Boris Johnson se compromete a prohibir indefinidamente el ‘fracking’ en todo el Reino Unido

Los conservadores abandonan su política energética de los últimos 10 años

La medida ha sido criticada como electoralista, pero no ha dejado de sonar como una victoria a los oídos de los grupos medioambientales del Reino Unido. El Gobierno de Boris Johnson se ha comprometido este sábado, a pocos días de que comience la campaña electoral, a prohibir de modo indefinido el fracking en todo el país, "hasta que no se aporten pruebas definitivas" de su seguridad. Esta técnica de extracción de gas del subsuelo mediante la inyección a presión de agua, arena o sustancias químicas se había convertido en la última década en la esperanza de los gobiernos conservadores de dotar al Reino Unido de mayor autonomía energética.

George Osborne, el ministro de Economía del Ejecutivo de David Cameron, llegó a asegurar que su propósito era convertirse en "líderes mundiales de la extracción de petróleo de esquisto". Y el propio Boris Johnson consideró que el potencial energético de esta práctica era una "respuesta a las plegarias de la nación". Cerca de 600 millones de euros se han invertido en lo que va de década en proyectos de investigación y prospección, a través de compañías como Cuadrilla, Centrica, Ineos, Total e Igas. Ya hay pozos exploratorios en localidades como Lancashire, Cheshire, North Yorkshire o Nottinghamshire. En todos los casos, los movimientos de la población local en contra de los proyectos habían adquirido mucha fortaleza. Los propios sondeos encargados por el Gobierno el pasado junio indicaban que solo un 15% de la ciudadanía respaldaba esta nueva técnica frente a un 35% que se oponía a ella.

El pasado agosto, un terremoto de magnitud 2.9 en la escala Richter provocado por el fracking sacudió los hogares de Blackpool. La Autoridad de Gas y Petróleo del Reino Unido (OGA, en sus siglas en inglés) concluyó, en un informe posterior, que "actualmente no era posible predecir con exactitud la probabilidad o magnitud de los terremotos asociados a las operaciones de fracking".

Presionado por las promesas de la oposición laborista, que había anunciado ya en su manifiesto electoral la prohibición total de esta práctica de extracción de gas, y por el rechazo popular, Boris Johnson ha anunciado por sorpresa, a través de su ministra de Energía, Andrea Leadsom, una moratoria inmediata fracking. "Aunque reconocemos el enorme potencial de extracción de petróleo de esquisto en el Reino Unido, que ayudaría a perfilar un futuro libre del consumo de carbón, siempre he establecido con claridad que esta práctica debe llevarse a cabo de un modo seguro. Después de revisar la investigación llevada a cabo por la OGA respecto a la reciente actividad sísmica en Preston New Road (Lancashire), ha quedado claro que no podemos descartar impactos futuros inaceptables en la comunidad local", ha dicho Leadsom al anunciar la suspensión indefinida del fracking.

Se añade a las inquietudes científicas el potencial daño electoral que supone el hecho de que Rachel Wolf, del grupo de asesores de Johnson que ha contribuido a redactar su programa electoral hubiera trabajado en un grupo de presión favorable a Cuadrilla, una de las empresas afectadas por la medida. La oposición laborista ya había sacado los colores al Gobierno al señalar la presencia en el equipo de campaña del primer ministro de Wolf, que calificaron de "escándalo democrático".

Las organizaciones de defensa del medio ambiente han celebrado el giro en la política conservadora, a pesar de que las razones que lo hayan impulsado no hayan sido de pura conciencia ecologista. "Esta moratoria es una victoria espectacular para las comunidades locales y para nuestro medio ambiente. Durante diez años la gente de todo el país ha llevado a cabo una batalla de David y Goliat contra esta poderosa industria. Nos enorgullece haber formado parte de esa batalla", ha dicho Craig Bennete, el director de la asociación Friends of The Earth (Amigos de la Tierra).

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha denunciado la medida como un "lavado de cara" que responde únicamente a la presión electoral. "Creo que suena a que el fracking volverá a ser una realidad el 13 de diciembre [el 12 de diciembre están previstas las nuevas elecciones generales en el Reino Unido], si los conservadores acaban reteniendo el Gobierno", ha dicho Corbyn este sábado

Por Rafa de Miguel

Londres 3 NOV 2019 - 15:44 COT

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Sábado, 02 Noviembre 2019 07:54

Graves problemas para el fracking en Colombia

Graves problemas para el fracking en Colombia

Como si se tratara de un escenario apocalíptico, digno de las películas sobre el fin del mundo, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que la decisión del Consejo de Estado de prohibir el fracking en Colombia es caótica: lo más grave que le pudo haber sucedido al país. En un tono muy cerca a la manipulación alarmista, la Ministra se atrevió a decir que el rechazo del alto tribunal llevaría a la devaluación del peso e incluso un dólar podría cotizarse en 5.000 pesos en los próximos años. De acuerdo con datos suministrados por Ecopetrol, las reservas de crudo en Colombia son para máximo siete años y los cerca de 400.000 barriles de consumo interno, tendrían que importarse. Una calamidad absoluta, según la Ministra. En esta misma línea, siguiendo algunos medios de comunicación, la seguridad energética en el país está comprometida y el fracking parece constituir la única salvación posible. Los conceptoa anteriores son un completo absurdo si se toma en consideración los daños absolutos que la técnica de fracturamiento hidráulico podría causar. Sin embargo, vamos por partes.

El primer elemento que debe ponerse en el debate es que la ministra Suárez como todo el gabinete del (pseudo)presidente Duque sigue unos intereses específicos, relacionados con los grandes poderes de multinacionales del petróleo. De manera que le queda muy mal a la Ministra posar como “preocupada” por la seguridad energética, si todos saben que son los negocios los que motivan sus “reflexiones”. Si en verdad la cartera de Minas y Energía, y por extensión todo el Gobierno Nacional estuvieran preocupados por la situación del país, entonces dirían algo en torno a que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo, sólo por debajo de Sudáfrica, Haití y Honduras. Lo más grave es que, según la OCDE, una familia de bajos recursos tardaría 11 generaciones (¡once!) en alcanzar el ingreso promedio en el país. Pero hay datos más preocupantes: “el 10% de la población más rica gana cuatro veces lo que gana el 40% más pobre. El 20% de los ingresos totales están concentrados en sólo el 1% de la población, y la mitad total de los ingresos está en las manos del 10% de ella”. Por si fuera poco, el 1% de la población más rica, junto con algunas compañías transnacionales, poseen alrededor del 81% de las tierras en Colombia. Y todavía hay algunos que se atreven a decir que la concentración del territorio y la desigualdad económica no son los problemas más graves que aquejan al país.

Por esa simple razón, las declaraciones de la ministra Suárez son pura demagogia y oportunismo apocalíptico. ¿A quién quiere manipular la funcionaria con datos que sólo afectan a las empresas más ricas del país y a las compañías explotadoras en su mayoría norteamericanas? El día que ministros como María Fernanda Suárez denuncien la desigualdad en el país, que hablen con preocupación sobre los niños que mueren de inanición o las familias que viven por debajo de la línea de pobreza, ese día sí se les podrá llenar la boca al hablar de “crisis energética”. ¿Quiere hacer la Ministra, la “gran Juan Manuel Corzo” y decir que ya no habrá gasolina para los tres y cuatro carros de los altos funcionarios del gobierno?. Señora ministra: hay gente que muere de hambre y que ni toda la gasolina del mundo o incluso los billetes que usted tanto parece proteger, les darían lo que más necesitan. Por el contrario, el fracking representa un peligro definitivo para miles de comunidades cuyas únicas fuentes de agua potable estarían amenazadas.

En efecto, ya habíamos denunciado las graves afectaciones en temas de salud, cultura, política y economía que el fracking traería consigo. Sólo por recordar algunas de ellas, están: los riesgos de sismicidad que podrían ocasionarse con el ingreso de poderosas máquinas que arrasan todo a su paso; los grandes desperdicios de agua, pues justamente para la fracturación de las rocas se utilizan miles de litros del líquido a presión (mezclado con sustancias tóxicas); y la contaminación de acuíferos y otros cuerpos de agua a causa de las rupturas de las tuberías y que han producido los fenómenos de "ríos de fuego". De esta manera, no hay que ser ingeniero de petróleos ni experto en perforación para darse cuenta que el fracking es una industria dañina y peligrosa. Lo anterior se menciona debido al debate que se ha generado por “las voces no autorizadas” que han denunciado esta técnica. Pues bien, tampoco son expertos los miembros de las comunidades que tienen que padecer las consecuencias de unos pocos que se lucran a partir de la explotación de la tierra y viven en carne propia las decisiones que tecnócratas toman desde sus oficinas.

En consecuencia, la problemática es mucho más profunda que simplemente “la crisis energética” o “la ausencia de reservas petroleras”. El fracking como fenómeno productivo incluye una serie de elementos que superan el ámbito económico y que podrían incluso relacionarse con lo que los sociólogos llaman la interseccionalidad. Este término hace referencia a los elementos de género, etnia, clase o incluso de orientación sexual que también influyen sobre las relaciones de explotación y dominación. Dicho de otro modo, el impacto sobre las mujeres afrodescendientes en Tumaco (donde las necesidades básicas insatisfechas son cercanas al 50%) es distinto a las relaciones de dominación y explotación en otras regiones del país para un hombre blanco. Estos elementos deben incluirse a la hora de entender un fenómeno como el fracking que no sólo debe reducirse a las reservas energéticas del país, de hecho, hay detrás una serie variopinta de temas como: el reconocimiento de las comunidades ancestrales, la protección del medio ambiente, la búsqueda de modos de producción alternativos, la inclusión de la población en la toma de decisiones, entre otros.

Ahora bien, la decisión del Consejo de Estado se basó en ratificar la suspensión del fracking en el país, ignorando la medida cautelar impulsada por el Ministerio de Minas y Energía que pedía al menos mantener las pruebas piloto en Magdalena y Cesar. La decisión del alto tribunal se suma a la suspensión parcial de las normas que regulan la explotación de los yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014) y contribuyó a poner un alto en las pretensiones de las empresas petroleras en el país. Con todo, la determinación del Consejo de Estado es un respiro para las comunidades, como lo dejó ver Carlos Andrés Santiago, miembro de la Alianza Colombia Libre Contra el Fracking para quien "lo que está en juego es el agua, el ambiente y la salud de las comunidades de las regiones donde se desarrollarían los pilotos de esta técnica". Esta perspectiva se conecta con el fenómeno de interseccionalidad pues deja ver el problema en su justa dimensión y no sólo como un dilema entre la seguridad energética y la “lucha de unos cuantos ambientalistas”. Por el contrario, el fracking es un asunto que le compete a todos los colombianos y debe tomarse con toda la seriedad antes que derive en un problema mayor.

No obstante, la reacción por parte de la Ministra de Minas y algunos sectores de la ultraderecha en el país fue la de rasgarse las vestiduras y asegurar que el Consejo de Estado incurría en un grave error pues prácticamente condenaba al país a la recesión energética. La ministra Suárez instó a “dejar la decisión sobre fracking en manos de la ciencia y no de Twitter”, como si el fallo de la alta Corte no tuviera relevancia por sí mismo. ¿Qué dirá la Ministra cuando los estudios científicos sean concluyentes en torno a los graves daños que el fracking causa a la salud y el medio ambiente? ¿Tendrá la misma postura o dirá que son estudios pagados o invenciones de Twitter? Lo grave de este caso es que ella, haciendo gala de su más vil politiquería, la ministra Suárez busca manipular a diversos sectores diciendo boca en jarro que las tarifas de energía y gas se pueden duplicar si no se acepta el fracking en el país. En otras palabras, o se acepta el fracking o el país tendrá que lamentar las consecuencias. ¡Qué bajeza, señora ministra!

A pesar de lo anterior, hay que ser sumamente prudentes con la decisión del alto tribunal pues es una medida provisional. De hecho, de acuerdo con una investigación de Nohora Celedón para el portal de la Silla Vacía, una sentencia de fondo de las altas Cortes puede demorar entre cinco y siete años, con lo cual, a pesar de que los sectores que se oponen al fracking han ganado algunas batallas, no se han hecho con la victoria definitiva. Debe considerarse una serie de variables como el término del periodo de algunos magistrados que, como Ramiro Pazos Guerrero, se han mostrado en contra de la implementación del fracking. Esto quiere decir que en cualquier momento se puede reactivar la normatividad que rige la explotación de yacimientos no convencionales y, con ello, el fracking podría convertirse en una alternativa de explotación de hidrocarburos.

Por lo expuesto hasta aquí, es necesario que los sectores sociales y movimientos ambientalistas no den su brazo a torcer y mucho menos se confíen frente a lo que está por venir. Si bien la ratificación del Consejo de Estado podría parecer esperanzadora, todavía no es una sentencia definitiva y en la cambiante política colombiana, todo puede suceder. Sin embargo, esto tampoco resta importancia a la decisión, de hecho, es un gran triunfo para aquellos sectores que han luchado con valentía para evitar la contaminación de sus entornos y debe tomarse en su justa proporción. Lo que debe rechazarse con vehemencia son las posturas alarmistas y manipuladoras de personas como la ministra María Fernanda Suárez que quieren reducir el debate de vida o muerte. Si ese fuera el caso, el fracking simboliza la muerte del medio ambiente, de los ecosistemas y del agua potable. Y no sólo eso, pues está en juego la independencia de las comunidades, su autodeterminación y la oportunidad de decidir su destino político. Retomando las palabras del novelista Edward Morgan Forster: “retengamos la idea de lucha: toda acción es una batalla; la única felicidad es la paz”.

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El Gobierno británico anunció este sábado que pone fin a su apoyo a la fracturación hidráulica ("fracking") para la extracción de gas o petróleo. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Archivo EFE

El Ejecutivo toma la decisión a partir de un informe de la Autoridad del Petróleo y el Gas (OGA) que concluye que hoy en día no es posible predecir con precisión la probabilidad de temblores asociados a la fracturación hidráulica

Las actividades de extracción en Preston New Road ya habían sido suspendidas en agosto después de que se registrara un seísmo de 2,9 grados de magnitud

 

El Gobierno británico anunció este viernes que pone fin a su apoyo a la fracturación hidráulica – conocida como 'fracking'– para la extracción de gas o petróleo por la imposibilidad de predecir los seísmos que pueda ocasionar.

El gabinete ministerial ha tomado la decisión sobre la base de un informe de la Autoridad del Petróleo y el Gas (OGA) "que constató que actualmente no es posible predecir con precisión la probabilidad o magnitud de los terremotos relacionados con las operaciones de 'fracking", según un comunicado del departamento de Energía.

Añade que dicho informe publicado este viernes concluye que no es posible con la tecnología actual predecir con precisión la probabilidad de temblores asociados con la fracturación hidráulica.

"Las propuestas separadas para cambiar el proceso de planificación de los sitios de 'fracking' ya no se llevarán adelante en este momento", anuncia el Gobierno británico.

Dicho método de extracción de gas o petróleo "no podrá continuar en Inglaterra", insistió el Ejecutivo.

Los trabajos exploratorios para determinar si el esquisto podría ser una nueva fuente de energía nacional, aportando beneficios para la economía y la seguridad energética del Reino Unido "se han pausado ahora, a menos que se proporcionen pruebas adicionales y hasta que se puedan llevar a cabo de forma segura aquí", agrega el comunicado.

El Gobierno británico afirma que la exploración de las reservas de gas de esquisto de Inglaterra solo podrá continuar si la ciencia demuestra que es segura, sostenible y de mínima perturbación para quienes viven y trabajan cerca.

Sobre la base de la perturbación causada a los residentes que viven cerca de Preston New Road, en Lancashire, y este último análisis científico, el Gobierno anuncia "una moratoria sobre el 'fracking' hasta que se proporcionen nuevas pruebas convincentes".

La secretaria de Negocios y Energía, Andrea Leadsom, expresa en la nota oficial que después de revisar el informe de la OGA sobre la reciente actividad sísmica en Preston New Road "está claro que no podemos descartar impactos inaceptables futuros en la comunidad local".

Por esa razón, añade, "he llegado a la conclusión de que deberíamos poner una moratoria sobre el 'fracking' en Inglaterra con efecto inmediato".

Las actividades de extracción en Preston New Road fueron suspendidas desde que se registró un seísmo de 2,9 grados de magnitud el 26 de agosto pasado.

 

EFE - Londres

02/11/2019 - 10:06h

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Cambio climático: a pagar por las mentiras

Hace unos años conocí a Polly Higgins, la famosa abogada ecologista, hoy difunta, que en 2009 propuso la inclusión del ecocidio como crimen en las cortes internacionales, que hasta hoy sólo reconocen el ecocidio como crimen en casos de su empleo como arma bélica (a partir del uso que en la guerra de Vietnam se hizo del herbicida conocido como agent orange). Lo cierto es que la lucha por tipificar el ecocidio como crimen internacional no ha triunfado aún, aunque ha ido avanzando la propuesta en foros internacionales, y varios países ya han criminalizado el ecodicio. Se trata en todo caso de una lucha internacional que continúa, y sin duda irá ganando apoyos hasta triunfar; el ecocidio está destinado a ser perseguido en las cortes criminales de todo el mundo.

Mientras, la lucha legal contra la devastación ecológica cobra cada vez más fuerza, aunque sea por otras rutas. Las demandas judiciales relacionadas con el cambio climático, en especial, se multiplican a diario, sólo que usualmente apelan a otras leyes y recaen en otros mecanismos legales que no son precisamente el del ecocidio. Hoy, tan sólo en Estados Unidos hay más de mil demandas contra agentes y compañías responsables del cambio climático.

De hecho, ayer mismo comenzó un juicio de especial importancia en el estado de Nueva York contra Exxon-Mobil. Se trata apenas del segundo litigio ligado al cambio climático que llega a la fase de tribunales en ese país. Por eso hay muchas miradas puestas en el caso, que interesa además no sólo por la cantidad de dinero en juego (entre 600 y mil 600 millones de dólares en daños), sino sobre todo por la ruta legal que han escogido los litigantes. Así, según el alegato del fiscal, Exxon habría deliberadamente engañado a sus inversionistas respecto del costo futuro que para ellos implicará el cambio climático generado por la corporación. Exxon va a juicio por haber escondido a sus accionistas los efectos financieros que tendría el cambio climático que ellos generaban. Según la fiscalía, la firma conocía en detalle los resultados de las investigaciones científicas que calculaban el monto de esos daños; las conocían entre otras razones porque ellos mismos las habían financiado. Y habrían escondido el dato a sus inversionistas para proteger el valor de las acciones bursátiles de la compañía.

De resultar cierto el alegato, entonces, Exxon tendrá que compensar a sus propios accionistas por los costos que la compañía tendrá que absorber como resultado del cambio climático, generado por sus emisiones de carbono. Se juzga a Exxon, en otras palabras, por haber mentido deliberadamente sobre la magnitud y los costos de la contaminación generada por la compañía, y específicamente por los costos que el cambio climático tendría para los propios accionistas de Exxon. El razonamiento es que la compañía ocultó los resultados de la investigación científica a sus accionistas, para evitar una caída en el valor de mercado de las acciones de la compañía.

Esta es una avenida legal bien interesante para empezar a obligar a las corporaciones y a los gobiernos a pagar por sus mentiras del pasado, es decir, por lo que han contaminado a sabiendas de lo que hacían los grandes emisores de carbono. Así, los principales responsables del calentamiento global, entre los cuales, recordemos, nuestro Pemex ocupa un noveno lugar mundial, deberán comenzar a pagar por las mentiras que llevan esparciendo durante décadas respecto de los efectos contaminantes de su actividad.

Hoy decimos a cada rato que vivimos en la "era de la posverdad". No cabe duda de que la mentira es la moneda de cambio más frecuente de los gobiernos de casi todo el mundo. El New York Times ya se cansó de contar los números de mentiras diarias, mensuales y anuales emitidas por el presidente Donald Trump. El hábito de tener siempre "otros datos" ante la ciencia, ante las estadísticas o ante el periodismo, es ya lugar común para los jefes de quién sabe cuántos gobiernos. Sí... Y, sin embargo, mienten.

Y han mentido muy señaladamente en lo que atañe al cambio climático. Así, en Estados Unidos, el Partido Republicano se dedicó durante décadas a burlarse de quienes se preocupaban por este asunto. Los acusaban de afeminados y de elitistas. Decían que los científicos eran unos buenos para nada, dedicados sólo a buscar su propio financiamiento, y adoctrinar estudiantes. Y fueron golpeando tanto al prestigio de los científicos que se comenzó a relativizar hallazgos perfectamente sólidos, con tal de poder seguir explotando los recursos de siempre.

Todo eso servía, además, a un doble propósito. Finalmente, atacar a los científicos era divertido y popular. Entre la envidia que les tenían unos, y el rencor que generaba su sabiondez para otros, resultaban ser un blanco fácil. Atacarlos servía, además, para consolidar la alianza que forjaron los republicanos con las iglesias evangélicas. Pero sobre todo, deslegitimar a la ciencia sirvió para seguir contaminando a gusto. Sirvió para seguir talando bosques. Para seguir invirtiendo en petróleo y en la minería del carbón.

Ahora, algunas de las compañías que participaron de esa costumbre de mentir tendrán que vérselas en la corte. Ojalá que paguen y que paguen caro.

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Jueves, 03 Octubre 2019 06:17

Cuba en su coyuntura

Cuba en su coyuntura

Hay menos transporte público y más solidaridad. La escasez de combustible, que impacta sobre todo en las horas en que los cubanos salen y regresan del trabajo y la escuela, se ha traducido en llamados a la cooperación e iniciativas ciudadanas. En un país que hace menos de un año no tenía servicio de datos móviles, florecen los grupos de WhatsApp del tipo "¿Dónde hay combustible?" y "Encontré petróleo", que pasan la voz de las gasolineras abastecidas y con menos colas en las ciudades, particularmente en La Habana, la más poblada de la isla.

Los medios de comunicación cuentan cada día historias espontáneas que tratan de cerrar el agujero que han dejado los recortes del diésel y la gasolina. Mientras escribo estas líneas Lázaro Manuel Alonso, un popular periodista y director del Noticiero del Mediodía de la Televisión Cubana, habla del club de dueños de motocicletas eléctricas fabricadas en China que, espontáneamente y sin cobrar a los pasajeros, recorren las calles y dan aventones a los transeúntes.

En Eco Motoristas, un grupo de Facebook, interactúan más de un centenar de los integrantes de los clubes Moto Eléctrica Cuba, Eracing y Alto Voltage. Allí narran las experiencias de las caravanas de vehículos que circulan por las arterias más transitadas de la capital, cada uno con un pasajero para acercarlo a su destino, y en las imágenes se pueden ver a estudiantes con sus uniformes de preuniversitario, señores vestidos humildemente y mujeres que quizás sean maestras o secretarias, todos sonrientes en el asiento accesorio y con sus cascos correctamente anudados.

El apoyo social ante la desgracia aquí siempre tiene un efecto amortiguador. Es el eterno retorno de la austeridad solidaria frente a la hostilidad del gobierno de Estados Unidos. Que un gobernante gringo amenace con matar a los cubanos de "hambre y desesperación" –literal del memorando secreto del subsecretario asistente para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory, en 1960–, y que mis vecinos reaccionen con refuerzos de moral ha ocurrido ya 10, mil, un millón de veces.

La historia se repite con escrupulosidad de filmación cinematográfica, aunque la anécdota cambie. Ahora Washington persigue las navieras con petróleo hacia la isla y los barcos, desde inicios de septiembre, llegan a cuenta gotas. Las autoridades ofrecen tranquilidad a la ciudadanía y hablan de una "situación coyuntural", traducida como "la coyuntura", sujeto de burla para los trolles de Miami y apropiada con humor por los cubanos de a pie que, a diferencia de los otros, confían en que hay buques en camino y que esta situación, como suele ocurrir, pasará para que venga otra pedrada del norte y la solidaridad vuelva a sostener el peso de esta isla en el Caribe.

Liset García, una amiga que desde que la conozco hace más de 30 años se proclama "botellera profesional" –en Cuba, "botella" es sinónimo de "aventón"–, sólo espera que cuando pase "la coyuntura" sobreviva en los choferes y motoristas la voluntad de seguir ayudando al prójimo. Vive en Diez de Octubre y trabaja en Plaza de la Revolución, dos municipios separados por 8 kilómetros que se traducen en 40 viajes y otras tantas historias desde el 11 de septiembre en que se anunciaron las medidas de ahorro. Hablamos de la ola de desprecio hacia Trump que recorre los barrios, los centros de trabajo y los negocios privados, y la animación especial que hubo este año en las "fiestas del Comité", es decir, de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), organización de vecinos fundada por Fidel Castro el 28 de septiembre de 1960, que agrupa a más de ocho millones de cubanos y que surgió para proteger las calles cuando se desataron los sabotajes contra la joven Revolución.

Ayer tuve cita con el dentista. El médico, mulato de unos 30 años rodeado de media docena de alumnos, taladraba mi muela cuando abrió la puerta de la consulta un trabajador de servicios hospitalarios. "Son las 11", anunció el recién llegado. El doctor se encogió de hombros, apagó el aire acondicionado y abrió la ventana que da a una de las avenidas más concurridas de La Habana. "Es la hora de la coyuntura", comentó el profesor a sus estudiantes, que rieron el chiste y aprovecharon la tregua para dar una vuelta y descongestionar el salón.

Desde hace tres semanas, a las 11 am todas las oficinas apagan las luces y máquinas durante dos horas, y repiten el mismo ritual de seis de la tarde y hasta las diez de la noche, "horas pico" del gasto eléctrico en Cuba. Los hospitales y policlínicos no dejan de utilizar la electricidad, pero desconectan los equipos de alto consumo en las instalaciones donde no peligre la salud de los enfermos. La medida ha permitido que, con sólo 30 por ciento del combustible que utilizaba cada mes, sigan funcionando las principales fábricas, se mantengan vitales los servicios públicos y no se hayan producido apagones en las casas a pesar de la crisis energética.

Desde el ángulo que tengo en el sillón, prácticamente acostada, vi la bata blanca acercándose, la fresadora en la mano y una pregunta en el aire cuya respuesta –rogué mentalmente– ojalá no la encontrara dentro de mi boca: "¿Hasta cuándo tendremos que soportar a ese bicho malo en la Casa Blanca?"

Por Rosa Miriam Elizalde, periodista cubana

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"Decepción y desaliento" en las FFAA brasileñas

Justo cuando los militares conquistaron el mayor espacio político en un gobierno en democracia, los presupuestos de Defensa se derrumbaron, haciendo que las dos prioridades estratégicas, defensa de la Amazonia y el desarrollo de los yacimientos off-shore (pre-sal), resulten desatendidos por largo tiempo.

"La defensa de Brasil está abandonada", escribe Roberto Mangabeira Unger, en un artículo que lleva ese título, publicado en Folha de Sao Paulo a mediados de setiembre.

Con datos elocuentes, asegura que el presupuesto de Defensa como participación del PIB está cayendo en el último cuarto de siglo, siendo similar al de Argentina (1,3%) y mucho más bajo que el de países de los BRICS como India, que alcanza el 2,4%.

Mangabeira es uno de los intelectuales más destacados de Brasil, profesor en Harvard y quien formuló la Estrategia Nacional de Defensa (END) en 2008, siendo ministro de Asuntos Estratégicos de 2007 a 2009 y en 2015, bajo los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. De modo que sus opiniones tienen un peso considerable.

En el mencionado artículo, sostiene que en el Gobierno actual la presencia de militares es aún mayor que bajo la dictadura militar (1964-1985). Mangabeira sostiene que "no hay desarrollo sin afirmación rebelde del camino nacional", y agrega que la END defiende la creación de un complejo industrial de defensa capaz de impulsar la economía por su "vanguardismo tecnológico".

Finaliza su artículo acusando al presidente Jair Bolsonaro de "dejar al Brasil indefenso, mientras alardea de sumisión a EEUU y renuncia a cualquier estrategia nacional de desarrollo que no se resuma en agradar a los mercados financieros". "Brasil se hunde en el estancamiento y la mediocridad", concluye.

La reaparición de Mangabeira se produce en un momento en el cual los cuarteles manifiestan "decepción y desaliento", según un artículo publicado el mismo día por O Globo. Para 2020 el presupuesto de Defensa registra una caída del 35% respecto a 2019, que ya era bajo, lo que supone cortes en los proyectos estratégicos de más del 30%.

Los proyectos más afectados incluyen las tres armas.

El Ejército encargó 1.580 unidades del blindado Guaraní, del cual ya fueron entregadas 300 unidades por la empresa Iveco. Se estimaba que el proyecto iniciado en 2012 finalizaría en 2031, pero ahora se adelanta que el último blindado será entregado en 2040. Para esa fecha "el carro no estará obsoleto, pero tal vez lo esté el concepto de defensa que lo involucra", dijo un general a los diputados.

La Marina está viendo su presupuesto recortado en 18%, lo que retrasa el cronograma de entrega de submarinos, cuatro convencionales y uno nuclear. El proyecto comenzó en 2008, con la firma de un acuerdo con Francia que prevé traspaso de tecnología, cuestión que molestó especialmente al Pentágono.

La Fuerza Aérea prevé la construcción de 36 cazas Gripen con la sueca Saab, con transferencia de tecnología y fabricación de una parte del lote en Brasil, por parte de Embraer. Aunque ya le fue entregada la primera unidad, el recorte del presupuesto en un 52% agrava la falta de aparatos adecuados para la defensa del país, en contraste con Venezuela que posee 24 cazas rusos SU-30 y misiles S-300.

Otros proyectos afectados son el carguero militar KC-390, capaz de transportar hasta 21 toneladas, con el que Embraer pretende competir con los Hércules C-130, con la ventaja de sus motores a reacción que le dan mayor velocidad. Este programa estaba dotado con 1000 millones de reales anuales, pero para 2020 sólo le destinarán 548 millones, poco más de la mitad.

El programa de submarinos, denominado PROSUB, obtuvo 2.500 millones de reales en 2014, para caer a 1000 millones en 2020. En tanto, el sistema de monitoreo de fronteras (SISFRON), clave para la defensa de la Amazonia y el control de incendios, tuvo un presupuesto anual de más de 1000 millones de reales entre 2015 a 2017, para caer a sólo 643 millones en 2020.

Con semejante panorama, los militares no pueden estar satisfechos. Enfrentan tres problemas fundamentales, que se están convirtiendo en temores que pueden afectar su legitimidad ante la sociedad.

El primero es la alianza de sectores importantes de la burguesía brasileña, que se manifiesta en esta ofensiva de dos medios tan importantes como O Globo y Folha de Sao Paulo. El primero es un emporio mediático que controla desde televisoras hasta periódicos, que jugó un papel importante en la caída de Dilma Rousseff y en la expansión de la Operación Lava Jato contra Lula.

Folha encarna el pensamiento de una parte sustancial de los políticos y empresarios paulistas, los que toman las decisiones importantes en Brasil. Están diciendo que ya no aguantan a Bolsonaro y le envían un mensaje a los militares, que son los únicos que pueden apartarlo del poder, entregándolo a su vice el general Hamilton Mourao.

El segundo es un llamado de atención a que Brasil no sólo no tiene defensa sino que tampoco cuenta con una estrategia creíble y sólida como la que tuvo bajo los gobiernos de Lula (2003-2010), durante el régimen militar y, sobre todo, bajo los gobiernos de Getúlio Vargas que modernizaron el país (1934-1945 y 1951-1954). 

La estrategia militar los lleva a ocupar cargos de gobierno con el objetivo de enrumbar al país en una dirección determinada. Ocupar esos espacios sólo para obtener remuneraciones elevadas o para evitar que otros, probablemente peores que ellos, lo hagan, los deslegitima ante la sociedad. Sacar a Brasil de la crisis está siendo más difícil de los que pensaban que Lula y el PT representan el mal, sólo por ser de izquierda.

El tercer problema se relaciona con el tiempo. Mangabeira finaliza con un alegato casi subversivo: "Levántese pueblo brasileño para oponerse a este plan contra la patria". El desgaste de Bolsonaro, con intervenciones fuera de lugar en cada sitio al que acude, como su reciente discurso en Naciones Unidas, puede arrastrar a las Fuerzas Armadas a niveles de desprestigio como nunca antes conocieron.

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EE UU enviará tropas a Arabia Saudí con misión “defensiva” tras el ataque a las refinerías

El Pentágono anunció este viernes por la noche el envío de tropas a Arabia Saudí con fines "defensivos" tras el ataque a las refinerías saudíes sufrido el pasado sábado, que tanto Washington como Riad atribuyen a Irán, pese a que el régimen de los ayatolás lo niega. El Gobierno estadounidense hizo pública la decisión tan solo unas horas después de aprobar sanciones contra el Banco Nacional de Irán, calificadas por el presidente Donald Trump como “el mayor [castigo] impuesto nunca contra un país”.

"El presidente ha aprobado el envío de fuerzas estadounidenses que serán de naturaleza defensiva y se centrarán principalmente en la defensa aérea y de misiles", señaló el secretario de Defensa, Mark Esper, en una rueda de prensa. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford, concretó que se trataría de un "despliegue moderado". Tanto el carácter explícitamente defensivo y la advertencia de que no se trataría de un envío muy numeroso deja clara la preferencia de la Administración de Trump de no entrar en un conflicto militar con Irán.

Tanto en junio, a raíz del derribo de un dron estadounidense (sin muertes), como ahora, el republicano está optado por la vía del endurecimiento de las sanciones, si bien, nunca descarta para a las armas. Otra cosa son las palabras, que rebosan de ardor guerrero: "El arsenal nuclear está al máximo nivel, renovado, increíble", recalcó Trump este viernes, "debemos rezar todos para que no tengamos que usarlo".

Teherán sigue negando los ataques del sábado y su ministro de exteriores, Mohammad Javad Zarif, declaró ayer jueves que un ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos o Arabia Saudí supondría el inicio de “una guerra total”.

Las sanciones anunciadas por el presidente llegan antes de que el Pentágono y los asesores de seguridad nacional de la Casa Blanca entreguen la lista de posibles objetivos para un eventual ataque. Aunque las sanciones económicas pueden ser una vía para evitar un conflicto militar abierto con el régimen de Hasán Rohaní, el mandatario estadounidense ha insistido en que “la opción militar siempre es una posibilidad".

Trump ha ido elevando las sanciones a la República Islámica desde que renunció al acuerdo nuclear de 2015 con Irán, incluidas severas restricciones a la capacidad de Teherán para vender petróleo. El acuerdo nuclear de 2015 consistía en la congelación de sanciones contra Irán a cambio de que frenase su carrera atómica, pero Trump siempre criticó que, en realidad, Teherán seguía con sus aspiraciones nucleares y que las podía desarrollar gracias al alivio económico del levantamiento de las multas. Al romper el acuerdo en 2018, Washington reactivó esas penalizaciones. Irán optó entonces por incumplir abiertamente el pacto.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha explicado que las nuevas sanciones "cortarán todas las fuentes de fondos a Irán", incluido su fondo de riqueza soberana. "Esto significa que no llegará más dinero a los Guardianes de la Revolución", ha añadido sobre el ejército ideológico del régimen, también conocido como Pasdarán. "No habrá más dinero para financiar el terrorismo", ha puntualizado Mnuchin.

Trump se ha limitado a decir: "Es muy malo lo que está ocurriendo con Irán. Se está yendo al infierno". El mandatario ha finalizado recordando a Teherán que "cuando van con todo contra EE UU, no hay ninguna manera de que ganen".

Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, aseguró ayer jueves en Abu Dabi que EE UU prefiere “una solución pacífica” con Irán, lo que supone un cambio de tono respecto a la belicosidad con la que calificaba los ataques contra el corazón de la industria petrolera. Aseguraba que se trataba de "un acto de guerra”.

Por Yolanda Monge

Washington 20 SEP 2019 - 18:43 COT

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 Imagen de satélite de la refinería de Abqaiq tras el ataque. En vídeo, imágenes del incendio. Planet Labs (AP) / atlas

Trump advirte de una respuesta militar contra Irán si se verifica la autoría del ataque sobre Arabia Saudí, mientras Teherán rechaza las acusaciones

Irán se ha apresurado a negar este domingo las acusaciones de EE UU sobre su responsabilidad en el ataque con drones del sábado contra instalaciones petroleras saudíes que se atribuyeron los rebeldes Huthi de Yemen. El riesgo de que se agrave el pulso entre Washington y Teherán constituye una nueva amenaza al abastecimiento mundial de energía, ya afectado por el significativo recorte en la producción saudí de crudo que ha provocado la agresión y que puede durar días. Riad afirmó que tiene margen para cubrir las exportaciones con sus reservas.

El presidente Donald Trump advirtió el domingo por la noche de que Estados Unidos está "cargado y listo" para responder, si bien se expresó con menos contundencia que el secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre la autoría. "Hay motivos para creer que conocemos el culpable, estamos cargados y listos", escribió en su cuenta de Twitter, pero admitió que se hallaban pendientes de verificación y que aguardaba a hablar con Riad "para saber quiénes creen ellos que causó el ataque y en qué términos proceder".

“Las acusaciones parecen fruto de un compló organizado por algunos servicios secretos para desprestigiar la imagen de un país y preparar el camino para acciones futuras”, denunció el portavoz de Exteriores iraní, Abbas Musavi, que afirmó que son “mentiras sin sentido”. Pompeo acusó el sábado a Irán de estar detrás del bombardeo con drones a dos instalaciones clave de la petrolera saudí Aramco, que está en proceso de salir a Bolsa.

El impacto de los incendios que provocaron en la refinería de Abqaiq, la mayor del mundo, y en las infraestructuras de Khurais, su segundo campo de crudo, obligaron a la empresa a interrumpir la producción de 5,7 millones de barriles diarios, algo más de la mitad de su volumen y equivalente a casi el 6% del consumo mundial. Según diferentes fuentes saudíes consultadas por la prensa económica, el daño en las infraestructuras fue “grande”, aunque Riad prevé recuperar hoy un tercio de la producción interrumpida.

Arabia Saudí dispone de 188 millones de barriles almacenados que servirían de colchón durante semanas en el caso de necesitarlos. Una fuente del sector citada por Reuters afirmó que las exportaciones estarían garantizadas en las próximas semanas gracias precisamente al stock —repartido entre el propio territorio saudí y depósitos en Japón, Holanda y Egipto—. Estados Unidos ha ofrecido, no obstante, sus reservas para garantizar el suministro mundial.

Según ha informado este domingo el Financial Times, Riad está en contacto además con varios miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por si fuera necesario que aumenten temporalmente su producción hasta que el reino restablezca la suya, aunque sin especificar quiénes podrían hacerlo. Entre los países OPEP, Arabia Saudí es el primer productor, seguido de Irak, Irán —sometido a las sanciones de EE UU por su programa nuclear—, Emiratos y Kuwait.

En cualquier caso, existe margen porque desde finales de 2016, bajo impulso saudí, los miembros de esta organización de productores han estado limitando el volumen de crudo que sale al mercado para sostener el precio.

Trump, anunció el domingo por la noche que había autorizado el uso de las reservas petrolíferas estratégicas, en caso de necesidad, “en una cantidad suficiente por determinar para mantener los mercados bien provistos”, un mensaje que no sirvió para evitar alzas en el precio de los futuros del crudo Brent, referencia en Europa, y el West Texas Intermediate. El presidente también aprovechó para pedir a las agencias correspondiente que aceleren las aprobaciones de los oleoductos ahora en proceso de autorizaciones en Texas y otros Estados.

A pesar de que los Huthi se responsabilizaron del ataque, el tercer de este tipo que se han atribuido desde mayo, Pompeo dijo en Twitter que no hay pruebas de que los drones salieran de Yemen. Tampoco ofreció ningún respaldo a sus alegaciones más allá de denunciar que el presidente iraní, Hasan Rohani, y su ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, “pretenden que hacen diplomacia”. 

Zarif, un astuto usuario de las redes sociales (a pesar de que la mayoría de ellas están bloqueadas en Irán), no tardó en responderle. “Tras el fracaso de la máxima presión, el secretario Pompeo da un giro hacia la de máximo engaño”, ha tuiteado Pompeo este domingo. El jefe de la diplomacia iraní ha dicho que “EE UU y sus acólitos están atascados en Yemen” y aseguró que “culpar a Irán no va a poner fin al desastre”.

Mientras tanto, un general de la Guardia Revolucionaria recordaba a Estados Unidos que “sus bases y sus portaviones en un radio de 2.000 kilómetros se encuentran al alcance de los misiles iraníes”. No está claro si las palabras del responsable de la Fuerza Aérea de ese Ejército revolucionario son una mera bravuconada para consumo interno o denotan nerviosismo ante el temor a que Washington esté buscando un pretexto para atacarles.

Trump, ya reconoció haber dado la orden de hacerlo (y haberla retirado en el último momento) el pasado junio después de que la Guardia Revolucionaria echara abajo un dron estadounidense. Las tensiones que se han ido acumulando desde que EE UU abandonó el acuerdo nuclear el año pasado parecieron remitir en las semanas posteriores, pero Washington ha seguido incrementando sus sanciones y Teherán desafiando esa presión con una progresiva retirada de sus compromisos bajo aquel pacto.

Diálogo con Teherán

Es incierto el efecto que los ataques a las instalaciones petroleras saudíes van a tener en la política estadounidense hacia Irán, si mantienen su acusación contra el régimen. Tan solo tres días antes, el miércoles, Trump dejó abierta la puerta a una suavización de las sanciones económicas que ha impuesto a ese país para obligarle a renegociar un acuerdo nuclear que sustituya al de 2015. “Creo que les gustaría llegar a un acuerdo”, dijo el mandatario a la prensa, recordando que Irán “atraviesa dificultades financieras tremendas y las sanciones son cada vez más duras”. Cuando le preguntaron directamente por la posibilidad de rebajarlas, respondió: “Veremos qué pasa”, muy a su estilo.

A raíz de la mediación francesa durante el último G7, a finales de agosto, Trump expresó su disposición a reunirse con el presidente iraní, Hasan Rohani, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se inicia el próximo martes. Sin embargo, Rohani ha descartado cualquier cita mientras no se levanten las sanciones. Además, no está claro que cuente para ello con el respaldo del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que tiene la última palabra en todos los asuntos de seguridad nacional y política exterior.

Algunos analistas estadounidenses han especulado con que los ataques buscaran cerrar cualquier posibilidad al respecto. “No ayuda”, ha respondido este domingo Kellyanne Conway, asesora de la Casa Blanca, a la cadena Fox. Pero Conway no ha dado por muerta la eventualidad de una cumbre.

Estados Unidos y Arabia Saudí ya acusaron a Irán de estar detrás de los sabotajes contra buques cisterna en el estrecho de Ormuz e infraestructuras petroleras saudíes de los meses pasados, algo que Teherán negó. También responsabilizan a la República islámica de armar a los rebeldes yemeníes (lo que rechazan ambos). Pompeo ha ido esta vez más lejos al decir que el bombardeo de Abqaiq y Khurais no se había originado en Yemen sino en Irán.

Tanto Abqaiq como Khurai, los objetivos alcanzados por los rebeldes yemeníes, están mucho más allá de los 150 kilómetros de alcance de los drones en poder de los Huthi, los llamados Qatef-1. Sin embargo, investigadores de la ONU han revelado que los rebeldes cuentan con un nuevo modelo, los UAV-X, que pueden llegar hasta 1.500 kilómetros.

Según el diario económico The Wall Street Journal, los expertos están investigando si los ataques se originaron en el norte, bien por parte de Irán o de milicias chiíes aliadas en Irak, utilizando misiles de crucero en lugar de drones (aunque en ese caso sorprende que no fueran detectados). El primer ministro iraquí, Adel Abdul-Mahdi, ha negado que su territorio haya sido utilizado para atacar Arabia Saudí.

Aramco, un gigante de la industria

Rentabilidad. La petrolera estatal saudí, Aramco, está considerada como la compañía más rentable del mundo y es responsable de la producción del 10% del crudo de todo el mundo. Arabia Saudí es, además, el mayor exportador de petróleo.

Valor. Las autoridades saudíes estiman el valor de la compañía en dos billones de dólares, el doble de lo que vale el gigante informático Apple.

Empleo. Aramco da trabajo a unas 65.000 personas.

Mercado. La compañía tiene previsto salir a Bolsa en 2020.

Producción. La planta de Abqaiq está considerada como la refinería más grande del mundo y produce unos siete millones de barriles diarios.

 

Por Ángeles Espinosa / Amanda Mars

Dubái / Washington 16 SEP 2019 - 02:04 COT

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 Imagen de Abqaiq y el humo del incendio provocado por el ataque de unos drones. En vídeo, imágenes del incendio. REUTERS / atlas

Los rebeldes Huthi de Yemen atacaron este sábado con drones las dos principales instalaciones petroleras de Arabia Saudí causando importantes incendios. Riad, que respondió bombardeando posiciones de ese grupo, daba ayer por controlados los fuegos, pero más tarde el propio ministro de Energía admitió, a través de la agencia estatal de noticias SPA, que suspendían “a la mitad” la producción de crudo. Más allá de las pérdidas materiales, el tercer ataque de este tipo en cinco meses pone de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas de Riad ante estas milicias.

El objetivo de los 10 drones cargados de explosivos fueron sendas refinerías en Abqaiq y Khurais, según la cadena de televisión Al Masirah (bajo control Huthi). El gigante petrolero saudí Aramco tiene en Abqaiq, a 60 kilómetros al suroeste de Dhahran (donde está su sede), la mayor planta de procesamiento de crudo del mundo. Por allí pasan dos tercios de los 10 millones de barriles que produce cada día. Khurais, 200 kilómetros más al oeste, es el segundo mayor depósito petrolífero de esa empresa pública que está acelerando sus planes para salir a Bolsa. 

“Los dos incendios han sido controlados”, aseguraba el Ministerio del Interior saudí. El texto no precisaba ni el origen, ni si ha habido víctimas o si las operaciones se han visto perjudicadas. Sin embargo, poco después, el ministro de Energía, el príncipe Abdulaziz Bin Salmán, decía a través de un comunicado que las explosiones “han provocado la interrupción en el suministro de 5,7 millones de barriles de crudo”, lo que significa el 50% de la producción de la compañía [Armaco]”. Abdulaziz aseguró que el ataque es “una continuación de los que se vienen produciendo contra instalaciones petroleras y buques cisterna en el golfo Arábigo”, como llaman al golfo Pérsico. Riad volverá a dar más detalles antes de 48 horas.

Horas después de los ataques, EE UU señaló a Irán (que respalda a los Huthi) como responsable. “Teherán está detrás de cerca de 100 ataques en Arabia Saudí mientras [Hasan] Rohani y [Mohammad Javad] Zarif fingen involucrarse en la diplomacia”, escribió el secretario de Estado, Mike Pompeo, en Twitter. Justo antes, Donald Trump había hablado con el príncipe saudí Mohamed Bin Salman y ofrecido el apoyo de Washington en su defensa, informa Amanda Mars.

Pese a que la producción de petróleo en el país ha quedado tocada, de acuerdo con la televisión saudí, las exportaciones de crudo no se habían interrumpido. Y no tienen por qué. Arabia Saudí dispone de una amplia red de almacenamiento tanto dentro como fuera del país (con depósitos en Holanda, Japón y Egipto) que le permiten seguir abasteciendo a sus clientes con normalidad durante semanas. Además, los analistas señalan que Aramco espera reanudar las operaciones con rapidez. La Agencia Internacional de la Energía ha corroborado ese mensaje de tranquilidad porque, de momento, los mercados se encuentran “bien abastecidos y con abundantes reservas comerciales”. Aun así se trata el mayor ataque contra las infraestructuras petroleras del país que proporciona el 10% del petróleo que se consume en el mundo. En 2012, Aramco sufrió un ciberataque y, seis años antes, un coche bomba lanzado por Al Qaeda contra Abqaiq no logró atravesar la barrera de seguridad. Además, la acción de los Huthi ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la que se considera la joya de la corona del Reino del Desierto.

Las instalaciones bombardeadas se hallan a un millar de kilómetros de la región del noroeste de Yemen bajo control Huthi, lo que significa un salto significativo en las capacidades de ese grupo, al que Arabia Saudí acusa de ser un instrumento de Irán. Sus ataques con drones nunca habían llegado tan lejos. El mes pasado alcanzaron el campo petrolífero de Shaybah y en mayo, dos estaciones de bombeo. En ninguno de los casos se frenó la producción.

Los rebeldes dicen actuar en respuesta a los bombardeos aéreos de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí y que desde 2015 intenta desalojarlos de Saná, la capital yemení que tomaron meses antes.

En ese contexto, resulta significativo que los Huthi hayan hecho saber que han contado con “ayuda local” para organizar los ataques de ayer. Se trata de un detalle delicado, ya que las infraestructuras atacadas se hallan en la provincia oriental, donde se concentra la minoría chií del país estimada en un 10% de los 21 millones de saudíes y que tradicionalmente se ha quejado de estar discriminada. Para el sector más ultraortodoxo del islam suní, que es la religión oficial del reino, los chiíes son quintacolumnistas de Irán.

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El gobierno cubano espera que a finales de mes se normalice la venta de diésel en Cuba; mientras, la población hace largas filas para conseguir el combustible.Foto Afp

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, llamó a una mayor "austeridad y ahorro" ante una crisis de combustible que afectará el transporte, la distribución de mercancías y la generación eléctrica y de la cual culpó a Estados Unidos.

"Es una situación coyuntural" por "baja disponibilidad de diésel" debido a la "gran escalada" de la administración de Donald Trump, "que se empeña en evitar la llegada de combustible a Cuba", indicó el mandatario la noche del miércoles en una comparecencia televisada.

Díaz-Canel afirmó que desde el martes no llega combustible al país y que esa situación se mantendrá hasta mañana, cuando está previsto el arribo de un barco petrolero.

El gobierno espera que a finales de septiembre atraquen más buques con combustible y que la situación se normalice "relativamente" en octubre, cuando debería llegar a la isla el combustible previsto.

En los últimos meses, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a varias empresas por transportar petróleo venezolano a Cuba.

"El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano, y no debería ser usado como herramienta de negociación para respaldar a dictadores y prolongar la opresión", sostuvo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado el pasado abril.

Venezuela es el principal proveedor de petróleo a Cuba y Estados Unidos acusa a la isla de ser sostén de su aliado, el presidente Nicolás Maduro.

Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de actuar "con mayor agresividad hacia Cuba para propiciar un estallido social y desmotivación de la población, y para arrancarnos concesiones políticas".

Asimismo, le reprochó haber "intimidado y presionado" a navieras y armadores para que desistan de transportar combustible a la isla.

Cuba tiene que importar 60 por ciento del combustible que consume, alrededor de 9 millones de toneladas anuales, y logra producir 40 por ciento a partir de un petróleo muy pesado, destinado a la generación eléctrica y producción de cemento.

Según el mandatario, esta crisis provocará afectaciones en la distribución de mercancías, aunque aclaró que "no de abasto", pues al país continúan llegando los barcos con alimentos y otras mercancías.

Cuba importa 80 por ciento de los alimentos que consume, en lo cual invierte unos 2 mil millones de dólares anuales. En los meses finales de 2018 y en los primeros de este año, sufrió desabasto de aceite, pollo, harina y otros alimentos.

El presidente, acompañado de tres ministros, declaró que la situación hay que afrontarla "sin sustos ni miedos".

La falta de combustible provocará restricciones al transporte público, algunas actividades productivas, así como la generación de electricidad.

Díaz-Canel trató de alejar el fantasma de la crisis de los años 90. "No estamos en periodo especial, y de la manera que hemos trabajado en estos años no debe conducirnos a algo similar", señaló.

En los próximos días, el gobierno anunciará medidas específicas de limitación en el transporte de pasajeros en ómnibus y ferrocarril, la adecuación de la jornada laboral a horarios que eviten la transportación masiva, y un ahorro de consumo de energía eléctrica para evitar "apagones".

El anuncio no tomó por sorpresa a los cubanos, que en los últimos días sufrieron la ausencia de diésel y la disminución del transporte público, al tiempo que ayer se reportaron largas filas en gasolineras y paradas de autobuses.

Censura en Twitter

Las autoridades de la isla y la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) denunciaron "censura" de Twitter tras la suspensión de decenas de cuentas de medios de comunicación, periodistas y organismos oficiales, pero la red social argumentó que tomó esta medida porque hubo violaciones a sus normas.

La tarde del miércoles, decenas de cuentas en Twitter de periodistas y medios cubanos fueron bloqueadas por la plataforma, minutos antes de que comenzara la comparecencia de Díaz-Canel para exponer de manera exhaustiva "las medidas económicas excepcionales, en respuesta al recrudecimiento de las acciones de guerra económica de Estados Unidos contra nuestro país", aseguró la UPEC.

"Exigimos que se restablezcan de inmediato las cuentas bloqueadas que, en ningún caso, han violado las políticas de Twitter, mientras la plataforma pisotea flagrantemente los derechos de los comunicadores, les impide ejercer su trabajo e intenta amordazar un suceso informativo de primer orden en nuestro país."

La UPEC consideró que esta acción es una "guerra cibernética para limitar la libertad de expresión de instituciones y ciudadanos cubanos, y silenciar a los líderes de la revolución".

Entre los medios bloqueados se encuentran: Cubadebate, con cerca de 300 mil seguidores en Twitter, la página digital del periódico Granma, y las cuentas de @MesaRedondaCuba, @RadioRebelde, @DominioCuba, @Cubaperiodistas y @CanalCaribe.

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