Entrevista con Nicolás Maduro: «Estamos a las puertas del crecimiento económico»

Ignacio Ramonet: Buenas noches Señor Presidente, quiero en primer lugar agradecerle que me conceda esta entrevista, la primera del año 2020. Nuestras conversaciones ya se están transformando en una tradición periodística, porque cada primero de enero, desde hace varios años, tenemos la ocasión de conversar para hacer un balance crítico del año transcurrido, en este caso 2019, y por otra parte para analizar las perspectivas y los proyectos del año 2020. Yo desearía, esta vez, que pudiéramos conversar en torno a tres temas: política interior venezolana, economía, y también política internacional tanto a nivel planetario como a nivel latinoamericano.

Quisiera empezar con una primera pregunta sobre política venezolana. Van a ser tres preguntas para cada tema. El año 2019 ha sido un año de fuerte intensidad para Venezuela, en particular al principio del año, cuando hubo un intento de golpe de Estado institucional, apoyado por Estados Unidos y otros países, con la autoproclamación de Juan Guaidó; luego, el 23 de febrero, hubo esa tentativa de invasión en la frontera con Colombia, con la « batalla de los puentes », bajo pretexto de ayuda humanitaria, y así sucesivamente... Sin embargo usted termina este año 2019 presidiendo un país mucho más estable que otros Estados de la región que estaban en primera línea para criticar, atacar y hasta amenazar a Venezuela; pienso en Colombia, pienso en Chile, en particular, cuyos presidentes se desplazaron a la frontera aquel 23 de febrero para asistir a la invasión de Venezuela, y a contemplar el final -en vivo y en directo- de su mandato... Es una paradoja que hoy Venezuela sea uno de los países más estables de la región, en vías de mayor prosperidad, mientras ellos están enfrentando la furia del pueblo... Por ello, la primera pregunta es: ¿qué receta tiene usted para haber conseguido este cambio extraordinario de panorama, una Venezuela estable en una América Latina en protesta y ebullición?

Presidente Nicolás Maduro: Bueno en primer lugar quiero transmitirte y transmitirle a todos los que nos escuchan y nos ven, mis mejores deseos y todas las bendiciones para el año 2020. Ha llegado el año 20-20 y se inicia la tercera década ya del siglo XXI, increíble que estemos ya en la tercera década. Efectivamente, estas conversaciones ya marcan, desde el punto de vista comunicacional político, un momento especial, porque las mantenemos el primero de enero, podemos efectuar la evaluación de lo que hicimos, de lo que fue y lo que pensamos hacer, cada quien puede buscar la referencia de año por año, para constatar algo muy importante, la coherencia del discurso y de la práctica de la acción de la Revolución Bolivariana. Es muy importante.

¿Cuál es el arma secreta, el arma clave para que la Revolución Bolivariana tenga la capacidad de enfrentar, de sobreponerse a tantas agresiones, tantos ataques, tantas campañas mundiales, cuantas agresiones que hemos llamado multiformes, multidimensionales a la economía, a la sociedad, a la política, a las instituciones... ¿cuál es nuestra fórmula secreta? Que nosotros tenemos un proyecto de verdad, un proyecto de país, que ese proyecto tiene la legitimidad y el apoyo del pueblo verdadero. Nosotros somos de verdad, siempre lo digo, como la madera de esta mesa; somos de verdad, nosotros tenemos un pueblo, tenemos una democracia con sus libertades, tenemos instituciones sólidas, bien constituidas de acuerdo a la Constitución de la República, somos de verdad... ¿cuál es la clave, el arma secreta? Repito: que somos de verdad, tenemos una legitimidad en el voto popular y tenemos instituciones fortalecidas, y además el comandante Chávez fundó, o refundó para esta época histórica del siglo XXI, la unión civicomilitar, el concepto de Bolívar, el concepto del « general del pueblo soberano » Ezequiel Zamora, un concepto histórico de los momentos estelares de la historia venezolana, el concepto de la unión civicomilitar, revolucionaria. No es cualquier unión civicomilitar, no, es la unión civicomilitar para hacer revolución, para hacer patria, para construir la República. Ese concepto histórico se refundó, y nosotros lo mantenemos con mucha fuerza, lo mantenemos como un espíritu vital del desarrollo de los acontecimientos en Venezuela.

Y yo creo que eso es lo que nos procura esa renovación permanente de la energía, de la fuerza, del poder político real para enfrentar todas las circunstancias y sobreponernos sobre todo, y mantener el desarrollo del Proyecto Nacional Simón Bolívar, en cualquier escenario que nos haya tocado vivir o nos toque vivir.

 

IR: Presidente, efectivamente ha sido el año 2019 un año de fuertes ataques, y en particular de reforzamiento de las medidas unilaterales coercitivas, lo que algunos llaman « sanciones », impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, contra la Revolución; ha sido también un año en el que el bloqueo financiero y el bloqueo comercial han seguido atacando al país. Yo quería preguntarle a propósito de la inversión social, el proyecto social, la redistribución social, el proyecto de la Revolución Bolivariana en ese sentido, ¿se mantiene? Hemos visto últimamente que usted pudo entregar la vivienda número 3 millones, lo cual es un prodigio en sí a nivel internacional, ¿en qué medida esa entrega de la vivienda 3 millones es característica de la prolongación, de la continuidad de la política de inversión social de la Revolución Bolivariana?

Presidente Nicolás Maduro: Bueno se ha construido un modelo social. Yo te podría decir, Ramonet, que nuestro modelo social ha sido puesto a prueba en las peores circunstancias, porque si el modelo social, pudiéramos reflexionar, funcionara con un precio del barril de petróleo a ciento y pico de dólares, exportando dos millones de barriles, sin sanciones, sin bloqueo, sin limitaciones para tener cuentas bancarias en el mundo y hacer pagos, transacciones...

Bueno eso sería una virtud, sin lugar a dudas, una virtud, empezar la distribución de la riqueza e invertirla en educación pública para todos, salud pública para todos, viviendas públicas, cultura, etc., etc., desarrollo, generación de empleo, ingreso, pensiones; era una virtud en toda aquella época en que comenzó el crecimiento del ingreso petrolero sin ningún tipo de sanciones... Pero que las misiones sociales, la política pública social de la Revolución, para favorecer el desarrollo de los derechos sociales y distribuir la riqueza, haya pasado por esta etapa, casi de cero ingresos de divisas, de sanciones, de persecución financiera... Recuérdese que nos robaron, este año 2019, unos 30 mil millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos y sus cómplices internos, la derecha fascista venezolana... Es una gran virtud del modelo social fundado por el comandante Chávez, nosotros lo llamamos el modelo de las misiones y grandes misiones, para que en el mundo nos escuchen, es el modelo que está garantizando haber construido y haber entregado la vivienda 3 millones, viviendas de absoluta calidad, de 65, 70, 80 metros cuadrados, urbanismos donde se cuida el hábitat; no solamente la vivienda sino el hábitat, y vamos rumbo a los 5 millones de viviendas.

No lo paramos, este año construimos y entregamos más de 500 mil viviendas y he puesto una nueva meta de 5 millones de viviendas para 2025, que la vamos a superar porque vamos a mantener el ritmo de construir 500 mil viviendas por año... un país de apenas 30 millones de habitantes... para que cada quien saque sus cuentas, son 3 millones de hogares humildes, de trabajadores, trabajadoras, maestras, maestros, militares, policías que tienen su vivienda, los humildes.

Hemos mantenido la educación pública, gratuita y de calidad, expandiendo inclusive la matrícula escolar en educación inicial, primaria, secundaria y educación universitaria. Hemos tenido una expansión del 6 por ciento de la matrícula escolar este año, una expansión importante y mejorando la calidad, entregándole todos sus libros e instrumentos a los estudiantes, y así por el estilo hemos hecho un gran esfuerzo... Donde más nos ha golpeado el bloqueo, las sanciones y toda esta maldad del imperio norteamericano, es en la salud.

Hemos hecho un inmenso esfuerzo por mantener la dotación de medicamentos. ¡Ah difícil!, porque nos persiguen las cuentas bancarias, persiguen los aviones y los barcos que van a traer medicinas a Venezuela para que no las traigan, nos persiguen los repuestos de los equipos modernos que tenemos en el sistema de salud Barrio Adentro I, Barrio Adentro II, es impresionante la persecución llena de odio que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados han emprendido contra Venezuela para destruir el sistema de salud.

Pero yo te puedo decir: hemos resistido, hemos mantenido el sistema de salud público, gratuito, y mantenido un nivel de calidad que debemos elevar... Así que el modelo social de las misiones y grandes misiones, ha pasado una gran prueba y ha demostrado su eficiencia y su capacidad para atender a las mayorías, sobre todo a los más humildes.
Te puedo dar un dato específico, nosotros hemos mantenido por encima del 75 por ciento del presupuesto de la nación, la inversión social en vivienda, educación, salud, cultura, alimentos, los derechos sociales del pueblo. Y en el presupuesto que se acaba de aprobar para el año 2020, que va a regir el año 2020, hemos aumentado al 76 por ciento la inversión social integral.

 

IR: Presidente, este año también habrá elecciones legislativas en Venezuela, lo que demuestra que la democracia en Venezuela está viva, contrariamente a lo que pretenden muchos adversarios. Estas elecciones también resultan de acuerdos que hay actualmente -bueno resultan del calendario democrático y electoral normal-pero su gobierno ha conseguido establecer una mesa de diálogo con una parte de la oposición para poder establecer las garantías y las condiciones democráticas, colectivas, de manera que las elecciones puedan llevarse a cabo con un consenso amplio, más allá de las fuerzas que apoyan al gobierno. ¿Qué espera usted de estas elecciones legislativas?

Presidente Nicolás Maduro: Correcto. Hay que decir que estas serán las elecciones número 26, en 20 años de democracia... De las 25 elecciones anteriores que hemos tenido las fuerzas bolivarianas de la revolución, las fuerzas chavistas, hemos ganado 23, eso siempre hay que recordarlo, de 25 elecciones hemos ganado 23, somos de verdad, somos una realidad política, histórica, moral. La oposición ha ganado 2 elecciones: en el 2007, una reforma constitucional, la ganó por unos 20 mil votos, y el comandante Chávez salió a reconocer el resultado de manera inmediata; y en el 2015, nos ganaron unas dolorosas elecciones parlamentarias.

Cuando yo tuve el resultado de esas elecciones, y fue público, salí al minuto a reconocer: ha ganado la oposición, debemos reconocer... porque había sectores del chavismo que estaban molestos y querían salir a manifestar. Yo dije, acatemos las reglas de juego, aceptamos los resultados dolorosos, duros... 2015, todo lo que ha pasado, 2016, 2017, 2018, 2019, cómo han utilizado a la Asamblea Nacional para conspirar, para dañar económicamente a Venezuela, para tratar de imponer un golpe de Estado, para convocar una invasión extranjera militar del imperio estadounidense y de sus aliados, con el TIAR (Tratado Interamericano de Alianza Recíproca) todo lo que han hecho... Han destruido la Asamblea Nacional —Ramonet— la representación nacional. De acuerdo a todas las encuestas, esta Asamblea Nacional ha sido un fracaso, ha sido inútil para los intereses del país, para los grandes intereses del país, y en Venezuela se avecina un gran cambio, un gran cambio, una gran fuerza de cambio se está levantando para cambiar la Asamblea Nacional, completamente.

Nosotros, en la mesa de diálogo nacional con importantes sectores de la oposición, hemos dado pasos para construir todas las garantías electorales extraordinarias, para garantizar unas elecciones de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, muy participativas y que sean un éxito democrático, político para el país. Yo sí te puedo decir, te puedo adelantar, prácticamente hoy por hoy, y eso va a ser así: todas las fuerzas políticas de la oposición y sus bases, y sus líderes regionales que tienen los votos, están listos para participar en las elecciones de la Asamblea Nacional.


El sector extremista al que Estados Unidos le entregó el poder de la oposición, el sector extremista guaidosista se va a quedar aislado y derrotado, de antemano, en su intento por sabotear las elecciones parlamentarias. Vamos a tener elecciones parlamentarias en 2020 y van a ser altamente participativas... Y te puedo adelantar que las fuerzas bolivarianas del Partido Socialista Unido de Venezuela y el bloque de la patria, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, el Gran Polo Patriótico, vamos a obtener una gran victoria y vamos a recuperar la Asamblea Nacional para la paz, para la estabilidad política, para los altos intereses del país... Eso va a ser así, lo puedes anotar hoy mismo primero de enero del año 2020, es el año de la recuperación de la Asamblea Nacional, ten la seguridad.

 

IR: Presidente vamos hablar de economía. Todos los observadores estiman actualmente que la economía de Venezuela va mejor, a pesar de los ataques, a pesar del bloqueo, y una de las novedades de lo que ocurre en la economía venezolana es este fenómeno de « dolarización », digamos en todo caso en las grandes ciudades, en la economía de proximidad, hay una dolarización que se está desarrollando... Yo quisiera saber ¿en qué medida es una decisión que usted ha tomado y en qué medida piensa usted que esa dolarización puede favorecer el desarrollo de la economía venezolana?

Presidente Nicolás Maduro: En la economía hay que ser muy realistas, muy objetivos, saber los fenómenos que surgen y aprender a llevarlos, a conducirlos, para que los fenómenos de la economía sobre todo en un proyecto bolivariano, revolucionario, socialista como el nuestro apunten a la satisfacción de los intereses nacionales, a la satisfacción de las necesidades, de las mayorías y del pueblo. La dolarización —llamada así— es una realidad económica. Yo podría decirte que la economía venezolana ha estado siempre dolarizada Ramonet, en cien años estuvo dolarizada con el dólar de los petrodólares y había una economía subvencionada con miles de millones de dólares y se compraban todos los productos de importación y funcionaba la economía con los petrodólares, gastábamos 35 mil, 40 mil millones de dólares anuales en importaciones de todo tipo, de todo tipo, desde los bienes fundamentales necesarios, alimentos, materias primas, insumos industriales; hasta bienes suntuarios, whisky, lujo, etc.

Ahora nosotros sufrimos, como hemos sufrido, primero el aumento, la bajada brutal -como nunca antes en la historia- de los precios del petróleo, inducida por la política de Estados Unidos como lo denunciamos, y después se demostró. Estuvimos 36 meses con los precios más bajos que jamás se hayan conocido, eso redujo los ingresos brutalmente del Estado, del país y eso llevó a una reducción de las importaciones tremendamente, sumado en su momento a la negativa, producto de la guerra económica internacional, de todos los bancos internacionales de darle ni un solo dólar, en crédito, en préstamo de diverso índole al país. Sequía total de dólares, luego de eso vino esta etapa, 2017, 2018, 2019, de sanciones, persecución financiera, robo de dinero en efectivo, robo de activos en el exterior.

Y nosotros tuvimos que ir autorregulando el gasto del Estado, priorizando hasta el último dólar que nos ingresaba para comprar la medicina, el alimento, los insumos vitales... y la economía empezó a autorregularse, a autorregularse y prácticamente buena parte de las cosas que se importaban y se vendían con el dólar petrolero del Estado, comenzaron a importarse con el dólar de los privados, eso es lo que se conoce ahora como la dolarización, es una zona económica donde los precios están efectivamente dolarizados, donde se venden cosas en dólar, en euro y en algunos casos también se venden en bolívares a precios exorbitantes.

Yo diría, a esta altura del juego, que es una realidad económica del proceso de autorregulación de la economía y nosotros estamos conduciendo políticas públicas para que esa realidad económica sirva a los intereses del crecimiento del país y sirva a los intereses de la satisfacción de las necesidades de las mayorías... Son muchas políticas públicas, una de ellas es el petro que ya todos conocen, que podemos profundizar más adelante. Y estamos buscando respuestas.

Yo lo dije en estos días, pudiera ser un pecado lo que voy a decir, pero a mí no me parece malo que la economía se haya autorregulado en etapa de resistencia, estamos en una economía de resistencia y hoy estamos conviviendo con tres espacios monetarios, un bolívar en combate, duro, nosotros defendiéndolo, moneda nacional que siempre va a existir; unas divisas, dólares, euros moviéndose por allí en la economía y ayudando en la economía de resistencia a que algunos respiren; y un petro que ha entrado progresivamente de manera profunda y que sirve para complementar, petrolizar la economía dolarizada. Ahí vamos jugando, trabajando, vamos haciendo el juego de la estabilidad económica, del crecimiento económico, y ya estamos en las puertas del crecimiento económico.


Así que creo que son fenómenos que tienen que ser bien observados, que tienen que ser bien conducidos para que no se reviertan contra la población, sino que ayuden al crecimiento y a la recuperación de una economía asediada, agredida, bloqueada, sancionada, brutalmente como ninguna economía del mundo, solamente pudiéramos decir la cubana y nosotros, no hay otra economía en el mundo contra la cual Estados Unidos utilice todo su poder financiero, económico, comercial para agredirla. Pero la agresión ha generado respuestas inteligentes, respuestas de autorregulación, y yo creo que este año 2020 vamos a ir manejando esa situación para el bien de las mayorías.

 

IR: Presidente usted acaba de citar el petro, y su gobierno primero ha creado el petro y ha defendido esta criptomoneda, y usted varias veces ha declarado su confianza en el petro, ¿piensa usted que el petro puede contribuir en particular a combatir una de las peores consecuencias de esta situación económica que es la inflación?

Presidente Nicolás Maduro: Yo creo que sí. El petro nació en una coyuntura difícil, de agresión económica; la arquitectura constructiva del petro ha surgido de invención, de creación política, tecnológica, de manos y mentes venezolanas. El petro es creación venezolana, made in Venezuela, es una criptomoneda, que tiene como respaldo cinco mil millones de barriles de petróleo, en el Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Que tiene como respaldo físico, efectivo, 30 millones de barriles de petróleo y de productos que tenemos en las reservas estratégicas de Venezuela a uso inmediato, y que tiene como respaldo las riquezas de oro, de hierro y de bauxita del país... Tiene un respaldo sólido, es una criptomoneda, la única del mundo, con respaldo de riquezas y que nos ha servido paso a paso, desde el punto de vista tecnológico... No es fácil una criptomoneda en el mundo del siglo XXI, ya se ha ido instalando, nos ha servido para hacer algunas compras internacionales importantes, muy importantes, y ahora yo acabo de hacer un ensayo en diciembre, le entregué medio petro a los trabajadores públicos, 3 millones 500 mil, y medio petro de petroaguinaldo, de aguinaldo decembrino, como un ensayo, a 4 millones 500 mil pensionados, o sea 8 millones de venezolanos adultos, 8 millones, pudiéramos decir son casi 6 millones de familias impactadas por el petro; y puedo decir que el ensayo va saliendo muy bien.

Son procesos tecnológicos, no se usa la moneda física y el pueblo ha tenido su petroaguinaldo, lo ha ido haciendo efectivo en sus cuentas. Algunos lo han guardado como ahorro en su PetroApp, llamado así, otros han salido a comprar a un mercado y le rinde, el petro rinde muchísimo, y otros han salido a comprar otras cosas para las fiestas de fin de año... Es un gran ensayo y ha salido muy bien, un gran éxito el ensayo de diciembre. Han tratado de sabotearlo un grupo de comerciantes, pero ya estamos tomando medidas directas y vamos a ser draconianos con los comerciantes que quieran especular y castigar, y dañar al pueblo trabajador y a los pensionados que tienen su medio petro... Más adelante tendremos nuevos ensayos y nuevas sorpresas. Así que el petro ya entra en la vida comercial interna de Venezuela, también el petro se va a utilizar como se está utilizando para cobrar la venta de petróleo en Venezuela. Vamos a vender el petróleo venezolano en petro; ya estamos vendiendo el hierro y el acero de Venezuela en petro, ya tenemos contratos firmados para la venta de petróleo, acero, hierro, aluminio y vamos a vender parte de la producción de oro en petro.

Quiere decir eso que el petro no solamente va a servir para importaciones como está sirviendo, no solo va a servir para proteger a los trabajadores venezolanos, sino que va a servir para vender nuestros productos y seguir construyendo el ecosistema de esta criptodivisa, que es una respuesta de la Revolución Bolivariana a la agresión económica, al bloqueo, a las sanciones, a la maldad diabólica del gobierno de Estados Unidos.

 

IR: Presidente, en este momento en que se vislumbra la salida del peor momento de la economía venezolana después de todos estos bloqueos que se mantienen. En este momento, ¿cómo identificaría usted los principales nudos que impiden el mayor desarrollo de la economía venezolana?

Presidente Nicolás Maduro: El principal nudo de todos, quieres que te lo diga: la agresión económica, la persecución financiera, el bloqueo económico del imperio estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela, ese es el nudo principal que hay que desatar.

 

IR: Algunos ejemplos ¿puede usted darnos?

Presidente Nicolás Maduro: Claro. Mira, Venezuela es un país sometido a una persecución, nos congelaron todas las cuentas bancarias en el mundo, el país no puede hacer pagos en el mundo... quien me escuche en el mundo, que le congelen todas sus cuentas bancarias y no pueda pagar nada en el mundo... nos persiguen la compra de medicinas, nos persiguen la compra de alimentos, el gobierno de Estados Unidos persigue a Venezuela para que no compre medicinas, ni alimentos. Nosotros inventamos y logramos atender y paliar la situación junto a nuestro pueblo. Un país al que le congelaron en efectivo, en efectivo!, más de 15 mil millones de dólares, dinero nuestro, dinero del país, más de 15 mil millones de dólares, un país de 30 millones de habitantes, un país al que le robaron dos empresas básicas fundamentales, que le producían dinero para su funcionamiento económico y que estaban en el circuito de la actividad petrolera y petroquímica: Citgo con un precio estimado de 10 a 12 mil millones de dólares, nos las robó el gobierno de Donald Trump, en complicidad con la oposición extremista de derecha y terrorista, guaidosista de Venezuela, nos la robaron, la expropiaron, pero la recuperaremos.

Un país al que le robaron otra empresa en Colombia llamada Monómeros, una gran empresa y la han quebrado. Así que, si tú me hablas de nudo, háblame de bloqueo, persecución, hostigamiento brutal, criminal, sanguinario -diría yo— psicópata, es una persecución psicópata de los funcionarios de allá del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
Ahora, así y todo yo te digo que podemos ir desatando los nudos con producción, la palabra clave para el 2020, para el año 2020 es producción, desatar los nudos para la producción de los 16 motores de la agenda bolivariana, de la Agenda Económica Bolivariana, seguir avanzando en el crecimiento económico, estamos a las puertas del crecimiento económico, estamos esperando los datos de 2019, porque pudiera darse el fenómeno que el último trimestre, ya pudiéramos colocarnos en crecimiento cero, estamos a las puertas del crecimiento económico, seguir elevando los niveles de producción, de productividad de todos los niveles de alimentos, petróleo, oro, producción industrial, seguir controlando a la inflación... El impacto es tremendo en la guerra económica que tiene la inflación inducida. Hemos logrado vencer la hiperinflación en el segundo semestre del año 2019. Yo soy optimista, que podamos lograr inflación de un solo dígito este año 2020 y seguir avanzando en la construcción de un modelo económico propio, sustentable, hecho con esfuerzo, desde la economía de resistencia que hoy tenemos, a una economía de crecimiento, progreso y prosperidad que vamos a lograr.

 

IR: Presidente vamos a hablar ahora de política internacional. Y quisiera que usted nos compartiera su análisis sobre el principal fenómeno que se está produciendo en estos últimos meses en el mundo, que es esta protesta global que hemos visto desde Hong Kong hasta Chile, pero pasando por Haití, Colombia, Ecuador, en particular en América Latina. Cómo analiza usted qué es lo que está ocurriendo a nivel diríamos casi generacional de este momento de la historia en el que se produce la revuelta de un conjunto de países como no se había visto desde los años 1960, o como Marx lo había señalado en 1848 cuando habló de la « primavera de los pueblos » que se sublevaban entonces todos en Europa central.

Presidente Nicolás Maduro: Yo creo que estamos asistiendo a un segundo ciclo de agotamiento del modelo neoliberal destructivo y hay un cuestionamiento en el mundo del capitalismo neoliberal y de sus efectos destructivos en los derechos sociales de la gente, en el empleo, en las pensiones, en la educación pública, en la salud pública. Es un cuestionamiento global, en Europa, Francia y toda Europa.

En América Latina Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Haití, Honduras, y en el mundo entero también hay un cuestionamiento grande, poderoso de los efectos nocivos sobre el ambiente, el clima, al llamado cambio climático por parte de este capitalismo desarrollista destructivo... Son dos elementos de crítica al modelo neoliberal, el elemento de crítica a la concentración de la riqueza, en el uno por ciento, a la ausencia de políticas sociales para garantizar derechos sociales, a la reversión, el regreso de los derechos sociales; y una segunda crítica, al tema del cambio climático que nos pone -de acuerdo a los científicos de la Organización de Naciones Unidas- a las puertas de una catástrofe climática como ha sido denunciado en Madrid recientemente, en la reunión de la COP Madrid, así que hay un levantamiento de una gran conciencia.

Te digo que es un segundo ciclo, porque el primer ciclo lo vivimos en la década de los 90, a finales de 1990 y dio como resultado en América Latina y el Caribe, el surgimiento de una corriente progresista, revolucionaria que gobernó casi todos los países del continente, encabezada por el comandante Hugo Chávez, por Lula Da Silva, por Néstor Kirchner, entre otros, por Tabaré, por Correa, Daniel Ortega, por Fidel, por Raúl.
Una corriente, una ola progresista, que fue la respuesta alternativa al agotamiento del primer ciclo que pudiéramos denominarlo así, del neoliberalismo. Ahora estamos en una segunda etapa de agotamiento... El neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial no tienen respuestas ni para la inversión social, ni para el desarrollo de los pueblos, ni para el cambio climático, se agotaron, tiene que venir un nuevo modelo y ese modelo está marcado por una gran conciencia humanista, colectivista y yo diría, socialista del siglo XXI.

 

IR: Presidente en América Latina, dos acontecimientos han marcado los últimos meses. Por una parte en Argentina, la victoria electoral de Alberto Fernández y Cristina Fernández; y por otra parte en Bolivia, el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, que formaba parte de esta generación de líderes que había encontrado una respuesta a los estragos del neoliberalismo en Bolivia, ¿cómo analiza usted estos dos acontecimientos?, ¿en qué medida son significativos de esta nueva América Latina?

Presidente Nicolás Maduro: Es una América Latina en disputa en toda la región y país por país. Los Estados Unidos han decidido reactivar la Doctrina Monroe, América para los americanos, o sea, América, todos nosotros para ellos, para sus intereses, para sus negocios, para su geopolítica y lo han hecho sin ningún tipo de vergüenza, han declarado que ha llegado el tiempo de la Doctrina Monroe, traer una doctrina neocolonial de principios del siglo XIX, 200 años después, a principios del siglo XXI, realmente es algo anti histórico y no tiene ningún tipo de posibilidad de desarrollarse, así lo creo, así lo creemos y esa disputa hoy pasa país por país; la agresión a Venezuela, la agresión al ALBA, la agresión a Nicaragua, a Cuba, el intento de golpe de Estado en Dominica... Toda la agresión al ALBA forma parte de esa lucha de disputa donde el imperialismo pretende imponer élites subordinadas a sus intereses para que gobiernen e impongan su modelo. Eso tiene patas cortas, tiene patas cortas.

Ahí tú ves el golpe de Estado en Bolivia, tomaron el poder, expulsaron a Evo Morales, masacraron al pueblo en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, una masacre terrible, y el golpe de Estado sigue su marcha, sigue su marcha, pero cuando tú evalúas qué han hecho los golpistas en el gobierno, acomodar a los grupos económicos nuevamente, preparar la entrega de las riquezas naturales rescatadas por Evo, al imperialismo y a sus empresas, entregar el gas, el petróleo, el litio.

Son políticas equivocadas, privatizar, liberalizar todo, y ¿cómo está el pueblo hoy de Bolivia? Muy molesto, muy molesto, es una bomba de tiempo Bolivia, es una bomba de tiempo y los golpistas no podrán detener esa fuerza que permitirá restaurar el proceso de cambio que fundó nuestro hermano Evo Morales, ¿qué respuestas puede tener la derecha, golpista, fascista y racista de Bolivia? A favor del pueblo de Bolivia, ninguna, están agotados.

Su única capacidad con cierto éxito es su conspiración, es el complot, es la trampa que le montaron al hermano Evo Morales. En Argentina también te puedo decir Ramonet, asistimos al fin tempranero y prematuro de la era Macri, y ¿qué significó Macri? Neoliberalismo, privatización, negación de los derechos laborales, de los derechos sociales y en cuatro años se agotó. En Argentina no hubo una explosión social, porque hay un poderoso movimiento social y político, porque está el peronismo con toda su diversidad que supo canalizar con grandes movilizaciones de masas y luego con un poderoso movimiento electoral, una nueva alianza encabezada por el doctor Alberto Fernández y la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que obtuvieron una gran victoria y que están dando los primeros pasos para salir de esa era desastrosa de Macri y el neoliberalismo. El continente es una zona en disputa y yo estoy seguro, que en los años que están por venir, en este año 2020 tendremos muy buenas noticias de cómo esa disputa va priorizando los intereses nacionalistas, independentistas, e integracionistas de América Latina, sobre los intereses del proyecto monroista, los intereses del proyecto de Bolívar y de los libertadores, por encima del proyecto neocolonial, del monroísmo trumcista, fuera de tiempo que han tratado de imponernos.

 

IR: Presidente, el año 2020 será también el año de las elecciones en Estados Unidos y todos sabemos que las elecciones en Estados Unidos, cualquiera que sea el resultado, tienen importancia para el conjunto del planeta, ¿qué opinión le merecen estas elecciones que serán en noviembre de este año? Y ¿cómo ve usted el debate actualmente político en Estados Unidos?

Presidente Nicolás Maduro: Bueno apenas se ha ido definiendo el panorama. El Congreso de Estados Unidos en la Cámara de Representantes, decidió iniciar los pasos para un juicio político, un impeachment, contra el presidente Donald Trump, seguro que a lo largo de este mes de enero, esa confrontación se pondrá más tensa y eso irá definiendo el campo electoral.

Hoy por hoy, nadie puede decir qué resultados habrá en las elecciones de Estados Unidos, nadie, si habrá cuatro años más de Trump, o vendrá un candidato demócrata, o una candidata demócrata. En el campo del Partido Demócrata, nada está definido, están muy parejos todas las candidaturas, las precandidaturas, y frente a Trump, también están muy parejos, así que no podemos hoy por hoy, saber con cierta certeza predictiva, qué va a pasar en las elecciones de los Estados Unidos.

Así que nosotros en nuestros países lo que tenemos es que seguir atendiendo lo nuestro, trabajando en lo nuestro, luchando por lo nuestro. Decía el gran libertador José de San Martín: “Seamos libres, lo demás no importa”. Así decimos desde Venezuela, frente a lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos, una cosa u otra, seamos libres, unámonos, trabajemos con perseverancia, con capacidad de resistencia, con fe en lo nuestro, lo demás no importa.

 

IR: Quiere decir esto, Presidente, que cualquiera que sea el vencedor demócrata o republicano, su gobierno está dispuesto a dialogar con la administración próxima de Estados Unidos con respecto a los problemas que puedan existir entre Washington y Caracas.

Presidente Nicolás Maduro: Siempre, siempre. Nosotros hemos tenido durante los años 2017, 18, 19, múltiples formas de comunicarnos con el gobierno de Estados Unidos, múltiples, unas conocidas y otras todavía no conocidas, porque yo soy un hombre de diálogo, yo creo que los asuntos del norte, de esa súper potencia llamada Estados Unidos, de sus gobernantes, de sus élites, deben tratarse con diplomacia, con política, con p mayúscula, y con capacidad de diálogo. Lo he dicho al gobierno de Donald Trump y lo he hecho: cuando quiera, dónde quiera y cómo quiera estamos listos para el diálogo con respeto, con altura, con dignidad, para atender los asuntos bilaterales y para establecer nuevas bases de relacionamiento para la estabilidad de toda nuestra región, de tú a tú, los hijos de Bolívar aquí, de tú a tú, con los representantes de los gobiernos que existan en Estados Unidos.

Así que nuestra política seguirá invariable, esa política la fundó nuestro comandante Chávez, invariable, dignidad, respeto y diálogo. Con cualquiera que esté gobernando en Estados Unidos, ojalá que más temprano que tarde -siempre somos hombres de fe y optimistas en el futuro de nuestros países- ojalá que más temprano que tarde, se abra la conciencia en las élites de Estados Unidos, que la única relación positiva con América Latina y el Caribe, tiene que ser el respeto, la cooperación y el diálogo permanente.

 

IR: Presidente, para terminar yo quisiera pedirle si usted pudiera enviar un mensaje a la juventud en este año 2020, una juventud que estamos viendo se manifiesta a través del mundo, una juventud que ve con preocupación su futuro y que también está a la espera de consignas, de directivas, de consejos que usted puede dar con su gran experiencia política.

Presidente Nicolás Maduro: Bueno, la juventud en el mundo debe continuar e incrementar sus marchas, sus luchas, su resistencia contra el modelo excluyente y empobrecedor del neoliberalismo, tiene que seguir luchando por su derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la cultura, su derecho a la felicidad social. La lucha por la felicidad social, por los derechos sociales, tiene que tener en la juventud la vanguardia, el motor fundamental para la defensa de la sociedad, sobre todo la sociedad del futuro que es la que le pertenece a esa juventud, y tiene que incrementarse la movilización de la conciencia mundial, contra la catástrofe climática que ha creado el capitalismo neoliberal, depredador. Es el capitalismo, es el modelo económico, social, depredador del capitalismo neoliberal quien nos ha llevado a las puertas de una catástrofe climática, como lo denuncian los científicos y los expertos del mundo.

Así que la juventud es la única que puede salvar el planeta, banderas de lucha, espíritu de lucha, creatividad, tomar las redes sociales, toda la juventud a la batalla porque el futuro le pertenece, el futuro nos pertenece y yo tengo la absoluta convicción de que un nuevo modelo, un nuevo mundo es posible, se está gestando y lo veremos nacer de manos de esta juventud, estoy seguro de eso.

 

IR: Muchas gracias señor Presidente y permítame desearle un feliz año nuevo a usted, a su familia y a su país.

Caracas, Palacio de Miraflores, miércoles 1 de enero de 2020.

Publicado enInternacional
Germán Ardila, Cristóforo, óleo sobre tela, 115 x 100 cm. (Cortesía del autor)
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

Tres grises y una actitud resaltan en la lectura del informe presentado por el presidente Iván Duque acerca del primer año de gestión, que presentó el pasado 20 de julio en el Congreso de la República. No es algo menor advertir la actitud negativa que el discurso expresa.


En efecto, parece no percatarse de que ya fue elegido, y que por tanto debiera proceder como Presidente y no como candidato en campaña. Su tono y su énfasis lo delatan: “Desde uno de los escaños de este Parlamento defendí las mismas ideas y la visión de país que hoy desarrollamos desde el Gobierno. Ideas que son mandato. Mandato que es orgullo y servicio, compromiso y sacrificio, trabajo duro y diálogo social transformador. Nuestro Gobierno, apreciados congresistas, escucha, actúa y cumple” (Cursivas y negrillas del original). ¿Así será cuando sea presidente?


El interrogante tiene todo su sentido, ya que una de las críticas más reiteradas de los movimientos sociales a este gobierno –también a los anteriores– es que. para intentar que escuche hay que decretar un paro, y para que cumpla hay que hacer uno o varios más. El prolongado paro de los indígenas nasa, en unión con campesinos y comunidades afrodescendientes, en el primer semestre del año en curso, no deja dudas al respecto.


Ese es el tono a lo largo del discurso, que no deja de estar presente, incluso hasta en su final, al asegurar: “Apreciados congresistas, ¡aquí estamos y para adelante vamos! Nuestro rumbo es el Crecimiento con Equidad. Colombia no va a parar de crecer”. (Cursivas, negrillas y subrayado en el original). Iván Duque sigue en campaña.


El tono y la forma como el Presidente le habla al país tienen en realidad un destinatario específico: la porción de población de la cual espera fidelidad con su voto. Sus palabras son pronunciadas pensando en el 2022, en la continuidad de un gobierno que promete configurar un nuevo Frente Nacional. Esta vez, entre la derecha más recalcitrante (Centro Democrático) y el ala más ‘liberal’ de la misma: el partido conservador y las fracciones políticas que entre elecciones cambian de nombre partidario o se reacomodan de acuerdo “al sol que mejor alumbre”.


Se trata de un objetivo y un foco precisos, reafirmados cuando alude de manera formal a la supuesta ‘unidad nacional’, al comienzo de su discurso: “Ese futuro que queremos, ese futuro que añoramos, es un futuro de todos” no es la preocupación principal que domina hoy en la Casa de Nariño. Esa preocupación es la de conservar y, de ser posible, acrecentar los 10’365.450 votos con los cuales fue elegido para gobernar a Colombia. Y, para eso, marca los énfasis que resaltan a lo largo de su discurso. Este gobierno logró sacar adelante o mejorar: “[…] aumentamos en 45 por ciento los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE); […] Fortalecimos los hospitales públicos […] con el Programa de Acción Inmediata, que ya ha invertido cerca de $187 mil millones en infraestructura. […] Acabamos de sancionar la ley que otorga incentivos para el uso de vehículos eléctricos. […] lanzamos la política Ruta Futuro, para enfrentar el problema de las drogas. […] nunca más los traficantes de droga y los secuestradores podrán enmascarar sus actividades criminales bajo ropajes ideológicos (aprobamos la) Ley del Abigeato (y la) Ley del Veterano. (Impulsaremos) la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de nuestra sociedad (los niños, NN) […]”.


Estas y otras acciones resaltadas en su discurso son similares a las destacadas por quienes le antecedieron como presidente, en el afán de mostrar que sí hacen y cumplen con sus promesas de campaña, que son eficientes, y que gobiernan a favor de los excluidos. La pregunta que sobresale es: ¿Si todos han actuado así, y si el actual gobierno va por igual ruta, por qué la desigualdad social campea, por qué es precaria la prestación de los diversos servicios públicos, y están sin respuesta los reclamos de las mayorías que debieran resumirse en justicia, bienestar social y felicidad? ¿Propaganda? ¿Demagogia? ¿Exageración? ¿Apariencia?
Los grises


La actitud y la prioridad de su gobierno/partido les dan paso a los grises de su discurso, los mismos que lo desnudan en su carácter y su proyecto: 1. Como toda expresión del poder, su incapacidad de corregir. 2. Su talento para desinformar y manipular la realidad, 3. Bicentenario y el temor de proyectar el país de los próximos 200 años, o al menos el de las próximas décadas, para hacerle honor al bicentenario de la Independencia.


1. Incapacidad para corregir, característica de toda expresión de poder


Con excepción de la frase “Falta mucho por hacer, mucho” (que hace en alusión al asesinato de líderes sociales y su reducción, de acuerdo a las cifras del Gobierno), a lo largo del discurso de marras no hay alusión alguna que evidencie faltantes o errores o incapacidad o aprendizaje. Ello refleja una deformación del poder, en el caso del actual gobernante colombiano y en los de quienes llegan a acumular poder en alguna instancia: no miran hacia los lados, poco escuchan, menos reconocen. En el caso de los gobernantes, según sus expresiones públicas, ejercen funciones a favor de las mayorías –aunque la realidad indique todo lo contrario. Cada uno de ellos dice que es “demócrata”, dialoga, escucha, hace lo que sus gobernantes le demandan y esperan de él. Nada más lejano de la realidad.


Cada gobernante se debe al poder real que domina en sus sociedades, para nuestro tiempo y caso: es el capital financiero, en primera instancia, con los terratenientes a su par, y en segundo lugar los industriales y los comerciantes, así como los militares, los religiosos de las iglesias cristianas y católicas.


Entre todos ellos, o en medio de ellos, obran poderosos terratenientes, industriales, comerciantes, militares, no siempre ligados a la política, la economía y la administración local y regional de manera legal o pacífica. Concentrados en acrecentar sus dominios y su influencia social, con todos los resortes del aparato estatal y gubernamental a su favor, facilitados por el marco institucional –o la fuerza y la instrumentalización de narcotraficantes. Se benefician, entre otros, de presupuestos, contrataciones de grandes obras, administración de una numerosa burocracia; con relación y mando sobre un número de charreteras, de oficiales y suboficiales sin honor, vinculados con estructuras criminales de poder y corrupción.


De esta manera, en muchos casos a través de un ahondado presidencialismo, el gobernante termina por olvidar el mandato recibido, dejando a la entrada de su oficina, y en la placa y las palabras talladas, aquello de la función y el deber democráticos. No es para menos: el poder, como si fuera miel, empalaga; y, como si fuera alcohol o psicoactivo, emborracha y alucina: hace ver lo que no es (donde hay exclusión, simula inclusión; donde hay pobreza, aparenta igualdad y justicia). Es muy claro que de esta constante del poder tradicional no está exento Duque. Con su proceder, prolonga una característica del poder hasta ahora conocido, y sólo con escasas excepciones, y por cortos períodos de tiempo, superado en momentos muy particulares de la humanidad: su concentración en una o muy pocas personas, y, con esto, su carácter nada democrático. Precisamente, el reto en los tiempos que vivimos es conseguir que el poder cumpla con una acción más colectiva, desconcentrada, y con acogimiento de las regiones y las diferencias. Es éste un imposible de ver en los regímenes dominados por el capital y su modelo neoliberal, y de propiedad terrateniente, como el nuestro.


Regímenes en los cuales se ha llegado, según diversas organizaciones internacionales, a la paradoja del 1-99 por ciento, o lo que es igual, a la concentración demencial de riqueza, la cual va asociada al control del poder político. Y de este modo, al control de los Estados y gobiernos, así como del aparato militar. Es decir, el actual ejercicio del poder, cuando atañe a la cosa pública, es la síntesis de la antidemocracia más aberrante.


2. Desinformar y manipular la realidad


Como una constante, quienes ejercen el poder, gobernando o no, siempre desinforman y manipulan la opinión pública. En realidad engañan, depositando sobre sus intereses la legalidad y la legitimidad con fundamento en sus propiedades y su riqueza en general, y en las decisiones que toman y las leyes que aprueban; desinformación y manipulación reafirmadas en época de fakenews, como la que hoy vivimos.


Iván Duque no escapa de estas características del poder. En su informe, acomoda la realidad histórica: “[…] en este año del Bicentenario debemos tener en cuenta que se nos brinda una oportunidad de revivir tanto el sentir de unión de país, el sentir nacional, como el orgullo patrio que marcó ese momento histórico”. ¿De dónde saca esa supuesta ‘unión de país’? ¿La de centralistas y federalistas? ¿La que llevó al sometimiento –por parte de terratenientes y comerciantes– de pobres, indígenas y negros –esclavos–, negados todos ellos del derecho a la libertad plena y al usufructo de la tierra? ¿La que propició el intento de asesinato de Bolívar?


Pero no es sólo esto. En su informe resalta que “propusimos un pacto que ponga primero a los pobres […]” (negrilla y cursiva en el original). Enfatizando en otro aparte de su discurso, “[…] le propusimos a Colombia que todos nuestros esfuerzos y nuestras iniciativas estarían orientados a la equidad”. Nada más lejano de la realidad. Más allá de destinar unos millones para concretar algún proyecto social en educación, salud y otros áreas, lo los prioritario para este gobierno son los ricos de siempre. Y no es un cliché. Veamos.


En la pasada reforma fiscal o Ley de financiamiento (2018), se ampliaron las exenciones concedidas a las personas jurídicas, tan variadas y numerosas que en realidad terminan por reducir a tal tamaño la Tarifa Impositiva Nominal de las Empresas (1,3 por ciento), que al final de sumas y restas, y en proporción a sus ingresos, las personas naturales pagan más impuesto (5 por ciento) que las grandes empresas. Exenciones tan amplias, con diferencias por sector industrial y comercial, sumadas, les ahorran a los ricos 20 mil millones de pesos-año, es decir, cerca de tres veces el dinero recaudado por esa misma reforma.(1).


Como también lo difundieron los gobiernos anteriores, se procede así “con el propósito de estimular la inversión privada nacional y extranjera” (según el Presidente, reducir “[…] la carga de impuestos que estaba asfixiando a las empresas”), lo que procuraría mayor y mejor empleo (al decir de Duque, reducir la “[…] carga tributaria de los generadores de empleo”). Como es conocido por la experiencia, el desempleo no decae, el empleo no mejora en calidad, las empresas sí multiplican las ganancias y la llamada clase media sigue esquilmada en sus ingresos, por el pago del impuesto de Renta y del IVA, en lo cual la acompaña los sectores populares.


De este modo, más allá de las palabras de Iván Duque, los ricos serán más ricos, y los trabajadores en particular, así como los sectores populares en general, verán más menguados sus ingresos diarios. Así lo reafirma el Presidente: “[…] como resultado de la Ley de Financiamiento y Reactivación Económica, logramos aumentar el recaudo neto en 11 billones de pesos”, cifra que oculta, en un juego de apariencias y desinformación, que este no es el resultado de cobrarle más a quien más tiene, como ejercicio simple de justicia, sino el fruto de una argucia elemental: bajar el monto de ingresos totales por los cuales el trabajador está obligado a declarar renta.


Esa política tributaria de estímulos para las grandes personas jurídicas procede en vía contraria a lo aconsejado por la política clásica en materia tributaria, de no otorgar tratamientos diferenciales y efectivos en esta materia, para no propiciar ineficiencias en la asignación de recursos y en la distribución de ingresos. “Aparte de la generación de condiciones propiciatorias de ineficiencias y distorsiones en la administración tributaria en diferentes ámbitos como la evasión y elusión”. (2. Garay). Además, es una política tributaria que resulta contraria a un propósito que debe ser nacional: reducir la honda desigualdad reinante en Colombia, “[…] uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y entre los dos más desiguales en América Latina, incluso el más desigual según algunos especialistas, cuando se observa no sólo el índice de Gini sino también las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales en el país y la baja calidad en el acceso a trabajos de buena calidad” (3).


En estas condiciones, ¿puede creer alguien que “[…] el objetivo central del crecimiento de nuestra economía es la construcción de Equidad”? ¿Y asimismo que “[…] estamos trabajando para crear las condiciones que permitan a las empresas multiplicar la creación de puestos de trabajo estables y formales”? Da risa. Solamente cuando los derechos de los trabajadores sean quebrados hasta lo inimaginable, reduciendo salarios, incrementando su porcentaje para el aporte pensional, eliminando pagos por despidos injustos, etcétera, aceptarán los empleadores formalizar en mayor número sus plantas de trabajadores.


Pero en este juego de palabras y simulaciones, el Presidente anuncia que “Colombia tiene que pensar en grande […]”. (negrilla y cursiva en el original). ¿Podrá ajustarse a la realidad este necesario propósito cuando no se aplican las requeridas políticas para dejar de ser el nuestro uno de los países más desiguales del mundo? ¿Podrá esto dejar de ser simple palabrería cuando prolongamos nuestra existencia como uno de los pocos países en el mundo que mantienen viva la problemática de la tierra, negándose a concretar una reforma agraria que en efecto entregue la tierra –con asesoría en todos los campos necesarios–, así como a una efectiva soberanía alimentaria que propicie suministros sanos para toda la población, al igual que una política ambiental a la altura de nuestras características naturales y la defensa de la vida misma?


¿Podrá ajustarse a la realidad este propósito cuando nuestros gobernantes persisten en defender y prolongar, por ejemplo, la guerra contra las drogas? ¿Podrá ser esto realidad cuando persiste en su negativa a impulsar por todos los medios posibles una política de integración regional y, por esa vía, la renuncia en un plazo no mayor a tres o cuatro décadas al Estado-nación?


En el reino de la manipulación, queda una frase para esculpir: “¡En la Colombia que estamos construyendo, nadie puede sentir temor de expresar sus ideas y de proteger los intereses de su comunidad”, una clara expresión de mal gusto, pues da cuenta del desconocimiento de la Colombia profunda, que no queda no sólo en lo conocido como su periferia rural sino que también está presente, y cada vez más, en las barriadas de las grandes ciudades donde el común denominador son las “fronteras invisibles” o la ley del fusil –el revólver es juego de niños. Es ésta una manipulación que pretende ocultar el reacomodo del régimen, extendiendo sombras sobre la matriz paramilitar, a la par que sobre su efectiva prolongación uribista, para lo cual es fundamental la disputa de la memoria en que anda enfrascado este gobierno.


3. El año del Bicentenario


Sin sentido histórico ni visión futura, retoma en su discurso esta realidad, pero no se atreve, como representante de una clase, a dibujar el país de los próximos dos siglos, tal como debiera ser, en honor a quien en la Carta de Jamaica previó no un país pequeño –con banqueros afanados de más lucro ni terratenientes y otros mezquinos disputándose el control del país y su aislamiento global– sino todo un amplio territorio y una región integrada para el beneficio y la felicidad de sus habitantes, atento al riesgo proveniente del Norte.


Es éste el gran reto para una clase enfrascada en la defensa de sus pequeñeces; preocupada por despojar de sus tierras a los vecinos, pequeños propietarios, o por acrecentar la riqueza mediante la transformación de las normas, legislando a su favor, o desmontando empresas y concentrando en la especulación comercial; un proceder en que lo universal, como debiera ser el sentir y pensar de cualquier político en cualquier país de nuestro tiempo, debiera resaltar en cada una de sus acciones, pero para nuestro caso lo universal puede ser el nombre de una finca, de un banco o de una agencia comercial. Es por eso que en el informe de marras sobresale la ausencia de proyección estratégica para el país, visionando como máximo “Año Dos”, y de ahí poco más.


Como es de conocimiento general, proceder bajo el influjo de la futurología en un país demanda, por un lado, espíritu abierto y desprevenido, sentido humanitario; por otro, lectura geopolítica y estratégica. Pero, a la vez, capacidad de sueño, apuesta por el futuro y pensamientos grandes, algo que ni este gobierno ni los anteriores han tenido.


4. Año dos


Termina Duque su discurso con una visión pegada a las paredes, proyectando las acciones por acometer durante el segundo año de su gobierno. Más allá de lo enunciado, en que destaca acciones simples de imagen y opinión pública, como la de apoyar con el trámite de la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños, es necesario reparar en el ocultamiento de varias medidas que sí son del interés de la administración de turno, entre ellas las reformas pensional, laboral (una más) y tributaria, la venta de diversidad de bienes públicos, así como la anhelada por el capital nacional e internacional: la enajenación de acciones de Ecopetrol autorizada desde 2006.


De concretarse estos pretendidos, con mayor énfasis las reformas a pensiones y al mundo del trabajo, es claro que quedaremos mucho más lejos de reducir la desigualdad y de atacar la inequidad, reafirmando lo ya conocido desde mucho antes del 7 de agosto de 2018: Iván Duque encabeza “un gobierno de los ricos y para los ricos” (4), aunque diga y aparente lo contrario. 

 

1. “Aquí reside precisamente una razón determinante de por qué, a pesar de regir formalmente unas tarifas nominales elevadas, incluso internacionalmente, en Colombia son relativamente bajas las tarifas efectivas impositivas para el conjunto de personas jurídicas –aunque con sustanciales diferencias entre empresas por sectores. Y también por qué la carga tributaria efectiva en Colombia –respecto al PIB– es relativamente baja aún en el contexto latinoamericano, y por qué son tan elevados los niveles de evasión y elusión tributarias. Con el agravante de que los cambios introducidos en el Estatuto Tributario por la Ley de financiamiento, aprobada en diciembre pasado (Ley 1943 de 2018), no sólo profundizarán inequidades horizontales y verticales sino que además aumentarán el gasto tributario, agravando la regresividad y las ineficiencias del sistema impositivo en el caso de personas jurídicas”. En, Garay Salamanca, Luis Jorge, y Espitia Zamora, Jorge Enrique. Dinámica de las desigualdades en Colombia (en impresión, Ediciones Desde Abajo).
2. Garay Salamanca, Jorge, op. cit.
3. Íd.
4. Sarmiento Anzola, Libardo, “Un gobierno de los ricos y para los ricos”, Le Monde diplomatique, número 181, septiembre 2018.

 


Artículos de esta edición:

 

Un año de medidas a favor de los poderosos

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37435-un-ano-de-medidas-a-favor-de-los-poderosos.html

Las obsesiones no siempre son buenas consejeras

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37436-las-obsesiones-no-siempre-son-buenas-consejeras.html

"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37440-quieren-mas-paz-aqui-la-tienen.html

 

Cosmología y vida cotidiana

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37437-cosmologia-y-vida-cotidiana.html

 

Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

Publicado enColombia
Domingo, 29 Diciembre 2019 10:22

¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!

¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

El salvaje asesinato de Dimar Torres –excombatiente fariano y líder comunitario – abre el debate sobre si exigir o no la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero es lo pertinente, si su caída en realidad garantiza un cambio sustancial en la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, o si lo procedente es abrir un debate nacional sobre la doctrina que las guía, soportada sobre la lógica del enemigo interno y el anticomunismo. Si sale Botero, ¿hay garantía que no lo suceda un funcionario igual o peor al frente de tal ministerio?

 

La noticia es aterradora. El 22 de abril en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado por miembros del Ejército nacional el excombatiente de las Farc y líder comunitario, Dimar Torres. En la instalación militar se llevó a cabo una escena que recuerda lo más sádico de la llamada violencia bipartidista. Sin conocerse aún el informe de medicina legal, las versiones de la comunidad sostienen que a Dimar Torres lo torturaron, violaron, castraron y destrozaron su cráneo con tres impactos de bala, luego de esto querían desaparecer su cuerpo enterrándolo en las instalaciones militares.

Conocidos los videos de los militares abriendo una fosa para enterrar el cuerpo de Torres y creándose un escándalo en redes sociales por el hecho que confirmaba su asesinato, el 24 de abril el ministro de defensa Guillermo Botero sostuvo que el hecho se había producido en un forcejeo con integrantes del Ejército Nacional. Contradiciendo la información del Ministro, en evento público el 28 de abril, el general Luis Villegas Muñoz sostuvo: “no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por tanto el comandante debe poner la cara” (Ver recuadro 1). Estas declaraciones abrieron una discusión al interior de las Fuerzas Militares, pues el ministro Botero diría después: “Él puede decir lo que quiera, pero esa no es una posición institucional, las posiciones institucionales del ejército las fija el Ejército de Colombia y tiene una persona que se llama Nicasio de Jesús Martínez que es la persona que fija la posición institucional”. Para decir, en entrevista posterior: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”.

Los hechos llevaron a que la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa promoviera la renuncia del Ministro de Defensa, propuesta acogida por múltiples sectores que ven en tal posibilidad una victoria sobre el actual gobierno, así como un proceder eficaz para neutralizar el asesinato de liderazgos sociales. Un aspecto fundamental queda por fuera de todo esto: la doctrina militar que guía a las Fuerzas Armadas.

 

El enemigo interno y el anticomunismo


La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. Culminada la Segunda Guerra Mundial –1945–, Estados Unidos desarrolló en 1947 la primera Acta de Seguridad Nacional creando el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como la reorganización de sus fuerzas armadas y la política exterior, llevando con esto a plantear la concepción del Estado de seguridad nacional. En este mismo año se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con el que los países de la región se unifican en la política militar y conforman un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos (1).

En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

Para Edwin Cruz, en nuestro país implementaron la lógica de un complejo contrainsurgente que articula los intereses del Estado, elites políticas y poderes económicos, en torno a salvaguardar el orden, generando así la proliferación de organismos armados legales e ilegales, públicos y privados, con una ideología militarista (2). Este complejo consolida una “sociedad contrainsurgente” que observa la “amenaza comunista” más allá de los actores armados, calificando como parte de un proyecto insurgente –que amenaza el statu quo– a todos los sujetos sociales que se movilicen, protesten o cuestionen el orden social existente, lo que legitima la criminalización, deslegitimación y aceptación del asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país.

Según Cruz “ni el contexto internacional post Guerra Fría, ni los cambios institucionales –constitución 1991–, consiguieron terminar con el arraigo de las políticas y discursos contrainsurgentes” pues el gobierno de César Gaviria (1990-1994) “optó por la intensificación de la confrontación […] expidió medidas tendientes a la financiación de la guerra, como los “bonos de guerra” para el sector privado, y declaró una “guerra integral” a la guerrilla […] lo que vendría después sería un escalamiento sostenido de la violencia procedente del conflicto armado que, entre otras cosas, llevaría a la consolidación del paramilitarismo, primero en el marco de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1994 y, más tarde, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1997” (3).

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Doctrina Damasco


Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina, la que trae consigo el rediseño de lo que se entiende como estrategias de combate y la ubicación de las nuevas amenazas internas y externas, lo que implica, de igual manera, la adquisición de tecnologías de punta en proyección estratégica hacia el 2030. Guerra electrónica y ciberinteligencia son incorporadas en esta nueva valoración. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco.

Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

Aunque sostienen que no se debe apuntar únicamente a la denominada guerra contrainsurgente –por los problemas jurídicos internacionales en cuestión de crímenes de lesa humanidad contra la institución militar–, dejan claro que en este momento las fuerzas militares deben evolucionar para alcanzar “los postulados operacionales de la Batalla Aeroterrestre (1986), Operaciones de Dimensión Total (1993), Operaciones del Espectro Total (2008) y Operaciones Terrestres Unificadas (2012), que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN” (4). Adicionalmente el documento dice textualmente: “nuestro principal referente doctrinal: el Ejército de los Estados Unidos” (5).

El coronel John Bonin y el teniente coronel John A. Nagl, son los referentes estadounidenses en los que se basa gran parte de la doctrina Damasco, pues estos personajes participaron en la reforma doctrinal del Ejército de Estados Unidos que culminó en 2015, además escribieron el documento The Tradoc Doctrine Publication Program (Programa de Publicaciones Doctrinarias del Comando de Entrenamiento y Doctrina), donde trazan líneas de acción en torno a jerarquía doctrinal y contenidos del Ejército Sur de los Estados Unidos –estructura militar que coordina operaciones directamente con Suramérica, y en particular con Colombia–. Hay que resaltar, además, que desde 2015 la doctrina colombiana fue asesorada en directo por la Dirección de Doctrina del Ejército de Estados Unidos.

Un mensaje, un reto


El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

Un reto para el conjunto de la sociedad. Aunque efectivamente es necesario plantear la renuncia del ministro Botero por lo que representa y por sus actitudes frente al asesinato sistemático de los liderazgos sociales en el país (Ver recuadro 2 y artículo “Ríos –de sangre– inundan el país”), los sectores alternativos y movimientos sociales tienen una tarea que va más allá de la renuncia: denunciar la doctrina militar y eliminarla, pues ésta potencia e identifica como enemigo interno a los liderazgos sociales. De igual manera, es necesario plantear una doctrina que sirva para la paz y no siga profundizando la guerra.

 

1 Leal Buitrago, Francisco (junio de 2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en américa del sur. Revista de Estudios Sociales, Nº 15. En: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res15.2003.05
2 Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 24-29.
3 Ídem., pp. 28-29
4 Rojas, P. J. (2017, enero-junio), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Rev. cient. Gen. José María Córdova 15(19), 95-119. DOI: http://dx.doi.org/10.21830/19006586.78, p. 114.
5 Ídem., p. 101

Artículos consultados

https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
https://caracol.com.co/programa/2019/04/29/6am_hoy_por_hoy/1556538178_237579.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/313412-mocion-censura-congreso-colombia-ministro-defensa
https://www.contagioradio.com/asesinan-a-marco-adrada-lider-campesino-por-mas-de-35-anos-en-narino/?fbclid=IwAR3EQ0gBFaX7Yqgv2UU1uJhQzLOWWjxdDgb-lzKAyF7jTCfUyBy7ZG8f464
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-antioquia/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2992-onic-denuncia-y-rechaza-feminicidio-contra-embera-chami-remelia-aizama-en-choco
https://canal1.com.co/noticias/asesinan-a-wilson-saavedra-excomandante-desmovilizado-de-las-farc/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mauricio-lezama-consejero-departamental-de-cine-en-arauca-articulo-859870
https://caracol.com.co/radio/2019/05/13/regional/1557758215_917837.html

 


Recuadro 1

 

Es necesario decir que Luis Villegas Muñoz, aparece como uno de los nueve oficiales ascendidos recientemente por el gobierno de Iván Duque, y que fueron cuestionados por Human Rights Watch al estar investigados por implicaciones en ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– y otras violaciones de Derechos Humanos entre el periodo 2002 y 2008. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Los militares ascendidos son:

- Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de la Guajira y Cesar. Actualmente está investigado por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 fue el segundo comandante de la Octava Brigada. Le iniciaron investigaciones por 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, adicionalmente lo acusan por la presunta cooperación con grupos paramilitares.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006. Lo investigan por 21 ejecuciones cometidas por soldados del batallón la Popa en 2005 y 13 en 2006.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el entonces General estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008.
- Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela). Lo investigan por la ejecución de Omer Alcides Villada, agricultor que tenía una discapacidad mental y habría sido asesinado y reportado como combatiente de las Farc por los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina en marzo de 2008, cuando se desempeñaba como comandante del batallón.
- Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles (unidad especial que opera en el Bajo Cauca). Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. Lo investigan por 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento. Fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante el 2008. Está investigado por al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por su rol en abusos ocurridos durante los años 2004 y 2005, mientras se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, unidad militar que acusan por 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Entre octubre de 2006 y abril de 2007, fue comandante del batallón Anastasio Girardot de la Cuarta Brigada, investigado por 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007.

 


 Recuadro 2


15 liderazgos sociales asesinados en Colombia desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2019

 

Solo pasó un mes y diez días de la publicación del artículo “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”*, en el que se mencionaba el asesinato de 6 personas luego de la finalización de la Minga nacional –5 de abril– y ya se suman 9 asesinados nuevos de liderazgos sociales en distintas regiones del país.


En los municipios de Ituango y Maceo (Antioquia) fueron asesinados Andrés Mauricio Rojas, quien se desarrollaba como un líder social de la comunidad y Diofanor Montoya, líder comunal de 64 años de edad, los hechos se presentaron los días 26 y 27 de abril. El 28 de abril fue asesinado en Nariño el líder campesino Marco Antonio Andrada Viana mientras se desplazaba por la vía que conduce del municipio de Leiva hasta el corregimiento Las Delicias, actualmente Marco se desempeñaba en el cargo de fiscal al interior de la Junta de Acción Comunal de El Sauce. El 1 de mayo en la comunidad de Campo Alegre del Resguardo Ingara Copé (Chocó), fue asesinada la indígena Embera Chamí Remedia Aizama y fue herida con impacto de bala una menor de 12 años; los hechos provocaron el desplazamiento inmediato de 40 personas de la comunidad hacia la cabecera de San José del Palmar. El 5 de mayo fue asesinado Efraín Prado Rosero, líder comunal y candidato al Consejo por el partido Mais, los hechos se presentaron en el municipio de Mallama, Nariño. Vale la pena decir que el sábado 4 de mayo en la comunidad de Lomitas, Norte del Cauca, Francia Márquez –líder afrocolombiana ganadora del Nobel de medioambiente– fue víctima de un atentando con arma de fuego y granada, al finalizar una reunión preparatoria la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc) que se reunirá en próximos días con el gobierno de Iván Duque para concretar los acuerdos pactados con la Minga realizada en los meses de marzo-abril; en el hecho resultaron heridos dos escoltas. El 9 de mayo, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca) fue asesinado Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como gestor cultural y actualmente realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. El sábado 11 de mayo, en la Vereda Vista hermosa (Meta), fue asesinado Giovanni Murillas, excombatiente fariano quien había decidido abandonar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en San José del Guaviare ante los incumplimientos del Gobierno nacional con los acuerdos de paz. El martes 14 de mayo fue asesinado Daniel Rojas, coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda López del municipio de Caloto, Norte del Cauca. Este mismo día fue asesinado Wilson Saavedra –excomandante del frente 21 de las Farc–, en Tuluá (Valle del Cauca).

 

* https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Publicado enColombia
Óscar Larrañaga, Movimiento de ciudad al atardecer, mixta sobre lienzo, 82 x 240 cm. (Cortesía del autor)
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

Consecuente con el discurso que agitó durante su campaña electoral y con los planteamientos de la coalición política que lo llevó al poder, así ha sido la  política internacional del presidente Iván Duque. Otra cosa han sido los resultados de tal política, que por ahora son bastante limitados, aunque su Gobierno todavía tiene tres años por delante. 

 

La orientación y diseño de la política internacional de Colombia es del fuero del Presidente de la República y, salvo por los enunciados generales, podría decirse que no existe una política internacional de Estado sino de gobierno. No sorprende entonces los virajes de la política de relaciones exteriores de un gobierno a otro, como ha sido el caso de Santos a Duque, reflejo a su vez de la polarización política que atraviesa el país. Desde luego, la política exterior también se mueve frente a un mapa geopolítico flexible y agitado como el de Estados Unidos, América Latina y también España, tratándose de los gobiernos y las regiones con las que tenemos mayor interrelación. Así, desde su posesión el 7 de agosto de 2018, en presencia de un número importante de homólogos que lo acompañaron, Iván Duque anunció las principales líneas de lo que sería su política exterior.

 

Sus prioridades

 

En primer lugar, el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos, privilegiando las relaciones bilaterales con el socio principal de Colombia. Históricamente las élites dirigentes han hecho de Colombia un aliado estratégico de los norteamericanos en América Latina. Sin embargo, el presidente Donald Trump venía expresando su disgusto por el aumento de la producción y exportación de narcóticos desde Colombia, lo cual podía desembocar en una crisis entre ambos países. Hoy, sin embargo, existe un terreno más favorable para las relaciones bilaterales por cuenta de las afinidades ideológicas entre Duque y Trump.

 

Dos, el rechazo al régimen de Daniel Ortega y las pretensiones territoriales de Nicaragua. Se trata de un punto muy álgido no sólo por el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le amputó a Colombia una parte de su plataforma marítima, sino también porque desde los sectores más radicales del Centro Democrático se criticó al gobierno de Santos por la estrategia jurídica desarrollada ante esa instancia internacional, de la cual Colombia decidió retirarse. Por eso, Duque inició su agenda de visitas al país en San Andrés. 

 

En tercer lugar, el “asunto Venezuela”, un punto de honor para Duque, quien rompió con el gobierno de Maduro y decidió liderar una campaña internacional encaminada a facilitar el cambio de gobierno en el país vecino y hermano. En las reuniones de Duque con Trump, el Grupo de Lima y líderes de la Comunidad Europea, así como en sus intervenciones en la OEA y en el Foro Económico Mundial, así como en los viajes del Canciller para reunirse con numerosas personalidades del campo internacional, incluyendo el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, la crisis venezolana ha estado al centro de la agenda.

 

En otro registro, el Presidente colombiano también se refirió al desarrollo de los lazos comerciales con la comunidad internacional y la búsqueda de capital e inversores, señalando en particular la importancia de España en la materia. La visita a Colombia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez reiteró la importancia de ese país como socio económico. A su vez, en la visita a Chile en noviembre, el jefe de la diplomacia colombiana confirmó el interés y la importancia para Colombia de la Alianza del Pacífico.

 

Finalmente, precedido por el discurso provocador del presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, contra todo el ejercicio de la administración Santos, Duque expresó de nuevo sus reparos al Acuerdo de Paz firmado con las Farc. El Presidente empezó así su mandato distanciándose del Acuerdo de Paz, un logro innegable del gobierno Santos también en materia de política exterior.

 

Para apuntalar esta agenda internacional el Presidente ha viajado oficialmente 17 veces al exterior, además de los numerosos desplazamientos de su canciller, Carlos Holmes. Estos viajes han suscitado críticas desde algunos sectores del país, aduciendo falta de planeación para los mismos, ausencia de liderazgo para sacar adelante los proyectos del gobierno ante el Congreso y los pocos resultados de estas giras, lo cual llevó al Canciller en días pasados a manifestar que hay una campaña internacional de desprestigio contra el presidente Duque. 

 

Un capítulo de esta política exterior merece ser destacado: el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Aunque el reconocimiento se dio al final del mandato Santos, la notificación al gobierno palestino se produjo recién posesionado Duque. Se inició entonces un debate mediático sobre la postura del gobierno colombiano pues el canciller Holmes anunció que examinaría cuidadosamente las implicaciones de tal reconocimiento en momentos en el presidente norteamericano había tomado graves medidas en contra de los intereses de Palestina. Se pensó entonces que la decisión del gobierno Santos sería reversada. Pero no sucedió así y Colombia pasó así a ser el último país de Suramérica en reconocer a Palestina como Estado.

 

Encontramos, por tanto, ciertos elementos de continuidad de la política exterior del gobierno precedente en política internacional, pero es claro el cambio de rumbo en otros asuntos clave de las relaciones internacionales: la lucha contra el narcotráfico, la agenda Venezuela y la política de paz llevada a los escenarios de la comunidad internacional.

 

Las Drogas, un dolor de cabeza para todos

 

La lucha contra las drogas sigue siendo el tema prioritario en las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de los gobiernos colombianos por “desnarcotizar” estas relaciones. En la primera reunión que sostuvieron los presidentes, Duque y Trump, la lucha contra las drogas ocupó el espacio central. Recordemos que el año anterior estas relaciones bilaterales corrían por mal momento e incluso el Presidente de los Estados Unidos amenazó con “descertificar” a Colombia si no lograba controlar el incremento de los cultivos ilícitos.

 

El gobierno del Presidente Santos pretendió darle una nueva lectura a la lucha contra las drogas, variando el enfoque represivo y prohibicionista con el que principalmente se ha tratado este grave problema. “Tenemos que avanzar en esta lucha con una mente más abierta. Tenemos que ser más inteligentes, más innovadores”, decía Santos en un período en que la comunidad internacional seguía atentamente al avance del Acuerdo de Paz con las Farc, las cuales financiaron en parte su guerra con los dineros del narcotráfico. Razón por la cual se aceptó la conexidad del delito de narcotráfico con el delito de rebelión.

 

Una nueva mirada se consideró necesaria bajo el gobierno de Santos para combatir el narcotráfico, entendiendo que los Estados afectados e involucrados tienen responsabilidad compartida y que en Colombia el fenómeno económico y social que lleva a ciertos sectores campesinos a cultivar la coca requiere de un tratamiento alternativo: incentivos a las familias campesinas cultivadoras de coca, para que la sustituyan por otros cultivos lícitos, y suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato a cambio de la erradicación manual.

 

Sin embargo, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que los cultivos ilícitos en Colombia habían alcanzado el número histórico de 209.000 hectáreas. El nuevo gobierno aprovechó el informe para cuestionar de nuevo los Acuerdos de Paz al plantear que el incremento de las hectáreas se había disparado a partir de que el gobierno Santos aceptó incluir en dichos acuerdos la propuesta de las Farc para que el Estado diese a las familias campesinas involucradas un aporte económico para la sustitución de los cultivos de coca, lo que se convirtió en un estímulo perverso. En la otra orilla, los partidarios de la erradicación manual y sustitución de cultivos, hicieron ver que todavía era muy pronto para decretar que esta estrategia no daba o no daría los resultados esperados. 

 

Luego de la primera reunión entre Duque y Trump, el presidente norteamericano se refirió nuevamente a la ineficiencia del gobierno colombiano para lograr la disminución de las áreas sembradas, declaraciones que generaron preocupación en el Gobierno y el establecimiento. Duque decidió dar un viraje a la política antidrogas diseñada durante el gobierno Santos y aunque reconoció que había de por medio un problema de salud pública con las comunidades que viven cerca de las zonas cocaleras, dispuso que el centro de gravedad de la lucha contra los cultivos ilícitos se basaría, principalmente, en la aspersión aérea con glifosato, junto con otras medidas. Inició así una campaña para que la Corte Constitucional revisara un veredicto que ordenaba al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión del programa de aspersión aérea de glifosato sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola, aunque hay que aclarar que dicha Sentencia se refería a un programa específico en un territorio indígena. Finalmente la Corte abrió la puerta para que, bajo ciertas condiciones, el Gobierno pueda hacer uso del glifosato en su estrategia anti-drogas. 

 

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han vuelto así a su cauce normal, al menos por ahora, tanto más que el Gobierno anunció recientemente que el ritmo de crecimiento de las hectáreas de coca cultivadas se había frenado y a su vez el Secretario de Estado norteamericano y el Ministro de Relaciones Exteriores colombiano anunciaron el compromiso mutuo para reducir a la mitad los cultivos ilícitos y la producción de cocaína para finales del 2023.

 

Venezuela, obsesión y desafío

 

Aunque el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado, son principios de la ONU y la OEA, instancias de las que hace parte Colombia, lo cierto es que este principio del derecho público internacional es cada vez más violado, infortunadamente, o inevitablemente según las nuevas teorías para un mundo globalizado. Y no faltan los argumentos de unos y otros para justificar lo que al final de cuentas es injerencia en los asuntos internos de otro país.

 

Es así como ante la profunda crisis de Venezuela, cuyo actual modelo económico es un fracaso, con todas las implicaciones para su pueblo, y cuyo gobierno ha desembocado en un régimen político autoritario y populista, con todas sus derivas en violación de derechos humanos y libertades cívicas y políticas, más allá de ello y sin respetar su soberanía como Estado-nación, Duque ha liderado una cruzada internacional para aislar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y facilitar que se produzca una transición hacia un gobierno surgido de elecciones libres, según sus propias declaraciones. Este objetivo es ni más ni menos uno de los componentes prioritarios de la actual política exterior del presidente Duque, al cual le ha dedicado tiempo y esfuerzo, convirtiéndose al parecer en una suerte de obsesión y desafío personal.

 

Uno de los primeros pasos de Duque fue no nombrar embajador en Venezuela, rompiendo en la práctica las relaciones diplomáticas con este país, y nombrar embajador en Washington a Francisco Santos, cuyas declaraciones en favor de una intervención militar en Venezuela si fuese necesario generaron el rechazo de amplios sectores en Colombia. Duque endureció, junto con su canciller Carlos Holmes, su lenguaje contra Maduro, asumiendo la retórica del anti-castrochavismo de los sectores más radicales del Centro Democrático. 

 

De cara a la opinión pública nacional, el presidente Duque anunció el apoyo a la denuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, al tiempo que visitaba la frontera con Venezuela en medio de una campaña mediática prometiendo medidas económicas y sociales de emergencia ante la llegada de cientos de miles de venezolanos huyendo de la crisis de su país y anunciando la creación de un fondo multilateral humanitario de ayuda para paliar el fenómeno migratorio.

 

En la escena internacional Duque y su Canciller también han actuado con intensidad para afianzar el cerco diplomático y las sanciones contra el gobierno vecino: lo primero fue la visita de Duque al presidente Trump para alinear su estrategia contra el gobierno de Nicolás Maduro y de apoyo a sus opositores. A la vez, el Presidente ordenó el retiro de Colombia de Unasur, organismo suramericano conformado por doce países, alegando que se “había convertido en un cómplice de la dictadura venezolana”. En su remplazo, Duque ha querido liderar el Grupo de Lima en el que participan gobiernos latinoamericanos que no han reconocido los últimos comicios en los que Maduro salió relecto presidente y, por el contrario, reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela, además de que proponen aumentar las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen de Maduro, las cuales terminan también, al final de cuentas, afectando al pueblo venezolano.

 

El gobierno colombiano ha desarrollado igualmente un fuerte cabildeo en la OEA, ONU, Unión Europea, Foro Económico Mundial y otros espacios internacionales, intentando darle piso político a su estrategia para “devolverle la democracia a Venezuela”. Ésta ha tenido por eje central conseguir el reconocimiento de Juan Guaidó como el nuevo presidente interino de Venezuela. El grupo de Lima, Estados Unidos y otro gran número de países le dieron entonces su respaldo a Guaidó con la esperanza de que a corto plazo –en cuestión de días decía Duque–, Maduro dejara el gobierno o sufriera la intervención de las Fuerzas Armadas venezolanas.

 

Pero no sucedió, no pasó nada, el Presidente de Venezuela encontró los recursos internos y externos para sostenerse, aunque el aislamiento y rechazo internacional del régimen bolivariano se amplió y la oposición venezolana ganó en espacio y protagonismo. Maduro ha aceptado recientemente que sus delegados se sienten de nuevo con los representantes de Guaidó, con el propósito de instalar “una mesa de trabajo continua y expedita” para llegar a “una solución acordada”. La decisión del gobierno de Maduro de volver a una negociación con la Oposición estaría reflejando que poco a poco las condiciones internas han ido cambiando en Venezuela y que la presión internacional va produciendo efecto. Podría decirse, entonces, que la política internacional del gobierno de Duque frente a Venezuela no le ha dado los resultados esperados en un principio, pero tampoco ha sido inocua o improductiva; en algo ha contribuido al cambio de situación a pesar de la negación de principios fundamentales para la convivencia pacífica entre Estados.

 

Los acuerdos de paz, sí pero no

 

En septiembre del año pasado Iván Duque debutó como presidente de Colombia en la Asamblea General de Naciones Unidas manifestando que “la paz es un objetivo de todos los colombianos”. Llegó al poder, con un país dividido prácticamente en partes iguales frente a los Acuerdos de Paz con las Farc, diciendo que haría modificaciones a esos acuerdos, las cuales en realidad no eran de poca monta. Pues una cosa es asegurar que “Este gobierno tiene un compromiso absoluto con que las personas que genuinamente le han apostado a la desmovilización, desarme, reinserción y reincorporación”, como lo hizo ante el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, y otra cosa, por ejemplo, son las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, parte sustancial de los Acuerdos firmados por el presidente Santos en nombre del Estado colombiano y no de un gobierno. Como se sabe, esas objeciones fueron rechazadas por el Congreso de la República, obligando al primer mandatario a firmar dicha ley en su versión original.

 

La comunidad internacional ha acompañado el proceso de paz. Las delegaciones de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de la ONU que han monitoreado los avances de los acuerdos han expresado su preocupación por el asesinato de excombatientes, cerca de 140, y el retraso de los proyectos de reincorporación, entre otros temas. Esta lectura es diferente a la expresada por el Secretario General de la OEA, por lo cual el movimiento ciudadano “Defendamos la Paz” le envió una carta reclamando por la percepción que tiene este organismo sobre la implementación de los Acuerdos, asegurando que no era cierto, como dijo Almagro, que el gobierno de Duque “ha hecho todo” por cumplir. La respuesta gubernamental no tardó, asegurando que el movimiento desconoce las “inmensas ejecutorias” de este gobierno comparadas con las del que lo antecedó. 

 

Queda claro que Duque ha tenido que incluir en su ejercicio diplomático temas que hubiese querido evitar, como el tema de la paz. En efecto, la política internacional está necesariamente ligada a la política interna, lo doméstico impone nuevas agendas a la política exterior. 

 

*Ingeniero. Consultor en Ciudades Inteligentes.

 


Artículos de esta edición:

 

Primer año: gobierno Iván Duque. Entre palabras y simulaciones

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37434-primer-ano-gobierno-ivan-duque-entre-palabras-y-simulaciones.html

Un año de medidas a favor de los poderosos

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37435-un-ano-de-medidas-a-favor-de-los-poderosos.html

"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37440-quieren-mas-paz-aqui-la-tienen.html

 

Cosmología y vida cotidiana

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37437-cosmologia-y-vida-cotidiana.html

 

Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

Publicado enColombia
Walter Tello, detalle (Cortesía del autor)
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

Dicen que “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”. Parodiando este refrán, es posible aseverar que “no hay peor ignorante que aquel que no quiere aprender”. Uno y otro resumen de manera meridiana la manera como el poder realmente existente en Colombia encaró –y continúa encarando– la extradición de connacionales hacia los Estados Unidos desde hace cerca de cuatro décadas.


En la memoria nacional todavía anida, no sin estupor, la ofensiva de los narcos con secuestros selectivos para afectar y presionar de manera puntual a factores del poder tradicional: bombas que, más allá de sus destinatarios específicos, produjeron decenas de víctimas de simples transeúntes o trabajadores de ciertas empresas, que nada tenían que ver con el propósito de las mismas; atentados contra políticos, jueces, agentes de inteligencia y otros, así como la lapidaria frase: “Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”.


Era aquella una ofensiva prolongada por varios años y que resumía la respuesta de los ‘emergentes’ ante la autorización de la extradición, en 1985, por parte del gobierno de Belisario Betancur. Una luz verde encendida por el poder tradicional vigente en nuestro país, que desde entonces no cesa de decir que esa es la mejor manera de enfrentar el narcotráfico. Un poder entremezclado desde sus primeros asomos con quienes en forma rápida amasan una inmensa fortuna que deben legalizar –lavar–, para lo cual numerosos bancos disponen sus conductos, así como el propio establecimiento a través de la llamada “ventanilla siniestra”, abierta en el Banco de la República, con el favor de industriales que les importan las materias primas necesarias para transformar la coca en cocaína, o simplemente al realizar lucrativos negocios con quienes querían alardear de su inesperada riqueza, compra-ventas concretadas en la transacción de infinidad de muebles e inmuebles –como cuadros y obras de arte en general–, así como aceptando su dinero para aceitar las campañas electorales.


Se establecía así una relación poder-narcos por conveniencia, como lo recuerda, además, el nacimiento de “Muerte a Secuestradores” (MAS), aparato armado que estructuran sicarios al servicio de un amplio número de mafiosos, reunidos para enfrentar a quienes atentaban contra sus intereses, teniendo como referente inicial el secuestro por parte del M-19 de Marta Nieves, integrante de la familia Ochoa, parte relevante del Cartel de Medellín. El aparato armado se utiliza desde ese momento por el ejército colombiano, como lo testifican algunos integrantes de la otrora guerrilla nacionalista que fueron secuestrados por el MAS para aparecer posteriormente torturados en Bogotá en las caballerizas de Usaquén. Es la dupla de la mafia –poder en cierne– y el poder tradicional, entrelazados por un mismo enemigo y objetivo.


Aquel aparato armado es, a la luz del tiempo, una especie de antesala y base de lo que luego sería conocido como paramilitarismo: ejército financiado por la mafia y puesto al servicio del poder dominante en Colombia para llevar a cabo todas las operaciones –inicialmente clandestinas– que la fuerza oficial no debía ejecutar de manera abierta y permanente.


Como lo testifican infinidad de sucesos, la mafia y sus efectivos militares –transformados en fuerza rural de combate, por la decisión estratégica de factores del poder tradicional, como el generalato colombiano, los terratenientes, políticos de primer nivel, gobernantes de diferentes instancias, obispos y otros– terminan como brazo armado, no ya para la protección y la defensa de sus familias e intereses sino para la defensa del poder tradicional, el mismo que, finalmente, una vez aquellos cumplen con su trabajo sucio –asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar, robar, atemorizar, concentrar aún más la propiedad de la tierra–, los niega y desprecia, actuando en este caso tal como ha procedido siempre con todos sus sirvientes.


Desde aquellos años, la ecuación extradición–cultivos de coca y su transformación en cocaína, así como su exportación a otros países, de manera relevante a los Estados Unidos, no muestra efecto alguno: ni los cultivos de coca dejan de crecer en cantidad de hectáreas utilizadas para ello ni las toneladas de coca se comprimen ni los millones de dólares dejan de ingresar al país.


Así, por ejemplo, en 1991 el país registra 37.500 hectáreas dedicadas a tal siembra, 10 años después ya eran 144.800, para el 2011 decaen a 83.000, estirándose tras otros seis años –último reporte en línea– a 209.000, pasando de un potencial de producción de toneladas métricas de cocaína de 320 en 2008 a 921 en 2017.


De manera contradictoria, durante estos mismos años los gobernantes de turno autorizaron la extradición de no menos de 2.423 connacionales, la mayoría de ellos durante los gobiernos de Álvaro Uribe –1.149– y Juan Manuel Santos –1.200–, quien no dudó en hacer ostentación de ello: “(hemos extraditado) ¡más que ningún otro gobierno!” (1).


A la luz de estos resultados –sin considerar los miles de muertos, violentados, presos, desaparecidos, desplazados– y de la confiscación de embarques, por acción de la llamada “guerra contra las drogas”, es necesario preguntar: ¿Dónde está la efectividad de la extradición? ¿Por qué no decae el negocio que dice combatir? ¿Por qué el establecimiento continúa aferrado a una estrategia totalmente inocua?


Esa estrategia que está en contravía de la lógica del capital, aquella que indica que donde existe demanda hay oferta; demanda que, como en todo mercado, hace fluctuar los precios, en este caso también por calidad y/o pureza, oportunidad, incluyendo un factor que finalmente inclina la balanza: el riesgo –ligado a su prohibición–, lo que le abre campo a la especulación en el extremo de la cadena, cuando ya está el producto al por menor ante el consumidor.


Estrategia de criminalización, que, además, no repara en el factor natural que motiva a quienes, como campesinos, ven en la siembra de la coca una oportunidad para mejorar sus menguados ingresos, en un ejercicio agropecuario en el cual no están obligados a desplazarse cientos de kilómetros con su producto en procura de un posible comprador, que tal vez no esté dispuesto a adquirir el producto o que tal vez le quiebre el precio de su cosecha ante la abundancia de la misma.


Choca esta estrategia estatal de poder y violencia, nacional y extranacional, contra la realidad del mercado, como acaba de suceder en México, donde los campesinos cultivadores de amapola ven cómo el negocio desaparece como producto del mercado gringo inundado por fentanyl, sustancia química “[…] que produce los mismos efectos que la heroína natural, pero 10 veces más poderosa, cuesta la tercera parte y su saldo es fatal. En Estados Unidos, por el uso de fentanyl, mueren al año entre 35 mil y 45 mil personas” (2). Inundado por esta droga, el mercado “[…] trajo consigo la debacle de las cosechas de amapola a lo largo de todo el territorio mexicano. La razón es estrictamente económica: la caída del precio del kilogramo de la goma de mil 350 a 300 dólares (aproximadamente). La cantidad no alcanza ni para cubrir los gastos de la siembra”.


Resultado final de aquellas circunstancias: la erradicación de la amapola, imposible para el ejército, el gobierno mexicano y la DEA, lo consiguió en pocos meses el mercado. Lo mismo ha resultado con la marihuana, ahora en competencia con la producción local de Estados Unidos y su legalización en varios estados de la Unión, así como en diversidad de países que ven en tal mecanismo la mejor estrategia para desinflar un negocio que da pie al fortalecimiento de las mafias, así como al debilitamiento del establecimiento, producto de la violencia creciente que propicia y de la corrupción que alimenta.


Así, en contra de la realidad del mercado, de la naturaleza y de la vida misma, vuelve una y otra vez el interrogante ¿Por qué persisten con la extradición?


Años 80 del siglo XX


No está de más recordar que, cuando Richard Nixon acuña la expresión “Guerra contra las drogas”, lo hace en contravía de las conclusiones de la Comisión Shafer –que había sido conformada para evaluar las relaciones de la drogadicción con las diversas formas de criminalidad en los Estados Unidos–, que no vio relación directa alguna entre consumo de psicotrópicos y delito. Un acto bélico convertido posteriormente en “Guerra contra el terrorismo” sería el sucedáneo que llenaba el vacío de un “enemigo de la civilización” derrotable.


Para nuestra desgracia, ‘emprendedores’ colombianos, finalizando los 70, vieron que el comercio ilegal de psicotrópicos en Estados Unidos era un gran negocio, y que tanto la marihuana –especialmente la sembrada en La Guajira– como la hoja de coca contaban con ecosistemas favorables para su siembra, conformando un vector sinérgico para la generación de enormes ganancias que los llevaron a posicionarse rápidamente como líderes de ese comercio.


Cuando el narcotráfico mostró inicial y desenfrenadamente su poderío en Colombia, corrían los primeros años de la década del 80 del siglo XX, tiempo para el cual nuestra sociedad acumulaba en sus entrañas la lava de un volcán social. Así lo reflejaba la aparición de paros, sobre todo cívicos, que se multiplicaban a lo largo y ancho de su territorio; el descontento social propiciaba el crecimiento de las guerrillas urbanas y rurales, que, tras una quimera socialista y/o nacionalista insuflaba la imaginación y la multiplicación de las energías de miles de jóvenes y no tanto; la coordinación de variados movimientos sociales proyectaba la imagen de una capacidad de acción y de confrontación del poder tradicional por parte de los negados de siempre: la constitución de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), así como de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al tiempo de la inicial coordinación de movimientos por el derecho a la ciudad. La superación de la dispersa acción insurgente, como Coordinadora Guerrillera de Colombia, no estaba por fuera de esa dinámica.


La confianza de que una Colombia de nuevo tipo estaba por tomar forma también encontraba aire, por un lado en la incapacidad del régimen político para desmontar el descontento social y, por otra, en el por entonces reciente triunfo sandinista contra la dictadura somocista, pero también en los avances de la guerrilla salvadoreña. Una América insurgente ganaba espacio y audiencia tras una movilización por ideales de justicia e igualdad.


En tales circunstancias, la emergencia del narcotráfico como opción efectiva para resolver aquí y ahora, no en un tiempo impreciso –en este caso de manera individual y no colectiva–, las necesidades familiares, sobre todo de casa, así como el goce diario del dinero que no falta, aparece como el camino por seguir, tras el cual se desfoga en un principio un considerable porcentaje de jóvenes, en particular de Medellín y Cali. La escalada violenta que coparía varias de las principales ciudades del país, primero con acciones de las bandas mafiosas contra representantes del poder tradicional, luego contra las fuerzas de policía, y después entre los propios carteles –en particular el de Medellín y el de Cali–, termina por desestructurar tejidos sociales construidos en décadas de resistencia social por un país de nuevo tipo.


Tras aquello, en particular la guerra vivida en comunas y barrios populares de Medellín, entre milicias guerrilleras y bandas al servicio del narcotráfico, potenciadas con el apoyo del aparato armado oficial, termina por hacerse evidente –para el poder tradicional, criollo e internacional– la capacidad de control político y destructiva del tejido social desprendido del narcotráfico, en toda la extensión de su palabra y proceder.


Pasados los años, una vez derrotadas las milicias de corte insurgente en Medellín, e impuesto el reino paramilitar, y con éste el imperio de las “fronteras invisibles”, queda sellada la destrucción de la organización comunitaria. La extensión de tal fenómeno por barriadas populares de Cali, Bogotá y otras de nuestras principales ciudades, a la par de multiplicar el negocio del menudeo de estupefacientes, conlleva, con conciencia o sin ella, iguales resultados. Cárceles hacinadas por jóvenes, muchos de ellos asesinados en su interior, adictos en su gran mayoría a algún psicoactivo, así como al alcohol, terminan por darle forma al círculo “vive pronto y muere”, imaginario cultural que es propiciado por un modelo de control social que potencia el individualismo, afinca la vida en el presente, y rompe con el futuro por construir y vivir.


El narcotráfico al servicio del poder, que por extensas regiones rurales de la patria dejó una estela de terror, despojo y desplazados, transforma por muchos años el mapa del poder territorial, también como producto de la destrucción del tejido social hilado a lo largo de décadas de lucha campesina por el derecho a la tierra y una vida digna.


Se hace evidente entonces la capacidad destructiva del narcotráfico, a la vez que de control político, leída e interpretada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que no sólo utilizaron a los narcotraficantes colombianos para reunir los dineros necesarios para llevar a cabo sus operaciones secretas –caso Irangate– (3) sino que además inundaron las barriadas populares de ciudades como Los Ángeles, con la clara conciencia de drogar y volver adicta a la población negra allí residente, que también terminó por perder el foco de la organización colectiva para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida, así como el referente de la necesaria destrucción del sistema que los niega y oprime, para un porcentaje importante de ellos pasar a inundar el sistema carcelario de su país, como lo testimonió en sus reportajes sobre este tema, y el posterior libro Alianza oscura, el laureado y ‘suicidado’ Gary Webb (4).


Son estas mismas agencias de espionaje de Estados Unidos, en especial la DEA, las que en todo momento buscan infiltrar y controlar el mercado de narcóticos, conservando bajo su manga la amenaza de la extradición de sindicados por comerciar con narcóticos con destino a aquel país, en una estrategia que terminó por convertirse en mecanismo para negociar con los capturados el precio de su libertad, que se hace efectiva tras el pago de pocos años de encierro y la confiscación de bienes, entrega de rutas y delación de conocidos incursos en el negocio. La verdad sobre la guerra y sus víctimas –por ejemplo, para el caso de paramilitares extraditados– poco les interesa o la acumulan para cuando requieran apretarles el cuello a ciertos personajes del país, garantizando así la sumisión en las esferas del alto gobierno, como en las Fuerzas Armadas y otros factores del poder realmente existente y dominante.


Esa sumisión asume rasgos grotescos, como en el caso del actual procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien en defensa de su apelación a la decisión de la JEP de negar la extradición de Jesús Santrich, en forma vehemente y sin timideces dice defender los intereses judiciales de los Estados Unidos: “No es, y perdónenme la analogía, el papelito de un funcionario de tercera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un documento formal que tiene fuerza y cuya legalidad estamos defendiendo”, como una muestra más de que, en los procesos de extradición –como en muchos otros de diferente índole–, los agentes del Estado colombiano no son más que dóciles ejecutores de los dictados extranjeros.


La pregunta no tarda en aparecer: ¿Si han capturado una cantidad creciente de narcos, con los cuales concretan tal estrategia de negociación, cómo es que la DEA no controla todas las rutas e intersticios del negocio que dice combatir, acabando de una vez y para siempre con el mismo? ¿Acaso estamos ante el juego del gato y el ratón, en el cual el felino no destruye su presa para que el juego no llegue pronto a su fin?


Estamos ante una estrategia que, luego de procesada en todas sus variables, es trasladada y copiada para realidades similares a las de Colombia, como México, donde el poder de los carteles del narcotráfico, con iguales y peores prácticas que las copiadas a sus pares suramericanos, arrolla como un tsunami, llevándose a su paso el tejido social, extendiendo el miedo por doquier, desuniendo, hastiando a su población sometida a una violencia sin límite, fijándoles frontera a los poderes insurgentes venidos de abajo, debilitando su gobierno nacional, quebrando la moralidad y la ética ante el atractivo del billete del vecino del norte.


Poco a poco, la estrategia muestra raíces en Argentina y otros países de la región, todo con una clara pretensión: arruinar el tejido social y solidario para desvirtuar con ello la esperanza en un cambio del sistema sociopolítico. La experiencia adquirida con la extradición de colombianos lleva ahora, cuando ven que el imperio afronta revalidad global, a fortalecer la idea del derecho del sistema judicial estadounidense a la extraterritorialidad, que en el caso del fifagate y ahora con Julian Assange y Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, señala su proyección como una forma de intimidación y, por tanto, de control del comportamiento de cualquier persona por fuera de sus fronteras.


La estrategia de dominio político y control social, de destrucción de referentes colectivos, de proyección de temor y desconfianza en la vida diaria, en que cada uno debe resolver lo suyo sin pensar en los demás, pasa a ser utilizada en la lucha contra la propia insurgencia, ahora como un recurso de “lucha contra el terrorismo”, extendido para el caso de los Acuerdos de Paz firmados en Colombia como un recurso para explosionarlos.


Son entonces, narcotráfico y extradición, una realidad social y económica, utilizada además como estrategia en la geopolítica del poder global, en la que nuestro país actúa, como en otros muchos sucesos, como simple peón.


1. Palabras del presidente Juan Manuel Santos en el balance del sector de infraestructura y vivienda. 14 de marzo de 2017.
2. Semo, Ilán, “Lo que el opio se llevó”, La Jornada, México,mayo 18 de 2019.
3. Estalla el Irangate, https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20161125/412132963656/irangate-oliver-north-venta-armas.html
4. En agosto de 1996, Webb, con una serie de reportajes sobre el tráfico de drogas entre Estados Unidos y Nicaragua, reveló cómo la CIA vendió toneladas de crack en los barrios de Los Ángeles y utilizó ese dinero de comercio criminal para financiar las operaciones de la contra nicaragüense, que trataba entonces de derrumbar al gobierno sandinista en Nicaragua. Webb hizo esos trabajos con abundantes entrevistas a narcotraficantes hoy detenidos en Estados Unidos (entre ellos, uno a quien llaman Ricky Ross, uno de los más grandes narcos de la costa oeste) y con agentes de la DEA. Webb recibió en 1990, con el diario San José Mercury News, el Premio Pulitzer (máximo galardón anual para los periodistas de Estados Unidos).

 


Extradición en Colombia

 

¿Herramienta de justicia?




por Enrique Santos Molano



El Tratado vigente de Extradición entre Colombia y Estados Unidos se firmó en Washington el 14 de septiembre de 1979 por el embajador Virgilio Barco Vargas y el secretario de Estado, Cyrus Vance. En él se contempla la extradición a Estados Unidos de colombianos solicitados por la justicia de aquel país en razón de que estuvieran sindicados de delitos de narcotráfico, lavado de dinero o cualesquiera otros que se hubieran cometido dentro de la Unión Americana, o que de alguna manera afectaran sus intereses económicos y sociales.


El Congreso colombiano aprobó en 1980 la Ley 27, que incorpora el Tratado de 1979 a la legislación nacional, pero el presidente Belisario Betancur, al asumir en 1982, declaró que por motivos filosóficos no aplicaría la extradición de colombianos. En efecto, negó varias solicitudes de extradición formuladas por los Estados Unidos. El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (abril de 1984), por orden del cartel de Medellín (contra el que Lara había emprendido una persecución en regla), hizo que Betancur cambiara de filosofía y ordenara aplicar “con todo rigor” el Tratado de 1979. En 1985 fueron extraditados a Estados Unidos los primeros cinco colombianos, entre ellos el presidente del Club Atlético Nacional, Hernán Botero Moreno, a quien Lara había señalado de utilizar el Club para lavado de dinero.


Los capos del Cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar Gaviria, se agruparon en una sociedad criminal de tipo ideológico (“Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”), denominada “Los Extraditables”. Tal sociedad tenía por objeto procurar la derogación de la Ley 27 y echar abajo el Tratado de Extradición. Al fallar una demanda contra la citada ley, la Corte Suprema de Justicia la declaró inexequible en 1986 por vicios de forma y violaciones de fondo a la Constitución, que ese año celebraba su centenario en medio de una crisis política, social y económica, derivada de la guerra de Los Extraditables contra el Estado colombiano, conflicto que había dejado un número de víctimas aterrador, aunque no todas atribuibles a Los Extraditables, pues la mayoría de los líderes políticos y defensores de Derechos Humanos que cayeron en esa época (1984-1986) fueron asesinados por motivos puramente políticos, distintos de la extradición, y por elementos paramilitares formados para hacer que fracasaran las conversaciones de paz iniciadas en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc.


Al asumir en 1986 la presidencia, Virgilio Barco, quien como embajador de Colombia firmara en Washington el Tratado de Extradición de 1979, declaró que la inexequibilidad de la Ley 27 de 1980 no le ataría las manos, y que utilizaría las normas del Estado de Sitio para aplicar la extradición por vía administrativa. Tal decisión mereció el aplauso del gobierno estadounidense pero reactivó la guerra de Los Extraditables, que, mezclada con la guerra paralela de los paramilitares contra la guerrilla y los movimientos de izquierda política, originó una nueva temporada de crimen, terrorismo, secuestros, crisis y confusión. Finalmente, la Asamblea Constituyente de 1991 elevó a norma constitucional la prohibición de extraditar colombianos. Eso sí, puso fin a la guerra de los narcos, y también fue el punto de partida de nuevas crisis políticas, económicas y sociales. Las presiones del gobierno de Estados Unidos consiguieron que una ley del Congreso restituyera la extradición en 1997 aunque con carácter no retroactivo, lo que no satisfizo por completo las aspiraciones del entonces embajador en Colombia, Miles Frechette, quien consideraba indispensable el carácter retroactivo de la misma.


Muchos colombianos han sido extraditados desde 1985 hasta hoy, al socaire del tratado de 1979. Muchos de ellos todavía purgan sus penas en cárceles de los Estados Unidos, generando dolor, miseria y muerte. La pregunta es si ha servido efectivamente como herramienta de apoyo eficaz a la justicia y al Estado colombiano en la guerra contra el narcotráfico y otros delitos, o es un instrumento más que refuerza la intromisión de una potencia extranjera en la política y los asuntos internos de Colombia. Si observamos bien, en el curso de las últimas tres décadas las actividades del narcotráfico no han disminuido y, además, en la práctica se han adueñado del país, y se extienden a otras naciones de Latinoamérica, como México y Argentina.


Asimismo, si vemos que la mayoría de los crímenes (un 90 por ciento) de diversa índole que se cometen en Colombia quedan en la impunidad, tristemente la respuesta es negativa en el primer interrogante y positiva en el segundo. Así nos lo demuestra la reciente crisis generada por la extradición, como en el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, desmovilizado por los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y la hoy extinta guerrilla de las Farc, que ha enfrentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el Gobierno, la Fiscalía y la embajada de Estados Unidos, cuyo fondo oculto parece ser el de acabar con la JEP y con los Acuerdos de Paz, e imposibilitar el posconflicto.

Publicado enColombia
Viernes, 27 Diciembre 2019 06:00

Matar, negar…y objetar

Matar, negar…y objetar
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

“No tenemos ojos, ni corazón ni conciencia para mirarnos en el espejo roto de la guerra. De botas, armas, viudas y huérfanos llenaron esta tierra, que muy rápido cambió de dueños. No nos conmovieron los muertos, tampoco los mutilados ni las lágrimas que inundan los caminos del destierro y el despojo de miles de familias del campo. Crecieron las ciudades, también las injusticias, y las manos manchadas de sangre”.

Jesús Abad Colorado (retratista de la guerra)

Tan sólo dos semanas después que Iván Duque anunciara la objeción de seis artículos de la Justicia Especial para la paz (JEP) –en otro intento de desestructuración de los acuerdos suscritos para poner fin al conflicto armado con las Farc–, la Cruz Roja publicó el balance del 2018 sobre derechos humanos titulado Retos humanitarios 2019, en el que afirma que “La realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el ELN, el EPL, las AGC y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”. Denuncia en su informe esta entidad, asimismo, que en el último año el número de desplazados pasó de 14.594 a 27.780, así como que cada cuatro días es registrado un nuevo caso de desaparición forzada.

El anuncio presidencial, en contraste con el de la organización internacional, es muestra, una vez más, de la marcada bipolaridad que padece el país entre una realidad innegable de inusitada violencia, por un lado, y la negación de su existencia o el sabotaje a los intentos de su superación, del otro, y que ha determinado la simultaneidad y, seguramente, la complementariedad, entre una formalidad de aparente estabilidad política y un amplio espectro de cruentas y sistemáticas prácticas que incluye masacres, desplazamientos, asesinatos fuera de combate y desapariciones forzadas. En el mundo imaginario de la “normalidad” viven políticos, académicos y los sectores de la población con mejores ingresos, pues escapan a los rigores directos del conflicto; en el de la realidad del atropello, los grupos subordinados que son quienes los sufren.

“Colombia asesina”

En noviembre 20 de 1986, el conocido historiador británico Eric J. Hobsbawm publicó, en New York Review of Books, un artículo titulado ‘Colombia asesina’. El escrito fue escrito al cumplirse un año de la tragedia de Armero, en la que la negligencia oficial –algunas versiones sostienen que no fue negligencia sino un hecho criminal consciente para evitar el problema social que representaba evacuar sus 25.000 habitantes– tuvo como resultado la muerte de más de 23.000 personas, y también al año de la toma del Palacio de Justicia, que tuvo un saldo cercano a los cien muertos, incluida la plana mayor de la Corte Suprema de Justicia. En ese artículo, más allá de los reparos que puedan hacérsele a muchas de sus observaciones, Hobsbawm señala que: “La cohesión de la oligarquía y su auténtica adhesión a una constitución electoral, ha garantizado que el país no haya sido víctima, prácticamente nunca, de las usuales dictaduras o juntas militares latinoamericanas; pero el precio ha sido baños de sangre endémicos y, a veces, epidémicos”; argumentando llamativamente la existencia de una relación causal entre ‘democracia formal’ y ‘baños de sangre’, que por ser tan acentuada exige, por lo menos, un esbozo de exploración.

En ese sentido, y según el informe Basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre la década de los ochenta del siglo pasado –período de la publicación del artículo de Hobsbaum– y el 2012, la “normalidad” institucional fue acompañada de 1.962 masacres, 23.161 víctimas en asesinatos selectivos, 25.007 desapariciones forzadas (número que supera el de las dictaduras del Conos Sur), 6.433.115 desplazados, y más de 8 millones de hectáreas despojadas. De los episodios de violencia, en 588 eventos fueron contadas 1.530 personas víctimas de objeto de sevicia, sufriendo torturas tales como degollamiento, descuartizamiento, decapitación, evisceración, incineración, castración, violación, empalamiento o quemaduras, entre otras prácticas, perpetradas con el explícito propósito de aterrorizar la población. Estas cifras, aún para nuestros estándares de crueldad y de violencia endémica, son alucinantes, pese a lo cual, buena parte de la academia y los columnistas oficiosos de los periódicos las minimizan, cuando no es que recurren a la negación absoluta.

“Acá no pasa nada”

A raíz de la publicación del libro Paz en la república –editado por Margarita Garrido, Carlos Camacho y Daniel Gutiérrez–, en el que son contados catorce años de guerra en el país durante el período que va de 1932 a 1946, algunos académicos, incluidos los editores, buscan afirmar que es un mito decir que hemos vivido sumidos en un conflicto. Como eco de las reseñas hechas al libro, por ejemplo, el columnista Eduardo Posada Carbó (El Tiempo, 21-03-2019), inicialmente, y luego Santiago Montenegro (El Espectador, 25-03-2019), lamentan que nuestra historiografía haya hecho un lugar común de la idea que Colombia es un país violento. Se trataría tan sólo de un mito, según ellos, del que debemos desprendernos pues nuestro transcurrir, en ese sentido, es comparable con el resto de países hispanoamericanos.

Sin embargo, la comparación con las naciones de nuestro entorno luce demasiado forzada si miramos los argumentos del columnista Posada Carbó, quien escribe “José Gil Fortoul contó once revoluciones armadas en Venezuela tan solo entre 1830 y 1856. Apenas en un año, 1868, Argentina habría sufrido 117 revoluciones”, pues, 117 revoluciones armadas en un año (conflictos cuya duración promedio sería, entonces, de 3,1 días) no son, ni mucho menos, guerras, como es el caso de Colombia en el que, independientemente del tamaño de los ejércitos y la duración de los conflictos, a los enfrentamientos nadie ha dudado en calificarlos de eso, de guerras. Los golpes de Estado, que sirven para que la academia colombiana quiera decir que no somos ninguna excepción en el continente, no son confrontaciones entre ejércitos, con contadas excepciones y, por tanto, usarlas para negar nuestra particular situación no es otra cosa que negacionismo en el sentido más estricto de la palabra.

El hecho mismo que durante el 14 por ciento de un siglo haya habido enfrentamientos debería inquietarnos, pero el mensaje de los académicos es el de que debemos minimizar tal hecho. Sin embargo, las cifras sobre el siglo XIX dicen más, pues desde 1839, año en que estalló la primera guerra civil en la Colombia republicana hasta 1902, año de culminación de la última confrontación armada comenzada en dicho siglo, es decir, en el lapso de 63 años, los catorce contabilizados por esos mismos autores, representan casi un cuarto del período, ¿es esa una cifra para mirar con menosprecio? Ahora bien, cortar el estudio en 1946 le ahorra a los académicos toda una serie de problemas, pues ¿cómo caracterizar los 70 años posteriores? Si asumimos la acepción de “guerra civil no declarada” para el período que sigue al asesinato de Gaitán, de los 180 años que median entre 1839, inicio de la Guerra de los Supremos y 2019, tendríamos un total de 87 años de guerra, poco más del 48 por ciento del período, que no es algo equiparable con ningún país de nuestro entorno. Las únicas salidas para la academia negacionista son, entonces, obviar la última etapa de nuestro discurrir histórico o seguir los argumentos de los seguidores del llamado Centro Democrático y negar el conflicto.

De otro lado, impugnar las causas sociales de la guerra en Colombia, es también un ejercicio que busca imponerse. El mencionado columnista Montenegro escribe al respecto “Ya en los años 90, Fernando Gaitán Daza había planteado que Colombia no había sido un país tan violento como muchos decían y, además, había argumentado también que la violencia no tenía relación con la pobreza o con la distribución del ingreso”, es decir, que nuestras guerras son hechos sociales sin explicación social, en una paradoja sin sentido. Pretender negar el conflicto o su importancia con argumentos como el de que países con desmedidos niveles de pobreza y concentraciones elevadas del ingreso como el nuestro no han tenido guerras, o que cuando fueron fundadas las Farc y el Eln había también jóvenes que escuchaban rock o creaban el movimiento nadaísta, es una muestra abrumadora de la simpleza del negacionismo. Éste, en la academia, no es otra cosa que el correlato de la impunidad en los tribunales.

Enemigo interno, bandidos e identidad nacional

El sociólogo greco-francés Nicos Poulantzas, en su obra clásica Estado, poder y socialismo afirma que las fronteras y el territorio del Estado no son previos a su constitución, sino que uno y otro van conformándose en un proceso de retroalimentación y consolidación. Pues bien, que el territorio colombiano haya ido encogiéndose con el tiempo va más allá de la simple metáfora sobre la involución continuada en que ha ido convirtiéndose nuestro devenir histórico. En efecto, la delimitación fronteriza de los países latinoamericanos tuvo como base el llamado Utis Possidetis Juris, fundado en la demarcación territorial del imperio español durante la Colonia, que establecía para la Nueva Granada dos millones de kilómetros cuadrados, que con los sucesivos tratados fronterizos entreguistas fue reducido a los actuales poco más de millón cien mil, en una muestra que a diferencia del común de los Estados-Nación, Colombia no ha tenido en sus relaciones con los “otros transfronterizos”, el principio de su afirmación, no ha tenido en realidad fronteras, y por tanto ha carecido de cuerpo e identidad. De tal suerte que las ocho guerras civiles del siglo XIX y la guerra civil no declarada que comenzó a mediados del siglo XX –y que ahora pretenden ser negadas o minimizadas–, son un fuerte indicio que la constitución del Estado colombiano ha tenido lugar a través de la construcción del enemigo interno.

Giorgio Agamben, en su conocido Homo Sacer, recuerda cómo en el primitivo derecho germánico, contrariamente al derecho romano, el concepto de paz (fried) estaba construido sobre la exclusión del malhechor, el bandido (Friedlos), el sin paz, al que podía darse muerte sin cometer homicidio. Pues bien, el carácter sacrificial asumido por la violencia en Colombia da pistas que a los intereses económicos –en lo esencial sobre la propiedad de la tierra–, debemos sumarle un sentido simbólico en el que la eliminación del Otro adquiere un sentido fundante de la afirmación de lo propio. La paz de unos no puede existir, para ese marco ideológico y cultural, sin la existencia de los “sin paz”, los “bandidos”, cuya exclusión los convierte en sacrificables. En el capítulo noveno del libro de Fals Borda, Guzman Campos y Umaña Luna, La violencia en Colombia –titulado Tanatomía–, los autores enumeran prácticas como el descuartizamiento, la emasculación, los “cortes” entre los que enumeran el de ‘franela’, ‘corbata”, de ‘mica’, ‘francés’, que tenían en común la profanación del cadáver. Igualmente señalan como en el lenguaje de la violencia fueron expresiones comunes ‘Picar para tamal’, ‘bocachiquiar’ o ‘no dejar ni semilla’, esto último, testimonio de que el asesinato de infantes ha sido un hecho sistemático del terrorismo represivo sobre la población. Prácticas que no sólo fueron replicadas en la guerra iniciada en la década de los sesenta sino que fueron ampliadas por los paramilitares desde los años noventa del siglo XX con la conversión, por ejemplo, de las cabezas de los decapitados en pelotas de juego. ¿Lugar común? ¿Mito? No. Realidad documentada.

Otro aspecto señalado por los negacionistas en su supuesta “desmitificación de la violencia”, es el de afirmar que no existe ninguna línea de continuidad entre las guerras del siglo XIX, la etapa de la guerra civil inter-partidaria (liberal-conservadora) y la aparición de las guerrillas con ideología clasista. Pero, ¿es que acaso esos diferentes conflictos no han estado atravesados por los intereses sobre la propiedad de la tierra, de un lado, y del otro la tensión entre los poderes centrales y los poderes regionales? ¿no ha sido un lugar común que cómo agente de la violencia el latifundismo armado haya estado siempre presente? La acumulación de tierras como refugio seguro y valorizable de los excedentes ociosos de la acumulación y prueba inequívoca de la incapacidad de los sectores dominantes de generar inversiones productivas ha estado en la raíz de los despojos a bala de las tierras campesinas.

Entre enero de 2016 y marzo de 2019 fueron asesinados 500 líderes locales, testimoniando que los contradictores del patrimonio improductivo son los voceros de las comunidades que reclaman contra el despojo y luchan por su vida en los campos colombianos. Negar que en todos los conflictos enfrentados durante la vida republicana sí existe un hilo conductor que los une y que está representado por el latifundismo armado es la peor forma del negacionismo, pues al ocultar las raíces de los intereses que alimentan la violencia, bloquean los principios de su solución.

Los intentos de excluir a los militares de la JEP y las discusiones alrededor de los requisitos para aceptar los terceros civiles, muestran las complicaciones existentes en el país para alcanzar un esbozo de verdad sobre lo acontecido, pero también son indicio de cómo la llamada normalidad democrática no es más que la contracara del conflicto. Empresarios, Iglesia y academia buscan excluirse de cualquier responsabilidad, y recurren a la argucia de autonombrarse víctimas o agentes neutrales. En el reciente libro del escritor francés, Frédéric Martel, Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano, son reeditados señalamientos contra el fallecido cardenal Alfonso López Trujillo, en los que a las acusaciones de pedofilia, son sumadas las de señalar a curas simpatizantes de la llamada Teología de la Liberación, para su persecución y ejecución. Estas acusaciones no son asunto nuevo, pues en 1996 el periodista Hernando Salazar Palacio en su libro La guerra secreta del cardenal López Trujillo, las reseñaba, así como tampoco son de reciente data ni aclaradas las afirmaciones de “Don Berna” sobre que el obispo Isaías Duarte Cancino fue uno de los ideólogos del paramilitarismo. Pero, el papel de la Iglesia en la violencia no es algo nuevo, y ha sido también común en la historia de los conflictos, para lo cual basta revisar el trabajo reciente de la Pacific School of Religion de Berkeley, Casos de implicación de la iglesia en la violencia en Colombia, donde puede revisarse una lista de intolerantes y de las razones de la intolerancia de esa comunidad religiosa. Ahora bien, dado que el director de la Comisión de la Verdad es un sacerdote jesuita ¿no parece aún más necesario que ante la JEP den confesión de verdad clérigos de esa religión?

Los saboteadores del proceso con las Farc han logrado que el acuerdo de paz entre contendientes haya sido, de hecho, convertido en texto de rendición, y buscan desesperadamente que sea rebajado aún más a “sometimiento a la justicia”, lo que coincide con el comportamiento felón del Estado colombiano, qué en los pactos con las guerrillas liberales de mediados del siglo XX, actuó de la misma forma. En Colombia, mantener la paz de unos pocos (fried), implica crear muchos sin paz (Friedlos), y quien mejor que el senador Alvaro Uribe para expresarlo tan claramente: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta” (Trino de abril 7 de 2019): Masacre de civiles “terroristas” (los indígenas de la Minga en este caso), de un lado, y del otro “autoridad firme y serena” (la represión violenta del Estado). ¿Queda duda del por qué de nuestra guerra habitual? Hobsbawm no estaba desenfocado, para nuestra desgracia tiene razón, por lo que pasar de la “normalidad” formal a una sociedad verdaderamente incluyente se constituye en la urgente tarea de los “sin paz”.

Publicado enColombia
Jueves, 26 Diciembre 2019 06:43

Amarillo, azul y rojo, el tejido nacional

Adriana Gómez, Laboratorio de la serie “Tapia pisada”, 40 x 17 x 17 cm., cerámica/madera, 2013 (Cortesía de la autora)
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

¿Cómo ha podido llegar nuestro país al punto donde se encuentra? ¿Cómo es posible que en medio de la prolongada barbarie registrada acá durante los últimos 70 años, por lo menos, el dominio de quienes siempre lo han controlado se mantenga y se prolongue? ¿Cómo es posible que en un país de tan inocultables desigualdades haya gente que las justifique como el lógico resultado de la naturaleza humana, es decir, aquello de que “siempre hay y habrá pobres y ricos”?


Estos y otros interrogantes posibles, que pueden llenar cuatillas, resisten diversas respuestas, entre ellas el consabido imperio de la fuerza, así como los efectos de su despliegue, es decir, los miedos, tal vez por comodidad –“Es mejor no meterse en cosas ‘que no son conmigo’”. Son estas las actitudes derivadas en parte del efecto colateral de una violencia prolongada con sus vientos asesinos hasta todo aquel o aquella que “mete la nariz donde no le han llamado”.


Por fuera no queda la posibilidad de conformismo, producto derivado de una sociedad presionada a romper sus lazos más profundos de solidaridad natural, hasta llevarla a la fragmentación y/o atomización, todo ello como resultado de los últimos 50 años de guerra abierta contra la sociedad, tanto en lo militar como en lo económico social.


Las respuestas, como es posible inferir, también pueden llenar una o más cuartillas. Así puede ser. ¿Pero esta realidad no tendrá que ver, sin dejar de lado las opciones relacionadas, con el hacer y el dejar hacer de los medios de comunicación hegemónicos en Colombia?


Como es sabido, el dominio social es más fácil de concretar si el dominado carece de conciencia sobre ello –alienación–, pero también si el dominado lo acepta con toda conciencia –identidad y sumisión–. La fuerza impone pero también cosecha repulsa, lo que no sucede con el dominio social, que hace ver como normales la pasividad, el conformismo, el miedo, la tolerancia, el individualismo, la atomización.


Y así ha ocurrido entre nosotros a través de un relato, tejido poco a poco, a lo largo de décadas; zurciendo ideas, conceptos, imágenes, razones, como hilos de una sola prenda, amarillo, azul, rojo, que al final son la camisa, el gorro o la bata conocida como historia nacional, de la cual se desprende el simplificado decir de que “Así somos los colombianos”.


Ese relato pasa de generación en generación, en una primera época mediante la evangelización, para ser reforzada luego por el sistema educativo, fortalecido en una tercera etapa por la acción ideológica de multitud de iglesias, ahora no sólo la católica, que pierde el control hegemónico de las almas, con un reforzamiento en el día a día, en tercera y cuarta épocas, por los medios de comunicación, baluartes en una primera fase de los dos únicos partidos políticos que han gobernado el país, y ahora expresión del poder financiero-empresarial que reina entre nosotros.


Amarillo


Los medios de comunicación, con sus modalidades de cubrir la cotidianidad nuestra como nación, ocultan los factores de poder que determinan, con su forma de gobernar, la Colombia realmente existente, esa que registra un Gini de 0,886 en la concentración de la tierra, y en que el 10 por ciento más rico de la población acapara el 70,2 por ciento de la riqueza nacional. En Colombia, la brecha que algún presidente prometió cerrar, sin cumplir con su cometido, 48 años después de su promesa “8.500 propietarios son dueños del 77 por ciento de los CDT depositados en el sistema bancario, y 9.200 son dueños del 65 por ciento de los depósitos de ahorros”, como consecuencia de lo cual “[…] el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes” (1)


Es función del periodismo genuino interrogar, cuestionar, dudar, ahondar, llamar la atención… Pero los medios criollos soslayan los reiterados informes internacionales que indican que el nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. ¿O en alguna ocasión han cuestionado que la concentración de riqueza alcance una continuidad nunca rota, a pesar de todos los planes de los gobernantes de turno, con lo cual cumplen con la norma constitucional pero no mucho más? ¿Cuándo les brindan suficiente espacio y eco a las voces críticas que llaman la atención sobre esta realidad y proponen medidas de cambio para romperla?


En Colombia, la labor periodística de los medios oficiosos, con sus focos puestos donde no corresponde, contribuye a ocultar razones y realidades, tanto como a prolongar y profundizar la sombra de la desigualdad social que reina entre nosotros. Es una labor seudoinformativa que engendra analfabetismo político –y, como consecuencia de ello, apatía por la cosa pública–, que domina entre amplias capas sociales. Tal analfabetismo les otorga asidero a razonamientos populares para explicarse la realidad de miseria que los agobia como reflejo de su “mala suerte”, de su “incapacidad de trabajo”, o porque “así lo quiere Dios”.


Por tanto, no asombra que, al conocerse cada año los balances de las sociedades financieras y corporativas en general, haya ausencia de un necesario cuestionamiento de los altos rendimientos del sector financiero, por ejemplo, que para 2018 suman 24 billones, 9,2 billones en el caso exclusivo de los bancos. Ello, mientras millones de connacionales viven en la angustia de no saber cómo harán para sacar adelante el día que viene.


Estamos entonces ante un silencio cómplice frente a la persistencia de esta injusta estructura social, y un modelo económico que hace décadas mostró sus límites y su fracaso social. Ese silencio no es censura sino simple reflejo de identidad ideológica y política entre un periodismo dominante y sectores igualmente dominantes, connivencia entre patronal y empleados, en este caso entre los dueños de los medios de comunicación –en su mayoría grupos económicos, multilatinos algunos de ellos, con intereses en el sector financiero– y quienes dirigen estos medios de comunicación (2). Son expresiones de identidad ideológica y desinformación, como se puede constatar cuando un periodista –creador de opinión– se refiere con alegría a la evolución ascendente del precio de petróleo, pues “es lo que el país necesita”, cuando precisamente esa realidad del petróleo, y el giro del país a depender en su economía de la evolución de su precio, es parte de la explicación de la fragilidad económica que lo hace proclive a todo tipo de variables geopolíticas, abriéndolo aún más al sometimiento y el neocoloniaje.


Azul


Está registrado por la memoria de nuestro país: la clase enquistada y alimentada por el patrimonio común, que es de todos los colombianos, no tiene ética de lo público ni respeto por los derechos humanos ni dignidad ni autoestima, por todo lo cual el sueño de soberanía no integra su ideario, si es que tiene alguno diferente de ensanchar sus bolsillos con billetes verdes.


Esa realidad se traduce en ausencia de sentimiento nacional y soberano, resplandeciente en infinidad de sucesos, como en la inexistente voluntad para impedir el zarpazo sobre Panamá; la postración ante la United Fruit Company, con impunidad ante los cientos de asesinados en 1928 en Ciénaga y sus alrededores, como lo recordó Gaitán cuando les dijo que “[…] el gobierno tiene la metralla para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. Es una realidad oprobiosa que persiste a pesar del paso del tiempo, según la reciente acción de mando del embajador de los Estados Unidos al exigirle a una delegación de parlamentarios ciertas decisiones ante el tema de la JEP. Tal injerencia en asuntos internos del país encontró un total silencio de la Cancillería. La ausencia de sentimiento nacional también resalta en la conducción de las Fuerzas Armadas bajo la doctrina gringa, la selección de su mando y la creación del paramilitarismo como producto de la guía de combate de aquel país; el estímulo y el uso del narcotráfico como mecanismo de división y control social; la renuncia del modelo de desarrollo propio para acoger el “sueño americano” y con él la pérdida de soberanía alimentaria, así como la multiplicación de la deuda pública. En los días que corren, el gobierno colombiano actúa bajo su ala para instigar un golpe de Estado o una guerra civil en Venezuela.


Sobre estos y otros sucesos que aún viven en la memoria nacional, así no cejen en la pretensión de reescribirla, el silencio y la complicidad es lo que han garantizado los existentes medios oficiosos, primero los escritos, partidistas todos ellos en las primeras décadas del siglo XX y luego corporativos, ya no sólo escritos sino también radiales, televisivos y digitales.


De esta clase dominante no puede nacer un auténtico proyecto de integración y complemento regional, ni de los medios hegemónicos el reclamo para hacer realidad el proyecto bajo el cual se movilizaron las fuerzas independentistas en la segunda y la tercera décadas del siglo XIX, proyecto sin el cual nuestro país, y nuestros hermanos de siempre, nada podremos aportar que valga la pena a otros pueblos, en procura de justicia e igualdad global.


De este cuadro analizado surge la ausencia de sentido nacional y amor por lo propio, con sentido internacionalista, que hoy reclama un proyecto cultural, educativo, y de ciencia y tecnología propios, bajo el cual, en el mediano plazo, nos desliguemos de los controles de todo tipo que trae la dependencia en computación y desarrollo digital en general. Tras una labor de este tipo pudiera resultar posible un papel para desplegar un sistema de comunicación e información nacional, metas que no son de poca monta, toda vez que nos debieran llamar la atención en todo momento las implicaciones que tiene el software privativo, así como los efectos y las posibilidades, como retos que nos deparan las revoluciones industriales, la tercera y la cuarta, que estamos viviendo.


Rojo


Ausencia de amor por lo propio, y de proyecto nacional, continental y global, reiterado y fortalecido por el silencio mediático –complacencia con lo que estaba en curso–, cuando, al acoger el gobierno de César Gaviria (1990-94) el ideario neoliberal y todo el recetario del Consenso de Washington, empezó la piñata para feriar lo público bajo el prurito de la eficiencia del sector privado, sofisma impresentable e insostenible a la luz de la realidad pretérita y actual.


Esa piñata se llevó a cabo en el curso de la última década del siglo XX, a pesar de la resistencia de sectores sociales como los trabajadores de Telecom y sus vanguardias sindicales, cuya dirigencia fue a dar a la cárcel, sin cuestionamiento ni reclamo por lo sucedido de parte de los medios radiales, escritos o visuales.


Dos décadas y media antes de tal proceder, en mayo de 1964, el poder enquistado desde el siglo XIX en nuestro país desplegó una operación aérea y terrestre para arrasar con un pequeño grupo de campesinos que con sus armas se oponían a ser despojados de sus tierras, enseres y pocos semovientes con que contaban. Tratados por fuera del contexto en que habían surgido como resistencia campesina, y con plena complacencia de los terratenientes y el poder capitalino –de espaldas a la Colombia real–, la operación contó con eco mediático desinformante. Desde ese mismo momento, y mucho antes, como ocurrió con las guerrillas liberales, el origen, la trayectoria y la realidad profunda del conflicto agrario en nuestro país, proyectados años después en conflicto urbano, y ampliados al cuestionamiento del monopolio del poder, nunca fue cubierto con un análisis profundo de sus causas y medidas alternativas para ser resuelto mediante una solución conveniente para todo el país.


Dos décadas después de esta acometida militar, tras el gobierno de Julio César Turbay (1978-82), en el cual la norma fue la tortura para todas las disidencias, con cárceles repletas de presos políticos ‘juzgados’ por militares, sin la oposición de los medios al irrespeto de los derechos humanos, llega el tiempo del despliegue paramilitar abierto, apertura de este ciclo –que aún no se cierra– que tiene como acción visible el paso de una avioneta sobre Medellín lanzando volantes que anunciaban la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores), alianza de narcotraficantes protegida y utilizada por las Fuerzas Armadas para enfrentar a la insurgencia de la época. Tales narcotraficantes crecieron y se fortalecieron a la sombra del sistema bancario y de los poderes políticos y económicos siempre vigentes en varias regiones del país.


Luego, tras la división del MAS, ven la luz los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), unidad de matones del Cartel de Cali que, en alianza con la DEA y las Fuerzas Armadas nacionales, les darían potencia y fuerza a los paramilitares en diversas regiones del país, hasta centralizar su accionar en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) bajo el mando de Carlos Castaño, hecho que recibe amplia resonancia en los medios dominantes, además de protección oficial.
Lo que vendría luego, con cientos de masacres, está fresco en la memoria nacional, y muchas de sus víctimas sobrevivientes hoy luchan por recuperar lo que aquellas bandas les arrebataron, además de poder narrar los sucesos que cambiaron sus vidas y las de los suyos.


Recuerda la memoria popular que en esta época las masacres ganaron multiplicación por todo el territorio nacional, y que, sumadas éstas con las acaecidas en otras décadas, fácilmente redondean las 5.000 (3), es decir, alrededor de 300 mil connacionales asesinados a sangre fría, bajo el silencio y la complacencia oficiales, y sin el debido cubrimiento esclarecedor por los medios de comunicación existentes. Más de siete millones de desplazados y de 82 mil desaparecidos son la otra parte de la historia nacional, la cual recuerda que el poder no repara en métodos ni recursos para protegerse y prolongarse en sus dominios.


¿Tiene nuestro conflicto armado, con los poderes que lo atizaron año tras año, soporte estructural o es simple expresión de grupos por el control regional para el sembrado de coca, y el aseguramiento de rutas para el envío de narcóticos allende nuestras fronteras? ¿Surge este conflicto, y tiene prolongación, por la acción de un Estado y de la clase que lo controla, aliada con una red corporativa acorazada en una potencia supranacional que nos asume como parte de sus dominios o responde a un simple complot internacional?


Estos interrogantes son parte de la disputa que hoy atiza la lucha por la memoria nacional, con expresión en archivos, museos, centros de memoria y similares. En todo ello, en la distorsión de la realidad del conflicto armado que por décadas hemos padecido, en su ocultamiento y su negación, mucho tienen que ver los medios de comunicación oficiosos –escritos, radiales, televisivos. ¿Cumplirán un papel diferente esos medios en el debate por la memoria nacional a que dan lugar los Acuerdos firmados en La Habana, y luego refrendados en Cartagena y el Teatro Colón de Bogotá?


La respuesta que nos brinden los años que vienen permitirán, o bien entrelazar de manera más fina los hilos del amarillo, azul y rojo, parte de nuestra identidad y memoria, o bien tensionarlos hasta hacer que se rompan. Uno u otro camino abonarán a la continuidad de la guerra o, por el contrario, a su resolución definitiva, una paz inédita que nos debe brindar espacio y luces para habitar la tierra de manera creadora.

 

1. Varios autores, La desigualdad en Colombia, Editorial Oveja Negra, pp. 57-60, 2018.
2. Principales medios de comunicación y sus propietarios: Caracol televisión, incluye el diario El Espectador y otros medios (Valorem S.A.), El Tiempo y otros medios (Grupo Sarmiento Angulo), Caracol Radio, W Radio y otros medios, (Grupo Prisa), RCN, radio y televisión (conglomerado de Carlos Ardila Lulle), revista Semana (grupo Gilinski y Felipe López Caballero), Canal 1 (Daniel Coronell, Yamit Amat, César Gaviria y otros). El Colombiano, La República, Vanguardia Liberal, El Heraldo, La Tarde y otros medios con importante influencia local/regional, aún están en manos de sociedades familiares.
3. La Convención internacional indica que se designa como masacre el asesinato en un mismo lugar y que implica a cuatro o más víctimas.

Publicado enColombia
Jueves, 26 Diciembre 2019 05:29

El camino al infierno…

Víctor Hugo Ruiz, sin título (Cortesía del autor)
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

Un sueño hecho realidad. Con “La política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad” (1) del gobierno Duque, entregada al país el pasado 6 de febrero, estamos ante el anhelo institucional de una política de defensa y seguridad que implica y cubre al conjunto social en todas sus variables. Como pretensión de todo gobierno que se dice democrático, dista de tal propósito (2). No es posible la democracia directa, radical y no sólo participativa, donde el Estado, con fines de seguridad, lo cubre todo. La sospecha y el control se extienden por doquier, de lo cual únicamente puede surgir un Estado policivo, en nuestro caso, además, producto de la historia pasada y reciente, una sociedad sometida al miedo.


Esto es así a pesar de la máxima proclamada por esta Política de que “la seguridad no es una cuestión ideológica, ni de derecha ni de izquierda; es un presupuesto de la convivencia pacífica y del ejercicio de los derechos ciudadanos”. Tal presupuesto parece más propaganda que realidad, pues, si bien la seguridad es un bien común, cualquier persona reconoce que el Estado no garantiza tal derecho de manera igualitaria, de lo cual da cuenta el saber popular desde tiempos inmemoriales con el dicho “La ley es para los de ruana”, realidad de Perogrullo que también se expresa en decires como que “no se persigue a los delincuentes de cuello blanco”, ratificada esta realidad cuando las cárceles mantienen lugares especiales –cómodos, saludables y con otras prebendas– precisamente para los pocos delincuentes de cuello blanco que terminan en ellas. En la calle, como la padecemos por estos días, la “seguridad” es para aplicarles el tristemente famoso Código de Policía precisamente a los de “ruana” (Ver, “Un espíritu fétido”, p. 3).


De acuerdo al criterio oficial, a pesar de que el Estado y la sociedad colombiana desarticularon en la primera década del siglo XXI las principales amenazas armadas que enfrentaba el país –las Auc y las Farc–, subsisten graves amenazas para la seguridad nacional, más aún al registrarse la pérdida de la iniciativa estratégica del Estado en la lucha contra los fenómenos criminales, la misma que debe recuperarse. De ahí la necesidad de una nueva visión de seguridad, sustentada en el documento de marras y cuyo eje central se puede sintetizar con el siguiente aparte: “Es indispensable superar la tradicional estrategia de control militar del territorio basada, con pocas excepciones, en el despliegue de unidades militares y de policía, sin el acompañamiento estratégico de las entidades públicas y privadas, y las organizaciones de la sociedad civil”. Es este un “enfoque multidimensional de la seguridad [que] requiere una aproximación multisectorial e interagencial […]”. Además, “esta nueva visión parte de reconocer que la Defensa, la Seguridad y la Legalidad van de la mano y son interdependientes” […]. “En este orden, la legalidad, el emprendimiento y la equidad, pilares del gobierno nacional, tienen como base la defensa y la seguridad, concebidas más allá del despliegue operacional de Fuerzas Militares y de Policía”.


La visión allí desbrozada le anuncia al país una política de paz que no lo es, pues levanta como precondición para todo posible diálogo “[…] que conduzca a la disolución de un grupo armado organizado al margen de la ley […] la concentración de individuos en armas en espacios geográficos delimitados, con observación internacional y garantizando el fin de toda actividad criminal”. El traspié de la negociación en curso meses atrás con el Eln –organización guerrillera que ahora desconocen en su carácter y pasan a denominar “Grupo Armado Organizado” (GAO)– encuentra acá el soporte de la maniobra duquista. Seguramente el llamado Clan del Golfo, que también es enlistado en tal categoría, al recibir ese mandato desistió en su pretensión de desarme tantas veces anunciado durante el gobierno Santos.


Es aquella una “política de paz” que mira las fronteras con total sospecha, explicando, entre líneas, de igual manera la estrategia seguida ante Venezuela, la prioridad dada a la Otan, la alianza cada vez más estrecha –sometida– con los Estados Unidos –tanto en relación al ataque contra Venezuela como en la llamada “guerra contra las drogas”–, así como posibles conflictos con Nicaragua y la tensión latente con Cuba. Para proceder de tal modo, enuncia que “a nivel internacional las amenazas a la seguridad se han agudizado para Colombia. Entre ellas están […] los regímenes no democráticos, las crisis humanitarias y la migración masiva irregular, la injerencia de potencias ajenas al hemisferio, el patrocinio y [la] tolerancia estatal con organizaciones terroristas y de narcotráfico en la región, y la pretensión de despojar al país del territorio […]”. Pero también enumera lo que denomina “nuevas amenazas”, algunas de ellas relacionadas con el cambio climático, otras con el ciberespacio –sobre lo cual no cuestiona la dependencia en ciencia y tecnología que padece el país, lo que impide que en algún momento se pueda contar con un programa confiable y de punta en este terreno– y, por último, una que parte de valorar las cualidades que tiene Colombia, como “potencia mundial en biodiversidad y agua, además de ser uno de los países privilegiados que comparte la selva Orinoco-Amazónica. Tales riquezas constituyen un activo estratégico de la nación y deben ser objeto de protección especial y protección activa”.


Es aquella una valoración de las bondades naturales con que cuenta el país y que enfatiza en la visión predominante en el mundo actual, donde agua, bosques, minerales y demás sujetos y cuerpos que componen o integran la madre tierra son una mercancía más, y de ahí que aludan a la biodiversidad y el agua como activos. Es de suponer, por tanto, que la preocupación esencial del establecimiento, al brindar esa “protección especial y activa”, no es para preservarla y así garantizar los derechos de todas las especies que allí habitan o lo hacen en su entorno –como favorecer con ello a la humanidad entera al mantener vivos importantes pulmones que con su acción menguan en algo o retrasan el incesante incremento del cambio climático– sino para mercantilizarla en las mejores condiciones posibles al mejor postor, uno que no sea ‘ilegal’ o ‘informal’ sino que provenga de alguna multinacional.


Este es el panorama de una realidad biodiversa y que, si de verdad se pretendiera proteger, debiera llevar al establecimiento, además, a preguntarse por el modelo de desarrollo dominante, examinando todas sus falencias y consecuencias, para sacar conclusiones lógicas que impacten de manera positiva todo aquello que en letra se postula como propósito loable. Pregunta por el modelo de desarrollo que entre los muchos aspectos que implica debiera enfatizar, de igual manera, en el tema de la tierra en nuestro país, y la necesaria y siempre negada reforma agraria, vía idónea para impedir que la frontera agrícola prosiga su incesante avance, creando con ello las condiciones óptimas para proteger parte de la ahora reivindicada biodiversidad y las fuentes hídricas del país, las cuales tienen en los llamados parques nacionales naturales, territorios desde hace mucho en el ojo de la motosierra y las palas mecánicas, los epicentros de su existencia.


No es exagerado pensar que un manejo comunitario de la naturaleza que habitamos y somos –posible desde el acceso a la tierra por quienes carecen de ella– ofrezca mejores condiciones para evitar o neutralizar la acción depredadora de mineros, mercaderes de madera y fauna de todo tipo, narcotraficantes y otros, que abordarlo simplemente como parte de una estrategia de seguridad y defensa, así la misma esté pensando en incluir en su concreción a toda la sociedad. ¿Qué sentido de pertenencia e interés en ser incluido en acciones de control puede tener quien siempre ha sido negado de todo, y sólo es visto como subversivo, raspachín, vago o, en otras palabras, delincuente? ¿Qué resultado positivo puede tener una acción de control cuando lo militar mantiene un peso sustancial en ello, acción que, a la luz de la llamada “guerra contra las drogas”, muestra sin contemplación alguna sus límites y sus imposibilidades?


Todo esto constituye un límite y una realidad ya considerados, incluso por los diseñadores de esta política de seguridad y defensa, para quienes la equidad es un propósito por lograr. Pretensión loable, más aún en una sociedad de honda desigualdad social como la nuestra, donde tierra, empresas y capital en general están concentrados en una minoría, a tal punto que el país no alcanza a salir de los vergonzosos primeros sitios reportados por todo tipo de estudios que sobre el particular se llevan a cabo. La desigualdad y la concentración de riqueza impide la movilidad social a tal punto que, para una familia pobre, su ascenso a clase media –estable, no simplemente como efecto de una política de subsidios que se quiebra ante el más leve devenir de la coyuntura económica global– exige que sus integrantes vivan doce generaciones, es decir, ¡300 años! Es esta una realidad imposible de romper por el simple control de la ilegalidad, como se dice en el documento (“La ilegalidad es la principal enemiga de la equidad”), pues, si bien ello contribuye a esta realidad, allí no reposa lo fundamental. El principal enemigo de la equidad es la concentración de la riqueza, propiciada por un modelo económico y político excluyente, violento e injusto, y al servicio de unos pocos.


Dicen que no hay peor ciego que quien no quiere ver, y así lo reafirman los agentes del establecimiento cuando, al seguir observando el tema de la equidad, concluyen que se accede a la misma “[…] si se logran las condiciones para que la economía de mercado funcione […]“. Paradoja, precisamente entre nosotros y desde siempre la economía de mercado ha sido la reina, posicionándose en ésta –como dice el catecismo neoliberal– el “más inteligente”, el “más astuto”. Tal vez es necesario recordar que precisamente en la economía de mercado la redistribución equitativa y voluntaria no existe, en virtud de la dinámica misma de la estructura económica.


Sin equidad posible en nuestra actual sociedad, se rompe el “círculo virtuoso de la seguridad” que se propone esta política y que además incluye emprendimiento, legalidad y seguridad. La transformación estratégica, propósito de tal círculo, por tanto, no podrá alcanzarse. Imposible, más allá de los buenos deseos y a pesar de los 861.808 activos ciudadanos integrados en la “Red de participación cívica” por la seguridad, según el anuncio de febrero pasado del ministro de defensa Guillermo Botero (3), red proyectada para incorporar hasta dos millones de integrantes, para unir a la alianza alcanzada con los más de doscientos mil integrantes de las empresas de vigilancia privada. Con estas redes y alianzas se avanza en la concreción de la pretendida acción multisectorial y multidimensional de la política de seguridad y defensa, pero que no garantizan el desarrollo del “círculo virtuoso de la seguridad”, el mismo que va más allá del emprendimiento, es decir, de la iniciativa individual, que sirve para crear falsas ilusiones –el “yo puedo” neoliberal– pero no para romper la lógica dominante en la economía de mercado.


Precisamente, una condición fundamental para quebrar la inseguridad prevaleciente en amplios sectores del país radica en la solidaridad, producto de la acción común, de la redistribución equitativa y justa de la riqueza social, y contraria al reclamado ‘emprendimiento’, que, por excelencia, es individual –además de imposible si no se cuenta con capital de trabajo–. Es decir, no es viable propiciar una vía de desarrollo basada en la agresión a la naturaleza y el irrespeto de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, y llamar a esas mismas mayorías a que actúen, en unión con el Estado, en pos de la seguridad. O tal vez la gente lo hace si por ello recibe algún reconocimiento económico.


En estas circunstancias, por tanto, lo que vendrá como producto de esta política de seguridad y defensa es una mayor militarización del país, producto lógico de la propia acción multisectorial e interagencial que reclaman para el éxito de la misma, queriendo evitar así que, en la lucha contra todo tipo de actores armados y delincuencia a lo largo y ancho del país, todo descanse en el aparato amado, que en nuestro caso implica a la Policía, ya que, como se sabe, ésta funciona con lógica militar, además de estar militarizada.


Este propósito parece nuevo pero no lo es. Siempre se ha pretendido, como lo recuerda la llamada “acción cívico-militar” de los años 60, 70 y más, activada para neutralizar a la insurgencia, hasta los planes de contrainsurgencia desplegados en territorios en disputa con aquella, en que el mando militar termina suplantando la autoridad civil y relegándola a las necesidades del aparato armado, y a la lógica del secreto militar, como lo ha vivido el país en territorios en guerra a lo largo de este siglo. Tal vez falte decir que en esta acción integrada no se reconoce la presencia de todo aquello que es reconocido con el prefijo “para”, encargado en unos casos de recoger inteligencia de combate, en otras de intimidar, y en no pocas ocasiones de desplazar y masacrar. De acuerdo a la historia nacional, en todos estos casos quien termina afectada es la población civil, lo que la inhibe para actuar de la mano con el actor armado.


Estamos, entonces, ante unos propósitos inscritos en una lógica ya conocida, preñados de “buenas intenciones” pero condenados al fracaso, en todo o en parte, lo cual implicará que la sociedad, sobre todo la conformada por los eternamente negados, sienta el peso de un aparato cada vez más cohesionado y mejor dotado en todos los niveles, que le caerá como yunque pretendiendo garantizar la reiterada por este gobierno prevalencia de la “legalidad” y la “seguridad”, en todo caso no como resultado de vida digna y justicia sino como imposición del poder en defensa de la sociedad realmente existente, la excluyente e inequitativa, que no es posible superar como efecto de simple deseo.


Lo que sin duda logrará esta política es que las Fuerzas Armadas y de Policía mejoren la venta de su experiencia por doquier, aprovechando cada vez más el reconocimiento internacional de su alta experiencia en combate de jungla y similares, función en la cual ya reemplaza a la pésimamente recordada “Escuela de las Américas”. Y de su mano, la “diplomacia para la Defensa […]”, que llevará a nuestro país a comprometerse en la geopolítica de lo que llaman “[…] potencias aliadas con las cuales existen intereses comunes, en el marco de un modelo de seguridad cooperativo que preserve los intereses nacionales”.


Buenos deseos, sí, soportados sobre una base errónea, sí, con lo cual su resultado general, en el mejor de los casos, será limitado. Pero proseguirá la guerra, ahora también con aire internacional.

1. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190206-Palabras-Presidente-Ivan-Duque-presentacion-Politica-Defensa-Seguridad-para-Legalidad-Emprendimiento-Equidad.aspx.
2. Esta política, distribuida en seis capítulos, parte de las debilidades actuales del Estado colombiano en este campo, como antesala de las Amenazas, para adentrarse en lo que pudiéramos llamar su “soporte o base” –Legalidad, Emprendimiento, Equidad–, y desbrozar a continuación los Ejes de transformación estratégica, los Principios de la Política, los Propósitos de la Política, para cerrar con los Objetivos estratégicos y Líneas de Política.
3. https://www.rcnradio.com/judicial/red-de-participacion-civica-ya-cuenta-con-mas-de-800000-personas.

Publicado enColombia
El antifeminismo de Mujica y los silencios de las izquierdas

El semanario Voces publicó el 19 de diciembre una larga entrevista al ex presidente José Mujica, en la que vierte críticas despectivas hacia las mujeres y las sexualidades disidentes. En su opinión, el feminismo es “inútil” y la agenda de derechos “es una expresión de la estupidez humana”, frase que encabeza la portada del semanario.

Siguiendo el hilo de la entrevista, Mujica repasa muchos aspectos de la realidad mundial y regional, pero cuando se le pregunta por los migrantes negros, responde: “No somos racistas pero mejor que estén lejos”. Luego menciona la agenda de derechos para detenerse en su crítica al feminismo.

“Es bastante inútil el feminismo, porque creo que el machismo es un hecho y que la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable. Pero la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa. Excita lo reaccionario de la propia sociedad, que está ahí. Ahí te salen los Maninis y los otros”, señala en referencia al líder de Cabildo Abierto que cosechó el 11% de los votos y movió el tablero de la política uruguaya al posicionarse en la ultraderecha.

Mujica agrega dos conceptos más. “Me resisto a que el feminismo pueda sustituir a la lucha de clases”, es la primera. La segunda dice: “La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabés dónde tenés la camisa”.

Se sabe desde siempre que Mujica profesa ideas conservadoras, no sólo en la cuestión de género y de los colectivos LGBTT, sino también en materia económica y ambiental (“hay que hacerle un monumento a la soja”, dijo cuando era presidente). Debe reconocerse que tiene el valor de decir lo que piensa de las feministas y cabe destacar que no vetó leyes sobre derechos como hizo Tabaré Vázquez con la ley de aborto en su primer gobierno.

Sin embargo, la forma como expresó sus diferencias y cómo valora el papel de las mujeres en la sociedad, merecen la censura por apuntalar la discriminación y la violencia. En particular, cuando se refiere a la senadora Constanza Moreira como “burra”. El grupo Mujeres al Frente consideró que sus expresiones se enmarcan en “violencia política” y señaló que el partido “no puede mirar para el costado cuando se suscitan estas violencias, vengan de quien vengan”.

Una de las afirmaciones más censurables de Mujica, consiste en culpar a las mujeres del ascenso de la ultraderecha. Dice que sus demandas excitan lo que ha de reaccionario en nuestras sociedades. De ese modo, sintoniza con una idea consistente en no protestar, no elevar demandas, como forma de evitar que la nueva derecha crezca. Por ese camino, nunca se hubiera conseguido nada para los trabajadores.

Pero si siguiéramos la lógica de Mujica, que deduce que el crecimiento de la ultraderecha se debe a la “estridencia” del feminismo (como si ese crecimiento no tuviera relación con el avance del extractivismo), podríamos decir que de forma indirecta sus declaraciones favorecen o encubren los feminicidios; cosa que por cierto no pienso.

Pero creo, como él mismo lo dice, que sus argumentos tienen un punto de anclaje que es necesario desnudar: la lucha por el poder estatal. Le molestan el feminismo y la agenda de derechos, porque provocan un ascenso de la derecha, sin reflexionar sobre la justicia de tales demandas o las razones de fondo de la mentada “estridencia” de las mujeres.

La segunda cuestión irritante es su visión simplista que dice: o lucha de clases o lucha feminista, estableciendo una jerarquía que siempre perjudica a las y los oprimidos, sean mujeres, gays, lesbianas, indígenas o negros. Establecer jerarquías entre las diversas opresiones es tanto como remachar la subordinación de los más débiles, las personas y sectores sociales que no ocupan el centro de la escena política.

La tercera es el lugar de madre que otorga a la mujer. Pensaba que este tipo de razonamiento había sido desplazado del mundo de las izquierdas, luego de más de medio siglo de feminismo. Sin embargo, Mujica conecta con las ideas y actitudes más retrogradas en nuestras sociedades, las que enarbola la derecha conservadora, a la que le ofrece argumentos desde una supuesta izquierda.

La cuarta cuestión es probablemente la más importante. Hubiera esperado reacciones fuertes de la izquierda, entre ellas las de quienes criticaron con extrema dureza a la feminista y antropóloga argentina Rita Segato, por sus opiniones críticas hacia Evo Morales. Sin embargo, pasan los días y se registraron sólo reacciones puntuales dentro de Uruguay, lo que configura un panorama que contrasta vivamente con los ataques sufridos por Segato.

Encuentro dos razones para explicar los silencios de hoy, como la batahola de ayer. Una es el “mandato de masculinidad” que Segato denuncia desde hace ya mucho tiempo. Los varones estamos ante un desafío mayor: desmontar el papel asignado por el sistema, que obliga al hombre a exhibir su potencia masculina para que lo consideren merecedor de ese lugar. En suma, “ser hombre=ser macho”.

Es evidente que la mayor parte de la izquierda, sobre todo la más “radical” (en Uruguay la corriente tupamara), no ha avanzado en una dirección emancipatoria. Prueba de ello es que sólo Jorge Zabalza, entre los principales referentes de esa corriente, ha declarado explícitamente su apoyo a las feministas. Los dirigentes del partido de Mujica (el MPP) están haciendo honor al “mandato de masculinidad” al mantener riguroso silencio sobre sus declaraciones.

Pero hay otro elemento que me parece más grave aún. El pragmatismo está haciendo estragos ya que inhibe el debate franco y abierto, como ya sucedió respecto a Evo Morales, cuando le gritería sustituyó los intercambios de ideas. Lo que predomina es una cultura política de apoyo incondicional a caudillos o, por el contrario, la crítica feroz a esos mismos caudillos. Pero en ambos casos sin debatir sobre qué tipo de sociedad queremos, ni sobre qué tipo de activistas necesitamos.

Por Raúl Zibechi

23 diciembre 2019 0

Publicado enSociedad
Walter Tello, detalle (Cortesía del autor)

Dicen que “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”. Parodiando este refrán, es posible aseverar que “no hay peor ignorante que aquel que no quiere aprender”. Uno y otro resumen de manera meridiana la manera como el poder realmente existente en Colombia encaró –y continúa encarando– la extradición de connacionales hacia los Estados Unidos desde hace cerca de cuatro décadas.


En la memoria nacional todavía anida, no sin estupor, la ofensiva de los narcos con secuestros selectivos para afectar y presionar de manera puntual a factores del poder tradicional: bombas que, más allá de sus destinatarios específicos, produjeron decenas de víctimas de simples transeúntes o trabajadores de ciertas empresas, que nada tenían que ver con el propósito de las mismas; atentados contra políticos, jueces, agentes de inteligencia y otros, así como la lapidaria frase: “Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”.


Era aquella una ofensiva prolongada por varios años y que resumía la respuesta de los ‘emergentes’ ante la autorización de la extradición, en 1985, por parte del gobierno de Belisario Betancur. Una luz verde encendida por el poder tradicional vigente en nuestro país, que desde entonces no cesa de decir que esa es la mejor manera de enfrentar el narcotráfico. Un poder entremezclado desde sus primeros asomos con quienes en forma rápida amasan una inmensa fortuna que deben legalizar –lavar–, para lo cual numerosos bancos disponen sus conductos, así como el propio establecimiento a través de la llamada “ventanilla siniestra”, abierta en el Banco de la República, con el favor de industriales que les importan las materias primas necesarias para transformar la coca en cocaína, o simplemente al realizar lucrativos negocios con quienes querían alardear de su inesperada riqueza, compra-ventas concretadas en la transacción de infinidad de muebles e inmuebles –como cuadros y obras de arte en general–, así como aceptando su dinero para aceitar las campañas electorales.


Se establecía así una relación poder-narcos por conveniencia, como lo recuerda, además, el nacimiento de “Muerte a Secuestradores” (MAS), aparato armado que estructuran sicarios al servicio de un amplio número de mafiosos, reunidos para enfrentar a quienes atentaban contra sus intereses, teniendo como referente inicial el secuestro por parte del M-19 de Marta Nieves, integrante de la familia Ochoa, parte relevante del Cartel de Medellín. El aparato armado se utiliza desde ese momento por el ejército colombiano, como lo testifican algunos integrantes de la otrora guerrilla nacionalista que fueron secuestrados por el MAS para aparecer posteriormente torturados en Bogotá en las caballerizas de Usaquén. Es la dupla de la mafia –poder en cierne– y el poder tradicional, entrelazados por un mismo enemigo y objetivo.


Aquel aparato armado es, a la luz del tiempo, una especie de antesala y base de lo que luego sería conocido como paramilitarismo: ejército financiado por la mafia y puesto al servicio del poder dominante en Colombia para llevar a cabo todas las operaciones –inicialmente clandestinas– que la fuerza oficial no debía ejecutar de manera abierta y permanente.


Como lo testifican infinidad de sucesos, la mafia y sus efectivos militares –transformados en fuerza rural de combate, por la decisión estratégica de factores del poder tradicional, como el generalato colombiano, los terratenientes, políticos de primer nivel, gobernantes de diferentes instancias, obispos y otros– terminan como brazo armado, no ya para la protección y la defensa de sus familias e intereses sino para la defensa del poder tradicional, el mismo que, finalmente, una vez aquellos cumplen con su trabajo sucio –asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar, robar, atemorizar, concentrar aún más la propiedad de la tierra–, los niega y desprecia, actuando en este caso tal como ha procedido siempre con todos sus sirvientes.


Desde aquellos años, la ecuación extradición–cultivos de coca y su transformación en cocaína, así como su exportación a otros países, de manera relevante a los Estados Unidos, no muestra efecto alguno: ni los cultivos de coca dejan de crecer en cantidad de hectáreas utilizadas para ello ni las toneladas de coca se comprimen ni los millones de dólares dejan de ingresar al país.


Así, por ejemplo, en 1991 el país registra 37.500 hectáreas dedicadas a tal siembra, 10 años después ya eran 144.800, para el 2011 decaen a 83.000, estirándose tras otros seis años –último reporte en línea– a 209.000, pasando de un potencial de producción de toneladas métricas de cocaína de 320 en 2008 a 921 en 2017.


De manera contradictoria, durante estos mismos años los gobernantes de turno autorizaron la extradición de no menos de 2.423 connacionales, la mayoría de ellos durante los gobiernos de Álvaro Uribe –1.149– y Juan Manuel Santos –1.200–, quien no dudó en hacer ostentación de ello: “(hemos extraditado) ¡más que ningún otro gobierno!” (1).


A la luz de estos resultados –sin considerar los miles de muertos, violentados, presos, desaparecidos, desplazados– y de la confiscación de embarques, por acción de la llamada “guerra contra las drogas”, es necesario preguntar: ¿Dónde está la efectividad de la extradición? ¿Por qué no decae el negocio que dice combatir? ¿Por qué el establecimiento continúa aferrado a una estrategia totalmente inocua?


Esa estrategia que está en contravía de la lógica del capital, aquella que indica que donde existe demanda hay oferta; demanda que, como en todo mercado, hace fluctuar los precios, en este caso también por calidad y/o pureza, oportunidad, incluyendo un factor que finalmente inclina la balanza: el riesgo –ligado a su prohibición–, lo que le abre campo a la especulación en el extremo de la cadena, cuando ya está el producto al por menor ante el consumidor.


Estrategia de criminalización, que, además, no repara en el factor natural que motiva a quienes, como campesinos, ven en la siembra de la coca una oportunidad para mejorar sus menguados ingresos, en un ejercicio agropecuario en el cual no están obligados a desplazarse cientos de kilómetros con su producto en procura de un posible comprador, que tal vez no esté dispuesto a adquirir el producto o que tal vez le quiebre el precio de su cosecha ante la abundancia de la misma.


Choca esta estrategia estatal de poder y violencia, nacional y extranacional, contra la realidad del mercado, como acaba de suceder en México, donde los campesinos cultivadores de amapola ven cómo el negocio desaparece como producto del mercado gringo inundado por fentanyl, sustancia química “[…] que produce los mismos efectos que la heroína natural, pero 10 veces más poderosa, cuesta la tercera parte y su saldo es fatal. En Estados Unidos, por el uso de fentanyl, mueren al año entre 35 mil y 45 mil personas” (2). Inundado por esta droga, el mercado “[…] trajo consigo la debacle de las cosechas de amapola a lo largo de todo el territorio mexicano. La razón es estrictamente económica: la caída del precio del kilogramo de la goma de mil 350 a 300 dólares (aproximadamente). La cantidad no alcanza ni para cubrir los gastos de la siembra”.


Resultado final de aquellas circunstancias: la erradicación de la amapola, imposible para el ejército, el gobierno mexicano y la DEA, lo consiguió en pocos meses el mercado. Lo mismo ha resultado con la marihuana, ahora en competencia con la producción local de Estados Unidos y su legalización en varios estados de la Unión, así como en diversidad de países que ven en tal mecanismo la mejor estrategia para desinflar un negocio que da pie al fortalecimiento de las mafias, así como al debilitamiento del establecimiento, producto de la violencia creciente que propicia y de la corrupción que alimenta.


Así, en contra de la realidad del mercado, de la naturaleza y de la vida misma, vuelve una y otra vez el interrogante ¿Por qué persisten con la extradición?


Años 80 del siglo XX


No está de más recordar que, cuando Richard Nixon acuña la expresión “Guerra contra las drogas”, lo hace en contravía de las conclusiones de la Comisión Shafer –que había sido conformada para evaluar las relaciones de la drogadicción con las diversas formas de criminalidad en los Estados Unidos–, que no vio relación directa alguna entre consumo de psicotrópicos y delito. Un acto bélico convertido posteriormente en “Guerra contra el terrorismo” sería el sucedáneo que llenaba el vacío de un “enemigo de la civilización” derrotable.


Para nuestra desgracia, ‘emprendedores’ colombianos, finalizando los 70, vieron que el comercio ilegal de psicotrópicos en Estados Unidos era un gran negocio, y que tanto la marihuana –especialmente la sembrada en La Guajira– como la hoja de coca contaban con ecosistemas favorables para su siembra, conformando un vector sinérgico para la generación de enormes ganancias que los llevaron a posicionarse rápidamente como líderes de ese comercio.


Cuando el narcotráfico mostró inicial y desenfrenadamente su poderío en Colombia, corrían los primeros años de la década del 80 del siglo XX, tiempo para el cual nuestra sociedad acumulaba en sus entrañas la lava de un volcán social. Así lo reflejaba la aparición de paros, sobre todo cívicos, que se multiplicaban a lo largo y ancho de su territorio; el descontento social propiciaba el crecimiento de las guerrillas urbanas y rurales, que, tras una quimera socialista y/o nacionalista insuflaba la imaginación y la multiplicación de las energías de miles de jóvenes y no tanto; la coordinación de variados movimientos sociales proyectaba la imagen de una capacidad de acción y de confrontación del poder tradicional por parte de los negados de siempre: la constitución de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), así como de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al tiempo de la inicial coordinación de movimientos por el derecho a la ciudad. La superación de la dispersa acción insurgente, como Coordinadora Guerrillera de Colombia, no estaba por fuera de esa dinámica.


La confianza de que una Colombia de nuevo tipo estaba por tomar forma también encontraba aire, por un lado en la incapacidad del régimen político para desmontar el descontento social y, por otra, en el por entonces reciente triunfo sandinista contra la dictadura somocista, pero también en los avances de la guerrilla salvadoreña. Una América insurgente ganaba espacio y audiencia tras una movilización por ideales de justicia e igualdad.


En tales circunstancias, la emergencia del narcotráfico como opción efectiva para resolver aquí y ahora, no en un tiempo impreciso –en este caso de manera individual y no colectiva–, las necesidades familiares, sobre todo de casa, así como el goce diario del dinero que no falta, aparece como el camino por seguir, tras el cual se desfoga en un principio un considerable porcentaje de jóvenes, en particular de Medellín y Cali. La escalada violenta que coparía varias de las principales ciudades del país, primero con acciones de las bandas mafiosas contra representantes del poder tradicional, luego contra las fuerzas de policía, y después entre los propios carteles –en particular el de Medellín y el de Cali–, termina por desestructurar tejidos sociales construidos en décadas de resistencia social por un país de nuevo tipo.


Tras aquello, en particular la guerra vivida en comunas y barrios populares de Medellín, entre milicias guerrilleras y bandas al servicio del narcotráfico, potenciadas con el apoyo del aparato armado oficial, termina por hacerse evidente –para el poder tradicional, criollo e internacional– la capacidad de control político y destructiva del tejido social desprendido del narcotráfico, en toda la extensión de su palabra y proceder.


Pasados los años, una vez derrotadas las milicias de corte insurgente en Medellín, e impuesto el reino paramilitar, y con éste el imperio de las “fronteras invisibles”, queda sellada la destrucción de la organización comunitaria. La extensión de tal fenómeno por barriadas populares de Cali, Bogotá y otras de nuestras principales ciudades, a la par de multiplicar el negocio del menudeo de estupefacientes, conlleva, con conciencia o sin ella, iguales resultados. Cárceles hacinadas por jóvenes, muchos de ellos asesinados en su interior, adictos en su gran mayoría a algún psicoactivo, así como al alcohol, terminan por darle forma al círculo “vive pronto y muere”, imaginario cultural que es propiciado por un modelo de control social que potencia el individualismo, afinca la vida en el presente, y rompe con el futuro por construir y vivir.


El narcotráfico al servicio del poder, que por extensas regiones rurales de la patria dejó una estela de terror, despojo y desplazados, transforma por muchos años el mapa del poder territorial, también como producto de la destrucción del tejido social hilado a lo largo de décadas de lucha campesina por el derecho a la tierra y una vida digna.


Se hace evidente entonces la capacidad destructiva del narcotráfico, a la vez que de control político, leída e interpretada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que no sólo utilizaron a los narcotraficantes colombianos para reunir los dineros necesarios para llevar a cabo sus operaciones secretas –caso Irangate– (3) sino que además inundaron las barriadas populares de ciudades como Los Ángeles, con la clara conciencia de drogar y volver adicta a la población negra allí residente, que también terminó por perder el foco de la organización colectiva para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida, así como el referente de la necesaria destrucción del sistema que los niega y oprime, para un porcentaje importante de ellos pasar a inundar el sistema carcelario de su país, como lo testimonió en sus reportajes sobre este tema, y el posterior libro Alianza oscura, el laureado y ‘suicidado’ Gary Webb (4).


Son estas mismas agencias de espionaje de Estados Unidos, en especial la DEA, las que en todo momento buscan infiltrar y controlar el mercado de narcóticos, conservando bajo su manga la amenaza de la extradición de sindicados por comerciar con narcóticos con destino a aquel país, en una estrategia que terminó por convertirse en mecanismo para negociar con los capturados el precio de su libertad, que se hace efectiva tras el pago de pocos años de encierro y la confiscación de bienes, entrega de rutas y delación de conocidos incursos en el negocio. La verdad sobre la guerra y sus víctimas –por ejemplo, para el caso de paramilitares extraditados– poco les interesa o la acumulan para cuando requieran apretarles el cuello a ciertos personajes del país, garantizando así la sumisión en las esferas del alto gobierno, como en las Fuerzas Armadas y otros factores del poder realmente existente y dominante.


Esa sumisión asume rasgos grotescos, como en el caso del actual procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien en defensa de su apelación a la decisión de la JEP de negar la extradición de Jesús Santrich, en forma vehemente y sin timideces dice defender los intereses judiciales de los Estados Unidos: “No es, y perdónenme la analogía, el papelito de un funcionario de tercera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un documento formal que tiene fuerza y cuya legalidad estamos defendiendo”, como una muestra más de que, en los procesos de extradición –como en muchos otros de diferente índole–, los agentes del Estado colombiano no son más que dóciles ejecutores de los dictados extranjeros.


La pregunta no tarda en aparecer: ¿Si han capturado una cantidad creciente de narcos, con los cuales concretan tal estrategia de negociación, cómo es que la DEA no controla todas las rutas e intersticios del negocio que dice combatir, acabando de una vez y para siempre con el mismo? ¿Acaso estamos ante el juego del gato y el ratón, en el cual el felino no destruye su presa para que el juego no llegue pronto a su fin?


Estamos ante una estrategia que, luego de procesada en todas sus variables, es trasladada y copiada para realidades similares a las de Colombia, como México, donde el poder de los carteles del narcotráfico, con iguales y peores prácticas que las copiadas a sus pares suramericanos, arrolla como un tsunami, llevándose a su paso el tejido social, extendiendo el miedo por doquier, desuniendo, hastiando a su población sometida a una violencia sin límite, fijándoles frontera a los poderes insurgentes venidos de abajo, debilitando su gobierno nacional, quebrando la moralidad y la ética ante el atractivo del billete del vecino del norte.


Poco a poco, la estrategia muestra raíces en Argentina y otros países de la región, todo con una clara pretensión: arruinar el tejido social y solidario para desvirtuar con ello la esperanza en un cambio del sistema sociopolítico. La experiencia adquirida con la extradición de colombianos lleva ahora, cuando ven que el imperio afronta revalidad global, a fortalecer la idea del derecho del sistema judicial estadounidense a la extraterritorialidad, que en el caso del fifagate y ahora con Julian Assange y Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, señala su proyección como una forma de intimidación y, por tanto, de control del comportamiento de cualquier persona por fuera de sus fronteras.


La estrategia de dominio político y control social, de destrucción de referentes colectivos, de proyección de temor y desconfianza en la vida diaria, en que cada uno debe resolver lo suyo sin pensar en los demás, pasa a ser utilizada en la lucha contra la propia insurgencia, ahora como un recurso de “lucha contra el terrorismo”, extendido para el caso de los Acuerdos de Paz firmados en Colombia como un recurso para explosionarlos.


Son entonces, narcotráfico y extradición, una realidad social y económica, utilizada además como estrategia en la geopolítica del poder global, en la que nuestro país actúa, como en otros muchos sucesos, como simple peón.


1. Palabras del presidente Juan Manuel Santos en el balance del sector de infraestructura y vivienda. 14 de marzo de 2017.
2. Semo, Ilán, “Lo que el opio se llevó”, La Jornada, México,mayo 18 de 2019.
3. Estalla el Irangate, https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20161125/412132963656/irangate-oliver-north-venta-armas.html
4. En agosto de 1996, Webb, con una serie de reportajes sobre el tráfico de drogas entre Estados Unidos y Nicaragua, reveló cómo la CIA vendió toneladas de crack en los barrios de Los Ángeles y utilizó ese dinero de comercio criminal para financiar las operaciones de la contra nicaragüense, que trataba entonces de derrumbar al gobierno sandinista en Nicaragua. Webb hizo esos trabajos con abundantes entrevistas a narcotraficantes hoy detenidos en Estados Unidos (entre ellos, uno a quien llaman Ricky Ross, uno de los más grandes narcos de la costa oeste) y con agentes de la DEA. Webb recibió en 1990, con el diario San José Mercury News, el Premio Pulitzer (máximo galardón anual para los periodistas de Estados Unidos).

 


Extradición en Colombia

 

¿Herramienta de justicia?




por Enrique Santos Molano



El Tratado vigente de Extradición entre Colombia y Estados Unidos se firmó en Washington el 14 de septiembre de 1979 por el embajador Virgilio Barco Vargas y el secretario de Estado, Cyrus Vance. En él se contempla la extradición a Estados Unidos de colombianos solicitados por la justicia de aquel país en razón de que estuvieran sindicados de delitos de narcotráfico, lavado de dinero o cualesquiera otros que se hubieran cometido dentro de la Unión Americana, o que de alguna manera afectaran sus intereses económicos y sociales.


El Congreso colombiano aprobó en 1980 la Ley 27, que incorpora el Tratado de 1979 a la legislación nacional, pero el presidente Belisario Betancur, al asumir en 1982, declaró que por motivos filosóficos no aplicaría la extradición de colombianos. En efecto, negó varias solicitudes de extradición formuladas por los Estados Unidos. El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (abril de 1984), por orden del cartel de Medellín (contra el que Lara había emprendido una persecución en regla), hizo que Betancur cambiara de filosofía y ordenara aplicar “con todo rigor” el Tratado de 1979. En 1985 fueron extraditados a Estados Unidos los primeros cinco colombianos, entre ellos el presidente del Club Atlético Nacional, Hernán Botero Moreno, a quien Lara había señalado de utilizar el Club para lavado de dinero.


Los capos del Cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar Gaviria, se agruparon en una sociedad criminal de tipo ideológico (“Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”), denominada “Los Extraditables”. Tal sociedad tenía por objeto procurar la derogación de la Ley 27 y echar abajo el Tratado de Extradición. Al fallar una demanda contra la citada ley, la Corte Suprema de Justicia la declaró inexequible en 1986 por vicios de forma y violaciones de fondo a la Constitución, que ese año celebraba su centenario en medio de una crisis política, social y económica, derivada de la guerra de Los Extraditables contra el Estado colombiano, conflicto que había dejado un número de víctimas aterrador, aunque no todas atribuibles a Los Extraditables, pues la mayoría de los líderes políticos y defensores de Derechos Humanos que cayeron en esa época (1984-1986) fueron asesinados por motivos puramente políticos, distintos de la extradición, y por elementos paramilitares formados para hacer que fracasaran las conversaciones de paz iniciadas en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc.


Al asumir en 1986 la presidencia, Virgilio Barco, quien como embajador de Colombia firmara en Washington el Tratado de Extradición de 1979, declaró que la inexequibilidad de la Ley 27 de 1980 no le ataría las manos, y que utilizaría las normas del Estado de Sitio para aplicar la extradición por vía administrativa. Tal decisión mereció el aplauso del gobierno estadounidense pero reactivó la guerra de Los Extraditables, que, mezclada con la guerra paralela de los paramilitares contra la guerrilla y los movimientos de izquierda política, originó una nueva temporada de crimen, terrorismo, secuestros, crisis y confusión. Finalmente, la Asamblea Constituyente de 1991 elevó a norma constitucional la prohibición de extraditar colombianos. Eso sí, puso fin a la guerra de los narcos, y también fue el punto de partida de nuevas crisis políticas, económicas y sociales. Las presiones del gobierno de Estados Unidos consiguieron que una ley del Congreso restituyera la extradición en 1997 aunque con carácter no retroactivo, lo que no satisfizo por completo las aspiraciones del entonces embajador en Colombia, Miles Frechette, quien consideraba indispensable el carácter retroactivo de la misma.


Muchos colombianos han sido extraditados desde 1985 hasta hoy, al socaire del tratado de 1979. Muchos de ellos todavía purgan sus penas en cárceles de los Estados Unidos, generando dolor, miseria y muerte. La pregunta es si ha servido efectivamente como herramienta de apoyo eficaz a la justicia y al Estado colombiano en la guerra contra el narcotráfico y otros delitos, o es un instrumento más que refuerza la intromisión de una potencia extranjera en la política y los asuntos internos de Colombia. Si observamos bien, en el curso de las últimas tres décadas las actividades del narcotráfico no han disminuido y, además, en la práctica se han adueñado del país, y se extienden a otras naciones de Latinoamérica, como México y Argentina.


Asimismo, si vemos que la mayoría de los crímenes (un 90 por ciento) de diversa índole que se cometen en Colombia quedan en la impunidad, tristemente la respuesta es negativa en el primer interrogante y positiva en el segundo. Así nos lo demuestra la reciente crisis generada por la extradición, como en el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, desmovilizado por los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y la hoy extinta guerrilla de las Farc, que ha enfrentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el Gobierno, la Fiscalía y la embajada de Estados Unidos, cuyo fondo oculto parece ser el de acabar con la JEP y con los Acuerdos de Paz, e imposibilitar el posconflicto.