El antifeminismo de Mujica y los silencios de las izquierdas

El semanario Voces publicó el 19 de diciembre una larga entrevista al ex presidente José Mujica, en la que vierte críticas despectivas hacia las mujeres y las sexualidades disidentes. En su opinión, el feminismo es “inútil” y la agenda de derechos “es una expresión de la estupidez humana”, frase que encabeza la portada del semanario.

Siguiendo el hilo de la entrevista, Mujica repasa muchos aspectos de la realidad mundial y regional, pero cuando se le pregunta por los migrantes negros, responde: “No somos racistas pero mejor que estén lejos”. Luego menciona la agenda de derechos para detenerse en su crítica al feminismo.

“Es bastante inútil el feminismo, porque creo que el machismo es un hecho y que la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable. Pero la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa. Excita lo reaccionario de la propia sociedad, que está ahí. Ahí te salen los Maninis y los otros”, señala en referencia al líder de Cabildo Abierto que cosechó el 11% de los votos y movió el tablero de la política uruguaya al posicionarse en la ultraderecha.

Mujica agrega dos conceptos más. “Me resisto a que el feminismo pueda sustituir a la lucha de clases”, es la primera. La segunda dice: “La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabés dónde tenés la camisa”.

Se sabe desde siempre que Mujica profesa ideas conservadoras, no sólo en la cuestión de género y de los colectivos LGBTT, sino también en materia económica y ambiental (“hay que hacerle un monumento a la soja”, dijo cuando era presidente). Debe reconocerse que tiene el valor de decir lo que piensa de las feministas y cabe destacar que no vetó leyes sobre derechos como hizo Tabaré Vázquez con la ley de aborto en su primer gobierno.

Sin embargo, la forma como expresó sus diferencias y cómo valora el papel de las mujeres en la sociedad, merecen la censura por apuntalar la discriminación y la violencia. En particular, cuando se refiere a la senadora Constanza Moreira como “burra”. El grupo Mujeres al Frente consideró que sus expresiones se enmarcan en “violencia política” y señaló que el partido “no puede mirar para el costado cuando se suscitan estas violencias, vengan de quien vengan”.

Una de las afirmaciones más censurables de Mujica, consiste en culpar a las mujeres del ascenso de la ultraderecha. Dice que sus demandas excitan lo que ha de reaccionario en nuestras sociedades. De ese modo, sintoniza con una idea consistente en no protestar, no elevar demandas, como forma de evitar que la nueva derecha crezca. Por ese camino, nunca se hubiera conseguido nada para los trabajadores.

Pero si siguiéramos la lógica de Mujica, que deduce que el crecimiento de la ultraderecha se debe a la “estridencia” del feminismo (como si ese crecimiento no tuviera relación con el avance del extractivismo), podríamos decir que de forma indirecta sus declaraciones favorecen o encubren los feminicidios; cosa que por cierto no pienso.

Pero creo, como él mismo lo dice, que sus argumentos tienen un punto de anclaje que es necesario desnudar: la lucha por el poder estatal. Le molestan el feminismo y la agenda de derechos, porque provocan un ascenso de la derecha, sin reflexionar sobre la justicia de tales demandas o las razones de fondo de la mentada “estridencia” de las mujeres.

La segunda cuestión irritante es su visión simplista que dice: o lucha de clases o lucha feminista, estableciendo una jerarquía que siempre perjudica a las y los oprimidos, sean mujeres, gays, lesbianas, indígenas o negros. Establecer jerarquías entre las diversas opresiones es tanto como remachar la subordinación de los más débiles, las personas y sectores sociales que no ocupan el centro de la escena política.

La tercera es el lugar de madre que otorga a la mujer. Pensaba que este tipo de razonamiento había sido desplazado del mundo de las izquierdas, luego de más de medio siglo de feminismo. Sin embargo, Mujica conecta con las ideas y actitudes más retrogradas en nuestras sociedades, las que enarbola la derecha conservadora, a la que le ofrece argumentos desde una supuesta izquierda.

La cuarta cuestión es probablemente la más importante. Hubiera esperado reacciones fuertes de la izquierda, entre ellas las de quienes criticaron con extrema dureza a la feminista y antropóloga argentina Rita Segato, por sus opiniones críticas hacia Evo Morales. Sin embargo, pasan los días y se registraron sólo reacciones puntuales dentro de Uruguay, lo que configura un panorama que contrasta vivamente con los ataques sufridos por Segato.

Encuentro dos razones para explicar los silencios de hoy, como la batahola de ayer. Una es el “mandato de masculinidad” que Segato denuncia desde hace ya mucho tiempo. Los varones estamos ante un desafío mayor: desmontar el papel asignado por el sistema, que obliga al hombre a exhibir su potencia masculina para que lo consideren merecedor de ese lugar. En suma, “ser hombre=ser macho”.

Es evidente que la mayor parte de la izquierda, sobre todo la más “radical” (en Uruguay la corriente tupamara), no ha avanzado en una dirección emancipatoria. Prueba de ello es que sólo Jorge Zabalza, entre los principales referentes de esa corriente, ha declarado explícitamente su apoyo a las feministas. Los dirigentes del partido de Mujica (el MPP) están haciendo honor al “mandato de masculinidad” al mantener riguroso silencio sobre sus declaraciones.

Pero hay otro elemento que me parece más grave aún. El pragmatismo está haciendo estragos ya que inhibe el debate franco y abierto, como ya sucedió respecto a Evo Morales, cuando le gritería sustituyó los intercambios de ideas. Lo que predomina es una cultura política de apoyo incondicional a caudillos o, por el contrario, la crítica feroz a esos mismos caudillos. Pero en ambos casos sin debatir sobre qué tipo de sociedad queremos, ni sobre qué tipo de activistas necesitamos.

Por Raúl Zibechi

23 diciembre 2019 0

Publicado enSociedad
Walter Tello, detalle (Cortesía del autor)

Dicen que “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”. Parodiando este refrán, es posible aseverar que “no hay peor ignorante que aquel que no quiere aprender”. Uno y otro resumen de manera meridiana la manera como el poder realmente existente en Colombia encaró –y continúa encarando– la extradición de connacionales hacia los Estados Unidos desde hace cerca de cuatro décadas.


En la memoria nacional todavía anida, no sin estupor, la ofensiva de los narcos con secuestros selectivos para afectar y presionar de manera puntual a factores del poder tradicional: bombas que, más allá de sus destinatarios específicos, produjeron decenas de víctimas de simples transeúntes o trabajadores de ciertas empresas, que nada tenían que ver con el propósito de las mismas; atentados contra políticos, jueces, agentes de inteligencia y otros, así como la lapidaria frase: “Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”.


Era aquella una ofensiva prolongada por varios años y que resumía la respuesta de los ‘emergentes’ ante la autorización de la extradición, en 1985, por parte del gobierno de Belisario Betancur. Una luz verde encendida por el poder tradicional vigente en nuestro país, que desde entonces no cesa de decir que esa es la mejor manera de enfrentar el narcotráfico. Un poder entremezclado desde sus primeros asomos con quienes en forma rápida amasan una inmensa fortuna que deben legalizar –lavar–, para lo cual numerosos bancos disponen sus conductos, así como el propio establecimiento a través de la llamada “ventanilla siniestra”, abierta en el Banco de la República, con el favor de industriales que les importan las materias primas necesarias para transformar la coca en cocaína, o simplemente al realizar lucrativos negocios con quienes querían alardear de su inesperada riqueza, compra-ventas concretadas en la transacción de infinidad de muebles e inmuebles –como cuadros y obras de arte en general–, así como aceptando su dinero para aceitar las campañas electorales.


Se establecía así una relación poder-narcos por conveniencia, como lo recuerda, además, el nacimiento de “Muerte a Secuestradores” (MAS), aparato armado que estructuran sicarios al servicio de un amplio número de mafiosos, reunidos para enfrentar a quienes atentaban contra sus intereses, teniendo como referente inicial el secuestro por parte del M-19 de Marta Nieves, integrante de la familia Ochoa, parte relevante del Cartel de Medellín. El aparato armado se utiliza desde ese momento por el ejército colombiano, como lo testifican algunos integrantes de la otrora guerrilla nacionalista que fueron secuestrados por el MAS para aparecer posteriormente torturados en Bogotá en las caballerizas de Usaquén. Es la dupla de la mafia –poder en cierne– y el poder tradicional, entrelazados por un mismo enemigo y objetivo.


Aquel aparato armado es, a la luz del tiempo, una especie de antesala y base de lo que luego sería conocido como paramilitarismo: ejército financiado por la mafia y puesto al servicio del poder dominante en Colombia para llevar a cabo todas las operaciones –inicialmente clandestinas– que la fuerza oficial no debía ejecutar de manera abierta y permanente.


Como lo testifican infinidad de sucesos, la mafia y sus efectivos militares –transformados en fuerza rural de combate, por la decisión estratégica de factores del poder tradicional, como el generalato colombiano, los terratenientes, políticos de primer nivel, gobernantes de diferentes instancias, obispos y otros– terminan como brazo armado, no ya para la protección y la defensa de sus familias e intereses sino para la defensa del poder tradicional, el mismo que, finalmente, una vez aquellos cumplen con su trabajo sucio –asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar, robar, atemorizar, concentrar aún más la propiedad de la tierra–, los niega y desprecia, actuando en este caso tal como ha procedido siempre con todos sus sirvientes.


Desde aquellos años, la ecuación extradición–cultivos de coca y su transformación en cocaína, así como su exportación a otros países, de manera relevante a los Estados Unidos, no muestra efecto alguno: ni los cultivos de coca dejan de crecer en cantidad de hectáreas utilizadas para ello ni las toneladas de coca se comprimen ni los millones de dólares dejan de ingresar al país.


Así, por ejemplo, en 1991 el país registra 37.500 hectáreas dedicadas a tal siembra, 10 años después ya eran 144.800, para el 2011 decaen a 83.000, estirándose tras otros seis años –último reporte en línea– a 209.000, pasando de un potencial de producción de toneladas métricas de cocaína de 320 en 2008 a 921 en 2017.


De manera contradictoria, durante estos mismos años los gobernantes de turno autorizaron la extradición de no menos de 2.423 connacionales, la mayoría de ellos durante los gobiernos de Álvaro Uribe –1.149– y Juan Manuel Santos –1.200–, quien no dudó en hacer ostentación de ello: “(hemos extraditado) ¡más que ningún otro gobierno!” (1).


A la luz de estos resultados –sin considerar los miles de muertos, violentados, presos, desaparecidos, desplazados– y de la confiscación de embarques, por acción de la llamada “guerra contra las drogas”, es necesario preguntar: ¿Dónde está la efectividad de la extradición? ¿Por qué no decae el negocio que dice combatir? ¿Por qué el establecimiento continúa aferrado a una estrategia totalmente inocua?


Esa estrategia que está en contravía de la lógica del capital, aquella que indica que donde existe demanda hay oferta; demanda que, como en todo mercado, hace fluctuar los precios, en este caso también por calidad y/o pureza, oportunidad, incluyendo un factor que finalmente inclina la balanza: el riesgo –ligado a su prohibición–, lo que le abre campo a la especulación en el extremo de la cadena, cuando ya está el producto al por menor ante el consumidor.


Estrategia de criminalización, que, además, no repara en el factor natural que motiva a quienes, como campesinos, ven en la siembra de la coca una oportunidad para mejorar sus menguados ingresos, en un ejercicio agropecuario en el cual no están obligados a desplazarse cientos de kilómetros con su producto en procura de un posible comprador, que tal vez no esté dispuesto a adquirir el producto o que tal vez le quiebre el precio de su cosecha ante la abundancia de la misma.


Choca esta estrategia estatal de poder y violencia, nacional y extranacional, contra la realidad del mercado, como acaba de suceder en México, donde los campesinos cultivadores de amapola ven cómo el negocio desaparece como producto del mercado gringo inundado por fentanyl, sustancia química “[…] que produce los mismos efectos que la heroína natural, pero 10 veces más poderosa, cuesta la tercera parte y su saldo es fatal. En Estados Unidos, por el uso de fentanyl, mueren al año entre 35 mil y 45 mil personas” (2). Inundado por esta droga, el mercado “[…] trajo consigo la debacle de las cosechas de amapola a lo largo de todo el territorio mexicano. La razón es estrictamente económica: la caída del precio del kilogramo de la goma de mil 350 a 300 dólares (aproximadamente). La cantidad no alcanza ni para cubrir los gastos de la siembra”.


Resultado final de aquellas circunstancias: la erradicación de la amapola, imposible para el ejército, el gobierno mexicano y la DEA, lo consiguió en pocos meses el mercado. Lo mismo ha resultado con la marihuana, ahora en competencia con la producción local de Estados Unidos y su legalización en varios estados de la Unión, así como en diversidad de países que ven en tal mecanismo la mejor estrategia para desinflar un negocio que da pie al fortalecimiento de las mafias, así como al debilitamiento del establecimiento, producto de la violencia creciente que propicia y de la corrupción que alimenta.


Así, en contra de la realidad del mercado, de la naturaleza y de la vida misma, vuelve una y otra vez el interrogante ¿Por qué persisten con la extradición?


Años 80 del siglo XX


No está de más recordar que, cuando Richard Nixon acuña la expresión “Guerra contra las drogas”, lo hace en contravía de las conclusiones de la Comisión Shafer –que había sido conformada para evaluar las relaciones de la drogadicción con las diversas formas de criminalidad en los Estados Unidos–, que no vio relación directa alguna entre consumo de psicotrópicos y delito. Un acto bélico convertido posteriormente en “Guerra contra el terrorismo” sería el sucedáneo que llenaba el vacío de un “enemigo de la civilización” derrotable.


Para nuestra desgracia, ‘emprendedores’ colombianos, finalizando los 70, vieron que el comercio ilegal de psicotrópicos en Estados Unidos era un gran negocio, y que tanto la marihuana –especialmente la sembrada en La Guajira– como la hoja de coca contaban con ecosistemas favorables para su siembra, conformando un vector sinérgico para la generación de enormes ganancias que los llevaron a posicionarse rápidamente como líderes de ese comercio.


Cuando el narcotráfico mostró inicial y desenfrenadamente su poderío en Colombia, corrían los primeros años de la década del 80 del siglo XX, tiempo para el cual nuestra sociedad acumulaba en sus entrañas la lava de un volcán social. Así lo reflejaba la aparición de paros, sobre todo cívicos, que se multiplicaban a lo largo y ancho de su territorio; el descontento social propiciaba el crecimiento de las guerrillas urbanas y rurales, que, tras una quimera socialista y/o nacionalista insuflaba la imaginación y la multiplicación de las energías de miles de jóvenes y no tanto; la coordinación de variados movimientos sociales proyectaba la imagen de una capacidad de acción y de confrontación del poder tradicional por parte de los negados de siempre: la constitución de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), así como de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al tiempo de la inicial coordinación de movimientos por el derecho a la ciudad. La superación de la dispersa acción insurgente, como Coordinadora Guerrillera de Colombia, no estaba por fuera de esa dinámica.


La confianza de que una Colombia de nuevo tipo estaba por tomar forma también encontraba aire, por un lado en la incapacidad del régimen político para desmontar el descontento social y, por otra, en el por entonces reciente triunfo sandinista contra la dictadura somocista, pero también en los avances de la guerrilla salvadoreña. Una América insurgente ganaba espacio y audiencia tras una movilización por ideales de justicia e igualdad.


En tales circunstancias, la emergencia del narcotráfico como opción efectiva para resolver aquí y ahora, no en un tiempo impreciso –en este caso de manera individual y no colectiva–, las necesidades familiares, sobre todo de casa, así como el goce diario del dinero que no falta, aparece como el camino por seguir, tras el cual se desfoga en un principio un considerable porcentaje de jóvenes, en particular de Medellín y Cali. La escalada violenta que coparía varias de las principales ciudades del país, primero con acciones de las bandas mafiosas contra representantes del poder tradicional, luego contra las fuerzas de policía, y después entre los propios carteles –en particular el de Medellín y el de Cali–, termina por desestructurar tejidos sociales construidos en décadas de resistencia social por un país de nuevo tipo.


Tras aquello, en particular la guerra vivida en comunas y barrios populares de Medellín, entre milicias guerrilleras y bandas al servicio del narcotráfico, potenciadas con el apoyo del aparato armado oficial, termina por hacerse evidente –para el poder tradicional, criollo e internacional– la capacidad de control político y destructiva del tejido social desprendido del narcotráfico, en toda la extensión de su palabra y proceder.


Pasados los años, una vez derrotadas las milicias de corte insurgente en Medellín, e impuesto el reino paramilitar, y con éste el imperio de las “fronteras invisibles”, queda sellada la destrucción de la organización comunitaria. La extensión de tal fenómeno por barriadas populares de Cali, Bogotá y otras de nuestras principales ciudades, a la par de multiplicar el negocio del menudeo de estupefacientes, conlleva, con conciencia o sin ella, iguales resultados. Cárceles hacinadas por jóvenes, muchos de ellos asesinados en su interior, adictos en su gran mayoría a algún psicoactivo, así como al alcohol, terminan por darle forma al círculo “vive pronto y muere”, imaginario cultural que es propiciado por un modelo de control social que potencia el individualismo, afinca la vida en el presente, y rompe con el futuro por construir y vivir.


El narcotráfico al servicio del poder, que por extensas regiones rurales de la patria dejó una estela de terror, despojo y desplazados, transforma por muchos años el mapa del poder territorial, también como producto de la destrucción del tejido social hilado a lo largo de décadas de lucha campesina por el derecho a la tierra y una vida digna.


Se hace evidente entonces la capacidad destructiva del narcotráfico, a la vez que de control político, leída e interpretada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que no sólo utilizaron a los narcotraficantes colombianos para reunir los dineros necesarios para llevar a cabo sus operaciones secretas –caso Irangate– (3) sino que además inundaron las barriadas populares de ciudades como Los Ángeles, con la clara conciencia de drogar y volver adicta a la población negra allí residente, que también terminó por perder el foco de la organización colectiva para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida, así como el referente de la necesaria destrucción del sistema que los niega y oprime, para un porcentaje importante de ellos pasar a inundar el sistema carcelario de su país, como lo testimonió en sus reportajes sobre este tema, y el posterior libro Alianza oscura, el laureado y ‘suicidado’ Gary Webb (4).


Son estas mismas agencias de espionaje de Estados Unidos, en especial la DEA, las que en todo momento buscan infiltrar y controlar el mercado de narcóticos, conservando bajo su manga la amenaza de la extradición de sindicados por comerciar con narcóticos con destino a aquel país, en una estrategia que terminó por convertirse en mecanismo para negociar con los capturados el precio de su libertad, que se hace efectiva tras el pago de pocos años de encierro y la confiscación de bienes, entrega de rutas y delación de conocidos incursos en el negocio. La verdad sobre la guerra y sus víctimas –por ejemplo, para el caso de paramilitares extraditados– poco les interesa o la acumulan para cuando requieran apretarles el cuello a ciertos personajes del país, garantizando así la sumisión en las esferas del alto gobierno, como en las Fuerzas Armadas y otros factores del poder realmente existente y dominante.


Esa sumisión asume rasgos grotescos, como en el caso del actual procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien en defensa de su apelación a la decisión de la JEP de negar la extradición de Jesús Santrich, en forma vehemente y sin timideces dice defender los intereses judiciales de los Estados Unidos: “No es, y perdónenme la analogía, el papelito de un funcionario de tercera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un documento formal que tiene fuerza y cuya legalidad estamos defendiendo”, como una muestra más de que, en los procesos de extradición –como en muchos otros de diferente índole–, los agentes del Estado colombiano no son más que dóciles ejecutores de los dictados extranjeros.


La pregunta no tarda en aparecer: ¿Si han capturado una cantidad creciente de narcos, con los cuales concretan tal estrategia de negociación, cómo es que la DEA no controla todas las rutas e intersticios del negocio que dice combatir, acabando de una vez y para siempre con el mismo? ¿Acaso estamos ante el juego del gato y el ratón, en el cual el felino no destruye su presa para que el juego no llegue pronto a su fin?


Estamos ante una estrategia que, luego de procesada en todas sus variables, es trasladada y copiada para realidades similares a las de Colombia, como México, donde el poder de los carteles del narcotráfico, con iguales y peores prácticas que las copiadas a sus pares suramericanos, arrolla como un tsunami, llevándose a su paso el tejido social, extendiendo el miedo por doquier, desuniendo, hastiando a su población sometida a una violencia sin límite, fijándoles frontera a los poderes insurgentes venidos de abajo, debilitando su gobierno nacional, quebrando la moralidad y la ética ante el atractivo del billete del vecino del norte.


Poco a poco, la estrategia muestra raíces en Argentina y otros países de la región, todo con una clara pretensión: arruinar el tejido social y solidario para desvirtuar con ello la esperanza en un cambio del sistema sociopolítico. La experiencia adquirida con la extradición de colombianos lleva ahora, cuando ven que el imperio afronta revalidad global, a fortalecer la idea del derecho del sistema judicial estadounidense a la extraterritorialidad, que en el caso del fifagate y ahora con Julian Assange y Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, señala su proyección como una forma de intimidación y, por tanto, de control del comportamiento de cualquier persona por fuera de sus fronteras.


La estrategia de dominio político y control social, de destrucción de referentes colectivos, de proyección de temor y desconfianza en la vida diaria, en que cada uno debe resolver lo suyo sin pensar en los demás, pasa a ser utilizada en la lucha contra la propia insurgencia, ahora como un recurso de “lucha contra el terrorismo”, extendido para el caso de los Acuerdos de Paz firmados en Colombia como un recurso para explosionarlos.


Son entonces, narcotráfico y extradición, una realidad social y económica, utilizada además como estrategia en la geopolítica del poder global, en la que nuestro país actúa, como en otros muchos sucesos, como simple peón.


1. Palabras del presidente Juan Manuel Santos en el balance del sector de infraestructura y vivienda. 14 de marzo de 2017.
2. Semo, Ilán, “Lo que el opio se llevó”, La Jornada, México,mayo 18 de 2019.
3. Estalla el Irangate, https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20161125/412132963656/irangate-oliver-north-venta-armas.html
4. En agosto de 1996, Webb, con una serie de reportajes sobre el tráfico de drogas entre Estados Unidos y Nicaragua, reveló cómo la CIA vendió toneladas de crack en los barrios de Los Ángeles y utilizó ese dinero de comercio criminal para financiar las operaciones de la contra nicaragüense, que trataba entonces de derrumbar al gobierno sandinista en Nicaragua. Webb hizo esos trabajos con abundantes entrevistas a narcotraficantes hoy detenidos en Estados Unidos (entre ellos, uno a quien llaman Ricky Ross, uno de los más grandes narcos de la costa oeste) y con agentes de la DEA. Webb recibió en 1990, con el diario San José Mercury News, el Premio Pulitzer (máximo galardón anual para los periodistas de Estados Unidos).

 


Extradición en Colombia

 

¿Herramienta de justicia?




por Enrique Santos Molano



El Tratado vigente de Extradición entre Colombia y Estados Unidos se firmó en Washington el 14 de septiembre de 1979 por el embajador Virgilio Barco Vargas y el secretario de Estado, Cyrus Vance. En él se contempla la extradición a Estados Unidos de colombianos solicitados por la justicia de aquel país en razón de que estuvieran sindicados de delitos de narcotráfico, lavado de dinero o cualesquiera otros que se hubieran cometido dentro de la Unión Americana, o que de alguna manera afectaran sus intereses económicos y sociales.


El Congreso colombiano aprobó en 1980 la Ley 27, que incorpora el Tratado de 1979 a la legislación nacional, pero el presidente Belisario Betancur, al asumir en 1982, declaró que por motivos filosóficos no aplicaría la extradición de colombianos. En efecto, negó varias solicitudes de extradición formuladas por los Estados Unidos. El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (abril de 1984), por orden del cartel de Medellín (contra el que Lara había emprendido una persecución en regla), hizo que Betancur cambiara de filosofía y ordenara aplicar “con todo rigor” el Tratado de 1979. En 1985 fueron extraditados a Estados Unidos los primeros cinco colombianos, entre ellos el presidente del Club Atlético Nacional, Hernán Botero Moreno, a quien Lara había señalado de utilizar el Club para lavado de dinero.


Los capos del Cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar Gaviria, se agruparon en una sociedad criminal de tipo ideológico (“Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”), denominada “Los Extraditables”. Tal sociedad tenía por objeto procurar la derogación de la Ley 27 y echar abajo el Tratado de Extradición. Al fallar una demanda contra la citada ley, la Corte Suprema de Justicia la declaró inexequible en 1986 por vicios de forma y violaciones de fondo a la Constitución, que ese año celebraba su centenario en medio de una crisis política, social y económica, derivada de la guerra de Los Extraditables contra el Estado colombiano, conflicto que había dejado un número de víctimas aterrador, aunque no todas atribuibles a Los Extraditables, pues la mayoría de los líderes políticos y defensores de Derechos Humanos que cayeron en esa época (1984-1986) fueron asesinados por motivos puramente políticos, distintos de la extradición, y por elementos paramilitares formados para hacer que fracasaran las conversaciones de paz iniciadas en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc.


Al asumir en 1986 la presidencia, Virgilio Barco, quien como embajador de Colombia firmara en Washington el Tratado de Extradición de 1979, declaró que la inexequibilidad de la Ley 27 de 1980 no le ataría las manos, y que utilizaría las normas del Estado de Sitio para aplicar la extradición por vía administrativa. Tal decisión mereció el aplauso del gobierno estadounidense pero reactivó la guerra de Los Extraditables, que, mezclada con la guerra paralela de los paramilitares contra la guerrilla y los movimientos de izquierda política, originó una nueva temporada de crimen, terrorismo, secuestros, crisis y confusión. Finalmente, la Asamblea Constituyente de 1991 elevó a norma constitucional la prohibición de extraditar colombianos. Eso sí, puso fin a la guerra de los narcos, y también fue el punto de partida de nuevas crisis políticas, económicas y sociales. Las presiones del gobierno de Estados Unidos consiguieron que una ley del Congreso restituyera la extradición en 1997 aunque con carácter no retroactivo, lo que no satisfizo por completo las aspiraciones del entonces embajador en Colombia, Miles Frechette, quien consideraba indispensable el carácter retroactivo de la misma.


Muchos colombianos han sido extraditados desde 1985 hasta hoy, al socaire del tratado de 1979. Muchos de ellos todavía purgan sus penas en cárceles de los Estados Unidos, generando dolor, miseria y muerte. La pregunta es si ha servido efectivamente como herramienta de apoyo eficaz a la justicia y al Estado colombiano en la guerra contra el narcotráfico y otros delitos, o es un instrumento más que refuerza la intromisión de una potencia extranjera en la política y los asuntos internos de Colombia. Si observamos bien, en el curso de las últimas tres décadas las actividades del narcotráfico no han disminuido y, además, en la práctica se han adueñado del país, y se extienden a otras naciones de Latinoamérica, como México y Argentina.


Asimismo, si vemos que la mayoría de los crímenes (un 90 por ciento) de diversa índole que se cometen en Colombia quedan en la impunidad, tristemente la respuesta es negativa en el primer interrogante y positiva en el segundo. Así nos lo demuestra la reciente crisis generada por la extradición, como en el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, desmovilizado por los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y la hoy extinta guerrilla de las Farc, que ha enfrentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el Gobierno, la Fiscalía y la embajada de Estados Unidos, cuyo fondo oculto parece ser el de acabar con la JEP y con los Acuerdos de Paz, e imposibilitar el posconflicto.

Sábado, 21 Diciembre 2019 06:40

2019: cambio de época

2019: cambio de época

“Te husmean la boca/no sea que hayas dicho: te amo. Te husmean el corazón”, escribió el gran poeta persa del siglo XX, Ahmad Shamlú, en su poema En este callejón sin salida de 1977.

Shamlú evidenció en estos versos la atmósfera del régimen del Shá de Irán, anticipó la naciente República islámica, y, especialmente, criticó el totalitarismo en cualquier época y forma.

Una década después, comenzó la imposición del proyecto neoliberal como sistema global hegemónico. Conservadores y progresistas, incluso aquellos que, como en Irán, tienen retórica antiestadunidense, fueron permitidos en el concierto civilizatorio, siempre y cuando sean capitalistas. Hoy no hay gobierno que no sea arrastrado por alguna atadura al extractivismo y el dependentismo.

Pero la promesa de la paz y el orden neoliberal nunca fue cumplida. Ni el fin de la historia ni el choque de civilizaciones ocurrieron, y más bien conformaron el disfraz retórico que ocultaba el afán expansivo neoliberal. Las cíclicas crisis (desde los 80 hasta 2008) fueron la rueda con la que caminó el nuevo sistema global. Las afectaciones más palpables golpearon a las clases populares de todo el mundo.

Desde la contracumbre y protesta de Seattle, acaecida en noviembre-diciembre, justo hace 20 años, hasta las protestas de este 2019 en diversas latitudes, desde Ecuador y Chile en América Latina hasta Irán, Irak, Líbano en Medio Oriente, y más allá: Argelia, Sudán, Hong Kong, India, muestran que desde el principio el neoliberalismo fue cuestionado.

La globalización no fue el triunfo de la libertad. Fue y es la etapa actual de la tiranía y la esclavitud escribieron los zapatistas ante el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos en 2017. Los rebeldes mayas del sureste caracterizaban así el agotamiento del modelo neoliberal para la transformación en algo peor: una rancia fórmula chovinista como nuevo garante del sistema.

Este agotamiento del modelo, y las insurrecciones que lo evidencian, alcanza a países muy disimiles. Irán por ejemplo, vive manifestaciones extendidas a 200 ciudades. Es la mayor rebelión desde el inicio de la República Islámica. El aumento de 200 por ciento del precio de los combustibles por el moderado detonó la salida a las calles de las mayorías del país golpeadas por las sanciones económicas estadunidenses en 2015. En la pasada década, después del llamado Movimiento Verde, el gobierno de Irán combinó su fundamentalismo religioso con el fundamentalismo de mercado, y siguió los dictados de políticas de shock contra las clases populares.

El poeta iraní murió después del fracaso del movimiento estudiantil de su país en 1999. Hasta entonces no dejó de escribir críticamente y preguntar: ¿cuánto falta para un nuevo nacimiento de la esperanza? Hoy parece llegar ese momento.

En el otro extremo, pero con iguales consecuencias, se encuentra su vecino Irak. A 17 años de la invasión encabezada por Estados Unidos, y tras una guerra civil que ha causado más de 200 mil muertos, la nueva democracia exportada por los estadunidenses sólo ha traído miseria. Así, la población joven tuvo que levantarse en este octubre en protestas por razones parecidas: las terribles condiciones de los servicios públicos (incluida la insalubridad del agua) y la rampante corrupción.

Todos estos países vivieron a lo largo de la época neoliberal un proceso gradual de precarización de la vida mediante políticas de shock y recortes de políticas que beneficiaban a los más desfavorecidos.

Así, en este cambio epocal, los Estados responden con violencia: 800 muertos en Irán, 400 en Irak, y las cifras de asesinados que ya conocemos en Chile y Bolivia, además de desapariciones, uso de milicias contra manifestantes, cancelación del servicio de Internet para evitar la difusión de la protesta y la denuncia.

Diez años después de las llamadas primaveras árabes –y de otros movimientos en Grecia y hasta México, y la imposición de regímenes terribles– las poblaciones insurrectas de este 2019 tienen un reto mayor: pensar su horizonte en otra clave, a la vez dentro y a la vez fuera de las grandes fechas y las demandas frente a los gobiernos. El cambio de enfoque está en su existencia misma. En ellas como fundación de comunidad y formas de vida diversas; formas que comienzan con un gesto, un freno, un levantamiento contra el viejo régimen hace pocas décadas presentado como nuevo.

En Irán, por ejemplo, la quema de bancos y de símbolos de la república fundamentalista, y que continúan con espacios liberados y reconstituidos desde abajo, como la Plaza Tahrir de Irak. El periodista del Washington Post Mustafa Salim lo define así: La plaza Tahrir se ha convertido en un templete del tipo de sociedad en el que los manifestantes dicen que quieren vivir. En Tahrir cientos de personas proveen de comida gratis, decenas de voluntarios médicos dan atención. Se barre por las mañanas, prenden velas por sus muertos y anotan sus nombres con caligrafía en las paredes. La población tomó edificios vacíos alrededor de la plaza, generaron su electricidad y formaron bibliotecas en él.

El reto frente al chovinismo global, la nueva actualización del capital, no es menor. Y aunque pareciera que las insurgencias no tienen un plan: ellas son el plan, dice el politólogo Benjamin Arditi. Así, la renuncia de los primeros ministros de Líbano e Irak son poca cosa comparado con la bella paradoja del mundo distinto que es el quehacer del otro mundo posible, generado diariamente, presente en todo el mundo: los cabildos chilenos, los cantones del Kurdistán sirio, y la semilla de la primera rebelión contra el neoliberalismo que son los pueblos zapatistas, los cuales multiplicaron sus caracoles autónomos a mediados de este año, con la certeza que canta la poeta palestina Fadwa Tuqan, saben que: más allá de las fronteras de la noche/el sol nos sigue esperando, y la luna.

* Cronista

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Martes, 17 Diciembre 2019 08:24

Colombia y el horizonte 2020-2021

Colombia y el horizonte 2020-2021

Con una alegre y diversa protesta social, y con una esperanza de acción y cambio pocas veces vista en Colombia, cierra 2019. Culmina un año pero también una década (2010-2019), diez años a lo largo de los cuales diversas protestas sociales de significativo realce tomaron forma y concitaron simpatías nacionales.

Paro nacional estudiantil –conocido como Mane–, irrupción de las dignidades agropecuarias, mingas indígenas de diversa potencia, otros movimientos estudiantiles de menor alcance, paros cívicos como los del Chocó y Buenaventura.

En ese mismo período de tiempo se vivió en Bogotá la experiencia de la alcaldía de la Colombia Humana, que alcanzó a perfilar aspectos puntuales de otro modelo de ciudad posible, experiencia que desnudó la voracidad del capital para el cual es inaceptable cualquier cambio, por mínimo que sea, como el de darle un vuelco a la naturaleza jurídica de la propiedad en un asunto como el de la basura. Aunque en menor escala, la experiencia liderada por el alcalde Jorge Iván Ospina en Cali también había revelado una eficiencia superior de una propuesta alterna, con vocación de liderazgo social, en el manejo de lo público y de los recursos económicos que son del conjunto social.

Unos y otros fueron sucesos que marcaron amplios grupos sociales y conglomerados, algunos de los cuales también estuvieron comprometidos con la agenda en pro de una negociación de paz con las Farc y el Eln. Es decir, termina una década en la que un grupo significativo de connacionales, hombres y mujeres, vivieron un proceso de politización, un proceso lleno de deseos de cambios profundos para el país. En fin, una paz esquiva en medio de una agenda guerrerista por la parte oficial.

En un período mucho más amplio, que comienza en 1990, el país todo comienza a padecer las consecuencias de un capitalismo reforzado, que se siente triunfante y sin competencia en el mundo entero: el capitalismo neoliberal. Fueron suficientes tres décadas de dominio y exabruptos para que la clase media, sobre todo, sintiera el peso de las medidas económicas, sociales y de administración pública que impone tal modelo y que se traducen en una tasa impositiva mayor para quienes devengan a partir de cuatro salarios mínimos, para quienes han invertido sus ahorros en una vivienda, para quienes poseen un carro por necesidad o status, en fin, para quienes no son ricos, y para quienes el hecho de arañarles cada vez más sus ingresos empieza a apretarles las condiciones de vida diaria, que muchas veces, para soportarlas o mantenerlas dentro de la demanda de lo que significa ser clase media –esa pequeña burguesía que cree ser y poseer lo que no es ni tiene–, les obliga a un perenne endeudamiento.

Bien, unas y otras realidades, uno y otro logro, pequeños pero presentes en la memoria de quienes los vivieron, y con eco sobre otros sectores sociales, son lo que ahora se suma, no de manera mecánica ni por efecto de un toque mágico de extraños personajes con superpoderes o como producto de una agrupación política que así lo haya propiciado, sino por efecto dinámico de esa conjunción entre opresiones y negaciones, entre sueños y luchas, entre violencias y rabias, entre exclusiones y amenazas, entre mensajes y discursos que van horadando el callo conservador de este país controlado por poderes y miedos de distinta estirpe. Un efecto mariposa va aleteando sobre conciencias y voluntades, rompiendo esquemas y sorprendiendo a viejos liderazgos que aun procesan lo que por estos está ocurriendo.

Esta es un aspecto de la realidad. Pero también hace parte de ella el efecto de las transformaciones sociales generadas por la tercera y la cuarta revoluciones científicas, en particular por la incontenible irrupción de la internet y la desestructuración del modelo comunicativo hasta ahora conocido. A la par, el eco lejano y cercano de irrupciones sociales en pro de una democracia ‘otra’, diferente de la imperante: la Primavera Árabe (la de antes y la que ahora está tomando cuerpo), el 11-M español, la destitución de presidentes en Ecuador, el progresismo en América Latina, el zapatismo con todo su ejemplo aleccionador, los Chalecos amarillos de Francia, las revueltas en Haití, las demandas de soberanía y democracia en Hong Kong, y los muy cercanos levantamientos en Chile y Ecuador contra lo que parece ser la ofensiva del capital tras una nueva etapa del neoliberalismo.

En ese interregno, en esa conjunción de pequeños, medianos y grandes sucesos, va quedando desnuda la democracia formal que sufrimos como sociedades oprimidas, y un nuevo referente de vida digna proyecta destellos de esperanza: sí es posible otra democracia, una que no sea simplemente formal, que se abra al protagonismo social –directa–, que afecte la redistribución de la riqueza que unos pocos concentran y que retome lo público como camino necesario para reconstruir soberanías –radical–, y que obligue a consultarles a las mayorías cuando el Estado central, en cabeza del Ejecutivo, pretenda enajenar lo que pertenece a todos, o lo que implica afectaciones para todos, cuando el asunto en cuestión, en el caso colombiano, no haya sido aireado en la campaña electoral para llegar a la Casa de Nariño.

Es precisamente ese referente democrático, que deberá reencauzar los acelerados flujos financieros, expresión de un capitalismo financiarizado que especula y destruye el aparato productivo de gran cantidad de naciones; referente de otro modelo social que ya está tomando forma a través de la socialización de procesos creativos, productivos y comerciales, aunque no a través de la socialización de lo producido por todos; proceso de otra democracia que puede encabezar otras formas de gobierno, cada vez más colectivas y dialógicas, lo que ahora se pone a la orden del día en nuestro país, situándose como referente necesario por disputar en las jornadas de lucha que, como prolongación de lo acaecido desde el 21N, caracterizarán al país a lo largo de 2020-2021.

Es esta un disputa de gobierno y poder que deberá ganar asiento territorial y protagonismo de base, con asambleas de todo tipo y tamaño a lo largo y ancho del país, acción de reencuentro y tensión de fuerzas que –como método– puede asumir un recorrido colectivo y múltiple del país, una especie de Vuelta a Colombia de movimientos sociales, una Vuelta para dejar de ser lo que somos y empezar a ser lo que soñamos, de la cual, en todas sus etapas, deberá dejar, entre otros productos, una plataforma de lucha, especie de programa de gobierno por concretar en cada uno de los territorios, sin esperar cambio de administración alguno, aunque sin oponerse a tal posibilidad.

Es otra democracia, que sí es posible, para ser gobierno, en lo pequeño y cotidiano, como en lo más grande y/o estructural.

Aprovechemos los cambios, en proceso y ante nosotros, para también transformamos con ellos.

 

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 09:04

El malestar estudiantil

Fabio Manosalva, detalle “Turista Maluco”, marzo 2019, collage 33 x 27cm, http://fabio-manosalva.blogspot.com/ (Cortesía del autor)

Nadie podía envidiar la suerte de Nathalie Dompnier, rectora de la Universidad Lumière-Lyon 2, cuando le tocó comentar la inmolación por fuego, el 8 de noviembre pasado, de uno de sus estudiantes. Con su gesto, Anas X, de 22 años, pretendía protestar contra la miseria y el callejón sin salida de su condición social. Tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo; había desaprobado los exámenes; su beca acababa de ser cancelada. Entonces se decidió, según las palabras de un tunecino que también se había inmolado en diciembre de 2018, a “hacer una revolución por sí solo”.


Los jóvenes de entre 18 y 24 años conforman el grupo cuya tasa de pobreza fue la que más avanzó en estos últimos años. Ahora bien, recordó Dompnier, la precariedad “no permite estudiar en condiciones serenas”. Cinco meses antes de la tentativa de suicidio en Lyon, un estudio del Consejo Económico, Social y Medioambiental advertía que el trabajo asalariado de los estudiantes, cuando sobrepasa cierta duración, “lo que ocurre a menudo con aquellos que no disponen de becas suficientes o de ayudas familiares, les hace correr un riesgo mayor de fracasar en sus estudios” (1).


Actualmente, muchos de ellos tienen también hambre, duermen a la intemperie, no se cuidan. Con los medios ínfimos con los que dispone su universidad, Dompnier alega que “no podrá hacer todo” por ellos. Y propone “una unidad de psicología”, “un número verde”, “una asistente social”, “una tienda de comestibles solidaria” (Le Monde, 16 de noviembre de 2019). La ministra de Enseñanza Superior e Investigación, Frédérique Vidal, se jacta de haber “aumentado el monto de las becas” (en un 1,3%, en realidad, es decir el nivel oficial de inflación). Sin embargo, va a “repensar todo esto”; pero “evidentemente lleva su tiempo” (France Culture, 19 de noviembre de 2019). Promete que ya, este invierno, se va a dejar de expulsar a los estudiantes faltos de recursos de las ciudades universitarias…


“Una masacre”


Lo mismo que pasa con la universidad pasa con los hospitales, la agricultura, los bomberos, la escuela, el estado de los puentes. En Francia y en todas partes. Treinta y cinco años de privatizaciones, de retroceso de la gratuidad, de bajas de los subsidios, de controles quisquillosos en todos los campos –gracias Internet– y, al final, una sociedad bajo presión, aturdida, arruinada, que quema sus últimas reservas. Una sociedad en la que sectores enteros están cediendo. A intervalos regulares, muestra su agotamiento, expresa su cólera (2). Paso a paso, resiste a las violencias que los partidos de gobierno se obstinan en infligirle a pesar de todas las alternancias políticas. En el programa de las últimas “reformas”, o de las próximas: la baja de las ayudas para las viviendas, un nuevo aplazamiento de la edad de jubilación, la liberalización del trabajo nocturno, la restricción de la ayuda médica estatal, el endurecimiento de las ayudas al desempleo; “una masacre”, en palabras de un responsable sindical que sin embargo está en buenos términos con el Elíseo, Laurent Berger.


Un joven que sacrifica su vida como sucede en los regímenes autoritarios, manifestantes que pierden un ojo, una mano, durante una carga de policía, panfletarios de derecha que anuncian la guerra civil… Varios movimientos de huelga se preparan para las próximas semanas. Si fracasan, ¿dónde estaremos el año que viene?

1. Marie-Hélène Boidin Dubrule y Stéphane Junique, “Éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030”, CESE, París, 26-6-2019, www.lecese.fr. Véase también Vanessa Pinto, “Deux jeunesses face à la ‘loi travail’”, Le Monde diplomatique, París, abril de 2016.
2. Véase Bernard Cassen, “Quand la société dit ‘non’” (así como también el dossier que integra), Le Monde diplomatique, enero de 1996.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Aldo Giacometti

 

 

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 08:25

La crisis de Colombia con P mayúscula

Verona, sin título, escultura (Cortesía del autor)

¿Estamos viviendo en América Latina un momento histórico trascendental, el inicio de la segunda Independencia, como el que se vivió hace dos siglos? La respuesta puede ser afirmativa, si miramos el panorama. En México se consolida un gobierno progresista; en Argentina ha ganado las elecciones, por mayoría aplastante, un candidato progresista que se dispone a asumir el gobierno en pocos días; en Chile un paro nacional completa cuarenta y cinco días para imponer el cambio de una constitución heredada de la dictadura sangrienta de Pinochet por una constitución progresista; en Bolivia un golpe de Estado depone el gobierno progresista de Evo Morales, pero la resistencia contra los golpistas crece, y una parte del ejército se ha puesto del lado del presidente legítimo. En Ecuador, el paquetazo tributario de Lenin Moreno, ordenado por el FMI, se quemó en la puerta del horno por la rebelión indígena que copó la capital y que obligó a Moreno a huir a Guayaquil y a plegarse a las demandas populares; en Colombia, un paro nacional, que estalló el 21 de noviembre, contra el gobierno de Iván Duque y sus proyectos de reformas neoliberales (tributaria, laboral y pensional) completa una semana.


A lo anterior debe agregarse la conformación del Grupo de Puebla, liderado por México y por el gobierno electo de Argentina, e integrado por cerca de cuarenta personalidades progresistas de América Latina con el fin de promover un frente común continental contra el neoliberalismo y las políticas económicas regresivas del FMI.


En tales circunstancias, el Paro Nacional de Colombia contra el gobierno de Iván Duque Márquez, cobra una importancia especial. A diferencia de paros anteriores, como el de septiembre de 1977, el actual movimiento reúne íntegras las corrientes ciudadanas que luchan por un cambio profundo en la vida colombiana: trabajadores de todos los oficios, estudiantes, intelectuales, artistas, educadores, hombres y mujeres, que llevan una semana en las calles, marchando pacíficamente, enfrentando con alegría, música, y sin miedo, la represión de las fuerzas de policía (grupo Esmad) y la acción de los vándalos organizados por la extrema derecha para infiltrarse en las marchas y provocar disturbios que desacrediten el movimiento social y propicien la intervención represiva de la policía, no contra los vándalos, sino contra los ciudadanos que protestan pacíficamente.


Un factor similar, como en 1810, identifica a los pueblos latinoamericanos en 2019: la pérdida del miedo. Los manifestantes están demostrando que ya no le tienen miedo ni a las fuerzas represivas del gobierno, ni a los dictados del FMI, ni a los militares, ni al imperio. ¿Qué saldrá de ello? Posiblemente la segunda independencia, o quizá también nuevas dictaduras militares, como en los tiempos infelices de la Guerra Fría, que serán el último coletazo del régimen opresor agonizante. Sí, puede asegurarse, que la marcha que han iniciado los pueblos latinoamericanos, no tiene reversa, como no la tuvo la que iniciaron en 1810.


La acción de los manifestantes colombianos que protestan en la totalidad del territorio nacional, contra un gobierno, contra un régimen clasista, exclusivista y mediocre, presidido por un mandatario incapaz, nos muestra el surgimiento de un nuevo poder invencible: el Poder Ciudadano.


El presidente errático, Iván Duque, no ha entendido, ni podrá entender, que él no manda, sino que debe obedecer, como corresponde a un servidor público, cualquiera que sea su rango, y con mayor razón si ha sido elegido por los ciudadanos, para servirles en el cargo de presidente de la República. Él presidente no tiene que hacer propuestas. Su obligación es escuchar las propuestas de los ciudadanos y proceder a darles curso. Lo contrario es absolutismo. Viola por completo los principios de la democracia.


En uno de sus tantos dislates, en su intervención durante la “conversación” con los mandatarios regionales electos, dijo Iván Duque que “debemos trabajar por una Colombia con P mayúscula”. Pues, bien. Por ahora tenemos una gran crisis en Colombia y un Paro con P mayúscula. Un Paro mayúsculo.

 

 

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Jueves, 05 Diciembre 2019 06:21

El Gobierno Bolsonaro camina hacia el abismo

El Gobierno Bolsonaro camina hacia el abismo

Cada vez hay más preocupación en los círculos financieros internacionales por la suerte del presidente brasileño Jair Bolsonario y sus reformas debido a la conjunción de turbulencias políticas en la región y en su propio país.

La preocupación se relaciona con los llamados tiempos políticos. Se considera que el primer año de Gobierno es clave para emprender reformas, ya que luego las inercias y las trabas del propio sistema tienden a ser mayores, en particular cuando se avecinan tiempos electorales.

El influyente periódico británico Financial Times, se pregunta si a Jair Bolsonaro ya se les pasó la hora de hacer las reformas que Brasil necesita.

Según el diario inglés, la ventana de oportunidades se produjo entre enero de 2019, fecha en que Bolsonaro asumió la presidencia, y las elecciones municipales de 2020. El periódico se pregunta si el presidente "sucumbirá nuevamente a su habito perpetuo de decepcionar a los inversores".

Los mercados financieros globales recibieron con euforia al Gobierno de Bolsonaro, lo que se refleja en la impresionante subida de la bolsa (Bovespa), que durante su primer año trepó por encima de los 100.000 puntos, escalando un 30% este año.

Los mercados esperan mucho más de un alumno aventajado de la escuela neoliberal de Chicago. Restan por implementarse la reforma de la administración pública y sobre todo una simplificación del sistema tributario que los empresarios consideran una cuestión irrenunciable, ya que es muy riguroso y burocrático.

Los márgenes del Gobierno brasileño quedaron expuestos cuando el ministro de Economía Paulo Guedes, el más fervoroso defensor de las reformas, admitió la necesidad de frenarlas por temor a un contagio de la situación que vive la región.

En efecto, días atrás, Guedes declaró en Washington que nadie debería sorprenderse si en Brasil hubiera manifestaciones como las que suceden en Chile y su Gobierno reaccionara imponiendo un nuevo Acto Institucional-5. Se trata de un decreto de la dictadura militar que otorgó potestades a las Fuerzas Armadas para cerrar el Congreso y suprimir la oposición.

Uno de los más importantes opositores a esa medida es el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, que implementó un riguroso programa neoliberal en la década de 1990 y es atentamente escuchado por el mercado financiero.

Más aún, ya surgen voces incluso dentro del sistema financiero que dudan de que Bolsonaro vaya a aprobar las reformas que prometió, ya que "como legislador nunca apoyó ese tipo de cambios". En ese sector se extiende el temor de que el pequeño crecimiento que se registra, de apenas el 1% del PIB, luego de años de retroceso, se vea afectado por una política sin rumbo como la que encara Bolsonaro.

En la mencionada rueda de prensa en Washington luego de reunirse con Donald Trump, Guedes admitió también que la oleada de protestas en la región llevó a su Gobierno a paralizar las reformas administrativa y tributaria.

Las luces rojas se encendieron en Brasilia cuando estalló la protesta en Chile, considerado el país modelo en la aplicación de medidas neoliberales en la región. Uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, diputado federal, señaló antes incluso que el ministro de Economía la posibilidad de reflotar el decreto de la dictadura.

Es evidente que existen temores en el Gobierno. Bolsonaro envió al parlamento un proyecto de ley para garantizar la impunidad de los militares, policías federales y agentes de la fuerza nacional durante operaciones que se realicen en el marco de la legislación Garantía de Ley y Orden.

Esto en un país donde los agentes policiales matan impunemente desde hace ya mucho tiempo. Los estudios realizados en el estado de Río de Janeiro, destacan que más del 90% de las muertes provocadas por policías y militares no son investigadas y acaban archivadas por la justicia. Desde que asumió el gobernador bolsonarista Wilson Witzel (de enero a octubre), han sido muertas 1.546 personas, la cifra de letalidad policial más alta desde que existen registros, a partir de 1998.

La situación en Brasil se encamina hacia el fracaso del Gobierno de Bolsonaro, lo que se traduce en la necesidad de buscar o de crear un enemigo interno para culparlo de un seguro fracaso electoral. Pero hay algo más.

Lo primero, es que un Gobierno que frena su programa estrella de reformas por temor a un estallido social es necesariamente un Gobierno débil. Las razones de esta debilidad hay que buscarlas en la forma como llegó al poder: una avalancha de votos poco consolidados, arrastrados por promesas imposibles de cumplir en una situación de profunda crisis económica, social y política.

Todos los datos indican que el bolsonarismo va quedando reducido a su núcleo duro, alrededor del 30% del electorado. Una cifra muy importante que permite concluir que esa corriente no va a desaparecer, pero que tendrá enormes dificultades para repetir dentro de tres años. Es la debilidad intrínseca de las fuerzas que lidera Bolsonaro lo que provoca deslices como los señalados.

La segunda consiste en que tanto el sistema financiero como el político consideran que la situación regional es explosiva, que luego de lo sucedido en Chile puede suceder cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier momento. Si estalló la ciudadela neoliberal, el oasis, como dijo el presidente Sebastián Piñera, los países con situaciones más delicadas pueden preparase para lo peor.

El Brasil las huestes de Bolsonaro tienen perfecta conciencia de que son una camada de intrusos en el sistema político brasileño, que crecieron de forma geométrica y, sobre todo, que cualquier desliz puede devolverlos a una oposición de la que nunca creyeron salir. En suma, son oportunistas que medraron en una situación extremadamente crítica.

Creo que tanto la izquierda como la oposición de centro-derecha brasileñas, están domesticando las aristas más filosas del bolsonarismo, cuando aún no ha cumplido su primer año. Lo que aún no sabemos es qué hará la calle. Sería una ironía de la vida que un movimiento que creció cuando millones ocuparon las calles desde el año 2013, impulsadas por la ultraderecha, cayera por la misma medicina que lo empinó al poder.

20:58 04.12.2019URL corto

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 El expresidente uruguayo José Mujica. Carlos Tischler GTRES

El expresidente uruguayo considera "lamentable" la actitud de la OEA, dirigida por su excanciller Luis Almagro, ante las crisis políticas de la región

José Mujica no tiene reparos al hablar de Donald Trump. El expresidente uruguayo, cuyo discurso crítico le generó innumerables asperezas con los líderes de la región durante su presidencia (2010-2015), ha cargado este lunes en su visita a México contra el presidente estadounidense por la imprudencia de sus acciones. "Trump tiene una enorme capacidad de sorprendernos. Al hablar hiere frecuentemente ciertas tradiciones latinoamericanas", ha señalado. "Nunca debió haber dicho el disparate que dijo", ha criticado sobre la promesa de EE UU de incorporar a los carteles mexicanos en la lista terrorista. Sin embargo, sí tuvo reparos para hablar del Gobierno de México. "No quiero hablar de López Obrador porque no me conviene. Tengo que desearle suerte y comprensión al pueblo mexicano que ¡vaya que tiene problemas!", ha dicho cuando le preguntaron si creía que el mandatario era de izquierdas.

Hace casi cinco años que Mujica dejó la presidencia de Uruguay, pero cada vez que habla todos los micrófonos del continente se abren a escuchar lo que tiene para decir uno de los iconos más importantes del progresismo latinoamericano. Apenas una semana después de la última advertencia polémica de Trump, el expresidente uruguayo ha destacado el trabajo del Ejecutivo mexicano frente a la amenaza constante del estadounidense. "Le deseo al pueblo mexicano la mayor esperanza para el tiempo que va a tener que esperar hasta que se vaya el vecino incómodo que tiene", ha agregado. "Hay que ser presidente de México con ese vecino, ¿no?".

El exmandatario ha criticado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por alinearse con la Casa Blanca. Los reclamos contra Trump acabaron siendo contra su excanciller Luis Almagro, hoy secretario general de la OEA, por su posición ante las crisis políticas recientes en la región. "La conducta de la OEA contemporánea es bastante lamentable", ha sentenciado. "La visión de América Latina desde Washington no es la visión de nuestros pueblos indígenas olvidados. Son dos Américas muy distintas".

Con 84 años, Mujica ha sido el senador más votado en las elecciones del pasado 27 de octubre en su país. Pese a que su partido ha perdido la presidencia en segunda vuelta, la enorme cantidad de apoyos que recibió en los comicios lo convirtieron en la persona que tomará juramento al próximo presidente de Uruguay, el conservador Luis Lacalle Pou. "Después de 15 años, tal vez el gobierno enlentece, hace mal", ha deslizado como autocrítica entre otras explicaciones a la derrota, como el estancamiento económico debido a las crisis argentina y brasileña —"dos vecinos que están enfermos"— o la falta de eficacia para responder a las demandas sociales actuales.

Su nuevo cargo político, ha justificado, lo lleva a fungir como figura diplomática "en función de los intereses" de su país, lo que restringe sus posibilidades de opinar de la política mexicana. Pese a acompañar el domingo a López Obrador en la presentación de su informe del primer año de Gobierno, la omisión de este lunes de Mujica sobre el presidente mexicano fue más contundente que cualquier palabra. "Estúpido sería de mi parte no ser dueño de mi silencio. Me formé una idea, pero no voy a incidir en el destino de la política mexicana. Permítanme reservar mi opinión".

La visita de Mujica a México se produce apenas un mes después de la del presidente electo argentino, Alberto Fernández, a quien acompañó en actos de campaña, y semanas después de que el Gobierno de López Obrador marcara su liderazgo regional al otorgar asilo al expresidente boliviano. "México siempre recibió de brazos abiertos a los que venían del mundo. Es casi una constante", ha destacado horas después de reunirse con el propio Evo Morales, de quien dijo ser amigo. El exmandatario uruguayo ha expresado su preocupación por la crisis boliviana y ha elogiado, con resguardos, la convocatoria de elecciones de la presidenta interina Jeanine Añez. "Pareciera que ahora hay una salida más o menos democrática, más o menos".

Mujica ha aprovechado además para incidir en la importancia de las iniciativas para unir a América Latina bajo "un paraguas que ampare" a la región. "¿Qué vamos a hacer en este mundo los latinoamericanos atomizados?", se ha preguntado. Su agenda en México lo lleva este lunes a recibir el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Iberoamericana. Allí, en una de la academias jesuitas por excelencia en México, ha dedicado unos minutos a criticar el fanatismo religioso, una tendencia creciente en la región. "Ha florecido como actitud allí donde las religiones monoteístas lograron implantarse", ha remarcado, "si no aprendamos a vivir con la diversidad, vamos a vivir un retroceso fenomenal".

Por GEORGINA ZEREGA

México 2 DIC 2019 - 17:25 COT

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Aliados: Lacalle Pou y Manini Ríos.  Imagen: AFP

 Por apenas 30 mil votos, Uruguay da un giro a la derecha . Y a pesar de que durante 15 años el país vivió transformaciones: los tres gobiernos de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio (FA) sacaron a un millón de personas de la pobreza. El índice pasó de 34 al 8 por ciento y la desocupación bajó del 20 al 9 por ciento. 

Para la oposición , el Estado gastó más de la cuenta y por eso el déficit creció a un 4,9 por ciento del PIB. La derecha unida --que incluye a los ultras de Cabildo Abierto-- llegará al gobierno el 1 de marzo con promesas de ahorro. ¿ajuste?. El electo presidente Lacalle Pou prometió no aumentar impuestos y "ahorrar 900 millones de dólares del gasto público, sin explicar cómo. Sin embargo, el ministro de Economía, Danilo Astori, enfatizó que ese plan "es imposible sin tocar áreas como educación, salud y seguridad". 

La central única de trabajadores PIT- CNT reconoce los avances de los últimos 15 años y pone la lupa en el acuerdo entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Fernando Gambera, secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT sostuvo a Página12: “en estos años se aprobó una ley que reconoce el fuero sindical, la libertad sindical, una ley de negociación colectiva, hubo un 53 por ciento de recuperación salarial. El PIT CNT acompañó la lucha feminista y la agenda de derechos igualitarios”.

Gambera se permitió dudar del acuerdo al que llegaron los partidos de oposición. “Si uno se guía por los gobiernos de Lacalle padre y Sanguinetti en esos diez años entre 1995 y 2005 no hubo ronda de paritarias. Sanguinetti arrasó con cualquier situación conflictiva. Sectores no tuvieron aumento salarial. El acuerdo se parece al de blancos y colorados para que ganara Batlle la segunda vuelta a Tabaré en 1999. Batlle terminó en la peor crisis del 2002, lo que e hace dudar de que puedan restaurar acciones de derecha”.

Lacalle Pou aseguró que van a declarar la emergencia en seguridad pública. Fue el senador Jorge Larrañaga, del partido ganador, quien impulsó un plebiscito sobre una reforma en seguridad que, de haber prosperado, hubiera habilitado a allanamientos nocturnos y a la participación de militares en seguridad interior. La militarización dio muestras claras de haber fracasado en nuestra región.

Si por un lado el FA tuvo coqueteos con EE.UU. sobre un tratado de libre comercio –lo que le costó un fuerte debate interno—y tensó la relación con Argentina por la instalación de la papelera; por otro lado, mantuvo firme su posición de apostar por el diálogo en Venezuela. Uruguay no se alineó al Grupo de Lima ni a los llamados a intervenir de halcones norteamericanos.

En tiempos de retrocesos para América latina, el gobierno de Tabaré Vázquez mantuvo distancia de Jair Bolsonaro –el presidente brasileño dijo que Lacalle Pou sintonizaba más con sus pensamientos liberales y económicos —. Además, el oficialismo condenó el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. 

Los gobiernos del FA otorgaron derechos como aborto legal, matrimonio igualitario, ley de personas trans, regulación del cannabis. Lacalle Pou y su bloque no apoyaron estas leyes y se abre el interrogante de qué hará con aliados como el electo senador ultraderechista Guido Manini Ríos, contrario a tales conquistas. La coalición de derecha tendrá mayoría parlamentaria.

 Desde marzo, el Frente Amplio tendrá "el enorme desafío de seguir trabajando en defensa de los sectores menos favorecidos de nuestra gente", señaló Mariano Arana, exintendente de Montevideo y un referente de la coalición de centro-izquierda.  

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Jueves, 28 Noviembre 2019 10:40

El pueblo no se rinde ¡carajo! 


Fotografías: Sebastián Navarrete Aldana, 27 de noviembre de 2019.



La creatividad, el festejo, el compartir, la música, el goce, la risa, la burla, la ironía, y la decisión de mantener en alto la lucha contra el paquetazo de Duque y el modelo neoliberal no para en Colombia. Es así como en el séptimo día de esta histórica jornada, en Bogotá, en medio del llamado al segundo paro nacional, a lo largo del día se dieron cita miles en el histórico parque Los Hippies, entre ellos cientos de artistas.

Empezó la jornada con más de 300 artistas que realizaron un cacerolazo sinfónico bajo la dirección del maestro Guerassim Voronkov, director musical y docente de la Universidad Nacional. En la concurrencia, personas de la tercera edad, estudiantes, ejecutivos, extranjeros y niños, todos los cuales llenaron el parque desde la carrera 9a hasta la avenida 7a con 60.


En horas de la noche la movilización no paraba: arengas, cantos, bailes, un interminable cacerolazo, personas desde los balcones de edificios hondaban banderas de Colombia. De repente, un minuto de silencio donde el conjunto humano reunido en el parque alzó las manos e hicieron homenaje a Dilan Cruz, asesinado por el Esmad, y al soldado Brandon Cely llevado al suicidado –al dar a conocer su apoyo al paro–, producto de las presiones sufridas por parte de la institución militar.


Como parte de los miles reunidos en territorio de la localidad de Chapinero, desdeabajo acompañó esta festiva pero resistente jornada, aprovechando para realizar el necesario registro fotografías de las distintos carteles y letreros que fueron hizados en la noche del 27N en el parque de Los Hippies, al tiempo que entrevistó a las personas que las realizaron para conocer sus motivos para apoyar esta inolvidable jornada de lucha, que se extiende en los días y que todavía no para.

 

Elizabeth Díaz Muñoz, psicóloga y pensionada. 


Elizabeth Díaz Muñoz, psicóloga y pensionada.


“Cuando supe de la muerte de los dos muchachos, Dilan Cruz y Brandon Cely, el corazón se me arrugó, me pareció tan doloroso, y como madre tengo mucha tristeza porque fueron muertes que no tuvieron que haber pasado. Y no quiero que su muerte sea impune. Los dos fueron muy valientes y conscientes y si estuvieran vivos estarían haciendo muchas cosas bellas. Yo creo que el Esmad ya está dañado, sí, considero que se acabe”.


Felipe Ortiz artista visual y publicista.
 

“Hice ésta imagen porque queremos expresar a través del arte nuestro inconformismo contra este gobierno, que no queremos. No queremos el regreso de los falsos positivos. Queremos educación digna y de calidad. Queremos un país con equidad para todos. Hay que seguir y esto no es de un solo día, hay que hacernos sentir los días que sean necesarios para conseguir los objetivos”.

 

Alejandra Dura, estudiante.
 
 

“Escribí este cartel porque en la zona en la que vivo nos metieron el susto el 23N, se metieron, nos dijeron, no sabemos quién, de un momento a otro empezaron a asustarnos a todos los del conjunto. Entonces, claro, se nos metieron a robar, pero nuestra salud y educación. Estamos cansados de que gobiernen siempre los mismos, de que nos roben y todos callados. Exijo presupuesto para la educación y que dejen de pagarle tanto a los Senadores y a los Representantes de la Cámara”.

 




Natalia Andrade, trabajadora.
 

“Esta pancarta de la desigualdad social la escribí porque desafortunadamente estamos en un país donde los estratos 1, 2 y 3 son los que menos oportunidades tienen y las personas de estratos 4, 5 y 6 sabemos cuáles son sus condiciones económicas y ellos desde la comodidad de su casa no comprenden la desigualdad social a la que estamos sometidos los estratos bajos. Decir que el paro que se ha hecho es violento no es cierto, es un paro con mucho amor y espero que Colombia salga adelante y dejemos la desigualdad social”.

 



Daniela Ortiz, realizadora audiovisual.
 



“Escribí esta pancarta porque tristemente la gran mayoría de mi familia es uribista, empezando por mi papá y mi abuelo que es militar; llevo muchos años intentando abrirles la mente pero ha sido muy difícil. Ellos respetan que yo esté acá pero no comparten nada de la causa, y lo único que hacen es mandar en los grupos de redes sociales de la familia que apoyan a Duque y a Uribe. Entonces, por eso estoy acá. No puedo hacerlos cambiar de opinión, pero estoy sanando mis raíces”.

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