Lunes, 01 Marzo 2021 05:36

¿Regreso a la normalidad?

Debra Haaland compareció el miércoles pasado en el Senado estadunidense, como parte de la nominación a secretaria del Interior. Haaland podría ser la primera indígena en liderar la dependencia que administra territorios federales y tribales. Foto Ap

“America está de vuelta”, es la consigna de política exterior del nuevo gobierno de Joe Biden con el propósito derecuperar la "autoridad moral" (si es que alguna vez existió) y el "liderazgo mundial" y, con ello, regresar a algo antes llamado "normalidad".

Aparentemente eso incluye cosas como bombardear a Siria. Fue, según la versión oficial, respuesta a un ataque por milicias respaldadas por Irán contra instalaciones estadunidenses en Irak. De hecho, era tan "normal" la acción que algunos comentaron como si era de esperarse ese rito de cada nuevo gobierno mostrando que es "duro", o como escribió con tinte sarcástico Charles Pierce en Esquire, "no eres realmente presidente de Estados Unidos hasta que has hecho que algo estalle en Medio Oriente".

El ataque estadunidense no fue autorizado por el Congreso, y su justificación era la necesidad de proteger a las tropas estadunidenses en Irak, también ahí sin autorización. O sea, todo es técnicamente ilegal, pero tan normal que sólo es una más de múltiples "operaciones antiterroristas" por las fuerzas armadas estadunidenses que se han llevado a cabo en 85 países sólo desde 2018 [https://watson.brown.edu/ costsofwar/papers/2021/US CounterterrorismOperations].

Otra guerra, la que dicen que es contra el narco, sigue llenando las prisiones y condenando a generaciones de gente pobre a la violencia en Estados Unidos, como también en Afganistán, Colombia y México, entre otros "frentes". Siguen hablando igual que cuando se inauguró, hace casi medio siglo, o sea, lo normal. Pero Virginia ya se sumó a 15 estados más en Estados Unidos en legalizar la mariguana (el primero en el sur), nutriendo la esquizofrenia entre un gobierno federal que continúa llevando a cabo sus operaciones internacionales manchadas de sangre y corrupción mientras sus ciudadanos –y nuevos empresarios– gozan cada vez más de manera legal esa droga.

En otra guerra interna, los supremacistas blancos y neonazis que siguen siendo soldados de Donald Trump están ahora amenazando "hacer estallar" al Capitolio para matar a decenas de legisladores cuando el presidente Biden se presente para su primer informe del Estado de la Unión, a principios de marzo, reveló el jefe interino de la Policía del Capitolio. Esa guerra interna, parte de la cual tiene raíces con la primera guerra americana, sigue amenazando al país.

Ah, y hablando de guerras e impunidad, resulta que el gobierno de Biden no castigará al autor intelectual, según la conclusión de fuerzas de inteligencia estadunidenses, del delito de secuestrar y descuartizar al periodista Jamal Khashoggi. Y es que el responsable es el príncipe saudita Mohammed Bin Salman y jefe de ese gran gobierno aliado y líder en democracia, derechos humanos y libertades civiles de Arabia Saudita.

Aun con cambios potencialmente significativos, siguen muy presentes ecos de lo que era "lo normal", incluyendo los más antiguos de la primera guerra americana, la que se libró contra sus pueblos indígenas. Algunos de los descendientes de los conquistadores sometieron a la congresista Deb Haaland a un interrogatorio cuestionando su "entendimiento" del manejo de los recursos naturales y acusando que era una "radical", durante audiencias en el Senado para ratificar su nombramiento como secretaria del Departamento del Interior –la primera indígena nominada para ocupar un puesto en un gabinete presidencial en la historia del país. Si es aprobada, la experta ecologista especializada sobre el impacto de los combustibles fósiles estará encargada de tierras bajo control federal (casi una quinta parte del territorio nacional) incluyendo las reservaciones indígenas.

“Una mujer indígena está por encabezar una secretaría que una vez fue encabezada por un hombre quien declaró que su misión era "civilizar o exterminar" a los pueblos indígenas. Hay gran ironía cuando republicanos ahora están describiendo [a Haaland] como una amenaza existencial a su manera de vida”, comentó Crystal EchoHawk, activista indígena y directora de IlumiNative.

Algunas cosas ya no son, nunca deberían ser, normales.

Angelique Kidjo interpreta Once in a Lifetime . https://open.spotify.com/ track/5nXXJeSf9MeDmUmEoafgOH ?si=PHWskR74Tc-5-ieC4hlLyA

Publicado enInternacional
Kyle Glenn - https://unsplash.com/photos/IFLgWYlT2fI

La coalición entre el autodenominado “centro” político y la izquierda representada por Gustavo Petro, se ve obstaculizada por diferencias ideológicas de fondo. El “centro” no parece estar dispuesto a resolver las demandas sobre reformas estructurales acalladas durante la guerra, que emergieron con el proceso de paz y fueron representadas por Petro en 2018.

Parece a destiempo, pero no es así. Las disputa por la presidencia empezó a agitarse desde mediados de diciembre con la reunión del expresidente Uribe y representantes del llamado “clan Char” en la hacienda El Ubérrimo. Los detalles del encuentro no trascendieron al ámbito público, pero la noticia fue suficiente para que otros actores iniciaran sus apuestas de cara a la contienda electoral. Así, el 28 de enero de 2021, en un club del norte de Bogotá, se dieron cita varios sectores del autodenominado “centro” político.

Allí concurrieron Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, con trayectoria en el Partido Liberal; representantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, la divisa electoral del Moir. Aunque no parece ser un consenso, algunos de ellos, como Fajardo y Lozano, se pronunciaron contra una consulta popular que incluya a Gustavo Petro, de Colombia Humana, para forjar una candidatura presidencial unificada, argumentando que su propósito es ofrecer una alternativa a la “polarización”, supuestamente producida por el antagonismo entre el uribismo y el excandidato presidencial.

De cerrarse la posibilidad de una coalición entre los sectores “alternativos” para la primera vuelta presidencial, a realizarse en mayo de 2022, podría repetirse el escenario de 2018, cuando los votos se dividieron entre Petro y Fajardo, forzando a una segunda vuelta con el candidato del uribismo, Iván Duque, que le dio el tiempo suficiente para alinear contra Petro la totalidad de las fuerzas políticas tradicionales.

En la exclusión de Petro se expresa el temor a que el candidato pueda imponerse en la eventual consulta, especialmente sobre su anterior contrincante, Sergio Fajardo. Sin embargo, los obstáculos que enfrenta la coalición hunden sus raíces en profundas diferencias ideológicas, producto de los diversos intereses que cada alternativa representa. Si bien entre los sectores “alternativos” puede existir una oposición común al uribismo, tienen posiciones distintas e incluso antagónicas sobre la construcción de paz y el modelo neoliberal, entre otros.
El “centro”

En años recientes se ha discutido si existe un centro político en Colombia e incluso si es posible su existencia. En términos generales, tal centro puede referirse a dos fenómenos: al posicionamiento de determinados actores hacia el medio en el continuo ideológico izquierda-derecha o a una identidad política particular.


En el primer caso, los actores se ubican en relación con principios filosóficos entre dos extremos de naturaleza típico-ideal. Así, por ejemplo, se asume que determinado actor es de centro si adopta una posición moderada entre una robusta intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos sociales (izquierda) y la absoluta “autorregulación” del mercado por la competencia individual (derecha). Desde esta perspectiva, en Colombia la mayoría de los actores políticos tienden al centro del espectro ideológico. Esta es una constante en la historia política del país. A partir del Frente Nacional los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, tendieron a converger en el centro.

La excepción, coincidente con el declive del bipartidismo, fue el uribismo, que ha configurado una opción claramente de derecha. Pero incluso las propuestas más “radicales” de la izquierda se mantuvieron en reivindicaciones socialdemócratas: reforma urbana, redistribución de la propiedad de la tierra, apertura política, etcétera. De hecho, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín, la izquierda de partidos y movimientos tendió hacia el centro hasta el punto de erigir la defensa de la Constitución de 1991 en su principal objetivo.

En el segundo caso, el centro como identidad política alude a un posicionamiento concreto, un proyecto que diferencia a un actor o conjunto de actores ubicándolos en una cartografía en relación ya no con principios sino con los demás actores en disputa en un campo político. El posicionamiento en el continuo izquierda-derecha es necesario pero no suficiente para determinar la existencia de una identidad política. Se requiere un discurso político que establezca las fronteras para articular unos actores excluyendo otros. Por ejemplo, el “uribismo” es una identidad política que se ubica a la derecha del espectro ideológico, pero que además ha establecido claramente unas fronteras discursivas, de antagonismo y de diferencia, con los demás actores del escenario político colombiano.

Los actores del “centro” han tenido grandes dificultades para construir una identidad, un discurso consistente que establezca dichas fronteras frente a lo que rechazan: el uribismo y la izquierda, y se exprese en un proyecto común. Pueden tender hacia el medio en el espectro ideológico, pero no configuran una identidad análoga, por ejemplo, al “uribismo” o, incluso, al llamado “petrismo”. Esa identidad ni siquiera tomó consistencia tras la elección de Claudia López, del Partido Verde, como alcaldesa de Bogotá, puesto que su proyecto no se distinguió sustancialmente de su antecesor, Enrique Peñalosa, ni de los intereses socioeconómicos que este representó, mientras en la práctica su gobierno ha dado cabida a actores de todo el espectro ideológico, incluyendo la derecha uribista.

De hecho el “centro” se convirtió en lo que popularmente se llama un “escampadero”, con propósitos meramente electorales y sin preocupación por la construcción de un proyecto alternativo de país. Su principal disputa política es por representar los intereses de la parte de la clase dominante que hoy representa el uribismo. Por eso su consigna preferida, al igual que el de los uribistas, es contra la “polarización”. Allí convergen personalidades de los partidos tradicionales que buscan reinventarse como “alternativos”, muchos de los cuales hicieron hasta no hace mucho parte activa del uribismo, junto con herederos del capital político de Antanas Mockus, reencauchando su electoralmente exitosa “antipolítica” como lucha contra la “polarización”, y una parte de la izquierda.


La “polarización”

La autoidentificación de “centro” apareció en las elecciones presidenciales en 2018, con el claro objetivo de tomar distancia de Petro, y está necesariamente ligada a un rechazo de la “polarización” del escenario político. La convergencia de “centro”, formada por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, tuvo inicialmente como eslogan fundamental la lucha contra la corrupción. Pero una vez se produjo el ascenso de Petro en las encuestas se utilizaron dos grandes consignas. Primero, Fajardo era el único que podría vencer a Duque, candidato del uribismo, en segunda vuelta. Segundo, Petro y Duque eran dos extremos que, literalmente, acabarían con el país de llegar al gobierno.

Tal estrategia pretendía atraer el electorado de Petro hacia Fajardo. Sin embargo, terminó por descuidar la frontera discursiva entre el “centro” y el uribismo, por ejemplo, al abandonar la lucha contra la corrupción. Incluso es probable que, ante la vehemencia con que se denunció el peligro de que Petro, asimilado al “castrochavismo”, llegara al gobierno, muchos votantes derechistas de Fajardo se decidieran al final por el uribismo. Así pues, la estrategia demostró que la incipiente identidad política del centro y su diagnóstico de “polarización” más que en un proyecto alternativo de país se basaba en el “antipetrismo”.

No obstante, las diferencias entre los actores “alternativos” no se reducen a cálculos electorales, sino que comprometen diferencias ideológicas de fondo, que hoy vuelven a obstaculizar la posibilidad de una coalición. Las propuestas de Petro no son radicales en términos de su posición en el continuo izquierda-derecha. Su “capitalismo humano”, incluso con la reconversión del modelo extractivista hacia uno basado en el “conocimiento”, a lo sumo podrían ubicarse en la centro-izquierda, puesto que ni siquiera cuestionan de fondo el rol pasivo del Estado en la economía.

¿Por qué Petro “polariza” o produce “odio de clases”, como se dijo en 2018? La respuesta tiene que ver menos con sus principios y propuestas explícitas que con aquello que llegó a representar. En efecto, ante la progresiva fragmentación y posterior huida hacia el centro del partido mejor organizado en la izquierda, el Polo Democrático, fue Petro quien, a pesar de sí mismo y de muchas de sus propuestas explícitas, representó políticamente la diversidad de demandas que emergieron con ocasión del proceso de paz.

Se trata de reivindicaciones sobre problemas estructurales aplazados por la guerra que, simultáneamente, están en la raíz de los ciclos de violencia política: redistribución de la propiedad agraria, respuestas consistentes contra la pobreza y desigualdad extremas, terminar con la exclusión política vía genocidio, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras, blandidas por los actores populares en las grandes protestas que tuvieron lugar durante el gobierno Santos.


La coalición

Así las cosas, uno de los principales obstáculos para la coalición es el rechazo del “centro” no solo a Petro sino a lo representado por él, pues permite inferir que entre los “alternativos” existen concepciones muy distantes sobre la construcción de paz. La premisa que haría posible la coalición hacia 2022 es que tanto el “petrismo” como los sectores del “centro” comparten el antiuribismo y propuestas básicas como la implementación del Acuerdo de Paz, que el gobierno Duque sistemáticamente ha obstaculizado.

El problema, no obstante, es ponderar el compromiso con la construcción de paz por parte del “centro”: ¿es posible construir paz cuando varias de las demandas que justificaron el Acuerdo son concebidas como “extremas”, “polarizantes” o generadoras de “odio de clases”?

Claramente, estos sectores abanderan una concepción minimalista de la paz, que se conforma con una situación de ausencia de combates pero que no necesariamente resuelve los problemas que están en la raíz de los ciclos de violencia. Si bien esa concepción puede corresponder con lo que se pactó en La Habana, dista de las expectativas que el proceso de paz creó y no responde a las reivindicaciones que emergieron en tal coyuntura.

Por consiguiente, el rechazo del “centro” es en últimas a la posibilidad de que un gobierno de Petro implemente reformas estructurales que afecten los intereses de sectores sociales y económicos que este sector representa, esto es, una parte de la clase dominante que ya no comparte los medios con que el uribismo hace política. Muchas de las decisiones de Petro como Alcalde de Bogotá, empezando por recobrar para el Distrito la gestión del sistema de recolección de residuos, afectaron esos intereses. De hecho, la homologación de Petro con el “castrochavismo” se basa en la burda analogía entre la conservación y fortalecimiento de las empresas públicas y las políticas de nacionalización implementadas por el chavismo en Venezuela.

Eso muestra otro gran obstáculo para una eventual coalición: el “centro” no está dispuesto a tocar el modelo socioeconómico neoliberal sobre el que se basan los privilegios e intereses de los sectores que representa, ni siquiera cuando las propuestas de Petro en ese orden son tímidas.


La izquierda

Debido en gran medida a la necesidad de desmarcarse de la “lucha armada”, en las últimas décadas la izquierda colombiana se movió hacia el centro del espectro ideológico. Como consecuencia, las demandas de amplios sectores sociales han quedado sin representación política, teniendo que expresarse por vías como la protesta social. Además, dichas demandas, que emergieron durante el proceso de paz y que en otro contexto se verían como reformas modernizantes, se perciben como “extremas”. Así, el costo del desplazamiento de la izquierda hacia el centro ha sido la conservadurización del escenario político.

La fragmentación del Polo Democrático, con la separación de Dignidad, que ha pasado a engrosar las filas del “centro”, es un efecto de esa tendencia de largo plazo. Sin embargo, en la coyuntura electoral tal tendencia se profundiza. El Polo Democrático por un lado apuesta a una coalición entre el “centro” y Petro, y por otro está comprometido con el gobierno de Claudia López. De ahí que sus líderes eviten toda crítica pública que pueda comprometer la posibilidad de tal coalición.

Pero incluso las cabezas visibles de Colombia Humana parecen haber aceptado el diagnóstico según el cual el escenario político está “polarizado” y, por lo tanto, hacen esfuerzos por desmarcarse del estigma de “castrochavistas”, moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y apostando por obtener así mejores dividendos electorales. Como consecuencia, las demandas sobre problemas estructurales de la sociedad colombiana, que emergieron con las grandes protestas en el marco del proceso de paz y que representó Petro en 2018, tiendan a quedar nuevamente sin representación política.

El diagnóstico que hoy justifica ese posicionamiento de la izquierda se basa en la premisa de que es necesario evitar otro gobierno uribista y posibilitar la implementación del Acuerdo de paz. Este imperativo relega una agenda más amplia de reformas, entre las cuales debería ubicarse el abandono del modelo neoliberal, ante la necesidad de encontrar una alianza para las elecciones presidenciales. El gobierno uribista ha tenido un efecto perverso sobre la implementación del Acuerdo y, como consecuencia, la generación de un nuevo ciclo de violencia política, que se expresa fatalmente en el genocidio político en ciernes. Por lo tanto, es comprensible que el principal propósito de la izquierda, en una situación de repliegue táctico, sea evitar otro gobierno del mismo tipo.

Sin embargo, la construcción de la paz, e incluso la implementación del Acuerdo, por tímido que haya resultado, pasan necesariamente por resolver las demandas que emergieron durante el proceso de paz referentes a los problemas estructurales que generan cíclicamente la violencia política. Por consiguiente, ese debería ser el núcleo de un acuerdo programático entre el “centro” y la izquierda, más allá de todo cálculo electoral.

 

Publicado enEdición Nº276
Kyle Glenn - https://unsplash.com/photos/IFLgWYlT2fI

La coalición entre el autodenominado “centro” político y la izquierda representada por Gustavo Petro, se ve obstaculizada por diferencias ideológicas de fondo. El “centro” no parece estar dispuesto a resolver las demandas sobre reformas estructurales acalladas durante la guerra, que emergieron con el proceso de paz y fueron representadas por Petro en 2018.

Parece a destiempo, pero no es así. Las disputa por la presidencia empezó a agitarse desde mediados de diciembre con la reunión del expresidente Uribe y representantes del llamado “clan Char” en la hacienda El Ubérrimo. Los detalles del encuentro no trascendieron al ámbito público, pero la noticia fue suficiente para que otros actores iniciaran sus apuestas de cara a la contienda electoral. Así, el 28 de enero de 2021, en un club del norte de Bogotá, se dieron cita varios sectores del autodenominado “centro” político.

Allí concurrieron Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, con trayectoria en el Partido Liberal; representantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, la divisa electoral del Moir. Aunque no parece ser un consenso, algunos de ellos, como Fajardo y Lozano, se pronunciaron contra una consulta popular que incluya a Gustavo Petro, de Colombia Humana, para forjar una candidatura presidencial unificada, argumentando que su propósito es ofrecer una alternativa a la “polarización”, supuestamente producida por el antagonismo entre el uribismo y el excandidato presidencial.

De cerrarse la posibilidad de una coalición entre los sectores “alternativos” para la primera vuelta presidencial, a realizarse en mayo de 2022, podría repetirse el escenario de 2018, cuando los votos se dividieron entre Petro y Fajardo, forzando a una segunda vuelta con el candidato del uribismo, Iván Duque, que le dio el tiempo suficiente para alinear contra Petro la totalidad de las fuerzas políticas tradicionales.

En la exclusión de Petro se expresa el temor a que el candidato pueda imponerse en la eventual consulta, especialmente sobre su anterior contrincante, Sergio Fajardo. Sin embargo, los obstáculos que enfrenta la coalición hunden sus raíces en profundas diferencias ideológicas, producto de los diversos intereses que cada alternativa representa. Si bien entre los sectores “alternativos” puede existir una oposición común al uribismo, tienen posiciones distintas e incluso antagónicas sobre la construcción de paz y el modelo neoliberal, entre otros.
El “centro”

En años recientes se ha discutido si existe un centro político en Colombia e incluso si es posible su existencia. En términos generales, tal centro puede referirse a dos fenómenos: al posicionamiento de determinados actores hacia el medio en el continuo ideológico izquierda-derecha o a una identidad política particular.


En el primer caso, los actores se ubican en relación con principios filosóficos entre dos extremos de naturaleza típico-ideal. Así, por ejemplo, se asume que determinado actor es de centro si adopta una posición moderada entre una robusta intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos sociales (izquierda) y la absoluta “autorregulación” del mercado por la competencia individual (derecha). Desde esta perspectiva, en Colombia la mayoría de los actores políticos tienden al centro del espectro ideológico. Esta es una constante en la historia política del país. A partir del Frente Nacional los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, tendieron a converger en el centro.

La excepción, coincidente con el declive del bipartidismo, fue el uribismo, que ha configurado una opción claramente de derecha. Pero incluso las propuestas más “radicales” de la izquierda se mantuvieron en reivindicaciones socialdemócratas: reforma urbana, redistribución de la propiedad de la tierra, apertura política, etcétera. De hecho, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín, la izquierda de partidos y movimientos tendió hacia el centro hasta el punto de erigir la defensa de la Constitución de 1991 en su principal objetivo.

En el segundo caso, el centro como identidad política alude a un posicionamiento concreto, un proyecto que diferencia a un actor o conjunto de actores ubicándolos en una cartografía en relación ya no con principios sino con los demás actores en disputa en un campo político. El posicionamiento en el continuo izquierda-derecha es necesario pero no suficiente para determinar la existencia de una identidad política. Se requiere un discurso político que establezca las fronteras para articular unos actores excluyendo otros. Por ejemplo, el “uribismo” es una identidad política que se ubica a la derecha del espectro ideológico, pero que además ha establecido claramente unas fronteras discursivas, de antagonismo y de diferencia, con los demás actores del escenario político colombiano.

Los actores del “centro” han tenido grandes dificultades para construir una identidad, un discurso consistente que establezca dichas fronteras frente a lo que rechazan: el uribismo y la izquierda, y se exprese en un proyecto común. Pueden tender hacia el medio en el espectro ideológico, pero no configuran una identidad análoga, por ejemplo, al “uribismo” o, incluso, al llamado “petrismo”. Esa identidad ni siquiera tomó consistencia tras la elección de Claudia López, del Partido Verde, como alcaldesa de Bogotá, puesto que su proyecto no se distinguió sustancialmente de su antecesor, Enrique Peñalosa, ni de los intereses socioeconómicos que este representó, mientras en la práctica su gobierno ha dado cabida a actores de todo el espectro ideológico, incluyendo la derecha uribista.

De hecho el “centro” se convirtió en lo que popularmente se llama un “escampadero”, con propósitos meramente electorales y sin preocupación por la construcción de un proyecto alternativo de país. Su principal disputa política es por representar los intereses de la parte de la clase dominante que hoy representa el uribismo. Por eso su consigna preferida, al igual que el de los uribistas, es contra la “polarización”. Allí convergen personalidades de los partidos tradicionales que buscan reinventarse como “alternativos”, muchos de los cuales hicieron hasta no hace mucho parte activa del uribismo, junto con herederos del capital político de Antanas Mockus, reencauchando su electoralmente exitosa “antipolítica” como lucha contra la “polarización”, y una parte de la izquierda.


La “polarización”

La autoidentificación de “centro” apareció en las elecciones presidenciales en 2018, con el claro objetivo de tomar distancia de Petro, y está necesariamente ligada a un rechazo de la “polarización” del escenario político. La convergencia de “centro”, formada por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, tuvo inicialmente como eslogan fundamental la lucha contra la corrupción. Pero una vez se produjo el ascenso de Petro en las encuestas se utilizaron dos grandes consignas. Primero, Fajardo era el único que podría vencer a Duque, candidato del uribismo, en segunda vuelta. Segundo, Petro y Duque eran dos extremos que, literalmente, acabarían con el país de llegar al gobierno.

Tal estrategia pretendía atraer el electorado de Petro hacia Fajardo. Sin embargo, terminó por descuidar la frontera discursiva entre el “centro” y el uribismo, por ejemplo, al abandonar la lucha contra la corrupción. Incluso es probable que, ante la vehemencia con que se denunció el peligro de que Petro, asimilado al “castrochavismo”, llegara al gobierno, muchos votantes derechistas de Fajardo se decidieran al final por el uribismo. Así pues, la estrategia demostró que la incipiente identidad política del centro y su diagnóstico de “polarización” más que en un proyecto alternativo de país se basaba en el “antipetrismo”.

No obstante, las diferencias entre los actores “alternativos” no se reducen a cálculos electorales, sino que comprometen diferencias ideológicas de fondo, que hoy vuelven a obstaculizar la posibilidad de una coalición. Las propuestas de Petro no son radicales en términos de su posición en el continuo izquierda-derecha. Su “capitalismo humano”, incluso con la reconversión del modelo extractivista hacia uno basado en el “conocimiento”, a lo sumo podrían ubicarse en la centro-izquierda, puesto que ni siquiera cuestionan de fondo el rol pasivo del Estado en la economía.

¿Por qué Petro “polariza” o produce “odio de clases”, como se dijo en 2018? La respuesta tiene que ver menos con sus principios y propuestas explícitas que con aquello que llegó a representar. En efecto, ante la progresiva fragmentación y posterior huida hacia el centro del partido mejor organizado en la izquierda, el Polo Democrático, fue Petro quien, a pesar de sí mismo y de muchas de sus propuestas explícitas, representó políticamente la diversidad de demandas que emergieron con ocasión del proceso de paz.

Se trata de reivindicaciones sobre problemas estructurales aplazados por la guerra que, simultáneamente, están en la raíz de los ciclos de violencia política: redistribución de la propiedad agraria, respuestas consistentes contra la pobreza y desigualdad extremas, terminar con la exclusión política vía genocidio, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras, blandidas por los actores populares en las grandes protestas que tuvieron lugar durante el gobierno Santos.


La coalición

Así las cosas, uno de los principales obstáculos para la coalición es el rechazo del “centro” no solo a Petro sino a lo representado por él, pues permite inferir que entre los “alternativos” existen concepciones muy distantes sobre la construcción de paz. La premisa que haría posible la coalición hacia 2022 es que tanto el “petrismo” como los sectores del “centro” comparten el antiuribismo y propuestas básicas como la implementación del Acuerdo de Paz, que el gobierno Duque sistemáticamente ha obstaculizado.

El problema, no obstante, es ponderar el compromiso con la construcción de paz por parte del “centro”: ¿es posible construir paz cuando varias de las demandas que justificaron el Acuerdo son concebidas como “extremas”, “polarizantes” o generadoras de “odio de clases”?

Claramente, estos sectores abanderan una concepción minimalista de la paz, que se conforma con una situación de ausencia de combates pero que no necesariamente resuelve los problemas que están en la raíz de los ciclos de violencia. Si bien esa concepción puede corresponder con lo que se pactó en La Habana, dista de las expectativas que el proceso de paz creó y no responde a las reivindicaciones que emergieron en tal coyuntura.

Por consiguiente, el rechazo del “centro” es en últimas a la posibilidad de que un gobierno de Petro implemente reformas estructurales que afecten los intereses de sectores sociales y económicos que este sector representa, esto es, una parte de la clase dominante que ya no comparte los medios con que el uribismo hace política. Muchas de las decisiones de Petro como Alcalde de Bogotá, empezando por recobrar para el Distrito la gestión del sistema de recolección de residuos, afectaron esos intereses. De hecho, la homologación de Petro con el “castrochavismo” se basa en la burda analogía entre la conservación y fortalecimiento de las empresas públicas y las políticas de nacionalización implementadas por el chavismo en Venezuela.

Eso muestra otro gran obstáculo para una eventual coalición: el “centro” no está dispuesto a tocar el modelo socioeconómico neoliberal sobre el que se basan los privilegios e intereses de los sectores que representa, ni siquiera cuando las propuestas de Petro en ese orden son tímidas.


La izquierda

Debido en gran medida a la necesidad de desmarcarse de la “lucha armada”, en las últimas décadas la izquierda colombiana se movió hacia el centro del espectro ideológico. Como consecuencia, las demandas de amplios sectores sociales han quedado sin representación política, teniendo que expresarse por vías como la protesta social. Además, dichas demandas, que emergieron durante el proceso de paz y que en otro contexto se verían como reformas modernizantes, se perciben como “extremas”. Así, el costo del desplazamiento de la izquierda hacia el centro ha sido la conservadurización del escenario político.

La fragmentación del Polo Democrático, con la separación de Dignidad, que ha pasado a engrosar las filas del “centro”, es un efecto de esa tendencia de largo plazo. Sin embargo, en la coyuntura electoral tal tendencia se profundiza. El Polo Democrático por un lado apuesta a una coalición entre el “centro” y Petro, y por otro está comprometido con el gobierno de Claudia López. De ahí que sus líderes eviten toda crítica pública que pueda comprometer la posibilidad de tal coalición.

Pero incluso las cabezas visibles de Colombia Humana parecen haber aceptado el diagnóstico según el cual el escenario político está “polarizado” y, por lo tanto, hacen esfuerzos por desmarcarse del estigma de “castrochavistas”, moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y apostando por obtener así mejores dividendos electorales. Como consecuencia, las demandas sobre problemas estructurales de la sociedad colombiana, que emergieron con las grandes protestas en el marco del proceso de paz y que representó Petro en 2018, tiendan a quedar nuevamente sin representación política.

El diagnóstico que hoy justifica ese posicionamiento de la izquierda se basa en la premisa de que es necesario evitar otro gobierno uribista y posibilitar la implementación del Acuerdo de paz. Este imperativo relega una agenda más amplia de reformas, entre las cuales debería ubicarse el abandono del modelo neoliberal, ante la necesidad de encontrar una alianza para las elecciones presidenciales. El gobierno uribista ha tenido un efecto perverso sobre la implementación del Acuerdo y, como consecuencia, la generación de un nuevo ciclo de violencia política, que se expresa fatalmente en el genocidio político en ciernes. Por lo tanto, es comprensible que el principal propósito de la izquierda, en una situación de repliegue táctico, sea evitar otro gobierno del mismo tipo.

Sin embargo, la construcción de la paz, e incluso la implementación del Acuerdo, por tímido que haya resultado, pasan necesariamente por resolver las demandas que emergieron durante el proceso de paz referentes a los problemas estructurales que generan cíclicamente la violencia política. Por consiguiente, ese debería ser el núcleo de un acuerdo programático entre el “centro” y la izquierda, más allá de todo cálculo electoral.

 

Publicado enColombia
Trump muestra una portada de periódico sobre su impeachment.- EFE

El Senado de Estados Unidos absuelve al expresidente en su segundo juicio político por 57 votos a favor de la condena y 43 en contra, aunque se necesitaban 67 votos favorables.

 

El expresidente de EEUU Donald Trump ha sido absuelto este sábado por el Senado, bajo control demócrata, de cualquier culpa en el asalto al Capitolio del 6 de enero, una de las jornadas más convulsas de la historia del país y en la que murieron cinco personas.

Los votos republicanos del Senado, constituido como jurado en este juicio político  o impeachment, salvaron a Trump e impidieron que los demócratas se hicieran con suficientes votos para condenarle.

El propio Trump ha dado la bienvenida a su absolución y ha avisado de que su movimiento para "Hacer a EEUU grande de nuevo" ("Make America Great Again") solo "acaba de empezar".

"Nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para 'Hacer a EEUU grande de nuevo' solo acaba de empezar. En los meses venideros, tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente. ¡Nunca ha habido nada igual!", dijo en un comunicado

Los siete republicanos contra Trump

Solo siete republicanos votaron a favor de condenar a Trump por "incitar a la insurrección": Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, Bill Cassidy, Pat Toomey y Richard Burr.

El marcador final quedó con 57 a favor de la condena y 43 en contra, unas cifras insuficientes para los demócratas que necesitaban una mayoría de 67 votos para condenar al examandatario, algo que desde el principio parecía altamente improbable debido a la influencia que Trump aún tiene en su base de votantes.

A favor de absolver al expresidente votó el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, una figura muy influyente en el partido y que al principio se había mostrado abierto a una condena.

Sin embargo, esta mañana, el equipo de McConnell filtró a la prensa que pensaba absolver al exmandatario, lo que con toda seguridad influyó en el voto de algunos de sus correligionarios.

En las últimas horas del juicio político, la defensa de Trump se esforzó por defender el derecho a la libertad de expresión del expresidente y lo retrató como un garante de "la ley y el orden" en un retrato manipulado de los hechos, en el que culpó a los demócratas de incitar a la violencia, algo que es falso.

"Este juicio político ha sido una farsa completa de principio a fin. Todo este espectáculo no ha sido más que la búsqueda desquiciada de una vendeta política de larga data contra el señor Trump por parte del partido de la oposición", dijo uno de los letrados del exmandatario, Michael Van Der Veen.

Por su parte, en su alegato final, los legisladores demócratas que hacen de "fiscales" en el juicio político intentaron demostrar que Trump incurrió en un patrón de incitación a la violencia y que lo ocurrido en el Capitolio el pasado 6 de enero no es un incidente asilado.

Para ello, se valieron de horas de vídeo, cientos de documentos y capturas de pantalla de los mensajes en Twitter de Trump.

En un último intento por ganar una batalla que ya se veía perdida, el legislador demócrata Jamie Raskin, que lidera la acusación contra Trump, pidió a los republicanos que pensaran en el futuro del país y votaran su conciencia, poniendo a EEUU por encima de sus colores políticos.

"Si no podemos resolver esto juntos como un pueblo, si no podemos resolver esto olvidando las líneas partidistas, la ideología, la geografía y todas esas cosas, entonces ¿cómo vamos a conquistar otras crisis de nuestro tiempo?", preguntó al hemiciclo, que aguardaba en silencio.

"Senadores -rogó Raskin,- este no puede ser nuestra nueva normalidad. Esto tiene que acabar".

El final del juicio político estuvo rodeado de drama debido a que, esta mañana, de manera inesperada, el Senado aprobó que se citaran testigos a propuesta de los legisladores demócratas que hacen de "fiscales"; pero, finalmente, optó por recular en esa decisión.

Desde el principio, los dos partidos habían optado por un juicio rápido sin testigos, ya que los demócratas querían centrarse en la agenda legislativa del presidente, Joe Biden, y los republicanos deseaban pasar página del asalto lo antes posible.

washington

13/02/2021 21:52 Actualizado: 13/02/2021 22:44

EFE

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Domingo, 14 Febrero 2021 05:31

Brasil: razones y dilemas de Lula

Brasil: razones y dilemas de Lula

Desde Río de Janeiro.Lula da Silva (foto) vive una situación similar a la que vivió en 2018. Condenado, espera el desenlace de su situación jurídica, para tomar una decisión definitiva. Pero Brasil está atravesando una situación diferente y esto puede marcar la diferencia en las razones y dilemas de Lula. Pude conversar con él para entender mejor su posición.

Sabe que las situaciones son similares, pero con varias diferencias significativas. En 2018, a pesar de que fue arrestado y condenado, era el favorito para ganar en la primera ronda, como lo demuestran las encuestas. Extendió el plazo al máximo, esperando que su situación cambiara y fuera candidato. Cuando consideró que se habían agotado los plazos, lanzó a Fernando Haddad como candidato.

Ahora la expectativa es formalmente la misma, pero en un escenario político muy diferente. Con la desmoralización de Lava Jato y el ex ministro de Justicia Sergio Moro, la erosión de la imagen del presidente Jair  Bolsonaro, el clima político y legal es muy distinto. Incluso en sectores  insospechados de ser lulistas hay consenso para reconocer no solo su inocencia, sino también que hubo un operativo expreso para evitar su elección. Que es una forma de reconocer que hubo un golpe de Estado contra el Partido de los Trabajadores (PT) y que la elección de Bolsonaro fue producto de una manipulación gigantesca

Y que, por lo tanto, Brasil no vive en democracia, hay que restaurarla. (Contrariamente a la afirmación del juez del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, que reiteradamente difunden en los medios de comunicación, en la que dice “vivimos en una democracia muy consolidada”.)  Por supuesto, esta gente todavía necesita atar los cables, para que el razonamiento sea completado, pero el consenso es favorable a Lula, independientemente de las decisiones del Poder Judicial.

Pero la posición de Lula es, en esencia, la misma que terminó adoptando en 2018:  preferiría ser candidato, solo no lo sería si la Justicia se lo impidiera. Sabe que la disputa es dura y decisiva en 2022 y está dispuesto a afrontarla si ha recuperado sus derechos políticos.

Lula también saca conclusiones de la experiencia de 2018. No cree que tenga derecho a dejar el PT a la espera de una situación similar. Por eso le dijo a Haddad que ocupara sus espacios, que no se quedara esperando, pendiente de la situación de Lula, que se estiró mucho. Aunque tiene mucho más tiempo, se hace más largo.

Ya há vivido esa situación y prefiere no repetirla. Está listo para pelear. Cuando le dicen que regrese a las calles lo antes posible, reacciona con entusiasmo. Pero también él tiene mucha consideración y confianza en Haddad. Da la impresión de que, si es el candidato y vuelve a ser presidente de Brasil, Haddad tendrá un lugar esencial en su gobierno. Y, de hecho, si no puede ser candidato, apoyará a Haddad.

La diferencia está en la gigantesca presencia de la imagen de Lula, que lo llevó a ser gran favorito en 2018 y las dificultades de la candidatura de Haddad. Por supuesto, Haddad fue víctima de la monstruosa operación mediatica y de la huida de los debates por parte de Bolsonaro, con la complacencia del Poder Judicial y de los medios de comunicación.

Bolsonaro ya demostró, en su enfrentamiento con el Parlamento, que utilizó todos los recursos para derrotar a sus oponentes en el campo de la derecha - Joao Doria y Rodrigo Maia, después de haber logrado marginar a Moro-, para demostrar que la batalla de 2022 será la madre de todas las batallas.

La izquierda debe hacer todo lo posible para contar con Lula, el mejor candidato para enfrentar a Bolsonaro. Si la izquierda es consciente de que su principal objetivo es derrotar a Bolsonaro, restaurar la democracia y retomar un modelo de desarrollo con distribución de ingresos, tiene que luchar por la candidatura de Lula como objetivo central.

Todos los de la izquierda deben enfrentar los desafíos que definirán el destino de Brasil durante mucho tiempo. No es de extrañar de que el PT estará a la altura de sus responsabilidades y tendrá su propia candidatura en la primera vuelta, que debe ir a la segunda vuelta y contará con los votos de otros candidato de izquierda en la segunda vuelta. Que el PT debe estar presente en el ballotage, con Lula o Haddad. La victoria depende de la capacidad para unir todas las fortalezas, elegir las mejores alternativas y llegar unidos en la segunda vuelta.

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Caminos y bifurcaciones del movimiento indígena ecuatoriano

El resultado de la primera vuelta de las presidenciales puso de nuevo en el primer plano al movimiento indígena ecuatoriano y a Yaku Pérez, quien disputó voto a voto con el banquero Guillermo Lasso el paso a la segunda vuelta. Los clivajes en el interior de Pachakutik, una suerte de brazo político-electoral del movimiento indígena, no son sencillos y no se pueden reducir a «clasistas» vs. «etnicistas». Al mismo tiempo, los enfrentamientos con el gobierno de Rafael Correa explican parte de sus posicionamientos y sus divisiones internas.

 

Varias veces dado por muerto y milagrosamente resucitado a lo largo de treinta años, el movimiento indígena ecuatoriano y su principal organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siguen sorprendiendo y desconcertando. En la más reciente muestra de su poderío, Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, organización electoral auspiciada por la Conaie, estuvo a punto de pasar al balotaje, con casi el 20% de los votos, en un empate con el político y banquero conservador Guillermo Lasso, quien se proyecta para competir con Andrés Arauz el 11 de abril próximo. En cualquier caso, la votación de primera vuelta ha sido un éxito arrollador para Pachakutik, cargado de implicaciones políticas futuras, y le dará al partido un fuerte bloque parlamentario. 

Unánimemente aclamado por el pensamiento progresista y de izquierdas latinoamericanos como un movimiento democratizador, una renovación de las luchas emancipatorias y una expresión de la lucha contra el racismo y el colonialismo interno, súbitamente el conflicto de la Conaie con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la transformó para una parte de esas izquierdas en una especie herramienta del Imperio, una expresión del etnicismo excluyente y un arma geopolítica del «ambientalismo liberal». Con la posibilidad del posible paso de Yaku Pérez a la segunda vuelta contra el candidato apoyado por Rafael Correa, esas acusaciones se volvieron particularmente violentas, a veces mezcladas con expresiones que lindan el racismo abierto, como cuando se denuncia que se cambió el nombre a «Yaku» (agua, en kichwa, adoptado legalmente en 2017).

Desde 1990, la Conaie y el movimiento indígena han sufrido, como todo el país, importantes cambios sociales, culturales y económicos. Entre ellos, destacan una acentuación de la urbanización de sus bases sociales, una amplia diversificación ocupacional de sus dirigentes, una mayor penetración de los servicios estatales y un importante, aunque todavía limitado, aumento de la escolarización. La presencia de ONG, de partidos que compiten por conseguir candidatos indígenas, de oficinas y entidades públicas que ofrecen becas o proyectos sociales de variado tipo, se han mantenido y probablemente crecido, aunque esta era una tendencia ya presente desde la década de 1980. El antiguo aislamiento relativo de las áreas indígenas es una reliquia del pasado, aunque subsista parcialmente, sobre todo en la Amazonía. Pero, al mismo tiempo, los pueblos indígenas siguen siendo las poblaciones más empobrecidas, abandonadas y con peores indicadores sociales del país.

Tradicionalmente, el movimiento indígena ecuatoriano fue descentralizado y heterogéneo, tanto en términos ideológicos como organizativos. Desde la década de 1970, la mezcla indisociable de discursos clasistas («somos pobres») y étnicos («somos nacionalidades indígenas») se asoció a demandas ecologistas, aprovechando las oportunidades internacionales y nacionales existentes. Más lentamente, y de modo más desigual, el feminismo penetró también en las comunidades, aunque no se han formado, como en Bolivia, organizaciones supralocales formadas exclusivamente por mujeres indígenas. Al mismo tiempo, un persistente conservadurismo moral, propio de casi todas las zonas rurales, entremezclado con la influencia de las iglesias evangélicas y católica, han limitado, por ejemplo, la incorporación de las agendas de derechos reproductivos en el seno de las organizaciones indígenas. 

El conflicto entre la Conaie y el gobierno de Rafael Correa atravesó todas las fracturas ideológicas, sociales y organizativas del movimiento indígena. No es verdad que haya predominado una sola de ellas. Quiero decir que ni los dirigentes más «clasistas» o los más «étnicos» tuvieron una posición común (a favor o contra) frente a Correa. Apenas un ejemplo. Carlos Viteri, un reconocido intelectual indígena amazónico, oriundo de Sarayacu, imbuido de un fuerte discurso étnico, se volvió un militante del correísmo. Su comunidad de origen goza de fama mundial por su radical oposición a la explotación petrolera en su territorio desde los años 80. Viteri, no obstante, fue el parlamentario encargado de hacer el informe que viabilizó la explotación petrolera en el Yasuní en 2013. El énfasis en los valores de la etnicidad puede perfectamente combinarse con las bondades del extractivismo.

No hay, pues, evidencia alguna de que los cambios sociales, generacionales o el conflicto con Correa obedezcan a una acentuación del carácter «etnicista» del movimiento. Las tendencias étnicas y clasistas siguen conviviendo y mutando en su interior. El levantamiento popular de octubre de 2019, por ejemplo, tuvo una agenda esencialmente económica y de esas movilizaciones contra el gobierno de Lenín Moreno salió fortalecido el liderazgo de Leonidas Iza, dirigente kichwa de la provincia de Cotopaxi, conocido por el énfasis «clasista» de su agenda. El bosquejo de programa económico que, bajo el liderazgo de la Conaie, se gestó en los meses posteriores a ese levantamiento, retoma todos los temas propios de una agenda redistributiva.

Yaku Pérez fue el líder más visible de las tendencias internas que se oponían más radicalmente al gobierno de Correa. La razón es bastante simple. Dirigente de la organización rural de una zona de la Sierra sur de relativamente reciente proceso de mestizaje (dos generaciones), la amenaza de una concesión minera en su territorio lo acercó a la Conaie, que tenía una larga trayectoria de oposición a las actividades extractivas, sobre todo en la Amazonía. Pérez llegó a ser presidente de la filial serrana de la Conaie, la Ecuarunari, la organización indígena más numerosa del país. Luego, como prefecto electo, pugnó por conseguir una consulta popular que prohibiera toda minería metálica a gran escala en la provincia del Azuay. Aunque la Corte Constitucional negó sus pedidos, una consulta más limitada, que prohíbe las actividades de minería metálica en las cabeceras de cinco ríos en la capital, Cuenca, acaba de obtener 80% de los votos y a ningún gobierno futuro le será fácil ignorar semejante veredicto.

Esta lucha antiminera desató un proceso interno de recuperación y reinvención de las identidades ancestrales cañari en estas comunidades. Estas identidades contribuían prácticamente a su lucha y también les otorgaban un orgullo y una sensación de que era posible ofrecer alternativas económicas y de vida enraizadas en la tradición y el pasado local. La obsesión del gobierno de Correa por impulsar la minería metálica a gran escala en un país (y unas regiones) sin tradición minera, lo llevó a una persecución sistemática a los dirigentes sociales, entre ellos Yaku Pérez, que estuvo cuatro veces en prisión. Pero no era un ataque personal: la Fiscalía General del Estado reconoció que entre 2009 y 2014 hubo 400 procesos judiciales por año por delitos contra la seguridad del Estado, entre ellos, más de un centenar por año por delitos de sabotaje y terrorismo. No hay un antecedente semejante en la historia ecuatoriana del siglo XX. Como uno de los principales damnificados de esa ola represiva, para Yaku Pérez, el fin del gobierno de Correa se imponía como una cuestión de sobrevivencia. Ese es el contexto de su famosa frase en la segunda vuelta de 2017 entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno: «prefiero un banquero a una dictadura».

No veo cómo se puede llamar a esta movilización ecologista «ambientalismo liberal». Ningún liberal que yo conozca está en contra de la minería en Ecuador. Tampoco parece lícito suponer que la política opuesta, la de Rafael Correa, de concesionar estos yacimientos mineros a empresas chinas, pueda ser calificado en sí misma de nacional-popular. El grupo ecologista más cercano a Yaku Pérez es Acción Ecológica, ampliamente reconocido en Ecuador y el mundo como la más combativa de las organizaciones del ecologismo popular. En la campaña para las elecciones del 7 de febrero pasado, Pérez hizo una propuesta radical pero viable: optimizar la explotación petrolera en las regiones donde ya existe, pero no ampliar la frontera extractiva. Respetar, con una conducta ambiental vigilante, los contratos mineros actualmente en explotación y terminar con los que solo están en fase de exploración.

El conflicto interno reciente más conocido en el movimiento indígena ocurrió en el momento de la selección del candidato de Pachakutik para las últimas elecciones presidenciales. Jaime Vargas, dirigente shuar de la Amazonía sur y presidente de la Conaie, y Leonidas Iza se quejaron públicamente del proceso de selección, que en su opinión estuvo organizado para favorecer a Pérez. Vargas se asocia, como la mayoría de los dirigentes shuar, a las corrientes más «étnicas», mientras Iza está más cerca de las «clasistas». De nuevo, las etiquetas ideológicas fluyen con facilidad al calor de combinaciones siempre cambiantes y siempre presentes. Ningún giro reconocible, solo una constante negociación y convivencia de dos dimensiones de una identidad política en tensión. 

Este tipo de disputas internas por candidaturas es tradicional y frecuente en Pachakutik. Sin embargo, la gran masividad de la votación en zonas indígenas a favor de Pérez en 2021 desmiente que haya habido una división significativa en las bases de la Conaie. Estas parecieron sentirse bien representadas electoralmente por Pérez. Fue, por lo tanto, un conflicto entre dirigentes, sepultado por una avalancha de votos. Esa disputa, sin embargo, especialmente con Iza, seguramente volverá a aparecer en el futuro. Pero es claro que el peso político de Yaku Pérez se ha potenciado enormemente dentro de la Conaie luego de obtener casi el 20% de los votos. Ha surgido por primera vez una figura individual que potencia electoralmente el peso social y organizativo de la Conaie a escala nacional. La situación parece comparable a la de Evo Morales en Bolivia luego de las elecciones de 2002, cuando este obtuvo más de 21% de los votos y quedó en segundo lugar de manera sorpresiva. El peso político personal de Pérez en las internas no tendrá equivalentes.

El gran desafío del movimiento indígena, como referente indiscutido de las organizaciones y el movimiento popular ecuatoriano, será administrar sabiamente esta victoria electoral y navegar sobre este inmenso capital político. Luego de varios intentos, al fin este movimiento logró interponerse exitosamente como una tercera opción política entre el correísmo y la derecha tradicional. Y lo hizo gracias a otra tradición antigua: combinar la movilización callejera (el levantamiento de octubre de 2019) y la participación electoral. 

Las conflictivas relaciones con el correísmo serán, sin duda, un componente crucial de esa difícil navegación. ¿Será Andrés Aráuz el artífice de un giro generacional hacia una política más abierta frente a los movimientos sociales por parte del correísmo? Hasta ahora no hay ningún indicio en esa dirección, pero es claro que, si quiere ganar en segunda vuelta, tendrá el imperativo de tomar distancias de su mentor, que fue su único sostén político en primera vuelta, pero que se vuelve su principal pasivo en la segunda. 

Otro de los grandes desafíos de Pachakutik de acá en más será precisar de manera más detallada las agendas programáticas que se esbozaron en la reciente campaña y en los documentos del programa económico tanto del levantamiento de octubre de 2019 como de la «Minka por la vida», nombre dado a la agenda económica y social de Pérez. Es claro que un fuerte compromiso ambiental es fundamental para guiar la tarea parlamentaria o de gobierno, pero no es suficiente. Yaku Pérez cuenta para esta tarea no solo con su experiencia personal y sus inclinaciones individuales, sino con treinta años de experiencia colectiva acumulada.

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Se cumple un año desde la posesión de Claudia López Hernández como la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Elegida como una opción diferente a su antecesor, con parte de cuyas políticas aseguró rompería, y retomar las que valieran la pena –es decir, ya saben, construir sobre lo construido–. Pasados los primeros 12 meses es momento de hacer un balance de su gestión.

 

Si bien este ha sido un año marcado por la pandemia, lo que lo resalta en sus particularidades, hay grandes asuntos que son indicadores de la ruptura o continuidad con el modelo de ciudad de Peñalosa. Los principales rasgos de ese modelo de ciudad se encuentran en la movilidad, ambiente, integración regional y por supuesto, el ordenamiento territorial, por ello es importante analizar cada uno de ellos.

 

Movilidad

 

En este aspecto, Claudia López aseguró que no construiría varias vías proyectadas, entre ellas las troncales de la Séptima y de la Avenida 68; tampoco la Avenida Ciudad de Cali ni el fragmento de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) que cruza la reserva Thomas Van Der Hammen. Por otra parte, aseguró continuar con la construcción del metro elevado y llevarlo hasta Suba y Engativá.

El balance en esta materia es amargo: Pocas semanas después de su posesión, en enero 23 de 2020, llegó la primera decepción, la adjudicación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68; la alcaldesa argumentó que no fue posible frenar la licitación y por eso tuvo que adjudicar.

Varios meses después, en octubre, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció los cuatro consorcios responsables de la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali, que se extiende por la Autopista Sur desde Soacha hasta la Avenida Las Américas. Finalmente, en noviembre, presentó el “diseño conceptual” para el “corredor verde” de la Carrera Séptima, con el cual se sella la continuidad del modelo Peñalosa en cuanto a movilidad: una ciudad condenada a un sistema de transporte basado en BRT (Bus Rapit Transit). Lo único que parece mantenerse es la promesa de proteger la Reserva Van Der Hammen, en tanto cumpla el anuncio de no construir sobre ella el tramo de la ALO.

Por otra parte, uno de los principales puntos de controversia en materia de movilidad ha sido el Metro de Bogotá, en tanto Enrique Peñalosa, sin ningún sustento técnico, decidió cambiar el Metro Subterráneo que contaba con estudios avanzados e ingeniería de detalle, por uno Elevado que en la práctica es un alimentador de Transmilenio. Peñalosa convenció a diversos sectores de su conveniencia, con supuestas virtudes técnicas, menor costo y tiempo de construcción. Fue así como sus mayorías en el Concejo de la ciudad aprobaron vigencias futuras pazra la financiación de este nuevo e improvisado diseño. En la campaña por la Alcaldía, este fue un debate central; la entonces candidata Claudia López, junto con la bancada de concejales del Polo Democrático, demandaron dicho proyecto por considerar que: 1) no estaba concebido dentro del POT vigente, 2) Irregularidad en la Declaratoria de Importancia Estratégica y 3) No había estudios de factibilidad en el momento en que la obra fue aprobada por el Concejo de la ciudad.

En total, fueron diecisiete (17) las demandas al Metro Elevado. Sin embargo, una vez electa alcaldesa, no dudó en respaldar lo proyectado por Enrique Peñalosa. Los recientes hallazgos de la Contraloría Distrital ratifican buena parte de las denuncias e irregularidades frente al proyecto adjudicado. Así las cosas, el Metro que la alcaldesa sigue respaldando tardara más, será más corto, con menos estaciones y aún no puede precisarse su costo real. Este es un tema en el que se profundizan las diferencias.

 

Ambiente

 

En esta materia, Claudia López se comprometió a proteger la estructura ecológica principal, lo que le favoreció para contar con el respaldo de un número importante de ambientalistas; de hecho firmó un acuerdo con diversas organizaciones con el fin de revisar una serie de medidas adoptadas por el gobierno Peñalosa, tales como las obras que se adelantan en los humedales para implementar ciclorrutas y otras superficies duras que convierten estos ecosistemas en espacio público y prestar “servicios ambientales”. El acuerdo, que consta de 17 puntos, hace parte de las exigencias que hoy las organizaciones sociales y ambientales le hacen a su administración, dado que, por ejemplo, los contratos para las obras en los humedales han seguido su curso y el “endurecimiento” de sus rondas no parece tener freno.

En otro particular, en el caso de la Reserva Thomas Van Der Hammen, en enero de 2020 la alcaldesa retiró la solicitud de sustracción y realinderamiento realizada por la administración anterior. A su vez, los proyectos Parque Lineal Río Bogotá y el Sendero de las Mariposas parecen estar anulados. En medio de estas agua tibias, el balance final en materia ambiental dependerá del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Integración regional

 

Frente al modelo de integración regional, la actual administración, junto con la Gobernación de Cundinamarca, presumen como un gran logro la aprobación en el Congreso del acto legislativo que crea la Región Metropolitana. Ahora bien, la Ley Orgánica que la reglamenta ya se encuentra en camino. Sin embargo, esta figura cercena la participación ciudadana, desconoce la autonomía territorial y parece encajar a la perfección con el modelo de ciudad extendida de Peñalosa y sus patrocinadores, especialmente las constructoras, inmobiliarias y ProBogotá.

A finales de noviembre, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad al acto legislativo Región Metropolitana interpuesto por las congresistas: María José Pizarro, David Racero, Feliciano Valencia y las concejalas de Bogotá: Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal, fundamentado en cuatro cargos, a saber: 1) vicios de procedimiento en el trámite legislativo, 2) sustitución de la Constitución, 3) violación del principio de autonomía territorial y 4) omisión del deber de consulta previa. Así que, este debate será protagonista en este año, mucho más cuando debe ser discutido en el Concejo de Bogotá, la Asamblea de Cundinamarca y sus municipios para completar su conformación. El modelo de integración regional, reconocido como necesario, debe garantizar un consenso social, político, ambiental y económico con las fuerzas vivas de la región, para que así sea posible solucionar los problemas de conurbación, protección de la estructura ecológica regional, ocupación y uso del territorio, movilidad, entre otros asuntos. No obstante, este modelo de integración, tal como va, es la continuación de la ciudad extendida de Peñalosa. El balance es negativo y el debate está abierto.

 

Ordenamiento Territorial

 

En la actualidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que rige para Bogotá está consagrado en el Decreto Distrital 190 de 2004. Los intentos para aprobar una nueva norma por parte de las dos administraciones anteriores terminaron fallidas. Gustavo Petro, en 2013, firmó el decreto para la Modificación Especial del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot) con el que cambiaba excepcionalmente las normas urbanísticas establecidas desde 2004, modificación que ya planteaba herramientas para preparar a la ciudad para el cambio climático. Sin embargo, la norma fue demandada y luego suspendida. Posteriormente, el gobierno de Enrique Peñalosa con un enfoque completamente opuesto al de su antecesor, enfatizó en la infraestructura vial, grandes proyectos de vivienda y un modelo de ciudad centrado en el concreto. Su propuesta de POT, presentada ante el Concejo de Bogotá, finalmente, y en la última etapa de esa administración, se hundió.

El gobierno de Claudia López tiene entonces el reto de no fracasar en el intento y consolidar una propuesta para la gestión del suelo de la ciudad, capaz de responder a las urgencias de Bogotá, proyectando un modelo urbano sostenible. Así que, buena parte de los encuentros o rupturas con el modelo de ciudad de Peñalosa se verán aquí. La alcaldesa designó a Adriana Córdoba, Secretaria de Planeación, como la funcionaria responsable de entregar el nuevo POT, quien renunció finalizando el 2020 en medio de rumores sobre diferencias con la alcaldesa por la derogatoria de algunas resoluciones expedidas por la administración anterior que eliminaban los riesgos de inundación y que permitían urbanizar el borde del río Bogotá, aunque públicamente las razones de su renuncia se argumentan como personales. En su reemplazo nombraron a María Mercedes Jaramillo, quien ocupaba el cargo de directora de la Empresa Renovación Urbana, pero además quien venía de una Gerencia de ProBogotá y ahora tiene la responsabilidad del nuevo POT para la capital del país.

La alcaldesa ha manifestado que la meta es entregar una propuesta al Concejo en marzo de 2021, y anunció que el POT cuenta con algunas líneas estratégicas entre ellas: la Integración de la ciudad con la región, Cambio climático y la gestión del riesgo, Recuperación de la Estructura Ecológica Principal como ordenadora del territorio, Desarrollo rural y la articulación de estos territorios con el entorno urbano con equilibrio territorial.

Así que, amanecerá y veremos. El nuevo POT será fundamental para evaluar que tanta distancia tiene la alcaldesa Claudia López con el modelo de ciudad de Peñalosa.
La pandemia

Finalmente, en un año marcado por la emergencia sanitaria, los confinamientos y las angustias sociales y económicas de la gente, es necesario balancear el manejo de la crisis. Frente a la primera parte de la emergencia, es decir el segundo trimestre de 2020, es necesario retomar la tensión desatada con el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque. Al respecto, es necesario señalar que la alcaldesa, junto con otros mandatarios como Daniel Quintero, Felipe Harman, Iván Ospina, entre otros, asumieron el liderazgo que a Iván Duque tanto le falta. En cuanto a las medidas sociales, tímidamente, la administración distrital realizó algunos esfuerzos por garantizar condiciones mínimas para la ciudadanía. Aunque han intentado mostrar dichas medidas como una Renta Básica, es claro que no corresponde a lo que se entiende por tal.

De otra parte, ante al manejo del segundo pico de la pandemia en la capital, el balance es diferente, la crítica fundamental no deber por irse Claudia López de vacaciones, aunque algunos consideremos que fue inoportuno, el debate fundamental está sobre las garantía y condiciones para el alistamiento social solidario de la ciudadanía, para enfrentar esta nueva etapa de la crisis.
En mayo de 2020, la Alcaldía presentó un Plan de Expansión en Salud con el fin de llegar a 5.000 UCI; a la fecha, según Saludata, se cuenta con 2.265 camas UCI, menos de la mitad de lo proyectado en el Plan de Expansión. Además, en el conjunto del sistema de salud parece que no hay mejoras: transcurrido cerca de un año de la primera emergencia estamos casi como al principio. La infraestructura de la red hospitalaria, las medidas de atención de salud en casa, así como las condiciones laborales del cuerpo médico siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, la administración avanza en su decisión de demoler el Hospital San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural –BIC–, que además podría cumplir un importante papel para el sistema de salud y la formación del personal médico, tan importante en estos momentos para la capital y el país.

Sin duda alguna, sabíamos que con el fin de año y las actividades en la ciudad era previsible el pico que hoy afecta a su población, lo que se reclama es preparación, planes de contingencia, alistamiento en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Estamos asistiendo a un nuevo confinamiento con un escenario en alerta roja. Cualquiera esperaría un mejor despliegue de gobierno luego de casi un año de aprendizajes, lamentables pérdidas humanas y materiales.

Las medidas restrictivas en la ciudad, las necesidades sociales y económicas en medio de la pandemia, han traído también protestas de la ciudadanía. Al respecto, a pesar de la fuerte posición de la alcaldesa frente al abuso de la policía, como vimos tras el episodio doloroso de la masacre en Bogotá en septiembre de 2020, las medidas concretas de actuación en la protesta social no han cambiado. No podemos estar de acuerdo con ese tratamiento, no es posible, en ninguna circunstancia, que lleguen primero los gases que las ayudas para la gente. Así que, pese a los esfuerzos por volver a una política fundamentada en el diálogo y la mediación, parece que la concepción instalada en la institucionalidad de la ciudad sobre la protesta social y la lógica de “seguridad” ciudadana de Peñalosa, han continuado en esta alcaldía. Ese es un aspecto que requiere una pronta revisión, aún estamos esperando respuestas, ¿Quién dio la orden?

Con este balance de un año de gobierno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Lo cierto es que, ahora cuando suenan campanas de revocatoria, ahora que las fuerzas democráticas han anunciado que NO respaldarán los intentos de las fuerzas políticas tradicionales por recuperar el terreno perdido en Bogotá, Claudia López tiene la oportunidad de gobernar distinto. Es necesario romper con un modelo que favorece a los intereses privados, corporativos y políticos de las elites de antaño por encima de los intereses generales y públicos.

No basta con gobernar distinto, si los intereses no cambian a favor de la ciudad y de su gente.

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Lunes, 01 Febrero 2021 05:30

Los protocolos de los sabios de Trump

Los protocolos de los sabios de Trump

Igual que las novelitas pornográficas copiadas a máquina que circulaban de mano en mano con grave sigilo entre los adolescentes en mi pueblo, los adultos se pasaban entre ellos en las barberías, con no menos avidez, un folleto en cuya portada figuraba un judío barbado a cuyas espaldas brillaba, con fulgores luciferinos, una estrella de David.

Los protocolos de los sabios de Sión. Este panfleto, de pobres pero convincentes invenciones, exponía la trama de una conspiración tejida por los judíos para sojuzgar al mundo. Nadie, ni en un lugar tan alejado de los centros de poder como Masatepe, ni en ningún otro de la Tierra, escaparía a esos tentáculos viscosos; y si hasta el magnate Henry Ford, quien había pagado de su abundante bolsillo la impresión de ediciones enteras del folleto en Estados Unidos, creía en esa fábula urdida con habilidad pueril, cómo no iba a convencer a un ebanista de mi pueblo, o a un criador de gallos de pelea de los que se congregaban en la tertulia de las barberías.

Hitler creyó también, o fingió creer en Los protocolos de los sabios de Sión, que le sirvieron de pretexto ideológico para el exterminio de millones de judíos. Cuando me topé con ese folleto, que aún hoy no pierde vigencia, hablo de los años 50 del siglo pasado. Entonces el horror de los campos de concentración nazi era ya cosa más que sabida, aún en los pequeños pueblos como el mío, pero era mucho más fuerte la avidez de la gente sencilla de ser partícipe de los graves secretos que los protocolos revelaban.

Sencillos y letrados, todos somos hijos del mito, y es tentador siempre pensar en términos de fábula; en ese terreno pantanoso, la conspiración y la profecía se hallan a sus anchas para explicar las ocurrencias diarias del mundo, desde las catástrofes naturales a las guerras; no en balde las profecías de Nostradamus reviven cada comienzo de año para develar las contingencias siempre amenazadoras del futuro.

Y Los protocolos de los sabios de Sión, que justificaron los pogromos en la Rusia zarista, y las cámaras de gas de los nazis, no sólo no pierden vigencia hoy, en pleno siglo XXI, sino que engendran descendencia.

Todas las fábulas inventadas por los militantes de la secta QAnon de la ultraderecha de Estados Unidos pertenecen a la misma estirpe alimentada en la puerilidad que lleva a millones a creer que debajo de nuestros pies hay un mundo de aposentos subterráneos donde figuras famosas celebran aquelarres para manipular a su antojo nuestras vidas, cuando en realidad los manipuladores son quienes crean esas leyendas que pertenecen al mejor de los mundos de las historietas dibujadas en cuadros.

Nos hallamos en el apogeo de la era de las realidades alternativas. Ese otro mundo que no vemos, pero desde el que se controlan supuestamente nuestras mentes, responde a los mecanismos naturales a la ficción. Y es regido por claves secretas, como en El código Da Vinci, de Dan Brown.

No es que quiera culpar a Dan Brown de la existencia de QAnon, pero la credibilidad de un dedicado lector suyo, viene a ser la misma. En una ocasión, me encontraba en la iglesia de San Sulpicio en París frente al cuadro de Delacroix Jacob luchando contra el ángel, cuando la voz del guía al que rodeaba un grupo de turistas llamó mi atención: habían viajado hasta allí, desde Ohio o desde Dakota, con el exclusivo propósito de ver el lugar donde Silas, el albino del Opus Dei, busca la clave del paradero del Santo Grial.

Claves siniestras, hilos conductores de la conspiración de que se sienten víctimas, dirigida por estrellas de Hollywood, a cuya cabeza se halla el villano mayor, George Soros, gran maestro del estado profundo, peor que Lex Luthor, el archienemigo de Supermán.

Es una historieta cómica, pero con consecuencias. Uno de los Qanonianos entró disparando en 2016 en una pizzería de un barrio de Washington, ante los ojos asustados del pobre dueño del local. El agresor había sido convencido de que desde allí se dirigía una red de ritos satánicos dedicada a la pedofilia, según la secta descubrió en el texto de correos electrónicos que contenían mensajes codificados. A la cabeza de esa red diabólica se hallaba nada menos que Hillary Clinton, candidata entonces a la presidencia por el Partido Demócrata.

Enlistados por la FBI como terroristas potenciales, los cabecillas de QAnon se hicieron visibles en el reciente asalto al Capitolio. Y como en las tramas de los cómics, responden ante un jefe supremo incógnito que se halla dentro de la misma Casa Blanca, al lado de Trump, y que a través de las redes va dejando rastros para que sean encontrados por los soldados de la causa de la pureza racial.

Que los QAnon pertenecen a una historieta cómica puede verse por sus atuendos, como el de Yellowstone Wolf, con sus cuernos de vikingo, envuelto en una piel de bisonte y su lanza en ristre, y que ahora en la cárcel reclama comida orgánica.

Por supuesto, los QAnon creen en los platillos voladores y en los extraterrestres, desde luego que las civilizaciones intergalácticas desarrolladas están gobernadas por supremacistas blancos. Faltaría más.

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Jueves, 28 Enero 2021 07:43

Colombia: El próximo capítulo

Colombia: El próximo capítulo

El ejercicio de previsión tendrá siempre mucho de especulativo, pero suele ser útil como orientación para el camino que se emprende. Y aunque acabamos de experimentar una profunda ruptura que vuelve poco significativo el análisis de tendencias, existen seguramente procesos subyacentes que vale la pena poner en evidencia. He aquí una primera aproximación.

El término que mejor se ajusta a lo que estamos viviendo es el de incertidumbre. En Colombia y en el mundo. Cuando ya se pensaba que la pandemia había sido controlada, de repente resurge con más fuerza que antes. Todas las apuestas, como se ha visto, se han centrado en la vacunación masiva; sin embargo, se sabe que ésta será lenta y complicada. Los impactos, cada vez mayores, en particular sobre los sistemas de atención en salud, llevarán a periódicos confinamientos, cuando menos, selectivos.

En este proceder, el gobierno de Francia, por ejemplo, ha decidido mantener el estado de emergencia hasta junio y anuncia que es muy posible su prolongación hasta diciembre. Esto quiere decir que la economía –capitalista– reanudará su marcha pero a trompicones. Con sus dos grandes ganadores, por supuesto: quienes manejan la internet, el negocio de las “aplicaciones” y la fabricación de dispositivos, por una parte, y el capital financiero especulativo, por otra. En la política convencional, es claro que muy pocos de sus actores se atreverán a ofrecer alternativas, como no sea la fuerza que habrán de emplear para controlar las explosiones masivas de desesperación. En el ámbito cultural continuará por un buen tiempo la ilusión del nuevo “mundo virtual” como reemplazo individualista de la real vida social, pero poco a poco se desgastará su atractivo y llegará a su agotamiento.

Visto de esta manera podría decirse que esta civilización –burguesa– está llegando a su fin o por lo menos que es una muestra más de su irrefrenable decadencia. Y, en efecto, tenemos a la vista no sólo la crisis repetitiva de la acumulación capitalista como base de la economía sino también la catástrofe ecológica, ya inocultable. Pero también es fácil decir que es una cuestión simple de avance en la biología y la medicina y que en cosa de cinco años este momento será apenas un mal recuerdo. En todo caso, para lo que aquí nos interesa lo cierto es que, para pensar en el futuro, hoy es menos fecundo que nunca el ejercicio de identificar tendencias. Y ya estarán muchos esperando un inesperado “cisne negro”. Pero nunca será bueno cruzarse de brazos. Es mejor estar preparados para cualquiera de los posibles “cisnes” que podamos imaginar. Como dice justamente el autor de la popular parábola: “Esta idea según la cual para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias (que podemos conocer) más que en la probabilidad (que no podemos conocer) es la idea fundamental de la incertidumbre”1.

 

Una furtiva encrucijada

 

Colombia no se encuentra por fuera de este espacio angustioso de incertidumbre, pese a los esfuerzos gubernamentales destinados a ofrecer certezas y seguridades, con la ayuda de algunos médicos y no pocos economistas, para tranquilidad de “los mercados” y de la ingenua ciudadanía. Buena parte de los desastres que hemos padecido, se explican precisamente por estos mensajes manipuladores, el principal de los cuales se refiere a las bondades de la “reapertura de la economía” y la consecuente “reactivación” en el 2021. Esta falaz reactivación, según sus propagandistas, se apoyaría en la continuidad de la supuesta tendencia creciente que traía la economía en el 2019.

Como podemos verificar, aquí una mentira se justifica con otra. Es obvio que, después del desplome del año pasado, cualquier cifra positiva puede presentarse como “recuperación”. Pero tampoco las cifras oficiales ayudan a la mentira. Corrigiendo sus propias estimaciones anteriores, el gobierno, a esta altura, calcula la contracción del PIB en -6.8 por ciento, de modo que el crecimiento previsto para el año que empieza, esto es, 5.0 por ciento, ni siquiera significaría regresar al nivel de 2019. Y eso sin contar el impacto de las nuevas medidas que ya se comenzaron a tomar. Pero, además, tampoco es cierto que durante la administración Duque el país hubiera retornado a su “sendero de crecimiento”2. Todo lo contrario. Este insistente discurso de la tranquilizadora continuidad se apoya, pues, en la invocación de la pandemia, hábilmente aprovechada para evitar referirse al empantanamiento que se estaba soportando.

En efecto, al igual que otros países de la región, Colombia enfrenta el agotamiento de un modelo o patrón de acumulación de capital basado desde comienzos del siglo en la exportación de materias primas, es decir, la clásica representación de una periferia que basa su crecimiento en recursos naturales y mano de obra no calificada, en lugar de incrementos de productividad3. Aquí, para mayor desgracia, se trata de hidrocarburos, no propiamente abundantes en el territorio y con una utilización mundial en declive histórico. Lo peor sin embargo, consiste en que las clases dominantes se niegan a reconocer el impasse. Una nueva combinación de fuerzas sociales y políticas, en la forma de nueva hegemonía, sería indispensable para superar la crisis. Y esto a corto plazo, sin mencionar lo atinente a otras crisis estructurales como la ambiental, la de la extrema desigualdad social, y la del pensamiento neoliberal en economía.

Esta situación describe la principal contradicción política del momento de cuya resolución depende el rumbo del próximo futuro. De una parte, la evidente encrucijada histórica ya descrita, que empieza por ser económica pero conlleva enormes connotaciones sociales, culturales y políticas, la cual obliga a tomar decisiones fundamentales de transformación. De otra, el persistente temor al cambio que existe en nuestra cultura política. Buscando el amparo y la seguridad que ofrece lo ya conocido, la ciudadanía termina casi siempre respaldando el status quo u optando por el camino intermedio, la moderación, el ilusorio centro. De ahí nuestra inveterada afición por la moda, por la novelería; como un remedo –inofensivo– del cambio. Aun entre la juventud y especialmente a través de la compulsión del consumo.

Es así como se confunde, por ejemplo, el reverenciado progreso tecnológico con lo que no es más que un resultado de técnicas de mercadeo. La resolución de esta contradicción puede llegar a tener ahora una expresión político electoral. Estamos ad portas de una situación que muy pocas veces se ve, sobre todo en Colombia. Parecida a las ocurridas en 1930, 1950, 1970 y 1990. Aunque el fondo de la contradicción es social y ese es el determinante de su resolución, es indudable que marcará el sentido de los debates y las confrontaciones venideras en el ámbito político.

 

El autoritarismo en la economía

 

Si algo puede preverse en Colombia es la política económica. Y más en la actualidad, con la comprobable deriva autoritaria que ha tomado este gobierno. No se trata sólo de la acción paraestatal que se expresa en los múltiples asesinatos, con desangre diario, sino de las imposiciones legales, presidenciales, al amparo de la emergencia, o legislativas, al amparo de la aplastante mayoría oficial en el Congreso. Ha llegado incluso a la transgresión de los límites formales de la democracia, en un país que suele preocuparse en extremo de guardar las apariencias, con el desconocimiento de las decisiones judiciales y la burla frente a las tímidas manifestaciones de crítica de la opinión mediática, en un alarde de poder y soberbia4. Así pues, es fácil prever que se impondrá la siguiente etapa de la política vulgarmente neoliberal en ejercicio continuo; nueva etapa que ya anunciada, y justificado de manera hipócrita con la emergencia del coronavirus5.

Aunque esta política se basa en una macabra espiral de endeudamiento, es evidente que ahora sí, en este año, se presentará la nueva reforma llamada fiscal. Desde el año pasado se había contratado una misión de “expertos” que, como es lógico, no hará más que validar con un aire científico las demandas de los grupos empresariales, ya suficientemente sustentadas por los “tanques de pensamiento” como Fedesarrollo o los activistas “teóricos” como la Anif6. Increíble es la capacidad de manipulación. En el propósito de disminuir el gasto (léase subsidios y transferencias sociales), buscando en simultáneo el aumento de los impuestos, uno de los ejes será el tema de las exenciones, recogiendo aparentemente una de las denuncias que tradicionalmente se han efectuado a nuestro régimen tributario.

El sofisma es el siguiente: en lugar de apuntar a las innumerables y descaradas exenciones de que gozan muchas grandes empresas, supuestamente para impulsar el “desarrollo sectorial”, el ministro Carrasquilla insiste sin descanso, secundado por la flor de los economistas oficiales, que la mayoría y las más gravosas exenciones son las otorgadas a través del IVA. Supone, obviamente, que deberían gravarse todos los bienes y servicios con el 19 por ciento. O más.

Para suscitar el escándalo, denuncia que, del total de exoneraciones, que ascendían en 2019 a 8.7 por ciento del PIB, la mayor parte, un 7.7, correspondía a las del IVA. Es decir, ¡61.2 billones de pesos!7. Una bonita jugada para disfrazar su despiadada filosofía según la cual no debería haber bienes y servicios básicos, de subsistencia. Al fin y al cabo los neoliberales tienen claro, desde hace tiempo, que el impuesto más jugoso y expedito es el indirecto que grava el consumo. Y para quedar bien siempre será posible echar mano de la “caridad”: ¡devolver a los más pobres lo pagado por el IVA!

El nuevo sistema tributario se aplicará, naturalmente, en el 2022, pero el debate se tomará todo el año en curso. Desde luego, como se acostumbra aquí, y ya se vio en la discusión del presupuesto público el año pasado –que se redujo a las atropelladas sesiones del Congreso sin que la mayoría de los delicados temas (incluyendo las trampas a la “emergencia”) trascendiera a la opinión pública– la ingenua ciudadanía terminará aceptando semejante atentado que, para irrisión, contendrá igualmente nuevos impuestos para la clase media y más exenciones para los anaranjados favoritos del gobierno. A menos, claro está, que la movilización social logre frenar esta empresa criminal.

 

Las contradicciones de los movimientos sociales

 

Indiferente a los desafíos de la encrucijada y a la crítica situación económica que se le plantea, el gobierno de Duque va a apostar al estancamiento rentable. Nada de reactivación y menos de crecimiento, pero bien puede servir la media marcha sin perspectivas, con tal de que garantice pingües ganancias para los grandes y mezquinos grupos económicos.

Esa es sin embargo, la contradicción. Es cierto que el modelo de acumulación se apoya en la exportación petrolera, pero el funcionamiento de la economía, que incluye la generación de empleo y la distribución de ingresos, ha dependido en lo fundamental de las economías urbanas de aglomeración que sustentan el trabajo independiente y la microempresa, es decir el “rebusque”. Pues bien, es esta base complementaria la destruida por el manejo dado a la pandemia. Y no se vislumbra una posibilidad cercana de reconstrucción. Para utilizar una metáfora automotriz: no se cuenta con un “motor de arranque”. Esa enorme masa de trabajadores sin empleo ni ingreso, al borde de la simple sobrevivencia, amenazan con su desesperación las posibilidades de la táctica del estancamiento rentable.

Un año es quizá muy poco tiempo para que este descontento se exprese en un colosal estallido social. Pero no debe descartarse. Ya se vieron antecedentes significativos, “ensayos”, en noviembre de 2019 y en septiembre del año pasado. No obstante, los interrogantes tienen que ver más con la identificación del rumbo que puede tomar ese enorme conjunto social, estrechamente ligado con la comprensión de su naturaleza poblacional. Para algunos intelectuales el “espectro” suele reducirse a la imagen de los vendedores ambulantes, pero es mucho más amplio y heterogéneo desde todos los puntos de vista. La figura del primer asesinado en septiembre lo ilustra: joven, con familia, trabajador independiente y estudiante universitario al mismo tiempo. En este conjunto, en efecto, desde el punto de vista de la ubicación social o del estrato según ingresos se encuentra una amplia variedad de condiciones. El rumbo es por lo tanto indefinido. No hay procesos organizativos sectoriales ni mucho menos de todo el conjunto. Es la primera contradicción: entre los procesos de intermitente ebullición y la ausencia de condensaciones políticas. La clave de su resolución está en las relaciones que este conjunto pueda establecer con otros procesos y movimientos.

La ausencia de política es, por otra parte, el terreno de la mayoría de las contradicciones en los movimientos sociales, más o menos organizados. Se levanta sobre un preocupante rasgo estructural que viene de tiempo atrás: el “reivindicacionismo” que les impide razonar en términos de propósitos globales, de iniciativas de alianza social y de propuestas transformadoras en el ámbito institucional. Trata de validarse como un rechazo de la política, erróneamente identificada con la politiquería electoral, es decir como garantía de pureza. En algunos casos puede identificarse con el corporativismo pero en general afecta a todos, salvo el movimiento indígena que, por su naturaleza, se permite exhibir una concepción del mundo. Lo más cercano a la política, particularmente en las resistencias socioambientales, ha sido la juridización y búsqueda de soluciones judiciales.

La anterior condición estructural se levanta como obstáculo frente a las exigencias de la actual encrucijada. No es posible responder cabalmente a cada una de las reivindicaciones sociales si no se plantea una alternativa de conjunto que confronte la disyuntiva histórica que estamos viviendo. Sin esa alternativa de conjunto tampoco será posible edificar un genuino proceso de unidad. O sea el secreto de cualquier posibilidad de éxito. En este año, sin duda, se pondrá a prueba la capacidad de los movimientos sociales de superar este déficit estructural.

¿Qué forma política podrá adquirir esta superación? Aquí encontramos otra contradicción. Se pudo apreciar en el desenlace del extraordinario movimiento del 21 de noviembre de 2019. Al lado de la dinámica, sostenida desde la convocatoria por parte de las organizaciones sindicales nacionales, que se condensaba en un pliego de exigencias fundamentalmente en contra del “paquetazo” laboral de Duque, se levantó otra dinámica, quizá más amplia, que reunía todo el repertorio de las reivindicaciones de la diversidad basadas en demandas de inclusión. En ambos casos hay una verbalización que se aproxima a los contenidos de la política. En el primero, una muy antigua, que viene del reformismo sindical; en el segundo, la racionalización tiene que ver con la acción de varias décadas de las Ong’s internacionales y nacionales que operaron como sucedáneos de los partidos. Lejos de complementarse, en la fase de descenso del movimiento, entraron en agria confrontación. A nivel simbólico el triunfo correspondió a la segunda dinámica gracias a la ventaja que le significaba asumirse como la expresión de los jóvenes en contra de los discursos acartonados de las burocracias sindicales.

La contradicción consiste en que las demandas de inclusión son incapaces de enfrentar el núcleo de las exigencias de cambio que plantea la actual encrucijada histórica, sobre todo porque erróneamente consideran lo socioeconómico como algo propio de lo sindical. La resolución de esta contradicción se encuentra precisamente en lo que parece ser la particularidad de la actual insubordinación social, esto es, la juventud.

En efecto, si bien es cierto que, en la misma tónica antes mencionada, algunos intelectuales la reducen a la juventud de clase media, escolarizada, principalmente universitaria, los hechos permiten constatar que hay también una juventud bastante activa que más bien hace parte de la clase trabajadora, empleada o desempleada. Son pues diferentes los procesos de acercamiento tanto a la formulación de reivindicaciones como a la politización. No es seguro, pero es posible que en este año, por diversos caminos se acerquen a lo que hemos llamado la condensación política. Con una singularidad que puede verse como una paradoja: mientras que entre los obreros y empleados la primera escala organizativa suele ser sindical, en el caso del amplio conjunto social ya referido, la organización, incluso para lo reivindicativo, tiene que ser con base territorial, directamente lo político. Partido o Movimiento, en todo caso movilización de ideas fuerza con ambiciones de futuro.

Se ha abierto, pues, un periodo de definiciones y redefiniciones, sociales y de cultura política, que llevarán seguramente a una batalla decisiva. Hemos dado a entender que estamos hablando del año en curso, pero no es exacto, probablemente se trate de un periodo mucho más largo. El sentido de las resoluciones nos dará el sentido del desenlace. Y las sorpresas pueden ser tanto positivas como negativas. No deja de ser inquietante la reciente observación de Daniel Samper: “Si el 2021 era nuestra esperanza frente al 2020, no quiero pensar cómo será el 2022. Ya Uribe advirtió que le tiene puesto el ojo. Presiento horrores”8.

 

1 Taleb, Nassim, El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable, Ediciones Paidós Ibérica S.A. Madrid, 2010, p. 406
2 Ver Moncayo S, Héctor-León, “El próximo sablazo”, periódico desdeabajo, julio 20 de 2020
3 Es una caracterización que comparten incluso organismos multilaterales, muy lejos del “Castrochavismo”, como la Cepal. Ver: Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, Santiago, Octubre de 2020.
4 Es posible prever su debilitamiento político pero esto sólo significa un mayor y desesperado recurso a la violencia. Su ridícula figura ha tenido hasta ahora dos grandes apoyos, la plutocracia criolla y el gobierno de los Estados Unidos. El segundo seguramente le quitará respaldo pero la oposición política tendrá que confiar mucho más en la movilización interna ya que, a pesar de lo impresentable de este gobierno, la diplomacia internacional no parece interesada en una condena explícita. Basta ver la exaltación de los “ingentes esfuerzos realizados por el gobierno” en la implementación del acuerdo de paz, expresado en el reciente informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.
5 Moncayo, HL, Ibídem. Ver también: “El presupuesto del 2021: nada que ver con la emergencia del covid”, Le Monde diplomatique. Edición Colombia. Diciembre de 2020.
6 En el colmo de la euforia neoliberal, como quien sabe que el actual autoritarismo facilita hasta lo más extremo, el director de Fedesarrollo propone meter todas las reformas que ambicionan (tributaria, pensional, laboral y social) en un solo proyecto de ley. Ver Portafolio, primera plana y p. 5, enero 12 de 2021.
7 Ya están fabricando el clima favorable de opinión. Ver: “Año nuevo, tributaria nueva: las razones para la reforma que se avecina”, El Tiempo, 13 de diciembre de 2020, p. 12.
8 Samper, Daniel “La cepa colombiana del virus Trump”, columna en Los Danieles. 10 de enero de 2021.

Publicado enColombia
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Se cumple un año desde la posesión de Claudia López Hernández como la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Elegida como una opción diferente a su antecesor, con parte de cuyas políticas aseguró rompería, y retomar las que valieran la pena –es decir, ya saben, construir sobre lo construido–. Pasados los primeros 12 meses es momento de hacer un balance de su gestión.

 

Si bien este ha sido un año marcado por la pandemia, lo que lo resalta en sus particularidades, hay grandes asuntos que son indicadores de la ruptura o continuidad con el modelo de ciudad de Peñalosa. Los principales rasgos de ese modelo de ciudad se encuentran en la movilidad, ambiente, integración regional y por supuesto, el ordenamiento territorial, por ello es importante analizar cada uno de ellos.

 

Movilidad

 

En este aspecto, Claudia López aseguró que no construiría varias vías proyectadas, entre ellas las troncales de la Séptima y de la Avenida 68; tampoco la Avenida Ciudad de Cali ni el fragmento de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) que cruza la reserva Thomas Van Der Hammen. Por otra parte, aseguró continuar con la construcción del metro elevado y llevarlo hasta Suba y Engativá.

El balance en esta materia es amargo: Pocas semanas después de su posesión, en enero 23 de 2020, llegó la primera decepción, la adjudicación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68; la alcaldesa argumentó que no fue posible frenar la licitación y por eso tuvo que adjudicar.

Varios meses después, en octubre, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció los cuatro consorcios responsables de la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali, que se extiende por la Autopista Sur desde Soacha hasta la Avenida Las Américas. Finalmente, en noviembre, presentó el “diseño conceptual” para el “corredor verde” de la Carrera Séptima, con el cual se sella la continuidad del modelo Peñalosa en cuanto a movilidad: una ciudad condenada a un sistema de transporte basado en BRT (Bus Rapit Transit). Lo único que parece mantenerse es la promesa de proteger la Reserva Van Der Hammen, en tanto cumpla el anuncio de no construir sobre ella el tramo de la ALO.

Por otra parte, uno de los principales puntos de controversia en materia de movilidad ha sido el Metro de Bogotá, en tanto Enrique Peñalosa, sin ningún sustento técnico, decidió cambiar el Metro Subterráneo que contaba con estudios avanzados e ingeniería de detalle, por uno Elevado que en la práctica es un alimentador de Transmilenio. Peñalosa convenció a diversos sectores de su conveniencia, con supuestas virtudes técnicas, menor costo y tiempo de construcción. Fue así como sus mayorías en el Concejo de la ciudad aprobaron vigencias futuras pazra la financiación de este nuevo e improvisado diseño. En la campaña por la Alcaldía, este fue un debate central; la entonces candidata Claudia López, junto con la bancada de concejales del Polo Democrático, demandaron dicho proyecto por considerar que: 1) no estaba concebido dentro del POT vigente, 2) Irregularidad en la Declaratoria de Importancia Estratégica y 3) No había estudios de factibilidad en el momento en que la obra fue aprobada por el Concejo de la ciudad.

En total, fueron diecisiete (17) las demandas al Metro Elevado. Sin embargo, una vez electa alcaldesa, no dudó en respaldar lo proyectado por Enrique Peñalosa. Los recientes hallazgos de la Contraloría Distrital ratifican buena parte de las denuncias e irregularidades frente al proyecto adjudicado. Así las cosas, el Metro que la alcaldesa sigue respaldando tardara más, será más corto, con menos estaciones y aún no puede precisarse su costo real. Este es un tema en el que se profundizan las diferencias.

 

Ambiente

 

En esta materia, Claudia López se comprometió a proteger la estructura ecológica principal, lo que le favoreció para contar con el respaldo de un número importante de ambientalistas; de hecho firmó un acuerdo con diversas organizaciones con el fin de revisar una serie de medidas adoptadas por el gobierno Peñalosa, tales como las obras que se adelantan en los humedales para implementar ciclorrutas y otras superficies duras que convierten estos ecosistemas en espacio público y prestar “servicios ambientales”. El acuerdo, que consta de 17 puntos, hace parte de las exigencias que hoy las organizaciones sociales y ambientales le hacen a su administración, dado que, por ejemplo, los contratos para las obras en los humedales han seguido su curso y el “endurecimiento” de sus rondas no parece tener freno.

En otro particular, en el caso de la Reserva Thomas Van Der Hammen, en enero de 2020 la alcaldesa retiró la solicitud de sustracción y realinderamiento realizada por la administración anterior. A su vez, los proyectos Parque Lineal Río Bogotá y el Sendero de las Mariposas parecen estar anulados. En medio de estas agua tibias, el balance final en materia ambiental dependerá del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Integración regional

 

Frente al modelo de integración regional, la actual administración, junto con la Gobernación de Cundinamarca, presumen como un gran logro la aprobación en el Congreso del acto legislativo que crea la Región Metropolitana. Ahora bien, la Ley Orgánica que la reglamenta ya se encuentra en camino. Sin embargo, esta figura cercena la participación ciudadana, desconoce la autonomía territorial y parece encajar a la perfección con el modelo de ciudad extendida de Peñalosa y sus patrocinadores, especialmente las constructoras, inmobiliarias y ProBogotá.

A finales de noviembre, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad al acto legislativo Región Metropolitana interpuesto por las congresistas: María José Pizarro, David Racero, Feliciano Valencia y las concejalas de Bogotá: Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal, fundamentado en cuatro cargos, a saber: 1) vicios de procedimiento en el trámite legislativo, 2) sustitución de la Constitución, 3) violación del principio de autonomía territorial y 4) omisión del deber de consulta previa. Así que, este debate será protagonista en este año, mucho más cuando debe ser discutido en el Concejo de Bogotá, la Asamblea de Cundinamarca y sus municipios para completar su conformación. El modelo de integración regional, reconocido como necesario, debe garantizar un consenso social, político, ambiental y económico con las fuerzas vivas de la región, para que así sea posible solucionar los problemas de conurbación, protección de la estructura ecológica regional, ocupación y uso del territorio, movilidad, entre otros asuntos. No obstante, este modelo de integración, tal como va, es la continuación de la ciudad extendida de Peñalosa. El balance es negativo y el debate está abierto.

 

Ordenamiento Territorial

 

En la actualidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que rige para Bogotá está consagrado en el Decreto Distrital 190 de 2004. Los intentos para aprobar una nueva norma por parte de las dos administraciones anteriores terminaron fallidas. Gustavo Petro, en 2013, firmó el decreto para la Modificación Especial del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot) con el que cambiaba excepcionalmente las normas urbanísticas establecidas desde 2004, modificación que ya planteaba herramientas para preparar a la ciudad para el cambio climático. Sin embargo, la norma fue demandada y luego suspendida. Posteriormente, el gobierno de Enrique Peñalosa con un enfoque completamente opuesto al de su antecesor, enfatizó en la infraestructura vial, grandes proyectos de vivienda y un modelo de ciudad centrado en el concreto. Su propuesta de POT, presentada ante el Concejo de Bogotá, finalmente, y en la última etapa de esa administración, se hundió.

El gobierno de Claudia López tiene entonces el reto de no fracasar en el intento y consolidar una propuesta para la gestión del suelo de la ciudad, capaz de responder a las urgencias de Bogotá, proyectando un modelo urbano sostenible. Así que, buena parte de los encuentros o rupturas con el modelo de ciudad de Peñalosa se verán aquí. La alcaldesa designó a Adriana Córdoba, Secretaria de Planeación, como la funcionaria responsable de entregar el nuevo POT, quien renunció finalizando el 2020 en medio de rumores sobre diferencias con la alcaldesa por la derogatoria de algunas resoluciones expedidas por la administración anterior que eliminaban los riesgos de inundación y que permitían urbanizar el borde del río Bogotá, aunque públicamente las razones de su renuncia se argumentan como personales. En su reemplazo nombraron a María Mercedes Jaramillo, quien ocupaba el cargo de directora de la Empresa Renovación Urbana, pero además quien venía de una Gerencia de ProBogotá y ahora tiene la responsabilidad del nuevo POT para la capital del país.

La alcaldesa ha manifestado que la meta es entregar una propuesta al Concejo en marzo de 2021, y anunció que el POT cuenta con algunas líneas estratégicas entre ellas: la Integración de la ciudad con la región, Cambio climático y la gestión del riesgo, Recuperación de la Estructura Ecológica Principal como ordenadora del territorio, Desarrollo rural y la articulación de estos territorios con el entorno urbano con equilibrio territorial.

Así que, amanecerá y veremos. El nuevo POT será fundamental para evaluar que tanta distancia tiene la alcaldesa Claudia López con el modelo de ciudad de Peñalosa.
La pandemia

Finalmente, en un año marcado por la emergencia sanitaria, los confinamientos y las angustias sociales y económicas de la gente, es necesario balancear el manejo de la crisis. Frente a la primera parte de la emergencia, es decir el segundo trimestre de 2020, es necesario retomar la tensión desatada con el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque. Al respecto, es necesario señalar que la alcaldesa, junto con otros mandatarios como Daniel Quintero, Felipe Harman, Iván Ospina, entre otros, asumieron el liderazgo que a Iván Duque tanto le falta. En cuanto a las medidas sociales, tímidamente, la administración distrital realizó algunos esfuerzos por garantizar condiciones mínimas para la ciudadanía. Aunque han intentado mostrar dichas medidas como una Renta Básica, es claro que no corresponde a lo que se entiende por tal.

De otra parte, ante al manejo del segundo pico de la pandemia en la capital, el balance es diferente, la crítica fundamental no deber por irse Claudia López de vacaciones, aunque algunos consideremos que fue inoportuno, el debate fundamental está sobre las garantía y condiciones para el alistamiento social solidario de la ciudadanía, para enfrentar esta nueva etapa de la crisis.
En mayo de 2020, la Alcaldía presentó un Plan de Expansión en Salud con el fin de llegar a 5.000 UCI; a la fecha, según Saludata, se cuenta con 2.265 camas UCI, menos de la mitad de lo proyectado en el Plan de Expansión. Además, en el conjunto del sistema de salud parece que no hay mejoras: transcurrido cerca de un año de la primera emergencia estamos casi como al principio. La infraestructura de la red hospitalaria, las medidas de atención de salud en casa, así como las condiciones laborales del cuerpo médico siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, la administración avanza en su decisión de demoler el Hospital San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural –BIC–, que además podría cumplir un importante papel para el sistema de salud y la formación del personal médico, tan importante en estos momentos para la capital y el país.

Sin duda alguna, sabíamos que con el fin de año y las actividades en la ciudad era previsible el pico que hoy afecta a su población, lo que se reclama es preparación, planes de contingencia, alistamiento en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Estamos asistiendo a un nuevo confinamiento con un escenario en alerta roja. Cualquiera esperaría un mejor despliegue de gobierno luego de casi un año de aprendizajes, lamentables pérdidas humanas y materiales.

Las medidas restrictivas en la ciudad, las necesidades sociales y económicas en medio de la pandemia, han traído también protestas de la ciudadanía. Al respecto, a pesar de la fuerte posición de la alcaldesa frente al abuso de la policía, como vimos tras el episodio doloroso de la masacre en Bogotá en septiembre de 2020, las medidas concretas de actuación en la protesta social no han cambiado. No podemos estar de acuerdo con ese tratamiento, no es posible, en ninguna circunstancia, que lleguen primero los gases que las ayudas para la gente. Así que, pese a los esfuerzos por volver a una política fundamentada en el diálogo y la mediación, parece que la concepción instalada en la institucionalidad de la ciudad sobre la protesta social y la lógica de “seguridad” ciudadana de Peñalosa, han continuado en esta alcaldía. Ese es un aspecto que requiere una pronta revisión, aún estamos esperando respuestas, ¿Quién dio la orden?

Con este balance de un año de gobierno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Lo cierto es que, ahora cuando suenan campanas de revocatoria, ahora que las fuerzas democráticas han anunciado que NO respaldarán los intentos de las fuerzas políticas tradicionales por recuperar el terreno perdido en Bogotá, Claudia López tiene la oportunidad de gobernar distinto. Es necesario romper con un modelo que favorece a los intereses privados, corporativos y políticos de las elites de antaño por encima de los intereses generales y públicos.

No basta con gobernar distinto, si los intereses no cambian a favor de la ciudad y de su gente.

Publicado enEdición Nº275
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