Gabriel Beltrán, Cometas, escultura, acero, 100 x 80 x 36 cms (Cortesía del autor)

Juego mi vida, cambio mi vida,
de todos modos
la llevo perdida...
Y la juego o la cambio por el más infantil
espejismo,
la dono en usufructo, o la regalo...
León de Greiff

 

La función proyectiva, como hecho consciente, basada en la creación de realidades imaginadas que simulan acontecimientos, es una característica que asume en los humanos un grado tal que algunos la señalan como el hecho distintivo frente a las demás especies. La construcción de una trampa por el cazador del paleolítico implica, por ejemplo, la predicción de todos los movimientos del animal que quiere cazar. En ese sentido, es posible afirmar que la planeación en su significado más radical, nos ha acompañado a lo largo de nuestro devenir como especie. Claro, que el éxito depende de que la representación sea adecuada y pertinente, y nos conduzca a la realización del propósito. Sin embargo, en los albores del capitalismo, ese hecho superlativo humano va a ser rebajado en su condición y condenado como indeseable, pues el juego de azar de las “fuerzas libres del mercado”, será elevado a la categoría de máxima expresión civilizatoria. Condena que reaparecerá con fuerza en los años ochenta del siglo pasado con el discurso ultraliberal, y que en la actualidad sigue vigente como ideología dominante.


Pues bien, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Iván Duque, en su artículo 35, propone retirar el manejo del presupuesto de inversión al Departamento Nacional de Planeación (DNP), cercenando de forma terminante la actividad central de esa Dependencia. Y dado que es precisamente el DNP el encargado de la formulación del Plan, qué duda cabe que asistimos a una inequívoca confesión de incompetencia. Ahora, lo destacable del asunto es que invita a preguntar si para las élites que han detentado el poder, la planeación en el manejo de los asuntos del Estado ha sido realmente importante y, también, sí el peso cultural de los procesos de proyección es significativo en el conjunto de la sociedad.


Capitalismo y planeación


Cuando las reflexiones sobre el capitalismo toman fuerza en el siglo XVIII, y los fisiócratas proclaman el laissez-faire, el campo de las interacciones económicas es “naturalizado” y objetivado, pues el mercado, en su deber ser, ha de corresponderse con la imagen del encuentro de fuerzas no programadas que en su competencia dan como resultado un sistema de ajuste automático que, pese a su “ceguera”, no sólo tiende a ser equilibrado sino que asigna los recursos de la sociedad de una forma óptima. Emerge así la centralidad de lo que bien puede llamarse un azar esencial –según la terminología usada por el biólogo Jacques Monod, en su obra clásica El azar y la necesidad–, es decir, el encuentro de dos cadenas causales totalmente independientes (la oferta y la demanda surgen de racionalidades e intereses distintos), que coinciden aleatoriamente en el “espacio mercado”, y dan siempre a luz la sociedad más armónica posible. Esa predica, tiene mucho de paradójica y contradictoria, en un mundo autorreferenciado como racional pero que, pese a eso, sigue siendo poco cuestionada hasta hoy.


Sin embargo, y en contravía del discurso, el desarrollo del industrialismo, que durante el siglo XIX logra ritmos que transforman radicalmente el paisaje económico del mundo y procura un crecimiento material sin precedentes ve, simultáneamente, casi morir el sentido de la competencia, tan caro al discurso liberal, como bien lo señala Eric Hobsbawn: “Poco importa el nombre que le demos («capitalismo corporativo», «capitalismo organizado», etc.) en tanto en cuanto se acepte –y debe ser aceptado– que la concentración avanzó a expensas de la competencia de mercado, las corporaciones a expensas de las empresas privadas, los grandes negocios y grandes empresas a expensas de las más pequeñas y que esa concentración implicó una tendencia hacia el oligopolio. […]. En cuanto a la banca, un número reducido de grandes bancos, sociedades anónimas con redes de agencias nacionales, sustituyeron rápidamente a los pequeños bancos: el Lloyds Bank absorbió 164 de ellos” (1), dando como resultado la conformación de fortunas personales que vieron en el despreciado Estado un instrumento adicional, fácilmente manipulable y utilizable para el fortalecimiento de su posición. Las familias Krupp en la industria europea o los Rothschild en la banca de ese mismo continente; así como John D. Rockefeller en la industria del petróleo, Cornelius Vanderbilt en los ferrocarriles, Andrew Carnegie en la producción de acero, y J.P. Morgan en la banca de los Estados Unidos, estuvieron en condición de someter los intereses de sus respectivos Estados a los de sus empresas, siendo por ello motejados como los barones ladrones. Como consecuencia, el riesgo que representaba el exceso de poder de ese pequeño grupo de capitalistas obligó en 1890, en los Estados Unidos y durante el gobierno de Benjamín Harrison, a la promulgación de la Ley Sherman Antitrust, aunque su implementación con un impacto significativo tuvo que esperar hasta 1906 cuando Theodore Roosevelt la aplica a la Standard Oil, la empresa de Rockefeller, dándo así inicio a lo que algunos denominan el capitalismo regulado.


A las tradicionales funciones de represión del Estado gendarme, son sumadas, entonces, las de administración que involucran el ejercicio sistemático de la planeación. En el campo de la empresa, en 1911, Frederick Winslow Taylor formuló la Organización Científica del Trabajo, en la que el proceso productivo, y de forma específica la actividad del trabajador, es objetivada hasta el punto que el obrero es reducido a un instrumento más que codifica los movimientos en el aprendizaje y los reproduce maquinalmente en la actividad laboral. El derecho a la planeación de su actividad, esa característica de la complejidad de la acción humana, le es arrebatada y es asumida enteramente por la dirección, dando lugar a la separación tajante entre planeación y ejecución en el proceso productivo. El estallido de las dos grandes conflagraciones mundiales, en la primera mitad del siglo XX, dio campo a intentos de regulación del comercio internacional luego de la segunda postguerra, y en general al reglaje de las diferentes aristas de las relaciones entre los países, dando lugar al nacimiento de las llamadas entidades multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, entre otras, y a las asambleas de países como la actual Organización de las Naciones Unidas, en un intento de dotar de una forma estatal al conjunto de países, y de esa manera poder controlar y planificar el proceso de acumulación global. El modelo fordista, surgido de las necesidades de un capital masificado y de gran escala, acepta la mediación del Estado en las relaciones capital-trabajo, así como la socialización de servicios básicos como salud y educación, y no reniega de la inversión pública en capital fijo colectivo bajo su forma de obras de infraestructura, dando origen a lo que será conocido como Estado del Bienestar.


Las crisis de los años setenta, marcaron el fin de ese relativo idilio entre Estado y mercado regulado, y es el discurso defendido por lo teóricos alemanes de la escuela de Friburgo, dirigidos por Walter Eucken, y los de la Sociedad Mont Pelerin, encabezados por Friedrich Hayek, los que van a oponerse al papel del Estado en la economía, pero no porque dudaran de su éxito económico, como hoy quiere hacerse creer, sino todo lo contrario, pues si bien reconocían que el Estado-centrismo de Bismarck y el de Hitler habían mostrado su capacidad para procurar crecimiento material, relacionaban esa exitosa acumulación con las confrontaciones y las derrotas de su nación en las dos grandes guerras del siglo XX. Muchos de ellos, incluso planteaban como ideal la construcción de sociedades pequeñas y frugales donde el mercado realmente pudiera funcionar.


El ordoliberalismo alemán, dado su fuerte contenido anti-estatal, fue transformado en lo que conocemos como neoliberalismo, en razón de las necesidades de desregulación de las relaciones capital-trabajo, así como de la apropiación privada de los emprendimientos de los Estados, en el intento de revertir el descenso de la tasa de ganancia. En el discurso dominante, la planeación es aceptada para la unidad empresarial, pero sigue siendo negada como deseable para el universo macroeconómico, que bajo el engañoso concepto de mercado mete en el mismo saco la producción y distribución de bombones –donde competencia y “perfecta información” pueden tener algún sentido–, con la extracción y circulación de petróleo, por ejemplo, donde las fuentes del recurso son disputadas a cañonazos.


En la actualidad, los resultados del regreso al capitalismo desregulado podemos palparlos en el surgimiento de conglomerados como el imperio GAFA (Google, Facebook, Amazon y Apple), que en sus respectivos campos son absolutos monopolios, y parecen marcar el inexorable fin de lo poco que queda aún de papel del Estado en la función administrativa de la acumulación. El fin del modelo fordista, y su forma gubernamental conocida en la literatura como Estado del Bienestar, ha dado lugar a una nueva etapa de capitalismo salvaje, donde los modernos barones ladrones amenazan con sobrepasar en poder, incluso a los Estados más grandes. La crisis de las entidades multilaterales, incluida la ONU, no hacen más que reflejar el paso adelante de la total desregulación en el escenario de las relaciones internacionales –siendo el retiro de los Estados Unidos de la Unesco y la parálisis total de la Organización Mundial del Comercio ejemplos de eso– y el regreso, de forma abierta, a una ley de la selva, en la que los formalismos, que durante cerca de ocho décadas velaron las tensiones entre las diferentes potencias, hoy pierden su razón de ser.


El termino planeación quedó encerrado, entonces, en su connotación burocrática con un sentido reduccionista, que desdibuja y margina ese aspecto proyectivo que incluso la biología hace extensivo a todo lo vivo. Dice Jacques Monod al respecto: “Diremos que éstos (los seres vivos) se distinguen de todas las demás estructuras de todos los sistemas presentes en el universo por esta propiedad que llamaremos teleonomía” (2), entendiéndose por esto último la existencia de un “proyecto” como condición necesaria de lo más complejo. Pero, no basta con reconocer en la planeación, entendida en su sentido más amplio, la característica de los seres “teleonómanos” (con proyecto), para recuperar su sentido, pues la naturaleza del proyecto, de la meta, califica de diferente forma el para qué de la planeación. Y es precisamente en el tipo de metas conscientes, como por ejemplo la conservación de las variables físicas del planeta, donde el sentido de la anticipación rigurosa debe recuperarse.


¿Planeación de qué, en Colombia?


Arturo Escobar, cuando habla de la planeación remarca que “Quizá ningún otro concepto ha sido tan insidioso, ninguna otra idea pasó tan indiscutida. Esta aceptación ciega de la planificación es tanto más notable dados los penetrantes efectos que ha tenido históricamente, no sólo en el Tercer Mundo sino también en Occidente, donde ha estado asociada con procesos fundamentales de dominación y control social” (3). Afirmación en la que la planificación responde al sentido restrictivo al que aludíamos arriba, y en el que el propósito fue siempre adaptar el Estado-Nación a las exigencias de las necesidades de la acumulación del centro capitalista. En ese sentido, repasar, así sea brevemente, la historia de la “planeación” en Colombia, mostrará de forma inequívoca la extrema dependencia del país de los centros de poder internacional, lo qué siendo válido en general para el mundo subordinado, en el caso de Colombia, por la obsecuencia exacerbada de los gobernantes, la subalternidad que resulta es gravemente insultante.


Como un eco del respice polum (“mirar hacia el norte”) –política inaugurada de forma explícita por Marco Fidel Suárez, presidente de la república entre 1918 y 1921–, Pedro Nel Ospina, en ejercicio de su presidencia invita en 1923 a un grupo de técnicos norteamericanos para que hagan un diagnóstico de la economía colombiana, que vivía una grave crisis económica en ese momento. La misión fue encabezada por Edwin Walker Kemmerer, quien acompañado de cuatro técnicos más de la misma nacionalidad, recomiendan, entre otras cosas, organizar la primera estructura burocrática a semejanza de los países del norte. Entre las instituciones creadas, producto de las recomendaciones de esa misión, están el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria, y la transformación de la antigua Corte de Cuentas en Contraloría Nacional de la República. Posteriormente, durante el estallido de la crisis mundial del 29, en el período de transición de la presidencia de Miguel Abadía Méndez –tristemente célebre por ser el artífice de la masacre de las bananeras– a la de Enrique Olaya Herrera, es invitado nuevamente Kemmerer a Colombia para asesorar al gobierno. Alfonso Patiño Rosselli nos deja una descripción lapidaria de lo que fue esa segunda Misión: “Es poco decir al respecto, sin duda. La segunda misión Kemmerer no sólo erró por omisión, sino por acción. Recomendó seguir una política –el sostenimiento de la convertibilidad del peso por oro, de libertad cambiaria y de la restricción crediticia– totalmente contraindicada y fatal. La buena fe con que insistió en ella en nada reduce el absurdo de fondo que significó” (4). Los paralelos con las recomendaciones, en tiempos más recientes de los técnicos del FMI, saltan a la vista, y nos prueban que muy poco cambia en cuanto a nuestras relaciones de dependencia, y en nuestra insistencia de buscar siempre directrices externas.


La segunda etapa significativa del tutelaje extranjero, tiene su punto de inicio en 1948 cuando comienzan los contactos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), en solicitud de apoyo financiero, el que fue condicionado a la visita de una Misión Económica, que fue aprobada en 1949 bajo la dirección de Lauchlin Currie, quien entrega su informe en 1951 y concluye que el país necesita de un sistema de planeación estatal. De esa recomendación surgen el Comité de Desarrollo Económico, el Consejo Nacional de Planificación y la Oficina Presidencial de Planificación, que son reformadas a través de la ley 19 de 1958, que crea el Consejo Nacional de Política económica y Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación y Servicio Técnicos, siendo este último reformado en 1963, y en 1964 mediante el decreto 1675 que le asigna las funciones actuales.


En 1968 tiene lugar una nueva reforma al sistema de planeación, que consagra que el Plan de Desarrollo de cada gobierno, al ser sometido al legislativo y convertido en ley es condicionante imperativo de las acciones del Ejecutivo. La obligación de los gobiernos de presentar un plan de desarrollo tuvo su antecedente en las exigencias del programa de asistencia norteamericano conocido como la Alianza para el Progreso, que supeditaba la asistencia y financiación de proyectos específicos a la aprobación de la Agency for International Development (AID), que no sólo estudiaba la viabilidad de la propuesta, sino que evaluaba su concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo del respectivo país. El programa norteamericano, lanzado en 1961 en Punta del Este –Uruguay– tuvo en Colombia el segundo receptor en “ayuda”, siendo superado el país tan sólo por Brasil.


No está de más señalar que la obsesión por la “planificación” estuvo motivada por el espíritu de la Guerra Fría, y qué frente al relativo éxito material de la Unión Soviética, con sus planes quinquenales, el desarrollismo fue exacerbado en el mundo, obligando a los países del centro capitalista a buscar legitimar su dominio, en los países de sus respectivas órbitas geopolíticas, procurando el crecimiento material de éstas sociedades.


Con el paso del tiempo parece que este peso de las “recomendaciones” de los Estados Unidos no desaparece. Ni sus efectos. Las expresiones de agradecimiento que Iván Duque hace ante Mike Pompeo, secretario de Estado de Norteamérica, por un imaginario apoyo de los “padres fundadores” de los Estados Unidos a la independencia de Colombia, van más allá de un lapsus debido a la ignorancia, son la manifestación de que el Respice Polum sigue enteramente vivo entre los gobernantes del país y que la necesidad de buscar afuera la explicación de lo que son, delata esa característica de espíritu sometido que le ha dado a Colombia ese tinte de heteronomía que impide cualquier manifestación de soberanía. La autonomía, que queda definida por el grado de diferenciación establecida con lo que es considerado exterior al ser –en este caso los demás países–, ha sido hasta ahora un imposible en Colombia.


Es claro que la reducción del Departamento de Planeación a su mínima expresión, no es más que un reconocimiento que en la actualidad, incluso más que en el pasado, las reformas de la institucionalidad vienen de fuera, por lo que no tiene sentido mantener una organización supuestamente dedicada a planear. Las reformas neoliberales de los noventa, que tuvieron el pomposo apelativo de la “modernización de la economía”, más conocidas como apertura económica, fueron plasmadas en el plan de desarrollo “La Revolución pacífica”, anunciado el día de la posesión de Cesar Gaviria al grito de “bienvenidos al futuro”. Gaviria tuvo su primera reunión, luego de posesionarse, con el vicepresidente de Estados Unidos Dan Quayle, que traía el mensaje de la obligatoriedad de asumir como política las directrices del Consenso de Washington. ¿Cuál planeación, entonces? Que las decisiones de la inversión queden concentradas en el Ministerio de Hacienda es un corolario de la estructura dependiente de las fuerzas externas, pues esta institución, como sancionador del gasto, simplemente intermedia entre los técnicos de las entidades multilaterales y el gobierno colombiano, y entre el Departamento de Estado de E.U y los que fungen como administradores de la nación.


La dirigencia colombiana es centrí-fuga, mantiene un pie adentro del país, el de las rentas que percibe acá, y el otro afuera, en espera de huir hacía sociedades que considera deben darle abrigo por haberles servido incondicionalmente. De allí que entregar territorio del país, como lo hicieron en el tratado Michelena-Pombo de 1833, en los litigios fronterizos con Venezuela; el Tratado Lleras-Lisboa de 1853, el Tratado Vásquez Cobo–Martins, y el Tratado García Ortiz – Mangabeira, en las disputas territoriales con Brasil, o no reclamar el retorno de concesiones como las de Cerro Matoso o el Cerrejón cuando la ley lo posibilitaba, no es de extrañar en quienes nunca han tenido una mirada de autoestima acerca de sí mismos. Entregar la soberanía por infantiles espejismos, ha sido la historia de las relaciones internacionales de Colombia. La revolución cultural debe comenzar, entonces, por la conquista de autonomía, que no es otra cosa que estar en condiciones de poder concebir una nación con proyecto: el de una sociedad igualitaria y amable.

 

1. Eric Hobsbawn, La era del imperio, 1875-1914, Ed. Crítica, p. 52, 2009 (1ª reimpresión), p. 52
2. Jacques Monod, El azar y la necesidad, Planeta-Agostini, 1993, p. 20
3. Arturo Escobar, El final del salvaje, naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea, Instituto Colombiano de Antropología y Cerec, 1999, p. 55
4. Alfonso Patiño Rosselli, La prosperidad a debe y la gran crisis 1925-1935, Banco de la República, p. 354

* Integrante del Consejo de redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia.

Publicado enColombia
Gabriel Beltrán, Cometas, escultura, acero, 100 x 80 x 36 cms (Cortesía del autor)

Juego mi vida, cambio mi vida,
de todos modos
la llevo perdida...
Y la juego o la cambio por el más infantil
espejismo,
la dono en usufructo, o la regalo...
León de Greiff

 

La función proyectiva, como hecho consciente, basada en la creación de realidades imaginadas que simulan acontecimientos, es una característica que asume en los humanos un grado tal que algunos la señalan como el hecho distintivo frente a las demás especies. La construcción de una trampa por el cazador del paleolítico implica, por ejemplo, la predicción de todos los movimientos del animal que quiere cazar. En ese sentido, es posible afirmar que la planeación en su significado más radical, nos ha acompañado a lo largo de nuestro devenir como especie. Claro, que el éxito depende de que la representación sea adecuada y pertinente, y nos conduzca a la realización del propósito. Sin embargo, en los albores del capitalismo, ese hecho superlativo humano va a ser rebajado en su condición y condenado como indeseable, pues el juego de azar de las “fuerzas libres del mercado”, será elevado a la categoría de máxima expresión civilizatoria. Condena que reaparecerá con fuerza en los años ochenta del siglo pasado con el discurso ultraliberal, y que en la actualidad sigue vigente como ideología dominante.


Pues bien, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Iván Duque, en su artículo 35, propone retirar el manejo del presupuesto de inversión al Departamento Nacional de Planeación (DNP), cercenando de forma terminante la actividad central de esa Dependencia. Y dado que es precisamente el DNP el encargado de la formulación del Plan, qué duda cabe que asistimos a una inequívoca confesión de incompetencia. Ahora, lo destacable del asunto es que invita a preguntar si para las élites que han detentado el poder, la planeación en el manejo de los asuntos del Estado ha sido realmente importante y, también, sí el peso cultural de los procesos de proyección es significativo en el conjunto de la sociedad.


Capitalismo y planeación


Cuando las reflexiones sobre el capitalismo toman fuerza en el siglo XVIII, y los fisiócratas proclaman el laissez-faire, el campo de las interacciones económicas es “naturalizado” y objetivado, pues el mercado, en su deber ser, ha de corresponderse con la imagen del encuentro de fuerzas no programadas que en su competencia dan como resultado un sistema de ajuste automático que, pese a su “ceguera”, no sólo tiende a ser equilibrado sino que asigna los recursos de la sociedad de una forma óptima. Emerge así la centralidad de lo que bien puede llamarse un azar esencial –según la terminología usada por el biólogo Jacques Monod, en su obra clásica El azar y la necesidad–, es decir, el encuentro de dos cadenas causales totalmente independientes (la oferta y la demanda surgen de racionalidades e intereses distintos), que coinciden aleatoriamente en el “espacio mercado”, y dan siempre a luz la sociedad más armónica posible. Esa predica, tiene mucho de paradójica y contradictoria, en un mundo autorreferenciado como racional pero que, pese a eso, sigue siendo poco cuestionada hasta hoy.


Sin embargo, y en contravía del discurso, el desarrollo del industrialismo, que durante el siglo XIX logra ritmos que transforman radicalmente el paisaje económico del mundo y procura un crecimiento material sin precedentes ve, simultáneamente, casi morir el sentido de la competencia, tan caro al discurso liberal, como bien lo señala Eric Hobsbawn: “Poco importa el nombre que le demos («capitalismo corporativo», «capitalismo organizado», etc.) en tanto en cuanto se acepte –y debe ser aceptado– que la concentración avanzó a expensas de la competencia de mercado, las corporaciones a expensas de las empresas privadas, los grandes negocios y grandes empresas a expensas de las más pequeñas y que esa concentración implicó una tendencia hacia el oligopolio. […]. En cuanto a la banca, un número reducido de grandes bancos, sociedades anónimas con redes de agencias nacionales, sustituyeron rápidamente a los pequeños bancos: el Lloyds Bank absorbió 164 de ellos” (1), dando como resultado la conformación de fortunas personales que vieron en el despreciado Estado un instrumento adicional, fácilmente manipulable y utilizable para el fortalecimiento de su posición. Las familias Krupp en la industria europea o los Rothschild en la banca de ese mismo continente; así como John D. Rockefeller en la industria del petróleo, Cornelius Vanderbilt en los ferrocarriles, Andrew Carnegie en la producción de acero, y J.P. Morgan en la banca de los Estados Unidos, estuvieron en condición de someter los intereses de sus respectivos Estados a los de sus empresas, siendo por ello motejados como los barones ladrones. Como consecuencia, el riesgo que representaba el exceso de poder de ese pequeño grupo de capitalistas obligó en 1890, en los Estados Unidos y durante el gobierno de Benjamín Harrison, a la promulgación de la Ley Sherman Antitrust, aunque su implementación con un impacto significativo tuvo que esperar hasta 1906 cuando Theodore Roosevelt la aplica a la Standard Oil, la empresa de Rockefeller, dándo así inicio a lo que algunos denominan el capitalismo regulado.


A las tradicionales funciones de represión del Estado gendarme, son sumadas, entonces, las de administración que involucran el ejercicio sistemático de la planeación. En el campo de la empresa, en 1911, Frederick Winslow Taylor formuló la Organización Científica del Trabajo, en la que el proceso productivo, y de forma específica la actividad del trabajador, es objetivada hasta el punto que el obrero es reducido a un instrumento más que codifica los movimientos en el aprendizaje y los reproduce maquinalmente en la actividad laboral. El derecho a la planeación de su actividad, esa característica de la complejidad de la acción humana, le es arrebatada y es asumida enteramente por la dirección, dando lugar a la separación tajante entre planeación y ejecución en el proceso productivo. El estallido de las dos grandes conflagraciones mundiales, en la primera mitad del siglo XX, dio campo a intentos de regulación del comercio internacional luego de la segunda postguerra, y en general al reglaje de las diferentes aristas de las relaciones entre los países, dando lugar al nacimiento de las llamadas entidades multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, entre otras, y a las asambleas de países como la actual Organización de las Naciones Unidas, en un intento de dotar de una forma estatal al conjunto de países, y de esa manera poder controlar y planificar el proceso de acumulación global. El modelo fordista, surgido de las necesidades de un capital masificado y de gran escala, acepta la mediación del Estado en las relaciones capital-trabajo, así como la socialización de servicios básicos como salud y educación, y no reniega de la inversión pública en capital fijo colectivo bajo su forma de obras de infraestructura, dando origen a lo que será conocido como Estado del Bienestar.


Las crisis de los años setenta, marcaron el fin de ese relativo idilio entre Estado y mercado regulado, y es el discurso defendido por lo teóricos alemanes de la escuela de Friburgo, dirigidos por Walter Eucken, y los de la Sociedad Mont Pelerin, encabezados por Friedrich Hayek, los que van a oponerse al papel del Estado en la economía, pero no porque dudaran de su éxito económico, como hoy quiere hacerse creer, sino todo lo contrario, pues si bien reconocían que el Estado-centrismo de Bismarck y el de Hitler habían mostrado su capacidad para procurar crecimiento material, relacionaban esa exitosa acumulación con las confrontaciones y las derrotas de su nación en las dos grandes guerras del siglo XX. Muchos de ellos, incluso planteaban como ideal la construcción de sociedades pequeñas y frugales donde el mercado realmente pudiera funcionar.


El ordoliberalismo alemán, dado su fuerte contenido anti-estatal, fue transformado en lo que conocemos como neoliberalismo, en razón de las necesidades de desregulación de las relaciones capital-trabajo, así como de la apropiación privada de los emprendimientos de los Estados, en el intento de revertir el descenso de la tasa de ganancia. En el discurso dominante, la planeación es aceptada para la unidad empresarial, pero sigue siendo negada como deseable para el universo macroeconómico, que bajo el engañoso concepto de mercado mete en el mismo saco la producción y distribución de bombones –donde competencia y “perfecta información” pueden tener algún sentido–, con la extracción y circulación de petróleo, por ejemplo, donde las fuentes del recurso son disputadas a cañonazos.


En la actualidad, los resultados del regreso al capitalismo desregulado podemos palparlos en el surgimiento de conglomerados como el imperio GAFA (Google, Facebook, Amazon y Apple), que en sus respectivos campos son absolutos monopolios, y parecen marcar el inexorable fin de lo poco que queda aún de papel del Estado en la función administrativa de la acumulación. El fin del modelo fordista, y su forma gubernamental conocida en la literatura como Estado del Bienestar, ha dado lugar a una nueva etapa de capitalismo salvaje, donde los modernos barones ladrones amenazan con sobrepasar en poder, incluso a los Estados más grandes. La crisis de las entidades multilaterales, incluida la ONU, no hacen más que reflejar el paso adelante de la total desregulación en el escenario de las relaciones internacionales –siendo el retiro de los Estados Unidos de la Unesco y la parálisis total de la Organización Mundial del Comercio ejemplos de eso– y el regreso, de forma abierta, a una ley de la selva, en la que los formalismos, que durante cerca de ocho décadas velaron las tensiones entre las diferentes potencias, hoy pierden su razón de ser.


El termino planeación quedó encerrado, entonces, en su connotación burocrática con un sentido reduccionista, que desdibuja y margina ese aspecto proyectivo que incluso la biología hace extensivo a todo lo vivo. Dice Jacques Monod al respecto: “Diremos que éstos (los seres vivos) se distinguen de todas las demás estructuras de todos los sistemas presentes en el universo por esta propiedad que llamaremos teleonomía” (2), entendiéndose por esto último la existencia de un “proyecto” como condición necesaria de lo más complejo. Pero, no basta con reconocer en la planeación, entendida en su sentido más amplio, la característica de los seres “teleonómanos” (con proyecto), para recuperar su sentido, pues la naturaleza del proyecto, de la meta, califica de diferente forma el para qué de la planeación. Y es precisamente en el tipo de metas conscientes, como por ejemplo la conservación de las variables físicas del planeta, donde el sentido de la anticipación rigurosa debe recuperarse.


¿Planeación de qué, en Colombia?


Arturo Escobar, cuando habla de la planeación remarca que “Quizá ningún otro concepto ha sido tan insidioso, ninguna otra idea pasó tan indiscutida. Esta aceptación ciega de la planificación es tanto más notable dados los penetrantes efectos que ha tenido históricamente, no sólo en el Tercer Mundo sino también en Occidente, donde ha estado asociada con procesos fundamentales de dominación y control social” (3). Afirmación en la que la planificación responde al sentido restrictivo al que aludíamos arriba, y en el que el propósito fue siempre adaptar el Estado-Nación a las exigencias de las necesidades de la acumulación del centro capitalista. En ese sentido, repasar, así sea brevemente, la historia de la “planeación” en Colombia, mostrará de forma inequívoca la extrema dependencia del país de los centros de poder internacional, lo qué siendo válido en general para el mundo subordinado, en el caso de Colombia, por la obsecuencia exacerbada de los gobernantes, la subalternidad que resulta es gravemente insultante.


Como un eco del respice polum (“mirar hacia el norte”) –política inaugurada de forma explícita por Marco Fidel Suárez, presidente de la república entre 1918 y 1921–, Pedro Nel Ospina, en ejercicio de su presidencia invita en 1923 a un grupo de técnicos norteamericanos para que hagan un diagnóstico de la economía colombiana, que vivía una grave crisis económica en ese momento. La misión fue encabezada por Edwin Walker Kemmerer, quien acompañado de cuatro técnicos más de la misma nacionalidad, recomiendan, entre otras cosas, organizar la primera estructura burocrática a semejanza de los países del norte. Entre las instituciones creadas, producto de las recomendaciones de esa misión, están el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria, y la transformación de la antigua Corte de Cuentas en Contraloría Nacional de la República. Posteriormente, durante el estallido de la crisis mundial del 29, en el período de transición de la presidencia de Miguel Abadía Méndez –tristemente célebre por ser el artífice de la masacre de las bananeras– a la de Enrique Olaya Herrera, es invitado nuevamente Kemmerer a Colombia para asesorar al gobierno. Alfonso Patiño Rosselli nos deja una descripción lapidaria de lo que fue esa segunda Misión: “Es poco decir al respecto, sin duda. La segunda misión Kemmerer no sólo erró por omisión, sino por acción. Recomendó seguir una política –el sostenimiento de la convertibilidad del peso por oro, de libertad cambiaria y de la restricción crediticia– totalmente contraindicada y fatal. La buena fe con que insistió en ella en nada reduce el absurdo de fondo que significó” (4). Los paralelos con las recomendaciones, en tiempos más recientes de los técnicos del FMI, saltan a la vista, y nos prueban que muy poco cambia en cuanto a nuestras relaciones de dependencia, y en nuestra insistencia de buscar siempre directrices externas.


La segunda etapa significativa del tutelaje extranjero, tiene su punto de inicio en 1948 cuando comienzan los contactos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), en solicitud de apoyo financiero, el que fue condicionado a la visita de una Misión Económica, que fue aprobada en 1949 bajo la dirección de Lauchlin Currie, quien entrega su informe en 1951 y concluye que el país necesita de un sistema de planeación estatal. De esa recomendación surgen el Comité de Desarrollo Económico, el Consejo Nacional de Planificación y la Oficina Presidencial de Planificación, que son reformadas a través de la ley 19 de 1958, que crea el Consejo Nacional de Política económica y Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación y Servicio Técnicos, siendo este último reformado en 1963, y en 1964 mediante el decreto 1675 que le asigna las funciones actuales.


En 1968 tiene lugar una nueva reforma al sistema de planeación, que consagra que el Plan de Desarrollo de cada gobierno, al ser sometido al legislativo y convertido en ley es condicionante imperativo de las acciones del Ejecutivo. La obligación de los gobiernos de presentar un plan de desarrollo tuvo su antecedente en las exigencias del programa de asistencia norteamericano conocido como la Alianza para el Progreso, que supeditaba la asistencia y financiación de proyectos específicos a la aprobación de la Agency for International Development (AID), que no sólo estudiaba la viabilidad de la propuesta, sino que evaluaba su concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo del respectivo país. El programa norteamericano, lanzado en 1961 en Punta del Este –Uruguay– tuvo en Colombia el segundo receptor en “ayuda”, siendo superado el país tan sólo por Brasil.


No está de más señalar que la obsesión por la “planificación” estuvo motivada por el espíritu de la Guerra Fría, y qué frente al relativo éxito material de la Unión Soviética, con sus planes quinquenales, el desarrollismo fue exacerbado en el mundo, obligando a los países del centro capitalista a buscar legitimar su dominio, en los países de sus respectivas órbitas geopolíticas, procurando el crecimiento material de éstas sociedades.


Con el paso del tiempo parece que este peso de las “recomendaciones” de los Estados Unidos no desaparece. Ni sus efectos. Las expresiones de agradecimiento que Iván Duque hace ante Mike Pompeo, secretario de Estado de Norteamérica, por un imaginario apoyo de los “padres fundadores” de los Estados Unidos a la independencia de Colombia, van más allá de un lapsus debido a la ignorancia, son la manifestación de que el Respice Polum sigue enteramente vivo entre los gobernantes del país y que la necesidad de buscar afuera la explicación de lo que son, delata esa característica de espíritu sometido que le ha dado a Colombia ese tinte de heteronomía que impide cualquier manifestación de soberanía. La autonomía, que queda definida por el grado de diferenciación establecida con lo que es considerado exterior al ser –en este caso los demás países–, ha sido hasta ahora un imposible en Colombia.


Es claro que la reducción del Departamento de Planeación a su mínima expresión, no es más que un reconocimiento que en la actualidad, incluso más que en el pasado, las reformas de la institucionalidad vienen de fuera, por lo que no tiene sentido mantener una organización supuestamente dedicada a planear. Las reformas neoliberales de los noventa, que tuvieron el pomposo apelativo de la “modernización de la economía”, más conocidas como apertura económica, fueron plasmadas en el plan de desarrollo “La Revolución pacífica”, anunciado el día de la posesión de Cesar Gaviria al grito de “bienvenidos al futuro”. Gaviria tuvo su primera reunión, luego de posesionarse, con el vicepresidente de Estados Unidos Dan Quayle, que traía el mensaje de la obligatoriedad de asumir como política las directrices del Consenso de Washington. ¿Cuál planeación, entonces? Que las decisiones de la inversión queden concentradas en el Ministerio de Hacienda es un corolario de la estructura dependiente de las fuerzas externas, pues esta institución, como sancionador del gasto, simplemente intermedia entre los técnicos de las entidades multilaterales y el gobierno colombiano, y entre el Departamento de Estado de E.U y los que fungen como administradores de la nación.


La dirigencia colombiana es centrí-fuga, mantiene un pie adentro del país, el de las rentas que percibe acá, y el otro afuera, en espera de huir hacía sociedades que considera deben darle abrigo por haberles servido incondicionalmente. De allí que entregar territorio del país, como lo hicieron en el tratado Michelena-Pombo de 1833, en los litigios fronterizos con Venezuela; el Tratado Lleras-Lisboa de 1853, el Tratado Vásquez Cobo–Martins, y el Tratado García Ortiz – Mangabeira, en las disputas territoriales con Brasil, o no reclamar el retorno de concesiones como las de Cerro Matoso o el Cerrejón cuando la ley lo posibilitaba, no es de extrañar en quienes nunca han tenido una mirada de autoestima acerca de sí mismos. Entregar la soberanía por infantiles espejismos, ha sido la historia de las relaciones internacionales de Colombia. La revolución cultural debe comenzar, entonces, por la conquista de autonomía, que no es otra cosa que estar en condiciones de poder concebir una nación con proyecto: el de una sociedad igualitaria y amable.

 

1. Eric Hobsbawn, La era del imperio, 1875-1914, Ed. Crítica, p. 52, 2009 (1ª reimpresión), p. 52
2. Jacques Monod, El azar y la necesidad, Planeta-Agostini, 1993, p. 20
3. Arturo Escobar, El final del salvaje, naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea, Instituto Colombiano de Antropología y Cerec, 1999, p. 55
4. Alfonso Patiño Rosselli, La prosperidad a debe y la gran crisis 1925-1935, Banco de la República, p. 354

* Integrante del Consejo de redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 

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Bogotá, la ciudad del caos y la ciudad del orden

En el transcurso de los últimos diez años, Bogotá ha sido objeto de diagnósticos exhaustivos, análisis profundos y propuestas disimiles cargadas de ideología, enfocadas a adoptar la mejor fórmula para su ordenamiento territorial. Está claro, que aún se está lejos de generar un consenso que permita definir el mejor camino para la adopción de un documento sensato, a partir del entendido maniqueo que el aparente desorden se soluciona con el aparente orden.


En los últimos diez años de elaboración de un diagnóstico urbano y entre varios modelos de ciudad formulados por las tres últimas administraciones distritales del Plan de Ordenamiento Territorial, los expertos urbanistas que casi son los mismos, recurren de manera reiterada a comparar las ciudades europeas y norteamericanas con Bogotá. Aquellos modelos foráneos, aparentemente ordenados, bonitos, limpios, seguros, donde la movilidad, el espacio público, los servicios públicos y equipamientos y demás elementos de la ciudad funcionan; no son comparables con la ciudad de Bogotá; una ciudad aparentemente caótica, fea, sucia, insegura, donde la movilidad, el espacio público, servicios públicos y donde los equipamientos no prestan un servicio adecuado a los usuarios.


Es importante llamar la atención como estas administraciones distritales han posicionado la discusión del ordenamiento territorial en el campo de la ideología política y económica, sustrayendo esta discusión de uno de los principios fundamentales que rigen el aparente orden o caos en el universo, que es la Entropía.


Uno de los principios fundamentales de las reglas que rigen el universo, es la Entropía, entendida como la presencia de desorden o caos en un sistema aparentemente ordenado, es decir, el caos y el orden coexisten, no es posible la presencia de uno sin que esté el otro, además de identificarlo y medirlo.


Por lo tanto, al estudiar las dinámicas de apropiación del territorio por parte de los bogotanos, es importante partir de la superación del paradigma que identifica una brecha entre un modelo urbano desordenado, como es aparentemente el bogotano, a otro, que se piensa está ordenado, generalmente foráneo, que, si bien funciona en su origen, se ha demostrado que eso no es garantía para que funcione en nuestra realidad.
La dificultad radica en gran parte a la imposibilidad de observar el nivel de caos presente en el aparente orden normativo existente. Prueba de ello son más de diecisiete años del modelo POT adoptado en el año 2000, para darnos cuenta ante nuestros ojos, que el modelo propuesto fracasó, ante la dinámica de un modelo aparente que la gente del común en su dinámica diaria construyó.


Esto nos lleva a entender desde la Entropía, que en un sistema existen algunos grados de compatibilidad entre sus partes, haciéndolo estable y adicionalmente definiendo su existencia. Pero también, existen grados de incompatibilidad en el sistema, que en el caso de Bogotá están presentes entre: lo informal-formal; lo rural-urbano; los segregados-integrados, lo legal–legitimo, entre otras tensiones que nos invitan a no ser indiferentes, para identificar y estudiar cómo estas tensiones se manifiestan en la ciudad.


Pero es preciso aclarar, que este artículo escrito en plena era de la conexión global de la información, donde todo lo que pasa aquí, repercute allá, no pretende “satanizar” lo foráneo. Todo lo contrario, lo de afuera no es más que una invitación a darnos cuenta que nosotros también podemos hacerlo bien, a partir de reconocer lo que somos, sin esperar parecernos a lo que no somos y que nunca seremos.


La ciudad no es únicamente una máquina funcional, tampoco es solamente una fábrica de producción de riqueza económica, y menos un campo de batalla en donde se impone el más fuerte; puede tener algo de todo lo anterior. Pero es importante entender que la ciudad es un fenómeno histórico que se ha moldeado en el tiempo y, de acuerdo a Henri Lefebvre, que la ciudad no solo es fuente de acumulación y concentración de riqueza, sino de goce y disfrute . La ciudad, a partir de lo anterior, también es el reconocimiento de la diversidad como escenario de diálogo con las minorías, tal como lo afirmaba la señora Jane Jacobs, cuando mencionaba que la ciudad es un lugar de encuentro, que invita a participar con el otro y los otros en el espacio conformado para lo público, como escenario por excelencia de interacción humana , en plena sintonía con Jan Gelh . Todos ellos inspiraciones del orden de allá, que nos motivan a construir el aparente caos de acá.


Luego, el caos y el orden, desde la misma creación del universo se encuentra en constante intercambio y transición. Por ejemplo, si en una ciudad las normas urbanísticas que define el uso del suelo, no son utilizadas por los usuarios, se identifica una clara manifestación de ruptura en la comunicación entre el Estado y sus ciudadanos. Allí es importante identificar el proceso de transición entre el caos y orden, teniendo claros los escenarios sensibles de intercambio de saberes, que son los reductos que posibilitan la Sinergia.


La Sinergia, dentro de la teoría del caos y el orden, puede entenderse: “[…] a partir de la presencia de elementos aislados de un sistema, estos se reconducen a una conducta autónoma y lógica, en donde a partir de sus propias limitaciones y desequilibrios utilizan estos para generar nuevas formas de orden” . Esta situación implica, fundamentalmente, identificar los vacíos, espacios, territorios y arquitecturas en las tensas relaciones que dificultan la adaptación a normas rígidas en donde la gente no ve reflejados sus deseos. En el diagnóstico actual al Plan de Ordenamiento Territorial. POT, se ha omitido identificar los niveles de caos y de orden presentes en la ciudad.


Pero para establecer esta comunicación sensible entre el Estado y los ciudadanos, es preciso estar alerta a la identificación en los cambios bruscos o sutiles en la ciudad, para así poder asimilarlos; es decir, en este tipo de sinergias podemos reconocer –en lo informal– elementos del ordenamiento territorial que pueden ser incluidos en las normas urbanísticas. Luego, es preciso generar las herramientas jurídicas capaces de hacer estas inserciones sin que medie un pesado proceso burocrático.


Aquí de lo que estamos hablando, es poder “regular” las conductas humanas que se manifiestan en el territorio, especialmente las relaciones humanas con la ciudad construida y no construida, que permitan la coexistencia entre el Estado regulador y la ciudadanía activa, dinámica y cambiante en sus formas de vida. En este proceso de cambio constante y dinámico, es necesario hacer más expeditos los procesos de renovación o revitalización urbana que garanticen cerrar los abismos insondables que dificultan la producción y generación de vida urbana.


Deberíamos pensar, así fuera por un minuto, que las respuestas a nuestros grandes retos están allá afuera, en la ciudad que vivimos todos los días. Pensar que la solución nace de los consensos entre todos los interesados, es decir, cada uno de los habitantes de esta porción de tierra, Bogotá, D.C. Tenemos la gran oportunidad de enmendar los errores del pasado, en donde generalmente al solo permitir la discusión del ordenamiento territorial desde la ideología política y económica se adoptan modelos mezquinos que solo benefician a muy pocos, sin permitir que la ciudad sea la manifestación de los intereses de todos.
Luego aquí, la Entropía, como discurso nos lleva a sugerir la necesidad de completar el estudio de la ciudad de Bogotá a partir de la identificación y descripción de las leyes del caos urbano que están presentes en la ciudad (identificar el orden presente en los barrios de origen informal, o en las ventas informales en el espacio público) y las leyes del orden que se encuentran en todo el orden normativo del ordenamiento territorial para Bogotá y su región (Identificar el caos presente en todo el cúmulo normativo en el ordenamiento territorial). Situación que implica el reconocimiento de prácticas y soluciones no convencionales que son parte del ejercicio de reconocernos en lo que somos, en como actuamos y, principalmente, entender que podemos solucionar situaciones apremiantes propias de la realidad.


En conclusión: Estamos lejos de los modelos foráneos, recetas que han fracasado en nuestra sociedad; segundo, admitir, que la ciudad no se construye desde el deseo de los urbanistas y planificadores, pero sí desde el deseo de los ciudadanos, reto que es preciso asumir por parte del Plan de Ordenamiento Territorial; tercero, reconocer lo que somos y de lo que somos capaces de hacer; cuarto, ser capaces de observar el nivel de caos que existe en el aparente orden normativo existente; quinto: identificar las prácticas informales presentes en poblaciones segregadas espacialmente, social y económicamente, elementos del ordenamiento territorial que pueden ser incluidas en las normas urbanísticas; sexto, es preciso asumir el reto de explicar la velocidad de los flujos, los intercambios de información, condiciones de aglomeración formal e informal de la gente que se manifiestan en el territorio a partir de velocidades, permanencias y adaptaciones, del bogotano en su territorio; séptimo, la necesidad de ejercer un urbanismo responsable, democrático, que construya una ciudad para las mayorías a partir de un ordenamiento jurídico general y no particular; octavo, adelantar evaluaciones sensibles a los cambios bruscos o sutiles en las actividades humanas presentes en la ciudad; noveno, hacer más expedito los procesos de renovación o revitalización urbana que involucren los cambios dinámicos en la producción y generación de vida urbana; décimo, ante la aparición de nuevos retos en la ciudad, producto de los cambios veloces en el universo, la incertidumbre se presenta no como un obstáculo, sino como una oportunidad que permite adaptarnos de manera rápida a procesos de trasformación propios de la vida urbana.


Referencias


• Escohotado, Antonio. Caos y Orden. Ensayo. Editorial Espasa Calpe. Madrid, España. 2000. Página 79.
• Briggs, John. Peat, F. David. Las Siete leyes del Caos. Las ventajas de una vida caótica. Revelaciones. Grijalbo Mondadori, S.A. Barcelona, España. 1999.
• Lefebvre, Henri. De lo Rural a lo Urbano. Ediciones Península. Historia/Ciencia/Sociedad 79. Serie Universitaria. Barcelona. 1979.
• Jacobs, Jane. Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Editorial Capitán Swing. Colección entre líneas. Madrid. Tercera edición 2013.
• Gehl, Jan. La Humanización del Espacio Urbano. La vida social entre los edificios. Editorial Reverté. Barcelona. Reimpresión 2013.

*Jesús Antonio Villalobos Rubiano. Arquitecto, con más de veinte años de experiencia en entidades públicas y privadas; Especialización en gestión y planificación del desarrollo urbano regional, y Magíster en Sociología urbana.

Publicado enColombia
Miércoles, 04 Octubre 2017 06:51

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

Se agota el tiempo para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá y es importante comprender cómo entiende la actual administración la planeación urbana y dentro de ella el tema ambiental, con particularidades e intereses ecológicos y de sostenibilidad urbanas, manifiestas en los elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP), como por ejemplo la Reserva Thomas van der Hammen ¿Quiénes ganan con urbanizarla y quienes pierden? ¿Quiénes ganan con implementar el Plan de Manejo Ambiental y quiénes pierden? Aquí un acercamiento a esta realidad, a la luz de la información oficial.

 

Bogotá tiene particularidades ambientales que la diferencian de cualquier otra ciudad del país. Para valorarlas en su real dimensión requerimos entender, dentro de estas particularidades, algunos supuestos sugeridos por la Administración que hoy rige los destinos de la ciudad, tales como: 1) La planeación es un ejercicio técnico y no político. 2) El crecimiento de la ciudad es algo inevitable (casi que un destino manifiesto), y 3) La Estructura Ecológica Principal (EEP) es equiparable a una categoría de espacio público cualquiera. Para tal fin, tomaremos como referencia principal el documento resumen del diagnóstico para el nuevo POT. Solo nos concentramos en lo que dice dicho diagnóstico, haciendo referencia al discurso de quienes lo escriben, ya que no es nuestra intención hacer un juicio a priori y generalizante hacia todos/as los/as funcionarios/as de la Administración distrital.

 

Planeación urbana: un ejercicio político

 

En el documento del diagnóstico, en concordancia con declaraciones hechas por la actual Administración distrital, se sugiere que la práctica de la planeación urbana es un ejercicio técnico, no político. Atribuir ese carácter le brinda objetividad y certeza. Lo técnico no se discute, se da por sentado, se gerencia y ejecuta, por lo que no se concerta, sino que se socializa. Lo político para este caso, es entendido como una asociación oportunista de personas con intereses similares que buscan poder. En ese sentido lo técnico y lo político se presentan como dos polos entre lo que sería “bueno y deseable” y lo que sería “corrupto y evitable”.

 

De esta forma se niega la esencia de lo político: la discusión e incluso el disenso. Estas premisas van más allá de lo meramente semántico, porque suelen enmascarar estrategias políticas con el fin de deslegitimar la participación amplia y democrática de personas y colectivos sociales en la planeación territorial. Como técnicos ellos saben qué es mejor para “todos”. Quienes no compartan la idea de lo que es mejor según ellos, entonces son descalificados bien sea como opositores del desarrollo, conservacionistas, o en el peor de los casos beligerantes.

 

Cuando se parte de un juicio de valor como el de “beligerancia ambiental”, empleado en un documento público como es el Documento Diagnóstico (p. 62), implica hacerlo desde un prejuicio, o de una determinada convicción antagonista frente algo o alguien, se trata de un argumento falaz (ad hominen). Emplear indiscriminadamente este lenguaje, evidencia de manera alarmante un estilo de gobierno de la ciudad más bien autoritario, que se escuda en narrativas ambiguas para legitimar intereses distantes de velar por los comunes urbanos y lo público.

 

Dar por sentado que existe un consenso en torno a la participación en un proceso político como el POT es algo muy peligroso, desde un Estado que se autoproclama democrático. Esto invisibiliza al sujeto que disiente, y peor aún, lo estigmatiza. Es un ataque infundado desde un desconocimiento deliberado de las fuerzas sociales en Bogotá, en este caso del ambientalismo capitalino, que pese a sus altibajos, ha mantenido vigente el debate del lugar de lo ambiental en la ciudad, y en el mejor de los casos, ha logrado políticas concretas, por ejemplo que algunas áreas protegidas urbanas sean una realidad y no una simple arenga.

 

El POT es una de las pocas cartas de navegación territorial para debatir y construir los comunes urbanos. Establece mecanismos e instancias de participación que deben ser exigidos para su total cumplimiento y legitimidad. No obstante, presenta limitaciones técnicas y normativas, quizá la más crítica es que dichos mecanismos de participación terminan siendo ambiguos y proclives a la manipulación clientelista por parte de cualquier partido político en nombre de la participación democrática a nivel local. Luego, ¿cómo y para qué participar?

 

Reconocer las limitaciones de los instrumentos de participación, no significa adherir a la “despolitización” de los temas de la ciudad o de la planeación. Estas limitaciones no pueden ser usadas como excusa para dejar de discutir ideas contrarias a una dominante que además de negarlas, termina por estigmatizarlas. La estrategia de “despolitización” no cuestiona lo que ya existe. Se supone que lo “técnico” piensa en cómo resolver problemas puntuales, como por ejemplo, el déficit de vivienda o la movilidad, pero nunca se dice el porqué, para qué, ni menos el para quién se debe planear tales soluciones. Es por eso que las concertaciones se evitan y se limitan a socializaciones, como en el caso puntual del POZ Norte, Lagos de Torca.

 

Algo similar sucede con la concepción de lo público, que no es sólo el lugar en donde se determinan de manera colectiva los principios que rigen la vida en común. Más bien, representa la arena de debate en donde caben múltiples miradas que contraponen la supremacía de poderes particulares sobre dichos principios y vida común. En un instrumento como el POT caben todas las dimensiones de la vida urbana (y regional), como la dotación de servicios urbanos, el cómo se consolidan las funciones económicas, sociales y culturales, y no menos importante, de su estructura ecológica y biofísica, de su uso y apropiación como parte del espacio público. La ciudad no solo es espacio contenedor de la vida urbana, es ésta misma y las prácticas de sus habitantes las que producen ciudad y paisaje urbano. El planear el crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta la administración del espacio público y su relación por ende con la naturaleza urbana, es un asunto importante. En las siguientes líneas nos concentramos en elaborar mejor este vínculo.

 

Crecimiento de la ciudad: ¿un destino manifiesto?

 

El diagnóstico general para la revisión ordinaria del POT de Bogotá parte de la premisa según la cual la ciudad ha crecido en forma consistente, continuará creciendo hasta estabilizarse en 2050, por razones que no se explican en el documento:

 

“Cada año contamos con alrededor de 100.000 nuevos habitantes (1,14 millones entre 2005 y 2016), razón por la cual también hemos crecido económicamente (más de un 3,5% anual) sin dejar de generar la tercera parte de los recursos con que cuenta el país para su desarrollo” (Documento Diagnóstico, p. 8).

 

Si bien es notable el crecimiento demográfico y económico de la ciudad, es poco acertado afirmar que estos dos fenómenos tienen una relación causal o que son directamente interdependientes. No todo crecimiento demográfico implica crecimiento económico, ni todo crecimiento económico implica un aumento de la población. Abordar solo este punto merecería todo un artículo al respecto. Lo interesante aquí es que esa imprecisión sustenta la pregunta central del ejercicio de diagnóstico, y seguramente, del POT:

 

“¿Cómo sostener este crecimiento y a la vez mejorar la distribución interna de nuestra riqueza, disminuyendo los grandes desequilibrios sociales y económicos que caracterizan a nuestro territorio?” (Documento diagnóstico, p. 9).

 

Es decir, cómo continuar con las tendencias del crecimiento existentes, disminuyendo los costos de esa elección. Esta formulación implica una concepción del crecimiento como un destino manifiesto de la ciudad.

 

Otra convicción que sustenta el documento diagnóstico es que la urbanización es un proceso inevitable que, también inevitablemente destruye la naturaleza a su paso. Si no expandimos la ciudad, ella lo hará por sí misma. De esta manera, si el crecimiento y la urbanización son destinos finales e ineludibles, la única alternativa propuesta es no perder tiempo cuestionando por qué o para qué crecer, sino usar todas las posibilidades de la técnica y la tecnología para crecer de forma “racional”. Entendiendo la racionalidad como única e incuestionable, acá emergería lo que algunos llaman la interfaz ciencia-política-sociedad, relacionada a la premisa de la planeación como algo técnico y no político. Si bien este asunto merece también otro análisis en profundidad, lo que podemos decir es que la racionalidad a la que se apela tanto desde lo técnico o lo científico, precisamente termina por evitar preguntarse por qué o para qué crecer.

 

Por tanto, la directriz es “crecer sí, pero no así”. Crecer con orden para mejorar la calidad de vida de los bogotanos y hacerlos felices (término del Plan de Desarrollo 2016). La alternativa propuesta por la administración es construir ciudad con “naturaleza planeada”, corredores verdes y espacios públicos de acuerdo a los parámetros del diseño urbano. Ese es el modelo de pensamiento que fundamenta la lectura de la Administración sobre la ciudad y que sustenta los proyectos urbanos que se propone. Este es el caso concreto del Plan Zonal del Norte Lagos de Torca, y de la mencionada, pero hasta ahora no presentada formalmente, propuesta Ciudad Norte, sobre los terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen.

 

Contrario al planteamiento del texto diagnóstico del POT, creemos que las pregunta sobre por qué y para qué crecer, son tan pertinentes como las preguntas por el cómo, y sobre todo, ¿para quién crecer? ¿Quiénes han sido y seguirán siendo los más beneficiados con los proyecto de expansión de la ciudad? El debate no puede perder de vista que estos proyectos constituyen un terreno fértil para la especulación inmobiliaria. Al respecto, nos dicen que ninguna administración hasta ahora, ha podido evitar los incrementos especulativos sobre los precios del suelo, ni siquiera las de corte “populista” (Documento Diagnóstico, p. 32). Asumen entonces que esta especulación es inevitable, otro destino manifiesto basado en la escasez del suelo urbano en la ciudad. Lo que no nos cuentan es que la escasez como concepto socialmente creado, es una realidad debatible. El punto es precisamente ¿cómo, quién y para qué se mide la escasez?

 

En la defensa unilateral de la expansión de la ciudad sobre el norte, la Administración no asume un verdadero ejercicio de planeación, de gestión y lo más difícil: de regulación, pues es más fácil fomentar las tendencias ya iniciadas y dejar que el mercado dicte los caminos. Así mismo entiende el tratamiento de la gestión de riesgos asociados al cambio climático. Si bien identifica áreas de riesgos diferenciados, sustentadas por estudios del Ideam, la postura frente a este tipo de fenómenos es la de “mitigar” con tecnología o “soluciones duras” eventos puntuales como inundaciones y deslizamientos, más asociados a la variabilidad climática que al cambio climático. Nada de adaptación o soluciones que algunos expertos llaman “basadas en naturaleza”. Se trata de un tipo de planeación que como medicina atiende los síntomas de la enfermedad, pero no previene sus causas, a pesar de conocerlas.

 

Estructura ecológica como espacio público

 

Según lo expresado en el documento diagnóstico del POT, la Estructura Ecológica Principal (EEP) es resultado de un enfoque proteccionista de la planeación en Bogotá y en Colombia, que trata a los elementos ambientales como objetos de protección pasiva que solo benefician “a los habitantes de sus entornos inmediatos y a un limitado número de especialistas y observadores de especies” (Documento Diagnóstico, p. 62). Aunque reconocen que el enfoque proteccionista “ha permitido conservar una parte de las dinámicas ecológicas originales del territorio” (Documento Diagnóstico, p. 59), consideran que no se ha acompañado de la ejecución de proyectos efectivos para la “restauración” y “renaturalización” y que estos espacios, por no hacer parte de la red de espacios públicos están subutilizados.

 

Estos planteamientos resultan problemáticos por diversas razones. En primer lugar porque otorgar a los elementos de la EEP el mismo carácter que a otros espacios públicos, como por ejemplo parques metropolitanos o zonales, es desconocer las complejidades ecológicas del territorio. Algunos de estos elementos, como por ejemplo los humedales, no pueden ser convertidos en áreas de recreación activa o soportar infraestructuras como canchas de fútbol sintéticas y ciclo rutas.

 

En segundo lugar, el concepto de EEP, no está referido a conservar las dinámicas ecológicas originales del territorio, pues como bien lo reconocen en el texto, estas son dinámicas y corresponden más bien a una unidad socio-natural, ya que no hay un estado original per se. Se trata más bien, de comprender cuáles son las relaciones entre los elementos ecológicos que han permitido la existencia de la ciudad y que favorecen su sostenibilidad, para orientar la planeación de modo que se conserven tanto la ciudad, como los elementos de la estructura ecológica, pues están íntimamente relacionadas entre sí.

 

En tercer lugar, el diseño urbano no asegura la apropiación de los espacios públicos. Las personas no sienten un espacio como propio solo por encontrarlo agradable estéticamente o porque una valla oficial les diga: ¡este espacio es tuyo! La apropiación se construye desde las comunidades y con las comunidades, en el conocimiento y la comprensión de las relaciones con el entorno. Ejemplos claros de apropiación son el humedal de La Conejera y la quebrada La Salitrosa, elementos fundamentales de la EEP que se conectan con los Cerros Orientales y el río Bogotá, a través de la Reserva van der Hammen. Las comunidades además de contar con recreación pasiva, realizan actividades de educación ambiental y mantenimiento comunitario de los elementos naturales.

 

Comentario final

 

Las discusiones alrededor de la planeación urbana y de sus implicaciones ambientales, no se reducen a quién tiene la razón absoluta, sino de identificar quién decide, quién gana y quién pierde con cada decisión. En un marco de urbanización capitalista, que no solo reproduce desigualdades sociales, sino serias afectaciones a la ecología urbana y a la sostenibilidad regional, muchos de los argumentos que esgrime la actual Administración se justifican en una supuesta inevitabilidad del crecimiento de la ciudad, que resulta bastante útil para la especulación rentista de los intereses inmobiliarios. Mover una serie de proyectos y capitales para sostener este tipo de urbanización, a través del POT, suprime un legítimo sentido público de la planeación territorial. Y este no es un asunto menor, sino que tiene que ver con el presente y futuro para millones de bogotanxs.

 

* Ecólogo, con maestría en Geografía y estudiante de doctorado en Política Ambiental en el Departamento de estudios Geográficos e Históricos de la Universidad Eastern Finland, en Joensuu, Finlandia. Ha trabajado con entidades en instituciones distritales y nacionales.
** Antropóloga, con maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional y estudiante de doctorado en Planeación Urbana y Regional en el Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha investigado los procesos de urbanización del municipio de Chía y trabajado en consultorías para Planes de Ordenamiento Territorial.

 


 

Recuadro


La ciudad como unidad socio natural, una aclaración necesaria

 

Partamos de que no hay nada equivalente a una naturaleza “intocada”. El concepto de naturaleza es ambivalente, ya que depende de quién y para qué se evoca. Tomemos el caso de los humedales de Bogotá. Su forma y paisaje actual son un producto socio-ecológico de cómo la ciudad y las relaciones de poder entre diferentes sectores de la sociedad bogotana se han relacionado con estos lugares, por ejemplo, a través de movilizaciones sociales para su defensa y la consecución de políticas concretas en su reconocimiento y manejo. Por tanto, es un ejercicio riesgoso esencializar a la naturaleza, ya que precisamente en las ciudades y entornos urbanizados es donde nuestra relación con ella es más explícita.

 

La ecología política urbana ha planteado que la ciudad no destruye la naturaleza, sino que más bien la transforma, es naturaleza urbanizada. Como en el caso de los humedales. Pero este planteamiento en ningún momento debe entenderse como una justificación para arrasar con los ecosistemas y soporte biofísico de la ciudad, o construir grandes proyectos urbanos sobre los mismos.

 

Lo que entiende la ecología política urbana por unidad socio natural es para qué y para quiénes es la ciudad y su naturaleza. Asimismo, la urbanización no solo se limita a la ciudad, sino que es el proceso de transformación de la naturaleza para materializar ésta última y su paisaje. Dicho proceso va más allá de límites físicos y administrativos, tal es el caso de la huella que la ciudad tiene en su área de influencia regional (e incluso más allá). Esto sin contar las desigualdades sociales que muchas veces acarrea este proceso que permiten sustentar a la ciudad, por ejemplo, a través del abastecimiento de agua, energía y alimentos.

 

Estos planteamientos han sido frecuentemente mal interpretados y usados de manera irresponsable por parte algunos expertos, entre ellos algunos biólogos y ecólogos. Para ellos, si la naturaleza es socialmente construida y es transformada por el proceso de la urbanización, entonces puede adaptarse a nuestras necesidades, aun cuando lo que concebimos como necesario tenga implicaciones que no se pueden prever con exactitud. Este tipo de discursos han justificado desviación de cursos de ríos, la tala de arbolado urbano, construcciones en áreas inundables, realinderamiento de áreas protegidas, entre muchos otros. Lo que no dicen algunos de estos expertos es que todas las transformaciones del territorio, por más planeadas y técnicamente controladas que sean, tienen impacto tanto en la vida de sus habitantes, como en el ambiente; así como todas las transformaciones ambientales tienen impactos en la ciudad y en la vida de sus habitantes, pues ciudad y naturaleza son una unidad.

Publicado enColombia
Martes, 26 Septiembre 2017 15:09

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

Se agota el tiempo para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá y es importante comprender cómo entiende la actual administración la planeación urbana y dentro de ella el tema ambiental, con particularidades e intereses ecológicos y de sostenibilidad urbanas, manifiestas en los elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP), como por ejemplo la Reserva Thomas van der Hammen ¿Quiénes ganan con urbanizarla y quienes pierden? ¿Quiénes ganan con implementar el Plan de Manejo Ambiental y quiénes pierden? Aquí un acercamiento a esta realidad, a la luz de la información oficial.

 

Bogotá tiene particularidades ambientales que la diferencian de cualquier otra ciudad del país. Para valorarlas en su real dimensión requerimos entender, dentro de estas particularidades, algunos supuestos sugeridos por la Administración que hoy rige los destinos de la ciudad, tales como: 1) La planeación es un ejercicio técnico y no político. 2) El crecimiento de la ciudad es algo inevitable (casi que un destino manifiesto), y 3) La Estructura Ecológica Principal (EEP) es equiparable a una categoría de espacio público cualquiera. Para tal fin, tomaremos como referencia principal el documento resumen del diagnóstico para el nuevo POT. Solo nos concentramos en lo que dice dicho diagnóstico, haciendo referencia al discurso de quienes lo escriben, ya que no es nuestra intención hacer un juicio a priori y generalizante hacia todos/as los/as funcionarios/as de la Administración distrital.

 

Planeación urbana: un ejercicio político

 

En el documento del diagnóstico, en concordancia con declaraciones hechas por la actual Administración distrital, se sugiere que la práctica de la planeación urbana es un ejercicio técnico, no político. Atribuir ese carácter le brinda objetividad y certeza. Lo técnico no se discute, se da por sentado, se gerencia y ejecuta, por lo que no se concerta, sino que se socializa. Lo político para este caso, es entendido como una asociación oportunista de personas con intereses similares que buscan poder. En ese sentido lo técnico y lo político se presentan como dos polos entre lo que sería “bueno y deseable” y lo que sería “corrupto y evitable”.

 

De esta forma se niega la esencia de lo político: la discusión e incluso el disenso. Estas premisas van más allá de lo meramente semántico, porque suelen enmascarar estrategias políticas con el fin de deslegitimar la participación amplia y democrática de personas y colectivos sociales en la planeación territorial. Como técnicos ellos saben qué es mejor para “todos”. Quienes no compartan la idea de lo que es mejor según ellos, entonces son descalificados bien sea como opositores del desarrollo, conservacionistas, o en el peor de los casos beligerantes.

 

Cuando se parte de un juicio de valor como el de “beligerancia ambiental”, empleado en un documento público como es el Documento Diagnóstico (p. 62), implica hacerlo desde un prejuicio, o de una determinada convicción antagonista frente algo o alguien, se trata de un argumento falaz (ad hominen). Emplear indiscriminadamente este lenguaje, evidencia de manera alarmante un estilo de gobierno de la ciudad más bien autoritario, que se escuda en narrativas ambiguas para legitimar intereses distantes de velar por los comunes urbanos y lo público.

 

Dar por sentado que existe un consenso en torno a la participación en un proceso político como el POT es algo muy peligroso, desde un Estado que se autoproclama democrático. Esto invisibiliza al sujeto que disiente, y peor aún, lo estigmatiza. Es un ataque infundado desde un desconocimiento deliberado de las fuerzas sociales en Bogotá, en este caso del ambientalismo capitalino, que pese a sus altibajos, ha mantenido vigente el debate del lugar de lo ambiental en la ciudad, y en el mejor de los casos, ha logrado políticas concretas, por ejemplo que algunas áreas protegidas urbanas sean una realidad y no una simple arenga.

 

El POT es una de las pocas cartas de navegación territorial para debatir y construir los comunes urbanos. Establece mecanismos e instancias de participación que deben ser exigidos para su total cumplimiento y legitimidad. No obstante, presenta limitaciones técnicas y normativas, quizá la más crítica es que dichos mecanismos de participación terminan siendo ambiguos y proclives a la manipulación clientelista por parte de cualquier partido político en nombre de la participación democrática a nivel local. Luego, ¿cómo y para qué participar?

 

Reconocer las limitaciones de los instrumentos de participación, no significa adherir a la “despolitización” de los temas de la ciudad o de la planeación. Estas limitaciones no pueden ser usadas como excusa para dejar de discutir ideas contrarias a una dominante que además de negarlas, termina por estigmatizarlas. La estrategia de “despolitización” no cuestiona lo que ya existe. Se supone que lo “técnico” piensa en cómo resolver problemas puntuales, como por ejemplo, el déficit de vivienda o la movilidad, pero nunca se dice el porqué, para qué, ni menos el para quién se debe planear tales soluciones. Es por eso que las concertaciones se evitan y se limitan a socializaciones, como en el caso puntual del POZ Norte, Lagos de Torca.

 

Algo similar sucede con la concepción de lo público, que no es sólo el lugar en donde se determinan de manera colectiva los principios que rigen la vida en común. Más bien, representa la arena de debate en donde caben múltiples miradas que contraponen la supremacía de poderes particulares sobre dichos principios y vida común. En un instrumento como el POT caben todas las dimensiones de la vida urbana (y regional), como la dotación de servicios urbanos, el cómo se consolidan las funciones económicas, sociales y culturales, y no menos importante, de su estructura ecológica y biofísica, de su uso y apropiación como parte del espacio público. La ciudad no solo es espacio contenedor de la vida urbana, es ésta misma y las prácticas de sus habitantes las que producen ciudad y paisaje urbano. El planear el crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta la administración del espacio público y su relación por ende con la naturaleza urbana, es un asunto importante. En las siguientes líneas nos concentramos en elaborar mejor este vínculo.

 

Crecimiento de la ciudad: ¿un destino manifiesto?

 

El diagnóstico general para la revisión ordinaria del POT de Bogotá parte de la premisa según la cual la ciudad ha crecido en forma consistente, continuará creciendo hasta estabilizarse en 2050, por razones que no se explican en el documento:

 

“Cada año contamos con alrededor de 100.000 nuevos habitantes (1,14 millones entre 2005 y 2016), razón por la cual también hemos crecido económicamente (más de un 3,5% anual) sin dejar de generar la tercera parte de los recursos con que cuenta el país para su desarrollo” (Documento Diagnóstico, p. 8).

 

Si bien es notable el crecimiento demográfico y económico de la ciudad, es poco acertado afirmar que estos dos fenómenos tienen una relación causal o que son directamente interdependientes. No todo crecimiento demográfico implica crecimiento económico, ni todo crecimiento económico implica un aumento de la población. Abordar solo este punto merecería todo un artículo al respecto. Lo interesante aquí es que esa imprecisión sustenta la pregunta central del ejercicio de diagnóstico, y seguramente, del POT:

 

“¿Cómo sostener este crecimiento y a la vez mejorar la distribución interna de nuestra riqueza, disminuyendo los grandes desequilibrios sociales y económicos que caracterizan a nuestro territorio?” (Documento diagnóstico, p. 9).

 

Es decir, cómo continuar con las tendencias del crecimiento existentes, disminuyendo los costos de esa elección. Esta formulación implica una concepción del crecimiento como un destino manifiesto de la ciudad.

 

Otra convicción que sustenta el documento diagnóstico es que la urbanización es un proceso inevitable que, también inevitablemente destruye la naturaleza a su paso. Si no expandimos la ciudad, ella lo hará por sí misma. De esta manera, si el crecimiento y la urbanización son destinos finales e ineludibles, la única alternativa propuesta es no perder tiempo cuestionando por qué o para qué crecer, sino usar todas las posibilidades de la técnica y la tecnología para crecer de forma “racional”. Entendiendo la racionalidad como única e incuestionable, acá emergería lo que algunos llaman la interfaz ciencia-política-sociedad, relacionada a la premisa de la planeación como algo técnico y no político. Si bien este asunto merece también otro análisis en profundidad, lo que podemos decir es que la racionalidad a la que se apela tanto desde lo técnico o lo científico, precisamente termina por evitar preguntarse por qué o para qué crecer.

 

Por tanto, la directriz es “crecer sí, pero no así”. Crecer con orden para mejorar la calidad de vida de los bogotanos y hacerlos felices (término del Plan de Desarrollo 2016). La alternativa propuesta por la administración es construir ciudad con “naturaleza planeada”, corredores verdes y espacios públicos de acuerdo a los parámetros del diseño urbano. Ese es el modelo de pensamiento que fundamenta la lectura de la Administración sobre la ciudad y que sustenta los proyectos urbanos que se propone. Este es el caso concreto del Plan Zonal del Norte Lagos de Torca, y de la mencionada, pero hasta ahora no presentada formalmente, propuesta Ciudad Norte, sobre los terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen.

 

Contrario al planteamiento del texto diagnóstico del POT, creemos que las pregunta sobre por qué y para qué crecer, son tan pertinentes como las preguntas por el cómo, y sobre todo, ¿para quién crecer? ¿Quiénes han sido y seguirán siendo los más beneficiados con los proyecto de expansión de la ciudad? El debate no puede perder de vista que estos proyectos constituyen un terreno fértil para la especulación inmobiliaria. Al respecto, nos dicen que ninguna administración hasta ahora, ha podido evitar los incrementos especulativos sobre los precios del suelo, ni siquiera las de corte “populista” (Documento Diagnóstico, p. 32). Asumen entonces que esta especulación es inevitable, otro destino manifiesto basado en la escasez del suelo urbano en la ciudad. Lo que no nos cuentan es que la escasez como concepto socialmente creado, es una realidad debatible. El punto es precisamente ¿cómo, quién y para qué se mide la escasez?

 

En la defensa unilateral de la expansión de la ciudad sobre el norte, la Administración no asume un verdadero ejercicio de planeación, de gestión y lo más difícil: de regulación, pues es más fácil fomentar las tendencias ya iniciadas y dejar que el mercado dicte los caminos. Así mismo entiende el tratamiento de la gestión de riesgos asociados al cambio climático. Si bien identifica áreas de riesgos diferenciados, sustentadas por estudios del Ideam, la postura frente a este tipo de fenómenos es la de “mitigar” con tecnología o “soluciones duras” eventos puntuales como inundaciones y deslizamientos, más asociados a la variabilidad climática que al cambio climático. Nada de adaptación o soluciones que algunos expertos llaman “basadas en naturaleza”. Se trata de un tipo de planeación que como medicina atiende los síntomas de la enfermedad, pero no previene sus causas, a pesar de conocerlas.

 

Estructura ecológica como espacio público

 

Según lo expresado en el documento diagnóstico del POT, la Estructura Ecológica Principal (EEP) es resultado de un enfoque proteccionista de la planeación en Bogotá y en Colombia, que trata a los elementos ambientales como objetos de protección pasiva que solo benefician “a los habitantes de sus entornos inmediatos y a un limitado número de especialistas y observadores de especies” (Documento Diagnóstico, p. 62). Aunque reconocen que el enfoque proteccionista “ha permitido conservar una parte de las dinámicas ecológicas originales del territorio” (Documento Diagnóstico, p. 59), consideran que no se ha acompañado de la ejecución de proyectos efectivos para la “restauración” y “renaturalización” y que estos espacios, por no hacer parte de la red de espacios públicos están subutilizados.

 

Estos planteamientos resultan problemáticos por diversas razones. En primer lugar porque otorgar a los elementos de la EEP el mismo carácter que a otros espacios públicos, como por ejemplo parques metropolitanos o zonales, es desconocer las complejidades ecológicas del territorio. Algunos de estos elementos, como por ejemplo los humedales, no pueden ser convertidos en áreas de recreación activa o soportar infraestructuras como canchas de fútbol sintéticas y ciclo rutas.

 

En segundo lugar, el concepto de EEP, no está referido a conservar las dinámicas ecológicas originales del territorio, pues como bien lo reconocen en el texto, estas son dinámicas y corresponden más bien a una unidad socio-natural, ya que no hay un estado original per se. Se trata más bien, de comprender cuáles son las relaciones entre los elementos ecológicos que han permitido la existencia de la ciudad y que favorecen su sostenibilidad, para orientar la planeación de modo que se conserven tanto la ciudad, como los elementos de la estructura ecológica, pues están íntimamente relacionadas entre sí.

 

En tercer lugar, el diseño urbano no asegura la apropiación de los espacios públicos. Las personas no sienten un espacio como propio solo por encontrarlo agradable estéticamente o porque una valla oficial les diga: ¡este espacio es tuyo! La apropiación se construye desde las comunidades y con las comunidades, en el conocimiento y la comprensión de las relaciones con el entorno. Ejemplos claros de apropiación son el humedal de La Conejera y la quebrada La Salitrosa, elementos fundamentales de la EEP que se conectan con los Cerros Orientales y el río Bogotá, a través de la Reserva van der Hammen. Las comunidades además de contar con recreación pasiva, realizan actividades de educación ambiental y mantenimiento comunitario de los elementos naturales.

 

Comentario final

 

Las discusiones alrededor de la planeación urbana y de sus implicaciones ambientales, no se reducen a quién tiene la razón absoluta, sino de identificar quién decide, quién gana y quién pierde con cada decisión. En un marco de urbanización capitalista, que no solo reproduce desigualdades sociales, sino serias afectaciones a la ecología urbana y a la sostenibilidad regional, muchos de los argumentos que esgrime la actual Administración se justifican en una supuesta inevitabilidad del crecimiento de la ciudad, que resulta bastante útil para la especulación rentista de los intereses inmobiliarios. Mover una serie de proyectos y capitales para sostener este tipo de urbanización, a través del POT, suprime un legítimo sentido público de la planeación territorial. Y este no es un asunto menor, sino que tiene que ver con el presente y futuro para millones de bogotanxs.

 

* Ecólogo, con maestría en Geografía y estudiante de doctorado en Política Ambiental en el Departamento de estudios Geográficos e Históricos de la Universidad Eastern Finland, en Joensuu, Finlandia. Ha trabajado con entidades en instituciones distritales y nacionales.
** Antropóloga, con maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional y estudiante de doctorado en Planeación Urbana y Regional en el Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha investigado los procesos de urbanización del municipio de Chía y trabajado en consultorías para Planes de Ordenamiento Territorial.

 


 

Recuadro


La ciudad como unidad socio natural, una aclaración necesaria

 

Partamos de que no hay nada equivalente a una naturaleza “intocada”. El concepto de naturaleza es ambivalente, ya que depende de quién y para qué se evoca. Tomemos el caso de los humedales de Bogotá. Su forma y paisaje actual son un producto socio-ecológico de cómo la ciudad y las relaciones de poder entre diferentes sectores de la sociedad bogotana se han relacionado con estos lugares, por ejemplo, a través de movilizaciones sociales para su defensa y la consecución de políticas concretas en su reconocimiento y manejo. Por tanto, es un ejercicio riesgoso esencializar a la naturaleza, ya que precisamente en las ciudades y entornos urbanizados es donde nuestra relación con ella es más explícita.

 

La ecología política urbana ha planteado que la ciudad no destruye la naturaleza, sino que más bien la transforma, es naturaleza urbanizada. Como en el caso de los humedales. Pero este planteamiento en ningún momento debe entenderse como una justificación para arrasar con los ecosistemas y soporte biofísico de la ciudad, o construir grandes proyectos urbanos sobre los mismos.

 

Lo que entiende la ecología política urbana por unidad socio natural es para qué y para quiénes es la ciudad y su naturaleza. Asimismo, la urbanización no solo se limita a la ciudad, sino que es el proceso de transformación de la naturaleza para materializar ésta última y su paisaje. Dicho proceso va más allá de límites físicos y administrativos, tal es el caso de la huella que la ciudad tiene en su área de influencia regional (e incluso más allá). Esto sin contar las desigualdades sociales que muchas veces acarrea este proceso que permiten sustentar a la ciudad, por ejemplo, a través del abastecimiento de agua, energía y alimentos.

 

Estos planteamientos han sido frecuentemente mal interpretados y usados de manera irresponsable por parte algunos expertos, entre ellos algunos biólogos y ecólogos. Para ellos, si la naturaleza es socialmente construida y es transformada por el proceso de la urbanización, entonces puede adaptarse a nuestras necesidades, aun cuando lo que concebimos como necesario tenga implicaciones que no se pueden prever con exactitud. Este tipo de discursos han justificado desviación de cursos de ríos, la tala de arbolado urbano, construcciones en áreas inundables, realinderamiento de áreas protegidas, entre muchos otros. Lo que no dicen algunos de estos expertos es que todas las transformaciones del territorio, por más planeadas y técnicamente controladas que sean, tienen impacto tanto en la vida de sus habitantes, como en el ambiente; así como todas las transformaciones ambientales tienen impactos en la ciudad y en la vida de sus habitantes, pues ciudad y naturaleza son una unidad.

Publicado enEdición Nº239
Las ciudades inteligentes en la gestión del posconflicto

Un foro realizado en la Universidad Externado de Colombia sobre ciudades inteligentes y postconflicto permitió dilucidar algunos de los planes del Gobierno una vez se firme en definitiva el acuerdo con las Farc. El “nuevo” proyecto de sociedad da cuenta de un impulso a las dinámicas económicas y políticas que favorecen el estado de cosas imperantes, así como un incremento del control y de la “gestión” de la sociedad a partir del Gobierno o de corporaciones del sector privado a el asociadas. Nuevas operaciones sobre la gestión ambiental, de la economía y de lo urbano dan cuenta de una democracia cerrada a la participación de la ciudadanía imponiendo sus modelos de ser, vivir u ocupar funcionales proyectos particulares de control y acumulación.

 

El viernes 29 de julio sesionó en la Universidad Externado de Colombia el “Primer Foro ciudades inteligentes y postconflicto”, liderado por el Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Información. El evento estaba orientado a fundamentar intercambios entre técnicos de instituciones estatales que serán altamente incidentes en el posacuerdo, con expertos internacionales, en las áreas de planeación urbana, territorial, nuevas tecnologías e innovación. A partir de estos contactos pretendía alimentarse el debate y fundamentar la transferencia de conocimientos valiosos para la elaboración de planes de acción en el período que sobrevendrá a la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la insurgencia.

Foro sin debate. Muy pronto pudo constatarse el pobre interés de los gestores del evento por fundamentar discusiones entre técnicos del Estado, expertos internacionales y la ciudadanía asistente al evento. Intervenciones del público no fueron permitidas ni aceptadas, lo esencialmente esperado era que la audiencia pudiera “nutrirse” con las intervenciones de los “especialistas” invitados, así como de los discursos de los funcionarios oficiales. En el desarrollo de los ejes de planeación territorial, sostenibilidad ambiental, cohesión social y emprendimiento, las terceras voces no fueron escuchadas.

De esta manera, el valor del Foro radicó en que permitió vislumbrar algunas de las concepciones y planes estatales para consolidar la paz y sembrar el desarrollo en un período que el Gobierno concibe traerá grandes oportunidades y jugosos dividendos para el país en órdenes ambientales y materiales. Algunas de las ideas expuestas generan grandes inquietudes y permiten formular serios cuestionamientos a las políticas gubernamentales orientadas a gestionar espacios urbanos, rurales y poblaciones específicas en el escenario que vendrá una vez firmados los acuerdos de paz. Pero la preocupación más grande versa sobre la desconexión democrática de la agenda del Gobierno respecto a los planes y opiniones de la sociedad civil y los movimientos sociales, agentes de primer orden en el posacuerdo.

Los retos del posconflicto, según el Gobierno y sus aliados

 

La economía

 

El Foro inició con la intervención de Luis Fernando Mejía, Subdirector Sectorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien dedicó gran parte de su exposición al desarrollo de un panegírico a las políticas económicas de Juan Manuel Santos que, según lo expresado, generó en sus primeros años de gobierno “impactos positivos en términos de ingreso para los colombianos”.

La inversión extranjera, que a inicios del mandato de Santos Calderón era de 4.000 millones de dólares, creció con el nuevo gobierno hasta los 12.000 millones en el 2014. Otro datos: Colombia fue el país de la región que más redujo el desempleo, uno de los aventajados en términos de reducción de pobreza y atracción de la inversión extranjera. Sin embargo la situación económica, según Luis Fernando Mejía, afronta una nueva realidad por la caída del precio internacional del petróleo.

Esta nueva realidad también trajo nuevas tasas de cambio, altísimas para el dólar y el euro: 23 billones de pesos menos en las cuentas fiscales y un crecimiento más lento, pero en todo caso superior al promedio regional, son algunas de las variables que tipifican el nuevo estado de cosas económicas en el país, el mismo donde el gobierno “continúa haciendo grandes esfuerzos por mantener la inversión conservando la tasa más alta de la región (28.3%)”. Concretar la paz es la prioridad pues en un estudio basado en datos de la Universidad de Upsala en Suecia permitió calcular al DNP, a partir de una muestra de 117 países y 16 variables, un dividendo por la paz que se encuentra entre 1.1 y 1.9 puntos porcentuales de mayor crecimiento económico por lo que se espera que en los próximos años nuestra economía crezca a una tasa aproximada del 5.9% anual. Cifras bastantes optimistas.

Mejía habló de la alineación existente entre la política pública, los acuerdos de paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los planes del DNP contemplarán las tres fases de los acuerdos. Alistamiento de los acuerdos (180 días), Respuesta rápida (18 meses), Implementación (varios años). En cada uno de estos años el DNP se propone como un actor determinante en la formulación de políticas públicas orientadas a implementar los acuerdos. Para que así sea, el DNP piensa seguir efectuando el acompañamiento para que las alcaldías y gobernaciones acojan los lineamientos de los Planes de Desarrollo en torno al desarrollo territorial, cierre de brechas e instrumentos de creación de paz.

 

Prospecciones en el postconflicto

 

José Mojica, Director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva Territorial de la Universidad Externado de Colombia, tuvo la oportunidad de presentar algunos resultados concernientes a estimaciones referentes al destino de la movilización de combatientes, temas políticos y sociales después de la firma de paz de La Habana.

El académico disipó preocupaciones. Aseguró que las investigaciones lideradas por el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva Territorial permiten inferir que en el país es muy poco probable que las Farc se impongan a través de la vía democrática, razón por la cual no tendremos que preocuparnos ya que “Proyecto Bolivariano Exitoso” no va a existir en estas tierras. Sin embargo el narcotráfico y la economía ilegal regentada por las Farc permanecerán en manos de otros actores.

La desmovilización, de acuerdo a Mojica, no será un proceso homogéneo entre el grueso de combatientes de las Farc porque, al menos, hay cuatro tipos de integrantes en esta insurgencia: 1. El constituido por los “dirigentes”, quienes integrarán el Congreso o se instalarán en el exterior; 2. Los “administradores de la violencia” dentro de las Farc conformarán otros grupos armados; 3. Los frentes encargados del negocio del tráfico de drogas en las Farc engrosarán las filas de las “Neo Bacrim”; 4. Resulta bastante probable que los “combatientes de base” incrementen las filas de la delincuencia común en las principales ciudades del país, o accedan a los programas de rehabilitación auspiciados por el Estado, logrando su reincorporación a la sociedad civil.

Parte de las Farc logrará penetrar en las esferas políticas del país, pero en conjunto y como resultado de la baja popularidad de las opciones de extrema izquierda o extrema derecha en la política internacional, la tendencia por la que avanzará el país será hacía el Centro, al tiempo que se fortalece el sistema judicial y se gesta un mayor índice de desarrollo humano.

Este tipo de análisis, como puede deducirse, representa excelentes noticias para quienes están preocupados en conservar su posición social y sus ganancias, despejando todos los temores infundados en la probabilidad de que pueda modificarse el sistema económico que hoy no está en discusión, y con él alterando las reglas de juego de la producción, la acumulación o la distribución imperante.

 

Las tecnologías de la Información

 

Iván Mantilla, Subdirector de TIC's en DNP, planteó algunos desafíos que impone el posconflicto sobre el territorio. El gran reto del DNP consiste en incorporar las tecnologías en la solución de problemas reinantes en los territorios. Propone una metodología. La estrategia de acción empieza por diagnosticar el territorio: ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué hay? ¿Qué influencias hay desde el entorno nacional al regional? Un segundo paso es la construcción de la visión del territorio. El tercer momento consiste en identificar los obstáculos, todo lo que hace falta solventar desde donde estamos para llegar donde queremos. Finalmente se desarrollan acciones y proyectos para llegar donde se quiere a partir de los recursos tecnológicos.

Dos iniciativas del DNP para el posacuerdo: Una consiste en la “Política pública de ciudades modernas TIC”: “Queremos llegar a una ciudad del futuro, a una ciudad inteligente, con unas características en agua, movilidad, salud, educación saneamiento, todo lo que se puedan imaginar [...] la visualizamos como esa ciudad que tiene una visión logística de todo su territorio, ciudad municipio, que es lo que realmente quiere ser y utiliza la tecnología, la innovación únicamente cuando es estrictamente necesario, cuando eso va a ayudar a solucionar los problemas de una manera eficiente [...]”; la otra iniciativa del DNP consiste en un proyecto de oferta concreta para la gestión de los territorios, usando las tecnologías específicas para solucionar problemas.

Héctor Martínez, Alto Consejero TIC para la ciudad de Bogotá, se refirió al potencial que tienen estas tecnologías de la información para empoderar, informar y motivar a los ciudadanos. Observa en ellas grandes potencialidades de cooperación entre los sectores públicos y privados, así como una gran herramienta para superar problemáticas propias a ciudades como Bogotá. Para Martínez, Bogotá será la ciudad líder en Colombia en innovación, líder en infraestructura, espacio público y renovación urbana. Al mismo tiempo que será líder para la paz.

 

El cambio climático

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estuvo representado por Néstor Humberto Martínez, funcionario del área de Cambio Climático. Habló de las transformaciones en la urbanización que Colombia ha experimentado en los últimos años: “En el 2010 la población urbana alcanzó el 76%. En el 2010, 41 ciudades se encontraban con más de 100.000 habitantes y cuatro de ellas sobrepasaban 100.000 habitantes. Para el 2050 la población que vive en centros urbanos alcanzará los 52.6 millones de habitantes que equivalen al 86% de la población proyectada. Para este mismo año 60 ciudades tendrán más de 100 mil y siete más de un millón”.

¿Qué vamos a hacer?, interrogó, para luego continuar ilustrando la capacidades de adaptación de los municipios nacionales: “Los municipios de Colombia presentan diferentes condiciones de riesgos: 79 por ciento expuestos a deslizamientos, 78 por ciento a altas precipitaciones, 74 a inundaciones, 71 por ciento erosión e incendios forestales. Los municipios no están haciendo mucho para adaptarse y prepararse a esta nuevas condiciones”.

Capacidad de adaptación critica. De los 936 municipios encuestados, el 85 por ciento no cuenta con sistemas de alertas tempranas, el 89 por ciento no cuenta con infraestructura para almacenamiento de alimentos, el 86 por ciento no cuenta con análisis de enfermedades diarreicas, 93 por ciento ha sido afectado por la ola invernal del 2010 y 2011, 22 por ciento no cuenta con funcionarios que documenten el impacto climático y el 85 por ciento no cuenta con estudios de cambio climático.

Para contrarrestar estos riesgos y vulnerabilidades entrarán en acción:

* El sistema Nacional de Cambio Climático aprobado el 26 de febrero, para definir cuáles son las acciones y los responsables a nivel nacional como regional.

* La elaboración de la Ley de cambio climático y la política de cambio climático que tiene como principales objetivos lograr reducir las emisiones de CO2 al 20 por ciento para el 2021, y elaborar los planes sectoriales de mitigación al cambio climático.

* Planes Territoriales al Cambio Climático. A finales del 2014 se espera que el 100 por ciento del territorio tenga sus planes de adaptación al cambio climático.

* Sistemas Nacional de Indicadores de Adaptación.

* Ordenamiento del territorio a través de los Pomca (Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas)

Para todos estos planes el Ministerio cuenta con una estrategia enfocada en: proporcionar incentivos, construir ciudades con poco impacto en carbono, impulsar la reforma tributaria para nuevas tecnologías limpias, educar y sensibilizar a las personas.

En el mismo plano ambiental, Silvia Calderón, Subdirectora Ambiental Sostenible del DNP, ilustró una imagen preocupante de los municipios con mayor incidencia del conflicto armado:

* Deforestación: está concentrada en municipios de mayor incidencia del conflicto armado.
(4 Motores: cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales, extracción de madera, colonización, aumento de la frontera agrícola y pecuaria)

* 87 por ciento de los cultivos ilícitos se encuentran en esos sitios de alta incidencia del conflicto armado en el país.

* En el 38 por ciento de los municipios de conflicto está concentrada la problemática de la minería ilegal, con mayor relevancia en departamentos como Antioquía (bajo Cauca), Santander y Chocó.

* 4 millones de barriles de petróleo derramados en los últimos años por ataques. Daños sobre suelos y aguas no han sido reparados.

Opinó la funcionaria, que además de los dividendos ambientales de la paz, esta generará el escenario para que el Estado finalmente pueda llegar a ciertos territorios y promover modelos de desarrollo sostenibles, llegar a revertir gran parte de los daños ambientales que hemos visto como efecto del conflicto y sus temas asociados. Además la paz le permitirá al Gobierno –mucho antes del tiempo estimado– cumplir con los compromisos ambientales.

 

Tres recomendaciones de los “expertos”

 

Josep Ramón Ferrer, ex director de la Estrategia de Ciudades Inteligentes de Barcelona, se refirió en el conversatorio a la necesidad de que los colombianos crean en ellos mismos, planifiquen a largo plazo, avancen en integrar a todos los actores, innovar y ser valientes dejando atrás la idea que suele tenerse en Colombia de que todo lo que viene de afuera es mejor que propio. Se refirió al hecho de que los colombianos somos capaces de planificar, pero aún estar rezagados en el actuar.

Elsa Estévez, referente latinoamericana en comercio electrónico, recomendó participación ciudadana, pues las ciudades no se construyen para los residentes o los ciudadanos, sino con las personas. Cuando se habla del planeamiento del territorio, debe hablarse de qué es lo que necesita el territorio, si está determinado por los mismos territorios, por sus diferentes condiciones socioeconómicas, geográficas, etcétera. En su opinión, la mejor manera de desarrollar el planeamiento estratégico es empoderando, acompañando a los actores locales para que sean ellos mismos quienes decidan el territorios que quieren, la clase de desarrollo que necesitan. No es el gobierno quien debe proporcionarles la receta mágica para solucionar todos sus problemas.

Diego Delfín, líder de la asistencia de Ciudad Inteligente de Guadalajara, experto en urbanismo, opinó que si bien las ciudades tienen un rol importante de liderazgo, el reto fuerte en realidad está en las comunidades rurales, en las que tenían estos conflictos de violencia, la minería ilegal, el narcotráfico, etcétera. Son tales espacios rurales los que hay que atender con mucha creatividad, con mucha innovación, usar la tecnología de manera inteligente para acelerar sus procesos. El trazado de la infraestructura, dar accesibilidad a estos espacios, será el primer reto, para ir fundamentando el desarrollo en ellos, para estructurar una equidad entre lo rural y urbano.

 

Las tensiones entre las ideas de ciudades inteligentes y postconflicto

 

En discusión las ciudades Inteligentes. El arquetipo de ciudad que quiere ser implementado es la ciudad del Marketing, la ciudad donde las nuevas tecnologías deberían integrar los intereses generales de sus habitantes, una ciudad construida “[...] con unas características en agua, movilidad, salud, educación saneamiento, todo lo que se puedan imaginar [...]”, ciudades con sistemas de vigilancia bien establecidos y formas de gestión de conflictividades a partir de la implementación de tecnologías que supriman contradicciones entre sus pobladores al son de un clic.

En este contexto, las controversias propias de un organismo complejo como la ciudad surgen desafectadas de su historia, sus intereses, pasiones y resistencias: tan neutras y universalistas como el discurso de los tecnócratas que busca maximizar la eficiencia y que, con ello, muchas veces no hacen sino reproducir su propia ideología . Pero no es todo, este tipo de ciudades, las innovaciones tecnológicas que piensan ser implementadas en Colombia para gestionar los espacios urbanos y regiones del posconflicto, son “ingenuamente” asumidas como el resultado de múltiples interacciones de intereses armoniosos entre ciudadanos, gobiernos locales y empresarios.

Llevan un modelo de negocio consigo. El fetiche de las tecnologías digitales a horcajadas sobre estos proyectos plantea la profundización de las relaciones tecnológicas entre el norte y el sur global: los proveedores de tecnologías encargados de las interconexiones así como quienes proveerán equipos, soporte y administración de las plataformas que gestionarán la ciudad, son grandes multinacionales a quienes les será otorgado el jugoso negocio de estos manejos, un poder exacerbado de control social.

Las ciudades inteligentes o las Smart Cities son las ciudades de la eficiencia y la productividad, las ciudades interconectadas a una vasta red global orientada a volver más eficiente el flujo de información, de capitales y la movilidad de un tipo específico de personas entre estas y los nodos de poder del norte global. Ciudades del Big Data y de un nuevo tipo de vigilancia en la que los recursos tecnológicos estarán al servicio del control humano gestionado a nombre del Estado por cuenta de multinacionales de la informática y la tecnología computacional.

Ideología de ciudad cómoda y sesgada. El tema medular de una distribución ampliada de las ganancias socialmente generadas nunca apareció en el foro, tampoco lo hicieron temas concernientes a la democratización del uso y del disfrute de bienes de la ciudad, la necesidad de una proyección urbana que no impulse la segregación de los menos privilegiados. Todos estos, temas altamente impactantes en espacios urbanos pensados para favorecer el crecimiento, el desarrollo y la acumulación de grupos específicos en las sociedades del posconflicto.

Planes cojos para el posconflicto. Llama la atención que ninguno de los propósitos aquí expuestos por los “arquitectos de la paz”, contemple: mecanismos para la distribución de los ingresos y de la concentración de la tierra, alternativas de desarrollo basadas en la superación de la economía primaria colombiana, esquemas de tributación no regresivos y más eficientes, políticas educativas orientadas al fortalecimiento de la educación superior, políticas de salud creadas para superar el estado de cosas introducido por la Ley 100 del 93, políticas de vivienda digna y sin riesgos, políticas de crecimiento y de empleo digno para generar bienestar en el país.

Estos, algunos de los grandes temas en los cuales debería estar pensando el Gobierno en el posconflicto, son los mismos que ha dejado una vez más relegado su discurso. Resalta, una vez más en el marco de las negociaciones en curso en La Habana, que sus intereses marchan por los linderos del fortalecimiento de macro procesos sociales que favorecen el estado de cosas imperantes, pletórico en asimetrías e inequidades. Señalado queda, entonces, otro de los linderos del discurrir en “épocas de paz”, tiempo dorado para los negocios, que intentarán transformar los asentamientos humanos existentes en nuevos esquemas favorables a la estabilidad, el control y el crecimiento del capital.

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“Sin el Estado liderando los procesos de innovación es imposible el desarrollo”

“Sin el Estado liderando los procesos de innovación es imposible lograr el desarrollo”, afirma la economista italiana Mariana Mazzucato que recibió a Cash durante su breve paso por Argentina. “Si creemos en el crecimiento impulsado por la innovación no se puede tener al Tesoro recortando el gasto sin cesar y tirando un hueso, de vez en cuando, para la innovación”, considera la docente de la Universidad de Sussex. La autora del libro El Estado Emprendedor hizo una escala en el país después de su paso por Chile donde viajó invitada a dictar la célebre Cátedra Prebisch en la CEPAL.


Las investigaciones más conocidas de Mazzucato se encargan de demoler el mito del Estado como un monstruo burocrático e incapaz que debe limitarse a ofrecer el clima de negocios y la confianza necesarios para las inversiones del sector privado. Desde su perspectiva, el Estado es la organización más emprendedora y arriesgada del mercado.

“Socializamos el riesgo de la innovación pero privatizamos las ganancias”, advierte la investigadora que ilustra sus investigaciones con atractivos ejemplos como los casos de Apple o las firmas farmacéuticas. “Para desarrollar su algoritmo Google recibió financiamiento de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos que le permitieron ganar millones sin que nada vuelva a esa agencia gubernamental que hoy experimenta problemas de financiamiento”, explica en sus textos la economista al reclamar la existencia mecanismos de redistribución hacia el sector público de esos beneficios apropiados exclusivamente por las grandes empresas.


Rigurosa en sus definiciones la prestigiosa economista escapa a la arrogancia que exhibe gran parte de los economistas y se abstiene de opinar sobre aquellos temas que no domina, como la actual situación económica argentina.


Durante la entrevista con Cash Mazzucato comentó que se reuniría con el presidente Mauricio Macri. El encuentro se concretó y al día siguiente ella hizo un provocador comentario en su cuenta de twitter: “Ayer hablé con el presidente de Argentina Macri. Charlamos sobre el rol del Estado en la innovación y por qué las políticas económicas neoliberales fallan. No estoy segura que lo haya entendido”. Durante su estadía en el país, Mazzucato recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de San Martín y ofreció una conferencia magistral en Centro Cultural de la Ciencia.


¿Por qué considera que la dicotomía entre Estado y mercado es errónea?


–La narrativa dominante sostiene que existe un sector privado emprendedor dinámico y creativo que necesita ser liberado de las restricciones impuestas por el Estado. En el mejor de los casos, el sector público es un simple corrector de las “fallas de mercado” que debe limitarse a hacer lo básico sin involucrarse demasiado. Sin embargo, cuando miramos alrededor del mundo, vemos como en los países que no solo crecieron rápido sino que lo hicieron a través de la innovación, el Estado no se limitó a resolver “fallas” sino que creó y moldeó los mercados a través de distintas agencias gubernamentales y la inversión pública. En países como Estados Unidos, China y Alemania, el crecimiento fue el resultado de un Estado muy activo en la innovación. A diferencia de la narrativa dominante, los emprendedores e inversores solo ingresaron en áreas como la biotecnología, la nanotecnología, Internet y la tecnología verde después de que el Estado corrió los riesgos más elevados. La pregunta entonces es quién se beneficia de esa visión estúpida donde el Estado queda relegado al rol de porrista en lugar de ser un jugador relevante.


¿Quiénes se benefician con esa visión?


–Cuando no se comprende de donde proviene el crecimiento de largo plazo y la creación de riqueza terminamos permitiendo que muchos “apropiadores” de la riqueza se posicionen como los “creadores” de la riqueza, los innovadores que toman riesgos y en el proceso generan valor. Uno de los casos más contundentes se observa en el tipo de compromiso estatal a lo largo de toda la cadena de innovación, desde la investigación básica hasta el financiamiento del capital de riesgo, que fue necesario para la creación y desarrollo de empresas como Apple. El Iphone es un teléfono inteligente y no uno idiota por todo lo que se puede hacer con él: navegar en Internet, usar el GPS, jugar con la pantalla táctil o hablar con SIRI. Toda esa tecnología fue financiada directamente por agencias gubernamentales de Estados Unidos y luego fueron apropiadas por la empresa. La narrativa donde los genios de garaje y los inversores de riesgo son los únicos actores relevantes ignora que esos individuos se montaron sobre una gran ola de inversión pública. Esa visión habilita un diseño de las políticas de innovación y los incentivos fiscales donde se socializan los riesgos de la innovación y se privatizan las ganancias. Hay una ultrafinaciarización de las empresas que no reinvierten sus ganancias. La narrativa sobre los innovadores ha debilitado a los gobiernos. En lugar de presionar sobre las grandes empresas para que reinviertan como sucedió con AT&T para que forme los Laboratorios Bell los gobiernos ahora se deben mostrar amigables con el mercado.
Exigir que las empresas reinviertan una porción de sus ganancias para promover el desarrollo de los sistemas de innovación no parece una tarea sencilla. En el caso argentino, la sensación es que en la negociación entre el Estado y las empresas se impone siempre la negativa del sector privado.


–El vínculo entre lo público y privado se ha convertido en parasitario. Y no simbiótico. Algunas empresas no reinvierten en sectores que generan el crecimiento de largo plazo pero siguen recibiendo beneficios del Estado que no las presiona. Lo hacen a través del mito sobre la innovación y la creación de valor. Hay que desmitificar las narrativas que utilizan estas compañías para extraer rentas en el nombre del proceso schumpeteriano. El sector privado debe desfinanciarizarse y el Estado tiene que exigir la reinversión de sus ganancias en lugar de quedarse sentado en el fondo generando un clima de negocios propicio. El sector público debe liderar la revolución. FIAT es una mala empresa en Italia. No invierte. Es parasitaria. Cuando adquirió Chrysler, el Gobierno de Estados Unidos que era el propietario de una porción relevante de las acciones después de rescatar la empresa le exigió que sus actividades de motores híbridos se lleven a cabo allí. FIAT lo hace. En Italia nadie se lo pidió. Creyendo en el poder del Estado para liderar y no solo crear las condiciones propicias, en Taiwán y Singapur las inversiones estratégicas del Estado en áreas amplias vinculadas a la innovación terminaron atrayendo a empresas privadas diversificadas.


¿Puede mencionar otros casos?


–Con un rol central del Estado, Dinamarca no es solo el principal inversor en energías renovables per capita del mundo sino que su sistema de innovación le permite ser el principal proveedor de servicios de alta tecnología para economía verde de China, un país que invierte 1,7 billones de dólares por año en ese sector. Sin el Estado liderando los procesos de innovación es imposible lograr el desarrollo. Como dice Bill Gates: “el sector privado es inepto, el Estado debe liderarnos y nosotros lo seguimos”. Lo que dice es interesante aunque su compañía es una de las más financiarizadas del mundo. Yo creo que se puede transformar el capitalismo si se logra construir una alianza diferente entre el sector público y privado.


¿El Estado debe elegir sectores y empresas “ganadoras” con potencial innovador y promover activamente su desarrollo?


–Elegir “ganadores” no significa nada. No sirve decir “vamos a apostar a la industria aeroespacial, los servicios financieros y las industrias creativas”. Hay que orientar estratégicamente el sistema de innovación para intentar resolver grandes problemas y misiones que requieran la interacción de muchos sectores públicos y privados. Desde esa visión, el compromiso del Estado con la innovación no debería centrarse en I+D sino que debería extenderse a lo largo de toda la cadena de innovación: la investigación básica, la investigación aplicada, un financiamiento paciente de las primeras etapas de las compañías y también la provisión de las políticas de impulso de la demanda que permitan el desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías en la economía. El objetivo es lograr el incremento de la inversión privada y eso sucede cuando la inversión pública está distribuida a lo largo de toda la cadena de manera directa y no solamente con incentivos fiscales.


Una de las principales líneas de trabajo esbozadas por el nuevo gobierno en materia de innovación es el impulso a los “emprendedores”.


–Hay una obsesión con los “start up”. Lo que debería enfatizarse no son los emprendedores en sí mismos, sino los ecosistemas de innovación en el cual ellos operan. No hay que desarrollar nuevas compañías sino fundamentalmente el ecosistema que permita que esas empresas crezcan. Las nuevas empresas requieren tener un vínculo funcional con las grandes empresas porque suele suceder que las compran y anulan su capacidad de innovación. Además hay que asegurarse que el tipo de financiamiento que llega desde el Estado sea paciente y de largo plazo. Estas pequeñas compañías necesitan mucho tiempo para aprender e innovar. No hay escasez de financiamiento, sino que falta financiamiento de largo plazo. Además hay que incorporar a los científicos en el gobierno. Si no hay profesionales que conozcan los sectores analizando las aplicaciones de las empresas que pretenden recibir el financiamiento, esas iniciativas son un desperdicio. En Inglaterra, por ejemplo, intentaron copiar el programa de capital semilla SBIR estadounidense pero como quienes lo administraban no conocían nada sobre los distintos sectores la iniciativa fracasó.


Para intentar avanzar en el desarrollo de esos “ecosistemas” hace falta que los gobernantes estén convencidos de que el Estado no debe quedar relegado a un rol subsidiario.


–Si todo esto no es acompañado por las políticas macroeconómicas no tiene ningún sentido hacerlo. Si creemos en el crecimiento liderado por la innovación no se puede tener al Ministerio de Hacienda recortando el gasto sin cesar y tirando un hueso de vez en cuando para la innovación. Termina siendo un desperdicio de dinero. Si lo vas a hacer tenes que hacerlo seriamente. La inversión viene primero, las ganancias vienen después. A diferencia de Europa, Argentina tiene su propio Banco Central para hacer políticas y debería tener un banco de desarrollo como el BNDES de Brasil.

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En defensa del bien común de los quindianos (2016-2019)

Inició su recorrido el trámite legal y político del Plan de desarrollo departamental propuesto por el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio (2016-2019).

El contexto del debate es la democracia participativa establecida en la Constitución de 1991 y en la Ley de planeación del desarrollo.

Por supuesto, el punto de partida de la construcción del Plan es la propuesta programática del candidato “En defensa del bien común. El Quindío si tiene cura” (http://bit.ly/1RHBqLK ), que recibió el apoyo mayoritario de la ciudadanía quindiana en las votaciones de octubre del año anterior.

El proyecto de Plan lleva por título “En defensa del bien común 2016-2019” e incluye 29 proyectos sobre diferentes temas considerados prioritarios para el progreso regional.

El debate realizado hasta el momento plantea un conjunto de observaciones puntuales que muy seguramente serán escuchadas por los funcionarios correspondientes, pues el talante del nuevo gobierno plantea un ambiente de apertura y dialogo con los diversos sectores de la comunidad.

La defensa del bien común es un excelente punto de apertura que constituye una referencia estimulante para la constitución de un nuevo sujeto social y político ajeno al clientelismo y los esquemas de corrupción que prevalecen en las redes politiqueras locales armadas por reconocidos gamonales y caporales del mercado electoral bipartidista.

Lo que atrae de la propuesta del Gobernador es esta reflexión sobre el bien común, el cual no es una simple sumatoria de bienes privados ni tampoco públicos sino es más bien la forma de disponer de una trama de relaciones, de servicios, de responsabilidades, de recursos que beneficia al todo y a las partes y que en definitiva constituyen el bien de la comunidad, el bien del cuerpo social y que le permite además sumir conciencia cívica, comprender el sentido del deber y del derecho y de los valores espirituales heredados posibilitando al mismo tiempo la continuidad inter-generacional ().

Estamos en el mundo de la defensa de los bienes comunes: la tierra, el agua, los derechos básicos, el espacio público, afectados por la arremetida neoliberal y mercantilista de la mano de la corrupción de los politiqueros que parasitan en la hacienda pública.

La hipótesis programática del gobierno departamental está organizada en 29 campos de acción con líneas de base específicas, objetivos, indicadores, productos y resultados muy concretos.

Como la discusión avanza resulta pertinente determinar las bases financieras de los ejes programáticos. En ese sentido establecer y adoptar el Marco Fiscal de mediano plazo es indispensable. Dicho Marco es una hipótesis de los ingresos y las rentas departamentales que servirán de soporte a cada una de las estrategias y a las acciones correspondientes que se reflejaran en los planes focalizados de trabajo.

Como la participación no es una mera frase y la misma requiere ser dotada de amplios contenidos será necesario ahondar la intervención de las comunidades.

Por ejemplo, el Proyecto del Plan necesita del trámite de la Consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes del departamento. No hacerlo implica desconocer pactos internacionales, normas nacionales y políticas públicas de estricto cumplimiento en la materia. Desconocer estas disposiciones constitucionales y legales supone el riesgo de legítimas demandas en el Tribunal Administrativo y en la Corte Constitucional, muy atenta a este tipo de vacíos en las acciones de las autoridades gubernamentales en todos los niveles.

Como el proyecto de la paz convertido en política pública por el presidente Santos es un campo preponderante mi sugerencia respetuosa es que la nueva carta de navegación contemple una Línea de base sobre la paz en el Quindío, la cual debería recoger los importantes avances de los diálogos de La Habana en materia agraria, territorial, de democracia ampliada, el derecho de las víctimas y la justicia especial de paz.*

Por supuesto la paz es un elemento transversal que debe impregnar la acción de la administración pública en los próximos 47 meses.

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La Paz en las finanzas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

En el artículo 5° del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, "Todos por un Nuevo país" se da cuenta, con cifras del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), de sus estrategias transversales y objetivos. Se propone en este escrito una reflexión sobre las mismas, enfatizando en lo atinente a la paz. Para el análisis, los montos señalados en el Plan se indican en dólares del 2014 (presentadas en el Plan en millones de pesos de 2014), y en sus respetivos porcentajes; igualmente, se desagrega para un año, pues los montos se presentan para todo el periodo; esto con el propósito de facilitar a quienes lo lean su comprensión y seguimiento, como sus propias conclusiones.

 

Propósitos, estrategias y finanzas

 

Es el objetivo del Plan: construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno, la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde), también conocida como "el Club de los países ricos", y la Agenda de desarrollo post 2015. Afirma como sus pilares: La paz, la equidad y la educación, que esperan ser consolidados a través de las que denomina seis estrategias transversales: 1. Competitividad e infraestructura. 2: Movilidad social. 3. Transformación del campo. 4. Seguridad, justicia y democracia para la paz. 5. Buen Gobierno y 6. Crecimiento verde; junto a seis estrategias regionales para gestionar territorialmente el desarrollo: 1. Caribe. 2. Eje cafetero y Antioquia 3. Centro oriente. 4. Pacífico. 5. Llanos orientales y 6. Sur de Colombia.

 

El Plan indica seis fuentes de financiación: 1. El Gobierno central. 2. El sector descentralizado. 3. Las entidades territoriales. 4. El sector privado. 5. El Sistema General de Participaciones (SGP). 6. El Sistema General de Regalías (SGR). Los gastos "no podrán superar en ningún caso el Monto de los Recursos disponibles del Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal del mediano plazo del Gobierno Central".

 

Los montos presupuestados

 

Su valor se estima en una cifra total cercana a los $704 billones, constantes de 2014, es decir, $176 billones por año. En dólares del 2014 ($2.417 por dólar –USD–) representa un total redondeado para los cuatro años de: USD 291 mil millones y/o de USD 72 mil millones por año.

 

Inicialmente se presentan los montos porcentajes (por año y en dólares) de los recursos previstos en el Plan Total, según estrategias y objetivos, por parte de las seis fuentes de financiación antes señaladas (Cuadro N°1). Posteriormente, se concentra la atención en las dos estrategias concernientes directamente con el proceso de paz: 1. Transformación del Campo (Cuadro N° 2) y 2. Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz (Cuadro N° 3). Cada uno acompañado de algunos comentarios puntuales.

 

El Plan concentra los esfuerzos financieros en las estrategias de: 1. Movilidad y 2. Competitividad, juntas suman cerca de USD 52 mil millones, garantizándoles un poco más del 71 por ciento de los recursos. Las estrategias relacionadas con la paz suman cerca de USD 20 mil millones, es decir, el 26.6 por ciento. 3. Seguridad: USD 14.2013 (19.7%) y 4. Transformación del campo: USD 5.096 (7%). Crecimiento verde, clave en los propósitos del Plan, tiene asignados cerca de mil millones de dólares, que representa el 1.4 por ciento. El resto, 1 por ciento, queda asignado a la estrategia de Buen Gobierno. El sector privado centra su participación en competitividad e infraestructura con cerca del 18 por ciento del total presupuestado (USD 12.546), de ellos el 54 por ciento (USD 6.799) para la estrategia del desarrollo minero energético contemplada en el Plan. Al respecto cabe señalar que esta inversión es, en lo fundamental, de origen extranjero; de un total de USD 16.000 entre el 2013-2014, el 40 por ciento (USD 6.400) va al sector minero energético con una tendencia a disminuir.

 

(http://www.procolombia.co/sites/default/files/reporte_de_inversion_-_2014.pdf)

 

Por su parte el 71 por ciento de las fuentes de financiamiento están concentradas: 1. En el gobierno central (37.1%) y 2. En el sector privado (33.5%). El 30 por ciento es responsabilidad de SGP (19%), E. Territoriales con (6.9%) y SGR (3.0). El sector Descentralizado solo aporta el 0.50 por ciento.

 

En lo que concierne a las estrategias relacionadas directamente con la paz, los montos establecidos pueden apreciarse en los siguientes dos cuadros:

 

En el cuadro N° 2, correspondiente a la estrategia Transformación del campo, se destaca la responsabilidad del sector privado con el 72 por ciento del monto total, que junto con el Gobierno central, con el 20.8, suman cerca del 93 por ciento del esfuerzo presupuestado. Se resalta la participación cero (0) del descentralizado. A manera de indicador, el monto total asignado a esta estrategia de USD 5.096 es menor en un 25 por ciento al contemplado en la inversión minera energética: US 6.790.

 

Este cuadro (No. 3), destaca: el peso del Gobierno Central con el 94.3 por ciento (USD 13.405), concentrado en el objetivo de Seguridad y Defensa con USD 9.435 (66.3% del total de la estrategia); y del sector privado con menos del 1 por ciento, apuntado en el objetivo de la Prestación de Servicios de Justicia. Los objetivos relacionados concretamente con la paz suman en su conjunto USD 318 millones, es decir, el 2.3 por ciento del monto total de la estrategia; Transición de paz con USD 148 (1.3%) Derechos Humanos USD 129 (0.90) y las Drogas USD 41 (0.28%).

 

Enmarcado lo anteriormente descrito del Plan en el escenario por el que atraviesa la economía a nivel mundial y nacional, tan dependiente de aquella, la prospectiva nos resulta poco halagüeña para el alcance de sus propósitos, en donde muy seguramente se logre la firma del conflicto con la insurgencia, que no va a significar la superación de las deudas centenarias de nuestro desasosiego sociopolítico.

 

Bogotá, agosto 21 de 2015.

 

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

Publicado enEdición Nº 217
En el 2015, Bogotá no tendrá presupuesto participativo.

Se tramita en la actualidad el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la capital de la República para el año 2015. Los debates correspondientes se adelantan de manera casi clandestina en el Concejo distrital, la corporación que tiene la representación de 8 millones de ciudadanos. La cifra proyectada para el efecto alcanza los 17, 2 billones de pesos (8.700 millones de dólares).


Para distintos sectores llama la atención la falta de deliberación en el espacio público de esa importante herramienta de gestión estatal, teóricamente asociada con la solución de los principales problemas que afectan los sectores más pobres y aquellos que están en condiciones de extrema miseria y segregación social, que son millones de seres humanos. A pesar de que el señor Petro, el alcalde de Bogotá, se rasgas las vestiduras hablando de una Capital más Humana, la realidad es otra. Es la de los negocios de su familia, particularmente la de su esposa, hijos y cuñados, que aprovechan sus privilegios para adelantar operaciones y actividades contrarias a la ética y la ley. Esta izquierda de "saco y corbata" está mostrando que, como en México con el PRD, les importa un soberano pepino el interés colectivo de las mayorías, pues han sido infiltrados por las prácticas mafiosas y delincuenciales.

No obstante que inicialmente se ofreció el sistema de los presupuestos participativos para determinar la asignación de las partidas fiscales considerando las iniciativas y prioridades postuladas por las comunidades en sus Unidades Básicas de Participación, que para este caso son 186 urbanas y rurales, tal compromiso se desconocido sistemáticamente en los últimos meses de gobierno. De igual manera se está repitiendo para el próximo año.

Como bien es sabido, los presupuestos participativos son un canal de intervención democrática que permite la consulta y diálogo de las comunidades con las autoridades alrededor de las prioridades del gasto y la inversión de los dineros gubernamentales. Los presupuestos participativos son un instrumento de protagonismo popular y de gestión de los estados locales y municipales. La ciudadanía puede proponer y decidir sobre la inversión de parte de los recursos financieros estatales.

Esos presupuestos participativos y democráticos tienen como principal objetivo animar y estimular la intervención directa de las personas en este proceso, para de esa manera determinar las más importantes demandas e inquietudes de los habitantes, hombres y mujeres, en materia de gastos sociales fundamentales para de esa manera incluirlos en el presupuesto anual de las Alcaldías, dando prioridad a las materias más urgentes y adelantando un seguimiento, vigilancia y veeduría de los compromisos y acuerdos establecidos.

La más trascendental contribución de los presupuestos participativos es la fórmula de una ciudadanía protagónica, que propicia la intervención democrática de todos en la marcha de la ciudad. Es asumir la idea de que la gestión pública es algo que tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos, que no solamente se consulta sino que igualmente se decide en el curso de la vida pública.

La puesta en práctica de los presupuestos participativos tiene múltiples potencialidades como:

Más transparencia, ética y eficiencia en la gestión gubernamental, al compartir entre todos el debate acerca de en qué se van a gastar nuestros impuestos.


Cualificar la comunicación entre gobierno y ciudadanía, generando espacios de interlocución entre políticos/as, vecinos/as, colectivos y personal técnico.

Se trata de un proceso abierto a todo el pueblo, que propicia la participación directa de todas las personas, superando así la lógica de la representación excluyente, que se limita a la acción de votar cada cuatro años.


Se trata de un proceso autorregulado, es decir, que son los propios participantes los que deciden cómo deben ser las «reglas del juego» que deben regir el proceso.

Promueve la reflexión activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas tienen la oportunidad del conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto.

Así, pues, los presupuestos participativos hablan de recursos financieros, e igualmente de nuevos escenarios de participación, de ampliación democrática en la vida local, de participar para decidir. Hablan en últimas de apropiación de los asuntos públicos por parte de la ciudadanía y el pueblo, lo que en el fondo constituye la esencia de la democracia protagónica y anti neoliberal.

Pero todas estas cosas positivas son las que no le interesan al señor Petro. La falta de participación ciudadana en la definición del presupuesto del 2015 es lo que explica el cumulo de problemas que registra esta herramienta como su alto endeudamiento que equivale al 56% (3 billones de pesos (1.500 millones de dólares), las dificultades que plantea un costoso proyecto de Metro que se planea sin los recursos suficientes y sin hacer las previsiones necesarias en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los faltantes en la construcción de jardines escolares, colegios, centros de salud y de viviendas y las deficiencias en la ejecución que para octubre del 2014, presenta un faltante cercano al 45%. Es que el negocio con los bancos judíos es más importante que atender los problemas sociales de los más pobres.


Al proceder de esta manera Petro, por lo demás, viola una norma de la Alcaldía, el Acuerdo 489 de 2012 (http://bit.ly/1rekqGs), que establece, en el artículo 48, como uno de los objetivos de la estrategia financiera del Plan de Desarrollo la vinculación de manera directa de la participación ciudadana en i) la asignación del gasto, ii) la territorialización de las acciones públicas y iii) la puesta en marcha de la democracia participativa que signifique poder ciudadano desde la base social, sus territorios y sus organizaciones.

El Presupuesto Participativo –PP-, señala ese Acuerdo, es un proceso social que pretende en un territorio específico, sea esta la Unidad Planeación Zonal, la localidad o el Distrito, identificar y caracterizar la demanda social y definir mediante la decisión de los ciudadanos o el consenso entre ellos, la asignación presupuestal a tales proyectos, que la administración se compromete a ejecutar en la vigencia correspondiente.

Son esas absurdas e ilegales acciones las que llevan a pensar que la paz que se pretende conseguir para Colombia tiene pocas posibilidades de materializarse con esta clase de gobiernos y funcionarios autoritarios y ególatras. Para Petro, que durante años exigió a Uribe Vélez llevar a los líderes guerrilleros a la Corte Penal Internacional y a las mazmorras norteamericanas mediante la extradición, la paz es un paraguas que utiliza de manera oportunista para salvar su pellejo frente a la arremetida del Procurador que él ayudó a elegir con sus maniobras politiqueras como congresista sistémico que fue del régimen oligárquico de los paramilitares. Es ese el mundo de la izquierda de saco y corbata, como aquella que opera en otras latitudes y es repudiada por las masas enardecidas que pugnan por el poder popular como alternativa a las Estados fallidos.


Son estas circunstancias las que permiten elevar las demandas y exigencias por nuevas formas de organización comunal en Bogotá. Las masas deben avanzar en otras maneras de asociación que lleven a la emancipación y presencia de la resistencia popular revolucionaria en calles y plazas. Esa es una realidad que debemos asumir en todos los barrios y localidades en que se encuentra organizada la Capital de los colombianos.

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