Lunes, 05 Marzo 2018 06:34

La entrega del petróleo

La entrega del petróleo

Quiero dejar por escrito, una alerta de cara al futuro: se han creado las condiciones y se ha dado inicio a la entrega de nuestro petróleo y gas, en una vuelta de la nefasta “apertura petrolera”.

Esto ha sucedido de la mano de un gobierno que se proclama Chavista pero que, en medio del caos económico, del cual tiene la mayor responsabilidad, está echando por tierra uno de los principales aciertos del Comandante Chávez como ha sido su política petrolera. El madurismo, cual “caballo de Troya”, le abre las puertas a las transnacionales petroleras, quienes gustosamente volverán al saqueo de nuestro país.

En medio de la diatriba de la política con “p” minúscula, con su escarceo diario, arbitrariedades, insultos de todo tipo y la guerra de “twitters”, se han venido socavando los pilares que sostienen a nuestra política de Plena Soberanía Petrolera.

Uno de estos pilares es PDVSA. Durante la IV República, la “apertura petrolera” convirtió a PDVSA en un administrador de contratos, el Ministerio de Energía y Minas de entonces había cedido sus competencias a la operadora y ya no sería más el asiento de la política petrolera.

Así, la vieja PDVSA no solo entregó a las transnacionales las mejores áreas de la Faja Petrolífera, sino que la renombró Faja Bituminosa, y, en base a ese fraude, derogaron todo el régimen fiscal petrolero existente, se aceptaron las regalías de 1%, el impuesto sobre la renta No petrolero, se prometieron nuevas áreas de expansión, se aceptó el arbitraje internacional, se cedió el control de las exportaciones y de las operaciones de producción a las “Asociaciones Estratégicas”. Era el fin de la empresa nacional, y de una política petrolera nacional.

La vieja PDVSA, no sólo ya no volvería a operar, sobre todo en las nuevas áreas y prospectos de la Faja Petrolífera del Orinoco, sino que se iría desprendiendo de todas sus actividades medulares: taladros, inyección de agua, de gas, procesamiento de gas, transporte, además de la propia producción de petróleo, a través del otorgamiento de “convenios operativos” a empresas privadas, donde la vieja PDVSA era responsable de su diseño y asignación en distintas rondas, con la correspondiente flexibilización de condiciones fiscales para las empresas y aceptación del arbitraje internacional, ya en ejercicio de lo que sería su rol como “agencia petrolera” en sustitución del Ministerio de Energía y Minas.

El proyecto Cristóbal Colón tenía en su intención y diseño el modelo de lo que sería la apertura petrolera en desarrollo: regalías de 1%, operadoras transnacionales, arbitraje internacional, todo el gas para la exportación, cero industrialización de los hidrocarburos en el país.

De hecho, el esfuerzo aperturista, siguió avanzando durante el inicio del Gobierno del Comandante Chávez, donde lograron promulgar la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, que abría las puertas a la privatización del sector y la resistencia que hicieron, a través de la Vieja PDVSA a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, hasta que llegaron a la confrontación con el Estado, desde su participación en el Golpe de Estado de 2002, hasta el Sabotaje Petrolero del 2002/2003, donde sus agentes nacionales fueron derrotados y las transnacionales se “replegaron” y concentraron su acción en las Juicios de Arbitraje internacional tanto en contra de la empresa, como en contra de la República.

A las transnacionales no les interesa que los países productores tengan sus propias y fuertes empresas nacionales, operadores propios, capaces de desarrollar los recursos de su país atendiendo a una visión e interés de país petrolero. Fue sólo a partir de la llamada “revolución de la OPEP” en 1973, cuando los países productores tuvieron sus propias empresas nacionales, tomando el control de las operaciones, cuando la organización, fundada en 1960, tendría efectivamente la posibilidad de incidir definitivamente sobre el precio del petróleo.

A partir de allí el enfrentamiento entre las transnacionales y las empresas nacionales petroleras ha sido permanente, en todos los terrenos, desde la competencia, la tecnología, los mercados, hasta cuestionar su propio carácter “nacional”, tratando de “capturar” a sus cuadros gerenciales, técnicos, legales, en sus centros de enseñanza y de pensamiento, hasta lograr “capturar” a la propia empresa y entonces, como sucedió con la vieja PDVSA en nuestro país, se convierten en agentes, vehículos, de los intereses transnacionales, ahora representados en el país por el rostro de la empresa nacional.

Una matriz o proceso que antecede o acompaña los procesos de apertura petrolera es el debilitamiento y/o descalificación de la empresa nacional, se cuestiona su visión nacional, su subordinación al Estado, el control que el mismo ejerce sobre sus decisiones y propiedad, en consecuencia, se les acusa de falta de “transparencia”, “opacidad” y corrupción. Por eso, instan a las empresas nacionales a “modernizarse” entendido esto como abrirse al capital transnacional, a su control, su escrutinio, ceder su propiedad, operaciones y que sus decisiones tengan solo motivaciones comerciales, renunciando a su carácter nacional.

El gobierno se ha trazado una línea de debilitar y golpear a nuestra empresa nacional, la Nueva PDVSA. No termino de entender las motivaciones del ensañamiento del madurismo en contra de nuestra principal empresa en el país, no existe otra igual, ni tan poderosa, la única capaz de competir internacionalmente, la quinta a nivel mundial, y es 100% propiedad del Estado.

No hay otra empresa tan estratégica para el Estado venezolano, ni para el país, como la Nueva PDVSA, por ello su propiedad está reservada al Estado en nuestra Constitución. Nosotros la recuperamos del sabotaje petrolero, la reconstruimos desde sus cimientos, sus cuadros técnicos y gerenciales, sus trabajadores, sus miles y miles de jóvenes profesionales acudieron al llamado de la patria para recuperar la empresa desmantelada durante la apertura petrolera y destrozada por el Sabotaje Petrolero.

Le dimos el carácter nacional y popular que la empresa nunca tuvo, por primera vez, la Nueva PDVSA se convirtió en una empresa nacional, al servicio del pueblo venezolano, subordinada al Estado en cumplimiento de las misiones estratégicas que le fueron encomendadas.

Además, rescatamos todas las capacidades operativas de la empresa y abarcamos nuevas áreas operacionales que nunca habíamos asumido. Revertimos con éxito todas las operaciones que habían sido privatizadas o cedidas durante la apertura y lo más importante, fuimos capaces de asumir con éxito las vastas áreas nacionalizadas en el 2007, en la Faja Petrolífera del Orinoco y atraer a las empresas petroleras internacionales, las más importantes de ellas, a invertir en nuestro país, pero absolutamente subordinados a nuestras Leyes y nuestro régimen Fiscal Petrolero, restablecido por la Revolución, con plena soberanía jurisdiccional y nuestra empresa nacional operando y exportando con éxito.

A partir del 2014 comenzó el desmontaje de nuestra Nueva PDVSA, se le ha golpeado en el corazón, en sus trabajadores, sus técnicos, gerentes, se les ha acusado de corruptos y se ha generalizado una persecución que ha acabado con la autoestima y respeto que los trabajadores se ganaron al calor de la batalla por la Plena Soberanía Petrolera y la reconstrucción del país. Antes de ser acusados de corruptos, pasaron tres años persiguiendo a los “ramiristas”, desmantelando sin ningún tipo de cuidado ni responsabilidad todas las capacidades técnicas y gerenciales de nuestra empresa.

La incapacidad manifestada por el gobierno de Maduro tal vez tiene su mejor expresión en el desastre de PDVSA. Se colocaron personas sin ninguna experiencia, ni capacidad, a dirigir un sector tan complejo, difícil como el petrolero. El madurismo desprecia el estudio y el trabajo, el conocimiento y experiencia acumulada de tantos años en nuestra Nueva PDVSA y estoy hablando de experiencia en tiempos de Revolución, con Chávez.

No es fácil dirigir una empresa como PDVSA y cumplir todas las tareas asignadas por el Estado, estamos hablando de una cantidad inmensa de tareas en la batalla por la derrota de la pobreza en nuestro país. Lo hicimos y lo hicimos bien. Lo hicimos durante más de diez años con un Jefe muy estricto y exigente: el Comandante Chávez. Pero lo hicimos en base a capacidad, estudio y mucho pero mucho trabajo. Allí están los números y está la gestión, es una de las pocas gestiones que todo el país conoció de primera mano, porque rendíamos cuenta todos los domingos en Aló Presidente, porque entregamos obras, porque asumimos retos públicamente, porque fuimos capaces de traer al país más de 480.000 millones de dólares. Éramos el instrumento del Estado para el ejercicio pleno de la soberanía sobre el manejo del petróleo, en nuestra política internacional, alianzas estratégicas, soberanía sobre nuestro territorio, sobre todos nuestros recursos.

Esa era la PDVSA de Chávez. ¿Que ha pasado desde el 2014?, es increíble que la respuesta sea tan simple como absurda, el madurismo quería “controlar” a PDVSA, poner a sus acólitos, así mismo, como si fuese una cosa sencilla, no importa si tenían capacidad o experiencia, no importa, había que desplazar al “ramirismo”, al Chavismo, a cualquier grupo humano que no fuese el suyo. Querían a los “suyos” y eso es lo que hay en la Junta Directiva de PDVSA y sus filiales, no puedo poner en duda las intenciones de los que asumen esas responsabilidades, yo no soy de esos irresponsables que emiten acusaciones, juzgan y descalifican sin siquiera una prueba, pero lo que, si les puedo decir, es que los que han asumido la dirección no tienen ni la capacidad, ni la experiencia, ni el conocimiento.

En una empresa petrolera, así como en la ingeniería y las matemáticas, el desempeño se mide por resultados. Veamos, ¿no es suficiente que la producción de petróleo haya caído desde el 2013 hasta hoy día en más de 1.2 millones de barriles diarios, para darse cuenta que la gestión en este periodo ha sido un desastre?, a diferencia de otros países, como México y su yacimiento en Cantarell, no se trata de ningún fenómeno geológico, ni nada extraordinario, es más trágico y sencillo: incapacidad, subestimación, improvisación.

Quien adelanto la “vendetta” contra la obra de Chávez, contra mí y contra los “ramiristas” debe estar satisfecho, porque controlan la empresa, pero ¿a qué costo? y ¿por qué?, parece no importar mucho, solo querían quitar del medio los obstáculos a sus planes. Los que han hecho la tarea, lo han hecho con saña y con hambre de poder, ambiciones, muchos negocios y compromisos con grupos económicos.

El costo que vamos a pagar es muy alto, lo va a pagar, lo está pagando, todo el país. Ahora que la empresa está por el suelo y todos sabemos que así será muy difícil recuperarla, a pesar de las promesas y los anuncios de recuperar un millón de barriles en “cuestión de meses” como han dicho, porque sabemos que eso no es más que otro “blofeo”, otro anuncio sin fundamento, que demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona una empresa de estas dimensiones. Lo que va a pasar realmente, es que van a seguir entregando el petróleo y el gas a empresas transnacionales, de cualquier tamaño o calidad, es una rebatiña, ya lo están haciendo.

Están llamando a las empresas privadas, nacionales e internacionales, a que asuman la producción, se negocia con el “agua al cuello”, en una desesperada posición de debilidad, producto de la pésima gestión de estos últimos cuatro años. A cambio, las empresas piden “flexibilizar” las condiciones, piden las mejores áreas, piden que PDVSA ceda en su participación, ceda áreas en plena producción, donde ya las inversiones fueron hechas, a cambio de desesperados auxilios financieros, para paliar la mala gestión económica en el manejo de la deuda, se entregan las mejores áreas petroleras, es así de simple: una privatización de PDVSA.

Para pagar favores políticos o lograr los famosos “acuerdos” con la oposición se entregan áreas en producción a relacionados con líderes de la oposición, se rematan activos de la empresa, que son del país.

Se han entregado proyectos emblemáticos del Comandante Chávez, proyectos muy importantes para garantizar el abastecimiento de nuestro mercado interno y para la necesaria industrialización de los hidrocarburos, los proyectos de gas costa afuera, tanto el Proyecto Rafael Urdaneta y el Mariscal Sucre, ¿se recuerdan del “Perla 3X” ?, ¿del “Cruz de Mayo” ?, ese gas, lamentablemente, no vendrá a la patria.

Se crean nuevas empresas, a la cuales se les asigna campos importantes, pero que sencillamente no tienen ni capacidad ni experiencia operacional. Se han convertido en agencias de proyectos y “negocios”. Obtienen un área y luego salen a buscar las empresas operadoras. Así, ha pasado en áreas tan importantes como la Faja Petrolífera del Orinoco y en áreas tradicionales.

Se han otorgado “descuentos” en las ventas de petróleo, por eso se ataca a los mecanismos establecidos de “fórmula de precios”, que son públicos, verificables. En comercio y Suministro los “traders” son los que “resuelven” las emergencias y el comercio de hidrocarburos en esta debilitada e intervenida PDVSA. El sector refinación por el suelo, experimentando con distintas modalidades de gestión, todas incapaces de enfrentar la profunda pérdida de capacidad para refinar y procesar, igual están los mejoradores, lo cual se traduce en una importación masiva de productos, fallas en el abastecimiento interno, importación de nafta para producir crudo pesado y ventas de crudo de la Faja, semi procesado por falta de capacidad de los mejoradores, con descuentos por calidad.

Una PDVSA débil, sin capacidades para producir el petróleo y el gas que necesitamos para nuestro desarrollo, es la antesala de la entrada al país de todo tipo de empresas para hacer el trabajo que antes hacía PDVSA. Entonces vendrán, como ya lo han convertido en una práctica, las excusas: el “precio del petróleo”, la “corrupción”, la “conspiración”, etc. Pero el daño está hecho y el retroceso enorme en términos de soberanía y en la posibilidad de sostener nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera y nuestra economía.

Esta situación de abandono, maltrato y persecución, una verdadera “cacería de brujas” dentro de la empresa, ha provocado un éxodo de profesionales, sobre todo jóvenes, que han salido de la empresa, del país. Los conozco, son muchachos y muchachas extraordinarios, con unas capacidades técnicas, entrenamiento, calidad política y humana, que están hartos de lo que pasa en la empresa. Recuperar estas capacidades, que lo haremos, pasa por volver a traer al país tanto joven talentoso, capacitado, honesto, que no se calan que los traten como delincuentes, sospechosos permanentes, ni las posibilidades de obtener un salario digno o satisfacer sus necesidades fundamentales.

Otro pilar que sostienen a nuestra política de Plena Soberanía Petrolera, que ha sido socavado y vulnerado, es nuestro marco legal. En el diseño de nuestra política petrolera, se establecieron mecanismos de discusión y aprobación de los contratos, que garantizaban el estricto apego a nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos y nuestra Constitución. Se consideraron contratos de interés público, justamente para garantizar una discusión y un debate abierto sobre la naturaleza de los mismos, sus condiciones. No queríamos otra “apertura petrolera” en secreto, tras bastidores. El TSJ no sólo salvaguardaba nuestra soberanía jurisdiccional, sino que era la máxima instancia a la cual recurrir si algún ciudadano o grupo con interés legítimo los cuestionaba.

Pero la vuelta a la “apertura petrolera”, necesita un instrumento legal, una instancia, “algo” que les dé tranquilidad y seguridad a las transnacionales. Como no es posible hacer una “apertura” pasando por las Leyes vigentes, entonces se ha recurrido a las nuevas instancias de gobierno.

La ANC aprueba la “Ley de inversiones extranjeras”, donde se contemplan mecanismos de resolución de controversias entre las “partes”, el que ellos acuerden. Resulta que nuestras decisiones soberanas no pueden ser sometidas al arbitrio de nadie, nunca más se debe vulnerar nuestra soberanía jurisdiccional, ninguna empresa transnacional o de ningún tipo puede equipararse como una “parte” al Estado Venezolano, capaz de llevarlo a tribunales internacionales por el ejercicio de su soberanía. Todavía estamos batallando en los juicios internacionales con las transnacionales y, por cierto, perdiendo en el sector minero.

Por otro lado, el TSJ se abroga la potestad de aprobar contratos petroleros, que pasan directamente del ejecutivo, sin ni siquiera dar la discusión pública de los mismos, nadie conoce los términos y condiciones, pero lo más grave es, que, siendo aprobados por el TSJ, ya se agotan las instancias de cualquier apelación. Ahora se hacen contratos a la medida de cada empresa, contratos que nadie conoce, que nadie discute, nadie conoce a los socios, sus capacidades, su plan, el compromiso, términos, régimen legal aplicable, régimen fiscal, etc.

Estos dos pilares que sostienen a nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera, se tambalean, se socavan y con ellos las posibilidades de sostener en el tiempo nuestra política. Todos los sectores del país deben hacer una reflexión sobre este tema, porque de lo contrario, si perdemos nuestra política petrolera, no vamos a poder resolver nuestros graves problemas económicos, al contrario, se agravarán.

A veces este tema no se discute como asunto que debería ser de prioridad nacional o de unidad nacional de los patriotas. Hay que tener el suficiente pensamiento estratégico para entender que, por encima de los intereses de grupos e intereses políticos, debe prevalecer el interés de toda la nación. La Política de Plena Soberanía Petrolera, debe ser una política que apoye todo el país, porque nosotros seremos, por muchos años más, un país petrolero. Debemos reconocernos así, en vez de negarlo y no actuar en su defensa, debemos asumirlo, defender nuestra política y luego, dar la batalla de ideas de cómo utilizar y hacer una distribución popular y revolucionaria de la renta petrolera para reconstruir al país, con una economía diversificada y basada en el trabajo, para lograr tener una sociedad más justa, gratificante y solidaria.

Si no hacemos algo ahora, si no levantamos la voz, si no decimos nada, esta nueva “apertura petrolera” seguirá avanzando de espaldas al país, a las fuerzas políticas, en el caos, se mueven las transnacionales, lo sigo alertando, sé lo que están haciendo y nuestras fuerzas patriotas deben reaccionar y evitar el saqueo de nuestro país. Con Chávez siempre ¡Venceremos!

Por: Rafael Ramírez Carreño | Domingo, 04/03/2018 08:01 AM |

Publicado enInternacional
Suministro de petróleo: La guerra energética entre EE.UU. y Venezuela por el Caribe

EE.UU. y Venezuela están luchando entre sí para suministrar petróleo al Caribe. En su intento por aislar al Gobierno de Maduro en el plano regional, la administración de Trump ofrece el suministro de petróleo a fin de convencer a los países caribeños de que den la espalda a Caracas.

 

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, busca hacerse cargo del suministro de petróleo en toda la región del Caribe. Washington desea retomar el control de la zona que considera su "tercera frontera", situando al Gobierno de Nicolás Maduro en su punto de mira. Uno de los motivos que llevaron al secretario de Estado, Rex Tillerson, a elegir a Jamaica entre los destinos que visitó la primera semana de febrero, fue romper los acuerdos de cooperación establecidos entre el Caribe y Venezuela, país que desde 2005 asumió el compromiso de garantizar el suministro de crudo.


Ante la negativa del Gobierno de Maduro de suspender la elección presidencial convocada para el próximo 22 de abril, EE.UU. no descarta aplicar sanciones sobre el petróleo venezolano, pues considera que los comicios que se han convocado no tienen ninguna garantía de ser "justos, libres y validados internacionalmente". En caso de que se apliquen sanciones sobre el petróleo, el suministro a los países caribeños se vería interrumpido. Frente a ello, las empresas petroleras estadounidenses estarían buscando sustituir a Venezuela como fuente de abastecimiento.


En el documento 'Caribe 2020', salta a la vista el interés norteamericano por convertirse en la potencia con mayor influencia en la región: todo apunta a que ningún otro país que no sea EE.UU. parece tener el liderazgo suficiente para dirigir a los países caribeños por el camino de la seguridad, la prosperidad y el bienestar. El Gobierno de Trump aparece como el único autorizado para participar en los asuntos relacionados con la energía: "Las exportaciones de gas natural de EE.UU. y el uso de tecnologías energéticas renovables ofrecerán alternativas más limpias y económicas al uso de combustóleo pesado y asimismo reducirán la dependencia de Venezuela".


EE.UU. busca administrar la dependencia energética de las naciones de todo el Caribe. Y uno de los requisitos para conseguirlo es aislar al Gobierno de Nicolás Maduro en el plano regional, suplantando el abastecimiento de crudo venezolano hacia los países caribeños. Recordemos que Venezuela logró aumentar su influencia en la zona gracias a Petrocaribe, un acuerdo de cooperación energética que fue lanzado por el fallecido comandante Hugo Chávez en septiembre de 2005 y que, en poco tiempo, terminó aglutinando a 18 países. Petrocaribe nació como una iniciativa de integración regional en la que el Gobierno de Venezuela se comprometió a garantizar el aprovisionamiento de petróleo crudo.


Venezuela consiguió detonar un círculo virtuoso: a cambio de suministrar energía a bajo costo y con facilidades de crédito, la nación bolivariana obtenía una gran variedad de productos (ropa y alimentos, por ejemplo) de sus socios caribeños. Entre 2005 y hasta el cierre de 2016, la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) entregó más de 100.000 barriles de petróleo diarios. Así, los países que integraron Petrocaribe recibieron de Venezuela más de 340 millones de barriles durante todo este período.


La venta de crudo venezolano disminuye


Hoy, sin embargo, Petrocaribe se encuentra en un serio predicamento. Atrás quedaron los años de bonanza económica gracias a los elevados precios del oro negro. A últimas fechas, no ha sido sencillo para el Gobierno de Venezuela seguir cumpliendo sus compromisos con los integrantes de la alianza regional, pues sus ingresos dependen esencialmente de las cotizaciones del crudo. Los problemas se profundizaron a partir de mediados de 2014, cuando los precios del petróleo se desplomaron.
Las iniciativas de integración regional como Petrocaribe están perdiendo impulso debido a la caída de los ingresos petroleros de Venezuela. Aunque el Gobierno de Maduro continúa suministrando crudo a los miembros de Petrocaribe, los volúmenes entregados se han visto reducidos considerablemente. Según datos del reporte anual de PDVSA correspondiente a 2016, hay varios países que dejaron de comprar petróleo crudo a Venezuela en cantidades equivalentes a por lo menos un 50% de las cuotas que fueron establecidas originalmente en Petrocaribe, entre ellos: Antigua y Barbuda, Dominica, Jamaica, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y Las Granadinas.


Y el Caribe no es la única región. El declive en el abastecimiento de crudo venezolano está afectando también a países de América Central. A lo largo de 2016, PDVSA entregó a Belice apenas 2.800 barriles de petróleo por día, un volumen muy por debajo de los 4.000 barriles de la cuota que había sido pactada anteriormente. En consecuencia, algunas empresas se han visto obligadas a dar por terminados los acuerdos establecidos con Venezuela bajo la iniciativa Petrocaribe.


En septiembre de 2017, luego de reunirse con su Gobierno, la empresa Belize Energy Limited (Apbel) anunció la suspensión de compras de crudo. "Hemos sido informados por PDVSA que, a veces, han tenido que comprar en el mercado spot para cumplir con sus compromisos con nosotros. Esto definitivamente no es lo que fue planeado por Petrocaribe. Estamos muy agradecidos con la República Bolivariana de Venezuela y con PVDSA por todo lo que han estado tratando de hacer para cumplir sus promesas (…) pero no tiene sentido forzar un arreglo en estas circunstancias", apuntaba el comunicado de prensa de la empresa, según reseñó The Gleaner.


En países como Jamaica, que también forma parte de Petrocaribe como Belice, las ventas de PDVSA están cada vez más cerca de llegar a su fin: el suministro de petróleo venezolano cayóde 19.500 a 3.000 barriles diarios en apenas un año, un desplome colosal entre 2015 y 2016. Los responsables de la política exterior de Washington tomaron nota. Ante el declive de los volúmenes de aprovisionamiento, EE.UU. se ha declarado dispuesto a cubrir el boquete dejado por Venezuela.


Tillerson en Jamaica: Dinamitando la unidad de Petrocaribe


Altos funcionarios de Washington han buscado convencer a los países caribeños de que retiren su apoyo a Venezuela de cara a su próxima elección presidencial. El anzuelo utilizado por el Gobierno de Trump es el suministro de petróleo crudo. Esta fue una de las razones por las que Tillerson, quien antes se desempeñó como director ejecutivo ('Chief Executive Officer') de la petrolera Exxon Mobil, llegó a la ciudad de Kingston el pasado 7 de febrero para reunirse con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.


El Gobierno de Donald Trump quiere hacerse cargo de abastecer petróleo a todo el Caribe, así lo dejó claro Tillerson en su visita a Jamaica. "Tuvimos una discusión muy amplia sobre las formas de promover una mayor independencia energética no solamente para Jamaica, sino para todo el Caribe (…) estamos listos para ayudar a Jamaica y a otros socios caribeños a explorar y desarrollar los recursos que tienen", sentenció el secretario de Estado.


Poco a poco, las empresas norteamericanas están aumentando las ventas de petróleo a Jamaica. Según la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés), en 2016 alcanzaron los 7.153.000 barriles de crudo, es decir, un promedio de 19.598 barriles por día. Sin embargo, llama la atención que hasta el momento no exista ningún plan elaborado por el Gobierno de Trump para garantizar la seguridad energética a todo el Caribe.


Washington "estudia" el lanzamiento de un plan de abastecimiento


En conferencia de prensa, y a pregunta expresa sobre si el Gobierno de EE.UU. estaba en condiciones de suministrar petróleo a Jamaica, y al Caribe en general, Tillerson se limitó a señalar que antes de elaborar un plan en concreto, era necesario sopesar las consecuencias que una interrupción del suministro de petróleo venezolano traería para las naciones de la región. "No voy a entrar en detalles ahora pero vamos a realizar un estudio sobre esto muy pronto", comentó nervioso.
En relación a la misma pregunta, el primer ministro Holness reveló que su país ya no estaba comprando petróleo a Venezuela y que, bajo las nuevas características del mercado petrolero global, donde EE.UU. se perfila como exportador de energía: "Jamaica puede en este nuevo paradigma, beneficiarse de eso".


EE.UU. no está solo en su intención de suplantar el abastecimiento de petróleo venezolano. Tiene el apoyo de México, un país rico en recursos naturales y que, hay que destacar, luego de aprobar una reforma constitucional en materia energética en 2013, otorgó los derechos de explotación de varios de sus yacimientos de petróleo a empresas de origen estadounidense.


En agosto del año pasado, la agencia Reuters publicó que el Gobierno de Peña Nieto estaba elaborando un plan de suministro alternativo para el Caribe. Hace unos días, sin embargo, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, declaró que si bien era cierto que el Gobierno sí había analizado el lanzamiento de una estrategia de abastecimiento, reconoció que México no estaba en condiciones de garantizar el suministro de crudo. "Difícilmente creo que México pudiera asumir una responsabilidad de esa naturaleza dado que nuestra producción petrolera ha venido declinando", sentenció Coldwell.


Las aspiraciones de EE.UU. en el Caribe contrastan con la falta de una estrategia para garantizar la seguridad energética. A pesar de la caída en los volúmenes de suministro, Petrocaribe todavía no es un proyecto muerto, continúa su funcionamiento a pesar de las sanciones económicas impuestas en contra de Venezuela. Sin embargo, no hay duda de que el giro de la política exterior de Kingston encendió las alarmas de la cancillería venezolana. Había llegado el momento de pasar a la contraofensiva.


Días antes del viaje de Tillerson a Jamaica y a otros países que integran el llamado Grupo de Lima, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, comenzó una intensa gira de trabajo por prácticamente todos los países que conforman Petrocaribe para, entre otras cosas apuntó, "fortalecer" los mecanismos de la integración regional. Sin tregua, la guerra energética entre EE.UU. y Venezuela por el Caribe.

 

Publicado: 21 feb 2018 14:54 GMT | Última actualización: 21 feb 2018 14:54 GMT

Publicado enInternacional
Las 5 guerras simultáneas de Netanyahu: Siria, Irán, Líbano, Palestina y ... la policía de Israel

No fue una buena semana para el premier israelí Bibi Netanyahu en ninguno de sus frentes doméstico/regional/global.

A nivel interno, la policía de Israel recomienda que Netanyahu "sea enjuiciado por soborno y abuso de confianza" contra el "interés público" (https://goo.gl/98Wi1M).

Concluye así un largo año de investigación delincuencial sobre los cargos de corrupción, donde no se salva su esposa Sara, de haber recibido sobornos del multimillonario israelí Arnon Milchan, productor de Hollywood.

La estigmatizada Hollywood, uno de los principales centros de propaganda negra de Israel y el Mossad, está siendo fumigada de tanta putrefacción: desde el degenerado sexual Weinstein (https://goo.gl/EN2Rwn) hasta Milchan, donde sale infamado Sheldon Adelson, mafioso dueño de casinos en Las Vegas/Macao.

Han sido tocados dos supremos aliados de Trump y su controvertido yerno Jared Kushner: Netanyahu y Adelson.

La prensa israelí suele ser muy profesional, en flagrante contraste de las caricaturas de su diáspora, y ha dado vuelo a toda la fétida corrupción de Netanyahu.

La Casa Blanca, uno de los pocos aliados que le quedan a Israel en el mundo –descontando a Guatemala y algunas islas en el Pacífico–, se dio el lujo de desmentir a Netanyahu de que "EU e Israel discutían la anexión de los colonos en Cisjordania" (https://goo.gl/PzTVuB). El mismo Trump, connotado arabófobo/islamófobo y palestinófobo (dejo de lado su mexicanofobia), después de haber criticado a los palestinos como de costumbre, no tuvo más remedio que reconocer que "no estaba seguro de que Israel desea verdaderamente la paz" (https://goo.gl/G3TKQM): inesperada crítica de Trump contra su primer aliado en la Vía Láctea, que aisló a EU del concierto universal con su rechazado reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital fake de Israel que levantó el coro de musulmanes y cristianos del planeta (https://goo.gl/4JXNKa).

A cada quien su enfoque. En medio del ominoso "presupuesto de guerra" enviado por Trump al Congreso por 4.4 billones de dólares –con su propuesta de inversión en infraestructura por 1.5 billones de dólares–, lo que más me impactó fue la feroz diatriba del polémico presidente No. 45 por el despilfarro de 7 billlones de dólares ( ¡mega sic!) de las guerras de EU en el Medio Oriente, que naturalmente han favorecido al complejo militar industrial de Israel: “Hemos despilfarrado 7 billones de dólares en el Medio Oriente: una estupidez ( sic). Ahora es tiempo de empezar a invertir en nuestro país” (https://goo.gl/xKxW22). ¿Presagio del repliegue de EU de la región?

Se nota la competencia en "infraestructura" tanto de EU como de China. Hoy, la geopolítica de EU, China y Rusia pasa por la infraestructura y dejan atrás las alucinaciones financieristas (https://goo.gl/ofjwek).

Chemi Shalev, del rotativo israelí Haaretz, donde escamotea la corrupción de su primer ministro, comenta “la guerra de Netanyahu en dos frentes contra Irán ( sic) y la policía israelí” (https://goo.gl/HaK323).

Lo de la policía israelí es evidente, pero lo de Irán queda en el aire después de la peligrosa escalada bélica, no vista desde 1982, donde Israel derribó un dron en las alturas del Golán –territorio sirio que ocupa Israel en forma ilegal desde 1973– y que acusa al país persa de su autoría.

Irán rechazó categóricamente la imputación y el famoso dron –que pudo ser un señuelo del ejército sirio o de la guerrilla libanesa chiíta Hezbolá o iraní o de los tres (con o sin bendición rusa)– provocó una reacción desmedida del ejército israelí que bombardeó varias instalaciones en Siria.

Netanyahu, en vísperas de ser indiciado por su policía, se jactó de los bombardeos de Israel "habían asestado un golpe severo a Irán y Siria" (https://goo.gl/gzVVrw).

Hipótesis multivariadas sobre el dron no faltan. Agrego la mía: su derribo por un helicóptero del ejército de Israel fue el pretexto para los desproporcionados bombardeos y quizá sirvió de escenario para que Netanyahu, que se pasa de perverso, desviara la atención de sus avatares domésticos, mientras el secretario de Estado, Rex Tillerson, iniciaba una gira por la región donde no venía en su lista el supuesto aliado preferido, Israel.

Más allá del dron, lo principal es que durante los bombardeos de Israel fue derribado por primera vez un avión F-16 –el portal Southfront afirma que fue dañado otro avión (https://goo.gl/aYyuzX)– y que es muy probable haya roto la invencibilidad aérea de Israel, a grado tal que el líder de Hezbola, Hasan Nasrala, alardeó el inicio de una "nueva era estratégica" (https://goo.gl/A78LJi).

Se ha recrudecido la confrontación de Israel en sus otros dos frentes: el conocido de Palestina ocupada, específicamente en Gaza, y otro con Líbano, en cuya frontera el Estado sionista ha empezado a construir su agresivo muro (https://goo.gl/2wvy7d). El presidente libanés católico-maronita Michel Aoun alertó a su país sobre una guerra de Israel que, para no variar, pretende quedarse con los yacimientos gaseros del "País de los Cedros Milenarios" en el Mar Mediterráneo.

La escalada es mucho mayor de lo que se entrevió porque Rusia y EU tienen sus propios frentes en Siria.

Tanto Bloomberg (https://goo.gl/75vD3a) como NYT (https://goo.gl/tcSgvg) dan cuenta que los bombardeos aéreos de EU cerca de Deir-el-Zor (al oriente del rio Éufrates) cobraron la vida de más de 200 ( ¡mega sic!) civiles rusos ( ¡súper sic!), cuando Turquía asedia la ciudad siria de Afrin, en manos de los kurdos, al norte.

Se trata de varias guerras dentro de las guerras conocidas de Siria con diferentes características.

A mi juicio, dejando de lado la grave matanza de 200 civiles rusos por EU, lo relevante fue el derribo del F-16 israelí que ha dado lugar a infinidad de interpretaciones.

La escalada de Israel, que quizá también cayó en la trampa del señuelo del dron, valió un severo llamado de atención de la cancillería rusa que fustigó la violación de la soberanía siria.

La llamada telefónica de Netanyahu, quien había estado previamente en Moscú,y el zar Vlady Putin ha pospuesto un enfrentamiento mayor (https://goo.gl/CKedci).

El analista británico Alexander Mercouris comenta que "varió el balance militar" con el "éxito de Siria en derribar el avión israelí" (https://goo.gl/b8fTDK).

El comentarista militar israeli, Zvi Bar, aduce en forma correcta que los "bombardeos israelíes en Siria corren el riesgo de forzar a Rusia a adoptar una postura pro-iraní" (https://goo.gl/7a2ZvL).

Israel, con la decisiva presencia rusa en Siria, no se puede dar el lujo de golpear a ciegas como en los pasados 69 años y ahora tiene que tomar en cuenta los intereses del zar Vlady Putin en Siria y en la región.

Dejando de lado conjeturas interesadas, la dinámica en Siria y sus nuevas guerras dentro de las guerras han asentado la convergencia de Rusia (con China sentada en el asiento trasero), el "Creciente Chiíta" del C4 –Irán/Iraq/Siria/Hezbolá de Líbano–, y quizá Turquía, frente a Israel y EU (https://goo.gl/MYYBmy).

La gran interrogante es si Trump, después de la ominosa escalada reciente, seguirá manifestando su iranofobia a ultranza.

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Tillerson, la militarización y el petróleo

En el contexto de una disputa geopolítica con competidores capitalistas extracontinentales (China, Rusia, Unión Europea) que desafían la hegemonía del imperio en su tradicional zona de influencia, la reciente gira del secretario de Estado, Rex Tillerson, por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica tuvo una clara proyección expansionista con base en dos ejes principales: seguridad y energía.

Como integrante de la clase capitalista trasnacional, Tillerson, ex director ejecutivo de la corporación petrolera privada estadunidense Exxon-Mobil, cuarta compañía del ramo a escala mundial detrás de las estatales Aramco (Arabia Saudita), NIOC (Irán) y CNPC (China), esgrimió un enfoque "mercantilista primitivo" (Jorge Eduardo Navarrete dixit), tan anacrónico como la Doctrina Monroe en la que basó su discurso en la Universidad de Texas, en Austin, un día antes de su arribo a México.

El "modelo Tillerson" de relaciones hemisféricas encarna la tradicional diplomacia de guerra de Washington, acentuada ahora debido a la crisis estructural y de legitimidad del sistema capitalista mundial, caracterizada por William I. Robinson como la fusión del poder político reaccionario en el Estado, fuerzas ultraderechistas, autoritarias y neofascistas en la sociedad civil, y el capital corporativo trasnacional. Una triangulación de intereses que, en perspectiva, bajo la administración Trump, va configurando un "Estado policiaco global" de corte neofascista.

En ese contexto, las fracciones del gran capital más propensas a un fascismo del siglo XXI se sitúan en el sector financiero especulativo, el complejo militar-industrial-securitario-mediático y en las industrias extractivistas, entrelazadas con el capital de alta tecnología/digital.

Dada la magnitud de la crisis del capitalismo, su alcance global, el deterioro social y el grado de degradación ecológica que genera, para contener las protestas y/o rebeliones reales o potenciales, la plutocracia dominante viene impulsando diversos sistemas de control social de masas, represión y guerra (abiertas o clandestinas), que son utilizados, además, como herramientas para obtener ganancias y seguir acumulando capital frente al estancamiento. Lo que Robinson llama "acumulación militarizada" o "por represión".

Tal categorización alude al talón de Aquiles del capitalismo: la sobreacumulación. La creciente brecha entre lo que se produce y lo que el mercado puede absorber. Si los capitalistas no pueden vender sus productos, no obtienen ganancias. Dada la enorme concentración de la riqueza –con sus correlativos niveles de polarización social y desigualdad global sin precedente−, la clase capitalista trasnacional necesita encontrar salidas productivas rentables para descargar enormes cantidades de excedentes acumulados.

De allí que los complejos energéticos y extractivistas recurran a la intensificación y profundización del neoliberalismo vía la privatización de la infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, ferrocarrilera, de oleoductos, gasoductos y electricidad (verbigracia, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el caso mexicano); la superexplotación laboral y precarización del trabajo (subcontratación, tercerización), y políticas de desregulación total y mayor subsidio al capital trasnacional.

Dichas políticas de relocalización de capitales, reindustrialización y acumulación por desposesión o despojo de territorios y materias primas en economías dependientes, se ha venido dando en México, Centro y Sudamérica por conducto de golpes suaves, la imposición de facto de un estado de excepción permanente y el establecimiento de estados policiacos, cuyo soporte son la militarización de la sociedad civil y distintas modalidades de guerras tácticas sin fin, camufladas como lucha antidrogas o contra "enemigos internos" −los mapuches bajo el (des)gobierno de Mauricio Macri−, con armamentos avanzados impulsados por la inteligencia artificial, incluidos sofisticados sistemas de monitoreo, rastreo, seguridad y vigilancia.

En ese contexto cabe resaltar que en su discurso en la Universidad de Texas, Tillerson colocó la energía, en particular los hidrocarburos (petróleo, gas, aceites no convencionales), como punto nodal de la renovada estrategia hemisférica de la administración Trump. Puso como "modelo" la fuerza energética de América del Norte; la apertura (privatización) de los mercados de energía en México, y el papel de Estados Unidos como proveedor de gas natural para nuevas generadoras de electricidad en la región.

De hecho, México −que desde 2007 con la Iniciativa Mérida encabeza la lista de ayuda encubierta de inteligencia militar del Pentágono y la CIA, después de Afganistán− va camino a ser reconvertido en una plataforma de exportación de petróleo, gas natural y gasolinas producidas en la Cuenca de Permian y Luisiana, hacia el mercado asiático (Japón, China, India, Corea del Sur, Taiwán), vía los puertos de Manzanillo y el eje Coatzacoalcos/Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, que aprovechando la infraestructura instalada de Pemex, dará a las corporaciones de energía ventajas por menor tiempo y bajo costo de transporte, que si lo hicieran mediante el Canal de Panamá.

Dado que los hidrocarburos son un componente central de la estrategia neocolonial militarizada y de "seguridad energética" de Donald Trump y las corporaciones del sector −en clave de restauración conservadora y de defensa de su hegemonía−, Petróleos de Venezuela (PDVSA, quinta empresa petrolera mundial) fue otro objetivo central de la gira de Tillerson. De allí que instruyera a los gobiernos colaboracionistas cipayos de Enrique Peña Nieto, Mauricio Macri, Pedro Kuczynski y Juan Manuel Santos, las nuevas modalidades que deberán desempeñar de cara a la intensificación del cerco militar, económico y financiero contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, incluido un eventual embargo petrolero como nuevo precipitador de una "crisis humanitaria" que justifique una intervención militar multilateral.

 

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Jueves, 08 Febrero 2018 06:34

El diplomático y el petrolero

El diplomático y el petrolero

La víspera de su actual periplo latinoamericano y en el aniversario del inicio de su encargo frente al Departamento de Estado, Rex Tillerson decidió acudir a su alma mater, la Universidad de Texas en Austin, para ofrecer una primicia tardía: la visión de conjunto de la política de Trump hacia América Latina y el Caribe. El hecho de que haya tenido que transcurrir un año para formular esa visión y realizar una gira regional, con significado y alcance diferentes a las visitas a países específicos, es revelador del lugar no demasiado prominente que la región ocupa en el mapa mundial de prioridades de la diplomacia de EU. La presencia de un empresario de la construcción en la Casa Blanca y de un ejecutivo petrolero en Foggy Bottom han alterado ese mapa, más en cuanto rutas de navegación y vías de acceso que en cuanto a las fronteras que muestra. El aniversario de Tillerson sirvió para que los medios recordasen cuánto se ha distanciado de las conductas tradicionales y cuánto menosprecia la figura del diplomático profesional. No en las palabras, sino en las acciones.

En el pasado, cuando ha existido, la política estadunidense hacia la región ha asumido muy diversas variantes. Desde la del Gran Garrote –expresamente evocada por la Deutsche Welle: Tillerson en América Latina o ¿el regreso del Gran Garrote? (dw.com/es/)– hasta la de Buena Vecindad y también la del ‘descuido benévolo’. No es sencillo establecer con rigor los lapsos de predominio de una o otra de estas variantes, o de alguna más, o de una combinación de ellas. Sea lo que fuere, Tillerson no acudió a Austin a hablar de historia –excepto de la personal, al detallar algunas anécdotas– pero sí se valió de episodios del pasado para tratar de justificar políticas del presente.

Por ello, James Monroe (1758-1831) fue el antecesor más citado. Tillerson calificó la Doctrina Monroe de exitosa y afirmó que no ha perdido relevancia, a pesar del par de siglos transcurridos desde su formulación. Estas apreciaciones no parecen ser compartidas en la región que se disponía a visitar, donde tal doctrina se asocia con los episodios más agresivos e intervencionistas de una convivencia conflictiva. Por otra parte, Tillerson admitió que los periodos de descuido (sin calificativo) quizá han sido los dominantes en la historia de las relaciones hemisféricas. (La transcripción y el video –29’– de la perorata de Tillerson aparecen en state.gov).

El secretario de Estado se refirió a los tres pilares en que a su juicio se basa la política de su país hacia el hemisferio: crecimiento económico, seguridad y gobernanza democrática. Al hablar del primero, aludió de entrada al que parece ser, para el gobierno de Trump, el indicador dominante: el saldo de la balanza comercial. Citó las cifras básicas: el valor total del intercambio de mercancías y servicios entre EU y los países de América Latina y el Caribe se eleva, cada año, a casi 2 billones de dólares. De este intercambio dependen 2.5 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y en lugar de un déficit comercial, en realidad Estados Unidos tiene un superávit de 14 mil millones de dólares con el hemisferio. Es claro que el motivo de conflicto –el déficit– no aparece con la región, sino con algunos de sus integrantes, México entre ellos, cuyo superávit comercial con EU equivalió, según cifras mexicanas preliminares para 2017, a 25.5 por ciento del valor total del comercio bilateral. En cambio, el excedente hemisférico de EU equivale a menos de 1 por ciento del total intercambiado. Como tantas veces se ha dicho, convertir al saldo de la balanza comercial en casus belli de primera magnitud, como estila la administración Trump, es un enfoque mercantilista primitivo, tan anacrónico como la Doctrina Monroe misma.

Liquidada así la cuestión comercial en sólo siete breves párrafos, los 12 siguientes se dedicaron a la cooperación en energía, en especial en producción e intercambio de hidrocarburos. Si el presidente sigue prestando atención, directa e indirecta, a la marcha de sus negocios, no es extraño que el secretario de Estado exponga en detalle cuestiones de energía, con referencia apenas incidental al cambio climático. En el ‘modelo Tillerson’ de relaciones hemisféricas la energía –y los hidrocarburos en especial– asume un papel central. Cito en extenso: “Nuestro continente se ha convertido en la fuerza energética de este siglo, gracias en buena medida a la rápida expansión de la producción de gas y aceite no convencionales… El resto del hemisferio puede usar la experiencia de América del Norte como modelo… Estados Unidos está dispuesto a ayudar a nuestros socios [sudamericanos] a desarrollar sus propios recursos de manera segura y responsable, al ritmo que la demanda de energía continúa creciendo… [Se construirán en la región nuevas generadoras de electricidad y] muchas de ellas emplearán gas natural. Estados Unidos debe ser un proveedor sustancial y confiable… La apertura de los mercados de energía en México, por ejemplo, ha conducido a mayor inversión privada, más competencia y más comercio de energía con Estados Unidos… Tenemos la oportunidad de desarrollar una alianza de energía que abarque al conjunto del hemisferio occidental…” Quizá el auditorio de Austin también dudó si escuchaba al secretario de Estado o al ejecutivo de ExxonMobil –empresa que acaba de inaugurar su primera gasolinera en México, en las goteras de Querétaro.

En los países comprometidos con los Acuerdos de París, entre los que EU no se cuenta, al menos por el momento, el modelo es, o debería ser otro: la primacía energética ha de derivarse del avance técnico en energías sin carbono; se requiere cooperación técnica para desarrollar fuentes renovables, eficiencia en los usos de energía e innovaciones en almacenamiento y transporte; más que proveedor de hidrocarburos, EU debiera ser socio en proyectos de energía limpia; las nuevas inversiones deben orientarse a estos proyectos, más que a la extracción y comercialización de combustibles fósiles. En una palabra, si en el futuro hay una alianza hemisférica en energía, debe ser una alianza para la sustentabilidad y la reducción de emisiones de carbono.

Los aspectos relativos a la seguridad y la gobernanza del modelo de política hacia América Latina y el Caribe presentado por Tillerson en Austin contienen propuestas también objetables. Reviven épocas en que se esperaba que la región siguiera los lineamientos dictados por Washington; épocas en que se acudía al uso y la amenaza de la fuerza; épocas en que se imponían los designios nacionales, envueltos en una retórica grandilocuente, colmada de referencias a la democracia y las libertades. La retórica se ha fortalecido y, con Trump, es cada vez más inverosímil.

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“El gobierno colapsó a PDVSA y no puede recuperar el millón de barriles que perdió"


Habla Ramírez: “tengo muchísima información de estado, confidencial, muy valiosa”

Momentos después del anuncio del Fiscal General de una orden de aprehensión en su contra –mediante una alerta roja de Interpol- y cuando ya su nombre volaba en las tendencias de Twitter, La Razón pulsó desde la clandestinidad la opinión de Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo, expresidente de Pdvsa y exembajador de Venezuela ante la ONU.


"Las acusaciones del Fiscal son falsas y rebuscadas", acota. "Insiste en vincularme en casos que no tienen pies ni cabeza. Esto se originó cuando empecé a manifestar públicamente – porque ya lo había hecho en privado- mi inconformidad con la situación del país y la manera como se conduce al gobierno y, en particular, el Presidente".
Agrega que luego de haber manifestado su descontento comenzó a recibir presiones para que "no dijera nada, ni escribiera nada" acerca de la "situación deplorable" que atraviesa Venezuela.


"Soy un hombre que atiende a sus principios y responde a su conciencia", destaca.


Asimismo, refiere que luego de un altercado sostenido con el Jefe de Estado y de haberle entregado el cargo en la ONU, señala que el Fiscal William Saab se ha prestado para lo que denomina como "un show". "Hemos llegado ahora a este punto insospechado e inimaginable para mí, en donde un gobierno -que se dice chavista- tiene una agresiva persecución política en mi contra", enfatiza.


"Soy chavista, revolucionario y socialista", reitera durante la entrevista.


"FISCAL ESTÁ SUBORDINADO AL PRESIDENTE"


¿Se esperaba esta actitud de Tarek William Saab, su excompañero del PRV-Ruptura y de la Universidad de Los Andes y, además, luego de haberlo apoyado usted en Pdvsa, tal y como usted ha referido en sus recientes escritos?


Efectivamente, conozco a Tarek desde el PRVRuptura en donde militamos, lo conocí siempre como alguien que era poeta y defensor de los derechos humanos. Pero, creo que fue evolucionando en cuanto a su posición personal y, bueno, pienso que el tema del poder le ha hecho mucho daño. Su molestia y enemistad conmigo viene desde cuando el comandante Chávez le quitó el apoyo político en Anzoátegui; y ahora, convertido en una obsesión en mi contra, le está haciendo el mandado al presidente Maduro
La exFiscal General, Luisa Ortega Díaz, ha señalado que Tarek William Saab tiene una empresa llamada Conkor, la cual contrataba con la gobernación de Anzoátegui cuando él era gobernador, y que, además, contrató con la Faja Petrolífera del Orinoco ¿Usted está al tanto de los contratos que tenía la empresa de Saab con Pdvsa?


Le dimos mucho apoyo a la gobernación (de Anzoátegui). En todo el territorio nacional hicimos lo que se llamaron: Distritos Sociales, que era el concepto de que Pdvsa no solo sacara petróleo sino que también viera a la comunidad.


Bueno, había muchos proyectos en donde era el gobernador quien asignaba las empresas. Es ampliamente conocido en Anzoátegui la relación del exgobernador con la empresa Conkor, solo que como es el Fiscal quien investiga, bueno, él mismo no se iba a investigar.


Es por ello que necesitamos un Fiscal que, de verdad, asuma honestamente una lucha contra la corrupción.


¿Considera que es legal y constitucional la designación de Tarek William Saab como Fiscal General y también está ajustada a la Constitución la destitución de Luisa Ortega Díaz?


Ese es un tema que se deriva si se acepta como legal o no a la Constituyente. En uno de mis artículos, titulado "La línea roja", planteo que la Constitución de Chávez no era el origen de nuestros problemas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por ejemplo, ha sido para ganar tiempo político y abusar de la figura constitucional del Poder Constituyente hasta dejar a la política venezolana en un limbo. Que yo sepa, la ANC no ha hecho un solo artículo de la nueva Constitución. Y, además, la Fiscalía, lejos de ser un poder autónomo y dedicarse a salvaguardar el estado de derecho, está actuando como un poder subordinado al Presidente y, algo peor, a su círculo íntimo: conformado por personas que Chávez ya había sacado del gobierno.


EL GOBIERNO COLAPSÓ A PDVSA

En medios políticos vinculados al PSUV se comenta que usted está vinculado a Luisa Ortega Díaz, es decir, que tanto la disidencia de ella como la suya forma parte de un plan en contra de Maduro, ¿ello es cierto?


No, eso es falso. Hago críticas desde el campo del chavismo porque soy leal a Chávez y a la revolución. Nunca me verán en la acera de enfrente.
Creo, al contrario, que me están cobrando muy cara mi lealtad a Chávez, y todos esos enemigos que nos echamos encima por rescatar la soberanía en el manejo del petróleo, hoy en día, en una inexplicable alianza de facto con el gobierno de Nicolás Maduro, nos pasan factura. De hecho, yo aspiro ser candidato del chavismo para las elecciones pero no ando en un plan conspirativo con Luisa Ortega, y con quien siempre tuve una relación cordial y que también hizo su trabajo con Chávez durante diez años. Tampoco soy un oportunista, lo que soy es chavista.


El gobierno de Maduro lo señala a usted como responsable de la quiebra de Pdvsa, también a Eulogio Del Pino y Nelson Martínez- quienes están presos- pero no ha señalado al extesorero de Pdvsa, Erick Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores de Maduro; ni el del actual tesorero de Pdvsa, Simón Zerpa, vinculado al madurismo, ni tampoco se ha referido a la ex directora de Relaciones internacionales de la estatal, Delcy Rodríguez Gómez. Si usted tiene responsabilidad en la situación de Pdvsa - como han dicho Maduro y Saab-, ¿qué responsabilidades han tenido dichas personas?


Bueno, esas son tremendas preguntas para el Fiscal. Primero, no creo que Pdvsa esté quebrada, sino que el gobierno ha hecho un manejo tan torpe de la industria petrolera. Pdvsa tiene es un problema de flujo de caja: su último estado financiero, del año 2013, la dejé como una empresa con más de 180 mil millones de dólares en activos, y sin incluir las reservas petroleras más grandes del mundo y las cuales se calculan en 300 mil millones de barriles de petróleo. El problema de flujo de caja se deriva, principalmente, del tema cambiario: Pdvsa capta dólares en el exterior y tiene que venderlos al Banco Central a 10 bolívares pero después tiene que pagar todos sus costos y gastos a dólar paralelo.


"Otro problema es que sacaron a toda la gente con capacidad y metieron sin conocimientos ni especialidad. Tú has mencionado a dos, Malpica y Zerpa, y los dos estuvieron frente a la Vicepresidencia de Pdvsa, y no iban a trabajar, se aparecían a las 3 de la tarde y un día a la semana. Creo que detrás de todo esto ha habido una estrategia deliberada para entregarle Pdvsa a las transnacionales, y ya lo han hecho".


"Nadie cree el cuento de que Pdvsa sea la única entidad afectada por el fenómeno deplorable de la corrupción. He insistido en preguntar, por ejemplo, qué hizo Cencoex con los 45 mil millones de dólares que -durante mi último año al frente de Pdvsa- le entregué para pagar una deuda. Algo que nos ha desangrado –y que es el origen de todas las corruptelas- es el diferencial cambiario. Ha habido segmentos de poder que me atacaron por mis propuestas en el área económica y con las cuales quería poner punto final a esas irregularidades.


"Se ha utilizado el argumento de la lucha contra la corrupción de manera sesgada y solo contra Pdvsa, y para llevar a cabo una persecución política en mi contra. Salí de Pdvsa hace 3 años y medio y en ese período hemos perdido 1 millón de barriles, y el precio del petróleo con respecto al año pasado ha incrementado en 20 dólares por barril, y ello significaría bastante dinero para el país pero ha caído la producción. Lo que han hecho es que se han puesto a improvisar con Pdvsa, y hay también un éxodo masivo de trabajadores porque no aguantan los salarios, ni los maltratos ni ser tratados como corruptos".


"La empresa que produce el 90 % de las divisas del país, Pdvsa, está colapsada: no puede recuperar el millón de barriles que ha perdido sino que, además, tampoco puede abastecer el mercado interno de combustibles. El gobierno, en lugar de rectificar, recurre a los argumentos inverosímiles de la conspiración", afirma.


SOLIDARIDAD DE JVR


¿Usted que fue uno de los hombre de Chávez y que estuvo con él en sus últimas horas, cree que pudo haber algún tipo de conspiración para sacar a Chávez del juego político?


No podría afirmar eso, no podría decir que fue algo diseñado o parte de una conspiración para sacarlo del poder. En lo personal y mi equipo de trabajo estábamos empeñados para que Chávez salvara su vida y todo saliera bien.


Esos años en los cuales estuvo enfermo fueron de mucho trabajo. Pdvsa era la institución que mejor funcionaba en el país, que producía 3 millones de barriles diarios y daba ganancias, y ahora se ha convertido en un desastre, y es lamentable. Mientras estábamos fajados honestamente en eso, parecía que había gente preparada para sustituir al comandante Chávez, y es duro decirlo pero uno ve las cosas que están pasando y se sorprende muchísimo. Por ejemplo, sin haber cumplido el primer año de gobierno, ya el presidente Maduro me había dicho que le entregara a Pdvsa, y luego vimos como todo lo que había hecho Chávez para enfrentar nuestros problemas, por ejemplo, las misiones sociales, se fueron desmontando.


¿Cómo se siente usted ahora después de que tenía tanto poder y lo buscaban, lo elogiaban, lo adulaban y ahora sus compañeros de partido, en su mayoría, le dan la espalda?


Recibo muchos mensajes de solidaridad y afecto, pero hay mucho miedo, la gente está aterrorizada, todo el mundo teme que lo acusen de algo.
¿Diosdado Cabello y José Vicente Rangel han sido solidarios con usted en este atropello de Maduro, denunciado por usted?


Sí, sobre todo de José Vicente, con quien he mantenido una relación muy cordial y de mucho respeto. Ahora, otra cosa es que ellos expresen otra posición públicamente. Yo he dado un paso adelante y lo que me ha caído es una jauría.


"MADURO LO HA HECHO MUY MAL"


Ramírez, asimismo, opina que el gobierno de Maduro está marcado por la improvisación: "Los que están al frente del tema económico, con excepción de Castro Soteldo, a quien conozco y le tengo mucho aprecio, no tienen ni idea de lo que está pasando en el país, ni idea de cómo salir de esta crisis y por eso el pueblo está sufriendo", afirma.


"Maduro ha traicionado el legado del Comandante Chávez, la situación de Venezuela es insostenible desde el punto de vista económico, social y político. Han sido muy astutos al pactar con la oposición pero lo que está pasando abajo, con la gente, es que estamos perdiendo calidad de vida y el país que Chávez nos legó", agrega.


Asevera, de igual manera, que la base del chavismo debe decidir libremente en primarias a su candidato presidencial. "El candidato no puede ser Nicolás Maduro porque lo ha hecho muy mal, se necesita un liderazgo renovado para conducir el país y retomar el camino de Chávez. Estoy dispuesto a asumir ese compromiso pero también puede ser cualquier otro compañero".

Por: La Razon / Carlos Díaz | Domingo, 28/01/2018 09:39 PM |

 

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Petróleo, paz inconclusa y nueva lógica del conflicto

Este artículo describe la relación entre petróleo y los antagonismos social, laboral y armado en Colombia, para lo cual se adentra en la coyuntura que vive el país, arriesgando una reflexión prospectiva sobre la matriz energética nacional y las nuevas lógicas del conflicto. Un debate con plena actualidad.

 

Globalmente, la industria petrolera moderna data de mediados del siglo XIX, cuando el capital inició la sustitución del carbón, dominante hasta entonces en la matriz energética. Desde entonces se reconoce que el petróleo es la energía vital para el mantenimiento y movilidad de la civilización industrializada. Las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX lo posicionaron como el principal recurso energético del planeta. La geopolítica y los conflictos bélicos modernos tienen entre sus causas el control de este estratégico recurso económico y militar. Actualmente la oferta y demanda mundial de petróleo es de 100 millones de barriles diarios.

Localmente, en la base del conflicto armado colombiano se encuentra la tierra, principal combustible que lo atiza, y con ella la explotación minero-energética. También, como es aceptado por uno y otros, las guerras se alimentan con los negocios, e incluso generan las oportunidades de acumulación capitalista que sin ellas no existirían. Las guerras redefinen las relaciones de poder, propiedad y las cadenas de producción, distribución, consumo y acumulación. La industria petrolera hace parte de esta lógica antagónica.

La industria petrolera tiene su origen a inicios del siglo XX. La explotación de los recursos minero-energéticos resume para el caso colombiano la historia de sumisión de la oligarquía criolla frente al capital internacional, al igual que la ausencia de proyecto soberano nacional. Así permite concluirlo las concesiones Barco y Mares; también el proceso que dio origen a Ecopetrol, surgido de las luchas de los trabajadores que con su persistencia y sueños de independencia nacional, justicia y libertad superaron la oposición oficialista.

En medio de esa relación de sumisión y ausencia de proyecto nacional soberano, insertado en la geopolítica global centro-periferia, a lo largo de varias décadas el país se caracterizó como exportador de petróleo, condición perdida en los años 70 del anterior siglo, para volver a ser exportador del importante recurso energético a inicios de los años 80, cuando Ecopetrol, en contrato de asociación con la multinacional OXY, descubren el campo Caño Limón en Arauca (con reservas estimadas en 1.500 millones de barriles de petróleo). Con este descubrimiento el país elevó su producción hasta alcanzar una extracción máxima superior al millón de barriles diarios en los años 2013 y 2015.

A partir de 2016, declinan en el país las reservas de hidrocarburos y el volumen de producción: durante 2017 fue de 856.000 barriles de petróleo diarios. En 2018, debido a la leve alza que registra el precio del petróleo y la reactivación en exploración y explotación se espera una producción promedio nacional de 870.000 barriles diarios (Gráfico 1).

Los precios reales del petróleo siguen ciclos de larga duración, de unos 30 años, con más años de debilidad que de fortaleza. El último ciclo petrolero registró precios altos entre 1974 y 1985 seguidos de precios bajos entre 1986 y 2002. El nuevo ciclo ascendente se inició en 2003 y terminó a mediados de 2014. La recuperación de los precios del petróleo en 2017-18 es apalancada por el aumento coyuntural de la demanda mundial y el éxito de los 14 países que hacen parte de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (Opep), en asocio con otros productores como Rusia, en restringir la oferta; sin embargo, el escenario de largo plazo sigue siendo uno de disminución en la demanda y de caída de precios. Las proyecciones del mercado estiman un promedio de USD$60 por barril de petróleo para 2018: los más optimistas llegan a USD$68 y los menos, como Citigroup, a USD$54 (Gráfico 1).

 

 

Reprimarización económica y conflicto laboral

 

Desde hace medio siglo, los sectores reales de la economía (agro e industria) vienen creciendo mucho menos que el resto de la economía. En particular, la industria colombiana atraviesa por una preocupante crisis a partir de los años 1980, correlacionada con el auge del sector minero-energético, la financiarización de la economía y el abundante ingreso de divisas proveniente de las actividades legales e ilegales, las que provocaron la “enfermedad holandesa” que aqueja a la producción material.

Hasta mediados de la década de 1980 la contribución de las actividades minero-energéticas era inferior al 5 por ciento del PIB total. Entre 2011 y 2013 esta participación escaló a más del 10 por ciento. En 2018 se estabiliza en 7 por ciento, después de su caída a 5,4 en 2016. La sociedad colombiana depende cada día más de los recursos naturales y la explotación de minas y canteras, en particular de la extracción de petróleo. La dinámica del crecimiento de su economía está atada a los ciclos de larga duración de los precios reales de productos básicos y a la inestabilidad que los caracteriza (Gráfico 2).

Las economías extractivas, en particular las petroleras, concentran la riqueza, acentúan los antagonismos laborales y los conflictos sociales, destruyen el ambiente y obstaculizan el desarrollo humano y sostenible, sobre fundamentos científico-tecnológicos y de innovación. Entre 2001 y 2017 los ocupados en las actividades minero-energéticas pasaron de representar en el empleo nacional el 1,2 por ciento a sólo el 0,6: en 2001 los trabajadores sumaban 185.436; con el auge de los precios aumentaron a 220.238 en 2011; el desplome de los años siguientes generó una oleada de despidos y para 2017 quedaban 140.816 (Gráfico 3).

 

 

El bajo nivel de empleo que genera, las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras y la elevada tasa de explotación del trabajo hace de la actividad minero-energética un negocio sin parangón con otras actividades de la economía colombiana. La relación entre productividades del trabajo nacional muestra que en 2001 la productividad de los trabajadores minero-energéticos era 4,2 veces al promedio nacional; en 2013 esta relación aumenta a 11,8 veces; y, producto de la crisis de los precios del petróleo, cae a 9,4 en 2017 (Gráfico 4).

El alto nivel de concentración del ingreso y la riqueza en Colombia se refleja en una baja participación de los salarios en el valor agregado nacional: 30,4 por ciento en el año 2016. Aun así, en la explotación de minas y canteras la participación del ingreso de los trabajadores es menos de la mitad del promedio nacional: 14,3 por ciento (Gráfico 5). En consecuencia, no es extraño que el antagonismo capital-trabajo es más álgido y crónico en el sector minero-energético.

 

 

Petróleo y conflicto social

 

Al finalizar la década de 1980, la sociedad colombiana era considerada como uno más de los “estados fallidos en el mundo”. En este contexto deliberó la Asamblea Constituyente aupada por la crisis del Estado y la insubordinación civil. La Constitución que surgió de esta Asamblea es una mezcla de derechos humanos, democracia, neoliberalismo y financiarización. El periodo posconstitucional (1991-2018) se caracteriza por la desnacionalización, la privatización, la especulación financiera, la impúdica corrupción, la reprimarización de la economía, la continuidad de la violencia en contra de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, los intentos parciales de negociación de la paz y la concentración del ingreso, la riqueza y la tierra en un puñado de empresarios, políticos colombianos y multinacionales.

Tratando de enderezar parte de la legislación existente para el sector minero-energético, en el año 1994 la USO promovió la recolección de un millón de firmas para respaldar un proyecto de Ley Petrolera que introdujera modificaciones sustanciales a la normatividad existente en esa materia, promoviera la soberanía nacional y el monopolio estatal de la producción. El proyecto de Ley fue presentado en el año 1995, con número 212/95 en el Senado, con el título: “Por el cual se establece el Régimen Normativo de la industria de los hidrocarburos y sus derivados en todas sus ramas y se adoptan otras disposiciones”. El Artículo 2 ordena que “El aprovechamiento y manejo de los hidrocarburos, por su carácter de recurso natural no renovable y por su valor económico-político estratégico, deben ser organizados y planificados para garantizar el autoabastecimiento nacional, el desarrollo sostenible de la industria y su sustitución como fuente energética”. Esta industria, en toda su cadena de valor, es calificada de “utilidad pública y de interés social”. El proyecto de Ley no alcanzó siquiera a rendir Ponencia para el primer debate y se archivó.

 

Primera Asamblea Nacional por la Paz

 

Dos años después de esta derrota, en 1996, la USO, el gobierno nacional y Ecopetrol convocaron la Primera Asamblea Nacional por la Paz. En ésta se exploraron caminos con las empresas del sector petrolero y con las organizaciones insurgentes para que la infraestructura petrolera, sus trabajadores y las comunidades no fueran involucrados en el conflicto social y armado.
Entre los años 1998-2002, Colombia vuelve a la época de la Colonia, esto es, la era de las concesiones y los enclaves petroleros. Durante el gobierno de Andrés Pastrana el país cede su participación en la renta petrolera bajando la liquidación del 20 por ciento a un promedio de 8; además, la participación en la producción de hidrocarburos (después de liquidar las regalías) pasó de 50 a 30 por ciento. También permitió el giro del 100 por ciento de las utilidades de las petroleras extranjeras a sus casas matrices sin pago de impuestos.

En continuidad con su antecesor, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se promovió e implementó, de una parte, la fragmentación y privatización de Ecopetrol y, de otra, la deslaborización de las relaciones entre los trabajadores y la empresa, al igual que el exterminio de la USO. Además, en favor de las transnacionales petroleras, Uribe les entregó a perpetuidad concesiones de yacimientos petroleros y gasíferos. El régimen impuesto no estaba interesado únicamente en la privatización de Ecopetrol sino en su liquidación.

El decreto 1760 de 2003 generó la fractura de Ecopetrol, con lo cual la empresa quedó como un operador más. De manera simultánea se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) encargada de administrar los recursos hidrocarburiferos, regular y administrar información al capital extranjero y privado para invertir en la explotación de gas y petróleo. También se funda la Sociedad Promotora de Energía de Colombia, empresa encargada de celebrar contratos con compañías extranjeras. A partir de 2004, la ANH creó una “Nueva concesión petrolera” lesiva a los intereses de la Nación.

En contra de estas políticas, en 2004 la USO declara un cese indefinido de la producción en Ecopetrol. Nueve eran los objetivos perseguidos: i) recobrar el manejo soberano de los hidrocarburos, ii) abrir un debate nacional sobre el Decreto 1760 y lograr su derogación, iii) limitar el accionar de las multinacionales y privilegiar el interés nacional; iv) consolidar un frente patriótico por la defensa de Ecopetrol, v) dotar a Ecopetrol de mecanismos y recursos para realizar la actividad petrolera, vi) revisar la forma como se fijan los precios de los combustibles, vii) anular el Laudo arbitral y hacer respetar la Convención Colectiva de Trabajo, viii) garantizar el derecho de asociación y libertad de los detenidos, ix) lograr el reintegro de los despedidos. La huelga fue declarada ilegal por el Ministerio de Protección social. Esta huelga evidenció la crisis por la cual atravesaba el movimiento social y sindical en los umbrales del siglo XXI.

Más tarde, en el año 2006, el Gobierno de Álvaro Uribe hace aprobar por el Congreso de la República la ley 1118 con la cual entregó a Ecopetrol al capital privado. Por medio de esta Ley el Gobierno privatiza la empresa al modificar su naturaleza jurídica. El artículo 1 autoriza a Ecopetrol S.A. “la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas [...] la Sociedad quedará organizada como de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía”.

Durante los dos gobiernos de la administración Uribe (2002-2010) se diseñó e implementó la política denominada “seguridad inversionista”, continuada y profundizada por su sucesor Juan Manuel Santos (2010-2018), con la cual se rodeó de todo tipo de garantías y exenciones a las empresas minero-energéticas en materia tributaria, regalías, concesiones y resolución de conflictos.

 

Paz vacilante y efímera

 

Con base en los acuerdos suscritos en la nueva Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018 con Ecopetrol, la USO lideró durante 2015 la Segunda Asamblea Nacional por la paz –Anpp, que tuvo como objetivos: a) promover la reflexión y deliberación de diversos sectores de la sociedad en torno a las dinámicas regionales que requiere Colombia para hacer sostenible la paz a largo plazo; b) construir iniciativas en clave de paz relacionadas con el modelo apropiado de exploración, uso y usufructo de los recursos minero-energéticos; c) aportar en la consolidación de la democracia y la construcción de una institucionalidad realmente participativa como requisito para el afianzamiento de la paz y el buen vivir de las comunidades; d) consulta participativa, popular y territorial del “Proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos” diseñado y promovido por la USO. Simultáneamente, la USO lanzó dos campañas nacionales: a) ‘Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo’, con el fin de abrir el debate a nivel nacional y colocar en primer renglón la defensa de Ecopetrol como empresa pública, nacional y estatal; b) Divulgación y debate nacional a través de la Mesa Minero-energética y ambiental del Proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el propósito de generar la conciencia de la necesidad de modificar la política petrolera nacional y su aprobación por medio de un referendo.

La Anpp se enmarcó dentro del contexto de los diálogos de paz, y aportó ideas a lo que debe ser la construcción colectiva de los modos y planes de vida, que acerquen a la población a la aspiración de aprovechar los bienes naturales y minero energéticos para el buen vivir, la democracia profunda y la paz integral. Los insumos recogidos permitieron definir tres ejes temáticos: i) Política Minero-Energética, ii) Desarrollo Regional y iii) Cultura para la paz y pos-acuerdo.

En agosto de 2016, el gobierno nacional y las Farc firmaron el acuerdo de fin del conflicto armado. El 2 de octubre se votó el plebiscito por la paz, perdido el cual quedó cuestionada la legitimidad del proceso de paz. Se generó: a) pérdida del blindaje jurídico; b) desfinanciamiento de los programas para la paz; c) impunidad para la oligarquía política-empresarial y los militares que apoyaron la guerra irregular y sus aparatos paramilitares. La confluencia de los partidos de extrema derecha, representados en la triada diabólica Uribe-Pastrana-Vargas Lleras, anuncian públicamente que su propósito común es “hacer trizas” los acuerdos de paz y avivar nuevamente el conflicto armado.

Como continuidad del escenario ya abierto, en febrero de 2017 fueron instalados los diálogos exploratorios de paz entre el Gobierno y el Eln. En la mesa de negociación, el tema minero-energético es fundamental, El debate sectorial deberá estar articulado al desarrollo territorial y contar con la participación democrática y decisoria de las comunidades directa e históricamente afectadas por la presencia de las transnacionales de la industria petrolera. En esencia, la plataforma política del Eln respecto a la política petrolera no ha cambiado desde el manifiesto fundacional de Simacota (7 de enero de 1965); en 1989, con motivo del II Pleno de Dirección, el UC-ELN construyó una propuesta que se sustenta en torno a cinco ejes: nacionalización, legislación soberana, explotación racional, desarrollo alternativo y nuevo plan nacional de desarrollo.


Dos caminos un solo ‘conejo’

 

Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema político: crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos que se benefician de los gastos. El presupuesto materializa la política pública. Los presupuestos públicos ejecutados por las administraciones Uribe (2002-2010) y Santos (2010-2018) registran una sorprendente identidad no obstante los énfasis, alternativos, de cada administración en la guerra y la paz. Los rubros privilegiados son el pago de la deuda externa, el gasto militar y demás aparatos de represión incluida la “justicia”, la reproducción de la clase política y la burocracia, el sostenimiento del precario sistema educativo y el control de una clientela social a través de las políticas asistenciales. Estos últimos presupuestos públicos de la nación dejan ver, sin sonrojo, el “conejo” que las clases dominantes le han hecho a los acuerdos de paz y a las negociaciones con las movilizaciones populares y de trabajadores.

Estos hechos permiten deducir que el proceso de guerra-paz no pasa de ser un engatusamiento al que han sometido al país la dupla Uribe-Santos y la base social terrateniente-empresarial-financiera-militar-comunicacional y del capital transnacional que ellos representan. Su fin es el mismo: exterminio de la insurgencia, sometimiento del pueblo trabajador y destrozar el tejido social y organizativo de las comunidades. Cambian las estrategias, la guerra abierta en el primero y el engaño en el segundo.

El 21 de noviembre de 2016, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció acerca de la violencia y los sostenidos y crecientes asesinatos de promotores de la paz en las zonas que hacen tránsito hacia la construcción de la paz. En el mensaje, la ONU subrayó que esos lamentables hechos generan desconfianza en las negociaciones de paz. En 2016 fueron asesinados cerca de un centenar de promotores de la paz. En 2017, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) entregó una radiografía sobre el crimen de líderes sociales; según la agencia han sido asesinados 78 líderes, y 1.500 campesinos han sido desplazados (según la Cumbre Agraria, ellos tienen registro de 105 víctimas, durante 2017 en todo el país).

 

Petróleo y nuevas lógicas del conflicto

 

Desactivado el conflicto armado, queda al desnudo el núcleo del crónico conflicto colombiano, del que hacen parte las comunidades regionales, el territorio y el modelo de desarrollo. Este conflicto enfrenta al Estado, los terratenientes, los dueños del capital y las transnacionales, de una parte, a la clase trabajadora y las comunidades, por otra, en su intento de construir poder popular.

Las actividades minero-energéticas son connaturales a este conflicto. La experiencia histórica permite concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en cuatro áreas: i) conflictos ambientales generados por la actividad extractiva, basados en un escenario de iniquidad y segregación, que afectan territorios y culturas ancestrales, destruyendo recursos naturales estratégicos como la biodiversidad y el agua dulce; ii) concentración del ingreso, la riqueza y la propiedad de la tierra; iii) economías de enclave y ausencia de encadenamientos económicos regionales y locales con la explotación de hidrocarburos; iv) militarización (legal e ilegal) de la vida cotidiana y aumento de la conflictividad por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverlo.

En respuesta a esta situación, las autoridades y los pobladores locales están realizando consultas populares y democráticas para votar “si están o no de acuerdo con la exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio”. En las nueve consultas realizadas desde 2013 hasta octubre de 2017, el rechazo a las actividades de explotación petrolera es contundente y absoluta. La décima que debería realizarse en Granada, Meta, el 22 de octubre de 2017, fue obstaculizada por el gobierno nacional y la Registraduría. Hay en espera 59 consultas adicionales.

Un reciente informe de las empresas petroleras presentes en el país afirma que “cada vez es más difícil operar en Colombia”. Esgrimen razones como que empeoró la seguridad jurídica por consultas populares, y aunque reconocen que el orden público mejoró, “la percepción sobre la conflictividad social empeoró”, dice el informe. Según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por la negativa de las comunidades a permitir la explotación, no se recibieron 226 mil millones de regalías, y en 5 años el hueco fiscal llegaría a 1,2 billones de pesos.

En respuesta a los empresarios, respecto a las consultas populares y sobre la explotación no convencional (fracturación hidráulica o fracking), el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, aseguró que el Gobierno va a generar las condiciones “para explorar estos recursos, porque pueden cambiar completamente el mapa de producción del país. Estamos hablando de multiplicar por unas cuantas veces las reservas del país y hablamos de matar el fantasma de que en cinco años tendremos que importar crudo” (El Espectador, Economía, 14 de diciembre de 2017).

La actitud antidemocrática del gobierno nacional está en contubernio con los intereses de las empresas petroleras y las transnacionales. Al bloqueo de la autonomía de las comunidades locales para definir democráticamente sus planes de vida, ordenar su territorio y defender los recursos naturales vitales para su pervivencia, se une, de una parte, el malestar por el incumplimiento con los “Acuerdos de La Habana”, el “conejo” a los convenios resultantes de las negociaciones con las movilizaciones efectuadas desde 2013 hasta 2017 por las comunidades rurales y, de otra, la preocupación por el continuo asesinato de líderes populares y gestores de paz.

 

A las puertas del fracking

 

La posibilidad de que el país vuelva a ser importador de petróleo, de acuerdo a lo proyectado por el Gobierno y las empresas petroleras, abre las puertas para iniciar la explotación de hidrocarburos no convencionales, a pesar de los graves daños ambientales y desplazamientos de población que implica. Las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan las actividades minero-energéticas en la forma que se han desarrollado en el país o las nuevas técnicas de fracking.

En este contexto, en el horizonte de mediano plazo, 2018-2022, pueden pronosticarse tres escenario i) catastrófico: reconquista del poder por parte de la extrema derecha, desconocimiento de los acuerdos de paz, privatización total de Ecopetrol, persecución a las organizaciones sindicales, desnacionalización y entrega de los recursos minero-energéticos a las transnacionales, vía libre a la explotación de hidrocarburos mediante tecnologías no convencionales, recrudecimiento del conflicto social y armado; ii) previsible: ampliación de las zonas de exploración y explotación minero-energética (en áreas donde las transnacionales no habían podido penetrar por presencia y dominio de la insurgencia); consolidación financiera de las empresas petroleras; tercera ronda de venta de acciones de Ecopetrol; venta de empresas de alta rentabilidad que integran al Grupo Ecopetrol; mayores exenciones, garantías y protección a la inversión extranjera; concertación y regulación para la explotación de hidrocarburos mediante tecnologías no convencionales; abolición de las consultas populares y confrontación-represión con las organizaciones rurales y los ambientalistas; iii) deseable: aprobación e implementación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos –LOH–, dependiendo de: la correlación de fuerzas capital/estado-USO/movimientos sociales; balance final favorable del proceso de paz y negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno Nacional, el Eln y la sociedad civil; cumplimiento con los acuerdos y construcción de la paz firme y duradera; alianza ganadora con partidos políticos simpatizantes del proyecto de LOH en las elecciones legislativas (marzo) y presidenciales (mayo) en 2018; conformación de un movimiento social, con arraigo espacial, defensor de la soberanía nacional y de una política pública democrática que regule las actividades minero-energéticas favorable al bienestar de las comunidades, el desarrollo territorial sostenible y el poder popular.

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique -edición Colombia- y desdeaabajo. Profesor invitado del proyecto “Diplomado en Derechos Humanos USO- 2017”, en el marco del contrato celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo-USO.

 

Bibliografía básica:

Sarmiento, Libardo; (2017). Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO. Planeación Estratégica por escenarios: 2017-2023. Bogotá.
Sarmiento, Libardo; (2016). Colombia: plebiscito por la paz, antagonismo traumático; en: http://palabrasalmargen.com/edicion-91/colombia-plebiscito-por-la-paz-antagonismo-traumatico/.
Sarmiento, Libardo; (2015). Arauca 1983-2015. Fin de un ciclo histórico y transición incierta. Fundación Paz y Reconciliación, Bogotá.
Sarmiento, Libardo; (2014). Municipios petroleros: desarrollo, conflicto y democracia; en: Las tendencias de la sociedad civil en Colombia. Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros. Cinep, Asociación de Fundaciones petroleras, Ecopetrol; Bogotá.
Vega, Renán, et. Alt; (2009). Petróleo y protesta obrera. La USO y los trabajadores petroleros en Colombia (2 tomos). USO-Corporación Aury Sara Marugo. Bogotá.
Sarmiento Libardo; Et. Alt; (1996). Lineamientos generales para una política de Ecopetrol. Una perspectiva desde la ética. Ecopetrol; Bogotá.

Publicado enEdición Nº242
Domingo, 14 Enero 2018 06:05

Medio Oriente en movimiento

Medio Oriente en movimiento

La derrota del Emirato Islámico (Daesh) por la coalición ruso-kurda-siria cambió toda la situación en el Cercano Oriente y puso a todas las piezas en movimiento y Estados Unidos, que había intentado rehacer los equilibrios locales con la habilidad de un elefante en una cristalería, logró exactamente lo opuesto de lo que quería.

Recordemos un poco: en Irán (la antigua Persia), país de 80 millones de habitantes, potencia gasera y petrolera con viejísimas culturas, Estados Unidos derribó con un golpe militar al primer ministro nacionalista moderado Mohamad Mossadegh que había expropiado el petróleo a los ingleses e instaló una monarquía absoluta –la del shah Reza Pahlevi– que intentó industrializar el país chocando de inmediato con el Bazaar (los importadores, exportadores y comerciantes tradicionales) y con los religiosos chiítas (los mullahs y ayatollahs) que influían fuertemente sobre los campesinos y los más pobres mediante su igualitarismo y sus obras sociales.

El Shah fue derrocado en 1979 por la "revolución de los ayatollahs" que llevó al poder al ayatollah Ruholla Jomeini. Contra la monarquía habían combatido también el poderoso partido comunista local, el Tudeh, y diversos grupos marxistas, a los que el régimen de los mullahs exterminará (Amnesty International habló de 4 mil 482 ejecutados, pero la cifra fue mucho mayor). Contra Irán, Estados Unidos recurrió entonces al gobierno del Baas iraquí dirigido por Saddam Hussein y financió y apoyó durante ocho años una sangrienta guerra entre ambos países.

Pero Saddam Hussein, envalentonado por la guerra y por la brutal represión contra los kurdos de Irak (apelando incluso a gases), concedió a éstos una vaga autonomía y, engañado por la embajadora de Estados Unidos que le hizo creer en la neutralidad de sus ex socios en caso de guerra, se lanzó a eliminar de la escena a Kuwait, país petrolero fronterizo, aliado de su adversario, la monarquía absoluta en Arabia Saudita.

Washington entonces intervino como había planeado y después –con el pretexto falso de Irak poseía armas químicas, invadió Irak, saqueó sus museos y destruyó al país árabe más modernizado en ese entonces.

El objetivo de la potencia militar de la zona –Israel– coincidió entonces por completo con el de Washington: colonizar por completo y anexar Palestina a la que el mundo árabe ya no podía defender, establecer una alianza con Turquía y destruir la dictadura que Hafez al Assad y después de su hijo Bashir mantenían en nombre del partido Baas sirio, dictadura que intervenía en el Líbano junto a los palestinos y musulmanes contra los aliados falangistas de Tel Aviv y de Washington.

Washington y Tel Aviv intentaron para eso utilizar las diversas oposiciones aislando sin embargo a los demócratas y de izquierda que también combatían contra la dictadura del Baas. Israel había inventado años antes una organización religiosa –Hamas– para combatir contra la laica OLP (Organización para la Liberación de Palestina) de Yasser Arafat y su partido Fattah; Washington por su lado financió y armó a las oposiciones religiosas, como el Daesh, así como había financiado y armado a su agente, el saudita Osama Bin Laden y su organización Al Qaedda en Afganistán para combatir contra la ocupación de ese país por la Unión Soviética.

Pero el resultado obtenido por los aprendices de brujo fue desastroso para ellos: Hamas, a medio camino del chiísmo, remplazó a la OLP en la lucha contra Israel; en el Líbano Hezbollah se convirtió en el primer partido y apoya a Siria e Irán. En Irak el gobierno chiíta es antiestadunidense y aliado del gobierno sirio (Saddam Hussein, por el contrario, era su adversario).Los kurdos de Irak ahora combaten unidos a los árabes contra Daesh. El gobierno de Siria tiende un lazo hacia las oposiciones y se apoyó en Rusia que, desde los zares y desde Stalin, continuador de la geopolítica zarista, quería bases en el Mediterráneo y ampliar su influencia en la región que, con Irán y Afganistán, abre el camino hacia la India.

Irán, por su parte, cuenta con el apoyo de China y de Rusia, pero también de Alemania y Francia, que necesitan el petróleo ruso e iraní y tienen fuertes inversiones en Irán. Por último, Estados Unidos no puede contar ya al ciento por ciento con la monarquía absoluta y teocrática de Arabia Saudita, país donde aún existe la pena de muerte para quien tenga animales en su casa o sea homosexual pero que el príncipe heredero quiere modernizar y diversificar para no depender del petróleo, pues esa modernización abrirá inevitablemente el camino a conflictos sociales y políticos dadas las condiciones medievales existentes en ese país. En cuanto a Turquía, rompió su pacto con Israel y se acercó a Siria pues los turcos están en la pinza rusa, con su clásico adversario en el Cáucaso y ahora también en su frontera sureña.

En este contexto el Mossad Israelí y la CIA intentan avivar el fuego de los disturbios sociales en Irán, donde la desocupación y la carestía reviven la oposición de izquierda y la de las clases medias urbanas a la dictadura de los mullahs, pero éstos tienen aún raíces y apoyo social entre los campesinos y las torpezas injerencistas de Donald Trump zapan la tierra bajo los pies a una oposición democrática que se suicidaría si quedase pegada al "Satán" que todos los días denuncian los ayatollahs.

Daesh, por supuesto, u otro grupo similar, no desaparecerá de inmediato. Las tropas rusas, parcialmente retiradas, estarán listas para volver. Le guste o no a Trump, las conversaciones de paz entre Assad y las oposiciones estarán bajo patrocinio ruso y la lucha en Palestina contra la ocupación y el apartheid continuará. El Cercano Oriente entra sin embargo en una nueva fase. Depende de todos los demócratas de todos los países desarmar políticamente y aislar a los incendiarios como Trump y Netanyahu.

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Carlos Garcia Rawlins

 

Nicolás Maduro anunció este viernes la emisión y adelantó que cada uno tendrá el valor de un barril de petróleo nacional.

 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este viernes la emisión de 100 millones de petros, la nueva criptomoneda lanzada por el Gobierno bolivariano.

"Anuncio que he ordenado la emisión de 100 millones de petros, con el sustento legal de la riqueza petrolera venezolano, que he certificado y legalizado", indicó el jefe de Estado durante una alocución desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

El mandatario indicó que el anuncio será publicado en la Gaceta Oficial y precisó que "cada petro va a tener un valor igual al precio del barril petrolero de la cesta venezolana". El respaldo de estas operaciones serán las reservas de crudo de Venezuela, que figuran como las primeras a escala mundial.

Además de la emisión de criptomonedas, el Gobierno venezolano ha habilitado un registro de usuarios para minar este tipo de divisas en todo el mundo que cuenta con más de 90.000 afiliaciones; 50.000 de ellas ya están activas, refiere Panorama.

Se tiene previsto que el próximo 14 de enero sea el primer encuentro de los 'mineros' de criptomonedas y que sea presentada el acta de inicio formal del petro para empezar las colocaciones "a través de subastas", detalló el presidente venezolano.

 

Burlar bloqueo


A finales del año pasado, Venezuela dio un paso sorpresivo al anunciar su entrada al mundo de las monedas digitales para sortear el bloqueo financiero que, según sus autoridades, mantienen países como EE.UU. con el propósito de asfixiar a la economía de la nación petrolera.

Como ejemplo de esas operaciones de tenaza financiera, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, nombró el caso de Euroclear, un organismo de compensación y liquidación de valores financieros que mantiene retenidos 1.250 millones de dólares "y que no quieren soltarlos para los alimentos y pago de medicamentos", publicó AVN el mes pasado.

La respuesta del país a esa situación ha sido el petro. Una de las ventajas que ofrece Venezuela, según expertos, es que su criptomoneda tendrá un respaldo real: los ingentes recursos naturales que posee el país, principalmente el petróleo. Esa certeza puede transmitir mayor seguridad a los inversionistas de activos digitales y, por ende, darle acceso a fuentes no convencionales de financiamiento.

La cotización también será diferente a la de otras divisas porque se regirá por el comportamiento de mercancías como el oro, el gas o el petróleo, en vez de la especulación del mercado. Además, el costo de la comisión y transferencia de esas operaciones tiende a ser cero, lo que permite una menor intermediación financiera.

 

 

Publicado enEconomía
Noruega gana un juicio contra varias ONG por abrir prospecciones petrolíferas en el Mar de Barents, en el Círculo Polar Ártico.

 

La sentencia rechaza que el Gobierno de Noruega viole el acuerdo del Clima de París y niega que sea responsable de las emisiones de CO2 causadas por los hidrocarburos que exporta a otros países

 

Un tribunal de Oslo ha avalado este jueves el plan del Gobierno de Noruega que permite la extracción de petróleo en el Mar de Barents (en pleno círculo Polar Ártico) a 13 empresas petroleras mundiales. La resolución, que puede ser recurrida en un plazo de cuatro semanas, desestima las acusaciones de varias ONG ecologistas, entre ellas Greenpeace, que denunciaron al Ejecutivo del país escandinavo de violar su Constitución y los acuerdos del Clima de París por permitir la perforación del suelo ártico para buscar y extraer crudo. Las ONG deberán pagar unos 60.000 de costas procesales, según la sentencia.

El ministro noruego de Petróleo y Energía, Terje Soviknes, declaró en una entrevista recogida por Bloomberg que el resultado "era esperado" y aseguró que la ronda de licencias de perforación en el mar de Barents se hizo "conforme a la legislación". Con este dictamen, hecho público a las 15.00 horas de la tarde, el juez decidió que Noruega no podría ser considerada responsable de las emisiones de CO2 causadas por los hidrocarburos que exporta a otros países. Greenpeace cree que esta decisión va en línea con los intereses de las compañías petroleras contradiciendo, por tanto, a los científicos expertos en el cambio climático, relata al teléfono el jefe de la ONG ecologista en Noruega, Truls Gulowsen. La corte ha ordenado que las costas procesales del llamado “juicio del siglo” recaigan en los grupos medioambientales, que deberán abonar en un plazo de dos semanas al Estado 580.000 coronas noruegas (unos 60.000 euros).

"Si bien es una buena noticia que el juicio reconozca el artículo ambiental en la Constitución de Noruega [por el que se debe garantizar un medioambiente limpio para la salud e los noruegos], es muy decepcionante que descuide la responsabilidad de Noruega por dañar el clima del planeta", declaró Gulowsen, a través de un comunicado. Dice sentirse "un poco decepcionado" por la sentencia, aunque confiesa que no le ha caído por sorpresa. Por ahora, las organizaciones denunciantes quieren estudiar a fondo las 49 páginas de sentencia para tomar la decisión de apelar o no. "Es un paso muy serio, pero no es improbable", dice Gulowsen.

La economía noruega depende casi en una inmensa mayoría de la extracción y exportación de crudo. Con la crisis del oro negro de 2014, el país tuvo que meter mano al fondo soberano para poder atravesar las dificultades financieras al mismo tiempo que se esforzaba por dar un giro radical a su economía y hacerla más verde. Ya casi la mitad de la flota de turismos en el país se mueve con energía eléctrica, según los últimos datos oficiales.

Pero lo cierto es que el sector petrolero genera tanta riqueza en el país que es difícil abandonarlo. En 2016, el país escandinavo obtuvo 37.400 millones de euros tan solo por la exportación de gas y crudo; un 47% del total de bienes exportados, según el Gobierno. “El país se encuentra aún en un período mixto" antes de dar el salto total a la energía verde y, por tanto, seguirá habiendo necesidad de combustible fósil en las próximas décadas. “Y tiene que salir de algún sitio”, defendía así las exploraciones árticas Julia S. P. Loe, del instituto independiente Fridtjof Nansen de Noruega, en 2017.

El Gobierno de Noruega fue el primero de un país industrializado en ratificar los acuerdos del clima de París tan solo 20 días después de otorgar esta ronda de licencias (la vigesimotercera) para perforar el suelo marino en esta zona, por otro lado jamás explorada. Un hecho que las ONG denunciantes veían como un acto de hipocresía. En la misma dirección se posicionaba, de manera personal, hace unas semanas el presidente del Consejo Ártico, el finlandés Aleksis Härkönen, durante una entrevista con EL PAÍS: "El hecho de que un país [Noruega] que presume de políticas amigables con el ecosistema y que es progresista en su mentalidad medioambiental permita este tipo de actividades es contradictorio".

 


 

EN CIFRAS


Las 13 compañías con licencia para perforar en el mar de Barents son; Statoil y Aker BP (Noruega), Capricorn, Tullow y Centrica (Reino Unido), Chevron y ConocoPhillips (EE UU), DEA (Alemania), Idemitsu (Japón), Lukoil (Rusia), Lundin Petroleum (Suecia), OMV (Austria), PGNiG (Noruega / Polonia).

Recursos no descubiertos en la zona son del 49%, muy por encima de los que se estiman que hay en el mar del Norte (24%) y en el mar de Noruega (27%).

El gas y el petróleo significan el 47% de todas las exportaciones de Noruega, según datos oficiales, lo que se traduce en 37.400 millones de euros en 2016.

La exportación de crudo en 2016 (últimos datos oficiales) fue la más baja desde 1998, y lleva cayendo de manera constante desde 2011.

Noruega produce el 2% de todo la demanda global de crudo.

 

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