Las mayores fortunas subieron de 284 mil millones a 483 mil millones de dólares.. Imagen: AFP

Los mega ricos aumentaron su patrimonio en 200 mil millones de dólares

La tragedia de la covid aumentó la desigualdad en América latina. Ahora hay más empresarios con grandes fortunas y éstas crecieron un 70 por ciento.

 

La fortuna de los multimillonarios latinoamericanos creció un 70 por ciento durante 2020. En marzo del año pasado, cuando recién se empezaban a tomar medidas contra la covid en la región, integraban la lista 76 personas con un patrimonio de 284.000 millones de dólares. A un año y cuatro meses, ya hay 106 con fortunas acumuladas de 483.200 millones de dólares. 

Más de la mitad de los multimillonarios (66) tienen nacionalidad brasileña, aunque también hay 14 mexicanos, 9 chilenos, 6 peruanos, 5 argentinos, 5 colombianos y 1 venezolano. Solo 12 son mujeres.

La riqueza latinoamericana está concentrada en cuatro sectores: financiero, telecomunicaciones, medios digitales de pago y salud: “Estos son sectores intensivos en capital, que generan pocos puestos de trabajo”, explica Luis Felipe López-Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas (PNUD) para América latina, que realizó un análisis de los datos que publica la Revista Forbes. 

Incluso entre los multimillonarios existen grandes disparidades. Mientras que el 40 por ciento tiene un patrimonio neto individual de entre 1 y 2 mil millones de dólares, los tres más ricos superan los 20 mil millones de dólares cada uno. El 80 por ciento del patrimonio lo acumulan los millonarios de México y Brasil.

La lista está encabezada por el mexicano Carlos Slim, dueño de América Móvil, que acumula una fortuna de 71.500 millones de dólares. Slim ocupa el número 15 del ranking mundial y es desde hace años quien concentra la mayor riqueza del continente. Le sigue el también mexicano Germán Larrea (Grupo México) que acumula un patrimonio de 26.100 millones de dólares. En tercer lugar se ubica la chilena Iris Fontbona que dirige la minera Antofagasta Plc y cuenta con una riqueza de 20.200 millones de dólares.

Los argentinos que integran el ranking son el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, con una fortuna de 6.200 millones de dólares. Con 3.400 millones de dólares, le sigue el empresario petrolero Alejandro Bulgheroni, fundador de Pan American Energy. En tercer lugar se encuentra la familia Perez Companc, con 2.600 millones de dólares. Después aparece el dueño mayoritario de Laboratorios Roemmers, Alberto Roemmers, y por último Eduardo Eurnekian, con 1.400 millones de dólares.

El análisis lo realizaron técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes aseguran que la concentración de recursos en las manos de unos pocos es un problema que impacta en muchos frentes: “Cuando la concentración de recursos se traduce a una concentración del poder político, como muchas veces es el caso, puede provocar un círculo vicioso que perpetúa estos resultados y que distorsiona tanto las políticas como la asignación de recursos”, recuerdan.

Mientras las cuentas bancarias de los ricos suben, los pobres se empobrecen aún más: la Cepal afirmó que en 2020 la tasa de pobreza alcanzó al 33,7 por ciento de la población, y la de pobreza extrema al 12,5 por ciento, niveles que no se observaron en los últimos 12 y 20 años, respectivamente. En un contexto de encarecimiento de los productos básicos, este empeoramiento provocó, además, que el número de personas en situación de inseguridad alimentaria se haya triplicado desde el inicio de la crisis sanitaria y económica.

Gravar a los mas ricos

"Gravar a los más ricos podría proporcionar algunos de los recursos necesarios para promover ganancias sociales y económicas generalizadas", recomienda el PNUD. Las recomendaciones de política tributaria para evitar la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres en la segunda región con más desigualdad del mundo suma cada vez más adherentes: el FMI, la Cepal, el Banco Mundial y la Ocde.

Un estudio reciente de investigadores de la Universidad de San Pablo encontró que, en Brasil, una política de protección social de transferencias monetarias mensuales de 23 dólares al 30 por ciento más pobre de la sociedad, financiado con impuestos al 1 por ciento más rico, podría generar un impacto positivo del 2,4 por ciento sobre el PIB a través de efectos multiplicadores del consumo. Otro ejemplo más cercano en el país fue el resultado del aporte de las grandes fortunas.

"A medida que la pandemia continúa en la región, esta ejerce una presión cada vez mayor sobre nuestros sistemas fiscales y expone las grietas existentes en nuestras redes de seguridad social. Ahora debemos reinventar un nuevo camino a seguir, uno que sea más equitativo y sostenible que aquel en el que nos encontrábamos antes" , explican desde el PNUD que aseguran que “necesitamos sistemas de salud y seguridad social universales, evitar que las empresas digitales se lleven todas las rentas y poner impuestos no solo a los flujos sino también a la riqueza acumulada. Pero la pregunta es cómo, porque donde se está intentando se ve que no es tan sencillo”.

20 de julio de 2021

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Una ola de disturbios y saqueos jaquea a Sudáfrica

Al menos 72 muertos se contabilizan en seis días de estallido

Los incidentes se iniciaron tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de cárcel por desacato a la justicia. El hecho alimentó el malestar social frente a la pobreza, el desempleo y el impacto del coronavirus.

 

La oleada de disturbios y saqueos masivos que sufre Sudáfrica desde la semana pasada, con niveles de vandalismo inéditos en la historia democrática del país, acumula ya 72 muertos. Los incidentes continuaban el miércoles en algunos puntos de Sudáfrica a pesar de las intervenciones de la policía y el ejército, que intentan hallar a los instigadores. La escasez de alimentos y combustible empezó a amenazar a la nación africana tras el sexto día de una ola de violencia que tuvo su inicio tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia. Ese hecho alimentó el malestar de la sociedad frente a los elevados niveles de pobreza y desempleo, y la gestión gubernamental de la pandemia de covid-19.

Saqueos, incendios y justicia por mano propia

De acuerdo al último balance oficial difundido por la policía, el total de víctimas fatales por los disturbios y saqueos ocurridos desde el pasado viernes asciende a 72, mientras que los detenidos ya son 1.234. El miércoles, aunque más reducidos que en jornadas previas, todavía se registraban incidentes en algunos puntos de las dos regiones más afectadas por la ola de violencia, que son la oriental provincia de KwaZulu-Natal y la provincia de Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. 

La policía, completamente desbordada, tuvo que recibir el apoyo de 2.500 efectivos del Ejército y el miércoles, tras seis jornadas de escalada de la violencia, esa presencia se dobló hasta 5.000 soldados. Además la fuerza de seguridad indicó que están investigando cada una de las muertes, en principio relacionadas con las estampidas producto de los saqueos, pero también por explosiones, incendios y disparos.

"Estamos apretando el acelerador para que lo que ha pasado no vaya a más en términos de destrucción", prometió el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, en declaraciones a los medios durante una visita a un centro comercial devastado en el distrito de Mamelodi, a las afueras de Pretoria. El alto funcionario sostuvo la hipótesis de que "el crimen organizado podría estar escondiéndose detrás del hambre y los problemas sociales de la comunidad".

Cele, quien en los últimos días fue objeto de duras críticas por la incapacidad de las fuerzas de seguridad para prever y manejar la ola de vandalismo, advirtió también que los numerosos afectados por los incidentes no deben reaccionar aplicando justicia por mano propia. En ese sentido, en el distrito de Vosloorus, al sureste de Johannesburgo, se investiga la muerte de un adolescente que habría sido asesinado por choferes de taxis informales tras ser sorprendido intentando robar un negocio.

El principal centro comercial de la región fue devastado y parcialmente incendiado, y varios cadáveres fueron hallados en el lugar. "Nos pasamos la vida sirviendo a la comunidad y mira qué sacamos a cambio. Me rompe el corazón", decía abatido Mike de Freitas, de 45 años y dueño de una carnicería que había ido a verificar los daños. En la provincia de KwaZulu-Natal, los campos de caña de azúcar fueron quemados y el ganado robado. "La gente ha saqueado las tiendas y, ahora que no tienen comida, atacarán las granjas", lamentó el director de la organización agrícola AgriSA Van der Rheede.

En la ciudad costera de Durban las tomas aéreas mostraron a cientos de personas saqueando grandes tiendas comerciales. Una mujer fue vista tirando a su bebé desde el segundo piso de un edificio para salvarlo de un incendio, luego de que los negocios del piso de abajo fueran quemados. Transeúntes pudieron recibir al bebé sano y salvo. "Todo lo que podía hacer era confiar en completos desconocidos", dijo la joven de 26 años Naledi Manyoni en diálogo con la BBC, y contó que tanto ella como su hija Melokuhle se encuentran bien.

Los extensos daños materiales aún no fueron cuantificados y se teme que en los próximos días haya problemas de suministro de alimentos y de combustible, por lo que el miércoles muchos sudafricanos hacían cola desde primera hora en supermercados y en estaciones de servicio. Además la violencia obligó a interrumpir, por ejemplo, los servicios médicos para el tratamiento de condiciones de salud crónicas, como diabetes, tuberculosis y VIH, y la aplicación de vacunas contra la covid-19.

Según el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, los incidentes son de una magnitud nunca vista en democracia, solo comparables con la convulsa transición que Sudáfrica vivió a principios de los años noventa tras el final del sistema segregacionista del apartheid. "El camino de la violencia, de los saqueos y de la anarquía sólo lleva a más violencia y devastación. Lleva a más pobreza, más desempleo y más pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos como pueblo", lamentó el lunes Ramaphosa en un mensaje a la nación.

De protestas pro-Zuma al malestar general

Jacob Zuma, de 79 años, fue un luchador contra el apartheid que pasó 10 años preso en la cárcel de Isla Robben, cerca de Ciudad del Cabo. En la Sudáfrica democrática llegó a ser vicepresidente y luego presidente, antes de ser depuesto por el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) en 2018 al proliferar una serie de escándalos de corrupción. Aún así, Zuma mantiene su popularidad entre muchos sudafricanos pobres, especialmente entre militantes de base del CNA que lo ven como un defensor de los marginados.

Los incidentes empezaron el viernes pasado en KwaZulu-Natal, cuna del expresidente, quien el pasado 29 de junio había sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial tras haberse negado repetidamente a declarar por una de las causas de corrupción que lo salpican. Aunque Zuma se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del miércoles, había estado insistiendo previamente en que era víctima de una persecución político-judicial y que la pena de prisión sería para él una "sentencia de muerte".

En ese contexto, sus simpatizantes salieron a cortar caminos como muestra de apoyo. En los días siguientes las protestas se extendieron por KwaZulu-Natal y se replicaron en otras regiones. Para el fin de semana se habían transformado ya en una caótica oleada de disturbios, que más que con motivos políticos enlazan con problemas sociales preexistentes como la extrema desigualdad, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el descontento por la gestión de la pandemia.

15 de julio de 2021

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 Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Perú Pedro Castillo, se congregan para el cierre de su campaña de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 6 de junio, en la plaza Dos de Mayo, en Lima. — Stringer / EFE

Castillo ha encauzado la ira popular contra un aparato estatal pervertido por el abandono del interior, la corrupción sistemática y el modelo económico de libre mercado, que durante décadas ha dominado Perú y no ha sido capaz de sepultar sus enormes desigualdades.

 

Sin traje ni corbata, con sombrero "chotano" y un discurso descentralizado, Pedro Castillo encarna los valores humildes y campesinos de la zona andina del Perú, donde el candidato presidencial es aupado por maestros y agricultores, que ven en él una figura cercana y ajena a las élites limeñas.

"(Castillo) es pobre como nosotros, es una persona campesina. Él ha sufrido y ha vivido en carne propia como nosotros ahora estamos viviendo, trabajando con el sudor de nuestra frente", resumió a Efe la agricultora y vendedora de frutas Marcelina Condor. 

"Y cuando gane nos va a apoyar", agregó la joven desde el mercado municipal de Chota, capital de la humilde provincia homónima del norte de los Andes peruanos, perteneciente a la región de Cajamarca. 

Hijo de campesinos analfabetos, Castillo ha encauzado la ira popular contra un aparato estatal pervertido por el abandono del interior, la corrupción sistemática y el modelo económico de libre mercado, que durante décadas ha dominado Perú y no ha sido capaz de sepultar sus enormes desigualdades. 

Con una ligera ventaja en las encuestas frente a la derechista Keiko Fujimori, su rival en las elecciones del domingo, el candidato de Perú Libre -el "partido del lápiz"- tiene su bastión en el mal llamado "Perú profundo", ensalzado por el voto izquierdista pero conservador social de una población rural y pobre, relegada durante décadas por las élites capitalinas. 

La voz rural andina 

Como rondero, agricultor, maestro de escuela rural y sindicalista, Castillo ha logrado captar votantes fervientes entre los sectores más representativos de la sierra peruana, principalmente el magisterio rural y las rondas campesinas. 

Desde el distrito cajamarquino de Tacabamba, de donde es oriundo el candidato, el maestro Tomás Rolando aseguró a Efe que el postulante izquierdista es "el verdadero cambio que necesita la zona rural", sobre todo en materia de educación, salud y agricultura. 

"(Los maestros rurales) vivimos lamentablemente desabastecidos en todos los sentidos y la esperanza en el profesor Pedro está centrada en que él ha vivido nuestras experiencias de sacrificio y esfuerzo para trabajar en las zonas más alejadas", manifestó Rolando, quien antes de la pandemia se levantaba a las 3.00 de la madrugada todos los días para evitar llegar tarde a la escuela. 

El respaldo al paisano también es abrumador entre los campesinos de la región de Cajamarca, muchos de ellos ronderos, para quienes Castillo resulta una figura familiar, que luce como ellos el típico sombrero de paja y ala grande y acude a votar montado en una yegua. 

Y, claro, lo ven lejos de los enjuagues de la lógica centralista que encarna la hija y heredera política del expresidente encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000), quien creció rodeada de guardaespaldas en el palacio presidencial. 

"Somos hinchas del lápiz porque queremos para la agricultura, pues esa la Keiko para la agricultura no ofrece nada", espetó a Efe el rondero Segundo, mientras labraba la tierra, sin soltar la pala de madera que sujetaban sus callosas manos. 

Le faltó tiempo para añadir, insatisfecho: "Somos del lápiz porque del otro (Fuerza Popular) no tenemos que ver ná". 

El rechazo a un modelo 

Para el sociólogo Pedro Sánchez, ese voto a Castillo revela a todas luces "el fracaso rotundo" de la reforma estructural que había iniciado el Perú en 2002 con el proceso de regionalización, impulsado durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) para superar el excesivo centralismo de Lima.

El maestro representa "ese reclamo de las provincias, del interior", que rechaza "un modelo que todavía no ha llegado homogéneamente a todos los sectores del país", resumió a Efe el docente principal de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

En el mismo sentido se expresó el profesor de educación primaria Wilson Carranza, un vecino de Tacabamba convencido de que el Perú está "a un paso de consolidar la lucha del pueblo que ha venido año tras año organizándose, saliendo a las calles y reclamando sus derechos".  

"En nuestro Estado, lamentablemente, el poder ha estado solamente en un grupo, y eso ha llevado a que la clase trabajadora despierte y alce su voz", sostuvo a Efe Carranza, quien no pudo dejar de mencionar la gran huelga de profesores que lideró Castillo en 2017 y lo puso en el candelero mediático. 

Así, el apoyo sin fisuras detrás del candidato es también un altavoz del descontento de las clases populares al ver que los sistemas económico y político vigentes no han sabido resolver las enormes brechas sociales ni los han sacado de la pobreza. 

Arraigado antifujimorismo 

Tampoco serán pocos los que apostarán de mala gana por el maestro tan solo para evitar que Fujimori logre alcanzar el sillón presidencial. 

Para militantes "antifujimoristas", como la comerciante María Medina, los anticuerpos que genera la "trinidad" del padre, hija y espíritu constitucional de 1993 no les dejan otra opción que votar por el "nuevo". 

"Ya no queremos a gente corrupta y Pedro no tiene ninguna caída todavía", aseveró a Efe la mujer, en alusión a la acusación de más de 30 años de prisión que afronta la candidata de Fuerza Popular por presunto lavado de dinero.

Chota. 04/06/2021 17:25

Carla Samon Ros / EFE

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Colombia: un mes de paro y un futuro incierto

No es extraño que la juventud colombiana –cada vez más afectada por la desocupación y la pobreza– sea uno de los sectores más activos en las protestas. Sin embargo, está poco representada en las negociaciones. La estrategia del gobierno, que apuesta a una mezcla de represión y diálogo, ha venido contribuyendo a la erosión de la credibilidad de las instituciones, mientras los actores políticos comienzan a mirar hacia las elecciones presidenciales del próximo año.

En el último año, 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones a la condición de pobreza extrema en Colombia. En 2020, 42,5% de la población vivió en condiciones de pobreza, lo que indica un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra del 2019 (35,7%). Hoy, en total, son más de 21 millones de personas las que subsisten con menos de 331.688 pesos mensuales (aproximadamente 88 dólares)  y 7,47 millones de colombianos viven con menos de 145.004 pesos (aproximadamente 39 dólares). Las estimaciones sugieren que se ha retrocedido al menos una década de lucha contra la pobreza en el país.

Fueron las grandes ciudades las que más sufrieron los efectos de la pandemia y de las políticas de confinamiento. En Bogotá, por ejemplo, el número de personas que viven en condición de pobreza es de 3,3 millones; le sigue Antioquia (cuya capital es la segunda ciudad más importante del país, Medellín) con un total de 2,32 millones, Valle del Cauca (su capital es la tercera más importante del país, Cali) con 1,67 millones, Bolívar (1,71 millones), Córdoba (1,092 millones) y Atlántico (1,04 millones).

Dos de los sectores más afectados por la crisis en Colombia son las mujeres y los jóvenes. 46,7% de las mujeres en Colombia hoy vive en situación de pobreza, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es de 40,1. Según el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), «la brecha de género aumentó durante la pandemia y esto necesariamente golpea la incidencia de pobreza en aquellos hogares donde la mujer es cabeza de hogar». La situación de los jóvenes también se precarizó: la tasa de ocupación para el total de personas entre 14 y 28 años fue de 42%, con una disminución del 1,6% comparado con el trimestre enero-marzo de 2020 (43,6%). El desempleo joven fue 23,9%, con un un aumento de 3,4% frente al trimestre enero-marzo de 2020 (20,5%). 

Esto último explica por qué los jóvenes han sido los protagonistas de la movilización social en Colombia, que se reactivó contra la reforma tributaria en abril pasado y prosiguió con otras reivindicaciones como el rechazo a la reforma sanitaria del gobierno. En las protestas del 2019 se habían organizado para llamar la atención sobre una situación que la pandemia solo contribuyó a empeorar. No solo estaban viendo sus expectativas de trabajo reducidas, sino que adicionalmente, sus posibilidades de obtener educación superior estaban decreciendo. Las universidades públicas no contaban con suficiente inversión estatal para ampliar sus cupos y el ingreso a universidades privadas los estaba dejando altamente endeudados. Para colmo, la pandemia no solo contribuyó a expulsar a los jóvenes del mercado laboral sino también del sistema educativo: en el 2020 un total de 243.801 estudiantes desertaron del sistema escolar oficial y no oficial, lo que corresponde al 2,7 %.

Si se ponen todos estos datos juntos es fácil entender por qué los barrios más pobres de las grandes ciudades han sido aquellos donde la movilización se ha tornado más multitudinaria. Se trata de una situación mala que ha empeorado ostensiblemente gracias a la pandemia. En muchos casos, además, estos son lugares en los que operan grupos ilegales (ya sean disidencias de la guerrilla, grupos dedicados al microtráfico o a otras formas de criminalidad) y que ven en estos jóvenes posibilidades de reclutamiento. Estos barrios recibieron y siguen recibiendo familias víctimas del desplazamiento forzado que lo abandonan todo para buscar protección en el anonimato que les brindan las ciudades grandes. Los jóvenes pertenecientes a estas familias sufren de un desarraigo que solo termina de acentuarse gracias a la falta de oportunidades laborales y de educación. 

Por si todo lo anterior fuera poco, su relación diaria con la policía puede ser definida como una de tensión constante en la que el asedio, la detención ilegal y los abusos son el pan de todos los días. Lo que ya era un problema endémico solo empeoró durante la pandemia en virtud de los poderes adicionales que se le entregaron a la fuerza pública para hacer que el confinamiento y las medidas de bioseguridad se cumplieran. Mientras estos jóvenes y sus familias no hacían sino empobrecerse encerrados y sin posibilidad alguna de que esta difícil situación cambiara en el futuro más inmediato, en la calle la policía era cada vez más poderosa y más dueña del espacio público. Así las cosas, cuando la desesperada situación económica no se pudo contener más, el choque entre la frustración de estos jóvenes y la fuerza policial fue de una brutalidad sin precedentes en el pasado reciente colombiano.

Hay un problema adicional que dificulta aún más la situación y sus posibilidades de solución. La ciudadanía colombiana ha venido desarrollando una creciente desconfianza ante las instituciones estatales y ante los partidos políticos. En 2004, según el Observatorio de la Democracia, la satisfacción con la operación de las instituciones era de un 57,7% y hoy es de solo 18,2%. La falta de credibilidad de las instituciones estatales está acompañada, además, por una caída en la confianza frente a los medios de comunicación e incluso frente a las mismas organizaciones sociales.

Así las cosas, la única forma en la que muchos creen que se puede tratar de obtener respuestas frente a sus demandas es a través de la protesta. Han perdido la fe en que una respuesta adecuada se pueda lograr a través de la democracia representativa. La consecuencia inmediata es que los canales de comunicación entre el gobierno y la gente que protesta en las calles están taponados y truncados. Todos insisten en que la única salida a la actual situación, después de un mes de paro, es la negociación. Pero no es una tarea fácil identificar a los interlocutores. Si bien hay un Comité del Paro con quien el gobierno está intentado dialogar, la queja constante de quienes protestan es que los miembros del comité no los representan. Y no es un capricho. Para dar solo un ejemplo: la única persona joven allí representada es una activista del movimiento estudiantil universitario y ello contrasta con el hecho de que muchos de los jóvenes que protestan están saliendo del sistema escolar y tienen remotas posibilidades de ingresar a la universidad.

El gobierno, mientras tanto, ha preferido apostar con más vehemencia a una estrategia de orden público para tratar de contener la movilización. Constantemente criminaliza la protesta, hace un énfasis desproporcionado en el daño material que produce el paro, se presenta como víctima de intereses electorales y, haciendo uso de todas estas estratagemas, solo contribuye a restarle agencia y voz a quienes protestan. Si a eso se le suma su complicidad y nula actitud crítica frente al abuso policial, es fácil deducir que es el gobierno mismo quien ha contribuido a que el paro se prolongue y la protesta se haga cada vez más masiva.

La inmensa debilidad de la administración Duque, a quien ni siquiera su propio partido acompañó a sacar adelante la propuesta de reforma tributaria que desencadenó las manifestaciones, es el principal obstáculo para salir del atolladero. No tiene capacidad de convocatoria para liderar un diálogo de concertación alrededor de las medidas que es necesario adoptar y, por tanto, su única salida es muy poca zanahoria y grandes dosis de garrote en las calles. El garrote produce más escenarios de posibilidad para la violencia policial y la reacción de la comunidad internacional ante las violaciones a los derechos humanos lo hacen ver acorralado. Al punto que en una decisión sin precedentes, el gobierno nacional ha rechazado el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una visita in loco que les permita evaluar la situación de derechos humanos en el país después de un mes de paro. Y luego señaló que sí, pero «no por ahora».

Lo más dramático es que cada día que pasa es un día que se pierde en el proceso de adoptar e implementar medidas de emergencia para ayudar a paliar la desesperación económica de tantas familias empobrecidas. Cada día que pasa, la estrategia del gobierno contribuye a minar más la confianza de la gente en las maltrechas instituciones colombianas. Los organismos de control que deberían velar por el respeto a los derechos de los ciudadanos han sido cooptados por el gobierno y perdido toda su capacidad de constituirse en entes de vigilancia del comportamiento del gobierno y de la fuerza pública.

La clase política, por su parte, parece sumida en un sueño profundo provocado por los intereses electorales ya activados con miras a las votaciones del año entrante. La izquierda partidista, siempre protagonista de las reivindicaciones sociales, ahora es cautelosa porque quiere evitar que la acusen del caos y los desmanes de la protesta. La derecha hábilmente espera al acecho porque sabe que una protesta degradada y desgastada es su mejor oportunidad para re-encauchar el discurso anti-«castrochavista» y el poder de la mano dura. Y, finalmente, el centro político ha tomado la decisión de iniciar su desvertebramiento justo en esta coyuntura. Las posibles salidas lucen remotas y el liderazgo político colombiano parece a la baja, ya con pocas dosis de imaginación

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Salud mental, determinantes sociales y protección social

La pandemia de Covid19 ha hecho aflorar a primera línea de la agenda política y social la necesidad de cuidar la salud mental de la población. Las clases sociales y los determinantes y condicionantes impactan de forma clara en la salud de las personas. Cómo hacerle frente requiere de una acción coordinada, donde la Renta Básica Universal puede tener un protagonismo central.

Las consecuencias de la crisis de la Covidien-19 en la salud mental de la población están siendo claras y reales. La relación entre pandemia y salud mental es evidente y el sufrimiento psíquico por el confinamiento es manifiesto. ¿Pero afecta a todos por igual? ¿Como repercute quedarse sin empleo o sin ingresos en la salud mental? ¿Cómo afecta la incertidumbre económica en la salud mental? ¿Qué son los determinantes de la salud? ¿Hay alguna manera de poder protegernos ante esta inseguridad económica?

Abordaremos algunos conceptos entorno a la salud mental (algunos de ellos polémicos y equívocos) para clarificar y reducir algunas confusiones, antes de explorar una medida como la Renta Básica universal que supondría una protección social a lo largo de la vida para toda la población, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud (1).

¿Qué es la salud mental?

La definición más seguida por la comunidad científica sobre qué entendemos como salud mental, es la que propone la OMS -definición que podemos encontrar en su página web.

La describe como «un estado de bienestar completo, en el que el individuo es capaz de desarrollar plenamente sus capacidades, superar las tensiones de la vida, trabajar de manera productiva y provechosa y contribuir con sus aportaciones a la comunidad». Aunque esta definición pueda pecar de ambiciosa, tiene la virtud de abarcar y capturar todo lo que puede ser un concepto tan difícil de definir, y tan amplio, como el de salud mental. Ahora bien, según esto podríamos inferir que la salud mental de nuestras sociedades en este momento tendría muchos déficits, teniendo en cuenta que una parte importante de la sociedad ha quedado excluida de la posibilidad de trabajar de manera productiva y provechosa, y sin poder contribuir con sus aportaciones a la comunidad. Y aquellos o aquellas que lo pueden hacer, también sería conveniente saber en qué condiciones desarrollan su trabajo, pues como veremos más adelante trabajar en según qué condiciones perjudica o empeora la salud (2).

Si bien la salud mental es un componente fundamental, y es más que la ausencia de la enfermedad mental clínicamente definida, hay un debate considerable sobre qué constituyen los elementos necesarios para hablar de salud mental positiva o del bienestar emocional. Sin embargo, la salud mental es un elemento fundamental de resiliencia, de capacidades y adaptación positiva para hacer frente a la adversidad y desarrollar las capacidades y los potenciales humanos (3).

Actualmente, conocemos que los problemas de salud mental, según la OMS, tienen un 25% de prevalencia en la población. Es decir, una de cada cuatro personas se verá afectada a lo largo de su vida por una problemática de salud mental. Unos problemas que desde hace un tiempo tienden a aumentar.

Los Trastornos mentales

El trastorno mental es otro concepto complicado, cambiante, heterogéneo y difícil de definir. Allen Frances (1942), uno de los autores principales que confeccionó lo que se conoce como «la biblia» de la psiquiatría, el llamado DSM [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders] -el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría- es bastante claro cuando considera que “he revisado docenas de definiciones de trastorno mental -y yo mismo he escrito una por el DSM-IV pero no he encontrado ninguna que sea mínimamente útil para determinar qué condiciones deberían considerarse trastornos mentales, y cuáles no, o para decidir quién está enfermo y quién no”(4).

La definición de trastorno mental del filósofo Jerome Wakefield, tiene un sentido bastante preciso: “un trastorno mental existe cuando algún sistema psicológico interno no funciona tal como está diseñado para esta función, y esta disfunción está definida como inapropiada en un contexto particular” (5).

Resulta importante destacar estos dos elementos: «disfunciones internas» y «socialmente inapropiada». Así, por ejemplo, no podemos establecer la existencia de un trastorno mental sólo por la consideración de un comportamiento social -o político- como inapropiado, como ha sido el caso en determinados regímenes políticos a lo largo de la historia.

Estas realidades reflejan la combinación entre las disfunciones internas -de carácter universal- y los valores del contexto social y cultural. Por ejemplo, no entrarían en la categoría de trastornos mentales las respuestas psicológicas a las consecuencias de condiciones sociales, producto del estrés intenso de perder un empleo o de quedarse sin vivienda por un desahucio.

En el ámbito de la salud mental uno de los aspectos más problemáticos, controvertidos y fuente de disputas es el del diagnóstico. A estas alturas no se ha podido demostrar que las entidades patológicas que se describen en estos manuales se corresponden con una verdadera patología clínica delimitada o enfermedad (6).

A lo largo de la historia nos encontramos con problemas de abusos y de aplicación de categorías psiquiátricas que no se corresponden, con lo que supone para estas personas de poder sufrir los efectos perjudiciales de un diagnóstico psiquiátrico y que lo pueden arrastrar durante muchos años, con todo el estigma que conlleva. Entre estos efectos, junto con la pérdida de la libertad personal y tratamientos psiquiátricos determinados, existe la posibilidad de quedar «etiquetado» para siempre y sufrir desventajas sociales y legales, desde la pérdida de un puesto de trabajo hasta la declaración de incapacidad civil.

Otro aspecto a destacar es que bajo la presión de la industria farmacéutica ha ido aumentando el número de diagnósticos a medida que van pasando los años: en el DSM-I, en 1952, había 106 diagnósticos, en el III ya eran 265, en el DSM-IV del 2000, casi 400. en el DSM-V ya se supera esta cifra con creces. Si en 1880 sólo había 8 categorías de enfermedad mental, el aumento hasta ahora ha sido muy considerable y cualquier persona puede tener alguna probabilidad de padecer un trastorno psiquiátrico, difuminando la diferencia entre la normalidad y la patología (7).

Los determinantes sociales y las desigualdades en salud

Los determinantes sociales, más allá de los condicionantes biológicos y psicológicos que nadie discute, afectan a nuestra biología y nuestra salud. Para determinantes sociales entendemos, siguiendo lo que la OMS señaló en la Comisión sobre determinantes sociales en salud que se creó en 2005, tres componentes principales: 1) el contexto socioeconómico y político; 2) los determinantes estructurales y la posición socioeconómica; y 3) los factores intermediarios -más cercanos.

El contexto socioeconómico y político se refiere a los factores que afectan de forma importante a la estructura social y la distribución de poder y recursos en una sociedad. Se incluyen el gobierno en un sentido amplio: la tradición política, la transparencia, la corrupción, el poder de los sindicatos ... y los actores económicos y sociales existentes como los bancos y las grandes corporaciones, entre otros. Estos factores determinan las políticas macroeconómicas como son las políticas fiscales, las políticas que regulan el mercado de trabajo, las políticas del estado del bienestar -sanidad, enseñanza, servicios sociales, protección social. Estos factores estructurales tendrían que ver con las acciones y prioridades de los respectivos gobiernos, las empresas y las diversas fuerzas sociales y políticas, los sindicatos y otras fuerzas que tengan que ver con la toma de las decisiones políticas (8).

La Comisión de la OMS aportó mucha evidencia científica y demostró cómo, en comparación con los individuos que tienen más riqueza, poder y educación, las personas de las clases sociales más pobres y explotadas son las que tienen los peores perfiles de exposición a factores biológicos, conductuales y servicios sanitarios, lo que se manifiesta en un peor estado de salud.

Entre los factores sociales, la Comisión destaca las malas condiciones de empleo con una mayor precariedad laboral, el no disponer de una vivienda digna y bien acondicionada, no disponer de agua potable y la falta de protección social y de servicios sociales.

Por lo tanto, el origen de las desigualdades en salud deriva del conjunto de determinantes sociales, económicos y políticos. Es lo que la Comisión llamó «las causas de las causas» de la enfermedad y la desigualdad. En definitiva, la desigual distribución en el poder económico y social entre países y entre clases, condiciona las políticas sociales y económicas, y que a la vez repercuten en la salud de las personas (9).

Dos autores que han investigado mucho sobre las desigualdades como son Richard Wilkinson (1943) y Kate Pickett (1965) consideran que los seres humanos somos muy sensibles a la desigualdad y esta «se mete bajo la piel» (10).

Sabemos que la desigualdad es uno de los mayores determinantes de la salud de las poblaciones, en especial de la salud mental. A mayor desigualdad hay una mayor prevalencia de problemas de salud mental. y la desigualdad de ingresos aparece como un factor decisivo para determinar la salud mental de una sociedad.

Salud mental e insuficiencia de ingresos

Los ingresos económicos están directamente asociados con el nivel de salud. Hay una relación directa entre ingresos y bienestar emocional que se da en todas las sociedades.

Sabemos que la pobreza impide a las personas el acceso a una vida digna, a la educación, al transporte y otros factores vitales para la plena participación en la sociedad. Ser excluido de la vida social y recibir un tratamiento de inferioridad causa peor salud y genera mayores riesgos de sufrir una muerte prematura. Asimismo, la pobreza impide las funciones cognitivas, evitando dedicarlas a otros ámbitos y tareas que no sea estrictamente la supervivencia diaria (11).

Las personas desempleadas, las minorías étnicas, la gente trabajadora inmigrante, las personas con discapacidad, las refugiadas y las personas sin hogar están más expuestas a la pobreza y, por tanto, a sufrir problemas de salud importantes. Es sabido que las personas que viven en la calle tienen el índice más elevado de muerte prematura y una esperanza de vida 26 años inferior a la media de la población (12).

Más concretamente en cuanto a la salud mental, también hay suficiente evidencia de que el estrés que produce vivir en la pobreza es particularmente perjudicial para las madres durante el embarazo, los bebés, los niños y niñas y la gente mayor (13).

Desde el inicio de la pandemia del Covidien-19 estamos viviendo tiempos de incertidumbre, y el miedo al futuro y la ausencia de perspectivas para los próximos años está generando un aumento de problemas de salud mental que diversas investigaciones están poniendo de manifiesto. La gente que tiene más inestabilidad e inseguridad laboral presenta más síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión y el insomnio (14).

Sin seguridad económica en la vida de las personas, éstas no pueden actuar racionalmente o no se puede esperar que lo hagan (15). Si los mercados de trabajo desde hace años son lugares inseguros donde hay empleos inestables, las entradas y salidas intermitentes de los trabajos son frecuentes, entonces las incertidumbres económicas considerables y los malestares psicológicos pasan factura a la salud mental cuando los ingresos o salarios peligran; por tanto, hay que emprender medidas para garantizar unos ingresos para toda la ciudadanía para, entre muchas razones, proteger la salud de la ciudadanía.

Políticas de protección social y salud mental

Aplicar políticas de protección social a lo largo de la vida es una de las recomendaciones del informe de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS (16). Entre otras recomendaciones que se hacen en este informe cabe destacar la que hace referencia a la protección social a lo largo de la vida, concretamente:

  1. Aplicar políticas de protección social universal de amplio alcance o mejorar las existentes para que toda la población disfrute de un nivel de ingresos suficiente y pueda tener una vida sana.
  1. Conseguir que los sistemas de protección social incluyan a quienes suelen estar excluidos: personas en situación de precariedad laboral, en particular quien trabaja en el sector no estructurado, el servicio doméstico o la asistencia a otras personas.

Cuando hablamos de protección social a lo largo de la vida, una medida como la Renta Básica universal (RB) aparece por tanto como una herramienta para garantizar la existencia material de la ciudadanía y también para prevenir y proteger la salud mental.

La RB es un ingreso pagado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otro modo, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quien conviva (17).

Seguridad económica y salud mental

La RB es una de las propuestas que durante los últimos 35 años han sido estudiadas y en algunos lugares también experimentadas y analizadas con unos resultados generalmente bastante positivos. Una RB universal e incondicional, a diferencia de las prestaciones condicionadas y sujetas a una contribución, características del actual sistema de prestaciones, sería otorgada a toda persona independientemente de su condición social y económica.

Una RB podría constituir una respuesta robusta y racional a la falta de protección social que actualmente sufren millones de personas debido a la situación creada por la pandemia de Covid19, así como contribuir a prevenir y mejorar los problemas de inestabilidad psicológica y de salud mental que aqueja a una parte muy considerable y creciente de la población.

Como se ha comentado anteriormente, sufrir una posición de inestabilidad por la dependencia económica de otros o de inseguridad por una contratación precaria, por miedo a ser despedido, no tener ingresos si no se trabaja ... todas estas situaciones son agentes muy estresantes y pueden ser causa de problemas considerables de salud mental, como están mostrando diferentes estimaciones en los últimos tiempos (18).

La importancia de tener unos ingresos económicos regulares o una seguridad económica para la salud mental se ha puesto de manifiesto en diversos estudios, simulaciones y experimentos que se han realizado alrededor de una RB. Estos estudios realizados en lugares tan diversos como Barcelona, California, Canadá, Finlandia, India, Irán, Kenia, Namibia, Utrecht ... han mostrado mayoritariamente que la salud mental y la tranquilidad psicológica han salido beneficiadas (19).

Estos estudios y experiencias nos pueden orientar mucho mejor por donde tenemos que buscar soluciones más estables y de larga duración a los problemas de salud mental derivados de la falta de ingresos y de protección social.

RB: seguridad económica y salud mental

A partir de los estudios realizados, se puede concluir que la seguridad económica que puede proporcionar una RB podría reducir considerablemente el estrés que actualmente sufren determinados sectores de la población como las personas desempleadas, las trabajadoras con contratos precarios, las trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, la población inmigrante de países empobrecidos, la gente que realiza excesos de jornada o tienen dos o más trabajos para llegar a fin de mes ... en definitiva, personas que tienen unas condiciones laborales que impactan en la salud mental de la población.

La pérdida involuntaria del empleo provoca una situación de gran inseguridad económica y vital. Perder el puesto de trabajo, pero disponer de una RB supondría afrontar la situación de forma menos angustiosa. La RB puede ser, por tanto, un buen factor de protección para la salud mental. En una situación de grave crisis derivada de la pandemia de Covidien-19, donde el paro se ha disparado, con la perspectiva de que sea de forma prolongada, y donde está creciendo la pobreza relativa y absoluta, el acceso a una RB cobra mayor importancia social. Más aún con las dificultades actuales de conseguir empleos estables y dignos. Lo que se constata como transitorio e inestable es la ocupación misma -y especialmente el empleo de calidad. Como ya es sabido, el aumento de trabajadores que pese a tener un empleo son pobres es una realidad creciente en nuestras sociedades y supone ya más de un 12% de la población trabajadora (20).

Una de las consecuencias más señaladas de la RB sería la gran mitigación de la pobreza. Incluso permitiría de manera realista plantear su efectiva erradicación si la RB superara el umbral de la pobreza. No sólo posibilitaría sacar millones de personas de esta situación, sino que construiría un soporte de protección, al ser preventiva y no paliativa, al percibirla exante y no a posteriori de caer en la pobreza.

Reducir la dependencia material y mejorar la salud

Es de suponer, también, que los sectores más castigados en el mercado laboral en épocas de crisis, por las condiciones de precariedad del empleo, con empleos poco gratificantes y con bajos salarios como es el caso de buena parte de la juventud, de inmigrantes pobres, de muchas mujeres, de personas con discapacidades, de mayores de 45 años que buscan trabajo, por citar sólo algunos sectores, podrían tener con la RB un colchón económico más estable, aumentando su capacidad de decisión de continuar o no en un trabajo que está perjudicando su salud.

Tener garantizada una RB de unos 700-800 euros mensuales -el umbral de pobreza de Catalunya- y que sea compatible con otras fuentes de ingresos facilitaría que muchas personas que actualmente cobran algún tipo de subsidio -no compatible con el trabajo remunerado- pudieran entrar en el mercado de trabajo sin temor a perder la RB, a diferencia de las prestaciones condicionadas existentes que provocan en muchos casos la llamada «trampa de la pobreza» y que se da cuando una persona perceptora de un subsidio condicionado no tiene incentivos a buscar un empleo y realizar un trabajo remunerado, ya que implica la pérdida total o parcial del subsidio.

Tampoco favorecería el pequeño fraude fiscal que se genera por el hecho de cobrar un subsidio junto con un empleo en negro o sumergido, para complementar unos subsidios condicionales de unos importes muy escasos.

La incertidumbre de tener garantizada la propia subsistencia, como se ha comentado anteriormente, es un factor que impacta en la salud mental; asimismo las personas que ya sufren de problemas mentales podrían tener una cierta tranquilidad psicológica con una RB, sabiendo que su subsistencia no dependerá de una alteración o variación en su estado psicológico y que esto pueda suponer perder el trabajo (21). En plena crisis económica derivada de la Covidien-19, esta situación de incertidumbre se ha agudizado considerablemente.

También se han realizado estimaciones de los gastos económicos que se podrían ahorrar con una RB, a pesar de que es difícil cuantificar; pero una parte de estos costes es muy probable que se redujeran sobre todo con respecto a determinados tipos de trastornos-ansiedad, de ánimo… (22). La OMS hizo un informe hace unos años en el que se cuantificó los costes sociales por causas atribuidas a problemas de salud mental en Europa, y se estimaba entre un 3% y un 4% del PIB de un país; por tanto, la mejora de la salud mental tiene efectos también positivos en las economías de los estados (23).

Si la renta básica fuera universal podrían desaparecer algunas pensiones y prestaciones con cuantías insuficientes y miserables y que van asociadas a unos requisitos estigmatizantes; las cuales, al mismo tiempo, están descoordinadas y con diferentes criterios entre sí, aumentando la complejidad administrativa y burocrática de la protección social, hecha a buen seguro para limitar el acceso de la gente a pesar de su derecho, produciéndose el efecto conocido para non-take-up (24).

En cambio, las relaciones asistenciales entre usuarios y profesionales de los servicios sociales deberían estar más orientadas a tratar determinados problemas y ayudar a las personas vulnerables a ser más independientes y capaces, no tanto a dedicar esfuerzos a tener que controlar y fiscalizar sus pensiones o prestaciones insuficientes por imperativo de la administración o de forma arbitraria.

En diciembre de 2016 la prestigiosa revista British Medical Journal publicó un artículo sobre los efectos específicos que una RB podría tener en la salud en comparación a las tradicionales políticas de protección social focalizadas y condicionadas para las personas más vulnerables, y  destacaba dos ventajas: la RB, al concederse a todo el mundo y no sólo a las personas que pueden demostrar que son pobres, se acabaría percibiendo por la población como un seguro general contra la pobreza, factor que daría una gran tranquilidad psicológica: saber que siempre tendrás derechos a unos ingresos si la vida te va mal. La segunda razón deriva de su incondicionalidad: no sólo libera tiempo para los trámites burocráticos -que sabemos que son muchos como podemos ver a diario con los requerimientos para acceder al Ingreso Mínimo Vital y a la Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya- para demostrar que efectivamente eres pobre, con lo que supone de estigma social y sus efectos psicológicos comprobados y que no son nada positivos. La RB posibilitaría negociar en el mercado laboral con mejores garantías para rechazar empleos que pueden ser perjudiciales para la salud.

Como podemos ver, pues, hay muchas razones para pensar que una RB sería una buena medida para mejorar y proteger la salud mental de la ciudadanía, y también para reducir las desigualdades sociales en un mundo donde la incertidumbre económica está provocando estragos entre la población.

Fuente: este artículo salió publicado originalmente en catalán en la revista Eines n. 40 de la Fundació Irla (accesible en: https://irla.cat/publicacions/40-salut-i-justicia-social/)

Notas:

  1. OMS: “Subsanar las desigualdades en una generación” ¿Cómo?” Disponible en: www.who.int
  2. Raventós, S. “Crisis, salud mental y renta básica”. En Casassas, David; Raventós, Daniel (eds.) La Renta Básica en la era de las grandes desigualdades. Barcelona: Montesinos, 2010.
  3. Sobre este aspecto hay que ser cuidadosos y no caer en determinadas versiones sobre el voluntarismo acientífico del llamado “pensamiento positivo” que en años de crisis económica se ha querido vender de diferentes maneras: “oportunidad de crecimiento”, “la crisis es una oportunidad”, “tu eres el que decides”, o “tener pensamientos positivos cambia la realidad” son expresiones muy utilizadas por esta visión complaciente del mundo en que vivimos. Una crítica muy recomendable al “pensamiento positivo” es Ehrenreich, B. Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo. Turner: Madrid, 2012.
  4. Frances, Allen. ¿Somos todos enfermos mentales? Barcelona: Ariel, 2016.
  5. Horwitz, Alan. Creating mental Illness. Chicago: the University of Chicago Press, 2002
  6. Ramos, Josep. Ética y salud mental. Barcelona: Herder, 2018.
  7. Frances, Allen. Op.cit.
  8. BENACH, Joan; BORRELL, Carmen. “Los determinantes sociales de la salud”. A FERNÁNDEZ, Anaïs (eds.). El precio de la salud. Intereses, clase y modelo sanitario. Barcelona: Espacio Fábrica, 2014.
  9. Benach, Joan. La salud es política. Barcelona: Icaria,2020
  10. Wilkinson, Richard; Pickett, Kate. Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Madrid: Turner Noema. 2009
  11. Mani, Anandi (et al.). “Poverty impedes cognitive function”. A Science, núm. 341, 2013.
  12. Alexandre, Albert. “L’esperança de vida de les persones sense llar a Barcelona se sitúa 26 anys per sota de la Mitjana”. A La Directa, 31 de octubre de 2019. Disponible en: www.directa.cat
  13. Las condiciones de vida que se producen durante el desarrollo del niño o la niña que supone padecer estas privaciones y estos ambientes estresantes pueden tener consecuencias en la vida adulta. Ver Noble, “Los efectos de pobreza sobre el desarrollo cerebral en la infancia” en Sinpermiso.info de 8 de octubre del 2015. Disponible en www.sinpermiso.info
  14. Raventós, Daniel. La Renta Básica, ¿Por qué y para qué? Madrid: Los libros de la Catarata, 2021.
  15. Standing, Guy. La renta básica. Un derecho para todos y para siempre. Barcelona: Pasado y Presente
  16. OMS, op.cit
  17. Esta es la definición que hace la Red Renta Básica www.redrentabasica.org
  18. Wilkinson, Richard; Pickett, Kate. Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Madrid: Capitán Swing, 2019.
  19. Raventós, D. op.cit.
  20. La tasa de riesgo de pobreza en el empleo se mantiene casi tres puntos por encima de la media de la Unión Europea (12,1% en Cataluña vs 9,4% UE) Ver ECAS, “Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social”.
  21. Ver en Raventós, S. Op.cit.
  22. Que según algún estudio los trastornos de ansiedad y del ánimo tienen un coste de más de 20.000 millones de euros anuales. Por ejemplo, ver: Parés-badell (et al.), “Costo of disorders of the brain in Spain”. A Plos One de 18 de agosto del 2014. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
  23. OMS. Libro verde de la salud mental en Europa. Ginebra: OMS, 2005.
  24. Como se pone de manifiesto en el documento EUROFOUND, Access to social benefits: reducing non-take-up; Luxemburg: Publication Office of the European Union, 2015. Disponible en www.eurofound.europa.eu Donde el estigma, la falta de información y la complejidad para acceder a las prestaciones suponen importantes barreras para la gente.

Por Sergi Raventós

es Doctor en Sociología y Trabajador Social en una Fundación de Salud Mental de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica.

Publicado enSociedad
Un vendedor ambulante de fruta, la semana pasada en Yakarta (Indonesia).BAY ISMOYO / AFP

El Banco Mundial avisa de la correlación entre economía sumergida, bajo desarrollo y niveles elevados de pobreza y de desigualdad

Que el manto de la informalidad sobre el mundo en desarrollo es enorme se sabe desde hace décadas, pero cuantificarlo es una tarea titánica que solo se aborda de cuando en cuando. El Banco Mundial lo ha hecho este martes en una extensísima investigación de más de 300 páginas que concluye que el sector informal supone cerca de la tercera parte del PIB y más del 70% del empleo total de los países emergentes y en desarrollo, un epígrafe bajo el que está incluida toda África y la mayor parte de Asia y América Latina, así como algunas naciones de Europa del Este.

En su primer monográfico sobre informalidad, el propio organismo con sede en Washington califica el dato de “sorprendente” por lo elevado que es. Y recuerda que el hecho de tener una fracción tan importante de la economía en zona de sombra, fuera del rango de acción de los propios Estados —que no pueden recaudar ni regular todo aquello que escapa de su control—, está altamente correlacionado con un desarrollo más bajo, así como con altos niveles de pobreza y de desigualdad y con una —lógica— peor gobernanza.

Freno para la recuperación poscovid

Con la economía aún sufriendo las penalidades de la pandemia, el Banco Mundial alerta de que la informalidad “probablemente frenará” la recuperación de los países que exhiben unas tasas mayores. El motivo: al tener una parte tan sustancial de la actividad fuera del campo visual de las autoridades, la capacidad de recaudación cae y, con ella, el margen de maniobra de los Estados para poner en marcha políticas contracíclicas. Según sus datos, en los países en desarrollo que tienen una tasa de informalidad mayor que la media del bloque los ingresos públicos rondaron el 20% del PIB. Esa cifra es entre cinco y 12 puntos inferior a la de sus pares, y está a años luz del alrededor del 50% de recaudación fiscal de los países más desarrollados del mundo, como los escandinavos.

Pero no solo la potencia de fuego de la política fiscal se ve mermada: los técnicos del ente también subrayan que la precariedad del sistema financiero, directamente aparejada a la informalidad, inhibe los esfuerzos de la política monetaria, el otro gran cortafuegos disponible contra el derrumbe de una economía cuando pintan bastos.

Rezago de los colectivos más afectados

“Los trabajadores informales son, sobre todo, mujeres y jóvenes poco calificados que en medio de una crisis como la de la covid-19 a menudo quedan rezagados y tienen un acceso limitado a las redes de seguridad social cuando pierden el empleo o sufren graves pérdidas de ingresos”, subraya Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial.

Esa necesidad de ir al trabajo ha complicado aún más la lucha contra la pandemia, que ha contribuido a agravar en muchos países: ante la imposibilidad de desempeñarse desde casa, millones de empleados de diversos sectores (desde vendedores ambulantes hasta repartidores por cuenta propia o transportistas y conductores no registrados) se han visto abocados a seguir con su rutina ajenos a la pandemia para poder llevar algo de sustento a casa. Las rentas básicas temporales puestas en marcha por varios Gobiernos —muchos de ellos en América Latina— han ayudado a mitigar este problema, pero se han demostrado insuficientes en amplias capas de la población, que también son las que más han sufrido el azote del virus.

Mejora reciente, aunque demasiado lenta

El bloque emergente, que suma el 90% del empleo, está lejos de ser monolítico; más bien al contrario, es un abanico de realidades muy distintas entre sí. También en lo tocante a la informalidad. Los niveles más altos de economía en la sombra están en África subsahariana, con cerca del 36%, frente al 22% de Oriente Medio y el Norte de África, donde se contabilizan los niveles más bajos del bloque.

La informalidad no es un destino esculpido en piedra. Así lo demuestran las tres últimas décadas, en las que esta variable se redujo en cerca de siete puntos porcentuales en los países emergentes, hasta el actual 32% del PIB. Un descenso reseñable, aunque demasiado lento dados los todavía muy elevados niveles de economía sumergida, que los economistas del multilateral achacan “parcialmente” a las reformas aplicadas por los Gobiernos para aumentar el atractivo del sector formal a ojos de los trabajadores o para reducir el coste del tránsito de uno a otro. Aún queda un largo camino por recorrer.

Por Ignacio Fariza

Madrid - 11 may 2021 - 16:30 CEST

Publicado enEconomía
Lunes, 19 Abril 2021 06:26

Causas de fondo

En la imagen, de archivo, policías guatemaltecos detienen cerca de Agua Caliente a indocumentados hondureños que esperan llegar a la frontera con Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden ha formulado como una de sus prioridades atender las causas de fondo de la migración desde Centroamérica y México.Foto Ap

Desde que se intensificó el tema del flujo migratorio en la frontera de México y Estados Unidos, el gobierno de Biden ha formulado como eje de su respuesta atender "las causas de fondo" de la migración desde Centroamérica y México. Biden, su vicepresidenta Kamala Harris y los encargados de política exterior hacia América han sostenido pláticas, realizado viajes y comentado sobre iniciativas para abordar esas "causas de fondo" en México y Centroamérica. Harris recién anunció su intención de viajar a México y Guatemala.

Pero tal vez debieran ahorrarse más viajes y quedarse en casa, en Washington, para primero abordar una de las principales "causas de fondo" del fenómeno que se está manifestando en la frontera: las políticas económicas y de "seguridad" estadunidenses en toda la región a lo largo de las ultimas décadas.

Antes de viajar y ofrecer dólares a quién sabe quién en esos países para que los migrantes y refugiados se queden en casa, tal vez son ellos quienes deberían permanecer en su casa y convocar a un gran elenco de historiadores, periodistas, analistas, ex funcionarios, religiosos, defensores de derechos humanos y más que pueden contarles, si es que no se acuerdan, de la larga y violenta historia de la mano estadunidense a lo largo de más de un siglo en esa región.

Podrían recordar lo que dijo el entonces soldado más condecorado de su país, el general Smedley Butler, en los años 30 al resumir su carrera: “Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines… Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, Wall Street y los banqueros. En suma, fui un estafador, un gángster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé hacer de Haití y Cuba un lugar decente donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street…”.

Y desde esos tiempos hasta la fecha podrían revisar la lista de intervenciones, el apoyo militar a dictaduras, a escuadrones de la muerte, a la capacitación y financiamiento de torturadores, donde fuerzas apoyadas abierta o clandestinamente por Washington, primero con la justificación de la Doctrina Monroe, después, en la guerra fría, contra el "comunismo" y más recientemente contra los aliados de gobiernos progresistas latinoamericanos que se atrevieron a no obedecer los deseos y recetas para la "democracia" y “libertad “asesinaron a decenas de miles en esos países. O como el Departamento de Estado de Obama, con Hillary Clinton al frente, apoyaron el golpe de Estado en Honduras en 2009 (varios de los golpistas fueron egresados de lo que antes se llamaba la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos capacita a militares latinoamericanos) de donde proviene en gobierno actual de ese país.

Podrían revisar los efectos de las políticas neoliberales del llamado "consenso de Washington", incluidos los acuerdos de libre comercio que aún están vigentes con México y con los países centroamericanos, y cuyo resultado empírico es que las mayores y más exitosas exportaciones de esta región –medido sólo por ingresos internacionales– son sus seres humanos y las drogas ilícitas.

También podrían evaluar por qué Washington, casi sin excepción, ha apoyado la represión contra cualquier movimiento, frente, líderes políticos y más, que buscaron cambiar las condiciones de injusticia, violencia y corrupción en sus países.

No se puede responsabilizar exclusivamente a Washington por lo que las cúpulas políticas y económicas de todos estos países han implementado en sus países, pero si en verdad hay interés en ubicar y abordar las "causas de fondo" del problema migratorio, Washington debería no sólo ver a sus contrapartes en México y Centroamérica, sino también verse a sí mismo.

Leonard Bernstein: America de West Side Story. https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs &list=RD_e2igZexpMs&start_radio=1&t=277

Calle 13. Pa’l norte. https://open.spotify.com/track/0WKdB7PG 53c1QlDbQzqn7s?si=8B0-MqsDTI-Hxwygzyq-9Q

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¿El plan centroamericano de Biden ralentizará la migración (o la acelerará)?

Joe Biden entró en la Casa Blanca con algunas posiciones estimulantes pero contradictorias sobre inmigración y Centroamérica. Prometió revertir las draconianas políticas antiinmigrantes de Donald Trump mientras, a través de su "Plan para Construir Seguridad y Prosperidad en Asociación con los pueblos de Centroamérica", restauraba el "liderazgo de Estados Unidos en la región" que dijó que Trump había abandonado. Para las y los centroamericanos, sin embargo, tal "liderazgo" tiene una resonancia inquietante.

Aunque, de hecho,  la segunda mitad del nombre de su plan se hace eco del de organizaciones de base de izquierda, como el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), en su contenido destaca una versión de seguridad y prosperidad para esa región que se asemeja más a la Guerra Fría que a la del CISPES. En realidad, en lugar de solidaridad (o incluso asociación) con Centroamérica, el plan de Biden promueve un viejo modelo de desarrollo económico que ha beneficiado durante mucho tiempo a las empresas estadounidenses. También tiene como objetivo imponer una versión claramente militarizada de la seguridad a los pueblos de esa región. Además, se centra en reclutar gobiernos centroamericanos y, en particular, sus ejércitos para contener la migración a través del uso de la represión.

Vincular la inmigración y la política exterior

La declaración más clara de los objetivos del presidente en Centroamérica aparece en su "Ley de Ciudadanía americana de 2021", enviada al Congreso el 20 de enero. Esa propuesta ofrece un amplio conjunto de cambios destinados a eliminar las exclusiones racistas del presidente Trump, restaurar los derechos de asilo y abrir un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía para la población inmigrante. Después de las andanadas antiinmigrantes de los últimos cuatro años, esa propuesta parece digna de ser saludada. Sigue los pasos de compromisos globales bipartidistas anteriores, como la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y un proyecto de ley de inmigración fallido de 2013, que incluían un camino a la ciudadanía para muchas personas indocumentadas, al tiempo que dedicaban recursos significativos a la "seguridad" fronteriza.

Si se lee con atención, una parte significativa de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la premisa de que abordar las causas profundas de los problemas de Centroamérica reducirá el flujo de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos. En sus propias palabras, el plan Biden promete promover "el Estado de derecho, la seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica" con el fin de "abordar los factores clave" que contribuyen a la emigración. Sin embargo, enterrados en su lenguaje difuso, hay metas bipartidistas de Washington de larga data que deberían sonar familiares para quienes hayan estado prestando atención a estos temas en estos últimos años.

En esencia: que se inviertan millones de dólares en  "ayuda" para la mejora de las fuerzas militares y policiales locales a fin de proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de las ganancias. Y, sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben ser amenazados. Resulta que este es el mismo modelo que Washington ha impuesto a los países de Centroamérica durante el último siglo, el que ha dejado sus países corruptos, violentos y empobrecidos, y que continuó desarraigando a las y los centroamericanos, haciéndoles huir hacia Estados Unidos.

Para el plan de Biden, al igual que para los de sus predecesores, es crucial otro elemento clave: coaccionar a México y Guatemala para que sirvan como apoderados para terminar el muro construido solo parcialmente a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y promovido con orgullo por otros presidentes: desde Bill Clinton hasta Donald Trump.

Si bien el modelo económico que acecha detrás del plan de Biden puede ser antiguo, el intento de externalizar la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas ha demostrado claramente ser un giro del siglo XXI en la política fronteriza.

Externalización de la frontera (de Bush a Biden)

La idea de que la política de inmigración podría ser externalizada comenzó mucho antes de que Donald Trump, a mediados de 2019, amenazara notoriamente con imponer aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de ese país a que aceptara su demanda de colaborar con la agenda antiinmigrante de Washington. Eso incluyó, por supuesto, la controvertida política de Trump de "quedaros en México", lo que ha continuado dejando varados allí a decenas de miles de solicitantes de asilo.

Mientras tanto, durante casi dos décadas, Estados Unidos ha estado intimidando (y financiando) a las fuerzas militares y policiales del sur de sus fronteras para hacer cumplir sus prioridades de inmigración, convirtiendo efectivamente las fronteras de otros países en extensiones de la de Estados Unidos. En este proceso, las fuerzas de México se han desplegado regularmente en la frontera sur de ese país, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo para hacer cumplir violentamente las políticas migratorias de Washington.

Dicha externalización fue, en parte, una respuesta a los éxitos del movimiento por los derechos de los inmigrantes en este país. Los dirigentes estadounidenses esperaban evadir el escrutinio legal y las protestas en su país haciendo que México y Centroamérica implementaran los aspectos más impresentables de sus políticas.

Todo comenzó con la Iniciativa Mérida en 2007 [capital del Estado de Yucatán], un plan lanzado por George W. Bush que destinaría miles de millones de dólares a equipamiento militar, ayuda e infraestructura a México (con cantidades más pequeñas destinadas a Centroamérica). Uno de sus cuatro pilares fue la creación de "una frontera para el siglo XXI", empujando a México a militarizar su frontera sur. Para 2013, Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esa frontera con Guatemala y un "cordón de seguridad" de 100 millas al norte de ella.

En respuesta a lo que se vio como una crisis de niñas y niños migrantes en el verano de 2014 (¿suena familiar?), el presidente Barack Obama presionó aún más a México para que iniciara un nuevo programa en su frontera sur. Desde entonces se han destinado decenas de millones de dólares al año a la militarización de esa frontera, y México no tardó en detener a decenas de miles de migrantes mensualmente. No es sorprendente que las deportaciones y violaciones de los derechos humanos contra las y los migrantes centroamericanos se dispararan dramáticamente. "Nuestra frontera hoy en día es la frontera de México con Honduras y Guatemala", exultó el ex zar fronterizo de Obama, Alan Bersin, en 2019. Un activista local fue menos optimista, protestando porque el programa "convirtió la región fronteriza en una zona de guerra".

El presidente Trump fanfarroneó e intimidó a México y a varios países centroamericanos mucho más abiertamente que los dos presidentes anteriores, mientras llevaba dichas políticas a nuevos niveles. Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y desplegó a 12.000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, incluso cuando la financiación de Washington ayudó a crear una infraestructura de alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, rivalizando con la frontera de Estados Unidos.

Trump pidió reducir la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su supervisión, la mayor parte de los 3.600 millones de dólares asignados por el Congreso siguieron fluyendo hacia allí, aproximadamente la mitad de ellos destinados a fortalecer las unidades militares y policiales locales. Sin embargo, Trump retenía temporalmente los fondos de ayuda no militar para obligar a Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de "tercer país seguro" que permitirían a Estados Unidos deportar a esos países a personas con solicitudes de asilo válidas.

Trump también exigió que Guatemala aumentara la seguridad a lo largo de su frontera sur "para detener el flujo de migración irregular" y "desplegar funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y del servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidenses para asesorar y orientar a sus homólogos de la nación anfitriona encargados de la seguridad fronteriza, de la inmigración y de las aduanas". Una vez que los países centroamericanos accedieron a las demandas de Trump, se restauró la ayuda.

Este  mes de febrero, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de terceros países seguros, pero está claro que, por lo demás, está dispuesto a seguir subcontratando la vigilancia de las fronteras a México y Centroamérica.

La otra cara de la militarización: el desarrollo económico

Mientras las administraciones demócratas y republicanas externalizaban una respuesta militarizada a la inmigración, también trataron de vender sus agendas con promesas de ayuda al desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, sistemáticamente promovieron el mismo tipo de asistencia que históricamente trajo violencia y pobreza a la región, y por lo tanto llevó directamente a la crisis migratoria actual.

El modelo que Washington continúa promoviendo se basa en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden cortejar a los inversores extranjeros con una mejor infraestructura, desgravaciones fiscales y leyes ambientales y laborales laxas, el libre mercado proporcionará la inversión, el empleo y el crecimiento económico, que (en teoría) evitará que la gente quiera migrar. Sin embargo, una y otra vez, en la atormentada historia de Centroamérica ha sucedido exactamente lo contrario. La inversión extranjera fluyó, deseosa de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo, ya fuera en apoyo a las plantaciones de plátano y café en el siglo XIX o del azúcar, algodón y ganado después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a Centroamérica a las revoluciones de la década de 1980 y a la migración masiva hacia el norte actualmente.

Este modelo se basa en gobiernos militarizados para desposeer a los campesinos, liberando la tierra para los inversores extranjeros. Del mismo modo, se utiliza la fuerza y el terror para mantener una clase obrera barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y cosechar ganancias fantásticas. A su vez, esta práctica han provocado la deforestación del campo, mientras que sus exportaciones baratas a los Estados Unidos y a otros países han ayudado a fomentar estilos de vida de alto consumo que han acelerado el cambio climático, trayendo condiciones meteorológicas cada vez más duras, que incluyen el aumento del nivel del mar, tormentas más intensas y sequías e inundaciones que han socavado aún más los medios de vida de las poblaciones pauperizadas de América Central.

A partir de la década de 1970, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres presionaron a favor de la reforma agraria y la inversión en derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación en lugar, simplemente, de enriquecer aún más a las élites extranjeras y locales. Cuando la protesta pacífica se encontró con la violencia, se produjo la revolución, aunque solo triunfara en Nicaragua.

Washington pasó la década de 1980 tratando de aplastar la exitosa revolución de Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de la década de 1990 pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones sociales y económicas fundamentales que subyacían en ellos. De hecho, el fin de esos conflictos sólo abrió las compuertas regionales a nuevas inversiones extranjeras masivas y al auge de las exportaciones. Esto supuso, entre otras cosas, la extensión de las fábricas con bajos salarios centradas en las exportaciones (maquiladoras) y el cultivo de nuevas frutas y verduras no tradicionales orientadas igualmente a la exportación, así como un auge de las industrias extractivas como la del oro, el níquel y el petróleo, por no hablar de la creación de nuevas infraestructuras para el turismo de masas.

En la década de 1980, las y los refugiados comenzaron a huir hacia el norte, especialmente de El Salvador y Guatemala, entonces desgarrados por la guerra, la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones de la muerte. La aparente paz en la década de 1990 no supuso en absoluto el fin de la pobreza, la represión y la violencia. Tanto las fuerzas armadas públicas como las privadas proporcionaron seguridad, pero solo a las élites y a los nuevos megaproyectos urbanos y rurales que patrocinaron.

Si un gobierno amenazaba las ganancias de los inversores de alguna manera, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica patrocinado por Estados Unidos permitió a las corporaciones extranjeras demandarle y obligarle a someterse al arbitraje vinculante de un organismo del Banco Mundial. En los años de Obama, cuando el presidente electo y reformista de Honduras [Manuel Zelaya] trató de promulgar mejoras laborales y ambientales, Washington dio el aval a un golpe de Estado y lo celebró cuando el nuevo presidente [Roberto Micheletti] declaró orgullosamente el país abierto a los negocios con un paquete de leyes que favorecían a los inversores extranjeros.

El periodista David Bacon llamó a la nueva dirección de ese país un "modelo económico de salarios de pobreza" que no hizo sino favorecer el aumento de pandillas, el tráfico de drogas y la violencia. La protesta se encontró con una feroz represión, incluso cuando fluía la ayuda militar estadounidense. Antes del golpe, las y los hondureños apenas figuraban entre los migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Desde 2009, sus ciudadanos han llegado a predominar a menudo entre las y los obligados a huir de sus hogares y dirigirse al norte.

La Alianza para la Prosperidad 2014 del presidente Obama ofreció una nueva ronda de ayuda para el desarrollo económico impulsado por los inversores. La periodista Dawn Paley caracterizó esa Alianza como "en gran parte un plan para construir nuevas infraestructuras que beneficiarán a las empresas transnacionales", incluyendo "desgravaciones fiscales para los inversores corporativos y nuevos oleoductos, carreteras y líneas eléctricas para acelerar la extracción de recursos y agilizar el proceso de importación, ensamblaje y exportación en maquilas de bajos salarios". Un proyecto importante fue un nuevo gasoducto para facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a Centroamérica.

Fue Obama quien supervisó el reconocimiento por Washington del golpe en Honduras. Fue Trump quien miró hacia otro lado cuando Guatemala en 2019 y Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales anticorrupción. Y fue Trump quien aceptó minimizar los crecientes cargos de corrupción y tráfico de drogas contra su amigo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández [en funciones desde enero de 2014], siempre y cuando promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con la agenda antiinmigración del presidente de Estados Unidos.

La caravana de enero de 2021 marca la llegada de los años Biden

Todas las señales apuntan a que los años de Biden continuarán con lo que se ha convertido en la norma de Washington en Centroamérica: externalizar la política de inmigración, militarizar la seguridad allí y promover un modelo de desarrollo que pretende disuadir la migración mientras realmente la alimenta. De hecho, la propuesta del presidente Biden prevé 4 mil millones de dólares en cuatro años a distribuir por el Departamento de Estado y la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional. Sin embargo, dicho desembolso estaría condicionado al progreso hacia objetivos aprobados por Washington como "mejorar la seguridad fronteriza", "informar a las y los ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de los Estados Unidos" y "resolver disputas que involucren la confiscación de bienes inmobiliarios de entidades estadounidenses". También se destinarían recursos significativos a seguir desarrollando tecnología fronteriza inteligente en esa región y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza en Centroamérica.

Un anticipo de cómo es probable que todo esto funcione llegó justo cuando Biden asumió el cargo en enero de 2021.

Uno de los resultados predecibles de la externalización del control de inmigración por parte de Washington es que el viaje de las y los migrantes desde Centroamérica se ha vuelto cada vez más costoso y peligroso. Como resultado, algunos migrantes han comenzado a reunirse en grandes caravanas públicas para protegerse. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de forma segura, entregarse a la patrulla fronteriza y solicitar asilo. A finales de enero de 2021, una caravana de unas 7.500 personas hondureñas llegó a la frontera con Guatemala con la esperanza de que el nuevo presidente en Washington anulara, como prometió, la controvertida política de Trump de inmovilizarles en México en internamientos aparentemente interminables, en campamentos abarrotados e inadecuados, justo a las puertas  Estados Unidos.

No sabían que, de hecho, Biden continuaría con la externalización de la política de inmigración de sus predecesores hacia México y Centroamérica. Y es lo que sucedió: 2.000 policías y soldados guatemaltecos con gas lacrimógeno y porras (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) fueron concentrados en la frontera entre Guatemala y Honduras para expulsarlos.

Un antiguo funcionario de Trump (que el presidente Biden mantiene en su puesto ) tuiteó que Guatemala había "asumido sus responsabilidades de manera apropiada y legal". El gobierno mexicano también elogió a Guatemala mientras reunía a miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de Biden para el Hemisferio Occidental, elogió la "gestión del flujo migratorio" de Guatemala.

A mediados de marzo, el presidente Biden pareció vincular una respuesta positiva a la solicitud de México de parte de parte de la vacuna excedente  contra la coovid-19 de Washington con nuevos compromisos para tomar medidas enérgicas contra las y los migrantes. Una de las exigencias era que México suspenda sus propias leyes que garantizan condiciones de detención humanas para las familias con niños pequeños. Ninguno de los dos países tenía capacidad de proporcionar tales condiciones para el gran número de familias detenidas en la frontera a principios de 2021, pero la administración Biden prefirió presionar a México para que ignorara sus propias leyes, a fin de poder deportar a más de esas familias y mantener el problema fuera de la vista del público estadounidense.

A finales de enero de 2021, el CISPES se unió a una gran coalición de organizaciones de paz, solidaridad y trabajo que pidió a la administración Biden que reconsiderara sus planes centroamericanos. "Las múltiples e interconectadas crisis que enfrentan millones de personas en Centroamérica son el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos democráticos por parte de regímenes de derechas y de la implementación de modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y las empresas transnacionales", escribió el CISPES. "Con demasiada frecuencia, Estados Unidos ha apoyado fuertemente estas políticas, que han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente".

Esta coalición pidió a Biden que rechazara el compromiso, que viene de lejos, de Washington con la seguridad militarizada vinculada a la creación y el fortalecimiento de economías extractivas favorables a los inversores en Centroamérica. "Hacer frente a los flujos migratorios exige un replanteamiento total de la política exterior de Estados Unidos", instó el CISPES. A mediados de marzo, el presidente no había respondido de ninguna manera a la petición. Mi consejo: no contengas la respiración mientras esperas la respuesta.

Aviva Chomsky

3 abril 2021

 

30/03/2021

Publicado enInternacional
Lunes, 05 Abril 2021 05:32

Dios y el dinero

Dios y el dinero

Dado el peso simbólico que tiene la Semana Santa en la cultura occidental, es un tiempo propicio para que la Iglesia Católica y en particular el Papa utilicen la tribuna que le brindan las plataformas comunicacionales para renovar o reforzar sus mensajes. En esta ocasión Jorge Bergoglio usó cada uno de los momentos en los que pudo atraer la atención de las audiencias para ratificar las grandes líneas de su prédica, sin perder de vista tampoco la crítica situación de pandemia que atraviesa la humanidad. 

La mirada de Francisco se puede sintetizar en un párrafo de su alocución el domingo de Pascua hablando al mundo pero desprovisto de audiencias locales como resultado de las restricciones sanitarias. “La pandemia todavía está en pleno curso, la crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres; y a pesar de todo —y es escandaloso— los conflictos armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan. Este es el escándalo de hoy”. 

Esa es la mirada de Bergoglio. El “escándalo” consiste en que siguen siendo los más pobres los afectados, desde antes por situaciones sociales y económicas, pero ahora también porque no acceden a una distribución adecuada y justa de las vacunas, como también lo señaló de manera explícita en otra parte de la misma alocución pascual en la que volvió a pedir por un “internacionalismo de las vacunas” que exprese la solidaridad internacional.

Para Francisco la pobreza y la desigualdad guardan estrecha relación con las guerras. “Todavía hay demasiadas guerras, demasiada violencia en el mundo” afirmó el Papa el domingo de Pascua en el Vaticano al impartir su bendición et-orbi.html">urbe et orbi (a la ciudad y al mundo) . Lo ha dicho en varios de sus documentos. Y esta misma semana lo ratificó en la ceremonia que anticipó el triduo pascual. “Los enfermos, los pobres y los descartados de este mundo son los crucificados de nuestro tiempo” sostuvo el Papa en la audiencia general del 31 de marzo celebrada en la biblioteca priva del Palacio Apostólico Vaticano. En la misma ocasión Jorge Bergoglio dijo que “hay dos señores en el mundo, dos, no más: Dios y el dinero. Quien sirve al dinero está contra Dios”.

Si bien el mensaje de Francisco en algunos casos sigue siendo críptico como el de sus antecesores en el pontificado y el de tantos líderes de la propia Iglesia Católica, el Papa Bergoglio hace un esfuerzo permanente para, por una parte, ofrecer su análisis y sus propuestas a los problemas que afectan a la sociedad mundial poniendo su mirada más allá de los límites de su propia comunidad religiosa y, por otra, para expresar con claridad su posición sobre estos temas.

Pero más allá de su diagnóstico sobre los problemas de la comunidad internacional, Francisco no desconoce las dificultades de su comunidad, la Iglesia Católica, en particular las resistencias a su propio liderazgo y las luchas que se dan dentro de la institución eclesiástica. Hay pocas referencias directas al tema, pero el Papa busca los caminos para instalar la cuestión en agenda. Días atrás se pronunció de manera discrepante con la Congregación para la Doctrina de la Fe que había desautorizado las bendiciones de uniones de personas del mismo sexo. Ahora utilizó como vocero no oficial al fraile capuchino Ramiro Cantalamessa, a quien el Papa designó como predicador el jueves santo, para hablar de la división en la Iglesia. Mientras Bergoglio escuchaba en silencio, el sacerdote aseveró en esa ocasión que “la fraternidad católica esta herida” y no es por “el dogma o los sacramentos” sino por “la política y la ideología”. Nadie podría imaginar que Francisco no conocía de antemano las palabras del orador que él mismo seleccionó para la ocasión.

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Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal en imagen de archivo.Foto Yazmín Ortega Cortés

La desigualdad en América Latina aumentó 5.6 por ciento el año pasado medida con el coeficiente de Gini. Nos espera otra década perdida y ni con el rebote de crecimiento en 2021 y los próximos dos años se logrará recuperar los niveles de la actividad económica anteriores a la pandemia, expuso Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al informar cómo va la región en la cobertura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dio cuenta que en 56 de 177 series que conforman ese proyecto, ya se alcanzó la meta o la tendencia es positiva para alcanzarla en 2030; en 56 más la tendencia es positiva, pero insuficiente para lograr lo planeado, y en 65 la región va en retroceso.

A dicho contexto se suma un rezago en el acceso a la vacunación, dado el acaparamiento por economías de alto ingreso, de tal manera que sólo cuatro países de América Latina –"más periféricos que nunca"– lograrán vacunar a la gran parte de su población entre 2021 e inicios de 2022, pero la mayoría lo logrará hasta 2023, expuso Bárcena.

Vacuna debe ser bien público

La crisis por Covid-19 ha representado 218 mil fallecimientos y 22.7 millones de contagios en la región; hecho que ha representado un exceso de mortalidad y la reducción de medio año en la esperanza de vida para los latinamericanos.

Los factores de riesgo son la edad, sexo, pobreza y hacinamiento, así como una estructura fragmentada en el servicio de salud, dio cuenta la Cepal.

Además de pedir a la comunidad internacional que se haga de la vacuna un bien público, Bárcena aconsejó una reforma de la arquitectura de la deuda multilateral, incluyendo a las agencias calificadoras de riesgo, las cuales bajaron la calificación de 13 países de la región en época de pandemia.

América Latina es la región más endeudada del mundo y 57 por ciento de los ingresos por exportaciones se destinan al pago del servicio de la deuda, contextualizó.

La Cepal ha reiterado que, tras una contracción de 7.7 por ciento el año pasado, el desempleo alcanzó a 44 millones de personas en la región; a 78 millones las hundió en la pobreza extrema; y a 203 millones de personas, uno de cada tres habitantes, en pobreza. Todo esto pese a las medidas de emergencia que pusieron en práctica los gobiernos ante la crisis de Covid-19.

Con el efecto general de la pandemia la población de menos ingresos se vio más afectada, como muestra el acceso a una ocupación.

Hay más de 42 millones de hogares sin Internet y si bien 21.3 por ciento de los ocupados puede teletrabajar, esto sólo es posible para el 3 por ciento de los trabajadores en el quintil uno –el de menor ingreso– y 70 por ciento en el quintil cinco, expuso al inaugurar el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021.

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