador anunciaron que apelarán el fallo alegando que en la consulta "se respetaron los derechos de los pueblos y nacionalidades".

17 may 2019 02:12 GMT

 

Publicado enMedio Ambiente
Cómo ganar las elecciones con Whatsapp desde Brasil hasta la India

El omnipotente conglomerado GAFAT (Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter), asociado al Pentágono en su segmento Defence Innovation Board, desató una intensa polémica con Trump, quien critica el monopolio cibernético de Silicon Valley (https://wapo.st/2J3H1nj), y con Europa, donde se exige su regulación y atomización (https://econ.st/2Y3JTE6).

Hoy Twitter México/Latinoamérica se encuentra en la picota por sus usuarios debido a la flagrante parcialidad de su director Pepe López Ayala: proto-fascista aliado del Partido Popular español quien no oculta su intrusión en las elecciones (https://bit.ly/2vaEVZJ) y quien ha sido expuesto por su proclividad neofranquista/neoliberal/neopinochetista (https://bit.ly/2vmxf6V).

El común denominador de las críticas altisonantes versa sobre el manejo cautivo de los bots y su “granja de trolls” con el fin de modular a la opinión publica y redireccionar el voto manipulado de los electores.

Cambridge Analytica, hoy extinguida, redireccionó el voto a favor del Brexit y la elección de Trump (https://bit.ly/2TPXEUO).

Ahora la aplicación Whatsapp ha sido colocada en la picota, a lo que se ha sumado en forma sorprendente The Financial Times (04/05/19) vinculado por medio del grupo Pearson, junto con The Economist, a la Banca Rothschild y a su instrumento George Soros: señalado de ser "socio" del mandamás de Facebook (https://bit.ly/2R2Lhnl).

Whatsapp fue adquirida en 2014 por Facebook en 22 mil millones de dólares y cuenta con 500 millones de usuarios, siendo la aplicación más popular en India (300 millones: la mayor del mundo) y Brasil, además de Gran Bretaña, España y Francia.

En India, Financial Times alerta que se puede escenificar una "elección Whatsapp", la cual "podría también configurar su futuro político".

El partido gobernante Bharatiya Janata, del "nacionalismo hindú", utiliza Whatsapp "para librar una de las más sofisticadas campañas políticas digitálicas en el mundo".

John Gapper (FT 16/04/19) había advertido que "Whatsapp es una versión sombría de la democracia" y que la elección general en India, donde votarán del 11 de abril al 19 de mayo 900 millones, "demuestra los riesgos de las plataformas de las redes sociales".
Ahora los clásicos "mensajeros del odio (palabra de moda)" son quienes acusan a sus adversarios de imitarlos, como si el "odio" fuera monopolio exclusivo de un tipo dado de supremacismo racista.

Financial Times admite que Bolsonaro ganó la elección "ayudado en parte por una ola de rumores tóxicos y desinformación, la mayoría propalados por Whatsapp". Ahora se requiere de mercadólogos creativos de las mentiras tóxicas para ganar una elección, como sucede en México con el uso vicioso y antidemocrático del grupo panista de los ex presidentes Fox y Calderón y sus conspicuos aliados propaladores de la "trama rusa" y la Operación Berlín (https://bit.ly/2UrdBVm), con el fin de desestabilizar al gobierno y pretender obtener por vías subversivas lo que perdieron en las urnas electorales.

En Brasil, con 120 millones de usuarios de Whatsapp, se manejó que la manipulación con fake news ayudaron a la elección a la presidencia del ex capitán Jair Bolsonaro. The Conversation denunció que la “postura sesgada de Whatsapp “en la elección de Brasil, demuestra el "peligro a la democracia de las redes sociales debido a la desinformación" (https://bit.ly/2J56o8m).

Los gobiernos masoquistas y los ciudadanos afectados por la obscena toma de partido del GAFAT, al unísono de su extraterritorialidad jurídica y su atentado a la soberanía cibernética de los países, no han tomado medidas precautorias y regulatorias ante el totalitarismo orwelliano de las plataformas monopólicas que controlan las redes sociales.

La tecnología en si es neutral y depende del uso que se le da. Lo grave radica en el monopolio de las plataformas.

El combate a los monopolios y la democratización de las plataformas –donde Latinoamérica, África, Europa y gran parte de Asia se encuentran ausentes– sería el antídoto para la deliberada propagación selectiva de fake news.

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